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El señor ACEVEDO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Nacional, tiene la palabra el señor Carmine.
El señor CARMINE.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, existen en el derecho positivo chileno diversas disposiciones que facultan a los órganos del Poder. Ejecutivo para decretar la intervención, medida excepcional por su propia naturaleza, de extraordinaria gravedad, ya que constituye una verdadera interdicción sobre la administración de los bienes de entes privados.
A contar del día 4 de noviembre de 1970, fecha de la ascensión al mando del Excelentísimo señor Allende, el país ha observado con verdadero estupor, en un comienzo, con indignación, con posterioridad, que se han decretado intervenciones en las más diversas instituciones privadas del país.
El señor SALVO.-
¡Yarur!
El señor CARMINE.-
Y es así como en este momento están intervenidos tres bancos: el Hipotecario de Chile, el Edwards y el de Crédito e Inversiones; diversas industrias, como es el caso de Purina, Bellavista Tomé y otras que sería largo enumerar; numerosos fundos e, incluso, negocios de menor cuantía, como muchas pequeñas panaderías. Existe un proceso de intervención en la economía nacional de un grado, de una naturaleza y de una finalidad que no es difícil de adivinar y que no es otra que la instauración del sistema marxista mediante el amedrentamiento de los propietarios y la interdicción de las facultades de administración y disposición de los legítimos dueños.
Lo que resulta especialmente grave es que estas intervenciones han permitido transformar, especialmente en el sector agrícola, los delitos de ocupación y de hurto de animales, delitos comunes que sanciona el Código Penal, en problemas de tipo laboral. Y han sido designados interventores muchas personas que han estado precisamente instigando estas tomas, instigando la comisión de delitos comunes. Y estos interventores, de acuerdo con un sistema al parecer aplicado en forma general por instrucciones superiores, del señor Ministro de Agricultura y de sus organismos dependientes, están incurriendo en los más graves abusos. Y yo quiero señalar al conocimiento público dos hechos muy concretos y de reciente ocurrencia.
El domingo recién pasado, en el fundo Rucalán de la provincia de Cautín, de propiedad de don Juan Bautista Landarretche Mendoza, caso conocido en todo Chile, el interventor designado ha procedido a contratar a los cuarenta y dos ocupantes ilegales, que habían sido desalojados hace un mes, como obreros de este fundo. Y todo esto con auxilio de la fuerza pública, con intervención de las camionetas y de los camiones de CORA y del INDAP, con un despliegue de funcionarios realmente inusitado. La verdad de las cosas es que sólo faltó la banda del regimiento para rendir honores militares a estos delincuentes, que eran instalados, por resolución del interventor, en un fundo donde no eran ni siquiera trabajadores. Este hecho, que, por lo demás es un delito, porque está configurado, según el Nº 13 del artículo 17 del Código Penal, como una forma de encubrimiento, se ha repetido en otros casos. Así, don Carlos Taladriz, propietario del fundo Tres Hijuelas, ubicado en la comuna de Lautaro, provincia de Cautín, me ha exhibido en el día de ayer un oficio del señor interventor por medio del cual le da un plazo perentorio para entregarle los recurso necesarios para construir en su predio veintiuna casas que serían destinadas precisamente a los ocupantes ilegales del fundo, personas que están, incluso, encargadas reos y con orden de detención, por disposición del señor Juez de Letras de Lautaro.
En el fundo de los señores Juan y Pablo Serra, ubicado en la comuna de Cunco, provincia de Cautín, el interventor designado en sólo 15 días ya le lleva fundidos dos tractores, que han sido ocupados no en el predio mismo, en el predio intervenido, sino que, incluso, en predios ajenos y en acarrear gente a los choclones que prefabrica el Ministro de Agricultura, señor Jacques Chonchol.
En estas condiciones, ante la actitud realmente delictuosa de estos interventores, se hace imprescindible que la Honorable Cámara de Diputados, en uso de sus facultades constitucionales, proceda a designar una Comisión Investigadora que determine, en primer lugar, la procedencia y la legalidad de estas intervenciones, porque, desde luego, en el caso concreto del fundo Rucalán, se ha violado no sólo el espíritu del artículo 171 de la ley de Reforma Agraria, sino que su letra misma, ya que ahí no hay conflicto, no ha habido paralización, no hay huelga, no hay nada, y, sin embargo, el Gobierno saltándose la ley a pie juntillas, dicta un decreto de intervención y entrega la administración de este fundo a un verdadero promotor de ocupaciones ilegales.
En seguida, es necesario señalar que el conjunto de las actuaciones de estos interventores resulta que se han apartado en forma manifiesta de la ley y, en muchos casos, perjudicial para los propios trabajadores. Hoy día en la mañana se me denunciaba no tengo los antecedentes concretos que en una de las industrias intervenidas hace más de dos meses que los obreros están sin sueldo, con el grave problema que ello representa para sus familias. En estas condiciones, es imprescindible la designación de una Comisión Investigadora de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor ACEVEDO (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité Nacional.
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