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- rdf:value = " El señor GODOY.-
Señor Presidente, transcurridos más de dos meses desde que la actual combinación de partidos, denominada Unidad Popular asumiera el Gobierno, el país se encuentra en situación de efectuar un análisis acerca de la obra realizada hasta el momento y, sobre todo, acerca de las características que el Partido que aparece como principal inspirador y sostenedor de esta Unidad Popular ha impreso a la conducción del Estado.
Durante algún tiempo, el Partido Nacional observó con prudencia y ánimo constructivo el desarrollo de las medidas de orden político, económico y social, propuestas por el Gobierno.
Nos pareció legítimo que las fuerzas triunfantes en septiembre pasado contaran con un clima de tranquilidad para llevar a cabo las realizaciones de su programa. Ello obedecía, fundamentalmente, a la cabal comprensión de nuestras tradiciones democráticas, que nos imponía una conducta positiva hacia quienes habían obtenido un respaldo electoral que, aunque estrecho, era legítimo.
Y sobre todo, hacía fuerza en favor de nuestra actitud, la palabra solemnemente empeñada por el Presidente de la República, de ceñirse, en cada una de sus actuaciones, a las normas legales y constitucionales que caracterizan nuestro Estado de Derecho.
Sin embargo, transcurridos casi tres meses de Gobierno, hemos podido observar cómo se ha burlado habilidosamente la confianza del país, utilizando la apariencia de la legalidad y del respeto a la Constitución Política, para ir vulnerando sistemáticamente las bases sobre las cuales descansa la libertad política de las personas, mediante métodos coercitivos y presiones de toda índole, que se ocultan repito bajo la formal apariencia de la mantención de la ley.
Muchísimos son los ejemplos que ilustran la conducta del principal Partido de Gobierno en este sentido y que estimo indispensable dar a conocer, con el objeto de que la ciudadanía tome conciencia de la gravedad que ello encierra y pueda precaverse, a tiempo, de las consecuencias que se derivarán de una política sistemáticamente dirigida a terminar con la libertad política de los ciudadanos.
El gran error de sector democrático, chileno ha consistido en su creencia de que el Partido Comunista utilizaría métodos violentos para apoderarse del país.
Los marxistas, hábiles conocedores de nuestra idiosincrasia, ha insistido en la necesidad de hacer los cambios que ellos propugnan guardando escrupulosamente la apariencia de la legalidad.
Mientras se mantenga la fachada externa de la Constitución, el país aceptará sin reacciones cada una de las medidas programadas, incluso aquellas que tienden a reemplazar las bases mismas de nuestro régimen jurídico y legal. Por tal motivo, la táctica del Partido Comunista contempla incluso declaraciones enfáticas de apego a la Constitución Política, en la certeza de que nacía les importa el quebrar la palabra empeñada y los juramentos solemnes, arrancados como una concesión necesaria a la tradición burguesa de los chilenos, celosos defensores de la juridicidad constitucional.
La libertad política de los individuos se destruye a través de dos métodos perfectamente claros: con la aplicación de la fuerza de un aparato policial encargado de aterrorizar físicamente a las personas, o a través, de socavar la independencia económica de los ciudadanos, hasta dejarlos a merced del Estado único, detentador del Poder.
Debemos reconocer que la dialéctica comunista ha desechado, por el momento, el primer camino, para emplearse a fondo en la consecución del segundo.
El primer indicio de esta evidencia queda demostrado por el hecho sugestivo de que todos los puestos claves para el manejo económico y financiero del Estado han quedado, desde el comienzo, en poder del Partido Comunista.
Los Ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Obras Públicas fueron llenados con militantes comunistas. Lo mismo el Banco del Estado y el Banco Central, la Dirección de Industria y Comercio y las principales Subsecretarías de otros Ministerios importantes.
Paralelamente, se consolida la influencia marxista en la Central Unica de Trabajadores, la CUT; en las Federaciones agrícolas, bancarias, de profesores y de otros sectores laborales.
El señor ROBLES.-
Si Sus Señorías fueran Gobierno, habrían hecho lo mismo.
El señor GODOY.-
Si el colega desea una interrupción, se la concedo con todo gusto, con cargo a su tiempo.
El señor ROBLES.-
Sólo quiero manifestar que sí ustedes hubieran triunfado, habrían hecho lo mismo.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).-
Señor Robles, ruego a Su Señoría guardar silencio.
Puede continuar el señor Godoy.
El señor GODOY.-
Mientras el resto de los partidos de la Unidad Popular se encuentran entretenidos en la ardua tarea de repartir todos los cargos administrativos del país entre sus correligionarios, el Partido Comunista afianza su posición en el sector económico y financiero, dejando a los demás la tarea de satisfacerse con los directorios de las Sociedades CORFO, embajadas y demás cargos bien remunerados, que ellos desprecian en beneficio de una causa mucho más trascendente y decisiva: dominar el país mediante el control férreo de su economía y de los medios indispensables para hacer funcionar el aparato administrativo del Estado.
Desde el primer momento, comienza a aplicarse la táctica de someter económicamente a los ciudadanos, utilizando, en todo momento, la estricta apariencia de legalidad.
Haremos una relación de ejemplos que ilustran y confirman esta aseveración.
Situación de la agricultura.- El Presidente de la República, a los pocos días de asumir sus funciones, declara públicamente y ratifica a las directivas gremiales de los empresarios agrícolas, su firme propósito de respetar en todo momento a los agricultores que posean predios de una extensión menor a las 80 hectáreas de riego básicas. Como es necesario, en todo caso, mantener la apariencia de la legalidad, se anuncia la modificación de la Ley de Reforma Agraria, para hacerla operante a los fines anteriormente señalados.
Sin embargo, en el intertanto, comienza de inmediato la presión sobre los agricultores, a fin de hacerlos entregar voluntariamente sus predios y saltarse, de ese modo, el tiempo necesario para aplicarles las supuestas modificaciones de la ley.
Todo el país está informado de lo sucedido: en las provincias del sur y, en especial, en Cautín. A través de la instigación de las tomas de fundos, se crea un conflicto artificial en los predios, lo que hace que el Gobierno, de inmediato, nombre interventores de acuerdo con sus atribuciones legales. Lo primero que hacen estos interventores es contratar por cuenta del dueño, en calidad de obreros agrícolas, a los asaltantes, que son siempre alrededor de cincuenta. De esta forma, hacen quebrar económicamente al propietario, quien ve elevada sus planillas de pago en forma desproporcionada e imposible de cumplir. Ante la inminente quiebra que significa un desembolso para el cual no existe forma alguna de financiamiento, el agricultor termina por entregar voluntariamente el predio a la Cora; y ahí se encuentra con una circular en que se presenta prácticamente la nueva reforma agraria, en la que no existe derecho a reserva, cuota al contado y hasta se expropia el inventario y el ganado, cancelándolos en un plazo hasta de, quince años.
De esta manera sin burlar la letra de ninguna disposición legal, el Gobierno cumple con su objetivo de despojar a los propietarios, de llevarlos a la ruina y a la desesperación y de empobrecerlos económicamente, a fin de someterlos sin resistencia alguna al control del Estado.
Situación de los bancos privados.- Lo anterior lo hemos visto repetido en lo que se refiere a la estatización de los bancos. El Presidente de la República anunció, en vísperas del nuevo año, su propósito de ir a la estatización de la banca privada, adelantando el envío del proyecto de ley respectivo. Sin embargo, el Gobierno comenzó a adquirir las acciones que, voluntariamente, le fueron ofrecidas por los particulares, para lo cual fijó arbitrariamente un precio a los títulos que se vendieran antes del 31 de enero, y para aquellas que no se traspasaran antes de esa fecha, estableció modalidades diferentes en cuanto a su precio y al plazo de su pago.
De esta manera, los particulares se vieron enfrentados al siguiente dilema: o vendo ahora, a, un precio relativamente conveniente, o después me las compran en condiciones desventajosas o me las expropian.
Lo anterior significa un chantaje y un atentado a la libertad de las personas, a las cuales se les ha amenazado económicamente para que entreguen sus bienes en forma voluntaria.
No se ha vulnerado ninguna ley y se mantiene la apariencia de la juricidad; pero el resultado es que se obliga a los individuos a transferir al Estado sus acciones, de modo que éste logre el control de los bancos, aun antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento, el cual, de acuerdo con sus facultades constitucionales, lo podría rechazar o modificar substancialmente.
Situación en la Industria.- En el sector industrial, lo que está ocurriendo es algo similar. Mediante la fijación de precios, se impide a los industriales alzar el valor de sus productos, al mismo tiempo que aumentan las remuneraciones a la mano de obra, las imposiciones sociales y los impuestos. Es decir, les suben los costos desproporcionadamente obligándolos a absorber la estabilización de los precios con las ganancias, las cuales, además, deberán tributar tasas de impuestos mucho mayores.
El Gobierno declara que expropiará las industrias grandes y estimulará a las medianas y pequeñas. Sin embargo, como éstas deben absorber las pérdidas mediante una mayor producción, deberán necesariamente ampliar sus actividades, o sea, transformarse en grandes empresas y cumplir entonces, precisamente, la condición necesaria para ser expropiadas.
Todo lo anterior también ocurre sin, que se viole ninguna disposición legal, salvo las normas morales que impiden que el Estado utilice su influencia económica en hacer quebrar y desaparecer las actividades privadas de los ciudadanos. Mediante el expediente utilizado en las industrias de aumentar sus cotos se lleva a la asfixia económica a los empresarios, obligándolos a ofrecer sus industrias al Estado.
Todo el cuadro anterior se está llevando a cabo en algunas editoriales, como Zig-Zag, de tal manera que dentro de poco tiempo más, mediante la presión económica, las inspecciones tributarias y la creación artificial de conflictos laborales, las empresas periodísticas y radiales tendrán también que seguir el camino del ofrecimiento voluntario de sus bienes al Estado, como una manera.. de salvarse en parte de la quiebra económica y financiera que promueve y alienta el Gobierno, o más bien, el sector del Gobierno que controla y dirige el Partido Comunista.
El plan trazado será aplicado a la construcción, al comercio, a las cooperativas y, en fin, a todas aquellas actividades que cumplen una función económica y, a la vez, ocupan parte considerable de la fuerza del trabajo del país.
Cuando el Estado cumpla su propósito de estatizar toda la producción privada estará en condiciones de controlar, asimismo, la fuerza de trabajo del país. En sus manos todo el sector fiscal y semifiscal de la administración pública, la banca, la industria, la construcción, la agricultura, podrá disponer a su arbitrio de la exclusividad de las fuentes dé trabajo, a las que tendrán que acudir los individuos, despojados de sus bienes, acechados por la cesantía y disminuidos en su dignidad y en su capacidad de resistencia política.
En manos del Partido Comunista la CUT y las más importantes organizaciones laborales, puede venir tranquilamente el derrumbe económico del país, a que lo arrastran las medidas estatistas de los conductores de las finanzas públicas.
La Oposición destruida o ineficaz por falta de medios de comunicación con el electorado, los sindicatos en manos del Partido Comunista y, por tanto, sin poder de decisión para enfrentarse en la defensa de sus derechos, pueden asegurar la sumisión de todo un pueblo que sucumbió, sin darse cuenta, a la presión de un grupo de individuos que con habilidad y destreza, probada tantas veces, logró el dominio de un país en el cual ellos representaban una ínfima minoría.
El Partido Nacional advierte al país lo que está sucediendo y alerta a cada sector ciudadano de lo que les espera, si se cumple la táctica habilidosa que está empleando el Partido Comunista desde el Gobierno.
A aquellos que pensaron que los comunistas desatarían la violencia, que han utilizado sin escrúpulos en otros países, les decimos que están equivocados. La táctica en Chile es otra. Es la táctica del disimulo, del juramento falsa y de la declaración torcida. ¿Qué les importa a los comunistas jurar respetar la Constitución si no creen en ella?
No basta que en Chile el comunismo haga las cosas democráticamente. Lo que importa e interesa es que el comunismo no se adueñe del país. De esto tiene que tomar conciencia la ciudadanía y reaccionar cuando aún es tiempo.
Nuestro Partido dará la lucha en las elecciones de abril próximo denunciando en cada lugar, en cada rincón de Chile, el plan inteligentemente elaborado por los comunistas.
Confiamos en la dignidad de los chilenos y en su patriotismo. Confiamos en el instinto de conservación de un país que tiene que saber que está a punto de perder su libertad política en manos de una minoría audaz, que se ha propuesto utilizar el poder para perpetuarse a través de la intimidación, la amenaza y el chantaje.
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