CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA
Sesión 31ª en miércoles 21 de abril de 1971.
Ordinaria: de 16 a 18.36 horas).
Presidencia de los señores Ibáñez y Acevedo.
Secretario, el señor Lea-Plaza. Prosecretario, el señor Guerrero, don Raúl.

INDICE GENERAL DE LA SESION
I.- SUMARIO DEL DEBATE 
II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS
III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 
IV.- TEXTO DEL DEBATE

I.-SUMARIO DEL DEBATE.
1.- El señor Carrasco, rinde homenaje a la memoria de don Luis Marchant González		2158
2.- Se aprueban los acuerdos de los Comités Parlamentarios .. ..	2160
3.- Se autoriza a la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción para sesionar paralelamente con la Sala		2161
4.- Se autoriza entregar copia autorizada de la versión de una sesión de la Cámara		2161

ORDEN DEL DIA:
5.- La Cámara despacha en general el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y creación de nuevos cargos en la Judicatura del Trabajo, y pasa a segundo informe		2162
6.- La Cámara despacha el proyecto de ley que faculta a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos y precios	 2173
7.- Se despacha en general el proyecto de ley que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales y pasa a segundo informe ..				2175

INCIDENTES:
8.- El señor Tudela, se refiere a las deficiencias del hospital de Rancagua		2183
9.- El mismo señor Diputado, se ocupa del aumento del número de viviendas de la Caja de Empleados Particulares de Rancagua ..	2185
10.- Los señores Mosquera y Cademártori, se refieren a los problemas derivados de la estatización de la Compañía de Aceros del Pacífico	 2186
11.- El señor Monckeberg, se ocupa de la declaración de un grupo de sacerdotes sobre la participación de los cristianos en la construcción del socialismo 		2192
12.- El señor Torres, se ocupa sobre el problema habitacional en la provincia de Coquimbo		2193
13.- El señor Lorenzini, se refiere a los perjuicios que se ocasionan con la negativa de la venta de repuestos por las firmas importadoras de máquinas para oficina			2194
14.- El señor Mosquera, continúa ocupándose del problema signado con el número 10		2194
15.- El señor Salinas, don Anatolio, se refiere a la ocupación de un terreno ubicado en la comuna de Pumanque de propiedad del Servicio Nacional de Salud			2196
16.- El mismo señor Diputado, se ocupa del asesoramiento de INDAP a la Confederación Triunfo Campesino		2196
17.- El	señor Insunza, se ocupa del problema signado con el numeró 10 		2197

18.-Elseñor Jáuregui, se refiere a los hechos ocurridos recientemente y que afectan la salud física y mental de la juventud .. ..	2199
19.-El	mismo señor Diputado, se ocupa de la continuación de los trabajos voluntarios de atención médica, dental- y sanitaria en especial en San Juan de la Costa			2200
20.-El	mismo señor Diputado, se refiere a las deficiencias técnicas de la pavimentación del camino internacional de Osorno a Puyehue				2201

II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS.
1.-Mensaje del Ejecutivo, con el que inicia un proyecto de ley incluido en la actual legislatura, que modifica la ley 13.579, que autorizó a la Corporación de la Vivienda para entregar a título gratuito, una vivienda a los deudos del .pescador Aníbal Salgado Salgado 			2153
2/3.-Informes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
El que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales .. 		2153
El que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas		2156
4.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que modifica la ley 12.045, sobre el Colegio de Periodistas		2156
Además, se dio cuenta de los siguientes documentos:
Un oficio del señor Ministro de Hacienda, con el que da respuesta al que se le dirigiera en nombre del Diputado señor Jáuregui,
relacionado con ciertas dificultades administrativas que se estarían produciendo en la Aduana de Pajaritos, ubicada en la localidad de Puyehue (5657).
Un oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que se refiere al que se le enviara en nombre del Diputado señor Salinas Navarro, sobre la posibilidad de que esa Secretaría de Estado transfiera a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el terreno de la ex Escuela Vocacional Nº 59, de Chimbarongo (5320).
Un oficio del señor Ministro de Minería, con el que responde al que se le remitiera en nombre de los Diputados señores Lorca y Scarella, acerca de la instalación de una fábrica de ácido sulfúrico, con el propósito de absorber los gases sulfurosos provenientes de la Fundición de Ventanas (5690).
Dos oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que da respuesta a los que se le dirigieran en nombre de los señores Diputados que se indican, relacionados con las materias que se señalan :
Del señor Jaramillo y de los señores Diputados pertenecientes al
Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, referente a la construcción de un consultorio médico en la Población Santa Elvira, de Chillán (5448).
Del señor Jarpa, relativo a diversas necesidades que afectan al Hospital de Chillán (5539).
Un oficio de la Comisión de Gobierno Interior con el que comunica que procedió a elegir Presidente de ella al señor Diputado don Tolentino Pérez Soto.
Un oficio de la Comisión de la Vivienda y Urbanismo con el que solicita que las indicaciones que se formulen durante el segundo trámite reglamentario en la Comisión, respecto del proyecto de ley que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales, se entiendan presentadas para todos los efectos reglamentarios, durante la discusión general en la Sala.

III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.-MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La ley Nº 13.579, de 23 de octubre de 1959, en su artículo 1º, dispuso que la Corporación de la Vivienda entregará, a título gratuito, una casa habitación de las que dicha Corporación consulte en la ciudad de Constitución, en favor de los deudos de las víctimas de la catástrofe ocurrida en la barra del río Maule el 4 de septiembre de 1959.
Entre dichos deudos la ley señala a doña Isolina Salgado Albornoz, abuela del pescador Aníbal Salgado Salgado. Por un error involuntario, en este caso, se omitió mencionar, en realidad, a la madre del aludido pescador, doña Celia Luz Salgado, a quien correspondía el beneficio como deudo directo. Es el hecho que doña Isolina Salgado Albornoz falleció el 8 de agosto de 1965, sin que se le hubiera extendido la escritura de transferencia gratuita respectiva, y su hija doña Celia Luz Salgado está impedida de reclamar derecho alguno por causa de su filiación ilegítima, tanto respecto de su madre como respecto de su hijo.
Siendo indispensable una norma de ley para conceder el aludido beneficio en favor de la interesada, vengo en proponer, para ser considerado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

Proyecto de ley
Artículo único.- Agrégase al artículo 1º de la ley Nº 13.579, el siguiente inciso final:
A falta de doña Isolina Salgado Albornoz, al momento de perfeccionarse el beneficio que se le concede en el inciso precedente, la escritura pública correspondiente se extenderá a nombre de doña Cerlia Luz Salgado, madre del pescador Aníbal Salgado Salgado.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Carlos Cortés.

2.- INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO.
Honorable Cámara:
La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, incluido en la actual convocatoria a sesiones extraordinarias, y con trámite de urgencia, calificada de simple, que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales.
Asistieron a la Comisión y proporcionaron diversos antecedentes sobre las disposiciones del proyecto, los señores Sergio Farías y Jorge Lafourcade, Director Jurídico del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Abogado de la Corporación de Servicios Habitacionales, respectivamente.
La Comisión aprobó en general, por unanimidad, el proyecto y dada la brevedad del plazo que el término reglamentario de la urgencia le imponía, no pudo realizar un exhaustivo análisis de cada una de sus disposiciones.
Por este motivo, la Comisión acordó, solicitar a la Corporación que las indicaciones que se formulen en su seno durante el segundo trámite reglamentario, se entiendan presentadas durante la discusión general en la Sala, especialmente para los efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 211 del Reglamento Interior.
La iniciativa en informe establece una nueva modalidad, en reemplazo del sistema de reajustabilidad señalado en el D. F. L. Nº 2, de 1959, que responde a una política de conjunto tendiente a combatir todos aquellos factores que atenten contra la estabilidad de la moneda.
Los reajustes de los saldos de precios correspondientes a viviendas entregadas por el sector público conducen al otorgamiento de nuevas compensaciones y, en consecuencia, repercuten en el proceso inflacionario.
Por otra parte, en cada oportunidad en que ha correspondido aplicar los nuevos montos de los dividendos de acuerdo con el sistema vigente, se ha experimentado un menor cumplimiento por parte de los beneficiarios, lo que ha significado la dictación de leyes que concedieron facilidades para el pago de las deudas acumuladas, sin que ello constituyera una solución integral del problema, sino paliativos de carácter transitorio.
El proyecto señala expresamente el tipo de deudas respecto de las cuales no regirá, para el futuro, el actual procedimiento y lo hace aplicable a aquellas viviendas cuya superficie no exceda de 80 metros cuadrados, que corresponden a los sectores de menores recursos.
La complejidad desde el punto de vista técnico y contable, hacen indispensable el otorgamiento de facultades al Presidente de la República para el establecimiento del sistema de amortización y servicio de las deudas respecto de las cuales se suprime la reajustabilidad, con una limitación ligada a la renta del grupo familiar.
La situación de los actuales deudores se asimila a la que se aplicará desde que las disposiciones del proyecto comiencen a regir, y para ellos se elimina la limitación de superficie edificada.
Además, se establecen excepciones respecto de la aplicación del articulado, con el propósito fundamental de beneficiar a quienes ocupan las viviendas..
El artículo 12 de la ley Nº 17.382, se deroga por cuanto sus disposiciones sólo tendrían vigencia entre la fecha de publicación de esa ley, 27 de agosto de 1970, y el 4 de noviembre del mismo año, ya que las disposiciones del proyecto en informe señalan que desde ese día en adelante entrarán en vigor sus preceptos para los actuales deudores.
Por último, se deja claramente establecido que las normas del proyecto no afectan a las operaciones de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos.
En conformidad con lo dispuesto en el número tercero del artículo 153 del Reglamento, cabe hacer presente que ninguno de los artículos del proyecto requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda
Por estas consideraciones y las que oportunamente dará el señor Diputado informante, la Comisión de la Vivienda y Urbanismo recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 1°.- Suprímese la reajustabilidad establecida en el artículo 68 del D.F.L. Nº 2, de 1959, y en el artículo 55 de la ley Nº 16.391, respecto de las deudas que provengan de los siguientes actos :
a) Préstamos que se otorguen por la Corporación de la Vivienda, por la Corporación de Servicios Habitacionales y por las Instituciones de Previsión Social, para la construcción, reparación, ampliación, saneamiento o adquisición de viviendas cuya superficie útil inicial no sea superior, en total, a 80 metros cuadrados;
b) Préstamos que se otorguen por las mismas Corporaciones e Instituciones de Previsión Social y por la Corporación de Obras Urbanas, para la adquisición y/o urbanización de sitios destinados exclusivamente a fines habitacionales, y
c) Saldos de precio provenientes de ventas de sitios destinados exclusivamente a fines habitacionales, y de viviendas de una superficie útil inicial no superior a 80 metros cuadrados, que efectúen las mismas Corporaciones e Instituciones de Previsión Social.
La superficie máxima inicial, señalada en las letras a) y c) precedentes, será de 100 metros cuadrados en las provincias de Maule al sur.
Artículo 2º- El Presidente de la República quedará facultado especialmente para establecer en el reglamento de la presente ley, una o más veces,, los sistemas de amortización y servicio de las deudas a que se refiere el artículo anterior, pu- diendo fijar plazos, intereses, bonificaciones, subvenciones, condonaciones, premios y demás modalidades a que se sujetarán los actos y contratos respectivos. Las cuotas o dividendos mensuales para el pago de los préstamos o de los saldos de precios no podrán exceder del 10 % de la renta del grupo familiar del deudor, debiendo establecerse en el reglamento la forma que determinase dicha renta.
Artículo 3º.- Las deudas existentés a la fecha de la publicación de la presente ley, provenientes de los mismos actos a que se refiere el artículo 1º, gozarán del beneficio que éste establece, y no regirán a su respecto las limitaciones de superficie edificada que señala dicha disposición. En el servicio de estas deudas no podrá aplicarse reajuste alguno con posterioridad al 4 de noviembre de 1970, y tales deudas se sujetarán, en lo demás, a lo prescrito en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables: a los deudores propietarios de otra vivienda urbana y a los que no habiten en la por ellos adquirida o construida con préstamos otorgados por las entidades a que se refiere la letra a) del artículo 1°; a los créditos a corto plazo que otorga la Corporación de la Vivienda; a los saldos de precios provenientes de las ventas de locales comerciales efectuadas por la Corporación de la Vivienda, la Corporación de Servicios Habitacionales y la Corporación de Mejoramiento Urbano; a los saldos de precios provenientes de la venta de terrenos de las Instituciones de Previsión Social a personas que no sean imponentes suyos, o que siéndolo, los hayan adquirido para otro fin que no sea la construcción de su propia y única vivienda para ser edificada por intermedio de alguna de las instituciones señaladas en la letra a) del artículo 1º; a los préstamos derivados de convenios de ahorro y préstamo concedidos por las Corporaciones de la Vivienda y Servicios Habitacionales relativos a viviendas cuya superficie útil inicial exceda de 80 metros cuadrados, y a los saldos de precios provenientes de las ventas de viviendas que efectúe o haya efectuado la Corporación de Mejoramiento Urbano en la ejecución de planes de remodelación urbana cuando el Presidente de la República no las haya eximido expresamente del régimen de reajustabilidad.
El Presidente de la República podrá conceder la exención total o parcial de la reajustabilidad a los préstamos que las Instituciones de Previsión y Servicios de la Vivienda concedan para fines de equipamiento comunitario.
Artículo 5º.- Derógase el artículo 12 de la ley Nº 17.332, de 27 de agosto de 1970.
Artículo 6º.- Los préstamos que hayan otorgado u otorguen las Asociaciones de Ahorro y Préstamos mantendrán el sistema de reajustabilidad a que se refiere el Título V de la ley Nº 16.807, cuyo texto fue fijado por el decreto supremo Nº 231, de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 20 de julio de 1968.
Sala de la Redacción, a 20 de abril de 1971.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia del señor Millas (Presidente), de las señoras Allende, doña Laura, y Alessandri, doña Silvia, y de los señores Atencio, Barahona, Monares, Tudela y Vega.
Se designó Diputado informante al señor Millas.
(Fdo.) : Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

3.- INFORME DE LA COMISION DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Honorable Cámara:
La Comisión de la Vivienda y Urbanismo pasa a informar el proyecto de ley de origen en un mensaje, incluido en la actual convocatoria a sesiones extraordinarias, y con trámite de urgencia, calificada de simple, que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas.
A la sesión en que se consideró el proyecto asistieron los señores Sergio Farías y Jorge Lafourcade, Director Jurídico del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Abogado de la Corporación de Servicios Habitacionales, respectivamente, con el propósito de colaborar con la Comisión durante el despacho de la iniciativa.
Con motivo de la catástrofe ocurrida en la zona sur del país en el año 1960, la Corporación de la Vivienda, y la Corporación de Servicios Habitacionales como mandataria de ella, acudieron en ayuda de los damnificados, al proporcionarles viviendas y otorgarles las escrituras de venta correspondientes, con garantía hipotecaria.
El artículo 87 de la ley Nº 17.072, y el artículo 115 de la ley Nº 17.271, que complementó la disposición citada anteriormente, establecieron que la Corporación de la Vivienda debería otorgar título gratuito de dominio sobre los terrenos que hubiera adquirido para la reubicación de los pueblos afectados por la catástrofe, en las comunas de Puerto Saavedra y Toltén, y sobre las viviendas definitivas o de emergencia que hubiera construido con sus propios recursos, y que igual beneficio tendrían los ex habitantes de esas comunas que la Corporación de la Vivienda erradicó en otros pueblos de la provincia de Cautín.
El proyecto de ley en informe tiene por finalidad solucionar la situación que afecta a aquellas personas que obtuvieron las escrituras a que se ha hecho mención, con anterioridad a la vigencia de las disposiciones legales señaladas y, en consecuencia, se vieron excluidas de los beneficios que ellas otorgaron.
En conformidad con lo dispuesto en el Nº 3º del artículo 153 del Reglamento, cabe hacer presente que el artículo único del proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Por estas consideraciones y las que oportunamente dará el señor Diputado informante, la Comisión de la Vivienda y Urbanismo aprobó por unanimidad la iniciativa, y recomienda a la Honorable Cámara que adopte el mismo criterio respecto del siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.- Facúltase a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir en favor de las personas a que se refieren los artículos 87 de la ley Nº 17.072 y 115 dé la ley Nº 17.271, los saldos de precios y deudas, y para alzar los gravámenes respectivos, en las ventas que hubieren efectuado a dichas personas con antelación a la vigencia de esas leyes.
Sala de la Comisión, a 20 de abril de 1971.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia del señor Millas (Presidente), de las señoras Allende, doña Laura, y Alessandri, doña Silvia, y de los señores Atencio, Barahona, Monares, Tudela y Vega.
Se designó Diputado informante al señor Tudela.
(Fdo.) : Manuel Rengifo Eckart, Secretario de la Comisión.

4.- INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA
Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de simple, que modifica la ley Nº 12.045, que crea el Colegio de Periodistas.
Con el objeto de facilitar el despacho de este proyecto por la Sala dentro del mismo día de hoy, como sería el propósito que se manifestó en la Comisión, se acordó facultar a la Secretaría para omitir en este informe las menciones que exige el artículo 153 del Reglamento.
Se deja constancia que la Comisión aprobó en general el proyecto, por unanimidad.
De acuerdo con lo expuesto y sin perjuicio de los antecedentes que pueda entregar el señor Diputado informante, la Comisión recomienda la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 1º-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 12.045, de 11 de julio de 1956:
1) Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:
Artículo 20.- Para ejercer la profesión de periodista se requerirá estar inscrito en los Registros del Colegio.
Sólo podrán inscribirse en los Registros:
a) Las personas a quienes les haya otorgado el título de periodista la Universidad de Chile, o las demás ¡Universidades reconocidas por el Estado;
b) Las personas a quienes les haya otorgado el título de periodista una Universidad extranjera, el cual se les haya reconocido o revalidado de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Enseñanza Superior.
Con todo, no podrán inscribirse los periodistas que estén procesados o que hayan sido condenados por crimen o simple delito comunes que merezcan pena aflictiva o por aquellos delitos contemplados en el Título IX del Libro II del Código Penal.
2) Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:
Artículo 21.- Son funciones propias de la profesión de periodista:
a) Dirigir diarios, periódicos u otros órganos de prensa, agencias de noticias o servicios informativos de radio, cine y televisión;
b) Buscar, preparar, redactar e ilustrar, por medio de fotografías, dibujos u otros impresos similares, habitualmente noticias, informaciones, crónicas, artículos, material gráfico, redacción de reportajes publicitarios, que se difundan por medio de empresas periodísticas, agencias noticiosas, radioemisoras, canales de televisión y noticieros cinematográficos, o dirigir habitualmente su diagramación, compaginación o redacción;
c) Ejercer actividad de relaciones públicas, asesorías periodísticas y de agregados de prensa en el extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores..
3) Sustitúyese el artículo 22, por el siguiente:
Artículo 22.- No obstante lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 20, el Consejo Nacional podrá autorizar, en casos calificados, con acuerdo favorable de los cuatro quintos de sus miembros, para que se inscriban en el Registro del Colegio a las personas que fundadamente soliciten dicha inscripción. La resolución favorable del Consejo Nacional deberá ser comunicada al respectivo Consejo Regional para que éste proceda a la inscripción del peticionario..
4) Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:
Artículo 23.- Las empresas periodísticas, de difusión y agencias noticiosas, deberán designar como directores de sus diarios, periódicos y servicios informativos de los diversos órganos de prensa, radio, cine y televisión sólo a personas inscritas en los Registros del Colegio.
5) Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:
Artículo 24.- El Consejo Regional respectivo podrá autorizar para ejercer las funciones señaladas en la letra b) del artículo 21, por un período máximo de seis meses, a los alumnos que cursan el último año y a los egresados de las Escuelas de
Periodismo de la Universidad de Chile y de las demás Universidades reconocidas por el Estado.
El rechazo de la autorización a que se refiere el inciso anterior deberá ser fundado y podrá el interesado apelar ante el Consejo Nacional dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha que se le comunique el acuerdo del Consejo Regional.
Artículo transitorio.-Las personas que se encuentran inscritas en los registros del Colegio de Periodistas a la fecha de la publicación de esta ley, conservarán su calidad de miembros del Colegio. Asimismo, las personas que a la fecha de publicación de esta ley estén autorizadas para ejercer el periodismo por un período máximo de dos años, podrán seguir ejerciendo la profesión hasta el término del plazo de la autorización e inscribirse en los Registros del Colegio, siempre que hubieren ejercido la profesión por espacio de dos años continuos, lo que comprobarán con la certificación de las imposiciones correspondientes..
Sala de la Comisión, a 21 de abril de 1971.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Fuentes, don César Raúl (Presidente), Amello, Maira, Merino, Millas, Tejeda .y Zaldívar.
Se designó Diputado informante al señor Millas.
(Fdo.) : José. Vicencio Frías, Secretario de la Comisión.

IV.- TEXTO DEL DEBATE.
Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El acta de la sesión 29ª, extraordinaria, se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
Se va a dar lectura a la cuenta.
El señor Guerrero, don Raúl (Prosecretario), da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

1.-HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON LUIS MARCHANT GONZALEZ.- NOTA DE CONDOLENCIAS.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Por acuerdo de la Corporación, tiene la palabra el señor Carrasco, hasta por siete minutos, para rendir un homenaje.
El señor CARRASCO (de pie).- Señor Presidente, un colega parlamentario expresaba en el día de ayer que un homenaje se rinde a quienes han vencido en una empresa, a quienes han triunfado o conquistado una meta en la consecución de una tarea no común, a quienes cuya obra haya trascendido al común de los mortales, o que se han elevado por sus méritos a una categoría de hombres selectos, en el más noble servicio a la Patria.
Creo que don Luis Marchant González era uno de estos hombres de selección, que la .Patria, de tanto en tanto, va gestando y necesita gestar para su propio beneficio y grandeza.
Quiero, señores Diputados, que conozcáis a este hombre, no como alférez de Gendarmería allá por el año 1906. Otros están más autorizados para referirse al brillo de su carrera policial, que terminó como General del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Quiero que lo conozcáis, no en las áridas arenas del desierto nortino como Alférez en Iquique o Capitán en Tocopilla.
Quiero que lo conozcáis, no como Jefe de las Fuerzas de Carabineros imponiendo el orden y la tranquilidad de día y de noche, en la zona sometida al Plebiscito de Tacna y Arica. Otros conocen mejor esa parte de nuestra historia.
Quiero que escuchéis hablar de él en su empresa más fecunda, heroica y humana: en su lucha por incorporar paira Chile los vastos territorios del entonces desconocido y poco hollado suelo de la patagonia aise- nina. ¿ Cómo fue el encuentro de este recio varón, vencedor del norte, soldado de alma, temple de acero, con esta virgen verde, cuyos mantos, los robles y los coigües miraban par miles y miles al cielo y cuyos pies bañados por cientos de cataratas cristalinas que se surtían de los espesos nubarrones, que raudos cruzaban lo alto? ¿Cómo fue el encuentro de Aisén con el General? No fue por casualidad.
Ya el bosque, la lluvia y la soledad (llueve en Aisén, hace ciento veinte noches que no se ven las estrellas, expresaba el poeta aisesino), habían calado el corazón del primer hombre designado para regir como intendente los destinos de esa zona. Y tuvo que regresarse al norte, al sol, a la civilización, a los tres meses de su designación. Aisén no era tierra para hombres comunes, allá por el año 1927. El General Ibáñez, Presidente de Chile en ese entonces, así lo entendió. Llamó a su viejo amigo que conociera en la pampa, allá en Iquique, y le pidió que aceptara el cargo de Intendente del territorio de Aisén. A don Luis Marchant no lo correría ni la nieve, ni el agua, ni el bosque, ni la soledad, ni las mil dificultades de un mundo por descubrir y hacer. Era pleno invierno, mes de julio, año 1928, cuando don Luis pisa el territorio de Aisén. Ahí están ahora, el uno frente al otro; ahí está Aisén, desafiando al Coronel: lluvia, nieve, bosques, soledad, desamparo, llanuras y valles, lejanas promesas en el horizonte de algunos arriesgados colonos llegados del norte. Al frente él Coronel dispuesto a la batalla y dispuesto a la victoria. Su honor de uniformado estaba en juego y no había otra meta que vencer y ganar; mejor diría que vencer o morir. Porque nunca calza mejor esta expresión de patriotismo cuando la lucha es hombre contra naturaleza, hombre contra ambiente, hombre contra fuerzas telúricas desatadas. O se vence o se cae derrotado, derrotado física o moral- mente. La una o la otra son formas de aniquilamiento del alma o del cuerpo.
¿Quién venció? ¿Venció el Coronel? ¿Dominó al Coronel la naturaleza bravia, la soledad salvaje, el peso y la responsabilidad de construir un lugar habitable por el hombre y para el hombre, donde sólo se escucha el murmullo del agua, el trino de los pájaros, donde se siente en los oídos y en el alma la soledad y se palpa la falta de medios para luchar?
Venció, señores Diputados, el Coronel Marchant. Por eso, el homenaje de esta tarde para este soldado que en vida se llamó Luis Marchant González y que inició la lucha para entregar a su Patria 104.000 kilómetros cuadrados de superficie. Aisén fue cediendo y fue entregándose bajo la mirada firme y serena y el espíritu incansable de la lucha de su Intendente. Y su túnica verde de bosques fue cayendo, derribada por el hacha, sublimándose en valor de hogar, en salas de clases, en postas de salud, en servicios públicos, en puentes, en pasarelas, en retenes.
La pala, la picota y el chuzo fueron calando la tierra mojada y construyendo las primeras sendas que unieron a los hombres, tan separados los unos de los otros. Fueron llegando nuevos hombres y construyendo nuevos hogares, y fueron creciendo las primeras generaciones de aiseninos. Su despacho de Intendente en cualquier sitió: en la casa de un poblador, en una casa lejana o en un campamento. Lo único seguro era encontrarlo a las seis de la mañana, cuentan quienes lo conocieron, montado en su caballo para inspeccionar las obras que se levantaban en ése territorio, y cuando éstas se atrasaban, allí levantaba su campamento y no se iba mientras no las veía concluidas.
Se levantaron las primeras poblaciones, se multiplicaron las obras públicas, fueron llegando a su lado los primeros servidores del Estado y Aisén inició su camino hacia el progreso y la vida, y, más que nada, hacia la esperanza de una posibilidad para el mañana del país.
En tres oportunidades don Luis Marchant fue Intendente de Aisén, la última el año 1952, cuando nüévamente, a pedido de su viejo y querido amigo General Ibáñez, tuvo que reemplazar a otro hombre, derrotado por las inclemencias del tiempo, la lejanía y las incomodidades.
No estará mucho ahora con nosotros. Los años y el clima de Aisén han calado en su físico, aunque no en su alma. Su temple es el mismo, su espíritu de lucha no ceja; pero los médicos y los suyos le recomiendan un mejor clima para su salud, y don Luis nos abandona como Intendente, dejando un recuerdo imperecedero de su persona, de su lucha, del amor por la tierra que cautivó, de su responsabilidad en la misión encomendada y de su cariño extrañable por Aisén con la cual terminó confundiéndose. Nos dejó el recuerdo de su obra, fundamento y pilar de lo que hoy somos y de lo que mañana pretendemos ser.
La vida del General se fue extinguiendo, paro sus ojos nunca dejaron de mirar a Aisén, y Aisén nunca lo olvidó. Era el primer invitado para los aniversarios de las ciudades que él levantara. No iba, pero los vecinos escuchaban en silencio su telegrama de felicitaciones y parabienes por el progreso de la ciudad y la felicidad de sus habitantes.
La vida del General se fue apagando en su casa de la calle de la Concepción, aquí en Santiago; a su lado su esposa, sus hijos y nietos que le querían, estoy seguro que mirando todos los días, nostálgico, un gran cuadro de Aisén que pende de una de las paredes del living de su domicilio, domicilio sobrio y firme como su vida de soldado al servicio de Chile. A medida que se apagaba su vida en la ancianidad, sabía que cientos de vidas se encendían en la alegría de vivir en la tierra que él construyó y amasó con su esfuerzo. A medida que se apagaba su vida, sabía, por las muchas cartas que recibía, que nuevos centros de progreso emanaban de la cimiente que él sembró. Por eso, estamos seguros, se fue con la sonrisa en los labios, la victoria en el corazón y el íntimo convencimiento de que su memoria siempre será nuestra.
Hoy reciban sus familiares nuestras sentidas condolencias, y las de esta Honorable Cámara si los señores Diputados así lo acuerdan, por el sensible fallecimiento de este hombre trascendente.
En nombre del pueblo de Aisén decimos: Descanse en la paz del Señor, ilustre General Marchant.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar la nota de condolencias a que se ha referido el señor Carrasco.
Acordado.

2.-ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos adoptados por los señores Comités, en reunión celebrada al mediodía de hoy.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).- Reunidos los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia dé los señores Ibáñez y Acevedo, y con asistencia de la totalidad de ellos, adoptaron, por unanimidad los siguientes acuerdos:
1°.- Formar la Tabla de la presente sesión con los siguientes proyectos:
a) El que modifica el Código del Trabajo y crea Tribunales y nuevos cargos en la Judicatura del ramo, otorgándose un tiempo de hasta cinco minutos a cada Comité Parlamentario y al señor Diputado informante para hacer uso de la palabra;
b) El que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas. Este proyecto deberá ser despachado y cada Comité Parlamentario y el señor Diputado informante dispondrán de un tiempo de hasta tres minutos para hacer uso de la palabra; y
c) El que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales, otorgándose un tiempo de hasta 10 minutos a cada Comité y al señor Diputado informante para hacer uso de la palabra.
Los proyectos indicados en las letras a) y ,c), precedentes, deberán ser despachados en general en la presente sesión, y las indicaciones que se presenten en Comisión se entenderán, para todos los efectos reglamentarios, como formuladas durante la discusión general.
2º.- Despachar en primer lugar de la Tabla del Orden del Día de la sesión ordinaria del día martes próximo, 27 del presente, con preferencia, otorgándose un tiempo de hasta 10 minutos a cada Comité, el proyecto de ley, en cuarto trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile;
3º.- Prorrogar, hasta el día miércoles 28 del presente a las 13 horas, el plazo de que dispone la Comisión de Agricultura y Colonización para informar el proyecto, de ley, con urgencia calificada de simple, que establece normas sobre los contratos de mediería y otorga a los medieros la calidad de obreros agrícolas, y tratarlo en la sesión ordinaria de ese día;
4º.- Otorgar un plazo de diez días a la Comisión de Salud Pública para que informe el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que crea el Instituto Nacional del Alcoholismo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento;
5º.- Facultar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala durante el día martes próximo, a partir de las 19 horas, para el solo objeto de ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, que modifica la ley Nº 11.622, sobre arrendamiento de habitaciones y locales comerciales;
6º.- Respecto del proyecto que modifica la ley Nº 12.045, que creó el Colegio de Periodistas, las indicaciones que se presenten en Comisión se entenderán formuladas durante, la discusión general, para todos los efectos reglamentarios;
7º.- Conceder un nuevo plazo de 30 días para que la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer los problemas del cobre informe a la Cámara sobre su cometido;
8º- Conceder un nuevo plazo de 60 días para que las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Salud Pública informen a la Sala acerca de los problemas suscitados en la juventud, relacionados con el tráfico y consumo de drogas y sustancias estupefacientes; y
9º.- Prorrogar hasta el constitucional los plazos de que disponen las Comisiones respectivas para informar los siguientes proyectos de ley, con urgencias calificadas de simples: el que modifica el Código del Trabajo y establece beneficios en favor de los empleados de casas particulares, y el que establece nuevas normas para el otorgamiento de los Premios Nacionales de Literatura, Ciencias, Arte y Periodismo.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, se declaran aprobados estos acuerdos por haber sido adoptados unánimemente por la totalidad de los señores Comités.

3.- AUTORIZACION A LA COMISION DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION PARA SESIONAR PARALELAMENTE CON LA SALA.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Solicitó el asentimiento unánime de la Sala a fin de autorizar a la Comisión de Economía para que pueda sesionar simultáneamente con la Sala el día martes próximo, a partir de las 19 horas.
Acordado.

4.- COPIA AUTORIZADA DE LA VERSION DE UNA SESION DE LA CAMARA.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- El señor Mario Gómez Salse solicita copia autorizada de la versión oficial de la sesión 18ª extraordinaria, celebrada el día miércoles 15 de noviembre de 1961.
Si le parece a la Sala, se accederá a esta petición.
Acordado.

ORDEN DEL DIA
5.- MODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO Y CREACION DE TRIBUNALES Y NUEVOS CARGOS EN LA JUDICATURA DEL TRABAJO
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Entrando en la Tabla del Orden del Día, corresponde despachar, en general, el proyecto de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de simple e informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica el Código del Trabajo y crea tribunales y nuevos cargos en la judicatura del ramo.
Diputado informante es el señor Naudon.
El proyecto, impreso en el boletín Nº 616-71-3, es el siguiente:
Artículo 1º.- Créanse los siguientes cargos en la Corte del Trabajo de Santiago: un Ministro, un Relator y un Oficial Ayudante.
Artículo 2º.- Créase un cargo de Oficial Ayudante en las Cortes del Trabajo de Valparaíso y Concepción,
Artículo 3º.- Créanse cinco Juzgados del Trabajo de primera categoría en el departamento de Santiago, un Juzgado del Trabaja de primera categoría en Valparaíso y un Juzgado del Trabajo de tercera categoría en el departamento Presidente Aguirre Cerda.
Artículo 4º.- Trasládase el Juzgado del Trabajo de Viña del Mar a Valparaíso y elévase a Juzgado de primera categoría; 
Artículo 5º.- Créase un cargo de oficial segundo en cada uno de los Juzgados del Trabajo de Santiago, Valparaíso y Concepción.
Artículo 6º.- Créanse en la planta de la Oficina de Presupuestos para el Poder Judicial tres cargos de Oficial Ayudante con el sueldo asignado en el grado 1º de la Escala de Sueldos del Personal Subalterno.
Los funcionarios que se designen en estos cargos desempeñarán sus funciones en los Juzgados del Trabajo de Santiago y serán designados por el Presidente de la República, por Decreto del Ministerio de Justicia, a propuesta en terna de la Corte del Trabajo de Santiago.
Artículo 7º.- La Oficina que se establece en los Juzgados del Trabajo con el personal indicado en el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a) Llevar las cuentas corrientes de todos los Juzgados del Trabajo;
b) Atender todo lo relativo a remuneraciones y demás pagos que debe hacerse al personal de los Tribunales del Trabajo de Santiago;
c) Atender todo lo relacionado con gastos menores, adquisiciones, mantención y reparaciones y, en general, todo lo que implique manejo de fondos, sean éstos del Presupuesto del Poder Judicial o de la Junta de Servicios Judiciales;
d) Preparar y presentar las rendiciones de cuentas de los fondos que manejen a la Contraloría General de la República, incluidas aquellas que el artículo 514 del Código Orgánico de Tribunales impone a los tribunales. 
Artículo 8º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a los artículos que se indican del Libro Cuarto del Código del Trabajo:

Artículo 495
Sustitúyese su inciso tercero por el siguiente:
En los departamentos donde hubiere más de un juzgado, la distribución de las causas' se hará de acuerdo a las normas que fije la Corte del Trabajo respectiva.

Artículo 496
Sustitúyese por el siguiente:
En los departamentos en que no haya Juez Especial del Trabajo, el o los Jueces de Letras de Mayor Cuantía dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales se sustanciarán los procesos laborales hasta su cierre y los remitirán, dentro del segundo día, para su fallo a los Jueces del Trabajo, en la forma que se señala a continuación':
1) Los Jueces de Letras de la provincia de Tarapacá al Juez del Trabajo de Iquique;
2) Los Jueces de Letras de la provincia de Antofagasta al Juez del Trabajo de Antofagasta;
3) Los Jueces de la provincia de Atacama al Juez del Trabajo de Copiapó;
4) Los Jueces de Letras de los departamentos de La Serena, Elqui y Coquimbo al Juez del Trabajo de La Serena;
6) Los Jueces de los departamentos de Ovalle, Combarbalá e Illapel al Juez del Trabajo de Ovalle;
6) Los Jueces de las provincias de Aconcagua y Valparaíso con excepción del Juez de Letras del departamento de Isla de Pascua, a los Jueces del Trabajo de Valparaíso;
7) Los Jueces de los departamentos de San Bernardo y Maipo a los Jueces del Trabajo del departamento Presidente Aguirre Cerda;
8) Los Jueces de los departamentos de Talagante y Melipilla al Juez del Trabajo de San Antonio;
9) Los Jueces de las provincias de O'Higgins y Colchagua al Juez del Trabajo de Rancagua;
10) Los Jueces de las provincias de Talca y Curicó al Juez del Trabajo de Talca;
11) Los Jueces de las provincias de Maule y Linares al Juez del Trabajo de Linares;
12) Los Jueces de la provincia de Ñuble al Juez del Trabajo de Chillán;
13) El Juez del departamento de Yumbel y los de la provincia de Arauco al Juez del Trabajo de Coronel;
14) Los Jueces del departamento de Tomé al Juez del Trabajo de Concepción;
15) Los Jueces de la provincia de Bío- Bío y Malleco al Juez del Trabajo de Los Angeles;
16) Los Jueces de la provincia de Cautín al Juez del Trabajo de Temuco;
17) Los Jueces dela provincia de Valdivia al Juez del Trabajo de Valdivia;
18) Los Jueces de la provincia dé Osor- no al Juez del Trabajo de Osorno;
19) Los Jueces de las provincias de Llanquihue y Chiloé al Juez del Trabajo de Puerto Montt, y
20) Los Jueces de las provincias de Aisén y Magallanes al Juez del Trabajo de Magallanes.
En las ciudades en que hubiere más de un Juzgado del Trabajo, los Jueces de Letras remitirán los autos para su fallo, de acuerdo a las normas que fije la Corte del Trabajo.
Las medidas para mejor resolver que decrete el Juez del Trabajo podrá llevarlas a efecto él mismo o encomendarlas al Juez de Letras, remitiéndole los autos quien deberá efectuarlas en el menor tiempo posible.
Dictado el fallo los Jueces del Trabajo devolverán los autos al Juez de Letras correspondiente, dentro de segundo día, paja su notificación, interposición y concesión de los recursos que procedieren y el cumplimiento de la sentencia.
Los Jueces de Letras, junto con remitir los autos al Juez del Trabajo deberán comunicarlo a la Corte del Trabajo respectiva con indicación de la fecha de cierre del proceso. A su vez los Jueces del Trabajo deberán comunicar a la Corte la devolución del proceso y la fecha del fallo.
Los Relatores -deberán dar cuenta a la Corte de todo vicio u omisión que notaren en relación a las obligaciones señaladas en este artículo.
No obstante lo dispuesto en este artículo el Juez de Letras de Mayor Cuantía del departamento de la Isla de Pascua tendrá competencia para conocer y fallar asuntos del trabajo.

Artículo 499
En el inciso primero agrégase a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra Ministros, la frase con excepción de la Corte del Trabajo de Santiago que tendrá cuatro, seguida de una coma

Artículo 501
Reemplázase la expresión con sus tres por las palabras con todos sus.
Agregar después de la palabra Ministros la frase No obstante, el quorum para formar Sala será de tres.

Artículo 507
Sustituyese el inciso tercero -por el siguiente: Los abogados integrantes serán diez por cada Corte del Trabajo y los nombrará anualmente el Presidente de la República de entre una lista de veinte que deberá remitirle la Corte del Trabajo respectiva. Al formar la lista la Corte dará preferencia a los abogados idóneos que tengan esta especialidad, oyendo a los jueces. Estos abogados integrantes tendrán derecho a la remuneración asignada a los abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones por cada sesión a que asistan, sin que puedan reclamar estipendio por más de una sesión diaria..
Agrégase en el inciso quinto, la siguiente frase final Los Relatores serán subrogados por el Secretario de la Corte.
Agrégase en el inciso noveno, a continuación del punto que sigue a la palabra económicos, la siguiente frase: En la misma forma serán subrogados los Oficiales Primeros de los Juzgados de primera categoría.

Artículo 511
Sustitúyese en el inciso primero, la expresión juzgados, por las palabras los Juzgados del Trabajo de segunda y tercera categorías.
Agrégase el siguiente artículo con el número 512:

Artículo 512.-Son funciones de los 
Secretarios de los Juzgados del Trabajo de primera categoría:
1°- Sustanciar los procesos, llamar a conciliación y aprobar los avenimientos, resolver las excepciones, incidentes y demás peticiones que se sometan por las partes a decisión del tribunal, hasta que los declare cerrados;
2º- Decretar las medidas encaminadas a verificar los hechos controvertidos;
3º- Cerrar los procesos una vez terminada la prueba que rindan las partes o decrete el tribunal y pasar los autos al juez para su fallo, y
4º- Efectuar las diligencias probatorias que deban practicarse fuera del tribunal y que el juez de la causa determine como medidas para mejor resolver.
Corresponderá asimismo a estos funcionarios fallar los asuntos derivados de la aplicación de las leyes o disposiciones sobre inamovilidad de los trabajadores y de aquellos juicios de cuantía inferior a un sueldo vital anual Escala (A) del departamento de Santiago, cuando el recargo existente en el tribunal lo haga necesario, previa resolución del juez, la que sólo podrá dictarse con autorización de la Corte respectiva.
Los Jueces de primera categoría al fallar las causas, deberán liquidar en la misma sentencia las sumas que ordenen pagar. Resolverán asimismo las incidencias que se promuevan en el cumplimiento de la sentencia y en las resoluciones de los Servicios del Trabajo e Instituciones de Previsión. Además deberán velar para que la tramitación de los procesos se efectúe dentro de los plazos legales, dejando constancia en el proceso de las dilaciones o errores que observaren.
Agrégase el siguiente artículo nuevo como artículo 512 bis:
Artículo 512 bis.-Son funciones de los Oficiales Primeros, de los Juzgados del Trabajo de primera categoría:
1º- Dar cuenta diariamente al juez, o al secretario en su caso, de las solicitudes que presentaren las partes;
2º- Autorizar las resoluciones del juez o del secretario y hacerlas saber a los interesados que acudieren al tribunal para tomar conocimiento de ellas;
3º- Dar conocimiento a cualquiera persona que lo solicite, de los procesos que tengan archivados en sus oficinas y de todos los actos emanados del juzgado;
4º- Guardar con el conveniente arreglo los procesos y demás papeles del tribunal, sujetándose a las instrucciones que el Secretario le diere sobre el particular;
5º- Autorizar los poderes judiciales que pudieren otorgarse ante ellos;
6º- Llevar el control de los registros y libros de la Secretaría, y
7º- Practicar las notificaciones por carta certificada y dejar constancia de ellas en el proceso.
Las funciones señaladas en los números 4º, 6º y 7º podrán ser desempeñadas, bajo la responsabilidad del Oficial Primero, por los Oficiales Segundos de la Secretaría.
Una vez al año, el Juez, el Secretario y el Oficial Primero, harán la distribución de las labores del personal, dejarán constancia de ella en el Libro de Decretos Económicos y la comunicarán a la Corte respectiva.
La obligación establecida en el inciso anterior pesará sobre el Juez y el Secretario en los Juzgados del Trabajo de segunda y tercera categorías.

Artículo 513
Suprímese la frase: Habrá Juzgado del Trabajo de primera, segunda y tercera categoría.

Artículo 514
Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:
Corte del Trabajo de Valparaíso con las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua y Valparaíso.
Reemplázase el punto final del inciso tercero del artículo 514 por una coma (,) y agréganse las siguientes expresiones Aisén y Magallanes.
Reemplázase su inciso final por el siguiente:
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas será considerada dentro del, territorio de su jurisdicción, como Tribunal de Alzada del Trabajo para todos los efectos legales, debiendo regirse cuando funcione en tal carácter, por las disposiciones del presente Título en cuanto le fueren aplicables.

Artículo 515
Sustitúyese por el siguiente:
Artículo 515.- Habrá Juzgados del Trabajo de primera, segunda y tercera categorías.
Serán de primera categorías los que funcionen en las ciudades asiento de una Corte del Trabajo y su número será el si- quiente: diez en Santiago, tres en Valparaíso y uno en Concepción.
Serán Juzgados del Trabajo de segunda categoría los que tengan su asiento en los ciudades de Iquique, Antofagasta, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, en cada una de las cuales habrá un juzgado; y Juzgados del Trabajo de tercera categoría los que tengan su asiento en las ciudades de Copia- pó, La Serena, Ovalle, San Antonio, Linares, Coronel, Los Angeles, Osorno y Punta Arenas y en cada una de ellas habrá también un juzgado.
En el departamento Presidente Aguirre Cerda habrá dos juzgados del trabajo, que serán de tercera categoría.

Artículo 516
Agrégase después del punto y coma (;) que sigue a la palabra Coquimbo, las expresiones los de Santiago, sobre el departamento de Puente Alto:
Derógase su inciso segundo.

Artículo 517
Agrégase en su inciso final, a continuación de la palabra Secretario, la expresión o el Oficial Primero, en su caso.

Artículo 520
Agrégase en su inciso primero, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra Secretario, la expresión o el Oficial Primero, en su caso.

Artículo 525
Agréganse en el inciso cuarto después de la expresión Juez las palabras o el Secretario, en su caso,

Artículo 526
Agréganse en el inciso primero después de la expresión Juez las palabras o el Secretario, en su caso.

Artículo 529
Agréganse en el inciso primero después de la expresión Juez las palabras o el Secretario, en su caso.

Artículo 531
Agréganse después de la expresión Juez las palabras o el Secretario, en su caso.

Artículo 535
Agréganse después de la expresión Juez las palabras o el Secretario, en su caso.

Artículo 540
Agréganse en su inciso final, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra Secretario, la expresión o el Oficial Primero, en su caso.

Artículo 579
Elimínase el punto (.) seguido que sigue a la palabra porteros y agrégase la siguiente frase: que no hayan cumplido cinco años de servicios.

Artículo 580
Sustitúyese por el siguiente:
Artículo 580.- La Corte del Trabajo de Santiago tendrá cuatro Ministros, dos Relatores, un Secretario, un Oficial Primero, tres Ayudantes y un Portero.
Las Cortes del Trabajo de Valparaíso y
Concepción tendrán tres Ministros, un Secretario, un Oficial Primero, un Oficial Ayudante y un Portero.

Artículo 581
Reemplázase por el siguiente:
Artículo 581.- Los Juzgados del Trabajo de primera categoría tendrán el siguiente personal: los de Santiago, un Juez, un Secretario, un Oficial primero, un Receptor, cuatro Oficiales Segundos y un Portero; los de Valparaíso, un Juez, un Secretario, un Oficia] Primero, un Receptor, tres Oficiales Segundos y un Portero; los de Concepción, un Juez, un Secretario, un Oficial Primero, un Receptor, dos Oficiales Segundos y un Portero.

Artículo 584
Reemplázase por el siguiente:
Artículo 584.-Los Secretarios de las Cortes y Juzgados de Valparaíso y Concepción, de los Juzgados de segunda y tercera categorías y los Receptores, deberán rendir fianza equivalente a seis sueldos mensuales.

Artículo 586
Agrégase el siguiente inciso final:
Para que un juez o el secretario, en su caso, pueda ser incluido en la Lista Nº 1, será requisito indispensable haber dado estricto cumplimiento a los plazos fijados por la ley para la dictación de los fallos o la tramitación de los procesos, salvo que la Corte respectiva en resolución fundada estimare que los motivos del retraso son justificados.

Artículo 607
Sustitúyense los incisos segundo y tercero por el siguiente:
Actuará como Secretario y Archivero de la Junta el Inspector que designe la Dirección General del Trabajo.
Artículo 9º.- Los Presidentes de las Cortes del Trabajo podrán cuando las necesidades del Tribunal lo requieran, encomendar al Secretario practicar diligencias probatorias fuera del Tribunal o la relación de causas en determinados días de la semana. En estos casos los Oficiales Primeros subrogarán al Secretario.
Los Jueces de segunda y tercera categorías, previo acuerdo de la Corte del Trabajo, podrán encomendar al Secretario las funciones que se señalan en el artículo 512. En estos casos los Secretarios serán subrogados en la forma que determina el artículo 507.
Artículo 10.- La Corte del Trabajo de Santiago integrada por abogados de conformidad al artículo 507 del Código del Trabajo, se dividirá en dos salas para el despacho de las causas, cuando por el número de asuntos en estado de verse, no sea posible su resolución dentro del término a que se refiere el artículo 565 del Código del Trabajo.
Producido este caso y si no bastaren los Relatores en propiedad el Tribunal designará por mayoría de votos los Relatores interinos que estime convenientes, quienes gozarán durante el tiempo en que sirvieren de igual remuneración que los propietarios.
Artículo 11.- Los Secretarios de los Juzgados de primera categoría figurarán en la Sección C del Escalafón Judicial del Trabajo y los Oficiales Primeros de estos mismos tribunales en la Sección F del mismo Escalafón.
Artículo 12.- Los Tribunales del Trabajo podrán enviar los expedientes por vía aérea, con cargo a los fondos asignados para gastos menores de Secretaría.
Artículo 13.- Créanse, Juzgados del Trabajo en los departamentos de Arica, Los Andes, San Fernando, Curicó, Cauquenes, Arauco, Angol, Castro, Chile Chico, y en aquéllos cuyo promedio anual de ingreso de causas supere a ochenta causas mensuales por cada juzgado.
El Presidente de la República dictará el decreto respectivo para el cumplimiento de esta disposición, cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Artículo 14.- Reemplázase el artículo 6° de la ley Nº 16.455 por el siguiente:
Las cuestiones a que dé origen la aplicación de esta ley, serán de competencia de los Tribunales del Trabajo.
Artículo 15.-Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 7º de la ley Nº 16.899 por el siguiente:
Trasládase el Sexto Juzgado del Trabajo de Santiago al departamento Presidente Aguirre Cerda.
Artículo 16.- Aclárase el inciso tercero del artículo 28 de la ley Nº 14:550, en el sentido que los Oficiales Primeros de Cortes del Trabajo adquieren el beneficio que contempla el inciso primero del mismo artículo, a los cinco años, y que este tiempo debe computarse en conformidad al artículo 4º de la ley Nº 11.896.
Artículo 17.- Cuando la urgencia del caso lo requiera, los Jueces del Trabajo del departamento Presidente Aguirre Cerda, podrán decretar actuaciones para que se lleven a efecto por funcionarios del Tribunal en el departamento de Santiago.
Asimismo podrán requerir directamente a Carabineros del departamento de Santiago para que practiquen las diligencias que deban efectuarse en ese departamento.
Artículo 18.- El gasto que demande la aplicación de la presente ley se imputará al Item 10/01/01-/ 035.003 Provisión de fondos para creación y elevación de juzgados de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia.

Artículos transitorios
Artículo 1º.- La Corte del Trabajo de Santiago, durante los primeros 45 días de vigencia de la presente ley, deberá distribuir las nuevas demandas exclusivamente entre los cinco juzgados que se crean en la modificación que se introduce al artículo 515 del Código del Trabajo.
Artículo 2º.- Las causas que estuvieren conociendo los Tribunales actualmente existentes, seguirán radicadas en ellos hasta su terminación.
Artículo 3º.- El personal del Juzgado del Trabajo trasladado a Viña del Mar por la ley Nº 16.899, continuará desempeñan do sus cargos sin necesidad de nuevo nombramiento.
Artículo 4º.- La primera provisión de los cargos que se crean en los artículos 2º y 59 de esta ley, se hará en la forma establecida en los incisos segundo y tercero del artículo 586 del Código del Trabajo.
Artículo 5º.- Lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley, entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Me permito hacer presente a la Sala que cada Comité y el señor Diputado informante disponen de un tiempo de hasta cinco minutos para hacer uso de la palabra.
En discusión general el proyecto.
El señor NAUDON.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría..
El señor NAUDON.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito se me conceda el tiempo fijado para el Comité del Partido Radical a continuación de los cinco minutos de que dispongo como informante, como única manera de entregar un análisis general del proyecto.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señor Diputado, puede hacer uso de su tiempo como Diputado informante en la oportunidad en que lo desee.
Tiene la palabra Su Señoría-.
El señor NAUDON.- Señor Presidente, vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, por intermedio del Diputado que habla, del proyecto de ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, con trámite de urgencia calificada de simple, que modifica el Código del Trabajo y dispone la creación de nuevos' Juzgados y cargos en la Judicatura del Trabajo.
El proyecto de ley enviado por el Gobierno para la consideración de esta Honorable Cámara contiene los siguientes órdenes de ideas, en relación a las modificaciones que propone:
1º- Crea cinco Juzgados del Trabajo en Santiago para agilizar la administración de Justicia, para poder, así, entregar una justicia más rápida en asuntos laborales, dado que con los Juzgados existentes, considerados para la población de treinta años atrás, la resolución de estos asuntos, en vez de demorar 24 días, está demorando uno, dos y tres años. Basta considerar la naturaleza de estas contiendas para apreciar que un juicio del trabajo, resuelto en estos plazos, constituye no sólo una aberración, sino que envuelve una injusticia tan grande como la que originó la propia demanda.
2º- Por las mismas razones anteriores, se crea un Segundo Juzgado del Trabajo en el departamento Pedro Aguirre Cerda, cuyo crecido número de habitantes y su gran concentración industrial hacen absolutamente insuficiente el Juzgado existente para prestar una adecuada administración de justicia en materias del trabajo.
3º- Un tercer orden de materias propuestas por el proyecto están destinadas a buscar un aprovechamiento más integral del personal, entregando a los Secretarios, en los casos de los Juzgados de Primera Categoría, facultades de Jueces Tramitadores, y reservando al Juez la tarea de sentenciar. Correlativo a esta modificación, están aquéllas que entregan funciones de Secretarios a los Oficiales Primeros, y parte de las de éstos se cometen a los Oficiales Segundos.
4º- Crea cargos en la planta de la Oficina del Presupuesto del Poder Judicial, para que los funcionarios qué se nombren, atiendan todo lo concerniente al manejo de fondos en los Juzgados del Trabajo de Santiago, con el objeto de que esta labor especializada, de tipo contable, deje de ser responsabilidad de los Secretarios, para que éstos puedan desempeñar sus nuevas funciones de tramitadores y porque, además, ha sido pedido por los Jueces, porque se han producido casos, en la práctica, de desórdenes en el control y manejo de los fondos que se ingresan a las cuentas únicas de estos Tribunales.
5°- Crea un nuevo cargo de Ministro en la Corte del Trabajo de Santiago, para que pueda dividirse en dos Salas, y un cargo de Relator, con la misma finalidad.
6º- Entrega el conocimiento de la segunda instancia de los Juzgados de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua y Valparaíso, a la Corte del Trabajo de Valparaíso, y determina que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas será considerado dentro del territorio de su jurisdicción, como Tribunal de Alzada del Trabajo.
7º- Señala categorías de Juzgados e indica su distribución por departamentos y entrega el conocimiento de las causas que ocurran en el departamento de Puente Alto a los Juzgados del Trabajo de Santiago.
En el proyecto del Ejecutivo se contiene una materia que debe destacarse, cuya procedencia, como modificación, fue rechazada por mayoría en la Comisión y que es de la mayor importancia. Esta modificación propuesta estaba destinada a sustraer del conocimiento de la Corte Suprema los asuntos del trabajo, ya que por la vía de la queja, el más Alto Tribunal modifica, en cuanto al fondo, lo resuelto por las Cortes del Trabajo o los Tribunales de Alzada.
Se ha sostenido por los autores especializados en materias laborales que la decisión de asuntos del trabajo por Tribunales formados para la resolución de cuestiones propias del Derecho Civil constituye un sistema vicioso que se presta para restar al Derecho del Trabajo su característica de Derecho nuevo, su sentido de mayor justicia social y de contener, en base a interpretaciones restrictivas, las conquistas de los trabajadores con amparo de los sectores que detentan el capital. Se han citado muchos casos que demuestran esta tendencia de los Tribunales tradicionales, que no es del caso indicar en este momento.
Esta modificación fue rechazada por la mayoría de la Comisión, con los votos de los representantes de partidos de la Unidad Popular en favor de la disposición propuesta. Sin embargo, personalmente considero que la supresión de la facultad de la Corte Suprema de conocer, por la vía de la queja, del fondo del asunto mismo, no era la solución más completa y adecuada. Transitoriamente, estimo que podría haberse propuesto una disposición que facultara a la Corte Suprema únicamente para examinar la aplicación correcta del derecho en la sentencia, sin que pueda revisar la prueba, los hechos acreditados, ni menos ponderar nuevamente las pruebas rendidas.
Como solución definitiva, debe estudiarse, cuando los medios económicos del país lo permitan, la creación de una Corte Superior del Trabajo, que tenga la tuición directiva, correccional y económica de los Tribunales especiales del Trabajo y que pueda conocer de recursos de quejas por faltas disciplinarias o abusos y de un recurso análogo al de casación en el fondo, para así uniformar, a través de estos fallos de casación, el criterio de las Cortes de Apelaciones del Trabajo.
Con el proyecto del Gobierno se pretende dar solución inmediata a los más graves y agudos problemas que presenta la Justicia del Trabajo. Más adelante se irán tomando otras medidas que permitan cumplir con el anhelo del Programa de Gobierno de entregar una justicia rápida y eficaz a las clases trabajadoras.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia del señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz Ponce; del señor Subsecretario, don José Viera-Gallo; del señor Oscar Alvarez, Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena; del señor Alonso de la Fuente, Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca; y de la señora Alicia Herrera, Secretaria de la Corte del Trabajo de Santiago y Presidenta de la Comisión que elaboró el proyecto del Gobierno.
El tiempo fijado al informante, aun agregado el tiempo del Comité Radical, no permite el examen en detalle o en particular de las disposiciones del proyecto.
Termino solicitando que la Honorable
Cámara preste su aprobación al proyecto que acabo de informar.'
Nada más, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor TEJEDA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Tejeda.
El señor TEJEDA.- Señor Presidente, las reformas que se pretenden introducir al Código del Trabajo son absolutamente necesarias y tienen por objeto, como lo hizo ver el señor Diputado informante, en especial, hacer justicia rápida y eficaz en todos los juicios.
En Santiago se crean cinco Juzgados del Trabajo, o sea, se duplica el número de los que hay, y como a la vez a los Secretarios se les da la facultad de jueces tramitadores, en la práctica habrá veinte jueces del Trabajo en Santiago, lo que significa un progreso evidente y el propósito de hacer justicia real en una materia tan delicada como son los problemas laborales.
Tengo entendido que el proyecto, en general, va a ser aprobado por unanimidad, puesto que se trata de reformas muy necesarias y reclamadas con mucha urgencia. En la Comisión no hubo discrepancias en aprobarlo. Intervino por el Partido Nacional el Diputado Maturana, quien prácticamente estuvo de acuerdo con todas las modificaciones que aquí se proponen. No hubo acuerdo en la Comisión para quitarle a la Corte Suprema la facultad de conocer de las quejas. Estimaron los, parlamentarios que la disposición respectiva era inconstitucional, opinión que nosotros no compartimos, porque el anular juicios por la vía de la queja es una cuestión que emana de una interpretación abusiva de disposiciones del Código Orgánico de Tribunales. Es posible que más adelanté pueda corregirse esta falta que se cometió al rechazarse en la Comisión el quitarle a la Corte Suprema la facultad de enmendar, por la vía de la queja, lo resuelto por los jueces del Trabajo.
Es de mucha importancia una de las disposiciones de este artículo, que prácticamente entrega a los jueces especializados del Trabajo el fallo de todas las causas, incluso de aquellos departamentos donde en la actualidad no hay jueces del Trabajo. En esos departamentos se va a proceder de una manera sumamente sencilla. El juez letrado va a tramitar las causas, pero el fallo, que tiene que hacerse con este espíritu bastante avanzado, en materia social, de las leyes del Trabajo, siempre va a quedar entregado al juez del Trabajo de la cabecera de provincia. Esto me parece que es una de las cosas más importantes que contiene esta reforma. En general, se trata de agilizar los procedimientos y hacer real la justicia del Trabajo.
Por esta razón, nosotros, tal como lo sostuvimos en la Comisión, vamos a dar nuestro acuerdo para que se apruebe este proyecto, en general y en particular, en la sesión de hoy.
Nada más, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor ARNELLO.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARNELLO.- Señor Presidente, para los Diputados del Partido Nacional es de suma importancia el proyecto que esta tarde se presenta a la consideración de la Cámara, porque viene a permitir que la justicia del Trabajo, se desempeñe con la eficiencia y con la rapidez que sus miembros, sus funcionarios, han querido tener, y que solamente las condiciones verdaderamente inhumanas en que desarrollaban su labor, tanto por la cantidad de causas que debieran conocer, como por la escasez de medios físicos y de personal para hacerlo, les constriñe a no poder realizar con urgencia los casos que les son sometidos a su conocimiento.
Este proyecto, que verdaderamente merece la mayor de las consideraciones y apreciaciones de los parlamentarios viene a solucionar no sólo una serie de aspectos técnicos -diría- de la administración de justicia del Trabajo, sino también a crear cargos necesarios, todo lo cual permitirá, en todas sus instancias, la posibilidad de que los derechos de los trabajadores no queden supeditados por las imposibilidades físicas de los jueces de fallar o de la Corte de revisar.
La justicia chilena tiene en su formación, vocación y espíritu las condiciones como para que, con los medios que el país le dé, pueda realizar su alto cometido con eficiencia. Y, en particular, la justicia del trabajo, que era algo así como la Cenicienta, como la hermana pobre dentro del Poder Judicial, podrá también realizar sus funciones con la urgencia que los casos y personas requieren.
Frente a las críticas que se formulan a nuestra justicia, debe considerarse lo mucho que influye en la demora del fallo la falta de medios materiales y del personal que tiene que fallar. Sabemos que hay tribunales -y los juzgados del trabajo no eran excepción a esta norma- que tenían constantemente más de dos mil causas a las que abocarse y, en consecuencia, no es ilógico pensar que tenían que demorarse en fallar.
Un país que hace del derecho norma de convivencia y de desarrollo para su pueblo tiene la obligación de otorgarles a sus tribunales todos los instrumentos y medios físicos que le permitan realizar su cometido.
Frente a lo que aquí se ha indicado, creemos que la independencia y unidad en la administración de justicia, hacen necesario que el organismo superior del Poder Judicial tenga efectivamente la tuición administrativa y correccional de todo lo que conocen los Tribunales. Por eso nos opusimos a que se privara a la Corte Suprema del conocimiento de las causas del trabajo; a que se le impidiera que, por la vía de la queja, pudiese pronunciarse sobre la corrección o procedencia de los fallos que se dictarán; tal como también consideramos que debe evitarse el sistema que ya se está repitiendo en muchos aspectos en nuestra legislación, de pretender privar a los Tribunales ordinarios y, particularmente a la Corte Suprema del conocimiento de las causas que se producen en una serie de aspectos especiales, como se ha venido haciendo.
Por eso este proyecto, en la Comisión, lo analizamos con toda la atención y dedicación que merece una buena iniciativa del Gobierno, que tiene por objeto permitir que los Tribunales del Trabajo otorguen justicia rápida y eficaz, a la que tienen derecho los trabajadores de Chile y las personas que a ellos recurren.
Por eso, apoyamos este proyecto en la Comisión y en esta oportunidad le otorgamos también nuestros votos para su pronto despacho.
El señor MERINO.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MERINO.- Señor Presidente, en nombre de los Diputados demócrata- cristianos quiero decir un par de palabras sobre este proyecto que hemos aprobado, con nuestro concurso, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Estamos totalmente de acuerdo con él y naturalmente le daremos nuestra aprobación.
Creemos que se ha dado un gran paso para hacer justicia a los derechos de los trabajadores, pero creemos también que este proyecto es incompleto. Por eso será necesario presentar más adelante uno nuevo que contemple integralmente la defensa de los derechos de los asalariados, porque la justicia misma, la tramitación misma de los pleitos, por más que aprobemos disposiciones que favorezcan al trabajador, siempre lo van dejando en un pie de desigualdad ante la parte patronal. Será necesario estudiar un medio para que los trabajadores tengan asegurada la asistencia de profesionales que los asesoren en sus juicios. En la actualidad se ven obligados a contratar los servicios de abogados que los puedan atender en trámites y diligencias, que muchas veces no se pueden cumplir por falta de medios económicos. Aunque existen disposiciones que hasta cierta cuantía, en los juicios del trabajo no requieren de la intervención de abogados, en el hecho siempre va a ser necesario para la acertada gestión del pleito. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, personalmente soy contrario de que, a través del recurso de queja, la Corte pueda rever los fundamentos de derecho de la demanda y la prueba producida en el juicio. Es conveniente que exista el recurso de queja en cuanto a lo que en sí significa, pero no para que a través de esta vía disciplinaria pueda modificarse el fondo de lo discutido en el proceso. Ojalá que en una próxima oportunidad en que se legisle en forma más completa, se establezca un recurso, distinto del de queja naturalmente, que permita a los Tribunales Superiores de Justicia, ya sea a la Corte Suprema o a un Tribunal Superior especializado del trabajo para que pueda rever los hechos y el derecho en las causas falladas por los tribunales de segunda instancia.
También el proyecto en debate contiene disposiciones que favorecen la tramitación de las causas de los trabajadores, pero de Santiago. Los de provincia no están bien considerados en este proyecto. Las distancias de una a otra son grandes. Hay en cada provincia solamente un juzgado especializado. Para la zona sur hay una Corte del Trabajo. En mi zona, por ejemplo, Cautín, las apelaciones de los juicios de trabajadores los debe conocer la Corte de Alzada de Concepción, con los consiguientes mayores gastos, perjuicios y dificultades que significa ir a defenderse a una ciudad tan alejada de Cautín. Lo mismo ocurre en otras provincias en relación con las Cortes de Alzada que les corresponde conocer de la materia.
En todo caso, con esto se ha dado un gran paso para agilizar la tramitación de los juicios del trabajo. Nos alegramos, de ello, y por esto hemos puesto todo nuestro concurso para que este proyecto sea ley con la mayor brevedad posible; pero dejamos sentado que es necesario legislar, con posterioridad, en un proyecto más completo, que contemple integralmente medidas adecuadas en defensa de los derechos de los trabajadores.
En consecuencia, el Partido Demócrata Cristiano presta plenamente su acogida a este proyecto de ley.
He dicho, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En conformidad con los acuerdos adoptados por la Sala, pasará a Comisión.
El señor MERINO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder un minuto al señor Merino.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MERINO.- Es sólo para consultar si es necesario que el proyecto vuelva a Comisión. Sé que hay un acuerdo de la Sala, pero por lo dicho aquí parece innecesario retrasar su despacho enviándolo de nuevo a Comisión.
Podría reverse el acuerdo para aprobar de inmediato el proyecto y no enviarlo a segundo informe.
No sé qué opinión tendrán los demás colegas al respecto.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Excúseme, señor Diputado. Hay indicaciones formuladas por el Ejecutivo, además del acuerdo de la Sala.
El señor ARNELLO.-No lo sabíamos.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- La Mesa estimó innecesario darlo a conocer.

6.- FACULTAD A LA CORPORACION DE LA VIVIENDA Y A LOS SERVICIOS HABITACIONALES PARA REMITIR DETERMINADOS SALDOS Y PRECIOS
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Corresponde ocuparse, a continuación, del proyecto de ley, con trámite de urgencia, que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas.
Diputado informante es el señor Tudela.
El proyecto de ley, impreso en el boletín Nº 644-71-2, es el siguiente:
Artículo único.- Facúltase a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir en favor de las personas a que se refieren los artículos 87 de la ley Nº 17.072 y 115 de la ley Nº 17.271, los saldos de precios y deudas, y para alzar los gravámenes respectivos, en las ventas que hubieren efectuado a dichas personas con antelación a la vigencia de esas leyes.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En conformidad con el acuerdo de la Sala, cada Comité puede hacer uso de la palabra hasta por tres minutos.
El proyecto deberá ser despachado en la presente sesión.
En discusión general.
El señor TUDELA.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUDELA.- Señor Presidente, he sido designado Diputado informante en la Comisión de la Vivienda y Urbanismo para este proyecto de ley, de origen en un Mensaje, incluido en la actual convocatoria, con trámite de urgencia calificada de pimple y que fuera aprobado en la sesión de Comisión de ayer.
Por él se faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir los saldos de precios y deudas y alzar los gravámenes respectivos de las personas que fueron consideradas damnificadas en la catástrofe ocurrida en el sur del país en 1960. En efecto, al ocurrir el terremoto que asoló a una parte importante de las provincias del sur, la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Servicios Habitacionales fueron en ayuda de las personas que quedaron prácticamente en la calle. Les proporcionaron viviendas y se les otorgaron las escrituras correspondientes, con garantía hipotecaria.
En diciembre de 1968, el artículo 87 de la ley Nº 17.072 y, posteriormente, el artículo 115 de la ley Nº 17.271, de enero de 1970, establecieron que CORVI debería otorgar título gratuito de dominio sobre los terrenos que hubieren adquirido para la reubicación de los pueblos afectados por el terremoto, en las comunas de Puerto Saavedra y Toltén, y sobre las viviendas definitivas y de emergencia que hubieran construido con sus propios recursos, y que igual beneficio tendrían los ex habitantes de esas comunas que CORVI erradicó en otros pueblos de la provincia de Cautín.
El proyecto aprobado en la Comisión soluciona la situación de aquellas personas que obtuvieron las escrituras con anterioridad a la vigencia de las disposiciones legales que he hecho mención y que quedaron excluidas de los beneficios que ellas otorgaron.
La Comisión de la Vivienda, atendida la justicia de que con esta disposición definitiva se regulariza la situación de numerosas personas que fueron afectadas por los sismos de 1960, y aprobó por unanimidad, el proyecto de ley de un solo artículo, que da facultad de remisión a los organismos pertinentes del Ministerio de la Vivienda, y recomienda a la Honorable Cámara aprobarlo en los mismos términos.
Nada más.
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor IBÁÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente, por las razones expuestas por el señor Diputado informante, los Diputados comunistas hemos apoyado en la Comisión y apoyaremos en la Sala este proyecto, que corresponde a una sentida aspiración de los habitantes de las comunas de Puerto Saavedra y de Toltén. En Verdad, viene a ser casi una ley aclaratoria, porque el espíritu del legislador, en las leyes Nºs. 17.072 y 17.271, fue el de la gratuidad de los préstamos de reconstrucción para los dos pueblos asolados por esa verdadera catástrofe de alcances nacionales que fue el maremoto que siguió al terremoto en esa zona.
Ahora bien, señor Presidente, habiéndose otorgado determinados préstamos en esas localidades, en Toltén y en Puerto Saavedra, no fueron procedentes, tal como estaban establecidas, para poder condonar las deudas, las disposiciones de las leyes 17.072 y 17.271. Ahora lo que se hace es hacer operativas esas disposiciones, para que definitivamente, como se ha querido expresar reiteradamente por el Parlamento, resulten gratuitos aquellos préstamos, tan merecidos, para esas localidades, que fueron mártires con ocasión de aquellas catástrofes naturales.
El colega Salinas, Diputado por la provincia de Cautín, que estuvo especialmente interesado en esta materia, que la consideró con el Ministerio de la Vivienda, a raíz de lo cual se envió el mensaje del Ejecutivo que hoy estamos aprobando, y que en estos momentos se encuentra en la provincia de Cautín, me ha encargado especialmente hacer notar la justicia y la urgencia de la aprobación de este proyecto en los términos en que viene en el mensaje del Ejecutivo.
He dicho, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor TAGLE.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Tagle.
El señor TAGLE.- Señor Presidente, la explicación dada por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, me evita entrar en muchos detalles. Aquí se trata, simplemente, de hacer justicia a algunas personas afectadas por la catástrofe ocurrida en el año 1960, especialmente en las comunas de Puerto Saavedra y Toltén.
Ellas recibieron las escrituras qué las colocan como propietarias de las viviendas, pero el artículo 87 de la ley 17.072 y el artículo 115 de la ley 17.271 no les son aplicables. Se trata, simplemente, de que las facilidades que da la ley sean aprovechadas por estas personas.
Por lo tanto, señor Presidente, por la justicia que este proyecto involucra, los Diputados nacionales vamos a votarlo favorablemente.
Nada más, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará en general.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, se declara reglamentariamente aprobado en particular.
Despachado el proyecto.

7.- SUPRESION DE LA REAJUSTABÍLIDAD DE DETERMINADAS DEUDAS HABITACIONALES
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Corresponde despachar, a continuación, el proyecto que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales.
Cada Comité y el señor Diputado informante disponen de hasta 10 minutos.
Diputado informante es el señor Millas.
-El proyecto, impreso en el boletín N° 642-71-2, es el siguiente:
Artículo 1º.- Suprímese la reajustabilidad establecida en el artículo 68 del D.F.L. Nº 2, de 1959, y en el artículo 55 de la ley Nº 16.391, respecto de las deudas que provengan de los siguientes actos:
a) Préstamos que se otorguen por la Corporación de la Vivienda, por la Corporación de Servicios Habitacionales y por las Instituciones de Previsión Social, para la construcción, reparación, ampliación, saneamiento o adquisición de viviendas cuya superficie útil inicial no sea superior, en total, a 80 metros cuadrados;
b) Préstamos que se otorguen por las mismas Corporaciones e Instituciones de Previsión Social y por la Corporación de Obras Urbanas, para la adquisición y/o urbanización de sitios destinados exclusivamente a fines habitacionales; y
c) Saldos de precio provenientes de ventas de sitios destinados exclusivamente a finés habitacionales, y de viviendas de una superficie útil inicial no superior a 80 metros cuadrados, que efectúen las mismas Corporaciones e Instituciones de Previsión Social.
La superficie máxima inicial, señalada en las letras a) y c) precedentes, será de 100 metros cuadrados en las provincias de Maule al sur.
Artículo 2º.- El Presidente de la República quedará facultado especialmente para establecer en el reglamento de la presente ley, una o más veces, los sistemas de amortización y servicio de las deudas a que se refiere el artículo anterior, pudiendo fijar plazos, intereses, bonificaciones, subvenciones, condonaciones, premios y demás modalidades a que se sujetarán los actos y contratos respectivos. Las cuotas o dividendos mensuales para el pago de los préstamos o de los saldos de precios no podrán exceder del 10 % de la renta del grupo familiar del deudor, debiendo establecerse en el reglamento la forma que determinase dicha renta.
Artículo 3º.- Las deudas existentes a la fecha de la publicación de la presente ley, provenientes de los mismos actos a que se refiere el artículo 1º, gozarán del beneficio que éste establece, y no regirán a su respecto las limitaciones de superficie edificada que señala dicha disposición. En el servicio de estas deudas no podrá aplicarse reajuste alguno con posterioridad al 4 de noviembre de 1970, y tales deudas se  sujetarán, en lo demás, a lo prescrito  en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables: a los deudores propietarios de otra vivienda urbana y a los que no habiten en la por ellos adquirida o construida con préstamos otorgados por las entidades a que se refiere la letra a) del artículo 1º; a los créditos a corto plazo que otorga la Corporación de la Vivienda; a los saldos de precios provenientes de las ventas de locales comerciales efectuadas por la Corporación de la Vivienda, la Corporación de Servicios Habitacionales y la Corporación de Mejoramiento Urbano; a los saldos de precios provenientes de la venta de terrenos de las Instituciones de Previsión Social a personas que no sean imponentes suyos, o que siéndolo, los hayan adquirido para otro fin que no sea la construcción de su propia y única vivienda para ser edificada por intermedio de alguna de las instituciones señaladas en la letra a) del artículo 1º; a los préstamos derivados de convenios de ahorro y préstamo concedidos por las Corporaciones de la Vivienda y Servicios Habitacionales relativos a viviendas cuya superficie útil inicial exceda de 80 metros cuadrados, y a los saldos de precios provenientes de las ventas de viviendas que efectúe o haya, efectuado la Corporación de Mejoramiento Urbano en la ejecución de planes de remodelación urbana cuando el Presidente de la República no las haya eximido expresamente del régimen de reajustabilidad.
El Presidente de la República podrá conceder la exención total o parcial de la reajustabilidad a los préstamos que las Instituciones y Servicios de la Vivienda concedan para fines de equipamiento comunitario.
Artículo 5º.- Derógase el artículo 12 de la ley Nº 17.332, de 27 de agosto de 1970.
Artículo 6º.- Los préstamos que hayan otorgado u otorguen las Asociaciones de Ahorro y Préstamos mantendrán el sistema de reajustabilidad a que se refiere el Título V de la ley Nº 16.807, cuyo texto fue fijado por el Decreto Supremo Nº 231, de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 20 de julio de 1968..
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Millas.
El señor MILLAS.- Señor Presidente, la Comisión de la Vivienda y Urbanismo aprobó por unanimidad este proyecto de ley, a base de un mensaje del Ejecutivo.
Junto con hacerlo, solicitó a la Cámara lo que la Corporación ha aprobado, que se puedan formular indicaciones a este proyecto, las cuales sean renovables de acuerdo con el Reglamento, hasta el momento en que sea procedente presentarlas para el segundo informe en la Comisión. Esto obedece al propósito de estudiar detenidamente algunas modalidades, algunos aspectos del proyecto. Hubo observaciones de diversos miembros de la Comisión respecto de detalles, de consideraciones, que es indudable que tienen que estudiarse detenidamente en Comisión, porque este texto va a pasar a ser la ley en relación al régimen de pago para la generalidad de las deudas habitacionales del sector público, tanto de las que corresponden a contratos de compraventa, a base de las asignaciones correspondientes, de parte de la Corporación de Servicios Habitacionales, como de parte de las cajas de previsión en relación con sus imponentes.
El espíritu de este proyecto es, fundamentalmente, el de que, dentro del cuerpo de medidas que orgánicamente tienden a detener definitivamente el proceso inflacionario que tanto tiempo asoló a nuestro país, no puede faltar el que, al detenerse el proceso inflacionario, se tenga estabilidad en relación a las deudas y a los dividendos habitacionales.
Diversos sectores de asignatarios de viviendas de cajas de previsión, particularmente los del Servicio de Seguro Social, a través de su Asociación de   Pobladores del Servicio de Seguro Social, que agrupa nacionalmente a las juntas de vecinos de poblaciones surgidas a base de construcciones hechas por esa caja de previsión por intermedio de la CORVI y, además, de poblaciones asignadas anteriormente por la Corporación de la Vivienda y actualmente por la Corporación de Servicios Habitacionales, han demandado, en múltiples oportunidades, la modificación del anterior sistema de reajustabilidad. El que la reajustabilidad no opere en los momentos en que se produce el reajuste de sueldos y salarios, que generalmente es el 1º de enero y, según convenio para trabajadores, en otras épocas del año, ha hecho que, al producirse la reajustabilidad del dividendo habitacional, gran parte de los trabajadores que tienen estas viviendas se atrasen en el pago y que, acumulándose tales deudas, se hayan establecido, en los hechos, un sistema de muy poco porcentaje, de muy bajo porcentaje de pago puntual de los dividendos y de atraso considerable en relación a ellos.
Se quiere que, existiendo un dividendo y una deuda estables, haya a la vez, estímulos, con el objeto de que se apresure el pago y se pueda llegar a modalidades mejores, incluso, en el pago del dividendo, voluntariamente, en convenios y de acuerdo con un sistema que sea favorable para los asignatarios. Para esto se otorgan facultades en el proyecto, para un procedimiento flexible de esta especie.
Sobre todo ello, señor Presidente, hay el interés de la Comisión en considerar detenidamente y perfeccionar el proyecto, en poder proponer cada una de las disposiciones que en él vienen con pleno convencimiento de todos los sectores que participan. Puedo decir que ha habido unanimidad, con participación de todos los sectores de la Cámara, en proponer la aprobación general del proyecto. Se estima que es necesaria una nueva legislación sobre esta materia. Habiendo planteado esto el propio Gobierno, ha habido buena voluntad para la aprobación en general del proyecto, reservándose cada sector el derecho a estudiarlo en particular.
Puedo agregar que anteriormente la Comisión de la Vivienda de esta Cámara había aprobado un proyecto en el mismo sentido, hace ya dos años, y que era una aspiración muy sentida, planteada en el programa de los partidos que hoy constituyen Gobierno, la de que se produjera esta innovación fundamental, de que terminara la reajustabilidad de las deudas y de los dividendos habitacionales en la conciencia de que tal reajustabilidad, de hecho, se había tornado en uno de los factores que formaba parte de la máquina de incremento del proceso inflacionario, a pesar de que había surgido como consecuencia de tal proceso inflacionario.
Por eso, señor Presidente, con mucha satisfacción, nosotros aprobamos esta iniciativa del Gobierno. En cuanto Diputado informante, quiero reiterar que la aprobación en general significa, de parte de la Comisión el compromiso de un estudio muy detenido de sus disposiciones en particular, para lo cual se han solicitado amplios informes, porque se desea que ésta sea una legislación que no requiera después sucesivas modificaciones, sino que establezca un régimen definitivo sobre esta materia.
He dicho, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Monares.
El señor MONARES.- Señor Presidente, tal como señalara el Diputado informante, en el día de ayer, en una sola sesión, la Comisión de la Vivienda conoció este proyecto del Ejecutivo, que tiene como propósito central eliminar la reajustabilidad que se aplica actualmente a los deudores hipotecarios de la CORVI y establecer un nuevo sistema.
En aquella oportunidad, hicimos presente que, por la premura del tiempo y solamente con el propósito de dar cumplimiento al Reglamento, los parlamentarios de la Democracia Cristiana concurríamos con nuestros votos en la discusión en general. Por consiguiente, en este momento nosotros vamos a aprobar la idea, que nos parece aceptable, por muchas razones; pero vamos a dejar también en pie nuestra reserva en relación con cada una de las disposiciones del proyecto en particular, por cuanto estimamos que ellas deben ser estudiadas con mayor detalle.
Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto que tiene, fundamentalmente, el propósito de aliviar el pago de los dividendos de aquellos favorecidos con un préstamo hipotecario CORVI. Deroga este proyecto las disposiciones actuales que, a partir del D.F.L. Nº 2, del año 1959, establecieron un sistema de reajustabilidad.
Contribuimos conscientemente a aprobar una legislación de esta naturaleza, sabiendo que, en el fondo, significa que el Estado va a concurrir con recursos del Presupuesto Nacional, de toda la comunidad, a bonificar las viviendas que van a recibir los asignatarios de la CORVI; puesto que, al no establecerse régimen de reajustabilidad y supuesto el caso, que no es aventurado, de que se mantenga, aunque sea controlado, el proceso inflacionista en nuestro país, ello va a significar, en definitiva, que los favorecidos con estos préstamos van a estar pagando un dividendo que cada año va a ser menor en relación con el alza del costo de la vida. Se han realizado algunos estudios que, por ejemplo, señalan que por una vivienda que se paga en un plazo de veinte años y con un determinado interés, supuesto un determinado porcentaje de inflación, en veinte años solamente se paga, como valor real, poco más allá del 10% del valor de reposición de la vivienda. Esto significa que si existe un determinado presupuesto destinado a inversión en viviendas en el país, como no se va a pagar dividendo reajustable, al término de veinte años, con ese mismo capital, con ese mismo presupuesto, solamente va a ser posible construir la décima parte de viviendas o, dicho de otra manera, se va a necesitar un presupuesto diez veces superior para realizar el mismo número de construcciones.
Por eso, señor Presidente, estimamos que no es tan simple y sencillo plantear una fórmula de esta naturaleza, por cuanto aquí hay un costo social del que el Estado se va a hacer cargo. Hemos solicitado en la Comisión que el Ministerio de la Vivienda, a través de sus oficinas técnicas, prepare un estudio para determinar, aproximadamente, cuál es el valor, cuál es el costo social que el Estado va a tener que cargar a su cuenta para eliminar, en definitiva, este sistema de reajustabilidad. Nos parece conveniente tenerlo a mano, porque, como el problema habitacional en Chile no ha sido totalmente superado, pese a los esfuerzos de los últimos Gobiernos, creemos que los chilenos que van a ser favorecidos con una vivienda deben saber exactamente lo que al país le va a costar este sistema especial que se va a empezar a aplicar.
En segundo lugar, quisiéramos señalar que el proyecto, a nuestro juicio, merece algunas observaciones. Quisiéramos decir, por ejemplo, que en el artículo 2º se entrega una facultad amplia al Presidente de la República para fijar el nuevo sistema que se va a aplicar una vez que se elimine la reajustabilidad.
Pensamos, señor Presidente, que me- mediante esa facultad que el artículo 2º también señala, de modificar los sistemas las veces que el propio Presidente de la República estime conveniente, esto quedará sujeto a que, en definitiva, las condiciones puedan ser modificadas no diré todos los meses, pero con mucha frecuencia. Quisiéramos presentar algunas indicaciones en la Comisión para tratar de que esta facultad, que entendemos que el
Presidente de la República debe tener, porque se trata de aplicar un sistema que, administrativamente, resulta bastante engorroso, se ejerza a través de normas fijas y permanentes cada vez que el Ministerio de la Vivienda o los organismos técnicos estimen necesario cambiar estos si- temas.
En segundo lugar, en el mismo artículo 2º se señala que los favorecidos con los préstamos hipotecarios pagarán solamente el 10% de la renta del grupo familiar. Esta materia se ha discutido ampliamente, no solamente en el Congreso, sino también en los propios organismos técnicos de la vivienda y es una idea que, en cierta manera, ha sido recogida por otras legislaciones, por cuanto hasta el momento existe una disposición que limita al 20% el monto de la renta familiar que puede ser destinado a pagar el dividendo hipotecario. Pero han surgido problemas, por cuanto la diferencia que existe entre este 20% de ,1a renta familiar y el dividendo que fija CORHABIT en realidad, debe ser también cargado a cuenta del Estado, ya que hasta el momento no se ha dispuesto de los fondos necesarios en el Presupuesto del Ministerio de la Vivienda para hacer aplicable una disposición de esta naturaleza. Por consiguiente, aquí, además de la reajustabilidad, existe el problema de que el Estado deberá hacerse cargo, también, de esa diferencia para cubrir este 10% que se propone ahora con el dividendo que le correspondería pagar realmente al asignatario CORVI.
Señor Presidente, nos parece que el Reglamento sobre la materia no debería determinar, a nuestro juicio, lo que se entiende por renta de un grupo familiar. Entendemos que hay suficiente legislación sobre esta materia; está definido en la ley lo que se entiende por renta familiar.
Lo que podría determinarse son otras materias, especialmente relacionadas con procedimientos y maneras de operar para que los favorecidos puedan acogerse a esta disposición, por cuanto, cada vez que vaya a operar la renta familiar, va a ser necesario presentar los certificados correspondientes a la Corporación de Servicios Habitacionales, todo lo cual va a significar un trámite burocrático y administrativo bastante engorroso. Estimamos que estas normas sí deben tener la suficiente ductilidad como para que el Presidente de la República las vaya cambiando, modificando de acuerdo con lo que la práctica vaya señalando. Pero estimamos que la propia ley debe señalar lo que se entiende por renta del grupo familiar.
Quisiéramos destacar también la inquietud que se mencionó en la Comisión en cuanto a que en el artículo 4º no aparece claramente señalada la situación especial que se va a presentar a los deudores de la CORMU. Como se sabe, CORMU actualmente construye y vende. Puede vender por intermedio de asociaciones de ahorro y préstamos, pero también puede vender por intermedio de préstamos que se otorgan directamente. Estimamos que, si se trata de préstamos que se entregan directamente o a través de otros organismos del Ministerio de la Vivienda, como la propia Corporación de Servicios Habitacionales, tales préstamos no deberían estar sujetos al régimen de reajustabilidad, y esta materia nos parece que debe quedar claramente señalada en la ley y no debe ser una facultad que se entregue al Presidente de la República. Es decir, debemos señalar en la ley cuáles van a ser los préstamos otorgados por organismos de la vivienda -aun cuando no sean entregados por CORMU- que van a estar sujetos al sistema de reajustabilidad.
Además, en el artículo 4º, inciso último, se señala que el Presidente de la República tendrá la facultad de conceder una exención parcial o total de la reajustabilidad, o sea eliminar definitivamente la reajustabilidad, a los préstamos otorgados para equipamiento comunitario. Creemos, señor Presidente, que sobre esta materia se debe ser más explícito y señalar que los equipamientos comunitarios que se entreguen tampoco deberán estar sujetos a la reajustabilidad. Creemos que las mismas razones que se aplican a los pobladores y dueños de las viviendas debieran aplicarse al conjunto de ellas, es decir, la población en su totalidad. Por consiguiente, estos equipamientos comunitarios tampoco deben estar sujetos a la reajustabilidad. Formularemos indicación sobre la materia.
Quisiera señalar, por último, algunas materias que el proyecto no recoge y que fueron planteadas en la Comisión.
Termino en medio minuto, señor Presidente.
Nos preocupa la situación que va a afectar a los trabajadores de la Gran Minería del Cobre, que están recibiendo casas a través de un convenio especial de las empresas con la CORVI.
No se señala en el proyecto si estas viviendas van a estar también sujetas al nuevo sistema de eliminación de la reajustabilidad. Entendemos que ese es el espíritu y el propósito. Como no está señalado en el proyecto, haremos indicación en la Comisión, con el objeto de extender también esta eliminación de la reajustabilidad a las viviendas otorgadas en estos préstamos especiales a través de convenios de las sociedades mixtas con la CORVI.
Nada más, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra la señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en realidad, hemos recibido este proyecto con alegría, por haberse suscitado continuamente discusiones entre los pobladores y también entre los imponentes del Servicio de Seguro Social por el monto de los dividendos que, en la práctica, muchas veces no corresponden a lo que ellos reciben como salario o como pensión de jubilación o montepío.
-Nos parece que este proyecto viene a solucionar una grave situación. Desde hace tiempo, nosotros hemos venido estudiando esto, y yo recuerdo haber presentado indicaciones en proyectos de reajustes para que, por lo menos, las montepiadas y los jubilados no pagaran nada más que el 10% de su pensión, porque era absurdo que gente que recibía una pensión de 300 ó 600 escudos, tuviera que pagar, a veces, dividendos de 80 ó 100 escudos.
A mí me parece que los Diputados de la Democracia Cristiana deben ser, en realidad, los que se sientan más impulsados a apoyar este proyecto, porque ellos, antes de la elección del señor Frei en el año 64, más o menos, en el mes de junio o julio, presentaron una iniciativa en este sentido. No se me va a borrar nunca del recuerdo un folleto que repartieron entonces, donde salía una casita y decía: No más dividendos reajustables. La gente, en esa oportunidad, apoyó ampliamente a la Democracia Cristiana, porque todos pensaron que, por fin, el Gobierno del señor Frei iba a derogar esa reajustabilidad. Desgraciadamente, una vez efectuada la elección, ese proyecto no prosperó, no se discutió. Yo recuerdo que nosotros pedimos que se sacara a luz nuevamente en la Comisión de la Vivienda y, cuando quisimos discutirlo en esa oportunidad, se pidió que lo informara el Ministerio de la Vivienda. Así pasaron de nuevo meses, meses y meses, y no se llegó a ese informe. 
Por eso yo creo que en este momento ellos deben apoyar el proyecto que nosotros hemos presentado por considerarlo de suma justicia, ya que legisla sobre algo que la Democracia Cristiana usó como bandera en esa elección. En aquella oportunidad, ellos iniciaron el proyecto, pero no siguieron adelante con él y me parece que la gente se sintió bastante frustrada, porque no continuaron con lo que prometieron. Así es que creo que ahora vamos a tener el apoyo justamente de estos Diputados. Recuerdo que eran cinco los Diputados que firmaban ese proyecto. Por otra parte, estar sacando tantas cuentas de lo que el Ministerio puede perder, de cuánto van a costar las futuras casas, en fin, me parece uña preocupación excesiva, porque creo que la vivienda es una función social y que a la gente de escasos recursos hay que darle todos los medios necesarios para que pueda llegar a tener su vivienda. No voy a decir que se les regale una vivienda, pero que, por lo menos, ellos puedan pagar esa vivienda de acuerdo con sus entradas.
Ahora, respecto de la bonificación que se hacía para que pagaran nada más que el 20% de su entrada familiar, fue siempre inaplicable, no porque el Ministerio no tuviera los fondos necesarios, sino porque se estableció, además, que esa vivienda sólo podía tener hasta cierto valor. Primero, creo que era de hasta siete vitales, después se subió hasta catorce, lo que era absurdo, porque, si se calcula ese monto, no hay ninguna casa de ese valor. Todas las viviendas que se han construido en los últimos años valen sobre 30, 40 ó 50 mil escudos. Por lo tanto, eso de que pagaran el 20% era nada más que un volador de luces, porque no alcanzaba para ninguna vivienda y, en consecuencia, no se podía aplicar esta disposición, que era muy beneficiosa nada más que en el papel, pero en la práctica no resultaba.
Creo, señor Presidente, que por fin vamos a legislar verdaderamente en beneficio de la gente que tiene menos recursos, que ha vivido agobiada con estos dividendos y que, por último, tiene derecho a su vivienda porque es una función social. Estamos muy satisfechos de que haya llegado este proyecto, y esperamos que todos lo apoyen para que sea ley.
Nada más.
El señor AMUNATEGUI.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AMUNATEGUI.- Señor Presidente, dentro de la Comisión, como lo han aseverado el señor Millas y el señor Monares, hubo unanimidad para considerar este proyecto, por estimar que obedecía a un principio de justicia. Los nacionales también concurrimos con nuestros votos a su aprobación y así lo habremos de hacer hasta su despacho.
Indudablemente, como lo ha dicho el señor Millas, el proyecto era complicado y requería un mayor estudio, porque, por apurarse para solucionar este problema que es de justicia, se podría llegar a destruir el sistema habitacional que rige. Además, consideramos justo analizar el problema que se presenta a la gente de escasos recursos para poder cubrir sus obligaciones, cuando éstas se van incrementando por una reajustabilidad que hace, a veces, imposible cumplir los compromisos.
De manera que, con lo expresado por el señor Millas y el señor Monares, yo creo que basta y sobra para comprender que este es un proyecto interesante, justo y que, además, requiere un mayor estudio, al cual concurriremos los nacionales con el mayor agrado, para que sea aprobada una ley que solucione todos los problemas que se han planteado aquí.
Nada más, señor Presidente.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presiden-, te, yo me referí al proyecto como Diputado informante. Quisiera agregar algunas breves palabras, en nombre de los Diputados comunistas, y recoger, en primer lugar, aquello a que se refería el colega señor Monares en nombre de la Democracia Cristiana, en cuanto a la conveniencia de la indicación para establecer el cogto que podría significar en bonificaciones, etcétera, el proyecto. Sobre esto, los Diputados comunistas y, en general, los de la Unidad Popular, estamos conscientes de que no hay un problema de esta especie, porque la estructura misma del proyecto no lo plantea.
Por eso, al estudiar ayer con el señor Secretario de la Comisión qué artículo podía yo, como Presidente de la Comisión, indicar para que lo tratara la Comisión de Hacienda, no lo encontramos; porque no se establece un sistema de bonificación con cargo a la caja fiscal, sino que se establece un sistema único en relación a organismos como la Corporación de Servicios Habitacionales o como las Cajas de Previsión, que, en la actualidad, están recogiendo muy poco dinero por pago de dividendos. Se ha llegado a una situación de crisis tremenda, debido a que el sistema de reajustabilidad, los sistemas inflexibles de la legislación vigente, han hecho que, en la práctica, se acumulen sobre todos deudas, y no dinero, que significaría aportes por divídenos al Fondo Habitacional. Por lo cual, lo que se quiere es que el Fondo Habitacional funcione en otra forma que, aunque aparentemente implique una supuesta descapitalización de él, de hecho, estamos convencidos de que va a significar que se reciba más dinero, porque, en vez de ir acumulando deudas y deudas de los asignatarios de viviendas, se va a recibir el pago concreto de dividendos. Esta modalidad de dividendos sin reajustabilidad, por lo demás, está vinculada al término del proceso inflacionario, como indicaba en mi anterior intervención, a toda una política orgánica que, desde muy diversos ángulos, está atacando al flagelo de la inflación. Entonces, con estabilidad monetaria en el país, teniendo estabilidad la deuda habitacional y el dividendo, se concibe que haya bonificaciones y estímulos que pueden surgir del propio Fondo Habitacional.
Por eso, el proyecto no dice expresamente que esto sea con cargo al presupuesto fiscal, sistema que ha producido, en relación a los límites actuales y a las bonificaciones actuales, lo que indicaba el señor Moneras: que como no se contemplaban en los presupuestos sumas suficientes para bonificaciones, ellas resultaban simplemente aleatorias y eran una mera ilusión y, por lo tanto, no le daban flexibilidad al sistema.
Los Diputados comunistas estamos abiertos, señor Presidente, estamos conscientes de que es indispensable la perfección del proyecto; de que él, como indicaba en mi anterior intervención, debe ser lo más preciso que corresponda; de la necesidad, de que sus disposiciones se aprueben con el aporte de todos los sectores parlamentarios, con el objeto de que esta iniciativa sea una legislación muy seria sobre la materia.
En todo caso, consideramos que, en lo fundamental, este proyecto atiende una gran reivindicación de toda la inmensa cantidad de familias que han recibido viviendas y que, por el sistema actual, a través de los mecanismos habitacionales y de los fondos de vivienda, de las Cajas de Previsión, sienten la angustia de no haber podido pagar oportunamente sus dividendos, lo que les crea situaciones difíciles que ponen en peligro ese techo conquistado después de una larga espera, de una gran inquietud y, muchas veces a través de esfuerzos y de lucha.
Es constante, señor Presidente observar en las poblaciones el hecho de que las viudas no reciban los beneficios del seguro de desgravamen, porque lo usual y lo normal ha pasado a ser aquello que debiera ser sólo muy excepcional: que estén atrasados los dividendos, que se hayan vencido los plazos y que el seguro de desgravamen no pueda regir. Otro tanto ocurre con el seguro de incendio, cada vez que hay alguna catástrofe que afecta a un hogar de trabajadores en una población de los servicios habitacionales o de las cajas de previsión. Hay que terminar con ello. Y estimamos los parlamentarios comunistas que significa un extraordinario paso adelante el que se establezca en nuestra legislación una modalidad más flexible que dé estabilidad a, la deuda habitacional y a los derechos de la familia que adquiere una vivienda.
He dicho.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Fuentealba, don Clemente.
El señor FUENTEALBA (don Clemente).- Señor Presidente, una de las cosas que ha tenido en vista el programa de la Unidad Popular es, precisamente, solucionar los problemas que afligen a las clases de bajos ingresos; como, por ejemplo, los del alza del costo de la vida, de la cesantía y de la vivienda. Y, evidentemente, esto necesita disponer de algún tiempo. No puede creerse que en cortos meses esto va a ser solucionado totalmente. Estas son las metas finales del programa de la Unidad Popular. Pero mientras tanto, habrá que ir tomando algunas, medidas intermedias que tiendan efectivamente a aliviar este problema de la vivienda en las clases de bajos ingresos. En tanto se puede detener la, inflación, es evidente que esta medida que se está tomando, mediante este proyecto de ley que termina con la reajustabilidad de los dividendos de varias viviendas, es una cosa que merece la atención de los diferentes sectores de la Cámara de Diputados.
Se habla aquí del costo social que tendría este proyecto al ser puesto en práctica. Indudablemente, esto es de, consideración e importancia; pero, de la misma manera como se ha invertido en otros beneficios, como es el caso, aunque nada tiene que ver con esto, el gravamen, del drawback o bonificación que reciben los exportadores, también el Gobierno tiene que preocuparse de este problema que aflige a los que tienen una vivienda CORVI al que tiene una vivienda de bajo valor.
El proyecto, que suprime la reajustabilidad de determinadas deudas habitacionales es de todo punto de vista justo, y merece la aprobación, de todos los sectores, porque se trata solamente de las viviendas cuya superficie útil inicial no sea superior, en total, a los 80 metros cuadrados.
Además, establece también la supresión, de la reajustabilidad de los préstamos que se otorguen por las mismas corporaciones e instituciones de previsión social o por la Corporación de Obras Urbanas, para la adquisición y urbanización de sitios destinados exclusivamente a fines habitacionales. También determina que el saldo de precio proveniente de ventas de sitios destinados exclusivamente a fines habitacionales y de viviendas de una superficie útil inicial no superior a 80 metros cuadrados está afecta a esta supresión de la reajustabilidad.
Creemos que es justo este proyecto, porque, indudablemente, está bien estudiado. Desde Maule al sur, esta superficie de 80 metros cuadrados se sube a 100. Es evidente que en esa zona, por los rigores del invierno, las viviendas tienen que ser superiores en superficie, pues la gente de bajos Ingresos debe vivir bajo techo durante la mayor parte del tiempo.
Nosotros estimamos que este proyecto merece la atención de todos los sectores de la Cámara. Por eso, los Diputados radicales vamos a votarlo con todo gusto a favor, como lo hicimos en la Comisión.
El señor IBAÑEZ (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala se aprobará.
Aprobado.
Pasará a Comisión para su segundo informe.

INCIDENTES

8.- DEFICIENCIAS DEL HOSPITAL DE RAN- CAGUA (O'HIGGINS).-OFICIO
El señor IBAÑEZ (Presidente).- En conformidad con el artículo 187 del Reglamento, corresponde entrar en la Hora de Incidentes.
El primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor TUDELA.- Pido la palabra.
El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUDELA.-Señor Presidente, desde hace mucho tiempo, existen graves deficiencias en el Hospital de Rancagua, que se arrastran desde la época en que fue inaugurado el nuevo Hospital Regional de esa ciudad, allá por el año 1965.
Con mucha insistencia, los médicos del Hospital han estado señalando estas deficiencias de un establecimiento que, por su importancia en la zona, debería merecer una preferente atención de las autoridades de la Salud.
Como ex funcionario del Servicio, traté en la pasada administración de cooperar en la solución de las inquietudes de los médicos y de su personal; en muchas oportunidades planteé este problema al ex Director, doctor Patricio Silva, y al propio Ministro de Salud, Profesor Valdivieso. Sin embargo, las deficiencias han continuado y últimamente se han agudizado, lo que tiene a la población de la ciudad y de los pueblos vecinos muy alarmados. En el diario El Rancaguino, el Consejo Regional de Rancagua del Colegio Médico ha estimado conveniente dar a conocer a la opinión pública la gravedad de uno de los problemas que afecta al hospital. Esta publicación consta de 5 puntos, que me permito solicitar se inserten para que ella sea conocida por el señor Ministro de Salud, a quien pido se transcriba el texto de mis observaciones.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor TUDELA.- Pido que se inserte con mis observaciones, esa publicación.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- En el instante en que haya quorum en la Sala, se solicitará que se inserte la publicación que ha indicado en señor Tudela.
Puede continuar, el señor Tudela.
El señor TUDELA.- Encuentro atinada la resolución del Consejo Médico de dar a conocer públicamente esta emergencia, pues es sabido que la comunidad habitualmente, ante la demanda de salud y al comprobar deficiencias, culpa a los médicos o al personal del hospital de estas anomalías, en circunstancias que se han estado denunciando reiteradamente a los organismos a los cuales corresponde solucionarlas.
Es de esperar que al conocer el texto de la publicación de los médicos de Rancagua y las observaciones que estoy haciendo en esta Honorable Corporación, el señor Ministro de Salud Pública y las autoridades de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud tomen las medidas necesarias para reparar de inmediato estas deficiencias, que atentan directamente contra las personas, en su mayoría muy modestas, que acuden al Hospital de Rancagua, esperanzadas en recuperar su salud o la de sus familiares.
Posteriormente la Cámara acordó insertar las publicaciones a que se refirió el señor Tudela. Son las siguientes:

Faltan médicos especialistas; serio problema en Rancagua
De no encararse con rapidez y decisión los problemas de salud, por parte de las autoridades, a muy corto plazo la situación será francamente caótica.
Una señora nos llama para informarnos que pidió hora para ser atendida por el médico oftalmólogo (oculista), informándosele que no podría atenderla hasta julio, debido a que todas las horas estaban completas.
Es evidente que una persona que concurre donde un médico es porque lo necesita en el acto, y no puede esperar cuatro meses para una atención que es extremadamente delicada.
La situación que se plantea en Rancagua sobre el caso del oculista, es que hay un solo médico de la citada especialidad, en una ciudad que sobrepasa los 120 mil habitantes, agregándose el hecho de que en todos los hospitales de la provincia tampoco existen médicos de esa especialidad, lo que significa que todos los enfermos de comunas también tienen que llegar obligadamente a Rancagua.
El problema debe ser encarado con rapidez por las autoridades de Gobierno y en especial por las del Servicio Nacional de Salud.

Grave emergencia médica en Hospital de Rancagua
Una grave emergencia por falta de médicos en el Servicio de Urgencia, está viviendo el Hospital de Rancagua.
Al respecto, el Consejo Regional del Colegio Médico nos hizo entrega al mediodía de hoy de la siguiente declaración oficial, que explica la gravedad del problema:

A la opinión pública:
El Consejo Regional Rancagua del Colegio Médico de Chile, en forma responsable, se siente en la obligación de exponer a la opinión pública la extrema gravedad de la situación en que se encuentra nuestro Servicio de Urgencia, debido a que las autoridades del Servicio Nacional de Salud no han dado oportuna solución a las peticiones reiteradamente puestas en su conocimiento por todas las vías legales. La falta, especialmente de elementos médicos, ha dejado en grave peligro a la zona, ya que hay turnos sin respaldo profesional.
Los hechos son los siguientes:
1.- El Servicio de Urgencia, desde su creación en carácter de Asistencia Pública, ha funcionado con un solo médico de turno para la atención externa e interna de adultos, y en etapa más reciente con la ayuda de un pediatra en noches y festivos. Esta dotación médica no permite ni en forma mínima atender la demanda de una zona de 500.000 personas. En realidad, habiendo solamente un médico de turno, el solo hecho de que este profesional deba efectuar una operación prolongada, deja igualmente a esta zona prácticamente sin médico.
2.-Desde el 26 de marzo reciente, por razones legales, ha quedado con 2 de sus 6 turnos sin médico; vale decir, 2 noches por semana y 2 turnos desguarnecidos en el día.
3.- Esta situación da origen en los días de Semana Santa próxima, al hecho de que no están cubiertos los turnos nocturnos del viernes 9 y sábado. 10, y los días sábado 10 y domingo 11 desde las 9 a 21 horas, vale decir, la población quedarían sin atención de urgencia durante 48 horas ininterrumpidas.
4.- El Consejo Regional Rancagua del Colegio Médico de Chile, ante la extrema gravedad de la situación producida y no habiendo logrado el Servicio Nacional de Salud solución mínima satisfactoria del problema, decidió poner en conocimiento de la comunidad esta gravísima emergencia, al mismo tiempo que ha adoptado de inmediato medidas conducentes a intervenir ante las autoridades locales y la Dirección General del Servicio Nacional de Salud para encontrar una solución a la brevedad posible.
5.- La dotación adecuada que se persigue desde hace 6 años es la de 4 médicos por turno, a saber: un cirujano jefe, un cirujano segundo, un internista y un pediatra por turno, equipo indispensable para responder a la real demanda de enfermos en un Hospital Regional, base de 2 provincias, tomando como índice alguno de los 8 Servicio A. P. de Santiago.
Este Consejo Regional no puede aceptar que se silencie por más tiempo ante la comunidad un problema de esta magnitud, hecho por el cual ha acordado en reunión de Asamblea General de los Colegiados del Hospital de Rancagua, poner en conocimiento de estos hechos a la población, y como medida de emergencia transitoria, destinada a evitar un brusco y total abandono de los enfermos, decidió establecer turnos de 3 médicos cada uno, sólo durante los días de Semana Santa, cubiertos en forma voluntaria y gratuita.
Es nuestro deber, al mismo tiempo que informar estos hechos, solicitar la cooperación de quienes se interesen en la comunidad por colaborar con el Colegio Médico en la solución de este problema y señalar enfáticamente que las medidas de emergencia que se han dispuesto tienen carácter absolutamente transitorio en espera de que las autoridades de Salud otorguen a la mayor gravedad la solución definitiva de la atención de Urgencia en el Hospital de Rancagua, ya que nuestra ciudad, además de merecer calificación de tal, debe contar con los recursos que dicho concepto supone.
Colegio Regional Rancagua Colegio Médico de Chile

9.-AUMENTO DEL NUMERO DE VIVIENDAS DE LA CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES EN RANCAGUA (O'HIGGINS).-OFICIO
El señor TUDELA.- Señor Presidente, en el artículo 183 de la ley Nº 16.840, que fue publicada en el Diario Oficial del 24 de mayo de 1968, se facultó a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para asignar 50 viviendas de la población Parque Koke de Rancagua, a los imponentes empleados particulares del Sindicato de Empleados de Industria y Comercio que cumplieren los requisitos que exige la Caja para asignar viviendas.
En su oportunidad, fueron asignadas estas cincuenta viviendas. Ahora, la institución de previsión está ampliando la mencionada población Parque Koke, y otra más, en Rancagua, que se denomina El Manzanar. Pues bien, en aquella oportunidad en que los empleados particulares pidieron acogerse al beneficio de esta ley, quedó un grupo de veinte postulantes, empleados de comercio, que no pudieron lograr este beneficio.
Como actualmente se está ampliando esta población, y hemos sabido que se están asignando, por intermedio de la Caja, las nuevas casas a empleados particulares hemos presentado con el colega Monares una moción en la Comisión de la Vivienda, con el objeto de favorecer a esos veinte postulantes que en la vez anterior no pudieron acogerse a los beneficios de esta excepcional ley. Espero que, una vez presentado el proyecto de ley, tenga una resolución positiva,, para favorecer a estos veinte postulantes con los beneficios de dicha ley.
En mérito de estas razones, pido que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo, para que, por ,su intermedio, se pida al Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que atrase un poco la asignación de las viviendas de esta ampliación, con el objeto de que alcancen a participar los empleados de comercia de Rancagua que, como se ha expresado, en veinte, en esta nueva asignación que se hará por intermedio de la agencia local de la Caja de Previsión de Empleados Particulares de Rancagua.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro del Trabajo.
El señor TUDELA.- Muchas gracias, señor Presidente.

10.- PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESTATIZACION DE LA COMPAÑIA DE ACERO DEL PACIFICO.-OFICIO
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
El señor MOSQUERA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.- Señor Presidente en la última campaña presidencial, dos de los programas eran coincidentes en varios puntos. Uno de esos puntos se refiere al problema de la estatización de algunas empresas o centros de producción para beneficio del país.
Su Excelencia el Presidente de la República, señor Salvador Allende, a través del Presidente de la Compañía de Acero del 
Pacífico, comunicó al país y a los trabajadores que sería estatizada esa empresa, en diciembre del año pasado. Después continuó con la situación de la empresa de Algarrobo y de otras de la gran minería del hierro.
Estamos en antecedentes de que, dentro de pocos días, serán expropiadas otras industrias que manufacturan el acero en la provincia de Concepción. Se ha dicho que tal vez, algunas de ellas operarían a través de un sistema mixto, es decir, con capitales del Estado y de particulares.
Pero me voy a referir de preferencia al problema de la Compañía de Acero del Pacífico. Reconozco que se han tomado algunas medidas, y las comparto, bastante beneficiosas para el país, y que a los trabajadores se les ha dado alguna participación mediante la designación de dos obreros como miembros del directorio de la Compañía y de un suplente.
En enero de este año, se anunció que la Compañía de Acero del Pacífico tendría, en el período presidencial del señor Allende, una capacidad de producción, en su planta de Acero de Huachipato, del orden de los tres millones de toneladas de acero; y en la semana recién pasada, el Presidente de la Compañía, el señor Matus, ha manifestado, en la prensa de la provincia, que será invertida la cantidad de 300 millones de dólares en un complejo siderúrgico para transformar esta gran industria de Chile en una de las importantes de América latina. El señor Matus ha ofrecido también un aumento de la producción y ha pedido, para ello, colaboración a los trabajadores. Personalmente, estoy de acuerdo con lo planteado, y así lo hizo ver también el Consejo Provincial de mi Partido, en Concepción, en enero del año en curso, porque estas medidas coinciden con el programa del camarada Radomiro Tomic.
Señor Presidente, con la misma responsabilidad con que apoyamos esta iniciativa, queremos que se reciban también algunas preguntas sobre algunos problemas que se están suscitando en la. Compañía de Acero del Pacífico. Desde que empezó su estatización hasta el último conflicto de los trabajadores del acero, no se ha aumentado la producción de la CAP. En estos instantes, se encuentran más de 50 mil toneladas de acero sin ser vendidas en el país. La producción del año pasada llegó a 500 mil toneladas terminadas, las que fueron vendidas en la siguiente forma: el 90% en el mercado interno, y el 4% en el mercado externo.
Nos preocupa, pues, el hecho de que la Compañía de Acero del Pacífico no haya aumentado su producción ni podido colocar la existente. La CAP ganó el año pasado, o en el período del 1° de julio del año 1969 al 30 de junio del año 1970, de acuerdo con el ejercicio económico-financiera respectivo. 11 millones de dólares, aproximadamente. Pues bien, con bastante preocupación, dada la gravedad de la situación, vemos, que la Compañía de Acero del Pacífico lleva 11 millones de dólares de pérdida hasta estos días; y según los datos estadísticos que se tienen, cerrará, al 30 de junio, con una pérdida del orden de los 14 millones de dólares. Esto, realmente, nos preocupa.
El Presidente Frei, al cumplir su mandato, dejó financiados y conseguidos los créditos en dólares para aumentar la producción a un millón doscientas mil toneladas. Con sorpresa, hemos visto que aún no se inicia la ampliación proyectada en este programa, en circunstancias que sólo faltaba colocar el aporte chileno para empezar a operar con dichos préstamos.
Cuando se dice que se llegará a los tres millones de toneladas en el período presidencial del señor Allende, ello nos preocupa, porque, a esta altura, ni siquiera se ha iniciado el programa de un millón doscientas mil toneladas que debiera estar terminado en el año 1974, dada la programación hecha por el Gobierno pasado.
Todo esto se pudo observar en el último conflicto laboral, ya terminado, con ocasión del cual se esgrimieron argumentos que, en definitiva, perjudicaron a loa obreros. En efecto, se les pidió un sacrificio; y fue así como los trabajadores aceptaron, en alguna medida, firmar un convenio con la Compañía Acero del Pacífico según el cual, obtuvieron un,22, un 24 y un 26%, para los sueldos y salarios: bases, y un 29,2, en convenio global, lo que hace un promedio de 24,5, en los salarios y sueldos indicados, en circunstancias que las industrias textiles de la zona, en el mismo período, en los mismos días,, y en presencia de los Ministros de Economía y del Trabajo, han concedido porcentajes superiores. La industria Oveja-Tomé otorgó un 47% para los sueldos y salarios bases, y un 60% para, el pliego global; la industria Caupolicán de Chiguayante y la fábrica Bío-Bío, textiles, ambas, concedieron un 47% para los sueldos bases, y un 57% para el pliego total; la Papelera Bío- Bío firmó con un 45%, hace algunos días porcentaje que se refiere solamente a los obreros, porque los empleados están en huelga.
Este sacrificio de los trabajadores no guarda ninguna relación con la política aplicada con el rol privado de la Compañía de Acero del Pacífico, pues él fue aumentado en un 34,9%. Ello no constituye precisamente una manera de hacer esfuerzos, si se tiene presente que las elevadísimas rentas que perciben estas personas fueron aumentadas en la mayor proporción; y, aún más, que el Presidente de la CAP y su, nuevo directorio prometieron eliminar el rol privada de la, compañía; pero dicho sistema no tan sólo sigue igual, sino que ha sida aumentado, en una proporción considerable, en, relación con los obreros y empleados de menor renta de la empresa.
Debo manifestar, con toda responsabilidad, y quiero pensar que estoy equivocado en los antecedentes que poseo, que el Presidente de la Compañía de Acero del Pacífico, don Carlos Matus, contra quien no tengo nada en lo personal, ha solicitado ser funcionario de la Compañía de Acero del Pacífico y, en seguida, un sueldo igual al del Gerente General de la empresa. ¿Sabe la Cámara cuánto gana el Gerente General? Percibe 650 millones de pesos al año. Pero la diferencia estriba en que el Gerente General, señor Flavián Levine, tiene que pagar impuestos por concepto del Global Complementario, y este nuevo Presidente de la Compañía no pagará,' durante un año entero, ningún gravamen por la alta renta que percibirá por su nuevo cargo. Aún más, el automóvil de que disponía el Presidente de la empresa y que yo conocía, como ex obrero de ella, fue reemplazado por un flamante Mercedes Benz, porque el otro era antiguo o no sé qué le encontró. Estoy de acuerdo en que los trabajadores participen en la dirección de la empresa; pero mi ex compañero de labores, Arturo Contreras, ha solicitado de la Compañía un automóvil Volvo último modelo, con chofer a la puerta.
Quiero formular estos cargos, que son de dominio público, tanto en la Compañía de Acero del Pacífico, como en las ciudades de Concepción y Talcahuano.
No es ésta la manera de pedir sacrificios a los trabajadores, de bajas rentas, mientras estos nuevos funcionarios se están dando la gran vida y haciendo economías para beneficio de sus bolsillos.
Sé que se me va a decir que estoy criticando, porque soy un amargado, al no desempeñar la dirección de la Compañía. Quiero a la CAP; en ella me formé. Conozco la calidad e inteligencia de sus técnicos. Sé que en congresos internacionales se reconoce y confirma su prestigio, avalado por una vida de trabajo. Sé del esfuerzo que ha hecho esta compañía, que era una sociedad anónima y que hoy día pertenece al Estado.
Vuelvo a repetir que estoy de acuerdo en que se estatice para mejorarla. Pero, ¿estatizar significa, para la Unidad Popular, este tipo de cosas? Lo pregunto honestamente; y, al hacerlo, no me mueve animosidad de ninguna naturaleza. Quiero saber positiva y efectivamente si se va a hacer esto o no se va a hacer lo otro.
Si estatizar significa perder doscientos millones de escudos al año para subvencionar el acero chileno, agregados los doscientos millones de escudos para la energía eléctrica y el petróleo -acabo de leer en la prensa que se va a subvencionar a la locomoción colectiva en cien millones de escudos- y significa convertir a Chile en país de bonificaciones, creo que estatizar es el peor de los negocios, si esto no lo tomamos con la responsabilidad con que los democratacristianos concebimos la estatización de industrias importantes en la infraestructura de un país. Estamos de acuerdo con estatizar grandes empresas para el desarrollo de la economía del país; pero postulamos que esto debe ser realizado en forma técnica y no política. No proceder así significa perjudicar al país y a los trabajadores. Es no ser consecuente con lo que dijo el señor Salvador Allende, cuando era candidato, en una asamblea de trabajadores de la CAP: Si soy Presidente de la República, el Presidente de la compañía será elegido por la voluntad de los trabajadores. El señor Matus no fue propuesto por nadie, salvo por el Partido Comunista, es decir, por el sistema económico imperante en el país.
El señor CADEMARTORI.- Eso no es cierto. No diga tonterías. -
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Señor Cademártori, le ruego guardar silencio.
El señor MOSQUERA.- No es una tontería. Ojalá lo fuera, porque no deseo que se cometan con la Compañía de Acero del Pacífico los disparates que desgraciadamente estamos viendo.
Por eso, quiero pensar, y lo dije al principio de mi intervención, que desearía estar equivocado; pero estos antecedentes los estoy entregando, porque los conoce la opinión pública de mi provincia.
El señor CADEMARTORI.- Su Señoría está mal informado.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Señor Cademártori, le ruego no interrumpir al orador.
El señor MOSQUERA.- Me alegraría de ello; pero quiero manifestar que los trabajadores de la Compañía Acero del Pacífico no pueden aceptar que, por un lado, se les rebajen sus remuneraciones y, por otra, se bote el dinero del país por una mala administración y, lo que es peor, por una improvisación tal que no se sabe qué es lo que se quiere frente al importante problema siderúrgico del país.
Yo soy obrero; no tengo por qué saber lo que sabe el señor Cademártori; pero tengo la obligación, como obrero, de preocuparme de que una empresa, aunque pequeña quizás, que tuvo y sigue teniendo un prestigio en el mundo entero por la calidad de sus productos, por la inteligencia y preparación de sus trabajadores, pueda ser hoy día entregada a una irresponsabilidad administrativa. Sus ingenieros y superintendentes, los que la dirigen, sus obreros y técnicos merecen respeto, un trato distinto del que están recibiendo hoy día.
Por eso he levantado mi voz hoy día en la Cámara para expresar mi preocupación. Primera vez que hablo aquí durante el Gobierno de la Unidad Popular. He callado hasta el momento, porque considero que lo mejor que debe hacer un trabajador, ante un Gobierno que ofrece solución a los problemas de los trabajadores, es mantenerse callado. Pero no puedo seguir manteniendo silencio cuando veo que una empresa de la importancia de la Compañía de Acero del Pacífico -en una época en que todo el desarrollo de un país se mide en acero- es entregada a personas que van a las asambleas de los trabajadores a pedirles sacrificios, en circunstancias que ellos ganan 650 millones de pesos al año, tienen automóvil último modelo y no trabajan por el engrandecimiento de la empresa.
Denantes hacía esta pregunta y ahora la repito: ¿Cómo es posible que existiendo un plan elaborado para aumentar la producción a 1 millón 200 mil toneladas y teniéndose ya conseguidos los dólares -sólo faltaba que la CORFO pusiera los escudos- aún no se inicie la ampliación de la CAP en su cuarta etapa? Esto tiene que preocuparme como chileno; tiene que preocuparme como parlamentario de la zona; tiene que preocuparme, porque tenemos un criterio distinto del de otras personas que creen que criticando a la Unidad Popular hacen patria. Yo no estoy en esa posición. Pero tengo también el deber de decir, con mucha responsabilidad, que los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacífico en su último conflicto han sido engañados; porque tengo antecedentes concretos de que va a aumentar el precio del acero, y una de las principales razones que se les dieron a los trabajadores para pedirles sacrificios fue que el acero no iba a subir más, a pesar que no sube desde el 27 de diciembre de 1969. Y esta situación no puede seguir. Y se lo dijimos al Presidente de la Compañía en una respuesta que le entregaron los trabajadores democratacristianos. Señor Matus -le dijimos-, usted no puede hacer la ampliación; usted no puede ofrecer esto, si congela el precio del acero. Es imposible. Va a llevar a la quiebra total a la empresa. Es posible que estemos equivocados, pero resulta que la realidad demuestra, hoy día, que la Compañía tiene once millones de dólares de pérdida, reconocido esto por su propio Presidente durante la discusión del último pliego de peticiones presentado por los trabajadores y afortunadamente solucionado sin huelga.
Esto me preocupa y lo he planteado esta tarde aquí. Me preocupa como ex obrero y ex dirigente de los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacífico. Me preocupa el futuro de toda la gente que labora allí y me preocupa el futuro de Chile. Esto me preocupa, camaradas, compañeros o colegas -como quieran que los llame- del Partido Comunista. Sé que mañana en El Siglo o en los diarios adictos al Gobierno se va a decir que soy un reaccionario. No, señor Presidente; eso no me alcanza. Cuando criticamos algo lo hacemos a prueba de cualquier desmentido, y lo que entrego esta tarde es a título personal, porque no tengo autorización de mi Partido.
Vuelvo a repetir: los trabajadores de la Compañía de Acero del Pacífico están molestos por la actual situación; y por eso he hablado esta tarde, para preguntarle a la Unidad Popular, entre otras cosas, si la estatización significa esto que está ocurriendo en la CAP, o si llegar al Poder significar que los convenios no se respetan, como lo pueden ratificar los trabajadores que se tomaron el edificio de la CORHABIT en Concepción, a quienes no se les han entregado las casas de acuerdo con el convenio firmado por el Gobierno pasado. Los trabajadores, los empleados de Lota Schwager tienen justamente hoy día tomado el edificio de la CORHABIT, porque no se cumplió el compromiso contraído con ellos por el Gobierno chileno, no por determinadas personas. En otras palabras: compromisos contraídos por el Estado chileno con dirigentes sindicales, hoy día son negados por la Unidad Popular. Por eso, en Concepción, un grupo de trabajadores -no sólo democratacristianos; los hay, pero no son los únicos- se tomaron el edificio de CORHABIT.
He levantado mi voz para decir estas cosas. Desearía estar equivocado, como cree el señor Cademártori; pero estos son los antecedentes que tengo y creo que la verdad está de mi lado.
El señor SALINAS (don Anatolio).- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- ¿Podría cambiarme el turno para poder contestarle de inmediato al Diputado Mosquera?
El señor SALINAS (don Anatolio).- ¿Me pide una interrupción, señor Diputado?
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Señor Salinas, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
¿Le concede una interrupción al señor Cademártori?
El señor SALINAS (don Anatolio).- Siempre que me devuelva el tiempo después.
El señor CADEMARTORI.- Le devuelvo su tiempo.
El señor SALINAS (don Anatolio).- Con mucho gusto.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.- Le agradezco al señor Salinas la interrupción.
Me interesa hacer uso de inmediato de la palabra para contestarle al Diputado Mosquera.
Voy a suponer que su intervención ha sido de buena fe, pero, desgraciadamente, creo carente de todo fundamento. El, realmente, no se posesionó bien de todos los antecedentes sobre la situación de la industria.
En primer lugar, él ha dicho que la Unidad Popular ha señalado que el plan de aumento de acero es de dos millones y tantos para 1976. No es efectivo.
Un señor DIPUTADO.- De tres millones.
El señor CADEMARTORI.- No es efectivo. Sería absurdo y ridículo haber planteado semejante cosa, porque, sencillamente, es imposible.
En segundo lugar, ha dicho que la empresa antes ganaba y que ahora tiene pérdidas. Eso de que la empresa ganaba antes, debe saber el Diputado Mosquera es bien relativo, porque cuando era privada, tenía una subvención cuantiosa y no pagaba ningún impuesto. Pero lo grave del asunto era que sus utilidades se distribuían entre los accionistas particulares, en dividendos, sin que estos realmente hicieran un mayor esfuerzo para capitalizar la industria. Este era el abuso principal que se advertía en el manejo de la industria siderúrgica, por lo que el Gobierno, cumpliendo una aspiración muy sentida, procedió a su estatización.
No ha dicho tampoco el Diputado Mosquera -o lo dijo de pasada, pero no lo aclaró bien- que la actual situación financiera de la empresa se deriva del hecho de que el precio del acero está congelado desde el mes de febrero de 1969. O sea, de acuerdo con la política del señor Frei, en 1970 tendría que haberse aumentado el precio y no se aumentó durante todo ese año, de manera que la situación financiera de la empresa se deterioró durante 1970 y no este año, no en los últimos meses, sólo en los cuales el Gobierno de la Unidad Popular se ha hecho cargo de su administración. Además, también recae responsabilidad en el Gobierno anterior por el hecho de que durante el año 1970, como es sabido por todo el mundo, la construcción sufrió una depresión bastante acentuada: disminuyeron los planes habitacionales y las obras mismas se retrasaron bastante, y ello originó todo un proceso de depresión en esta área de la actividad económica que trajo como consecuencia una gran cesantía que repercutió también en la industria. Como se sabe, la Compañía de Acero del Pacífico proporciona el acero para la construcción. Por lo tanto, estos dos factores, estas dos situaciones producidas durante el año 1970, durante el Gobierno del señor Frei, son los que están pesando fundamentalmente en la situación financiera de la industria.
En seguida, quiero aclarar que el reajuste de los sueldos, del llamado rol privado fue hecho a contar del 1º de enero de este año, en circunstancias que el convenio colectivo de los obreros es al mes de marzo. El reajuste de los sueldos y salarios de todos los empleados y obreros del país se efectuó en conformidad con el alza del costo de la vida del año pasado. Y ese aumento en la CAP se estableció en estricta justicia de acuerdo con dicha norma, sin perjuicio de lo cual el Gobierno de la Unidad Popular, a través de la dirección de la empresa ha notificado a sus altos funcionarios que tendrán que ajustar sus altas remuneraciones al artículo 34 de la ley de reajuste, que, como sabe la Cámara, limita las rentas a 20 sueldos vitales líquidos. Eso significa, salvo las excepciones que la ley contempla y el mecanismo que así lo establece, que nadie, ni el Presidente de la Compañía, ni el Gerente General, nadie, podrá ganar una renta superior a 16 mil escudos mensuales, líquidos, aproximadamente. De modo que la mejor prueba en cuanto a una política de sacrificios reales la está dando el Gobierno al haber propiciado una ley que afecta, justamente, a los altos funcionarios de esta empresa estatal, como a los de cualquier otra; sin perjuicio, repito, de considerar casos excepcionales de técnicos de alta jerarquía que merezcan, por su rendimiento al país, rentas superiores.
Por eso, debo decirle al Diputado señor Mosquera que equivoca totalmente su crítica en un aspecto en el cual la Unidad Popular ha sido especialmente cuidadosa, que es el de la sobriedad en la administración de las empresas.
También yerra totalmente en el cargo que ha hecho al compañero Arturo Contreras. Este dirigente sindical es Director de la empresa, no por voluntad unilateral del Partido Comunista ni de otra colectividad política, sino porque, como debe saber el Diputado señor Mosquera, fue elegido por la masa de trabajadores en votación mayoritaria.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha llegado a su término el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Un señor DIPUTADO.- ¿Qué pasa, entonces?
El señor ACEVEDO (Vicepresidente). -Cinco minutos ocupó el Comité Comunista del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, que les serán devueltos en el turno que corresponde al Comité Comunista.
El señor MOSQUERA.- ¿Me permite una interrupción?
El señor ACEVEDO (Vicepresidente). -A continuación...
El señor MOSQUERA.- ¿Me permite una interrupción? 
El señor CADEMARTORI.- Creo que en estos cinco minutos ha quedado bien aclarada esta situación y ha demostrado lo erróneo de lo expresado por el señor Mosquera.

11.-DECLARACION DE UN GRUPO DE SACERDOTES SOBRE LA PARTICIACION DE LOS
CRISTIANOS EN LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO
El señor ACEVEDO (Vicepresidente). -El turno siguiente corresponde al Comité Nacional.
El señor MONCEBERG.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, podría haber dejado pasar como un descriterio más de algunos sacerdotes la declaración formulada por ochenta de ellos, acerca de su decisión de participar activamente en política para colaborar en la construcción del socialismo; pero, desde el momento que ellos hacen valer su papel en la Iglesia y como sacerdotes para respaldar su equivocada teoría de pretender transformarse en constructores de un socialismo marxista, quienes también somos miembros activos de la Iglesia no podemos aceptar el confusionismo creado por esta verdadera usurpación que hacen esos ochenta sacerdotes del Magisterio Eclesiástico, movidos exclusivamente por fines políticos.
El señor TEJEDA.- ¡El Cardenal piensa distinto!
El señor MONCKEBERG.- El ser humano forma un todo integral. Por lo tanto, yo al hablar, no puedo desligarme de mi calidad de hombre, de médico, de político y, mucho menos, de mi calidad de católico, y por eso no puedo dejar sin respuesta lo dicho por los sacerdotes señalados.
No quiero entrar a juzgar sus ideas políticas; pero sí, juzgo severamente que utilicen el magisterio de la Iglesia para una abierta propaganda marxista.
La misión sacerdotal es predicar el Evangelio a las naciones, la Buenanueva, mensaje de caridad y justicia; predicar ese mensaje no comprometido con ninguna ideología, pero comprometido con el hombre y con todos los hombres, sin distinción de clases, frase esta última inventada por el marxismo para ahondar las diferencias que las condiciones humanas establecieron entre los hombres.
El señor PONTIGO.- ¡Lea el Libro del Apóstol Santiago, Nuevo Testamento, y encontrará la respuesta!
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Señor Pontigo, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor MONCKEBERG.- Cristo vino a redimir a toda la humanidad y no a una parte de ella, porque es un hecho que salvó a los pobres a pesar de su pobreza, pero también a los ricos, a pesar de su riqueza.
Como católicos, nos resulta doloroso que un grupo de sacerdotes, respaldados por la respetabilidad de su ministerio, den normas a los cristianos sobre su conducta y actuación en la política contingente. Siempre ha pertenecido al magisterio divino de la Iglesia el derecho de dar normas y orientar a sus fieles en materias generales, removiendo conciencias y fijando su doctrina social a través de las Encíclicas, pero jamás indicando al partido o combinaciones políticas a los que deben adherir y menos, al gobierno que deben prestarle su apoyo.
El señor TEJEDA.- ¡Le va a penar Juan XXIII!
El señor MONCKEBERG.-La misión, orientadora de la Iglesia la desliga de todo compromiso político en el sentido más simple de su acepción, porque el verdadero sentido de la política es la participación de todos los ciudadanos en el gobierno para alcanzar el bien común. Por lo tanto, el papel de la Iglesia milenaria y eterna es y debiera ser no el de dividir, sino mostrar una esperanza común y señalar un camino para todos.
Para nosotros, los cristianos, resulta doloroso que un grupo de sacerdotes haya empequeñecido el Mensaje que vino para todos y para cada uno de los hombres cuando precisamente ellos, herederos de una tradición revolucionaria que ha perdurado a través de todas las vicisitudes de la historia, que ha sido capaz de renovarse permanentemente, porque han sido y son herederos del primer hombre que habló del hombre nuevo, del Apóstol Pablo, el más calificado para hablar a todos los hombres en nombre de todo el ser humano; que sean ellos, digo, los que permitan que a través de la dialéctica de las clases sociales se les arrebate este Mensaje que revolucionó a la humanidad y cuya significación permanecerá hoy y siempre.
La Iglesia somos todos los cristianos y no un grupo de ochenta sacerdotes que ingenuamente tratan de conciliar el Mensaje de amor evangélico con el socialismo marxista.
Señor Presidente, permítaseme intercalar en mi intervención las calificadas palabras del destacado teólogo, profesor de la Cátedra de la Universidad Católica, Reverendo Padre Beltrán Villegas, quien les dijo a estos ochenta sacerdotes: Quiéranlo ustedes o no, sus declaraciones llevan la carga del ministerio pastoral de que están investidos y constituyen, por lo mismo, una intromisión en una zona en que el Evangelio exige que la libertad de cada creyente sea respetada en forma total.
Señor Presidente, sólo me queda rogar a la Divina Providencia para que ilumine a estos ochenta sacerdotes, que tanto daño han procurado a los creyentes, y les permita que continúen predicando el mensaje de amor que les entregó Cristo y no interviniendo activamente, como lo anuncian, en la construcción de un orden marxista donde en lugar de amor es el odio entre los hombres lo que alcanza su plena realización.
Nada más, señor Presidente.
El señor TEJEDA.- ¡Habló Torquemada, señor Presidente!
El señor PONTIGO.- ¡Es discípulo de la Inquisición!

12.-PROBLEMAS HABITACIONALES DE LA PROVINCIA DE COQUIMBO. OFICIO
El señor AMUNATEGUI.- El resto del tiempo se lo cedemos al señor Torres, señor Presidente.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente, el problema habitacional de mi provincia es bastante grave. Hoy quiero referirme a un problema que me ha tocado palpar en La Serena.
He tenido oportunidad de reunirme, en más de dos ocasiones, con el Grupo Pro Casa del Comité de la Pampa, en La Serena. Este es un grupo formado por ciento sesenta familias, que viven en predios agrícolas de ese sector, en casas que están en muy malas condiciones.
Igualmente me he reunido con otro Comité, de treinta y cinco familias de la calle Almagro. Este Comité está formado por personas cuyas casas están expropiadas por la Corporación de Mejoramiento Urbano y por otras cuyas casas se encuentran en muy mal estado.
Solicito que se oficie al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo para que, dentro del programa habitacional del presente año, se les dé preferencia a estos dos grupos: a este grupo Pro Casa del Comité de la Pampa y al grupo del Comité de calle Almagro, de La Serena, los cuales necesitan con urgencia solucionar su problema habitacional.
Quiero referirme también, señor Presidente, a la demora que ha sufrido en los meses que lleva el actual Gobierno, el programa de autoconstrucción en la provincia de Coquimbo.
He estado con pobladores en Illapel, en Combarbalá, en Ovalle, en La Serena, en Coquimbo, Monte Patria y me he impuesto que el atraso en la entrega de materiales a estos autoconstructores, es considerable.
Yo quiero que se oficie al señor Ministro de la Vivienda para que se sirva ordenar el envío de materiales a todas aquellas obras en las cuales están los pobladores trabajando en autoconstrucción, en la provincia de Coquimbo. Principalmente estos elementos deberán mandarse a Illapel, Ovalle, Combarbalá, donde los casos son más graves, y, en especial, debe enviarse cemento, que es lo que está haciendo más falta para poder avanzar.
Igual cosa ocurre en la población de autoconstrucción de Ovalle, de Tuqui Alto, donde es indispensable que el Ministerio de la Vivienda cancele, cuanto antes, a ENDESA el presupuesto que presentó, para que ella pueda instalar la postación eléctrica de esta población.
Agradezco al Comité Nacional la interrupción que me concedió.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará oficio al señor Ministro de la Vivienda con las materias señaladas por Su Señoría.

13.- PERJUICIOS QUE SE OCASIONAN CON LA NEGATIVA DE LA VENTA DE REPUESTOS A PARTICULARES POR LAS FIRMAS IMPORTADORAS DE MAQUINAS PARA OFICINA.- OFICIO
El señor AMUNATEGUI.- Le concedo una interrupción al señor Lorenzini.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, seré muy breve.
He recibido una denuncia en el sentido de que los representantes de las compañías importadoras de máquinas de oficina, escribir y otros no venden repuestos o accesorios a particulares. Con esta política, obligan al que posee máquinas a recurrir exclusivamente a ellos para efectuar las reparaciones, siendo sus presupuestos abusivos y, en muchos casos, comparados con los de un taller común, llegan a una diferencia del orden del 600% más alto.
Este problema monopólico afecta a una infinidad de pequeños talleres y, muy especialmente, a los técnicos egresados de escuelas industriales y de la Universidad Técnica, porque actualmente se encuentran en un gran porcentaje cesantes, sin poder ejercer su profesión. Sólo les queda la esperanza de que estas firmas los contraten para poner en práctica, como asalariados sus conocimientos.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Economía pidiéndole que se investigue esta situación y se tomen las medidas del caso.
Por otra parte, espero ocuparme en la próxima semana de la declaración pública formulada por 80 sacerdotes. Creo que es un problema muy serio, que debe analizarse en profundidad, porque puede tener graves repercusiones dentro del país.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado al señor Ministro de Economía.
El señor PONTIGO.- El asunto representa un problema para los ricos...
El señor LORENZINI.- Pero también tiene que ver con los pobres. Si fuera sólo para los ricos, no me inquietaría.

14.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESTATI- ZACION DE LA COMPAÑIA DE ACERO DEL PACIFICO.- ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS EN LA PRESENTE SESION.- OFICIO
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Nacional. El señor AMUNATEGUI.- Concedo una interrupción al señor Mosquera.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor MOSQUERA.- Señor Presidente, lamento que el colega señor Cademártori se haya ausentado de la Sala. En todo caso, debo manifestar que me alegra de que él esté respondiendo en esto con tan buena fe. Le devuelvo las generosas palabras que me dirigió.
No obstante, quiero señalarle que la última alza del acero se realizó el 27 de diciembre del año 1969. Justo, todo el año 1970 estuvo reajustado su precio. Correspondía en diciembre de 1970 reajustarlo nuevamente; y, en esa misma época, el Presidente de la Compañía, don Carlos Matus, manifestó que no se reajustaría el precio del acero y que se congelaría por todo el año 1971.
Esas fueron las razones que se entregaron.
En segundo lugar, me he alegrado de escucharlo, porque quiere decir que los sueldos de la CAP también habría que investigarlos por la siguiente razón: si es efectivo que la ley de reajustes alcanza a las sociedades anónimas en las cuales el Estado tiene capitales. De acuerdo con esto, los sueldos de sus empleados deben ajustarse al tope de los 20 sueldos vitales mensuales. Pero, resulta que el sueldo del Gerente General es del orden de 20.000 de escudos mensuales, el que se multiplica por 30 meses, con el sistema de gratificaciones que tienen, en vez de 12 meses. Por lo tanto, este mismo sueldo recibirá o recibe, desde hace dos meses, el Presidente de la Compañía, que es hoy día funcionario de la CAP, porque así lo solicitó él, en un nuevo cargo que tío estaba contemplado en esa empresa.
Yo no estoy formulando cargos; sólo estoy dando a conocer las informaciones que tengo. Por eso, sería muy importante que si efectivamente hay un tope de sueldos para las- empresas en que también tiene capitales el Estado -porque la Compañía de Acero del Pacífico sigue siendo empresa privada, con el carácter de sociedad anónima y no es empresa del Estado, porque no hay ninguna ley que la haya modificado, porque los sindicatos siguen siendo sindicatos industriales y sindicatos profesionales de empleados y no hay ninguna ley, repito, que los haya modificado- este tope de sueldos fuera aplicado.
Por lo tanto, solicito que se envíe oficio a la Contraloría General de la República para que nos informe acerca de si el personal de la Compañía de Acero del Pacífico está sujeto o no a la limitación de los veinte sueldos vitales como empresa privada, en la cual el Estado es mayoría.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio al Contralor General de la República sobre la materia señalada por Su Señoría.
El señor MOSQUERA.- Por último, quiero manifestar lo siguiente. Yo no estoy haciéndole críticas a mi ex compañero Contreras, de ninguna manera. Al iniciar mi intervención, manifesté que, a pesar de que el número de representantes de los trabajadores en el Directorio era insignificante, estaba de acuerdo con ello, porque era un paso positivo. Lo que he dicho es que a mí me consta que un compañero, a quien también conozco, es chofer del Director de la Compañía de Acero del Pacífico, don Arturo Contreras, funcionario de la confianza del Presidente de la República y que manejaba un auto Volvo de propiedad de la CAP. Es todo lo que yo he dicho.
Si ello significa desprestigiar a una persona, no lo estoy haciendo...
El señor ESPINOZA (don Luis).- Muy doméstico el tema.
El señor MOSQUERA.- No es doméstico. Lo que pasa es que Su Señoría llegó atrasado. Yo manifesté antes que el esfuerzo y el sacrificio que se estaba haciendo en beneficio de los trabajadores de bajas rentas no tenían ninguna relación con los gastos del sector privado y otros gastos no considerados, en que se incurría en la Compañía de Acero del Pacífico, hoy día estatizado.
Yo no tendría ningún inconveniente en que se abriera un debate sobre esta materia para que se pudieran aclarar sobre estas cosas. A este respecto, debo recordar que mi Partido también se pronunció favorablemente sobre la estatización de la Compañía de Acero del Pacífico, porque -repito- estaba contemplada en el programa del camarada Tomic. Nosotros estamos de acuerdo y la apoyaremos, pero no aceptamos que estatizar signifique perder o retroceder. Es todo lo que me preocupa.
Le agradezco la interrupción que me ha concedido el representante del Partido Nacional.
Muchas gracias.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

15.- OCUPACION DE UN TERRENOI UBICADO EN LA COMUNA DE PUMANQUE (COLCHAGUA), DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE SALUD.-OFICIO
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista, en el cual tiene cinco minutos el señor Salinas.
El señor SALINAS (don Anatolio).- Señor Presidente, en el pueblo de Pumanque, capital de la comuna del mismo nombre, que, por cierto, es una de las comunas más abandonadas de la provincia de Colchagua, ha habido una toma, que yo considero muy justificada.
Se trata de 30 familias modestísimas que han ocupado 10 hectáreas de un terreno que está ubicado cerca del pueblo mismo, que pertenece a la Dirección de Salud. Yo creo que la misma Dirección de Salud ni sabe que es propietaria de este retazo de terreno, porque tiempo atrás, a petición nuestra, se realizó un remate, en- el cual estaban interesadas distintas personas de  escasos recursos. Desgraciadamente, un agricultor, dueño de un gran fundo, que no tenía por qué meterse en esto, trató de comprarlo. Elevó la subasta a un precio que no era justo, de lo que él mismo se dio cuenta después, razón por la cual prefirió perder la boleta de garantía y dejar eso abandonado.
No crea la Cámara que son dirigentes democratacristianos los que han llevado a efecto esta toma, que yo considero justa. Precisamente, hasta participó el Subdelegado actual. Hay allí familias modestísimas que pertenecen a distintos partidos y lo lógico es que la Dirección de Salud proceda, en primer lugar, a no permitir su desalojo y, en segundo término, a obsequiarlo o venderlo a un precio que puedan pagar estas modestas familias.
Por eso, pido que se oficie al señor Ministro de Salud, ya sea a nombre nuestro ó de la Cámara, para que trate de ayudar a estas familias, ojalá dándoles título de propiedad sobre el predio antes mencionado.

16.- ASESORAMIENTO DE INDAP A LA CONFEDERACION TRIUNFO CAMPESINO-OFICIO
El señor SALINAS (don Anatolio).- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero hacer una denuncia que considero gravísima.- No creo que los colegas de Izquierda se vayan a ofender.
En el pueblo de Paredones existe un solo sindicato campesino, dirigido por un campesino llamado Guillermo Cornejo Pozo, que no es democratacristiano, para empezar, quien acaba de ser designado nada menos que Presidente de la Federación Liberación Campesina de Colchagua, que, como usted, señor Presidente, y la Honorable Cámara saben, pertenece a la Confederación Triunfo Campesino, que asesora INDAP.
Este dirigente era atendido en la oficina de INDAP en Santa Cruz por uno de los promotores, quien hacía una denuncia a máquina, con el objeto de presentarla ante el Juzgado del Trabajo para defender a unos modestos campesinos de la comuna de Paredones, en contra de un patrón que, es cierto, es de la Unidad Popular, cuando llegó el agrónomo Hugo Vidal y le interrumpió su trabajo, diciéndole que no debía ayudar a un chueco y traicionero. Yo no sé, señor Presidente, a qué se debió esta actitud. He estado indagando por qué se le dijo chueco y traicionero a este dirigente campesino, y la única causa que he encontrado es que él se ha opuesto tenazmente a la hacienda estatal.
A Hugo Vidal lo conocí mucho mientras fui Gobernador de Santa Cruz. Es un agrónomo de primera y, a pesar de que ha sido independiente y descender de familias más o menos conservadoras, fue el propiciador del cooperativismo en mi provincia. A él se debe el gran pie en que está la Cooperativa de. Marchihue. Pero esta actitud me parece extraña.
Yo quisiera saber, de una vez por todas, si INDAP, a través de sus promotores o de sus funcionarios técnicos administrativos, va a seguir asesorando a la Confederación Sindical Triunfo Campesino. Si retira su asesoramiento, entonces que lo diga de frente, para que los campesinos que la integran vayan a buscar asesoramiento en otra parte. Nosotros, con él mayor gusto, se lo daremos como partido político.
Antes, quiero que se mande un oficio al señor Ministro de Agricultura, para preguntarle si hay motivo para pensar que ya se terminó el asesoramiento de INDAP a la Confederación Triunfo Campesino...
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Han terminado los cinco minutos.
Se enviarán los oficios que ha señalado Su Señoría.

17.-PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESTATIZACION DE LA COMPAÑIA DE ACERO DEL PACIFICO.- ALCANCES A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN LAS PRESENTE SESION.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).
En el tiempo del Partido Comunista, ofrezco la palabra.
El señor INSUNZA.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Insunza.
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, yo quisiera completar las observaciones del Diputado Cademártori, en relación con las afirmaciones que ha hecho aquí el Diputado señor Mosquera.
Como decía el Diputado Cademártori, las informaciones dadas por el señor Mosquera, no corresponden en nada a la realidad que vive actualmente la Compañía de Acero del Pacífico. Si él ha actuado, como lo ha sostenido enfáticamente, de buena fe y con el ánimo de contribuir a resolver el problema que nos preocupa, llevado por el afecto que dice tener por la Compañía de Acero del Pacífico, es lamentable que haya habido gente que lo haya inducido ha hacer toda una serie de apreciaciones sobre la base de informaciones falsas, que en muchos casos pudo confirmar. Así, es todavía más lamentable su afirmación.
En cuanto a la acusación que ha lanzado en relación al presidente de la Compañía, compañero Carlos Matus, de quien sostiene -esto naturalmente constituye algo que va en desdoro de la respetabilidad del compañero Matus- que habría establecido un sueldo de 650 millones de pesos al año para él, quiero decirle que en todos los salarios que se pagan en la Compañía de Acero del Pacífico se ha respetado estrictamente el artículo 34 de la ley de reajustes. No hay un solo sueldo superior a los veinte vitales, puesto que todavía la Compañía no ha hecho -y lo quiere hacer en forma responsable- la revisión de las remuneraciones de los técnicos, cuya permanencia en la empresa puede ser perjudicada al recibir salarios de este nivel. En este momento no existe, vuelvo a repetir, ni un solo sueldo por encima de los veinte vitales. Por consiguiente, el compañero presidente de la Compañía no gana más que eso.
Quiero agregar, además, que se ha producido, como resultado de esta política impulsada por el Gobierno de la Unidad Popular, una relación completamente diferente de la que existía en el régimen anterior, donde sí había razones para protestar por los inmensos desniveles de salarios de los obreros calificados, de los empleados directamente vinculados a la producción y de los altos ejecutivos de la empresa. La relación entre el salario medio de los obreros y de los altos ejecutivos de la empresa, era entre uno a veinticinco o uno a treinta...
El señor MOSQUERA.- ¡Sigue igual!
El señor INSUNZA.- No, señor. Hoy día, el salario medio de los obreros calificados es de cuatro vitales y el máximo de salario de los ejecutivos de la empresa es de veinte vitales. Es decir, la relación es de uno a cinco; cinco a seis veces inferior a aquella que existía durante el Gobierno del cual el Diputado señor Mosquera era representante.
Estos son los hechos reales. Naturalmente, tendrá la posibilidad, si quiere informarse bien, de confirmar esta verdad, a través de la propia Compañía de Acero del Pacífico, de sus autoridades, o a través, como él lo ha solicitado, de la Contraloría General de la República.
Ahora, ha lanzado también algo con lo cual no creo que sea leal, y excúseme, Diputado señor Mosquera...
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor INSUNZA.- A través del señor Presidente, hago presente al señor Mosquera que en la segunda intervención, cuando trata de corregir su apreciación, naturalmente, también hiere la dignidad de trabajador del compañero Contreras, acerca de que tendría a su disposición un automóvil Volvo, último modelo, con chofer a la puerta, lo cual es absolutamente falso. El compañero Contreras, obrero calificado, dispone -excúseme la expresión- de una cacharra de su propiedad, que la tiene desde hace mucho tiempo y con la cual viaja. El hecho de que se ponga a disposición del conjunto de los directores determinados medios para hacer su trabajo, no varía en nada esta situación. Nadie tiene ahí una situación de previlegio, menos aquellos que han sido elegidos como representantes de los obreros en el Consejo de la empresa por elección democrática.
Yo quiero decir, además, que la información que ha entregado a la Cámara el señor Mosquera sobre los planes de ampliación, tampoco tiene nada que ver con la realidad. En Algarrobo, en la zona de Algarrobo, se ha puesto en marcha el comienzo de la explotación de la mina Boquerón Chañal. A esta altura hay más de cien contratos para la ampliación de la producción de fierro, precisamente, en esa zona. Se ha llamado a propuesta para la construcción del pique vertical, puesto que se trata de una mina subterránea. Y en el caso de Huachipato mismo, no sólo están garantidos empréstitos internos por una cifra igual al doble de lo que había comprometido el Gobierno pasado, sino que hay ya trescientos o cuatrocientos empleos nuevos en proceso de ampliación, que va a ser ahora, naturalmente, más amplio y va a permitir otro tipo de ampliaciones, mayores que las consultadas en los proyectos preparados bajo el Gobierno del Presidente Frei.
Quiero todavía decir más. Ha dado el señor Mosquera una visión catastrofista de la situación de la Compañía de Acero del Pacífico, que está concebida ahora no en función de tal Compañía, sino en función del complejo sidero-metalúrgico que el Gobierno está empeñado en desarrollar. El Ejecutivo, a través de los responsables en este sector, está creando todas las condiciones para absorber las pérdidas producidas durante el curso del año 1970 por las razones que daba aquí el Diputado Cademártori. En este caso, además, sobre la base de todo este desarrollo, se pretende mantener el precio favorable del acero e impulsar el desarrollo de la construcción, el desarrollo industrial en general. Esto lo va a hacer la Compañía de Acero del Pacífico, transformándose en el centro de este complejo sidero-metalúrgico y realizando un conjunto de acciones que permitan un desarrollo industrial armónico en este terreno, que, al mismo tiempo, implica una contribución decisiva al desarrollo de la pequeña y mediana industria, cuya propiedad el Gobierno de la Unidad Popular no va a afectar. Al revés, a través de un sistema de precios que favorezcan el desarrollo industrial, la va a favorecer, precisamente, con medidas tales como, por ejemplo, la mantención de un precio altamente conveniente del acero, la congelación del precio del dólar, para evitar el proceso inflacionario de nuestro país...
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

18.- HECHOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE Y QUE AFECTAN LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA JUVENTUD.-OFICIOS
El señor ACEVEDO (Vicepresidente). -El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor JAUREGUI.- Pido la palabra.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente). -Tiene la palabra el doctor Jáuregui.
El señor JAUREGUI.- Señor Presidente, por segunda vez, quiero referirme a un problema de extraordinaria importancia para la salud de la colectividad, en especial para las capas jóvenes de ella, que ya planteé en este hemiciclo el 22 de julio de 1969. Me refiero al problema de la toxicomanía por drogas y, en especial, por marihuana.
En aquella oportunidad, después de analizar algunos aspectos médicos de esta afección, dije: Creemos, señor Presidente, que estamos ante un hecho de gravísimas consecuencias para la salud física y, especialmente, para la salud mental de nuestra juventud. Como parlamentarios -y, en mi caso particular, como médico- debemos alarmarnos, justificadamente, ante la situación producida; y tenemos la obligación de llamar la atención de los Poderes Públicos, de los Ministros de Salud, de Educación y de Justicia, de los Centros de Padres y Apoderados y de la ciudadanía toda, sobre la gravedad y las consecuencias futuras de una toxicomanía de esta especie.
Terminé aquella intervención diciendo lo siguiente: Ante estos hechos, señor Presidente, y sin desconocer que ya se están tomando algunas medidas al respecto, sugiero que se oficie a los señores Ministros de Justicia, de Educación y de Salud, expresándoles la inquietud con que esta Honorable Cámara ha tomado nota del avance en los medios juveniles de esta grave toxicomanía, y haciéndoles ver la conveniencia de iniciar una campaña nacional contra el uso de drogas estupefacientes, con participación de Centros de Padres y Federación de Estudiantes.
Esta campaña debe ser integrada también por la asesoría interdisciplinaria que puedan aportar médicos, sociólogos, siquiatras, antropólogos y el magisterio en todos sus niveles, para formar conciencia sobre esta grave alteración.
Esto dije y propuse en 1969. Hoy, por inoperancia de las autoridades, tanto de salud como educacionales, vemos que este mal ha ido progresivamente en aumento. Digo por inoperancia de las autoridades de esa época, porque a los requerimientos del parlamentario que habla, ni siquiera hubo respuesta de las autoridades respectivas. Sólo el Gobierno de la Unidad Popular ha formado, en enero de este año, un Comité Interministerial para preocuparse de este grave problema.
Hoy, señor Presidente, se constata con alarma, que en nuestra juventud, vale decir, en el sector más valioso de la sociedad, existe un 5% de drogadictos habituales y más de un 30% de drogadictos ocasionales, según lo establece un trabajo de los médicos Gomberoff, Florenzano y Thomas.
La verdad es que hasta este instante no se han tomado medidas concretas para poner atajo al uso de alucinógenos. Creemos, en primer lugar, que debe modificarse el Código Penal, para establecer severas penalidades para quienes usen estas drogas, pues sabemos que ahora sólo sanciona a los que trafican con drogas estupefacientes sin estar autorizados. Es así como el que fuma marihuana, por ejemplo, no tiene sanción específica por parte de la ley. En cambio, el que trafica con marihuana tiene pena de presidio mayor en su grado medio, es decir, de 10 a 15 años, si no me equivoco, y penas del orden de los 10 a 100 sueldos vitales.
Es necesario hacer conciencia sobre este grave daño, interesar a toda la colectividad, y en especial a los padres y a los propios estudiantes en la solución de estos problemas que inciden en la salud mental de la población. Las encuestas revelan que hay despreocupación de los padres, ya que sólo un 5% de ellos demostraron real preocupación por este problema; 20% lo desconocían, 30% eran indiferentes, y el resto se interesaba pero sólo en forma superficial. Por otra parte, el consumidor de marihuana en un 50% es neurótico, en un 35% sicópata y en un 10% presicópata.
A nivel mundial se consumen, en un año, 600 millones de dosis de estupefacientes, lo que da una pauta de la magnitud de este problema.
Señor Presidente, solicito que se transcriban estas observaciones a los señores Ministros de Salud, Educación Pública, Interior y Justicia, quienes integran la Comisión Interministerial formada en enero de este año para combatir el uso de drogas y defender la salud mental. En lo que dice relación con el señor Ministro de Justicia, solicito una modificación del artículo 319 b) del Código Penal, que a su vez fuera modificado por la ley 17.155, de 11 de junio de 1969, en el sentido de establecer una sanción correctiva o intimidatoria para los jóvenes toxicó- manos. El patrimonio espiritual y moral de la juventud es un bien que debe ser cautelado a toda costa, y ese es el motivo que nos ha impulsado a volver sobre este tema.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente). -Se enviarán los oficios a los señores Ministros mencionados por el señor Diputado.

19.- CONTINUACION CON LOS TRABAJOS VO- LUNTARIOS DE LA ATENCION MÉDICA, DENTAL Y SANITARIA, EN ESPECIAL EN SAN JUAN DE COSTA (OSORNO).-OFICIOS
El señor JAUREGUI.- Señor Presidente, durante este Gobierno se han venido promoviendo una serie de trabajos voluntarios en directo beneficio de la comunidad. Esta labor, a su vez, promueve dentro de las áreas en que se ejecuta, una verdadera vocación de servicio voluntario que es útil estimular, por múltiples razones,
. Tal ha sido el caso del Tren de la Salud y el Tren de la Cultura, iniciativas a las cuales recientemente se les ha puesto término, después de haber recorrido gran parte del país realizando una labor altamente provechosa para todas las zonas visitadas.
Como médico conozco muy de cerca las precarias condiciones sanitarias y de salud en general en que viven los pobladores de extensas zonas de nuestro territorio. Pues bien, en poco más de 40 días el equipo de médicos, dentistas, matronas y enfermeras realizaron más de 42 mil atenciones, lo que da una pauta de la efectividad de su labor. Por otra parte, los artistas y educadores del Tren de la Cultura efectuaron también una magnífica labor de difusión y extensión cultural.
Solicito, a través de esta breve intervención, que se dirijan oficios a las autoridades respectivas, vale decir, a los señores Ministros de Salud y de Educación, y al señor Director General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en los que se les exprese nuestra complacencia por las iniciativas que comento, se les pida perseverar en este tipo de labor tan provechosa para toda la colectividad, y se les sugiera, para el caso específico de la provincia que represento, la de Osorno, y otras provincias australes, que esta labor masiva, médica, dental y sanitaria se efectúe también en invierno, contemplándose concretamente en el itinerario la zona de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, que tiene el más alto índice de mortalidad en Chile.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios a los señores Ministros de Educación, de Salud y al de Obras Públicas y Transportes para que comunique, a la Dirección General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado las observaciones de Su Señoría.

20.- DEFICIENCIAS TECNICAS DE LA PAVIMENTACION DE L CAMINO INTERNACIONAL DE OSORNO A PUYEHUE.-OFICIO
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- ¿Ha terminado?
El señor JAUREGUI.- ¿Dispongo aún de algunos minutos, señor Presidente? 
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- De un minuto y medio.
El señor JAUREGUI.- Señor Presidente, en forma muy breve me referiré a otro problema de mi provincia.
El camino internacional de Osorno a Puyuhue está en este momento asfaltándose por una compañía denominada Figalem. Lamentablemente, el asfalto adolece de serias deficiencias técnicas debido, más que nada, a que su carpeta de rodado es de espesor muy pequeño. Por ello, a estas alturas en que se están pavimentando más o menos 40 kilómetros, han tenido que rehacerse cinco kilómetros hechos el año pasado, por la mala calidad técnica de la obra. De tal manera que, de persistir en este tipo de trabajos, es muy probable que un camino que se va a entregar este año, el próximo esté en malas condiciones de tránsito.
Pido que se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas en el que se le informe de estas observaciones y se le solicite adoptar las medidas del caso para que este trabajo que se está efectuando en la ruta de Osorno a Puyehue, camino internacional, se haga en las debidas condiciones técnicas, con el objeto de no estar lamentando este tipo de tropiezos.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio al señor Ministro de Obras Públicas, con las observaciones de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité socialista.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 197, inciso segundo, del Reglamento, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18 horas 36 minutos.
Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones.