REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA
Sesión 26ª, en miércoles 15 de diciembre de 1971.
(Ordinaria: de 16 a 21.37 horas)
Presidencia de los señores Sanhueza, don Fernando; y Fuentes, don César Raúl.
Secretario, el señor Guerrero, don Raúl
Prosecretario, el señor Parga, don Fernando

ÍNDICE GENERAL DE LA SESIÓN
I.- SUMARIO DEL DEBATE 
II- SUMARIO DE DOCUMENTOS
III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IV.- ASISTENCIA 
V.- TEXTO DEL DEBATE

I.- SUMARIO DEL DEBATE	

1.- Los señores Buzeta, Naudon, Del Fierro, Robles, Godoy y Barahona, rinden homenaje en memoria del ex funcionario de la Corporación, don Miguel Antonio Castillo		1950

2.- Se califica la urgencia hecha presente para el despacho de un proyecto de ley y el señor Ministro de Justicia hace alcance de las observaciones planteadas por el Ejecutivo sobre la materia del proyecto	1956

3.- Se prorroga el plazo para que una Comisión informe un proyecto de ley		1957

4.- Se designa la Comisión encargada de conocer la acusación constitucional en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción	1957

FACIL DESPACHO:

5.- Se despacha el proyecto que establece normas para subsanar diversos problemas previsionales de la Caja de la Marina Mercante Nacional		1958

6.- El señor Garcés hace alcance a una información de prensa	1965

ORDEN DEL DIA:

7.- Se despacha el proyecto que modifica el Código del Trabajo relativo a las Cortes del Trabajo	1966

8.- La Cámara se ocupa, en segundo trámite constitucional, del proyecto de reforma constitucional relativo a la determinación de las áreas de la economía y lo envía a Comisión para segundo informe	1966

9.- Se despacha el proyecto que reajusta las asignaciones familiares de los sectores público y privado	1993

10.- La Sala despacha, en tercer trámite constitucional, el proyecto que autoriza la expropiación de determinados terrenos ubicados en la comuna de El Tabo	2003

11.- Se despacha el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional del Café		2004

INCIDENTES:

12.- El señor Ramírez, don Gustavo, se refiere a la provincia de Talca y el primer año de Gobierno de la Unidad Popular	2005

13.- El señor Cardemil, se ocupa del Reglamento de la ley sobre importación de vehículos para lisiados	2022

14.- El señor Klein, se refiere a problemas de Puerto Varas	2022

15.- El mismo señor Diputado se refiere a la terminación de la tercera etapa de las obras portuarias de Puerto Montt	2023

16.- E mismo señor Klein, se refiere a las repercusiones de las medidas cambiarías en el turismo de la zona sur	2023

17.- El señor Rodríguez, se ocupa de la celebración del cuarto centenario de la ciudad de Curepto	2025

18.- El señor Espinoza, don Luis, se refiere al funcionamiento de agencias financieras y distribuidoras de automóviles	2027

19.- El señor Laemmermann, se ocupa de la creación de una Escuela de pescadores en la ex colonia penal de la isla Santa María	2034

20.- El señor Jáuregui, se refiere a la escasez de repuestos para vehículos motorizados	2035

21.- El mismo señor Diputado, se ocupa de la creación de plantas para el tratamiento de las aguas servidas	2036

22.- El mismo señor Diputado, se refiere a fondos y equipo para la Dirección Provincial de Vialidad de Osorno	2037

23.- Construcción de un aeródromo en la Isla Mocha (Arauco)	2037

24.- Problema alumbrado público en la localidad de Carampangue(Arauco)	2038

II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS

1.- Mensaje con el que Su Excelencia el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria, con el carácter de urgente, un proyecto de ley que modifica los artículos 499 y 580 del Código del Trabajo, modificados por la ley Nº 17.574, relativo a las Cortes del Trabajo		1941

2.- Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto que reajusta las asignaciones familiares de los sectores privado y público	1941

3.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto del proyecto de ley que modifica el artículo 66 del Código de Justicia Militar	1943

4/5.- Informes de la Comisión Especial de Solicitudes Particulares recaídos en los proyectos que benefician a las personas que se señalan	1944

6.- Presentación de los señores Arnello, Mekis, Momberg, Riesco, Schleyer, Tagle, Bulnes, Ureta y Vega y de la señora Alessandri, doña Silvia, por la que deducen una acusación constitucional encontra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Pedro Vuskovic Bravo	1944

Además, se dio cuenta de los siguientes documentos:

Dos oficios del señor Ministro del Interior, con los que da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las materias que se señalan:

Del señor Alvarado, sobre destinación de un generador eléctrico para la localidad de Curarrehue (7489).

Del señor Palza, relacionado con el traslado de personal desde el Retén de Carabineros de Colchane (7136).

Un oficio del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción con el que contesta el que se le enviara en nombre del señor Frei, relativo a problemas que afectarían a la Fábrica de Tejidos Caupolicán Chiguayante. (Sección Estampados) (7173).

Un oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el que se refiere al que se le remitió en nombre del señor Alvarado referente a la situación existente en la empresa distribuidora "NOTRO GAS S. A. C. I.", de Temuco (7601).

Un oficio de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción con el que solicita se le prorrogue hasta el día martes próximo, 21 del presente, el plazo de que dispone dicha Comisión para informar el proyecto de ley que faculta a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedades.

Un oficio del señor Presidente del Tribunal Constitucional, con el que remite copia de los autos acordados, dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 a) de la Constitución Política del Estado.

III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1.- MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y la Cámara de Diputados:

Con el fin de coordinar las disposiciones de los artículos 499, 501 y 580 del Código del Trabajo, modificados por la Ley Nº 17.574, vengo en presentar, para que sea tratado en la actual convocatoria, con el carácter de urgente, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º- Sustituyese en los incisos primeros de los artículos 499 y 580 del Código del Trabajo modificados por la Ley Nº 17.574, la expresión "cuatro" por "seis".

Artículo 2º- Sustituyese en el inciso primero del artículo 10 de la Ley 17.574, la palabra "dos" por "tres".

(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Lisandro Cruz Ponce."

2.- INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

"Honorable Cámara:

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar el proyecto de ley de origen en un mensaje, con trámite de urgencia calificada de "Extrema" sobre el Proyecto de Ley que reajusta las asignaciones familiares de los trabajadores de los sectores público y privado.
Colaboraron en el estudio de este proyecto, el señor Subsecretario de Previsión don Laureano León y el señor Superintendente de Seguridad Social don Carlos Briones.
La iniciativa legal en informe tiene por objeto reajustar las asignaciones familiares de Los sectores público y privado, incluyendo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de las Municipalidades, activos, pensionados y montepiadas, a contar del 1° de enero de 1972, en un porcentaje igual al alza que hubieren experimentado el índice de precios al consumidor en el año 1971.
Señala, además, que ninguna asignación familiar podrá tener un monto inferior a aquél que resulte de reajustar en un porcentaje igual al alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año 1971, la asignación familiar de Eº 102 mensuales por carga, vigente en el sector público al 31 de diciembre de 1971.
En los casos de los regímenes en que el beneficio se paga por carga y día trabajado, su monto equivaldrá a 1/30 del monto mensual que se ha señalado en el párrafo anterior.
Para aplicar estas normas al Servicio de Seguro Social, se establece la obligación fiscal de aportarle las sumas necesarias en la parte en que sus recursos propios no se lo permitieran.
Se hizo presente que el Servicio de Seguro Social tiene 1.600.000 cargas y que por el sistema actualmente vigente se podría elevar la asignación familiar de Eº 90 a Eº 100, pero como tiene un descuento del 5% con el cual se financia la leche, habría alcanzado solamente a Eº 95 por carga, en cambio con la aplicación de las disposiciones aprobadas en este proyecto, la asignación familiar va a ser de Eº 120.
Se señaló que la importancia del proyecto que nivela las asignaciones familiares, significa que prácticamente en el 1er. año de vigencia, es decir 1972, el 80% del total de las cargas familiares del país quedarán nivelados en un monto único. Este 80% está representado por el Servicio de Seguro Social, Fuerzas Armadas y Sector Público, los que alcanzarían la nivelación en el 1er año de vigencia del proyecto de Fondo Único.
Se hizo presente, además, que esta nivelación a pesar de diferencias con otras asignaciones familiares, como la de los bancarios por ejemplo, que es de Eº 324, podría alcanzarse en un plazo que se podría estimar en 2, 3 ó 4 años, dependiendo estos plazos de las futuras normas que sobre el particular se dicten, y que los porcentajes de discriminación dentro del campo total de los 4.200.000 cargas se van a ir disminuyendo anualmente.
En relación a los excedentes de asignación familiar se indicó que el 50% va al Fondo Nacional de Prestaciones Familiares y el otro 50% a obras de Bienestar Social y que estos excedentes van a quedar empozados en las Instituciones hasta que el proyecto sobre Fondo Único de asignación familiar determine su objetivo.
Se señaló que el proyecto en informe es de emergencia, debido a que debe regir a partir del 1º de enero de 1972, y se dicta, mientras se estudia con mayor detención el proyecto sobre Fondo Único de asignación familiar.
La iniciativa en informe plantea la situación de los regímenes convencionales que son aquellos fundamentalmente del cobre y algunas otras empresas importantes que existen en el país, los que totalizan 342.000 cargas.
De acuerdo a convenios pactados en regímenes convencionales no sólo se cancela la asignación familiar líquida sino que también hay otras prestaciones de orden familiar, como la asignación de casa, cuota mortuoria, servicio militar, matrimonio, etcétera que se imputan a imposiciones.
En virtud de disposiciones del mensaje en informe sólo se podrá imputar a imposiciones el monto de la asignación familiar más el reajuste correspondiente y el resto de las prestaciones señaladas en el párrafo anterior las continuarán recibiendo los trabajadores pero serán de cargo de las empresas. El artículo 2º ratifica esta idea y señala que éstas se considerarán en los convenios colectivos que Las empresas mantienen con los trabajadores.
En virtud de las consideraciones expuestas y de las que dará el señor Diputado Informante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la Honorable Cámara la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo 1°- Las asignaciones familiares de los trabajadores da los sectores público y privado, incluyendo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de las Municipalidades, activos, pensionados y montepiadas, se reajustarán a contar del 1º de enero de 1972, en un porcentaje igual al alza que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor en el año 1971 la asignación familiar de Eº 102 mensuales por carga, vigente en el sector público al 31 de diciembre de 1971. En los regímenes en que el beneficio se paga por carga y día trabajado, su monto equivaldrá al 1/30 del monto mensual a que se refiere este inciso. El Fisco aportará al Servicio de Seguro Social las sumas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición, en la parte en que sus recursos propios no se lo permitieren.
A contar del 1º de enero de 1972, en los regímenes convencionales de asignación familiar, se podrán compensar con imposiciones, únicamente las asignaciones familiares imputables al 31 de diciembre de 1971, reajustadas en el mismo porcentaje que corresponda al alza que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor durante ese año, con exclusión de las regalías contractuales en favor de la familia a que se refiere el inciso 1º del artículo 2º transitorio del D.F.L. 245, de 1953.

Artículo 2º- Todas las estipulaciones individuales y colectivas respecto de la prestación de servicios que establezcan una redistribución en dinero relacionadas con la situación familiar de los trabajadores, serán consideradas exclusivamente como pactos sobre rtnumeraciones para tocios los efectos legales.

Sala de la Comisión, a 15 de diciembre de 1971.

Acordado en sesión de igual fecha con asistencia de los señores Cardemil (Presidente Accidental), Olivares, Fuentealba don Luis, Hurtado, Alamos, Mosquera, Olave, Ríos don Héctor, Robles, Rodríguez y Torres.

Se designó Diputado informante al señor Olave.

(Fdo.): Fernando Errázuriz Guzmán, Secretario de Comisiones."

3.- INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA

"Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de ley, remitido por el Senado, con urgencia calificada de "simple", que modifica el artículo 66 del Código de Justicia Militar.
Durante la discusión de este proyecto estuvo presente el señor Subsecretario de Justicia, don José Antonia Viera Gallo.
El proyecto tiene por objeto permitir que las audiencias de la Corte Marcial se verifiquen en las mismas horas de funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la actualidad el horario y días de funcionamiento son fijados por la Corte Marcial, el primer día hábil de cada año, y en la práctica, los Ministros de la corte de Apelaciones de Santiago que integran dicho Tribunal Militar de Alzada por mandato del artículo 48 del Código de Justicia Militar, deben desempeñar sus funciones una vez concluida la audiencia de la Corte de Apelaciones, vale decir, después de las 19 horas. Esta situación acarrea una serie de problemas y dificultades de todo orden, tanto en el plano administrativo como en lo que se refiere a las actuaciones de las partes o sus abogados defensores.
Consultada la Corte Suprema sobre el particular por la Comisión técnica que conoció el proyecto en el Senado, ese Tribunal contestó lo siguiente, en oficio Nº 3365, de octubre del año en curso, del que se acordó dejar constancia en este informe: "esta Corte estima que no existe inconveniente en que se modifique el artículo 66 del Código de Justicia Militar en la forma propuesta, en el bien entendido de que se adoptarán las medidas pertinentes para que con la modificación señalada no se perjudique el normal funcionamiento de la Corte de Apelaciones de esta ciudad. Se previene que los Ministros señores Retamal y Pomés estuvieron por manifestar que la modificación legal propuesta la aceptan sin condicionamiento alguno.".

El artículo 66 que se modifica es del tenor siguiente:

"Artículo 66.- La Corte Marcial se reunirá ordinariamente tres veces a la semana, y los días y horas en que funcione serán fijados el primer día hábil de cada año.
El Presidente podrá reunir extraordinariamente la Corte cuando lo estime necesario para el despacho de causas pendientes.".

Las consideraciones precedentes y otras que podrá proporcionar el señor Diputado informante, movieron a la Comisión a dar su aprobación unánime al siguiente

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Suprímense en el inciso primero del artículo 66 del Código de Justicia Militar las palabras "y horas" y agrégase a continuación de su inciso segundo, el siguiente, nuevo:

"Las audiencias deberán verificarse en las mismas horas de funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago.".".

Sala de la Comisión, a 14 de diciembre de 1971.

Acordado en sesión de fecha 29 de noviembre del año en curso, con asistencia de los señores Valenzuela (Presidente accidental), Arnello, Fuentes, don César; Klein, Maturana, Naudon, Phillips, Vergara y Zaldívar.

Se designó Diputado informante al señor Naudon.

(Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión."

4/5.- INFORMES DE LA COMISION ESPECIAL DE SOLICITUDES PARTICULARES RECAIDOS EN LOS PROYECTOS QUE BENEFICIAN A LAS SIGUIENTES PERSONAS.

Elvira Echeverría de La Lastra, y Juan Enrique Miranda.

6.- PRESENTACION

"Honorable Cámara:

Los Diputados que suscriben, en el ejercicio de las atribuciones que les otorgan la Constitución Política de la República de Chile y en cumplimiento de las obligaciones que emanan de su calidad de fiscalizadores de los actos del Ejecutivo, vienen en deducir acusación constitucional en contra del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Pedro Vuskovic Bravo por las actuaciones y hechos que se señalan más adelante y en los que le cabe la responsabilidad que se indica.

I.- Engaño a los trabajadores

La política económica mantenida por el Gobierno de la República ha sido desastrosa para el interés nacional y, en especial, para los sectores más modestos de la población.
Se han paralizado las inversiones privadas y públicas, afectando el desarrollo del país; no se han creado nuevas posibilidades de empleos, dejando sin expectativas de trabajo a sectores crecientes de chilenos; han destruido las bases de la economía, despilfarrando las divisas por disminución de la producción interna, desquiciando el comercio exterior, emitiendo sin tasa ni medida, tanto directamente fabricando miles de millones de escudos en billetes, como indirecta e ¡legalmente a través de Certificados de Ahorro Reajustables, en forma arbitraria y han comprometido el crédito estatal con un endeudamiento no autorizado, con el único objetivo de apoderarse de numerosas actividades económicas existentes, para someterlas al control partidista.
La política económica gubernativa ha provocado una intencionada distorsión de las actividades económicas, una de cuyas consecuencias ha sido la escasez y el encarecimiento de los productos esenciales. Esta realidad, que todos los chilenos conocen porque la están viviendo, pretende ser ocultada por la vía engañosa de alterar el índice del aumento del costo de la vida. El manejo y la adulteración de dicho índice, que realizan intencionadamente organismos dependientes del Ministerio de Economía, constituye no sólo un abuso y desviación de poder, injusto y arbitrario, sino que implica una estafa que se comete en contra de los trabajadores, de los ahorrantes, de los pensionados, y del pueblo en general.
En efecto, los trabajadores son perjudicados en los reajustes de sus salarios y sueldos, sufriendo en consecuencia una pérdida real del valor adquisitivo de sus remuneraciones; los ahorrantes, y, en especial, los que han creído en la propaganda del Gobierno y han invertido sus ahorros en Certificados de Ahorro Reajustables, u otros bonos reajustables, o han vendido sus acciones para percibir aquellos Certificados, y los que han ahorrado en la esperanza de poder tener su casa propia, son perjudicados gravemente por cuanto su patrimonio, en lugar de verse protegido pasa a verse disminuido realmente, ya que el menor reajuste le significa una disminución de la suma que han ahorra- dodo; y todo el pueblo, cuyos ingresos serán menores a los que auténticamente debiera corresponderles.
Solamente el Gobierno se beneficia con esta vergonzosa falsificación del índice de precios, ya que el Estado disminuye sus deudas; pero, fundamentalmente, disminuye los reajustes, porque paga menos a los empleados públicos, y paga menos a los pensionados; es decir, hace que sean los sectores activos y pasivos del país, todos ellos -empleados fiscales y semifiscales, empleados particulares y obreros; integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en servicio activo y en retiro; miembros del Poder Judicial; pensionados y montepiados- , los que deben soportar el peso inmediato de los desaciertos de la política gubernativa.
Falseando el índice de precios, el Gobierno puede sostener la demagógica posición de estar entregando un reajuste de remuneraciones aparentemente muy alto. Pero ello no es sino un engaño más, ya que sólo entrega una parte del aumento experimentado en el costo de la vida.
En efecto, el Gobierno sostiene que el alza del índice del costo de la vida en el curso del año 1971, es (aproximadamente) un 18%; y engaña al pueblo al decir que otorga un reajuste superior al 100% del alza del alza experimentada, si reajusta los sueldos en un 20%. En verdad, en esa circunstancia, siendo el alza real del índice de precios superior al 30%, sólo estaría reajustando las remuneraciones en dos tercios del alza real, y los trabajadores tienen que perder una tercera parte del reajuste necesario para que sus salarios mantengan el mismo valor adquisitivo.
Pero hay más. El engaño es tanto mayor, cuando a él se ha prestado la directiva de la CUT, para suscribir, con solemnidad que constituye una burla, un solemne convenio con el Gobierno. El convenio CUT-Gobierno, presentado al país como una defensa decidida de los trabajadores, es, en esta materia de reajustes, la segunda etapa de la maniobra realizada por el Ministro de Economía, al adulterar el índice de precios al consumidor, como señalaremos más adelante.

En las letras C y F, el referido convenio señala:

"C) Reajuste general de sueldos y salarios en el 100 por ciento del índice del costo de la vida para todos los trabajadores no sujetos a convenio del sector público o privado.

F) Reajuste de pensiones, jubilaciones y montepíos en un 100 por ciento del alza del costo de la vida."

Para mantener al pueblo engañado acerca de la realidad económica que está viviendo el país, de los problemas del desabastecimiento, de la crisis de recursos fiscales, de la crisis de divisas para importar lo que el país ya no produce, ni podrá producir el próximo año, el Ministro de Economía ha debido montar dolosamente, el más vergonzoso falseamiento del índice, para ocultar el alza del costo de la vida que realmente los chilenos sufren.

II.- El alza del costo de la vida.

Un manejo serio y responsable de la política económica requiere de indicadores fidedignos y no artificiosamente distorsionados. Sobre todo si, como en el caso de Chile, la mayoría de los contratos se reajustan periódicamente de acuerdo a las variaciones que experimenta el costo de la vida.
De ahí la importancia que el índice de precios al consumidor refleja lo más exactamente posible el costo de los productos, artículos y servicios que la población consume.
Después de una larga encuesta realizada durante 1969 se logró confeccionar la base del índice de precios al consumidor que incluye 305 diversos artículos, en la que cada uno tiene una ponderación determinada por su importancia relativa dentro de las compras totales de la dueña de casa.
El conjunto de todos estos bienes y servicios constituye una "canasta" cuyos precios se detectan todos los meses a través de los funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas.
Según los datos oficiales entregados por el Gobierno, que cambió el personal superior del Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumidor habría subido en un 18,8% en el presente año.
No podemos conocer aún qué alza mostrará el índice el 31 de diciembre. Pero, en todo caso, esa alza determinará los reajustes en los sistemas de ahorro y en las deudas, y, después del acuerdo CUT- Gobierno, también esa alza determinará el nuevo nivel de remuneraciones para una inmensa cantidad de trabajadores.
Sostenemos que el índice ha sido adulterado "mañosamente" y, por tanto, el señor Ministro de Economía ha provocado un inmenso daño patrimonial a miles de ahorrantes y trabajadores chilenos.
En efecto, nuestras informaciones y estudios demuestran que el índice verdadero arroja, para el período considerado, un alza no inferior en caso alguno al 31%, lo que significa un 12,2% adicional al alza reflejada por el índice oficial.
El detalle de esta cifra no considera, además, alzas que se esconden temporalmente tras la mantención de un tipo de cambio muy bajo que el Gobierno puede modificar a su arbitrio y en cualquier momento, como ya ha ocurrido con posterioridad al Convenio CUT-Gobierno.
El único efecto que se ha considerado para este estudio es el que se produce polla escasez a veces absoluta, de los artículos que componen el índice, y que obliga a los consumidores a adquirir productos de mayor precio. La distorsión se produce en el caso que no exista un artículo en el mercado y se supone que su precio se mantiene constante con respecto al último detectado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
Es un hecho indiscutible el de la escasez durante largos períodos de tiempo de los siguientes productos: fideos y tallarines corrientes, frejoles, carnes de todo tipo, aceite corriente, cecinas, algunas verduras y frutas, bebidas, etc.
Junto a este hecho ha habido cambios sustanciales en la calidad de algunos productos, como el pan único en relación con el especial, el vino embotellado, la comida fuera del hogar, las sábanas, etc. En otros casos la falta de abastecimiento y la demora en las entregas ha obligado a los consumidores a pagar mayores precios por artículos de reemplazo.
Todos estos efectos se han traducido en un desembolso mayor de cada familia para adquirir las mismas cosas que antes, y que el índice oficial de precios no ha reflejado debido a su manipulación de parte del Gobierno.

Algunas de las alzas no contempladas en el índice son las siguientes:

a) Fideos y tallarines: Escasez de tallarines corrientes y especiales, lo que ha obligado a la dueña de casa a adquirir tallarines enriquecidos. En el índice los tallarines enriquecidos no tienen ponderación, en circunstancia que ellos representan un 22% del gasto total en tallarines, según lo demuestran las cifras de ventas de fábricas y supermercados. Ello hace que, por este concepto el índice real suba en 1,4795% por sobre el índice oficial;

b) Carnes: Es conocida la escasez de carne de todos los tipos, incluso aves, lo que obliga a la dueña de casa a pagar precios muy superiores a los que aparecen en el índice. La demostración más evidente de este hecho es que el animal vivo en feria ha aumentado su precio en por lo menos 75,8%. Un detalle de los precios de los diferentes cortes en carnicerías indica que la carne al detalle ha subido en por lo menos esa misma cantidad, debiendo por este concepto aumentarse el índice en 5,22647%.
Debe anotarse que las más recientes medidas adoptadas por organismos gubernativos en esta materia, no ha producido ningún efecto real, por la mayor escasez registrada;

c) Aceites y cecinas: La escasez de aceite corriente a granel, sobre todo en los barrios populares ha hecho que la dueña de casa deba comprar preferentemente aceite envasado, que es bastante más caro y que obligaría a ajustar el índice en 0,37821%;

d) Verduras y frutas: Según cifras oficiales de la ECA, los precios de remate de manzanas, naranjas y papas, indican que debe corregirse el índice en 0,52400%;

e) Vinos: El desaparecimiento del vino suelto que se contempla en el índice, y que ha debido ser reemplazado por el vino embotellado de mayor valor, hace subir el índice en 0,28085%;

f) Comida fuera del hogar: La necesidad generalizada para gran parte de la población trabajadora de almorzar fuera del hogar, ha obligado a pagar precios muy superiores para una comida, ya que, a los precios fijados no se encuentra. Por este concepto habría que aumentar el índice en 0,43800%;

g) Otros: La baja calidad, la falta de entregas, el no descuento por pago contado, el pago anticipado y otros problemas comerciales han hecho que los ítem muebles, menaje, blanco, útiles de aseo, vestuario, géneros y misceláneos significan por lo menos un 3,93803% de recargo no reflejado por el índice oficial.
Sólo los antecedentes señalados significan un mayor alza del costo de la vida de 12,2%.
Además, debe insistirse en que la escasez y aumento real de precios de numerosos artículos, como son por ejemplo, los repuestos de camiones, camionetas, automóviles, taxis y maquinaria agrícola y otros muchos elementos -alambre, cemento, etc.- que no se han contemplado debidamente y que por igual encarecen los precios reales, y significan un grave deterioro y perjuicios para vastos sectores de hombres de trabajo.

III.- Abuso y desviación de poder, reiterados.

La falsificación del índice de precios, realizadas intencionadamente por servicios estatales dependientes del Ministerio de Economía, como es el Instituto Nacional de Estadísticas, constituye claramente un abuso de poder imputable al superior jerárquico: el Ministro acusado.
Las normas legales y reglamentarias vigentes para determinar dicho índice, no pueden ser tergiversadas en su sentido y alcance, para transformar la responsabilidad legal que obliga a establecer el alza real del costo de la vida por su incidencia fundamental en la economía del país, en un instrumento arbitrario que pueda manejarse torcidamente y que posibilite engañar y perjudicar a los trabajadoras, los ahorrantes, y al pueblo en general.
El principio de legalidad que contiene la existencia de un estado de derecho, como el que Chile se ha dado y defiende, obliga a que la administración del Estado se ajuste, en su actuación a las normas que derivan de dicho principio. Y particularmente de las siguientes:

a) La administración debe ajustar su actividad a lo dispuesto por la Constitución y las leyes. Debe someter sus propósitos a los que éstas le permiten y atenerse a los medios que le franquean;

b) Las autoridades administrativas inferiores deben ajustar su actividad a las normas dictadas por las autoridades superiores. Lo que señala la responsabilidad consecuente de la autoridad superior por las actuaciones no corregidas de sus subordinados;

c) La autoridad administrativa debe ajustar su actuación concreta a las normas generales dictadas por ella misma, sin perjuicio de su facultad de derogarlas por vía general. No es admisible pues, la decisión arbitraria, la falsificación intencionada, ni la tergiversación consciente, dentro de las facultades propias de la autoridad administrativa.

En consecuencia, las actuaciones de la administración del Estado, y, en la especie, las de establecer con realismo y veracidad el índice de precios al consumidor, está determinada y sujeta a normas jurídicas y morales que no puede eludir. Normas jurídicas que establece la legislación vigente y que constituyen el resguardo de los derechos de los ciudadanos; y normas morales y a la vez de recta interpretación jurídica, que impiden torcer el sentido de la ley, y asimismo el sentido correcto de la función pública de las atribuciones que la ley otorga y del ejercicio del poder.
Todo acto en contrario, constituye abuso o desviación de poder, por sí solo suficiente para que el Ministro responsable de tales hechos incurra en una actuación dolosa, susceptible de sanción por la vía de la acusación constitucional.
El abuso de poder, claramente tipificado en nuestra Constitución Política, como causal de acusación constitucional, comprende también la llamada desviación de poder en los actos administrativos.
En numerosas oportunidades, la Honorable Cámara ha aceptado como tesis incontrovertible que el abuso de poder realizado por un Ministro de Estado cae dentro de los términos de la acusación constitucional.
La existencia de un estado de derecho, tiene como valor intrínseco el otorgar a todos los habitantes de una Nación la seguridad jurídica; es decir, que todos y cada uno de los individuos o grupos que la integran están sometidos por igual a un ordenamiento jurídico que obliga y limita -también por igual- a los ciudadanos y al Estado. El abuso, exceso o desviación de poder, en materia de derecho público atenta precisamente contra la seguridad jurídica, y debe ser sancionado por los organismos y los mecanismos que la Constitución establece, justamente para defender los derechos de los ciudadanos.
En las actuaciones que motivan la presente acusación, esto es la adulteración del índice de precios al consumidor, el abuso de poder es tanto más grave cuanto configura una verdadera estafa para todas las personas que, por causa de su alteración y disminución arbitraria, sufren un perjuicio patrimonial muy preciso. No se trata pues de una actuación que configure sólo un engaño, que descalifique políticamente al Ministro responsable de esas intencionadas manipulaciones y al Gobierno de que forma parte. Se trata, como se ha dicho de una estafa que destruye los legítimos derechos que leyes vigentes y el compromiso del propio Estado otorgan a las personas que han colocado sus ahorros en los bonos o certificados de ahorro reajustables emitidos por organismos estatales, y que se ven privados de parte sustancial del reajuste que el Estado les adeuda. Y, aún con mayor gravedad, repercute sobre las remuneraciones de los trabajadores, que ven así disminuidos en un alto porcentaje el poder adquisitivo de aquellas y ven afectadas las condiciones de vida de sus familias que han debido sufrir las consecuencias de la desastrosa política económica impuesta al país por el mismo Ministro acusado.
El Ministro de Economía que acusamos, ha hecho uso constante y reiterado de la arbitrariedad, la ilegalidad, el atropello a la Constitución y a la ley, el abuso y desviación de poder a lo largo de toda su gestión ministerial. La Honorable Cámara puede constatar de la simple observación de la realidad, la reiteración de tales actuaciones ilegales y la contumacia y desafío a la legalidad que el Ministro acusado ha transformado en sistema.
Asimismo, como se ha señalado en la Comisión Mixta de Presupuesto, se ha atropellado la ley al transformar el mecanismo de los Certificados de Ahorro Reajustables en un medio oculto de hacer emisiones ilegales, y de efectuar gastos a través de la CORFO al margen del Presupuesto y del Congreso Nacional.

Por tanto,
Los Diputados que suscriben vienen en deducir acusación constitucional en contra del Ministro de Economía don Pedro Vuskovic Bravo por la responsabilidad que le asiste en los hechos y actuaciones señalados en esta presentación; y vienen en solicitar a la Honorable Cámara que se sirva declararla admisible, dándole la tramitación constitucional que corresponde.

(Fdo.): Mario Amello R., Patricio Mekis S., Oscar Schleyer S., Jaime Bulnes S., Santiago Ureta M., Silvia Alessandri de C, Hardy Momberg R., Manuel Tagle V., Germán Riesco Z., Osvaldo Vega V."

IV.- ASISTENCIA

Sesión 26ª, Extraordinaria, en miércoles 15 de diciembre de 1971. Presidencia de los señores Sanhueza, don Fernando y Fuentes, don César Raúl.
Se abrió la sesión a las 16 horas. Asistieron los señores:

Acevedo Pavez, Juan
Acuña Méndez, Agustín
Aguilera Báez, Luis
Agurto, Fernando Santiago
Alamos Vásquez, Hugo
Alessandri de Calvo, Silvia
Alvarado Páez, Pedro
Allende Gossens, Laura
Amunátegui Johnson, Miguel
Luis Araya Ortiz, Pedro
Argandoña Cortés, Juan
Arnello Romo, Mario
Atencio Cortez, Vicente
Aylwin Azócar, Andrés
Baltra Moreno, Mireya
Barahona Ceballos, Mario
Barrionuevo Barrionuevo, Raúl
Bulnes Sanfuentes, Jaime
Buzeta González, Fernando
Cabello Pizarro, Jorge
Campos Pérez, Héctor
Cantero Prado, Manuel
Cardemil Alfaro, Gustavo
Carmine Zúñiga, Víctor
Carrasco Muñoz, Baldemar
Carvajal Acuña, Arturo
Castilla Hernández, Guido
Clavel Amión, Eduardo
De la Fuente Cortés, Gabriel
Del Fierro Demartini, Orlando
Espinoza Carrillo, Gerardo
Espinoza Villalobos, Luis
Ferreira Guzmán, Manuel
Frei Bolívar, Arturo
Frías Morán, Engelberto
Fuentealba Medina, Luis
Fuentes Andrades, Samuel
Fuentes Venegas, César
Raúl Garcés Fernández, Carlos
García Sabugal, René
Giannini Iñiguez, Osvaldo
Godoy Matte, Domingo
González Jaksic, Carlos
Guerra Cofré, Bernardino
Huepe García, Claudio
Ibáñez Vergara, Jorge
Iglesias Cortés, Ernesto
Insunza Becker, Jorge
Irribara de la Torre, Tomás
Jaque Araneda, Duberildo
Jarpa Vallejos, Abel
Jáuregui Castro, Pedro
Klein Doerner, Evaldo
Koenig Carrillo, Eduardo
Laemmermann Monsales, Renato
Lavandera Illanes, Jorge
Lazo Carrera, Carmen
Leighton Guzmán, Bernardo
Lorca, Rojas, Gustavo
Lorenzini Gratwohl Emilio
Magalhaes Medling, Manuel
Maira Aguirre, Luis
Marín Millie, Gladys
Marín Socías, Oscar
Maturana Erbetta, Fernando
Mekis Spikin, Patricio
Mercado Illanes, Julio
Merino Jarpa, Sergio
Millas Correa, Orlando
Momberg Roa, Hardy
Monares Gómez, José
Monckeberg Barros, Gustavo
Mosquera Roa, Mario
Naudon Abarca, Alberto
Núñez, Malhue, Matías
Olave Verdugo, Hernán
Ortega Rodríguez, Leopoldo
Páez Verdugo, Sergio
Palza Corvacho, Humberto
Pareto González, Luís
Penna Miranda, Marino
Pérez Soto, Tolentino
Phillips Peñafíel, Patricio
Pontigo Urrutia, Cipriano
Ramírez Ceballos, Pedro Felipe
Ramírez Vergara, Gustavo
Recabarren Rojas, Floreal
Retamal Contreras, Blanca
Riesco Zañartu, Germán
Ríos Ríos, Héctor
Ríos Santander, Mario
Riquelme Muñoz, Mario
Robles Robles, Hugo
Rodríguez Villalobos, Silvio
Ruiz-Esquide Espinoza, Rufo
Ruiz-Esquide Jara, Mariano
Saavedra Cortés, Wilna
Sabat Gozalo, Jorge
Salinas Clavería, Edmundo
Salinas Navarro, Anatolio
Salvo Inostroza, Camilo
Sanhuenza Herbage, Femando
Santibáñez Ceardi, Jorge
Scarella Calandroni, Aníbal
Schleyer Springmuller, Oscar
Schnake Silva, Erich
Señoret Lapsley, Rafael
Sepúlveda Muñoz, Eduardo
Scharpe Carte, Mario
Silva Solar, Julio
Soto Gutiérrez, Rubén
Stark Troncoso, Pedro
Tagle Valdés, Manuel
Tapia Salgado, René
Tavolari Vásquez, Antonio
Tejeda Oliva, Luis
Temer Oyarzún, Osvaldo
Toledo Obando, Pabla
Toro Herrera, Alejandro
Torres Peralta, Mario
Tudela Barraza, Ricardo
Undurraga Correa, Luis
Valdés Rodríguez, Juan
Valenzuela Valderrama, Héctor
Vargas Peralta, Fernando
Vergara Osorio, Lautaro
Videla Riquelme, Pedro
Zaldívar Larraín, Alberto.

Asistió, además, el señor Ministro de Justicia.

El Secretario, señor Guerrero Guerrero, don Raúl y el Proecretario, señor Parga Santelices, don Fernando.
Se levantó la sesión a las 21 horas 37 minutos.

VI.- TEXTO DEL DEBATE

- Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor SANHUEZA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

Las actas de las sesiones 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, y 24ª quedan aprobadas por no haber sido objeto de observaciones.
Se va a dar lectura a la cuenta.

- El señor PARGA (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.

1.- HOMENAJE EN MEMORIA DE MIGUEL ANTONIO CASTILLO VELASTINI, EX FUNCIONARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.- NOTA DE CONDOLENCIA.

El señor SANHUEZA (Presidente).- Por acuerdo de la Corporación, corresponde rendir homenaje en memoria del ex funcionario de la Cámara, don Miguel Antonio Castillo Velastini, fallecido trágicamente.
Ofrezco la palabra.
El señor BUZETA.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZETA (de pie).- Señor Presidente, señores Diputados, hoy levantamos nuestra voz para rendir homenaje a quien fuera un antiguo y eficiente funcionario de la Cámara y un amigo del Diputado que habla.
Conocí las actividades de Miguel Antonio Castillo Velastini dentro y fuera de la Cámara.
Todos los señores Diputados saben de su seriedad, corrección y deseo de atender, en tanto detalle que a veces creemos pequeños, pero que, sin embargo, ayudan para actuar en este recinto en forma eficiente. Es por eso la estima mutua que existe entre funcionarios y Diputados dentro del Congreso.
Hoy también queremos referirnos a su labor fuera de este recinto. Porque Antonio Castillo volcó su espíritu de servicio y sacrificio también en la población Juan Antonio Ríos Nº 2 donde vivía, en la comuna de Renca. Apenas fundada la Segunda Compañía de Bomberos en ese sector, se acercó a trabajar junto a esos voluntarios, que comenzaron en un modestísimo cuartel y que hoy tienen para servir a la comunidad y para mostrar con orgullo, como resultado del esfuerzo y trabajo, un cuartel moderno con sus equipos completos. Una ley de la República, de la que fue activo impulsor Antonio Castillo, los hace hoy dueños de una propiedad que está al servicio de los vecinos.
En todo lo que fuera ayuda a la comunidad, siempre los vecinos recurrían antes que a nadie al amigo Castillo, porque sabían de su espíritu de cooperación.
Personalmente, recuerdo muchos gestos de amistad y cariño de Antonio Castillo, durante los muchos años desde que empezó a acompañarnos en las mismas inquietudes sociales y políticas.
Los Diputados de la Izquierda Cristiana nos asociamos acongojados a este homenaje y rogamos al señor Presidente solicitar el acuerdo de la Cámara para hacer llegar notas de condolencia a su señora esposa, doña Norma viuda de Castillo, y a su familia, a la Segunda Compañía de Bomberos de la población Juan Antonio Ríos número 2, de la comuna de Renca y a la Asociación de Empleados de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Naudon, don Alberto.
El señor NAUDON (de pie).- Señor Presidente, en repetidas ocasiones, esta Cámara ha debido lamentar el alejamiento de funcionarios caracterizados por su competencia, su capacidad y, fundamentalmente, por la leal identificación con la responsabilidad administrativa que singulariza necesariamente a los empleados de esta Corporación.
Es probable que la urgencia política, nuestros compromisos personales, no nos permitan un conocimiento profundo de las tareas que cada funcionario está cumpliendo para hacer más positivas y eficaces nuestras propias labores legislativas. Pero no puede caber duda del alto respeto que los parlamentarios sentimos hacia quienes forman, en los distintos niveles del trabajo, este cuerpo solidario de hombres y mujeres que ejercen sacrificadamente una actividad junto a nosotros.
La muerte de Miguel Antonio Castillo Velastini detiene nuestro trabajo regular para rendir un homenaje en su memoria. Y aun cuando nuestras palabras serán ineficaces para remediar el hecho conmovedor de esta desgracia, cumplimos sinceramente una obligación de amistad y de reconocimiento.
Después de 23 años de trabajo en esta Cámara era -y tal vez lo fue siempre- un trabajador que se esmeraba en cumplir sus tareas con cordialidad, simpatía y rectitud. Su comportamiento revelaba un estilo que debemos reconocer en los funcionarios de la Cámara, celosos en el cumplimiento de una disciplina y visiblemente dispuestos a una superación constante.
A través de estos largos años fue asumiendo mayores responsabilidades dentro del personal de Administración, donde se desempeñaba hasta el momento de su muerte como subecónomo. Había sido dirigente del Club Deportivo de la Cámara y había sido también voluntario de la 2ª Compañía de Bomberos de Renca, y era miembro de la Sociedad Mutualista Dávila Baeza.
Ello pone en evidencia, desde luego, una conducta determinada por otros nobles intereses, que justifican en plenitud el ascendiente de que siempre gozó frente; a sus compañeros y el respeto y confianza que le entregaron sus jefes.
Lo recordamos en forma muy precisa, cumpliendo su trabajo diario, procurando siempre proyectar hacia los parlamentarios y sus compañeros de la Cámara una suerte de cordialidad que lo destacaba, un propósito de atención limpio y espontáneo.
Comprendemos el dolor de sus compañeros, los que hicieron con él una prolongada convivencia, y los que comenzaban a mirar en su desempeño funcionario al mejor camino para modelar su propia calidad de empleados del Congreso Nacional.
Y no podríamos, desde luego, olvidar que el dolor seguirá golpeando por mucho tiempo el hogar que formó con sacrificio; la angustia de sus seis hijos ni la dramática soledad de su señora esposa.
Por ello creemos que este homenaje es justo, necesario, y que los partidos políticos aquí representados y los parlamentarios debíamos dejar este testimonio de afecto y de recuerdo para un hombre modesto a quien siempre sentimos como un compañero de sobresalientes condiciones humanas.
La Izquierda Radical solicita al señor Presidente de la Cámara que se envíen, en su nombre, notas de condolencia a la familia de don Miguel Antonio Castillo Velastini y a cada una de las entidades a las cuales perteneció.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Del Fierro, don Orlando.
El señor DEL FIERRO (de pie).- Señor Presidente, en representación de los Diputados de la Democracia Cristiana y por encargo especial del Comité de Diputados de la Democracia Radical, tengo el penoso privilegio de rendir público homenaje en memoria del antiguo y meritorio funcionario de esta Corporación don Miguel Antonio Castillo, quien hasta el viernes de la semana recién pasada estuvo con nosotros a través del desempeño de sus funciones, con la misma plenitud, discreción y responsabilidad de todos los días durante los veinticuatro años que aquí trabajó, y a quien sólo algunos de nosotros, por lo menos el Presidente de la Corporación, en nombre de todos, pudo acompañar hasta su última morada.
Pensamos, señor Presidente, que la sola muerte no es título suficiente para declarar a un hombre justo, recto, bueno y útil. La angustiante declaración de lo irreversible que ella involucra, muchas veces provoca en el hombre la tentación por la indulgencia más que el proceso mental debidamente razonado, que puede producir en sus conclusiones adjetivos semejantes al camino anterior, pero que nos fuerza hacia la trascendentalidad de una vida común, de una existencia percibida por quienes la rodean o tienen la suerte de contactarla.
Este es el camino que pretendemos como homenaje a Miguel Castillo, en la conciencia de que su sencillez no habría pretendido otro.
Su suma biográfica nos señala en el plano laboral casi un cuarto de siglo al servicio de las funciones de su escalafón, por el cual asciende con sus méritos en el transcurso de los años, hasta llegar a la jefatura de comedores. En el plano social, nos han relatado sus compañeros de trabajo y sus amigos, tuvo una inmensa inquietud, que lo llevó a pertenecer de conjunto al Cuerpo de Bomberos de la comuna de Renca, a la práctica del deporte en su barrio, a la directiva del deporte en su comuna y del Club Deportivo de la propia Cámara de Diputados. También participó en la Asociación de Funcionarios de esta Corporación desde su creación, y en muchas otras actividades que omitimos, no por ser menos importantes, sino por el tiempo de que disponemos.
Una vida es la suma de los actos y de las omisiones de un hombre. La apretada síntesis que hemos señalado de algunos actos que en el desarrollo de su existencia va cumpliendo Miguel Antonio Castillo, nos entrega una perspectiva muy clara: la del hombre que, consciente de su papel en la sociedad humana, se instrumenta para servir mejor a los demás.
¿Quién podría decir que esta afirmación no es compatible con la conducta funcionaría de quien merece este homenaje? Aun dentro del común anonimato en que transcurre la tremenda capacidad de servició de nuestros colaboradores, a mí me fue posible observar en él dos rasgos que perfilo, y que no se agotan en su referencia, y que constituyen un patrimonio común de los que aquí laboran. Un terrible y estricto cumplimiento de su deber, y un don de trato, instrumento de la comunicación entre los hombres, donde nunca existió un atisbo de servilismo, sino la conciencia clara de la dignidad de la tarea que se cumple. Ello nos lleva a concluir en la equivalencia desde el punto de vista de la dignidad de las funciones que en su conjunto estructuran esta Corporación. Sin hombres como Castillo, nuestra tarea legislativa sufriría tal vez insalvables dificultades.
Hace pocos días, tuve la suerte de ir a Panimávida para la celebración de la fiesta anual del personal y allí me encontré con Miguel Antonio Castillo. En varias oportunidades conversamos sobre muchas cosas, y me llamó especialmente la atención su extraordinaria memoria para recordar con respeto a casi todos los Diputados que durante veinticuatro años pasaron por esta Corporación y, sobre todo, la certeza de sus sintéticos juicios para describir las exteriorizaciones más reiteradas de esas personas.
¡A qué seguir, señor Presidente! Estamos hablando de un hombre aún joven, en la plenitud de su capacidad física y mental, en la plenitud de su experiencia, que es un patrimonio de lenta acumulación; de un hombre que honró a este Poder del Estado; de un hombre que deja a una familia en la congoja, como consternados estaban todos el día de la noticia, cuando ella golpeó la incredulidad de todos sus compañeros. Estamos hablando, además, de un hombre que le dio seis hijos a la Patria. Fallece a causa de un accidente trágico, en su propio hogar, como consecuencia de un convencimiento de que el descanso consiste en el cambio de actividad. Allí lo sorprendió la muerte, cuando descansaba trabajando para los suyos.
Convengamos que, en esa misma hora, el fiel de la balanza se inclinó a su favor, señalándolo como un hombre justo y responsable, íntimamente bueno para con los suyos, y servicial para los testigos de su vida. Y esta ponderación universal debe ser el gran consuelo de su digna esposa e hijos.
Convengamos, por último, señor Presidente, que la muerte fue, quizás, injusta con él. La vida de los hombres útiles es tan valiosa y necesaria en esta hora. La muerte pudo y debió haber esperado por él.
Muchas gracias.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES (de pie).- Señor Presidente, los Diputados comunistas llegamos al Congreso Nacional conscientes de que el hecho de representar al pueblo en este Poder del Estado no constituye un factor que impulse ambiciones personales o favorezca carreras políticas individuales. Por el contrario, no perdemos de vista que el Congreso Nacional es otro frente más para nuestra lucha, y el sitio que en él ocupemos está muy lejos de ser patrimonio exclusivo de unos pocos. Tal vez por ello, los comunistas sabemos valorar el trabajo de quienes hacen posible, en último término, nuestra labor parlamentaria; de quienes cumplen sus tareas, de diversas índoles, aquí en la Cámara.
Nos sentimos igualmente trabajadores. Somos, al igual que ellos, trabajadores. No existen entre nosotros y los funcionarios del Congreso más diferencias que aquellas que, por lógica, derivan de la distinta naturaleza del trabajo que cada cual desempeña.
Los Diputados comunistas supimos, así, apreciar y valorar a un hombre modesto y generoso, que, creemos, simbolizaba las mejores virtudes de nuestra clase trabajadora. Miguel Antonio Castillo Velastini falleció trágicamente el pasado día 12 del presente. Durante algo más de 23 años, se desempeñó, con acierto y dignidad, en todos los cargos del escalafón de Comedores de la Cámara, carrera que culminó con su designación como Jefe de Comedores, en 1967.
Todos pudimos atestiguar su eficiencia; pero, más que nada, todos pudimos conocer y disfrutar de su ancha generosidad, de su abierto sentido del humor y de su lealtad a toda prueba. Cualidades que conocieron y amaron, mejor que nadie, su señora esposa, Norma Fernández Hernández y sus hijos, Nora Leticia, Jorge Antonio, Francisco Alberto, Hernán Marcelo, Patricia Eva y José Miguel, y sus pequeños nietos, Raúl Antonio y Ayline María.
Señor Presidente, los Diputados comunistas nos asociamos al duelo que aflige a la familia de Miguel Antonio Castillo y a quienes fueron sus compañeros directos de trabajo, en la Cámara de Diputados. Queremos expresarles a su viuda e hijos nuestra solidaridad ante esta pérdida irreparable; y a los funcionarios de la Cámara, nuestro respeto y gratitud por el compañero desaparecido, que simbolizara en vida sus propios anhelos de trabajo, progreso y perfeccionamiento.
He dicho.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Godoy.
El señor GODOY (de pie).- Señor Presidente, los parlamentarios nacionales adherimos al sentimiento de pesar que sufre nuestra Cámara de Diputados por el fallecimiento de nuestro querido amigo, Miguel Antonio Castillo.
Lamentamos profundamente la muerte de este benemérito ciudadano, de este querido amigo nuestro, que compartió tantas veces con nosotros, no sólo en su lugar de trabajo, sino que también en otras oportunidades, nuestra comunidad de pensamiento, nuestras ideales, nuestras ideas. Las brillantes palabras expresadas por mis colegas aquí, en el Parlamento, me ahorran muchas otras para manifestar el sentimiento de pesar que en este momento nos embarga.
Pero cabe decir que en esta Cámara de Diputados, donde existen tantos partidos políticos distintos y donde vemos a tantas personas diferentes en diversas actividades, se crea cierta solidaridad, cierta camaradería entre todos sus miembros y entre todos sus componentes, que hace como si fuera una gran familia, así también como suele suceder en las grandes familias en que hay hijos que piensan de distinta manera. Sin embargo, en esta oportunidad, nos sentimos más profundamente doloridos, porque éste fue un grande amigo de los parlamentarios nacionales.
Habla muy en alto de su persona y de su alma el hecho de que perteneciera a instituciones como el Cuerpo de Bomberos, porque este Cuerpo significa abnegación, sacrificio, desinterés y entrega en beneficio de la colectividad. Y yo diría que éstas fueron las características más fundamentales de este hombre, cuya muerte lamentamos en estos momentos.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Lazo, doña Carmen.
La señora LAZO (de pie).- Señor Presidente, los Diputados socialistas adherimos, conmovidos, al postrer homenaje que la Cámara de Diputados rinde a don Miguel Antonio Castillo.
La verdad es que, como aquí se ha dicho, nosotros hacemos, en estos momentos, un alto en el tráfago de nuestra lucha cotidiana, para rendir homenaje a alguien que, frente a muchos de nosotros, aparecía sin opiniones o sin poder darlas a conocer. Sin embargo, en los muchos años en que tuvimos ocasión de tratarlo y conocerlo, nos encontramos con un ser humano íntegro, con un ser humano que cumplía su deber con rectitud y con honradez, y sobre todo, con un ser humano que a aquellos que llegamos, en el período pasado o en otro tiempo, sin saber lo que esto era por dentro, nos mostraba la cara cordial, la cara fraternal, de aquellos que llevan muchos años conociendo el rodaje interno de la Cámara de Diputados.
Personalmente, por las inquietudes que han sido propias y han sido el norte de nuestra vida, yo sabía que era dirigente de la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados, como así también conocía sus otras actividades que aquí se han mencionado. Porque hubo ocasiones en que pudimos compartir con el personal aquellas fiestas o aquellas reuniones en que ellos no tenían obligadamente que ser cordiales o amables con nosotros, sino que, despojados cada uno de sus ropajes oficiales, eran simplemente seres humanos que en un momento dado se distraían, se divertían o disfrutaban alegremente. Y a ese ser humano, a esa persona, rendimos homenaje esta tarde lo Diputados socialistas.
En general, señor Presidente, siempre hemos tenido el concepto de que los funcionarios de la Cámara son mucho más deferentes de lo que debiéramos esperar; son mucho más atentos y mucho más caballerosos y serviciales que lo que, a veces, son con ellos los propios Honorables Diputados. A muchos Diputados, a veces dan los funcionarios una lección de honorabilidad y decencia que no se nos pasa inadvertida.
Por eso, señor Presidente, en nombre de mi Partido, deseo solicitar que las notas que se envíen, tanto a la Asociación de Empleados de la Cámara, como, asimismo, al Cuerpo de Bomberos o a las organizaciones a que pertenecía, hagan resaltar aquellos rasgos de su carácter que significaron, en cierto modo, una muda lección para muchos de nosotros.
Aparte de esto, deseo que llegue nuestra conmovida palabra a su mujer y a sus hijos. Desgraciadamente, por esta vida que llevamos, a veces no tenemos tiempo de detenernos ante la noticia. Y sólo supimos de su deceso cuando ya era tarde para acompañarlo. Pero, en todo caso, nuestras palabras no son un homenaje que se rinde por obligación, sino que nacen de nuestro modesto corazón de representante de la clase trabajadora para aquellos que, en el trabajo, saben ser dignos, honorables y respetables. Que su mujer y sus hijos sepan que esta tarde la Cámara de Diputados, bajando sus banderas, se reúne como un ser humano, para decirles que sabe reconocer a aquellos seres humanos que, cumpliendo modestas o elevadas funciones, le dan al carácter y a la categoría de esta Cámara un nivel a veces más alto que el que le dan los propios parlamentarios.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Barahona.
El señor BARAHONA (de pie).- Señor Presidente, el Partido Radical me ha conferido la difícil misión de expresar nuestro profundo pesar ante el sensible fallecimiento de este funcionario de la Cámara y gran amigo, que supo, con su bonhomía, con su manera especial de ser, con esa sonrisa siempre abierta hacia el parlamentario, al que consideraba su amigo también, conquistar el afecto, el cariño y el respeto de todos los sectores políticos de ella.
Es difícil, por cierto, destacar sus cualidades ; pero quienes tuvimos, como el que habla, la oportunidad de conocerle más de cerca, de entablar con él conversaciones a otro nivel, fuera incluso de la propia Cámara, supimos valorar el extraordinario cariño que sentía por su función y el respeto que ponía para que los demás pudieran cumplir con esta función también; y cómo, a su vez, ofrecía a aquellos que, como nosotros, llegamos nuevos a la Cámara, muchos consejos que en ningún momento le hacían sentirse superior, sino, por el contrario, más unido a nuestras funciones.
Cuando por primera vez llegáramos aquí, a la Cámara de Diputados, como representantes de la provincia de Valparaíso, él fue quien primero me tendiera su mano, el primero que orientara nuestra manera de actuar respecto a los funcionarios mismos. Y se sentía feliz y orgulloso de saber que había parlamentarios que entendían que un funcionario, más que un empleado subalterno, es, a su vez, un orientador, un amigo, un colega, por así decirlo, en la difícil profesión del parlamentario.
Yo quisiera -y no sé si esto fuera posible, como un homenaje, justamente, a "Castillito", como así lo conocíamos nosotros- que se estableciera, a fin de ir superando la responsabilidad que cada funcionario tiene en la Cámara misma, un distintivo que perpetuara la memoria de este gran amigo, muy querido en su círculo, muy respetado por nosotros; que permitiera, repito, incentivar esta responsabilidad de cada uno de los funcionarios, para que, año tras año, fuera entregándoseles como un diploma, como una medalla, como un obsequio, en fin para estimular la responsabilidad y el espíritu de trabajo de cada uno de los funcionarios, que llevara el nombre de este hombre que entregó parte de su vida a la Cámara, que supo conquistar este afecto, este cariño que permite hoy rendirle un homenaje.
En nombre del Partido Radical, señor Presidente, quiero hacer llegar nuestras sentidas condolencias a sus familiares, a sus hijos como a su esposa, y a todos aquellos que, en estos instantes, nos sentimos sobrecogidos de saber que ya, en los comedores o en los pasillos de la Cámara estará ausente su persona física, aunque tendremos siempre presente su recuerdo.
El señor SANHUEZA (Presidente).- La Mesa tomará en consideración la proposición del Diputado señor Barahona.
Si le parece a la Sala, se enviarán las notas a que han hecho mención los señores Diputados.
Acordado.

2.- CALIFICACION DE URGENCIA.- ALCANCE DE MODIFICACIONES PROPUESTAS AL CODIGO DEL TRABAJO

El señor SANHUEZA (Presidente).- Señores Diputados, Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto que modifica los artículos 499 y 580 del Código del Trabajo, modificados por la ley Nº 17.574, relativa a las Cortes del Trabajo.
Por tratarse de un problema de transcripción, me voy a permitir, con el asentimiento de la Sala, ofrecer la palabra al señor Ministro de Justicia, con el objeto de que pueda plantear el alcance de las observaciones formuladas por el Ejecutivo sobre esta materia y despachar, de inmediato, la urgencia hecha presente.
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor CRUZ PONCE (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, en el día de hoy se ha publicado en el "Diario Oficial" la ley Nº 17.574 que modifica el Código del Trabajo y crea varios cargos en la judicatura del ramo.
En un principio, el Ejecutivo había propuesto ampliar en un cargo más el número de Ministros de la Corte del Trabajo de Santiago: de tres debían aumentarse a cuatro; y se había propuesto también que, en casos calificados, la Corte del Trabajo podía reunirse en dos salas, constituidas por abogados integrantes; pero pudimos observar que este funcionamiento iba a ser estable, debido al enorme número de causas que ingresan en la Corte del Trabajo de Santiago. Por eso, el Ejecutivo vetó el proyecto de ley y propuso la ampliación de la Corte del Trabajo a dos salas de tres Ministros cada una. Por desgracia, este veto fue aprobado por la unanimidad del Parlamento. Lamentablemente, en la actual ley hay una falta de coordinación, porque mientras en un artículo se establece que la Corte del Trabajo de Santiago se compone de seis Ministros, quedaron las dos disposiciones que hablan sólo de cuatro Ministros; o sea, no hubo la debida concordancia al compaginar, diríamos más bien, el texto mismo de la ley.
El Ejecutivo, en virtud de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política, tiene la obligación de promulgar la ley aun con estos errores; de manera que este proyecto tiene como finalidad salvar solamente este aspecto y coordinar debidamente la ley en todas sus partes sustanciales.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Señores Diputados, la Mesa se permite proponer que la manifestación de urgencia a que ha hecho mención el señor Ministro pueda ser eximida del trámite de Comisión y ser tratada al comienzo del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
El señor GODOY.- No le entendimos, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¿Cuál es la proposición?
El señor SANHUEZA (Presidente).- Señores Diputados, se ha hecho presente la urgencia para corregir un error en el proyecto relativo a los artículos Nºs. 499 y 580 del Código del Trabajo, los que fueron modificado por la ley Nº 17.574, a que ha hecho mención el señor Ministro recientemente.
La Mesa se permite proponer omitir el trámite de Comisión, a fin de poder tratar el proyecto al comienzo del Orden del Día y despacharlo en esta oportunidad, calificándolo de extrema urgencia.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¿Orden del Día de cuándo?
El señor SANHUEZA (Presidente).- De hoy, señor Diputado.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¿Al comienzo del Orden del Día de hoy y sin debate?
El señor SANHUEZA (Presidente).- Sin debate.
El señor LORCA (don Gustavo).- Es algo simple.
El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.

3.- PRORROGA DE PLAZO PARA INFORMAR UN PROYECTO DE LEY

El señor SANHUEZA (Presidente).- La Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción solicita que se le prorrogue hasta el 21 del presente mes el plazo de que dispone para informar el proyecto que faculta a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedades.
Si le parece a la Cámara, se accederá a dicha petición.
Acordado.

4.- COMISION ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DEL MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION, SEÑOR PEDRO VUSKOVIC BRAVO

El señor SANHUEZA (Presidente).- En conformidad con lo dispuesto en el Nº 1 del artículo 39 de la Constitución Política de la República y en el artículo 262 del Reglamento Interior de la Corporación, corresponde proceder al sorteo de los cinco miembros que integrarán la Comisión encargada de conocer la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputadso en contra del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Pedro Vuskovic Bravo.
El señor Secretario procederá a efectuar el sorteo.
El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).- En conformidad con las normas constitucionales y reglamentarias vigentes, corresponde excluir del sorteo a los señores Diputados que se indican por las causales que en cada caso se señalan:

Por patrocinar la proposición de acusación: la señora Alessandri, doña Silvia, quien tiene el Nº 6 en la lista por orden alfabético; el señor Bulnes, Nº 22; el señor Mekis, Nº 79; el señor Momberg, Nº 83; el señor Riesco, Nº 106; el señor Schleyer, Nº 122; el señor Tagle, Nº 132; el señor Ureta, Nº 142, y el señor Vega, Nº 147.

Por ser miembros de la Mesa Directiva de la Corporación: los señores Sanhueza, Nº 119; Cerda, don Eduardo, Nº 33, y Fuentes, don César Raúl, Nº 47.

Por haber cesado en sus funciones: el Diputado señor Avendaño, Nº 16.
Por encontrarse fuera del país con permiso constitucional: el señor Sívori, Nº 128.

Por encontrarse suspendido de su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política: el señor Marambio, Nº 75.

El señor ESPINOZA (don Luis).- No de la ley burguesa; no de la Constitución.
El señor KLEIN.- Pero, mientras esté vigente, hay que acatarla.

- Efectuado el sorteo en la forma prescrita por el Reglamento, resaltaron designados para integrar la Comisión que deberá informar esta acusación, los señores Diputados que en la lista por orden alfabético tienen los números, 55, 59, 100, 113 y 150.

El señor SANHUEZA (Presidente).- En consecuencia, la Comisión de cinco señores Diputados que conocerá de la acusación estará integrada por los señores Huepe, don Claudio; Insunza, don Jorge; Phillips, don Patricio; Ruiz-Esquide, don Mariano; y Zaldívar, don Alberto.

FACIL DESPACHO

5.- SOLUCION DE DIVERSOS PROBLEMAS PREVISIONALES QUE AFECTAN A LOS IMPONENTES DE LA CAJA DE PREVISION DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL. OFICIO

El señor SANHUEZA (Presidente).- Entrando en la Tabla de Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto, de origen en un Mensaje e informado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que establece normas para subsanar diversos problemas previsionales que afectan a los imponentes, tanto de la Sección Empleados y Oficiales, como de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

Diputado informante es el señor Olave.

- El proyecto, impreso en el boletín Nº 870- 71- 2, es el siguiente:

"Artículo 1º- Derógase el inciso 3º del artículo 5º transitorio del Decreto Supremo Nº 606, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de 1944, que aprueba el texto refundido de las leyes Nºs. 6.037 y 7.759.

Artículo 2º- Los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional que hubieren jubilado bajo la vigencia del primitivo artículo 40 de la ley Nº 15.386, y que hubieren percibido su desahucio con arreglo a sus normas, tendrán derecho a solicitar la reliquidación de dicho beneficio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº 17.408. En tal evento, de las diferencias a que tuvieren derecho, se les descontarán las imposiciones devengadas a que se refieren los incisos 3º y 4º de dicho artículo. El derecho a que se refiere este artículo deberá ser ejercido dentro del plazo de 120 días contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que los pensionados puedan seguir efectuando las imposiciones al Fondo de Desahucio con arreglo a lo prescrito en el artículo 8º de la ley Nº 17.408. La Superintendencia de Seguridad Social tendrá las mismas facultades que en la citada disposición legal se le dan para la fijación de prioridades.

Artículo 3º- Agrégase el siguiente inciso al artículo 2º de la ley Nº 10.662:

"Asimismo, serán imponentes de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de la Marina Mercante Nacional los obreros de los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones Marítimas".

Artículo 4º- Agrégase al inciso 1º del artículo 31 de la ley Nº 10.662 la siguiente frase, después del punto (.) final que pasará a ser punto (.) seguido:

"El reajuste no podrá ser inferior, en ningún caso, al aumento experimentado por el índice de precios al consumidor, calculado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del reajuste".

Artículo 5°- Reemplázase en el artículo 4º del D. F. L. Nº 243, de 1953, la frase "tres meses" por "un año".

Artículo 6º- Declárase que no podrá innovarse ni en los cálculos ni en las cancelaciones, desde su concesión y hasta la fecha, respecto de ninguna de las pensiones otorgadas por la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, hasta el 31 de diciembre de 1965, y que en consecuencia los cálculos y pagos realizados por la Sección y los valores percibidos por los pensionados han estado y están conforme a derecho, en lo que a dichas pensiones se refiere.

Artículo 7º- En el caso de los imponentes de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional que desarrollan labores eventuales y discontinuas, el límite de 8 sueldos vitales establecido en el artículo 25 de la ley Nº 15.386 deberá entenderse referido al promedio anual de remuneraciones. Para los efectos del integro de imposiciones respectivas el Presidente de la República dictará el Reglamento correspondiente dentro del plazo de 60 días, contado desde la publicación de la presente ley en el "Diario Oficial"."

El señor SANHUEZA (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a una indicación.
El señor GUERRERO (Secretario).- Indicación formulada por el señor Cardemil para reemplazar en el inciso primero del artículo 2º la frase "120 días" por "60 días".
El señor SANHUEZA (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, este proyecto fue despachado polla Comisión de Trabajo y Seguridad Social con el voto favorable de la unanimidad de sus integrantes, porque viene a solucionar diversos problemas que afectan a los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. En lo fundamental, este proyecto viene a regular el sistema de desahucio, a fin de que los jubilados que, en su oportunidad, recibieron este beneficio, puedan acogerse a la reliquidación de él. La Caja dispone de los recursos; y es así como formulé indicación, con el objeto de rebajar de 120 días a 60 días el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo 2º, y ello a solicitud de los propios interesados. Además, el proyecto establece que pasan a ser imponentes de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de la Marina Mercante Nacional, los obreros de los Sindicatos, Federaciones y Confederaciones Marítimas. Esta iniciativa de ley establece también que el reajuste que corresponderá a los pensionados de la Sección Tripulantes en ningún caso será inferior al "índice de precios al consumidor calculado entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del reajuste."
Este artículo es importantísimo, porque los pensionados de la Sección Tripulantes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional se reajustan por el promedio de subsidio por enfermedad que paga el Servicio de Seguro Social; y, en algunos años, el promedio de subsidios por enfermedad es inferior al alza del costo de la vida. Mediante esta norma, se determina que el reajuste nunca podrá ser inferior al alza indicada.
Eso es todo lo que puedo informar; y solicito a los colegas el pronto despacho de este proyecto que resuelve una serie de inquietudes que tienen los imponentes de la Caja de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes.
La Democracia Cristiana votará favorablemente todo su articulado, consecuente con la actitud que adoptó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; y yo les pido a los demás señores Diputados que den su voto favorable también a la modificación que se hace al artículo 2º, inciso primero, en cuanto a rebajar el plazo para impetrar el beneficio, de 120 a 60 días, porque así lo han solicitado los interesados y porque estiman que el organismo previsional liquidará el beneficio al término de la presentación de las solicitudes.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Acevedo, don Juan; a continuación, el señor Giannini y, luego, el señor Agurto.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, deseo consultar al colega Cardemil sobre la indicación formulada al inciso primero del artículo 2º, en la parte que dice: "El derecho a que se refiere este artículo deberá ser ejercido dentro del plazo de
120 días contados desde la fecha de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial". La indicación acorta el plazo a 60 días ¿No se corre el riesgo de que algunos no alcancen, por dificultades de distancia, de información, como anota el colega Cipriano Pontigo, a acogerse al beneficio?
El señor SANHUEZA (Presidente).- Ha pedido la palabra el señor Olave. Como Diputado informante tiene preferencia.
El señor OLAVE.- Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobaron por unanimidad este Mensaje del Ejecutivo que tiende a subsanar problemas previsionales que afectan a los imponentes, tanto de la Sección Empleados y Oficiales como de la de Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
El proyecto contiene una variedad de disposiciones con soluciones a distintos problemas, soluciones que han sido pedidas por los propios interesados. Hace referencias a varias leyes que benefician a este gremio. Y, para no extenderme en demasía en sus disposiciones, sólo señalaré las principales inquietudes que resuelve el articulado.
Por ejemplo, por una disposición legal de 1970, el reajuste que se aplicó este año alcanzó solamente al 29,4%, con lo cual estos gremios perdieron un porcentaje que mediaba entre la diferencia señalada y el 34,9% que resultó el alza del costo de la vida al 31 de diciembre de 1970. Ahora, el mínimo de reajuste tendrá que ser lo que señala el alza del costo de la vida. Además, se aprobó la idea del Mensaje en el sentido de ampliar los plazos de tres meses a un año en lo que se refiere a indemnizaciones por años de servicios en favor de los obreros del Servicio de Seguro Social, que rige también para los tripulantes de naves y operarios marítimos, de acuerdo con la ley 11.765, y que dispone que en caso de fallecimiento del causante sólo se concederá el beneficio a los que se presenten a hacer efectivos sus derechos dentro de los tres meses siguientes de ocurrido. Mucha gente, por lo corto del plazo, o por desconocimiento, no hacía oportunamente esta petición y quedaba al margen del derecho. De allí que el Ejecutivo, acogiendo la indicación de los gremios marítimos, amplió este plazo a un año.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Giannini, don Osvaldo.
El señor GIANNINI.- Señor Presidente, estamos totalmente de acuerdo con las disposiciones de este proyecto.
Yo quisiera insistir en lo manifestado por el Diputado señor Acevedo, formulándole concretamente una consulta al señor Cardemil, que es el autor de la indicación que se ha presentado a este proyecto. El plazo que establece el inciso primero del artículo 2º, de 120 días, evidentemente beneficia a los imponentes en cuanto al ejercicio de este derecho; pero la indicación del señor Cardemil lo acorta. El ha manifestado recientemente que habría sido hecha a petición de los propios interesados. Yo me permitiría preguntarle, por la vía de la interrupción, qué sentido tiene acortar el plazo para que ejerzan el derecho los imponentes.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Con la venia del señor Giannini, tiene la palabra el Diputado señor Cademil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, la misma inquietud que tienen los señores Acevedo y Giannini se la manifesté en el día de ayer a los dirigentes nacionales de la Asociación de Jubilados de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, en cuanto a que los 120 días, a nuestro juicio, era un plazo para impetrar este beneficio. Ellos me manifestaron que tenían una entrevista con el Superintendente de Seguridad Social, que estimaban que el plazo era muy amplio y que la Caja iba a acumular las solicitudes durante esos seis meses para reliquidar las pensiones sólo al término de ellos. Agregaron que la Asociación de Jubilados había tratado esta materia y que todas las personas que se creían con derecho a este beneficio querían que el plazo se acortara a sesenta días, porque estaban perfectamente informados de esta reliquidación de sus desahucios y así no tendrían que esperar tanto tiempo para gozar del beneficio. En todo caso, yo les manifesté que para la historia de la ley podría quedar que el plazo de 120 días se entiende, como está expresado, para impetrar el beneficio, pero que la Caja respectiva deberá ir liquidando los desahucios correspondientes a medida que las solicitudes vayan ingresando.
Al hacer la indicación di satisfacción a la petición verbal de los dirigentes. Lamentablemente no me la hicieron por escrito, pero creo que los señores Diputados no dudarán de mis palabras. Como digo, puede quedar perfectamente establecido que los 120 días son para impetrar el beneficio y que la Caja deberá ir liquidando las diferencias de los desahucios a medida que las solicitudes sean presentadas.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Puede continuar el señor Giannini.
El señor GIANNINI.- Creo que con la explicación que ha dado el señor Cardemil, y quedando para la historia de la ley el ánimo de que la Caja proceda en la forma que él ha manifestado, se podría o retirar la indicación o votarla en contra, porque, en todo caso, parece más conveniente que el plazo sea más amplio, para no tener, posteriormente, que ampliarlo mediante otra disposición legal.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Agurto.
El señor AGURTO.- Señor Presidente, como aquí se ha expresado, este proyecto tiende a dar solución a una serie de problemas de carácter previsional de los imponentes de la Caja de Marina Mercante Nacional. Yo diría que él contiene tres o cuatro ideas fundamentales. Entre ellas está la contenida en el artículo 1º, que permite a los imponentes jubilados de la Caja de la Marina Mercante con más de 62 años de edad y 10 años de servicios reconocer tiempo servido antes de la dictación de la ley Nº 6.037, beneficio que nos parece muy importante. Además, creemos de sumo interés las que dicen relación con la reliquidación del desahucio para ciertos imponentes, y, para nosotros los más importantes, tal vez, son las que permiten a los obreros de sindicatos, federaciones y confederaciones marítimas ser imponentes de la Caja de la Marina Mercante.
Nosotros estamos contestes en que este proyecto está, naturalmente, de acuerdo con la política del Gobierno de la Unidad Popular en lo que dice relación con los beneficios que se están otorgando a los imponentes de las cajas de previsión social. Por esta razón, los Diputados comunistas vamos a votar favorablemente todos sus artículos.
Nada más.
El señor SANTIBAÑEZ.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANTIBAÑEZ.- Señor Presidente, sólo para manifestar nuestra satisfacción por el envío de este proyecto, por el Ejecutivo, ya que él viene a hacer realidad una vieja aspiración de los parlamentarios democratacristianos de la Comisión de Trabajo que, en su oportunidad, en 1969, presentaron y lograron aprobar en ella un proyecto similar. Esta es la razón por la cual los Diputados democratacristianos, conscientes de que se trata justamente de la misma materia que ellos habían planteado en su oportunidad, votarán favorablemente este proyecto.
El señor GUERRA.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.- Señor Presidente, los Diputados nacionales vamos a apoyar este proyecto de ley, por cuanto tiende a hacer justicia al personal de TRIOMAR, de la Marina Mercante, al disponer que ellos pueden reliquidar sus desahucios conforme a las leyes vigentes y al establecer que, en el futuro, los aumentos que tendrán los jubilados de la Marina Mercante serán en un porcentaje igual al del alza del costo de la vida, pues es bien sabido que al personal de la Marina Mercante, o TRIOMAR, les estaban calculando los reajustes de acuerdo con un sistema que se aplica en el Seguro Social, de manera que siempre percibían porcentajes inferiores al real costo de la vida. Este proyecto viene a hacerles justicia al darles un trato igualitario que al resto del personal de la Administración Pública.
Especialmente los Diputados nacionales acogemos con sumo agrado este proyecto, porque amplía los beneficios de la ley 15.386, impulsada por el ex Ministro señor Gálvez, quien puso todo su entusiasmo e interés para que, de una vez por todas, se les diera a los jubilados de nuestro país un tratamiento más justo.
Aprovecho la ocasión para pedir el envío de oficios sobre las siguientes cuestiones que voy a plantear y espero que la Sala, si lo tiene a bien, los acuerde enviar cuanto antes. Hace poco, la Cámara despachó un proyecto de ley que disponía un reajuste para él personal de oficiales y empleados de la Marina Mercante conforme al cálculo de los últimos doce meses. Ya llevamos más de dieciocho meses y este nuevo encasillamiento de los pensionados de CAPREMER no se han pagado. Con el fin de agilizar este pago, la Cámara, mediante una disposición de ley, autorizó a la Caja de la Marina Mercante para contratar personal idóneo a fin de ocuparse de este encasillamiento, cosa que no se ha hecho hasta la fecha. Además, la Cámara despachó un proyecto de ley en el sentido de que al personal de TRIO- MAR se le calculará el último mejoramiento económico en base al alza real del costo de la vida, solamente por el año vigente. También se ha dilatado enormemente este pago.
En consecuencia, solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, para que instruya al señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, a fin de que estos dos reajustes sean pagados lo antes posible: el de CAPREMER, de acuerdo al encasillamiento que ya ordenó la ley; y el de TRIOMAR, por la diferencia de un 8,5% ó un 10,5%. De este modo, se pagarán con el alza real del costo de la vida los reajustes pendientes en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar el oficio a que ha hecho mención el señor Guerra.
El señor ACEVEDO.- ¿Me permite?
El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿No hay acuerdo?
El señor ACEVEDO.- Quiero plantear una cuestión previa.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, el colega Bernardino Guerra ha planteado la imposibilidad de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional de poder contratar nuevo personal para hacer unas reliquidaciones. Realmente, la contratación de personal está limitada por disposiciones legales. No se ha permitido al Ejecutivo, ni siquiera por la vía del pago de honorarios, contratar más personal.
En segundo término, el colega ha planteado que a cierto personal jubilado, sobre todo de TRIOMAR, se le reajusten las pensiones de acuerdo con el alza del costo de la vida. Al respecto, debo señalar que el convenio CUT-Gobierno considera precisamente esa medida, que no sólo en ese caso, sino todas las pensiones se reajusten en el alza del costo de la vida.
Sólo quería dejar constancia de este hecho. No hay oposición para que se mande el oficio pedido por el señor Guerra.
En cuanto a la indicación del inciso segundo, deseo agregar que, conversando con el colega Cardemil, hemos concluido que el temor que tienen quienes se benefician con este proyecto de ley, es que la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional interprete esto de los 120 días, vale decir, de los cuatro meses, para que sólo a partir del término de este plazo empiece a pagar las liquidaciones que le hayan sido solicitadas. Por eso, ellos han pedido que este tiempo se disminuya en 60 días, con lo cual se corre el riesgo de que algunos, por falta de información, no alcancen a pedir su cumplimiento.
Para los efectos de que quede en la historia de la ley, y si también es menester, pido se envíe oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social para que se le haga llegar al señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, haciéndole presente que el espíritu de esta disposición, es que, de inmediato, en la medida en que se vayan efectuando las liquidaciones, vayan siendo pagadas a los imponentes de acuerdo con la reajustabilidad que en base a ellas se determinen.
De modo que deseo que en la historia de la ley quede constancia de cuál fue el ánimo con que nosotros aprobamos el artículo y el plazo de los 120 días.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para transcribir las observaciones formuladas por los señores Guerra y Acevedo al señor Ministro del ramo.
Acordado.
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra.
El señor GUERRA.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Cardemil, en su segundo discurso; a continuación, el señor Guerra.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, aclarado ya, para la historia de la ley, que el plazo de 120 días indicado es para acogerse al beneficio y que la Caja deberá proceder al estudio de las solicitudes presentadas y a las liquidaciones de los pagos correspondientes, a medida que ellas se vayan presentando y no esperar el término de este plazo, retiro la indicación formulada.
El señor GIANNINI.- ¡Muy bien!
El señor SANHUEZA (Presidente).- Se da por retirada la indicación.
Tiene la palabra el señor Guerra, en su segundo discurso.
El señor GUERRA.- Señor Presidente, sólo quiero manifestarle al señor Acevedo que yo he mencionado dos leyes que ya han sido totalmente despachadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial.
Una se refiere a CAPREMER, es decir, a los empleados y oficiales de la Marina Mercante. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial hace 18 meses, más o menos, y la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional aún no le ha dado cumplimiento. Dicha disposición legal establece que las pensiones de jubilación deben calcularse de acuerdo con los sueldos de los últimos 12 meses y no de los últimos 36 meses. En consecuencia, ellos van a tener un mayor aumento en sus pensiones de jubilación.
El señor Vicepresidente, a través del Ejecutivo, solicitó al Congreso el despacho de un proyecto de ley, con el objeto de que se pudiera contratar personal para acelerar este reencasillamiento de los jubilados. La Cámara de Diputados despachó este proyecto de ley. En consecuencia, es resorte del Ejecutivo contratar las 20 personas que deban que trabajar en este reajuste.
Por otro lado, me referí al personal obrero de la Marina Mercante, TRIOMAR, respecto del cual el Congreso también despachó una ley, reajustando las pensiones del personal de operarios y estibadores marítimos, en el sentido de darles en el último año la verdadera alza del costo de la vida, tal como se otorgó al personal jubilado de la Administración Pública, al reajustarse el 31 de diciembre.
De ahí que son dos leyes que ya están totalmente tramitadas, publicadas en el Diario Oficial, y sin embargo, la gente todavía está esperando él pago: los de CAPREMER, desde hace 18 meses, y los obreros de TRIOMAR, hace alrededor de 6 meses. De manera que estoy solicitando este oficio, a fin de que, por la vía administrativa, el señor Ministro y el señor Vicepresidente de la Caja de la Marina Mercante Nacional, den entonces materialización a estas leyes, ordenando el pago a este personal.
El señor AGUILERA.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a concurrir con nuestros votos favorables a este proyecto de ley. Sin embargo, quiero dejar establecido que en la exposición de motivos, en una de sus partes, dice: "Se trata de solucionar un vacío de la actual legislación, aclarando la situación imponible que afecta a aquellos imponentes de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la Caja de la Marina Mercante Nacional."
Señor Presidente, sobre el particular el colega señor Guerra manifestó que el ex Ministro señor Gálvez fue uno de los autores de la ley Nº 15.386, respecto del cual debo reconocer que hizo un gran esfuerzo para traer esta iniciativa al Congreso. Pero en el artículo 2º aquí se deja claramente establecido que la ley no quedó operando como, por lo menos, el legislador quería, ya que establece ese artículo: "Los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional que hubieran jubilado bajo la vigencia del primitivo artículo 40 de la ley Nº 15.386..." Es decir, señor Presidente, esta ley fue concebida en aquella oportunidad, y, a esta fecha, el Gobierno actual ha tenido que corregir esa situación que quedó rezagada.
Además, quiero dejar establecido, señor Presidente, que el Gobierno actual, a través de la ley Nº 17.418, ha podido incorporar a muchos, a cientos de ex asegurados del Servicio de Seguro Social, a todos aquellos que ingresaron antes de 1937, pudiendo jubilar hasta con 300 semanas de imposiciones. O sea, en aquella oportunidad, nosotros reclamamos al Ministro señor Gálvez que incorporara a esa gente; pero esto ha debido hacerse ahora, en el último tiempo, a través de la ley Nº 17.418.
La verdad es que el señor Guerra ahora está exigiendo el cumplimiento de una ley que, cuando su Partido era mayoría en esta Sala, debió haber quedado operativa, con carácter imperativo, para que ahora no se tuviera que estar corrigiendo esta situación.
Por esta razón, los Diputados socialistas, daremos nuestros votos en forma favorable.
El señor GUERRA.- ¡No había fondos!
El señor SANHUEZA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicación, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.

6.- ALUSION PERSONAL. ALCANCE A UNA INFORMACION DE PRENSA

El señor SANHUEZA (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para otorgar dos minutos al Diputado señor Garcés para referirse a una materia de interés particular. Acordado.
Tiene la palabra el señor Garcés.
El señor GARCES.- Señor Presidente, desde luego pido disculpas por distraer la atención de los colegas en un asunto que me atañe personalmente.
En él diario "Las Noticias de Ultima Hora" del día de hoy, aparece, en su tercera página, en el párrafo "Van y vienen", la siguiente frase: "Carlos Garcés, Diputado democratacristiano, recordando con amargura a los ejecutivos de BANVAR- TE. Esta industria, ahora requisada, era una de las empresas que se "ponían" para la tesorería del PDC, que le quitaba un porcentaje de los préstamos que otorgaba el Banco del Estado."
Señor Presidente, yo creo que he sido una persona que se puso a prueba y pidió demostraciones concretas cuando este caso se trajo a la Cámara de Diputados. Con este objeto, se creó una Comisión Investigadora, la cual, después de ocho meses, no pudo comprobar nada, ni siquiera pudo constituirse en pleno, para demostrar en qué proceso o qué intervención tuvo el Partido Demócrata Cristiano y la Tesorería del Partido con la firma BANVARTE.
Estas imputaciones han sido hechas por aquellos que denominan fascistas, nazistas o sediciosos a quienes tratan de defender su honor y defender la democracia dentro de los límites en que este país está acostumbrado. Las frases e imputaciones como éstas, hechas ante el público y ante esta Cámara como está escrito en la sesión en que con toda honestidad y con bastantes antecedentes defendí a la Tesorería del Partido y a la Democracia Cristiana, creo, señor Presidente, que, de una vez por todas, esto tienen que acabarse, porque si por este camino van a seguir las cosas no seré yo el que permita que mi nombre y el del Partido Demócrata Cristiano sigan en tela de juicio por la acción de personas irresponsables, que no saben atenerse a las consecuencias y que no saben responsablemente lo que están escribiendo.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Ha terminado el tiempo concedido por la Cámara.
El señor GARCES.- Va a quedar demostrado que la Democracia Cristiana nada ha tenido que ver con BANVARTE.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Diputado, ha llegado el término de su tiempo.

ORDEN DEL DIA

7.- MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 499 Y 580 DEL CODIGO DEL TRABAJO RELATIVOS A LAS CORTES DEL TRABAJO

El señor SANHUEZA (Presidente).- Entrando al Orden del Día, corresponde despachar de inmediato, sin debate, el proyecto con urgencia que modifica los artículos 499 y 580 del Código del Trabajo, modificados por la ley Nº 17.574 relativa a las Cortes del Trabajo.
El señor Secretario va a dar lectura al proyecto.

El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).- Proyecto de ley:

"Artículo 1º- Sustitúyese en los incisos primeros de los artículos 499 y 580 del Código del Trabajo modificados por la Ley Nº 17.574, la expresión "cuatro" por "seis"

"Artículo 2º- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 10 de la Ley 17.574, la palabra "dos" por "tres"."

El señor SANHUEZA (Presidente).- En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.

8.- REFORMA CONSTITUCIONAL. DETERMINACION DE LAS AREAS DE LA ECONOMIA. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL

El señor SANHUEZA (Presidente).- En el segundo lugar de la Tabla del Orden del Día, corresponde despachar en general, el proyecto remitido por el Honorable Senado, informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica la Constitución Política del la República en lo relativo a la determinación de las áreas de la economía.
Diputado informante es el señor Valenzuela, don Héctor.
El procedimiento a que se ceñirá el despacho de esta iniciativa aparece transcrito en la Tabla de la presente sesión.

- El proyecto, impreso en el boletín Nº 913- 71- 2, es el siguiente:

"Artículo 1º- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado:

1º- Intercálase en el inciso tercero del Nº 10 del artículo 10, entre las palabras "Estado" y "el", la frase "actividades económicas y";

2º- Agréganse, a continuación del inciso tercero del Nº 10 del artículo 10, los siguientes:

"La ley determinará las empresas de producción de bienes o servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía.
Se entiende por área social aquélla en que el dominio de las empresas productoras de bienes o servicios pertenece a la sociedad en su conjunto y cuyo titular es el Estado o los organismos o entidades que de él dependen.
Se entiende por área mixta aquélla en que el dominio pertenece en común al Estado o a los organismos o entidades que de él dependen y a los particulares.
El área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no incluidas por la ley en alguna de las dos áreas anteriores.
Los trabajadores tendrán derecho a participar, en la forma que la ley determine, en la administración de las empresas productoras de bienes o servicios de las áreas social, mixta y privada.
La ley establecerá, además, las empresas cuya administración corresponderá íntegramente a los trabajadores que laboren en ellas en forma permanente, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas en función de quienes sean sus propietarios, caso en el cual los trabajadores tendrán el uso y goce de los bienes respectivos y participarán de las utilidades que resulten de su gestión.
Los representantes de los trabajadores de la respectiva empresa en la administración de la misma, serán elegidos por éstos, en votación directa, secreta, uninominal y proporcional.
Las leyes generales o especiales que determinen las empresas que pertenecen a las áreas social, mixta o privada de la economía, deberán establecer medidas que resguarden los derechos de los trabajadores respectivos y que los pongan a cubierto de despidos arbitrarios.";

3º- Intercálase el siguiente inciso entre los actuales sexto y séptimo del Nº 10 del artículo 10:

"Resérvanse al Estado las siguientes actividades económicas, que éste podrá ejercer por sí, a través de los organismos que de él dependen, de empresas mixtas o de empresas de trabajadores, o mediante concesiones a particulares, en las condiciones que la ley determina o determine:

1º- La gran minería del cobre, del hierro, del salitre, del carbón y de otros minerales que la ley señale;

2º- Los seguros y reseguros, con exclusión de las cooperativas;

3º- Las de transporte ferroviarios, en trenes urbanos e interurbanos;

4º- Las de transporte aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga, por redes de servicio regular que cubran la mayor parte del territorio nacional;

5º- Las destinadas a proporcionar servicio público de comunicaciones por correo y telégrafo;

6º- Las destinadas a la generación, transmisión y distribución de electricidad, salvo el caso de las cooperativas y otros que exceptúe la ley;

7º- Las relativas a la producción y distribución de gas natural o licuado para uso combustible;

8º- Las destinadas a la extracción, producción y refinación de petróleo crudo o al tratamiento de gas natural, y a la producción de materias primas básicas derivadas directamente del petróleo, del gas natural y del carbón;

9º- Las destinadas a la producción de cemento, acero, salitre y yodo y la industria química pesada, y

10.- La producción de armamentos y explosivos y otras que la ley considere esenciales para la defensa nacional.";

4º- Sustitúyese el inciso undécimo del Nº 10 del artículo 10, por el siguiente:

"La pequeña y mediana propiedad rústica, la pequeña y mediana empresa industrial extractiva o comercial y la vivienda habitada por su propietario o familia no podrán ser nacionalizadas y, en caso de expropiación, la indemnización deberá pagarse previamente y en dinero.";

5º- Agrégase al inciso final del Nº 14 del artículo 10, sustituyendo el punto y coma (;) por una coma (,), la siguiente frase final: "sin perjuicio de lo establecido en el Nº 10 de este artículo;";

6º- Sustituyese en el Nº 14 del artículo 44 la conjunción final "y", y la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;);

7º- Reemplázase el punto final del Nº 15 del artículo 44 por una coma (,) y agrégase a continuación de ésta la conjunción "y", y

8º- Agrégase como Nº 16 del artículo 44, el siguiente:

"16.- Autorizar la transferencia de empresas productoras de bienes o servicios, o de derechos en ellas, desde el área privada al área social, o al área mixta cuando el Estado tenga interés mayoritario o pase a tenerlo en virtud de dicha traslación, y autorizar la transferencia en el sentido inverso a los indicados.
En caso de transferencia desde el área privada a las áreas social o mixta, se entenderá que las empresas afectadas pasarán a ser administradas por sus trabajadores permanentes, quienes participarán de las utilidades de su gestión, salvo que la ley determine otra cosa.

Artículo 2º- Agréganse las siguientes disposiciones transitorias a la Constitución Política del Estado.

Decimonovena.- Mientras la ley no disponga otra cosa, para decretar la expropiación de un establecimiento, empresa o explotación en conformidad a lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Supremo Nº 1.262, de 1953, que fijó el texto refundido del Decreto Ley Nº 520, de 1932, será necesario:

a) Cuando el fundamento de la expropiación sea el receso del establecimiento o explotación, que dicho receso se haya prolongado por más de veinte días y se deba a causas injustificadas e imputables a su propietario o administrador, y

b) Cuando el fundamento de la expropiación sea el incumplimiento de las normas impuestas a la empresa sobre cantidades, calidades y condiciones de producción, que dicho incumplimiento sea injustificado e imputable al propietario o administrador de la empresa. No se considerará que se cumple este requisito si se acredita que las obligaciones impuestas a la empresa son incompatibles con la capacidad y características técnicas de sus instalaciones.
El afectado podrá reclamar de la expropiación ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la publicación del decreto en el "Diario Oficial". Este plazo se aumentará en el número de días que corresponda de acuerdo con la tabla de aumentos a que se refiere el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

Vigésima.- En los casos en que las leyes autorizan la requisición o la intervención de un establecimiento industrial o comercial o de una explotación agrícola, dichas medidas' deberán disponerse mediante decreto supremo fundado en que se especifiquen las causas legales que las justifican, y sólo podrán prolongarse mientras subsistan esas causas, con una duración máxima de noventa días. Este plazo podrá prorrogarse por una sola vez, supuesta la subsistencia de dichas causas, hasta por otros noventa días, todo lo cual se especificará en el nuevo decreto. Las personas designadas para la administración deberán rendir cuenta de ella ante el Juez de Letras del departamento respectivo, dentro de los quince días hábiles siguientes al término de sus funciones y en el desempeño de éstas no podrán afectar los derechos de los trabajadores de la empresa requisada o intervenida.
En casos de urgencia, que calificará el mismo decreto, la Contraloría General de la República deberá evacuar el trámite de toma de razón del decreto de requisición o intervención dentro del plazo de cinco días hábiles. Si no se pronunciare dentro de dicho plazo, se entenderá que ha tomado razón del decreto respectivo.
Deróganse las normas sobre requisiciones de establecimientos industriales y comerciales contenidas en el Decreto de Economía y Comercio Nº 338, de 1945, y toda disposición de carácter reglamentario o administrativo que permita, de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas.
Ninguna ley vigente a la fecha en que comience a regir esta reforma constitucional podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de que autoriza al Estado o a los organismos que de él dependan para nacionalizar, estatificar o incorporar a las áreas social o mixta empresas productoras de bienes o servicios o derechos en ellas.

Vigesimoprimera.- Decláranse nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizados por ley dictada en conformidad a lo prescrito en el Nº 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.".".

El señor SANHUEZA (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a las indicaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).- Indicaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República:

"1.- Sustitúyese el Nº 2 del Artículo 1º por el siguiente:

"2º.- Agréganse a continuación del inciso segundo del Nº 10 del artículo 10, los siguientes:

"La actividad económica nacional se desarrollará a "través de tres áreas de propiedad: la social, la mixta y la privada.

"Se entiende por área social aquélla en que el dominio de las empresas productoras de bienes o servicios pertenece a la sociedad en su conjunto y cuyo titular es el Estado o los organismos o entidades que de él dependen.

"Se entiende por área mixta aquélla en que el dominio pertenece en común al Estado o a los organismos o entidades que de él dependen y a los particulares.

"El área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no comprendidas en alguna de las dos áreas anteriores.

"El Estado garantizará la participación de los Trabajadores en la administración de las empresas del área social y en aquellas del área mixta en que posea la mayoría del capital.

"No obstante, podrán existir empresas cuya administración corresponderá íntegramente a los trabajadores que laboren permanentemente en ellas, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas en razón de quienes sean sus propietarios, caso en el cual los trabajadores tendrán el uso de los bienes respectivos y participarán de las utilidades que resulten de su gestión.

"Los representantes de los trabajadores en la administración de las empresas, serán elegidos por éstos, en votación directa, secreta, uninominal y proporcional.

"En los casos de traspaso de empresas de un área a otra deberán respetarse los derechos de los trabajadores que laboran en ellas, sin que puedan producirse despidos arbitrarios."

"2.- Agréganse los siguientes incisos finales al Nº 2 del artículo lº del proyecto:

"Si el establecimiento del área de propiedad social a que se refiere el inciso quinto de este número afectare a empresas extranjeras, el Presidente de la República podrá deducir el todo o parte de las rentabilidades excesivas que las empresas nacionalizadas o expropiadas y sus antecesoras hubieren devengado anualmente sobre la rentabilidad normal a partir del 4 de abril de 1960.

"Las facultades establecidas en los incisos precedentes, deberán ejercerse por Decreto Supremo dentro de los 60 días siguientes a la nacionalización o expropiación y no será susceptible de recurso alguno."

"3.- Suprímese en el Nº 3º del artículo 1º las expresiones: a) "o de empresas de Trabajadores" y b) en las condiciones que la ley determina o determine".

"4º.- Suprímese en el Nº 4º del artículo 1º la expresión: "y mediana" entre las palabras "pequeña" y "propiedad" y agrégase la siguiente frase final: "la ley definirá expresamente qué deberá entenderse por pequeña propiedad rústica, y por pequeña y mediana empresa industrial, extractiva o comercial.

"5.- Agrégase en el inciso séptimo del Nº 10 del artículo 10, entre las palabras "la" y "expropiación", la expresión "nacionalización o".

"6.- Agrégase el siguiente inciso nuevo a continuación del actual inciso octavo del Nº 10 del artículo 10:

"Cuando la ley nacionalice empresas productoras de bienes o servicios, la indemnización no podrá ser inferior al valor total de sus acciones, según cotización bursátil promedio del año anterior a la vigencia de la ley. Si se tratare de sociedades de personas, el monto mínimo de la indemnización será equivalente al valor de libros al 31 de diciembre del año anterior a la nacionalización, en cuyo caso podrán deducirse las amortizaciones y depreciaciones que se hubieren efectuado durante los últimos cinco años. La ley podrá autorizar al Presidente para descontar de la indemnización el valor de los bienes que el Estado no reciba en buenas condiciones de aprovechamiento, de los que se entreguen sin sus derechos o servicios, atención de reparaciones y repuestos. La indemnización podrá pagarse con una parte al contad; y otra a plazo no superior a treinta años, según lo establezca la ley. El Estado podrá tomar posesión material de los hienas comprendidos en la nacionalización inmediata después que la ley respectiva entre en vigencia. La ley podrá determinar que los dueños de las empresas nacionalizadas no podrán hacer valer otros derechos, sea en contra del Estado, sea recíprocamente, que el de percibir la indemnización."

El señor SANHUEZA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Valenzuela, don Héctor.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, entro a informar el proyecto de reforma constitucional, remitido por el Senado, en segundo trámite, que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en lo relativo a la determinación de las áreas de la economía nacional.
La iniciativa en informe, señores Diputados, consta de dos artículos. El primero contiene ocho números, por los cuales se introducen diversas enmiendas al texto constitucional; el segundo propone agregar, después de las dieciocho disposiciones transitorias, tres disposiciones transitorias nuevas: la decimonovena, la vigésima y la vigesimoprimera.
El proyecto establece, en primer término, que corresponderá al legislador o a la ley determinar qué empresas de producción de bienes o servicios integrarán las áreas social y mixta de la economía.
Este principio aparece consagrado en el proyecto en dos disposiciones. En primer término, en el número 2º del artículo 1º, que agrega lo que está reseñado en este número 2º, a continuación del inciso tercero actual del número 10 del artículo 10º de la Constitución. En segundo término, por lo que se dispone en el número 8 del mismo artículo 1º de este proyecto.
El proyecto define, en el número 2 del artículo 1º, las tres áreas de la economía, en los términos siguientes, que creo indispensable citar textualmente:

"Se entiende por área social aquella en que el dominio de las empresas productoras de bienes o servicios pertenece a la sociedad en su conjunto y cuyo titular es el Estado o los organismos o entidades que de él dependen."

"Se entiende por área mixta aquella en que el dominio pertenece en común al Estado o a los organismos o entidades que de él dependen y a los particulares."

"El área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no incluidas por la ley en alguna de las dos áreas anteriores."

Se incorpora, junto con estas precisiones del texto constitucional, en el inciso quinto del número 2º, del artículo 1º, el derecho de los trabajadores a participar, en la forma que la ley determine, en la administración de las empresas de estas tres áreas.
En el inciso tercero de este mismo número 2º, se reserva a la ley la determinación de las empresas cuya administración corresponderá íntegramente a los trabajadores que laboren en ellas en forma permanente. En este caso, los trabajadores tendrán el uso y goce de los bienes respectivos y participarán de las utilidades que resulten de su gestión.
El proyecto, además, dispone, en el inciso séptimo del número 2°, que los representantes de los trabajadores en la administración de una empresa deberán ser elegidos en votación directa, secreta, uninominal y proporcional.
Cuando se traspasa una empresa del área privada a las áreas social o mixta se entiende que pasa a ser administrada por sus trabajadores permanentes y que éstos participarán de las utilidades de su gestión, salvo que la ley determine otra cosa.
En el número 3º del artículo 1º, se reservan al Estado diversas actividades económicas que podrá ejercer por sí o a través de los organismos que de él dependen, de empresas mixtas o de trabajadores, o mediante el otorgamiento de concesiones a particulares. Tales actividades que se enumeran, son: la gran minería del cobre, del hierro, del salitre,, del carbón y de otros minerales que la ley señale; los seguros y reseguros, con exclusión de las cooperativas; las de transporte ferroviario, en trenes urbanos e interurbanos; las de transporte aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga, por redes de servicio regular que cubran la mayor parte del territorio nacional ; las destinadas a proporcionar servicio público de comunicaciones por correo y telégrafo; las destinadas a la generación, transmisión y distribución de electricidad, salvo el caso de las cooperativas y otros que exceptúe la ley; las relativas a la producción y distribución de gas natural o licuado para uso combustible; las destinadas a la extracción, producción y refinación de petróleo crudo o al tratamiento de gas natural, y a la producción de matarías primas básicas derivadas directamente del petróleo, del gas natural y del carbón; las destinadas a la producción de cemento, acero, salitre y yodo y la industria química pesada; y la producción de armamentos y explosivos y otras que la ley considere esenciales para la defensa nacional.
En este proyecto se excluyen de la posibilidad de ser nacionalizadas la pequeña y mediana propiedad rústica, la pequeña y mediana empresa industrial extractiva o comercial y la vivienda habitada por su propietario o familia. Si se expropia alguno de estos bienes, la indemnización deberá pagarse previamente y en dinero.
En el artículo 2º de este proyecto se trata de agregar tres disposiciones transitorias. La primera es la decimonovena, que regula la aplicación del decreto ley Nº 520, de 1932, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto supremo Nº 1 262, de 1953, en lo que se refiere a las expropiaciones. Establece que si la expropiación se funda en el receso del establecimiento o explotación, es necesario que dicho receso se haya prolongado por más de veinte días y se deba a causas injustificadas e imputables a su propietario o administrador. Si la expropiación se basa en el incumplimiento de normas de producción, será preciso que dicho incumplimiento sea injustificado e imputable al propietario o administrador. Este requisito no podrá considerarse cumplido si se prueba que las obligaciones impuestas a la industria o empresa son incompatible con la capacidad y características técnicas de sus instalaciones. La Corte Suprema conocerá de los reclamos que interpongan los interesados.
La siguiente disposición transitoria que propone el artículo 2º es la vigésima. Exige la dictación de un decreto supremo fundado y señala sus requisitos y duración para los casos en que las leyes autoricen la requisición o la intervención de un establecimiento industrial o comercial o la de una explotación agrícola. Este mismo precepto obliga al interventor o administrador a rendir cuenta de su desempeño ante el Juez de Letras del departamento respectivo, dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de su función.
Se derogan las normas sobre requisiciones del decreto de Economía y Comercio Nº 338, de 1945, y todas las disposiciones de, carácter reglamentario o administrativo que permitan, de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas.
Se expresa, a continuación, que ninguna ley vigente a la fecha en que comience a regir esta reforma podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de que autoriza al Estado o a los organismos que de él dependan para nacionalizar, estatificar o incorporar a las áreas social o mixta empresas productoras de bienes o servicios o derechos en ellas.
Finalmente, señor Presidente, la disposición vigesimoprimera transitoria que propone el artículo 2º de este proyecto, declara nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para comprar acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado, con el fin de nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, salvo que sean autorizados expresamente por ley, de acuerdo con el Nº 16- que propone agregar este mismo proyecto al artículo 44 de la Constitución. Hasta aquí la exposición de las ideas fundamentales que contiene el proyecto, dejando constancia que fue aprobado en general por una mayoría de 6 votos contra 2, así como los artículos 1º y 2º que integran la iniciativa en informe, algunos de cuyos números fueron aprobados por unanimidad.
Por último, en cumplimiento con lo que ordena el número 5º del artículo 153 del Reglamento de esta Corporación, dejo constancia en una breve síntesis de la opinión que expresó -opinión de minoría- el señor Millas, cuyo voto se contó entre los disidentes del acuerdo adoptado en la votación general del proyecto.
En primer término, expresó el señor Millas que si bien cree necesario perfeccionar y completar la modificación que se ha venido haciendo durante los últimos años de las disposiciones del Nº 10 del artículo 10, y que al completarlas se aborden los problemas de la definición de las áreas sociales de la economía y la participación en ellas de los trabajadores, e incorporar disposiciones que reserven al Estado determinadas actividades económicas, el proyecto en informe contiene, según él, otros asuntos que pasan al primer plano y que requieren de un debate público muy amplio de exploración y precisión en el terreno legal. Sostiene que para los autores del proyecto y para los que lo apoyan, lo que cobra mayor urgencia es la limitación de las disposiciones que otorgan atribuciones, facultades al Presidente de la República y al Gobierno y que éste está ejerciendo, las que son derogadas o mutiladas por este proyecto.
Lo más relevante de este proyecto, en opinión del señor Millas, es lo que propone la disposición vigésima, inciso cuarto del artículo 2º. Según él, allí se trata de ir a la derogación de la ley de reforma agraria y de toda la legislación que permita la lucha contra los monopolios, contra los latifundios y la transformación del régimen de propiedad, retrotrayendo las cosas al período anterior a la ley de la Corporación de Fomento.
Sostiene que el inciso citado no es excepcional y que guarda relación con la derogación directa y la nulidad de actos, a juicio de él, legítimos realizados de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corporación de Fomento de la Producción. Además, añade, se derogan las normas sobre requisiciones de establecimientos industriales y comerciales contenidas en el Decreto de Economía Nº 338, de 1945, y todo tipo de disposiciones que de modo directo o indirecto permitan requisar, nacionalizar, o estatificar empresas.
Se establece, agregó el señor Millas, que en caso de transferencia desde el área privada a las áreas social o mixta se entenderá que las empresas pasarán a ser administradas por sus trabajadores permanentes, o sea, dejan de ser administradas por el Presidente de la República, por el Estado chileno, dejan de tener el carácter de organismos funcionalmente descentralizados dentro de un complejo económico moderno.
Señaló, por último, que los parlamentarios comunistas votarían favorablemente en la discusión particular algunas normas, si este proyecto se aprobada en general, pero que estimaban innecesaria la idea de legislar sobre esta materia.
Señor Presidente, de acuerdo con los antecedentes expuestos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dio su aprobación al proyecto de reforma constitucional que los señores Diputados tienen en su poder.
El Diputado informante queda a disposición de todos los señores Diputados para tratar de aclarar los puntos que no hayan quedado suficientemente claros en el informe que termina de entregar.
Nada más.
El señor ARNELLO.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARNELLO.- Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que conoce la Cámara y que viene aprobado por el Senado de la República entra, en realidad, a precisar una serie de materias que, a nuestro juicio, están establecidas suficientemente o en la realidad del país o en la Constitución vigente. Por ejemplo, es un hecho que en la realidad del país existen actividades de empresas que pertenecen a tres o a más órdenes de propiedad o de administración diferentes.
Desde hace más de un siglo hay en nuestra patria empresas de propiedad del Estado. Desde el tiempo de don Manuel Montt, en que se creó la Empresa de Ferrocarriles del Estado, existen en Chile, puede decirse con precisión, empresas estatales. Empresas de este orden, de esta propiedad, de esta área, para aplicarle un término de actualidad, hay en numerosas e importantes actividades: en el petróleo, en la electricidad, en el azúcar, y últimamente, desde hace algunos años, se ha estado precisando más esta propiedad en otras actividades, en empresas extractivas de minerales.
En la última reforma constitucional se le entregó al Estado, por la vía de la nacionalización, la propiedad de la Gran Minería del Cobre, tal como por otros procedimientos se le transfirió o traspasó la propiedad del carbón, del salitre y de algunas minas de hierro.
Existen empresas de propiedad mixta entre el Estado y particulares, lo que se denomina usando nuevamente un término de actualidad, área mixta; empresas mixtas que han servido durante largos períodos, por muchos años, a varios gobiernos para ir incentivando la producción o para ir entregando al Estado un control determinante en actividades que eran privadas hasta ese instante.
Por los dos caminos: por el de la creación de actividades o empresas industriales por iniciativa de la CORFO, es decir, del Estado, y la participación en ellas de particulares; o por el otro camino de incorporarse el Estado en las empresas de iniciativa y creación de los particulares, esta área mixta se ha venido estableciendo en este país en un sector muy amplio, muy vasto, de indiscutible trascendencia en el aspecto económico.
Finalmente, dentro de la terminología que también señala el proyecto y que se ha establecido en la discusión, en la polémica o en los programas políticos de los últimos años, existe un área privada vasta, amplia que, en resumidas cuentas, envuelve todos aquellos sectores, actividades o empresas que no están incluidas en ninguno de los dos aspectos anteriores.
El proyecto, sin embargo, señala una cuarta área, podríamos decir un cuarto sector, en el cual estarían representadas las empresas, no en consideración a su propiedad, sino que en consideración a su administración y a que esa administración pertenezcan a los trabajadores de las mismas, en que ellos tengan una participación sustancial en las utilidades. Esto, por lo demás, también existe en la realidad. Existe; dentro de la concepción que en la ley de reforma agraria se le otorga a los asentamientos, o a aquellas formas posteriores al período de los asentamientos. La propiedad de la tierra, si así fuera, y es el término legal, la opción de los trabajadores de la misma no pasa a radicar en esas personas, sino en forma colectiva, dentro de una forma de cooperativismo que señala la ley. Incluso, las cooperativas existentes, también debieran quedar comprendidas dentro del área privada; pero, en alguna medida, podrán considerarse, asimismo, dentro de este cuarto grupo que indica el proyecto de reforma.
Ahora bien, ¿qué ha sucedido en la realidad y que hemos discutido en esta Cámara en más de una oportunidad? El Gobierno, en el afán expreso de ir a la creación de un área social, o de un área de propiedad estatal, de ir a la realización, según sus palabras, según su propio programa, del programa planteado por la Unidad Popular, ha buscado caminos para establecer esta área social que, a juicio de los parlamentarios de la Oposición y particularmente es el juicio concreto nuestro, significan un atropello a la legalidad, una violación de las normas constitucionales y de abuso de poder que no podrá haber quedado sin sanción.
El camino seguido por el Gobierno significa, a nuestro juicio, excediendo el ámbito de la ley, emplear diversos recursos que le permitan establecer, crear o ampliar esta área de propiedad estatal sin necesidad de recurrir al único camino constitucional posible, que es el de una ley. Sólo ella hace posible incorporar a su propiedad, expropiar, en consecuencia, bienes de terceros, emplear recursos fiscales para esas adquisiciones, para esas expropiaciones o para esas nacionalizaciones. Es el legislador quien debe calificar el interés social que esas medidas exigen, porque nuestra Constitución señala hoy día, de manera muy clara y muy precisa, en sus diversas disposiciones, que sólo por ley pueden hacerse estos traspasos de propiedad.
En primer lugar, las disposiciones otorgan garantías constitucionales a todos los habitantes de Chile, en el sentido de que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley que califique la utilidad pública o interés social de esa expropiación, que señale una indemnización equitativa y la forma y los medios con que ella se va a pagar. Además, existen otras disposiciones constitucionales que también garantizan que ninguna actividad o trabajo puede ser impedido a un particular, a no ser en virtud de una ley, en la que el legislador califique el interés social o de utilidad pública en prohibir esa actividad o trabajo y dejarla reservada, como lo señala un tercer inciso del mismo número 10 del artículo 10º, al Estado.
Pero, además, existen otras dos disposiciones que obligan a que la destinación de recursos fiscales se haga en virtud de una ley; a que la aprobación del Presupuesto determine el empleo de los recursos del Estado; a que no se pueda comprometer el crédito del Estado, ni el Estado endeudarse en forma alguna, a no ser, también, que una ley expresa lo autorice para ello.
Todos los caminos empleados por el Gobierno en materia de ir creando esta área social, son caminos que le han significado eludir el trámite de la ley, eludir la determinación del interés social por parte del legislador y tratar de hacerlo por la vía administrativa. La compra de acciones de empresas, de bancos o de cualquier tipo de actividad, ha significado dos infracciones legales sucesivas: una, la de destinar recursos fiscales sin la autorización de la ley; y dos, la de emplear el camino de una emisión, igualmente ilegal y no autorizada, para el pago de la parte de las acciones que se hace al contado, y la emisión de Certificados de Ahorro Reajustables del Banco Central de Chile, para que la CORFO pague el saldo, situación que también infringe la ley que rige las normas de esos Certificados de Ahorro.
Las compras directas hechas por el Gobierno y por funcionarios de Gobierno al margen de todo conocimiento, de todo control, de toda determinación del legislador, son igualmente inconstitucionales e ilegales. Nadie sabe, hasta el día de hoy, porque los organismos estatales han negado toda información al respecto, por ejemplo, en cuánto se compró el Banco Francés e Italiano. Personalmente he pedido, por intermedio de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, que se nos dé esa información, la que se ha negado pretextando que ella envuelve secreto bancario, situación que a todos los señores Diputados demostrará lo absurdo e injustificado que es el pretexto, ya que el secreto bancario no es el precio en que el Estado ha comprado un banco, sino que la manera como se desenvuelven las cuentas corrientes de las personas que tienen cuentas en esos bancos.
En consecuencia, los autores de este proyecto -y esto hay que reconocerlo- ante la situación de arbitrariedad e ilegalidad que existía en las actuaciones de funcionarios de Gobierno en estas materias, han querido precisar, y de hecho se ha precisado, de manera clara y terminantemente, cuál es el sentido que la Constitución hoy día vigente mantiene y determina en estos aspectos: que sólo en virtud de una ley se pueden efectuar los traspasos de empresas del sector privado al estatal, porque implican destinación de recursos fiscales que deben ser autorizados y determinados por el legislador. La no existencia de esta norma entrega a los habitantes de Chile a una situación que no es, en absoluto, legal ni moral, porque con la misma razón con que un Estado puede pagar por las cosas un precio justo, un funcionario determinado puede abusar del particular, someterlo a presión y a toda clase de amedrentamientos para imponerle un precio injusto; a la inversa, funcionarios inescrupulosos pueden estar pagando, también, un precio excesivo por lo que se adquiere, cuanto esto se hace de una manera absolutamente arbitraria, al margen, incluso, de la fiscalización de los organismos de control del Estado: la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.
En otras materias, el proyecto, al precisar las áreas, al definir la diferencia que entre ellas existe, al pretender, como lo establece en la letra y en el espíritu la Constitución, que sea sólo la ley la que entre a determinar el campo que ha de pertenecer al Estado, que sea sólo la ley la que entre a determinar la manera cómo han de adquirirse los bienes, la indemnización que es equitativa y las formas de pago que debe darse, también de acuerdo con la norma constitucional general, no está haciendo otra cosa que sostener un ordenamiento jurídico serio y responsable, entregado a la voluntad y a la determinación de quienes representan, en conjunto, el Poder legislador de la República : el Presidente de la República y el Congreso Nacional, quienes son también los auténticos representantes del pueblo en nuestra organización republicana, democrática y representativa.
Las observaciones que sobre una serie de aspectos se han hecho en la Comisión, han puesto su acento, más que en la interpretación del texto de la reforma aprobada en el Senado, en una supuesta interpretación de las intenciones que, tras estas reformas, existirían. La verdad es que no son justas, a mi juicio, las críticas que se han formulado a una serie de artículos, y creo que en el segundo informe que este proyecto está llamado a tener, en la Comisión de Constitución se podrán ir precisando con mayor claridad muchos de estos aspectos. Existe discusión sobre un punto que se planteó en la Comisión y que debe tener, a mi juicio, suficiente claridad para los señores Diputados en la discusión ya más detallada de este proyecto de sus disposiciones, aun cuando en esa oportunidad sólo se planteó de un modo muy general.
Se ha pretendido ver en algunos artículos una manera de derogar todas las disposiciones de distintas legislaciones que pudieran permitir, por ejemplo, la reforma agraria u otros medios de acción legal. En las actas de la Comisión, que tienen los señores Diputados a su alcance, quedó suficientemente en claro que ello no es así. Y no es así, en primer lugar, porque se ha olvidado que la ley de Reforma Agraria expropia el terreno, expropia la tierra y no expropia la empresa agrícola como tal; expropia el casco del terreno más su mejora y, eventualmente, puede también la Corporación de la Reforma Agraria llegar a un acuerdo con el propietario sobre los frutos pendientes. Pero no expropia ni las instalaciones susceptibles de trasladarse ni expropia las maquinarias ni los implementos agrícolas ni su organización comercial, como sería en el caso de la expropiación de una empresa.
De tal modo que ese alcance y esa interpretación están profundamente errados, porque no es lo que señala la ley de Reforma Agraria, ni podría, en consecuencia, interpretarse este artículo de la reforma constitucional como una manera de derogarla implícitamente, como se ha pretendido.
Nada más por ahora, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Frei, don Arturo.
El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, en relación a la tercera modificación propuesta en el artículo 1º de la reforma constitucional en estudio, que establece: "Resérvanse al Estado las siguientes actividades económicas, que éste podrá ejercer por sí, a través de los organismos que de él dependen, de empresas mixtas o de empresas de trabajadores, o mediante concesiones a particulares, en las condiciones que la ley determina o determine"; el número 4º señala "las de transporte aéreo y marítimo, de pasajeros y de carga, por redes de servicio regular que cubran la mayor parte del territorio nacional."
El Partido Demócrata Cristiano quiere precisar el verdadero alcance de esta disposición, tanto para la historia misma de la ley cuanto para su real interpretación.
La disposición constitucional que nos preocupa reserva para el Estado la actividad económica del transporte aéreo y marítimo de pasajeros y de carga, y debe entenderse que ello se refiere exclusivamente a los medios empleados corrientemente en dicho transporte, como lo son las naves aéreas y marítimas y las empresas que cubren estos servicios y que deben realizarlos en la mayor parte del territorio nacional. No se contemplan en esta disposición, y así debe entenderse, las actividades dedicadas al servicio de embarque, descarga y aprovisionamiento de las naves mercantes, y cualquier cambio de propiedad que se pretenda hacer a futuro en esta actividad deberá hacerse por ley, donde, con abundancia de antecedentes, fijaremos nuestra posición y clase de empresa que se creará.
La industria del transporte marítimo, de por sí compleja y difícil en su desarrollo y desenvolvimiento, abarca toda una gama de actividades que se realizan a bordo de las naves mercantes, en la ribera, al costado misma de ella y en otros recintos jurisdiccionales de la autoridad marítima destinados al almacenamiento y manipuleo de carga. En otra ocasión nos referiremos en detalle a estos aspectos de esta importante actividad nacional.
Uno de los rubros de mayor incidencia en el costo de los fletes lo constituye, sin duda alguna, la permanencia de los buques en puertos. Estudios realizados por los organismos especializados de las Naciones Unidas y de la Oficina Internacional del Trabajo, reflejan que poco más del 60% del tiempo empleado en las diferentes rutas internacionales, el buque lo gasta en los distintos puertos en que recala, aprovechándolo sólo poco menos del 40% en la navegación para trasladar carga o pasajeros. De aquí nació, allá por el año 1954, la tendencia de los armadores, especialmente de los que cubren las líneas internacionales, de acelerar el movimiento de embarque y descarga en los puertos, para lo cual se idearon los contenedores que, en el tiempo presente, tienen capacidad de 20, 30 y 40 toneladas, produciendo un tremendo impacto en los núcleos de trabajadores que se dedican a estas labores. A manera de ejemplo, cabe señalar que Nueva York, el puerto más importante de nuestro continente, tenía 35 mil estibadores en 1959, cuando comenzaba a tomar auge este sistema de los contenedores. El año pasado, 1970, este mismo puerto estuvo trabajando solamente con 18 mil a 20 mil estibadores, lo que significa una disminución, en sólo once años, de 15 mil hombres.
Cada día se ponen en vigencia nuevas técnicas para disminuir el tiempo de permanencia de los buques en puerto y la mecanización y automatización está llegando a límites verdaderamente increíbles, hasta el punto de que se han realizado exitosamente experiencias para la ejecución del embarque y descarga con helicópteros, operación que no necesitaría de terminales marítimos, ya que podría realizarse, incluso, en alta mar.
Estamos muy conscientes de lo que está sucediendo en la industria marítima en los países altamente industrializados, lo que repercutirá, sin duda alguna, en los países en vías de desarrollo, como el nuestro. Por esto mismo, queremos fijar muy claramente nuestro pensamiento en torno a esta disposición constitucional.
Es preciso analizar, aun cuando sea someramente, el sector que interviene en esta actividad: los Oficiales de la Marina Mercante Nacional, como los tripulantes, son personales que dependen directamente de los armadores, con remuneración mensual garantizada y una reglamentación diferente que los regula; en cambio, en el proceso de embarque y descarga participan, además, otros trabajadores, como los estibadores, empleados de bahía, cuidadores marítimos y terrestres, marineros auxiliares de bahía, embaladores, etcétera, que por su calidad de eventuales y discontinuos no tienen un patrón fijo y, por ende, tampoco cuentan con una remuneración mensual garantizada y están supeditados, en su mayor o menos ingreso económico, a la permanencia de las naves en puerto. Por ello es que el vínculo contractual se produce solamente por el tiempo en que estos personales presten sus servicios en una determinada nave y los regule, en cuanto a sus actividades, una reglamentación especial.
En 1967, el Parlamento dictó la ley Nº 16.724 para incorporar definitivamente al Código del Trabajo y reglamentar sus labores a los trabajadores eventuales, a los cuales nos hemos referido, cumpliendo así una antigua aspiración de dicho personal por más de 30 años. En .todo caso, aun cuando han sido incorporados a un texto legal, éstos, por su naturaleza, no podrán tener una participación en el proceso de estatización de la industria marítima.
Resumiendo nuestra opinión, y también nuestra intención al apoyar favorablemente la disposición constitucional, debemos decir que ésta se refiere exclusivamente a las actividades dedicadas a trasladar carga o pasajeros de un punto a otro y que las empresas que lo hagan deben hacerlo en la mayor parte del territorio nacional. Quedan excluidas, por tanto, las empresas que se dedican a este transporte de carga y pasajeros sólo en algunas zonas del país como, por ejemplo, en el extremo sur y austral. Igualmente quedan excluidas, porque jamás se ha hecho referencia a ellas, las empresas o actividades que prestan servicios de embarque, descarga y aprovisionamiento de las naves mercantes.
Nada más, señor Presidente.
El señor MERCADO.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MERCADO.- Señor Presidente, con el advenimiento de un Presidente radical, don Pedro Aguirre Cerda, comenzó a cobrar importancia el área estatal de la economía chilena. Basta recordar los grandes proyectos llevados a la realidad durante ese Gobierno para comprender que la zona de influencia del Estado se amplió considerablemente en relación con épocas pasadas. En aquella oportunidad, el Gobierno actuó creando y desarrollando actividades nuevas y vitales para el país, como el acero, la electricidad, el petróleo y muchas otras, las que vinieron a sumarse e incluso a estimular a la actividad privada existente. Puede decirse que desde entonces han coexistido prácticamente las tres áreas en nuestro país; la estatal, la mixta y la privada, sin que se hubiera planteado la necesidad de una definición precisa de ellas y una delimitación de sus alcances.
Al asumir el Gobierno de la Unidad Popular ha cobrado gran importancia la definición de las áreas y, sobre todo, el procedimiento de incorporación de actividades al área estatal. Como es de conocimiento público, la meta final de la Unidad Popular es la implantación del socialismo, entendiendo por tal, al parecer, el dominio abrumador del Estado sobre cualquier otro tipo de actividad. Por lo tanto, si se trata de expropiar, nacionalizar o más genéricamente estatizar empresas existentes, el impacto de las medidas y sus repercusiones pueden acarrear efectos graves sobre el incentivo a producir, a invertir, a crear nuevas labores o simplemente a trabajar. Además se plantea la duda acerca de la subsistencia misma de la actividad privada. ¿Qué tipo de socialismo es el que se desea implantar y qué características tendrá, en consecuencia, el período de transición?
Este problema fue plenamente reconocido en la Convención del Partido Radical de 1967, antes de la división. En ese evento se aprobó, por unanimidad, incorporar al programa del Partido el modelo de tres áreas sustentado por don Alberto Baltra, el cual posteriormente pasó a ser la base del programa de la Unidad Popular en esta materia. Ese modelo, junto con señalar el papel principal y dinamizante del sector estatal como impulsor del desarrollo y realizador efectivo de la planificación, hacía hincapié en la importancia y en la mantención del sector privado. A éste se le deberían determinar y respetar las reglas del juego que lo sustentan para que pudiera desarrollar sus actividades en un ambiente de confianza y certidumbre. El Senador Baltra, en una reciente intervención, enfatizó la necesidad de dar una definición legal al área privada.
Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo ha procedido el Gobierno de la Unidad Popular al respecto?
En primer lugar, su programa de acción incluye una descripción general de las tres áreas, la cual no constituye propiamente una demarcación. El área de producción social pretende abarcar -textualmente- "todas aquellas actividades en general que condicionan el desarrollo económico y social del país", expresión muy amplia que puede ser aplicada a todo género de actividades de cualquier magnitud.
En segundo lugar, el Gobierno no se preocupó mayormente por una definición legal precisa hasta una fecha muy reciente, en la que presentó un proyecto de ley que otorgaba amplias atribuciones al Estado para proceder mediante decretos, sin dejar de lado todos los procedimientos que ha estado utilizando hasta ahora. En efecto, el Gobierno ya ha constituido un área de propiedad social bastante extensa, mediante la compra de acciones, procedimiento de discutible legalidad, expropiaciones basadas en un decreto ley del año 1932, intervenciones y requisiciones so pretexto de conflictos sociales, muchas veces inexistentes, o desabastecimientos provocados justamente por huelgas o "tomas" realizadas con ese propósito. De esta manera, el Estado ha pasado a ser dueño de la industria textil, del hierro, fabricación de alimentos para aves, cemento, acero, carbón, salitre, lana y de la mayor parte de la banca particular, las editoriales y la industria pesquera.
Para el futuro, el Gobierno se propone seguir estatizando, completando la reforma agraria, tomando en sus manos todo el comercio exterior, las empresas de distribución, etcétera. A esta altura del proceso, se hace imprescindible la legislación sobre las áreas, puesto que creemos que la política gubernativa ha tenido efectos abiertamente negativos para el desarrollo económico nacional, al provocar el desaliento de la producción.
Hay tres puntos claves de la situación económica actual, en los que puede verse, con mayor claridad, este desaliento de la producción provocado por la indefinición y los procedimientos seguidos en materia de área social. Ellos son el desabastecimiento de artículos esenciales, la detención de la inversión y la grave crisis del comercio exterior. Debido al poco tiempo de que dispongo me referiré solamente a los dos últimos. El desabastecimiento me parece que habla por sí solo y ha sido puesto en dramática evidencia por la llamada "marcha de las cacerolas", en la cual, la mujer chilena, en forma masiva, protestó valerosamente por la falta de artículos esenciales que está sufriendo.
La política del Gobierno ha causado la caída de la inversión privada, la cual no ha podido ser compensada por el aumento de la inversión pública, según declaración del propio Ministro de Hacienda, señor Zorrilla. Aunque no se han entregado cifras oficiales al respecto, la Exposición de Hacienda es bien clara al hablar de la detención de la inversión en el país. Este hecho tiene una proyección de incalculables consecuencias, ya que todo posible aumento de la tasa de desarrollo económico depende directamente de la inversión, esto es, del incremento de los bienes de producción o capital. El Ministro se propone recuperar terrenos en 1972; ¿pero cómo logrará hacerlo?
En primer lugar, según su informe, en este año se logró absorber la cesantía y la capacidad instalada ociosa existente al comienzo de su gestión, de modo que por este lado no podrá contar con nuevos recursos sin distraerlos de otras actividades.
En segundo lugar, la producción industrial, que muestra un aumento global del 10% entre enero y septiembre del presente año, en comparación con el mismo período del año pasado, ha concentrado su expansión casi exclusivamente en bienes de consumo personal y bienes intermedios diversos; en cambio, las industrias metal-mecánicas y las primarias básicas prácticamente han quedado en los mismos niveles del año pasado.
En tercer lugar, en un cuadro general de importaciones al alza, las de maquinarias y accesorios han disminuido en un 33% entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo período del año pasado.
Por último, los recursos de importación para el próximo año están seriamente amagados por la espectacular caída de las reservas internacionales, que ha desembocado en la reciente crisis cambiaría. El Gobierno se ha visto en la obligación de devaluar, en abierta contradicción con su programa, que hablaba de evitar las "escandalosas devaluaciones". Ha subido el tipo de cambio para la internación de maquinaria y repuestos en un 57%, además del depósito previo del 10.000% a que ya estaban sujetos grandes partidas de estos bienes. Todo eso no constituye justamente un estímulo a la importación de estos bienes.
Nos preguntamos muy seriamente: ¿con qué recursos, ya sea de producción nacional o importados, podrá aumentar la inversión el próximo año?
En materia de comercio exterior, el Gobierno ha llevado a cabo una política de control e intervención, que ya lo hacen efectuar directamente el 85% de las exportaciones (cobre principalmente) y el 55% de las importaciones. Ha hecho uso intensivo de la tasa de depósito previo del 10.000% y del mecanismo de subsidio llamado "draw-back".
Mantuvo fijo el tipo de cambio durante más de un año, provocando el desaliento de las exportaciones. Esto ha quedado de manifiesto por la caída de los embarques de productos agropecuarios e industriales, con excepción de harina y aceite de pescado y acero. El resultado de esta política ha sido el enorme déficit de la balanza de pagos, que según la Exposición de Hacienda alcanzará a 175 millones de dólares a fines de 1971. Pareciera que la incertidumbre provocada en las actividades productoras nacionales se hubiera extendido al exterior. No de otra manera se explica la cancelación de líneas de crédito y la menor entrada de capital externo, que ha obligado al Gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional, organismo tantas veces estigmatizado por la Izquierda chilena como agente del imperialismo.
Basándonos fundamentalmente en estos efectos perniciosos que ha tenido para la economía del país la política de indefinición de las áreas y la arbitrariedad de los procedimientos usados para expandir el área social, es que creemos que procede una profunda rectificación de rumbos en la política económica nacional. Este proyecto de reforma constitucional, en discusión, puede ser el arma fundamental que inicie esta rectificación. En él se establece como principio básico la obligación constitucional de determinar por ley las empresas de producción de bienes y servicios que integrarán las áreas social y mixta, derogándose expresamente las normas sobre requisiciones de establecimientos industriales y comerciales contenidas en el decreto Nº 338, de Economía y Comercio, de 1945, y toda disposición de carácter reglamentario o administrativo que permita, de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas.

También nos parecen altamente beneficiosas las siguientes disposiciones de este proyecto:

1º- Establecer la reserva para el Estado de todas las actividades económicas enumeradas en el Nº 3 del artículo 1º, entre las cuales no figuran el papel y la celulosa por sus evidentes implicaciones para la libertad de prensa.

2º- Establecer que la pequeña y mediana propiedad rústica, empresa industrial, extractiva o comercial y la vivienda habitada por su dueño o familia no podrán ser nacionalizadas y, en caso de expropiación, la indemnización deberá pagarse previamente en dinero.

3°- Reconocer por ley la formación de empresas, cuya administración corresponderá íntegramente a los trabajadores que laboren en ella en forma permanente, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas en función de quienes sean sus propietarios, caso en el cual los trabajadores tendrán el uso y goce de los bienes respectivos y participarán de las utilidades que resulten de su gestión.
Finalmente, diremos que la aprobación de este proyecto está en la línea social-demócrata preconizada por la Democracia Radical, que es partidaria de una sociedad más justa, humana, igualitaria y con plenas garantías para la iniciativa individual de todos sus componentes.

Por todas estas razones, votaremos favorablemente el proyecto de reforma constitucional de los Senadores Hamilton y Fuentealba, en la seguridad de que su aprobación traerá algo de tranquilidad al ambiente de incertidumbre que el Gobierno de la Unidad Popular ha creado, en especial, en el sector de pequeños y medianos empresarios.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Naudon, don Alberto.
El señor NAUDON.- Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que debatimos en su primer informe, tuvo su origen en el Senado en una moción de los señores Fuentealba y Hamilton, de la Democracia Cristiana, y dice relación con la determinación de las tres áreas de la economía indicadas en el programa de gobierno de la Unidad Popular.
La materia señalada ya es conocida por esta Cámara, porque fue objeto de un largo debate en la tramitación del proyecto sobre las tres áreas de la economía iniciado por mensaje del Ejecutivo. Cabe recordar que la proposición del Ejecutivo fue reemplazada totalmente por una indicación de los señores Diputados de la Democracia Cristiana, con el voto favorable, en cada caso que fue necesario, de los Diputados del Partido Nacional.
El proyecto de reforma constitucional en debate tiene una clara finalidad, que fue objeto de discusiones en el Senado y sintetizada por el Senador señor Gumucio en su intervención en el segundo informe. En una de sus partes, expresó: "A nuestro juicio, las ideas esenciales del proyecto derivaban de la intención de derogar o modificar disposiciones legales vigentes que permiten al Gobierno expropiar, nacionalizar o intervenir empresas. No creo que esté de más insistir en los motivos que nos han movido a algunos Senadores a manifestarnos en contra de tal propósito.".
Agregó: "El proceso en que se encuentra empeñado el Gobierno, de crear el área social y de ampliarla en la medida en que lo ha hecho, sobre la base de disposiciones legales vigentes, reviste importancia fundamental para todos los que tenemos una visión del Estado de carácter socialista. No cabe duda de que el socialismo, en su esencia, implica la necesidad de trasladar el poder de una minoría a una gran mayoría, y de hacerlo con urgencia.".
Dijo más adelante: "La resistencia al socialismo impulsa a las fuerzas que no lo desean a actuar como un ejército en retirada: empiezan a transar en algunos aspectos por razones tácticas, pero siguen defendiendo las cosas que consideran fundamentales.
"Por ejemplo, en el proyecto de discusión, destaca un hecho muy curioso. Si uno examina la posición clásica de la Derecha, la que tuvo hasta la última elección presidencial durante la campaña de su candidato, el señor Alessandri, puede observar que esa fuerza se definía en el terreno económico-social como partidaria de la libre empresa; pero ante el peligro de que el socialismo pudiera caminar con un ritmo que ellos consideran perjudicial, comenzó a ceder terreno y entonces surgió la idea de la participación de los trabajadores.".
El señor AMUNATEGUI.- Eso es falso.
El señor NAUDON.- La parte del discurso del Senador Gumucio refleja la finalidad de esta reforma constitucional, que es paralizar la acción del Gobierno para crear un área social.
Nuestro Partido ha dado a conocer su pensamiento en esta materia de las áreas de la economía y también en lo concerniente a la participación de los trabajadores. Solicitamos del señor Presidente de la República la presentación de un proyecto de ley que definiera claramente el área social, el área mixta y el área privada.
En el proyecto de ley del Ejecutivo se reconocen las tres áreas, se definen y sé señala que para incorporarse al área de propiedad social, las empresas debieran tener, al 31 de diciembre de 1969, un patrimonio superior a catorce millones de escudos. Por indicación que presentamos en la Comisión, se excluyeron del área social las cooperativas, las empresas periodísticas y medios de difusión, las sociedades inmobiliarias que no persigan fines de lucro, las empresas constructoras, las sociedades de ahorro y préstamo y las editoriales.
En el proyecto del Gobierno a que me refiero, se faculta al Presidente de la República para nacionalizar el todo o parte de aquellas empresas, o de sus acciones y bienes, para formar el área social.
En el mismo proyecto se dan normas generales para incorporar a los trabajadores a la gestión de las empresas de las áreas de propiedad social y mixta controladas por el Estado, por medio de la asamblea de trabajadores, asamblea de sección, taller, departamento u otra unidad de la empresa, por los comités de producción, comité coordinador y consejo de administración.
En la discusión del proyecto hicimos notar que hubiéramos preferido una determinación de empresas incorporables al área social por actividades económicas y no sólo sobre la base del capital, y que debiera incorporarse al proyecto la legislación de facultades legales a que se refieren el decreto-ley 520, de 30 de agosto de 1932; el decreto 338, de 1945, reglamentario del anterior; el decreto con fuerza de ley Nº 173, de 1953, y los decretos supremos Nºs 1.262 y 1.379, de 1966, para evitar críticas al Gobierno y para que un texto legal de tanta importancia contuviera todas las disposiciones pertinentes.
Desgraciadamente, no pudimos perfeccionar el proyecto referido, porque fue substituido totalmente por indicaciones de los señores Diputados de la Democracia Cristiana, con el voto, en cada caso que fue necesario, de los Diputados nacionales.
La indicación substitutiva, aprobada, en lo que se refiere a las áreas de la economía, guarda mucha analogía con este proyecto de reforma constitucional.
En uno como en el otro, se definen las áreas, con la diferencia de que en la indicación a la ley se agrega un área social de los trabajadores, que el Senador Hamilton quiso incorporar en este proyecto en el Senado, sin éxito.
En ambos se indica que la ley determinará las empresas de producción de bienes o servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía.
Igualmente, las dos iniciativas reservan al Estado determinadas actividades económicas, que éste podrá ejercer por sí, a través de los organismos que de él dependan, de empresas mixta o de empresas de trabajadores, o mediante concesiones a particulares, en las condiciones que la ley determina o determine.
De esta reserva se excluyeron los bancos, las compañías de seguros y reseguros, la producción de papel y celulosa; las empresas de telecomunicaciones, no comprendiendo la televisión, y la distribución del petróleo.
Hay que hacer constar que, según el segundo informe del Senado, la reserva que se hace por la Constitución no afectará a las actividades que están en manos de particulares mientras la ley no lo reglamente ni hará necesaria la dictación de nuevas leyes respecto a aquellas actividades que ya están en poder del Estado.
En resumen, el criterio de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional ha sido definir las áreas de la economía; pero dejar al legislador, en cada caso, la nacionalización por medio de una ley.
Consecuente con este criterio, la reforma propuesta deroga las normas sobre requisiciones de establecimientos comerciales o industriales del decreto de Economía y Comercio Nº 338, de 1945, y toda disposición de carácter reglamentario o administrativo no legal que permita, de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas. En el último inciso de la disposición vigésima, se ordena que ninguna ley vigente a la fecha en que comience a regir la reforma constitucional, podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de que autoriza al Estado o a los organismos que de él dependen para nacionalizar, estatificar o incorporar a las áreas social o mixta empresas productoras de bienes o servicios, o derechos en ellas.
En la disposición vigesimoprimera, se declaran nulos y sin ningún valor los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones y derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizados por ley dictada en conformidad a lo prescrito en el Nº 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.
En el Nº 4 del artículo 1º, se establece una disposición que nuestros Senadores votaron favorablemente. Dice:

"Substitúyese el inciso undécimo del Nº 10 del artículo 10, por el siguiente:

"La pequeña y mediana propiedad rústica, la pequeña y mediana empresa industrial extractiva o comercial y la vivienda habitada por su propietario o familia no podrán ser nacionalizadas y, en caso de expropiación, la indemnización deberá pagarse previamente y en dinero.".".

Esta enmienda ha recibido nuestra aprobación, porque siempre hemos estado por proteger claramente los tipos de propiedades señalados.
Sin embargo, a pesar de la indudable importancia de esta enmienda, faltó, a nuestro juicio, definir lo que se entiende por pequeña y mediana propiedad rústica y lo que es pequeña y mediana empresa industrial extractiva o comercial.
En la imposibilidad de obtener la aprobación de una indicación, propuse a la Comisión de Constitución que se dejara constancia, para la interpretación del texto, por lo menos qué debe entenderse por pequeña y mediana propiedad rústica la declarada inexpropiable por la Ley de Reforma Agraria en razón de su superficie, esto es, la de hasta 80 hectáreas de riega básicas o de la superficie que leyes posteriores determinen. Esta petición fue aprobada por unanimidad y quedará como antecedente fidedigno en la historia de esta reforma.
Señor Presidente, en la Comisión de Constitución de esta Cámara, presentamos algunas indicaciones, referidas en el informe, todas las cuales fueron rechazadas, incluso aquélla que reservaba al Estado la distribución del petróleo.
Circunscritos al texto despachado por el Senado, prestamos nuestro voto favorable a las enmiendas del artículo 1º, con excepción del inciso final de; Nº 8, que agrega un número más al artículo 44 de la Constitución, y las disposiciones transitorias del artículo 2º, decimonovena y vigésima en sus dos primeros incisos, y votamos en contra de los incisos tercero y cuarto y de la enmienda vigesimoprimera transitoria.
Hemos dicho, y lo reiteramos, que estamos por el cumplimiento del programa de la Unidad Popular. No somos marxistas y, en conocimiento de nuestra posición y pensamiento, el Partido Radical fue incorporado a la Unidad Popular.
Estimamos que el proceso chileno al socialismo, entendiendo por tal un socialismo en democracia, necesita la cooperación de todos los chilenos. Nuestro deber común es que, obedeciendo al imperativo de los tiempos, como dijo Juan XXIII, iniciemos un período de conciliación nacional, en que podamos efectuar el cambio del capitalismo al socialismo sin dividir nuestra familia chilena, sin transformarnos en enemigos, a veces por apariencias externas que no obedecen a una realidad económica.
Tenemos, objetivamente, una posición distinta al de la derecha económica y a la de la ultraizquierda, porque representamos las capas medias de nuestra sociedad, anhelantes de cambios, de una justicia social que se ha iniciado en los últimos años; pero con respeto absoluto del hombre como centro del quehacer político.
Por eso, estamos en parte con este proyecto de reforma y en parte en contra de e1, porque lo estimamos regresivo y una defensa del viejo sistema que no fue capaz o no quiso dar soluciones a los problemas que una población en aumento, que se incorpora al consumo, está haciendo cada vez más agudos. La objetividad, la apreciación real de los problemas, la crítica justa, la oposición constructiva, son inherentes a una verdadera y real democracia.
Nada obtendremos con buscar viejos esquemas, fracasados en muchos países, la solución de los problemas de Chile. Fuimos una sola familia, con grandes injusticias en el ordenamiento económico que pretendía solucionar sus problemas. Vemos hoy, con fría inquietud, que se combate la decisión mayoritaria del pueblo con una oposición que se hace cada día más dura, orientada por intereses subalternos, que no son los propios de las grandes mayorías nacionales.
Tanto el Gobierno, al cual apoyamos en su proceso de cambios enmarcados en el programa de la Unidad Popular, como la Unidad Popular, a la cual no pertenecemos oficialmente, pero que integramos ideológicamente, como la Oposición, tenemos el deber de encauzar el proceso de transición y cambio en un clima de tranquilidad que ponga término a las situaciones irregulares constituidas por la violencia, por el sectarismo y por la lucha absurda de establecer predominios de clase. Finalmente, deseo entregar nuestra opinión frente a un problema que surge de este proyecto y del aprobado por esta Cámara, que es el de la participación de los trabajadores en el proceso de la producción.
Si examinamos el proyecto de ley despachado, veremos que se habla de propiedad de los obreros en las empresas, aun en las de mayor importancia. En el de reforma, se entrega a la ley su determinación. Pensamos, como lo dijo el Senador señor Baltra en la discusión en particular, que la sociedad, representada por el Estado, debe ser la dueña de las empresas que integrarán el área social, sin perjuicio de cogestión de los obreros en la administración e, incluso, en parte de los beneficios. Entregar el total de la propiedad o el total de la administración a un grupo determinado de obreros, significaría el caos en el proceso productor y crear nuevas clases privilegiadas o subdesarrolladas de proletarios, con un nuevo problema que solucionar.
Para resumir nuestra posición, señor Presidente, como existe un proyecto de ley del Gobierno, en segundo trámite en el Senado, sobre estas mismas materias, y hay varias disposiciones del proyecto en debate que no podemos compartir, nos abstendremos en la votación, sin perjuicio de nuestra posición en la discusión en particular, para apoyar aquellas disposiciones que estimemos favorables.
Nada más y muchas gracias.
El señor FUENTES (don César Raúl).- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, se han hecho aquí algunos planteamientos que requieren nuestra respuesta.
En primer lugar, debemos partir de algunos presupuestos de hecho: la Unidad Popular prometió al país un programa de cambios dentro de la ley. Esperábamos que aquellos cambios fundamentales tuvieran, por cierto, dentro de este contexto, la participación del Poder Legislativo. Sin embargo, a pesar de que Su Excelencia el Presidente de la República anunció, en una de las materias más importantes, como era la reforma bancaria, que se enviaría al Congreso el proyecto de reforma respectivo, como muy bien lo sabe la Honorable Cámara, el proyecto no llegó nunca y se acudió a una interpretación, que nosotros hemos estimado antojadiza, para poder establecer la estatización de la banca en Chile.
Muchas veces hicimos presentes nuestras aprensiones en esta materia, y siempre esperamos que el proceso de traspaso de la propiedad desde el área privada al área estatal o social se realizara de acuerdo con el consentimiento del Poder Legislativo, lo que significaba abrir en el país un gran debate público en relación con este asunto; que el Poder Legislativo tomara parte en estas decisiones que implicaban la reforma de la economía chilena; que los recursos presupuestarios fueran afectados por una decisión de autoridad competente y no a través de una decisión de carácter administrativo que, a nuestro juicio, no se fundamentaba en claros preceptos de orden legal y constitucional.
Por eso, la Democracia Cristiana reclamó al Gobierno, con insistencia, el envío de un proyecto que definiera estas materias. Lamentablemente, el proyecto no llegó y tuvimos que echar mano a los instrumentos que nos corresponden, los instrumentos que tenemos en nuestro poder, porque el pueblo nos los entregó. Por tal motivo, nuestros Senadores Renán Fuentealba y Juan Hamilton, en nombre del Partido, iniciaron en el Senado este proyecto de reforma constitucional que ahora conoce la Cámara de Diputados.
Nosotros creemos que las materias que incluye este proyecto de reforma constitucional están en la categoría jurídica y en el nivel que les corresponde y, por cierto, deben estar consagradas en nuestra Carta Fundamental.
El proyecto de ley que define las tres áreas de la economía parte de ciertos presupuestos que podrían, perfectamente, ser normas constitucionales, y establece algunas reglamentaciones que son propias de la ley y que nosotros no hemos incorporado ni en el debate ni en indicaciones ni en parte de la iniciativa que estamos tratando.
Pensamos que la intención es aclarar las reglas del juego. Que sea el Poder Legislativo, que sean las instituciones democráticas chilenas las que determinen el proceso de traspaso de los bienes del área privada a las áreas mixta o estatal. No existe otra intención. Es verdad que se hace referencia a algunas materias como el decreto reglamentario Nº 338 que, a nuestro juicio, es un decreto reglamentario que se encuentra derogado. Hay una derogación orgánica muy clara, como lo establece el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde en el apéndice se hace un memorándum completo en relación con esta materia y donde aparece claramente que este decreto reglamentario fue, en primer lugar, ilegal e inconstitucional ; fue mucho más allá del decreto-ley 520. Pero, aparte de esto, fue objeto de una derogación orgánica por la ley de Superintendencia de Abastecimientos y Precios y, más tarde, por el artículo 167 de la ley Nº 16.464.
En esta materia, señor Presidente, nosotros no hemos negado la facultad del Ejecutivo para efectuar las requisiciones que los propios textos legales actuales le autorizan a hacer...
Por ejemplo, queda vigente...
El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Me excusa, señor Fuentes? El señor Jaque le solicita una interrupción.
El señor FUENTES (don César Raúl).- Con el mayor agrado.
El señor JAQUE.- Señor Presidente, el colega Fuentes está planteando la validez jurídica de algunos decretos-leyes y, en particular, del decreto 520.
Yo quisiera preguntar al colega por qué, si él está en este instante poniendo en tela de juicio la validez de ese decreto-ley, más adelante, en estas mismas reformas constitucionales, se está reglamentando esto, se está reglamentando el decreto 520, en lo que tiene relación con la expropiación, requisición e intervención de establecimientos ya sean comerciales, industriales o explotaciones agrícolas. A mi juicio, al reglamentarse, la Constitución Política está reconociendo expresamente validez a esos decretos con fuerza de ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Puede continuar el señor Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, yo lamento que el colega señor Jaque no haya escuchado bien lo que yo dije. Al no escucharme bien, evidentemente no pudo formular bien la consulta tampoco.
Yo dije que el decreto reglamentario del decreto ley 520, el decreto 338 del Ministerio de Economía, publicado en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1945, es un decreto que carece de fuerza legal y de fuerza constitucional. El decreto-ley 338. A ése me he referido y no al decreto-ley 520, porque en esta materia quisiera decirle al colega Jaque que el decreto- ley 520 ha sido confirmado por diversas disposiciones legales posteriores, que se han referido expresamente a él, pero no al decreto reglamentario 338, que es una cosa distinta. Y, precisamente, el decreto reglamentario 338 no tiene fuerza legal, porque va más allá del decreto 520. De modo que partí mi argumentación reconociendo que es válido, porque se ha validado a través de diversas disposiciones legales que se han ido estableciendo con el correr del tiempo en el país, que son muy diversas.
Yo reconozco la validez del decreto-ley 520. De manera que no podía consultarme bien el colega Jaque, porque no me había escuchado bien lo que yo había planteado.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Fuentes, el señor Jaque le solicita nuevamente una interrupción.
El señor FUENTES (don César Raúl).- Cómo no.
El señor JAQUE.- En todo caso, tiene validez mi consulta, porque más adelante, en la vigésima disposición transitoria que se incorpora al texto constitucional, expresamente se establece en el inciso tercero lo siguiente: "Deróganse las normas sobre requisiciones de establecimientos industriales y comerciales contenidas en el decreto de Economía y Comercio Nº 338, de 1945, y toda disposición de carácter reglamentario o administrativo que permita, de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas."
Aquí se está refiriendo específicamente al decreto 338 a que alude el colega.
Si no tuviera validez jurídica, entonces, ¿por qué la Constitución Política lo deroga?
El señor SANHUEZA (Presidente).- Pueda continuar el señor Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, desde ese punto de vista, yo parto por reconocer validez a la consulta del colega Jaque. Evidentemente, sostenemos que el decreto reglamentario 338 no tiene validez y que no la ha tenido jamás. Sin embargo, como algunos han querido prestarle validez, nosotros confirmamos nuestro criterio sobre la materia a través de esta disposición transitoria de la Constitución Política. Pero no es que le hayamos conferido validez alguna, sino que, como algunos han querido validarlo, aunque las disposiciones que en él se establecen son de carácter exclusivamente reglamentario, nosotros queremos zanjar la disputa diciendo que no tiene validez, porque este precepto le desconoce expresamente validez.
Pues bien, dejamos a salvo las atribuciones que tiene el Presidente de la República por el decreto- ley 520, en forma reglamentada y, a nuestro juicio, en una forma que haga legítimas las expropiaciones en los casos que allí se plantean.
En las letras a) y b) de la disposición decimonovena se establecen los fundamentos para que pueda realizarse la expropiación. Dejamos a salvo las disposiciones que autorizan al Presidente de la República para realizar las requisiciones en los casos que también se autorice hacerlo por ley; y dejamos a salvo y reglamentamos las disposiciones que tienen relación con la intervención. ¿Por qué, señor Presidente? Porque a través de métodos indirectos, como la intervención, por ejemplo, se ha estado traspasando -a nuestro juicio, sin mayor validez legal, pero de hecho se están provocando situaciones consumadas- propiedades hacia el área estatal, hacia el sector estatal, sin ninguna disposición legal que así lo autorice.
De aquí la necesidad de aclarar definitivamente esta materia, porque yo creo que en este país todos estamos convencidos de que, si tenemos claras las reglas del juego podremos caminar hacia adelante, sin provocar un peligro de interrupción de la vida democrática. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos estableciendo claridad. Por eso, nos alegramos de que cualquiera de los conceptos propuestos en esta reforma constitucional que no sea de una entera claridad pueda quedar claro, en futido término, a través del establecimiento fidedigno de esta reforma constitucional. El Diputado señor Naudon ha hecho referencia claramente a la garantía que se entrega a la pequeña y mediana propiedad agrícola, definiendo en la Comisión lo que entendemos nosotros por esta garantía de la pequeña y mediana propiedad agrícola, para poder establecer qué se entiende por pequeña y por mediana propiedad...
El señor LORCA (don Gustavo).- ¡No se entiende nada!
El señor FUENTEZ (don César Raúl).- Ahora bien, otra materia que, a nuestro juicio, merece que la destaquemos es que hemos establecido una forma de participación de los trabajadores que tiene suma importancia, porque hemos cambiado el criterio del viejo Código Civil, criterio que establece que el dueño de la propiedad es el único que tiene derecho a administrar esa propiedad, principio de corte liberal, principio que está uniformando nuestra legislación y principio que se calca incluso en el moderno derecho laboral, ya que no hay ninguna norma que establezca algún sistema distinto de administración de la propiedad en el caso de que ella constituya un medio de producción objeto del trabajo colectivo.
Nosotros establecemos aquí, señor Presidente, que les corresponderá a los trabajadores el sistema de administración y de participación de las empresas, salvo que la ley disponga lo contrario; porque "entregamos" la importancia, "entregamos" el factor determinante, no al dueño del capital, sino al dueño del trabajo. Y es por eso que hemos establecido esta regla general, que altera los principios del Derecho Civil. Y, por cierto, en aquellos casos en que los trabajadores no deban tener este sistema de administración y de participación de las empresas, en esos casos, la ley establecerá un sistema de carácter distinto. Pero, a nuestro juicio, este principio de la participación y de la autogestión no crea obreros o trabajadores de primera y de segunda clase. Creemos que el Estado tiene medios administrativos, tiene medios dispositivos, tiene medios tributarios, tiene un conjunto de herramientas que permitirán producir la igualdad en la distribución de las utilidades, y que, al fin y al cabo, serán el ingreso que cada uno de los trabajadores de Chile debe tener.
Por eso, quería responder brevemente las observaciones que se han hecho en esta materia, en nombre del Partido Demócrata Cristiano.
Gracias.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Ofrezco la palabra.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SANHUEZA (Presidente).- Señores Diputados, les ruego mantener la calma y la serenidad. No hablen, porque es imposible, prácticamente, dirigir el debate.
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional, que ha sido iniciativa de los Senadores señor Hamilton y Fuentealba, nos parece a los Diputados de la Izquierda Cristiana, como lo advertimos respecto de las indicaciones que se hicieron al proyecto de ley que determina las tres áreas de la economía, presentado por el Gobierno, que más que una reglamentación del asunto de las áreas de la economía, en la práctica es un proyecto que, a través de las disposiciones a las cuales brevemente me referiré, tiende a impedir la formación del área social; y viene a resultar, de hecho, una especie de auxilio al capital monopólico que domina las empresas afectadas por la política del Gobierno, destinada a incorporarlas al área de propiedad social.
En un artículo, en una de las principales disposiciones del proyecto, se señala que la ley determinará las empresas productoras de bienes o servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía. Pero resulta que en la ley despachada por esta Honorable Cámara sobre la materia, no se determina ninguna área social, no se determina ningún campo respecto de esta área social; y, simplemente, se remite a leyes posteriores, a leyes futuras, para los efectos de incorporar cada empresa que se quiera incluir en el área social. Por lo tanto, esta disposición, tal como está, y en combinación con el proyecto ya despachado por la Cámara, significa un obstáculo de tal naturaleza a la formación del área social, como es el hecho de que, para cada empresa que se quiera incorporar a esta área, sea necesario que se envíe un proyecto especial para que sea discutido, tramitado y aprobada en esta Honorable Cámara. Por consiguiente, esta participación del Poder Legislativo a que hacía referencia el señor Fuentes, en el sentido de que en virtud de ella se determinará el campo del área social, es una participación que, en la práctica, viene a significar no determinar ningún campo, no determinar ninguna área, sino remitir el problema a leyes posteriores, a leyes futuras. Y de esta manera, como conjuntamente con eso se están cercenando las facultades del Gobierno y del Estado, para actuar a través de los medios administrativos, se paraliza, se congela el proceso de formación del área social.
En cuanto a las "empresas de trabajadores", que también se contemplan en este articulado, queremos decir que nosotros no somos contrarios a ellas. Pero creemos que la discrepancia está en el sector donde estas empresas de trabajadores se sitúen. Somos partidarios de las empresas de trabajadores situadas en el sector o en la denominación del área privada. No somos partidarios de las empresas de trabajadores, tal como están concebidas, en el sector del área social, por una razón muy simple: porque el área social a lo que tiende es a eliminar los intereses privados en un determinado sector estratégico de la economía, en un determinado sector donde se acumula el grueso de los excedentes, donde se acumula el grueso del poder económico. No se trata de eliminar los intereses privados de los capitalistas para reproducir, en esa misma área, otro tipo de intereses privados, los intereses privados de los trabajadores, con el agravante de que, indudablemente, a través de este mecanismo, se van a desarrollar en los trabajadores los mismos vicios y tipos de comportamiento antisocial que existían en el capitalismo.
Por esa y otras razones, nos oponemos al hecho de situar estas empresas de trabajadores en esa área social, donde lo que debe predominar es el interés de la sociedad. Y cualesquiera que sean las lucubraciones que se hagan, no se ha descubierto otra forma de representar o de detentar el interés de la sociedad que a través del Estado.
Naturalmente, creemos nosotros en una amplia participación de los trabajadores en la dirección de las empresas estatales, empresas que, en definitiva, estén bajo el control del Estado, que es el que representa el conjunto de los intereses sociales.
Otra forma de cercenar estas facultades legales a que nos referíamos, para avanzar en la constitución del área social, es, precisamente, el Nº 16 del artículo 3º, en virtud del se requiere de una ley especial para que el Estado pueda adquirir acciones o derechos en empresas de bienes o servicios. De manera tal que un acto de administración tan elemental como es la compra de acciones, en un momento dado, es algo que requeriría una legislación o una ley especial, para que el Estado tuviera esta facultad. No obstante, de acuerdo con la Constitución, la función de administración es una función propia del Ejecutivo. Y resulta que en esta forma, mediante esta disposición, se impide el avance en la adquisición de empresas, a través de una institución tan antigua como es la compraventa, y se convierte al Estado prácticamente en un menor de edad que no puede, sin un permiso especial del Parlamento, adquirir acciones de una empresa privada. Hasta este punto llega el espíritu y el propósito de este proyecto, en el sentido de cercenar los medios y facultades del Estado para constituir el área social.
Por lo tanto, no es un proyecto que se plantee en el sentido de decir: que se está de acuerdo con el área social; sino que se quiere que esto se haga a través de una discusión legislativa. Y a lo que esta discusión legislativa lleva es, sencillamente, a que haya oposición a la formación del área social, a la determinación del campo del área social, a la determinación del ámbito del área social, cercenando hasta el punto al cual me estoy refiriendo la facultad del Estado en lo administrativo, para avanzar en este sentido. En cuanto a otras facultades del Estado, que han existido en este país desde hace 40 años y que a nadie se le ocurrió restringir o discutir y que otros Gobiernos han utilizado; ahora, cuando el Gobierno las utiliza para producir un cambio social; ahora, cuando el Gobierno las utiliza de una manera que pone, en cierta forma, en apremio a los intereses capitalistas; ahora, entonces, surge la discusión sobre la legitimidad de estas disposiciones. Y, través de esta reforma constitucional, se cercenan estas disposiciones que existen desde 40 años, y que son las que emanan del decreto-ley Nº 520. Y en cuanto a la facultad de expropiación que establece el decreto-ley Nº 520, junto con establecer en esta reforma constitucional una serie de limitaciones que la hacen prácticamente inoperante, se llega, por último, a establecer que el afectado, frente a la medida expropiatoria, tendrá nada menos que reclamar de la expropiación ante la Corte Suprema. O sea, en buenas cuentas, para poder utilizar este instrumento de avance en el sentido de la socialización de la economía a través de esta medida, habrá que contar prácticamente con el visto bueno de la Corte Suprema, lo cual lleva hasta este punto de absurdo el cercenamiento de esa facultad, que, como digo, ha existido desde hace 40 años.
Y lo mismo en cuanto al requisamiento o intervención. Se limitan también y se cercenan estas disposiciones, estableciéndose un plazo máximo para los efectos de que durante las medidas a los decretos de requisamiento o de intervención.
Y hay, finalmente, una disposición, cuya interpretación por algunos colegas yo no entiendo, en verdad, y que aquí me produce muchas dudas; porque llega hasta si extremo de señalar que "ninguna ley vigente a la fecha en que comience a regir esta reforma constitucional podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de que autoriza al Estado o a los organismos que de él dependan para nacionalizar, estatificar o incorporar a las áreas social o mixta empresas productoras de bienes o servicios..."
Seguramente, hay muchas disposiciones que están afectadas por este artículo. Y yo pienso, en este momento, en la Ley de Nacionalización del Cobre; porque resulta que aquí se habla de que "ninguna ley vigente a la fecha en que comience a regir esta reforma constitucional podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de que autoriza al Estado" a nacionalizar. Entonces, evidentemente, podría caer aquí incluso la propia ley que autoriza la nacionalización del cobre.
Esto lo señalo precisamente para demostrar hasta qué punto se ha querido llegar en el sentido de limitar y cercenar las facultades del Estado en este aspecto. Y a eso se agrega, incluso, la disposición que establece que cualquiera adquisición de acciones, cualquiera actos o convenios que signifiquen adquirir derechos en empresas, que se hagan a contar del 14 de octubre de 1971, serán nulos.
En consecuencia, señor Presidente, sin perjuicio de otras disposiciones que puedan ser aceptables, y sin perjuicio, también, de que nos parezca lógico, natural y conveniente reglamentar jurídicamente el problema de las tres áreas de la economía y que ello deba estar establecido derechamente en la legislación; creemos, sin embargo, que este proyecto, concretamente, tiende a paralizar este proceso y a despojar al Estado de facultades que tiene, desde hace mucho tiempo, para cumplir este punto, que es esencial en el programa de la Unidad Popular, y que es esencial para cualquier Gobierno y para cualquier movimiento que quiera realmente sustituir el capitalismo en este país, terminar con el poder de los grandes monopolios y construir, en el sector dominante de la economía, un poder social y una planificación económica que permitan poner la economía al servicio de los intereses de la generalidad de la población y desenvolverla y orientarla al servicio de las necesidades fundamentales del pueblo y de un desarrollo armónico del país.
Por eso, señor Presidente, nosotros no daremos nuestros votos a este proyecto.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor JAQUE.- Pido la palabra.
El señor LORENZINI.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Jaque, don Duberildo; y, después, el señor Lorenzini.
El señor JAQUE.- Señor Presidente, la Honorable Cámara se encuentra debatiendo un proyecto destinado a alcanzar objetivos que, a nuestro juicio, pudieron haberse logrado perfectamente en virtud de una ley.
Los parlamentarios de estos bancos tenemos la firme convicción de que lo que se pretende en esta reforma constitucional pudo haberse logrado, perfecta y lógicamente, a través del proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional.
Creemos que en la actual Constitución Política, señor Presidente, existen los fundamentos para ir delimitando las diversas áreas de nuestra economía. En efecto, el artículo 10 de la Constitución Política, al asegurar a todos los habitantes de la República el derecho de propiedad en sus diversas especies, estaría posibilitando este objetivo, toda vez que una de las formas de propiedad, incuestionablemente, puede ser la propiedad social o estatal, como también se la ha denominado.
Luego, la Constitución Política, en este precepto que estoy analizando, dispones textualmente que "La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes".
La Carta Fundamental señala más claramente, a continuación: "Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país".
A través de estos preceptos constitucionales, encontramos el fundamento jurídico para alcanzar los objetivos que se pretenden con esta reforma constitucional, y que, vuelvo a repetir, pudieron haberse logrado perfectamente en virtud de una ley, cuya dictación, a nuestro juicio, ya autoriza nuestra Carta Fundamental.
Como lo han señalado otros colegas de la Unidad Popular, ésta, en su programa ofrecido al pueblo, ha señalado claramente lo que pretende al delimitar las tres áreas de la economía nacional, en área social, en área mixta y en área privada. Hemos indicado nítidamente que uno de los objetivos fundamentales de la política de la Unidad Popular es cambiar las estructuras de nuestra economía y terminar con la actividad monopólica, tanto del capital nacional como del internacional, y que el objetivo primordial, dentro de esta concepción, es iniciar, en nuestro país, la construcción del socialismo. Hemos sido muy explícitos al manifestar que el área social o estatal estará constituida por aquellas empresas que ya son, hoy día, de propiedad del Estado, y por aquéllas otras que se sigan expropiando, en virtud de las disposiciones legales en vigencia; es decir, queremos avanzar en esta construcción del socialismo respetando nuestro ordenamiento jurídico, y así se ha estado haciendo.
Ahora ¿qué es lo que pretendemos con esto, señor Presidente? En dos ideas esenciales podría señalarlo. Lo que perseguimos, a través de esta área social, es planificar mejor la economía y, sobre todo, aprovechar los excedentes para ponerlos a disposición de los auténticos intereses nacionales. Con este proyecto de reforma constitucional no se persigue otro objetivo -y esto hay que decirlo con absoluta claridad- que defender las actuales estructuras capitalistas y despojar al Estado de las herramientas que posee, de las cuales se ha estado haciendo uso por más de 39 años, como aquí se ha señalado, y que hoy día se ponen en tela de juicio.
Se pretende, en consecuencia, obstaculizar el proceso de cambios en que se encuentra empeñado el Gobierno de la Unidad Popular.
Creemos que los objetivos pueden alcanzarse en virtud de una ley y no de una reforma constitucional, razón por la cual nos vamos a abstener en la votación de este proyecto de ley.
Nada más.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LORENZINI.- Yo había pedido la palabra.
Varios señores DIPUTADOS.- Está cerrado el debate.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Se ha pedido votación nominal.
En votación la petición de votación nominal.

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos.

El señor SANHUEZA (Presidente).- Aprobada la petición de votación nominal.
El señor Secretario informará previamente a los señores Diputados sobre el quórum que se requiere para la aprobación en general del proyecto de reforma constitucional.
El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).- En virtud de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, son 147 los señores Diputados en ejercicio. La mayoría absoluta son 74 para los efectos de la aprobación del proyecto en general. Son tres los señores Diputados que no están en ejerció: los señores Sívori, Marambio y Avendaño.
El señor SANHUEZA (Presidente).- El señor Secretario va a llamar a los señores Diputados.

- Durante la votación:

El señor PHILLIPS.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, por dos minutos.
El señor PHILLIPS.- ¿Por cuánto tiempo, señor Presidente?
El señor SANHUEZA (Presidente).- Por dos minutos, señor Diputado.
El señor PHILLIPS.- Señor Presidente, frente a esta reforma constitucional, mi pensamiento personal es que ella no es concordante con el proyecto despachado por esta Cámara hace algunas semanas, que fue iniciativa de la Democracia Cristiana. El área estatal que se creaba en ese proyecto, no figura en la reforma que estamos votando y el área mixta de trabajadores pasa aquí a depender del Estado. Esto no concuerda con mi pensamiento, porque he sostenido hasta el cansancio que la propiedad de estos medios debe ser de los trabajadores, máxime cuando se ha dicho que, en el sector agrario, los asentamientos quedarían incluidos dentro de ella.
En consecuencia, para salvar mi responsabilidad personal y consecuente con lo que he sostenido durante toda la discusión del proyecto de las tres áreas y en la Comisión cuando se despachó esta reforma constitucional, quiero dejar claramente establecido que esta área debería ser de propiedad de los trabajadores, y, en seguida, continuar con el área mixta y el área privada. Esos fueron los conceptos que quedaron establecidos en el proyecto que se despachó al Senado. Hago la salvedad del caso, para la historia de esta reforma constitucional.
Gracias.
El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Cómo vota Su Señoría?
El señor PHILLIPS.- Voto que sí.

- Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. Hubo 37 abstenciones.

- Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Alamos, Alessandri, doña Silvia ; Alvarado, Amunátegui, Araya, Argandoña, Arnello, Aylwin, Barrionuevo, Bulnes, Campos, Cardemil, Carmine, Carrasco, Castilla, De la Fuente, Del Fierro, Frei, don Arturo; Frías, Fuentes, don César; Garcés, García, Godoy, Guerra, Huepe, Iglesias, Klein, Koenig, Laemmermann, Lavandero, Leighton, Lorca, Lorenzini, Marín, don Oscar; Maturana, Mekis, Mercado, Merino, Momberg, Monares, Monckeberg, Mosquera, Páez, Palza, Pareto, Penna, Pérez, Phillips, Ramírez, don Gustavo; Recabarren, Retamal, doña Blanca; Riesco, Ríos, don Mario; Rodríguez, Ruiz-Esquide, don Rufo; Ruiz-Esquide, don Mariano; Saavedra, doña Wilna; Salinas, don Anatolio; Sanhueza, Santibáñez, Scarella, Schleyer, Señoret, Sepúlveda, Stark, Tagle, Tapia, Temer, Toledo, doña Pabla; Torres, Tudela, Undurraga, Valdés, Valenzuela, Vargas, Vergara y Zaldívar.

- Se abstuvieron de votar los siguientes señores Diputados:
Acevedo, Aguilera, Agurto, Allende, doña Laura; Barahona, Buzeta, Carvajal, Clavel, Espinoza, don Gerardo; Espinoza, don Luis; Ferreira, Fuentealba, don Luis; Giannini, González, Ibáñez, Jaque, Jáuregui, Magalhaes, Maira, Marín, doña Gladys; Millas, Naudon, Olave, Ortega, Pontigo, Ramírez, don Pedro Felipe; Ríos, don Héctor; Riquelme, Robles, salinas, don Edmundo; Sharpe, Silva, Soto, Tavorali, Tejeda, Toro y Videla.

El señor SANHUEZA (Presidente).- En consecuencia, se declara aprobada en general la reforma constitucional y pasa a la Comisión para segundo informe.

9.- REAJUSTE DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.- OFICIO

El señor SANHUEZA (Presidente).- Corresponde, a continuación, despachar el proyecto de ley que reajusta las asignaciones familiares de los trabajadores de los sectores público y privado.
Diputado informante es el señor Olave.

- El proyecto de ley, impreso en el boletín Nº 920-(71)-2, es el siguiente:

"Artículo 1º- Las asignaciones familiares de los trabajadores de los sectores público y privado, incluyendo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de las Municipalidades, activos, pensionados y montepiadas, se reajustarán a contar del 1°de enero de 1972, en un porcentaje igual al alza que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor en el año 1971, sin que se aplique, en esta oportunidad ninguno de los otros mecanismos legales vigentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, ninguna asignación familiar podrá tener un monto inferior a aquél que resulte de reajustar en un porcentaje igual al alza que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor en el año 1971 la asignación familiar de Eº 102, mensuales por carga, vigente en el sector público al 31 de diciembre de 1971. En los regímenes en que el beneficio se paga por carga y día trabajado, su monto equivaldrá al 1/30 del monto mensual a que se refiere este inciso. El Fisco aportará al Servicio de Seguro Social las sumas necesarias para dar cumplimiento a esta disposición, en la parte en que sus recursos propios no se lo permitieren. A contar del 1º de enero de 1972, en los regímenes convencionales de asignación familiar, se podrán compensar con imposiciones, únicamente las asignaciones familiares imputables al 31 de diciembre de 1971, reajustadas en el mismo porcentaje que corresponda al alza que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor durante ese año, con exclusión de las regalías contractuales en favor de la familia a que se refiere el inciso 1º del artículo 2º transitorio del D.F.L. 245, de 1953.

Artículo 2º- Todas las estipulaciones individuales y colectivas respecto de la prestación de servicios que establezcan una redistribución en dinero relacionadas con la situación familiar de los trabajadores, serán consideradas exclusivamente como pactos sobre remuneraciones para todos los efectos legales."

El señor SANHUEZA (Presidente).- En discusión el proyecto.
El señor OLAVE.- Pido la palabra.
El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLAVE.- Señor Presidente, la iniciativa legal en informe tiene por objeto reajustar las asignaciones familiares de los sectores público y privado, incluyendo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de las municipalidades, activos, pensionados y montepiadas, a contar del 1? de enero de 1972, en un porcentaje igual al alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año 1971.
Señala, además, que ninguna asignación familiar podrá tener un monto inferior a aquél que resulte de reajustar en un porcentaje igual al alza que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en el año 1971 la asignación familiar de Eº 102 mensuales por carga, vigente en el sector público al 31 de diciembre de 1971.
En los casos de los regímenes en que el beneficio se paga por carga y día trabajado, su monto equivaldría a 1/30 del monto mensual que se ha señalado en el párrafo anterior.
Para aplicar estas normas al Servicio de Seguro Social, se establece la obligación fiscal de aportarle las sumas necesarias en la parte en que sus recursos propios no se lo permitieren.
El Servicio de Seguro Social tiene 1 millón 600 mil cargas, por el sistema actualmente vigente se podría elevar la asignación familiar de Eº 90 a Eº 100; pero como tiene un descuento del 5%, con el cual se financia la leche, habría alcanzado solamente a Eº 95 por carga. En cambio con la aplicación de las disposiciones aprobadas en este proyecto, la asignación familiar va a ser de Eº 120.
En concordancia con el proyecto que nivela las asignaciones familiares, significa que prácticamente en el primer año de vigencia, es decir 1972, el 80% del total de las cargas familiares del país quedarán niveladas en un monto único. Este 80% está representando por el Servicio de Seguro Social, Fuerzas Armadas y Sector Público, los que alcanzarían la nivelación en el primer año de vigencia del proyecto del Fondo Único.
Esta nivelación, a pesar de diferencias con otras asignaciones familiares, como la de los bancarios por ejemplo, que es de Eº 324, podría alcanzarse en un plazo que se podría estimar en 2, 3 ó 4 años, dependiendo estos plazos de las futuras normas que sobre el particular se dicten y los porcentajes de discriminación dentro del campo total de las 4.200.000 cargas se van a ir disminuyendo anualmente.
En relación a los excedentes de asignación familiar, el '50% va al Fondo Nacional de Prestaciones Familiares y el otro 50% a obras de Bienestar Social. Estos excedentes van a quedar empozados en las instituciones hasta que el proyecto sobre Fondo Único de asignación familiar determine su objetivo.
El proyecto en informe es de emergencia, debido a que debe regir a partir del 1º de enero de 1972, y se dicta mientras se estudia con mayor detención el proyecto sobre Fondo Único de asignación familiar.
La iniciativa en informe plantea la situación de los regímenes convencionales que son aquellos fundamentalmente del cobre y algunas otras empresas importantes que existen en el país, los que totalizan 342.000 cargas.
De acuerdo con convenios pactados en regímenes convencionales, no sólo se cancela la asignación familiar líquida, sino que también hay otras prestaciones de orden familiar, como la asignación de casa, cuota mortuoria, servicio militar, matrimonio, etcétera, que se imputan a imposiciones.
En virtud de disposiciones del mensaje en informe sólo se podrá imputar a imposiciones el monto de la asignación familiar más el reajuste correspondiente, y el resto de las prestaciones las continuarán recibiendo los trabajadores, pero serán de cargo de las empresas. El artículo 2º ratifica esta idea y señala que éstas se considerarán en los convenios colectivos que las empresas mantienen con los trabajadores.
Eso es todo.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- En conformidad con el artículo 213 del Reglamento, corresponde 10 minutos por Comité.
Ofrezco la palabra.
El señor MOSQUERA.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.- Señor Presidente, los Diputados democratacristianos, apenas tuvimos conocimiento de este Mensaje del Ejecutivo, estuvimos de acuerdo en darle "suma" urgencia y, como así se acordó, hoy día lo ha informado el señor Olave.
Este proyecto viene a anticipar el proyecto de las Prestaciones Familiares que se discute en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Tiende en esta materia a resolver algunos casos tan importantes como el del Servicio de Seguro Social, en el que, de no promulgarse esta ley antes del 31 de diciembre, se vería imposibilitado el Ejecutivo de mejorar, más allá de lo que es el ánimo, las asignaciones familiares. Es decir, tendría que prácticamente congelarse en Eº 90 la carga familiar, porque carecería del mecanismo para poder subir esta asignación. En otras palabras, empezaría a funcionar el mecanismo del Fondo. Por esta razón, los democratacristianos estamos de acuerdo en principio, dado que en este proyecto se aumenta a Eº 102 mensuales por carga y de ahí se aplica el porcentaje del alza del costo de la vida que le da a los trabajadores de más bajos ingresos una nivelación. Esto coincide con el espíritu de estas bancas y por eso que estamos de acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, nos asisten algunas dudas -y así lo hicimos presente en la Comisión de Trabajo- por lo cual los Disputados democratacristianos vamos a votar favorablemente este proyecto, salvo el inciso primero del artículo 1º, en el cual nos abstendremos, porque nosotros habríamos votado en contra este inciso, como lo hicimos en la mañana. Sin embargo, dada las palabras pronunciadas por el Subsecretario de Previsión Social, quien manifestó que en un consultivo nacional, de la CEPCH, habrían estado de acuerdo con esta iniciativa e, incluso más, con todo el proyecto de prestaciones familiares. Como no nos consta, a pesar de que no podemos poner en duda las palabras del señor Subsecretario, nos vamos a abstener para hacer las consultas correspondientes, a fin de ratificar nuestra conducta en el Senado o cambiar de posición, porque nos asisten ciertas dudas sobre esta materia.
Por eso, señor Presidente, en aras de la rapidez con que debe ser despachado y con los antecedentes entregados en la Comisión, nosotros vamos a estar de acuerdo con el proyecto en general y, prácticamente, con su totalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor AGUILERA.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, he escuchado con atención las observaciones del señor Mosquera, quien ha manifestado su buen propósito de colaborar con la iniciativa del Gobierno; junto con ello ha dejado establecido que cada aumento de la asignación familiar va a tener una gran significación para los obreros y jubilados y montepiadas de las Fuerzas Armadas. Además, debo reconocer que durante la gestión del Gobierno pasado, se hizo un pequeño esfuerzo para nivelar las asignaciones familiares hacia arriba, en lo que ahora el Gobierno quiere llegar a la uniformidad total; pero, aún nos faltan dos o tres años más, según la exposición de motivos.
Pero, al final, el colega Mosquera deja establecido, después de anunciar sus votos favorables -creo que también en la Comisión ellos dieron sus votos favorables- que ahora se van a abstener, en circunstancias que con esa abstención...
El señor MOSQUERA.- ¿Me permite una interrupción?
El señor AGUILERA.- ... a lo mejor no va a haber quórum y el proyecto quedará empantanado, porque la ausencia de los Diputados nacionales es muy marcada, pues están solamente cinco colegas en la Sala...
Un señor DIPUTADO.- No se va a empantanar,...
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? El señor Mosquera le solicita una interrupción. ¿Se la concede Su Señoría?
El señor AGUILERA.- Sí, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.- Señor Presidente, concretamente, -y aquí están presentes los colegas Olave y Robles que pueden rectificar al Diputado que habla- junto con el colega Torres presentamos indicación para modificar esta materia en la parte primera y votamos en contra los tres Diputados democratacristianos que estábamos en la Comisión, absteniéndose el colega Cardemil, consecuentes con las palabras pronunciadas después por el señor Subsecretario, porque hicimos fe de que él estaba diciendo la verdad. Sin embargo, nos asisten serias dudas sobre este pronunciamiento. Y nos vamos a abstener, porque consideramos legítima nuestra posición de consultar las bases.
Nada más y muchas gracias.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Aguilera.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, de todas maneras se confirma que el colega Mosquera, en nombre de la Democracia Cristiana, anuncia que están de acuerdo en este proyecto, pero la abstención en este instante va a significar que él no sea despachado esta tarde. Si existe buen propósito y buen ánimo por parte de la Democracia Cristiana debe demostrarlo corrigiendo su actitud. Porque la verdad de las cosas es que no es culpa de los colegas de la Democracia Cristiana, pues hay bastantes en la Sala, sino de los Diputados del Partido Nacional, que se han mandado cambiar, se han ido...
El señor KLEIN.- ¡Pero siempre somos más que ustedes!
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Klein!
El señor AGUILERA.- ...y no van a dar el quórum suficiente. Esto quiere decir que Sus Señorías no dan importancia a la asignación familiar de los obreros, de los jubilados de las Fuerzas Armadas, de los municipales.
De todas maneras, nosotros dejamos establecido y anunciados los votos favorables a este proyecto de ley.
El señor FUENTEALBA (don Luis).- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA (don Luis).- Señor Presidente, los que hemos sido dirigentes sindicales, comprendemos perfectamente bien el alto anhelo de los obreros, en forma particular, para lograr la nivelación de las asignaciones familiares y que no exista más la discriminación que ha habido desde hace mucho tiempo.
El Gobierno de la Unidad Popular establece en su programa que en un proceso como éste debe nivelarse la asignación familiar. Y con tal propósito ha enviado un proyecto que está en Comisión y requiere de un trámite más largo. Pero como hay que reajustar las asignaciones y buscar un sistema más operacional, ha presentado lo que hemos denominado un "miniproyecto", para reajustar las asignaciones familiares. Este lo aprobamos hoy día en la Comisión de Trabajo, por mayoría y yo quisiera decir casi por unanimidad.
Quiero pedirle a los colegas democratacristianos que mantengamos el criterio que sustentamos hoy día en la Cámara, sin perjuicio de las dudas que tengan y las consultas que deban hacer, todas las cuales planteó el señor Mosquera. Finalmente, que nos pongamos de acuerdo para que al discutirse el proyecto integral que fije las reglas generales en relación con las asignaciones familiares, las veamos en el otro proyecto y aprobemos éste en forma general y particular.
Se han hecho los esfuerzos necesarios para lograr el camino que tanto este Gobierno como el anterior han buscado para llegar a la nivelación de las asignaciones familiares. Prueba de ello es que cuando recibimos una asignación de 45 escudos, se dio un paso, en forma bonificada, hasta llegar a 90 escudos. Ahora se están haciendo los esfuerzos necesarios para crear el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, para llegar, en definitiva, a obtener una asignación tomando como base las que tienen los empleados particulares hoy día.
Yo pienso que, si tenemos el buen ánimo y queremos llevar la tramitación de este proyecto de ley a un feliz término, debemos mantener el mismo criterio con que actuamos hoy día en la Comisión de Trabajo de la Cámara.
Por eso, nosotros nos pronunciamos favorablemente en la referida Comisión y así va a ser nuestra votación en este proyecto que ha tenido la petición y ha sido calificado de extrema urgencia.
Gracias, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Klein; después los señores Ramírez y Ríos, don Héctor.
El señor KLEIN.- Señor Presidente, me extraña la actitud del colega Aguilera. Continuamente los Diputados salen de la Sala y vuelven cuando se va a votar, y en los momentos...
El señor AGUILERA.- No.
El señor KLEIN.- Perdóneme, colega; en los momentos en que usted estaba diciendo que había cinco Diputados nacionales en la Sala, de su Partido, los conté, sólo había cuatro, pero ahora llegaron más nacionales, y quiero dejar especial constancia de este hecho.

- Risas.

El señor ESPINOZA (don Luis).- ¿Está de fiscal?
El señor KLEIN.- No hay que tirar la primera piedra. Yo respeto mucho al colega Aguilera, porque ha sido toda la vida un hombre mesurado, por eso su frase me produjo extrañeza.
Aclarado el asunto de la asistencia a sesión de Tos Diputados nacionales, quiero hacer presente que sobre la asignación familiar de los imponentes del Servicio de Seguro Social hay dos problemas que ojalá el señor Ministro del Trabajo o el señor Director del Servicio de Seguro Social, traten de solucionar. Se trata de lo siguiente: cuando un obrero cambia de patrón, tiene que presentar los documentos correspondientes que acrediten la supervivencia de sus cargas familiares; pero ocurre a veces que el obrero no es el que va al Servicio de Seguro Social y hace el encargo al patrón el cual puede no entregarlos oportunamente, como ocurre en ciertos casos, o el obrero puede perder los papeles, y ocurre que las asignaciones no se pagan mientras no presente toda la documentación respectiva.
En este sentido, yo pediría que se enviara oficio al señor Ministro del ramo para que en su oportunidad se establezca que la asignación familiar se pague desde el momento en que el obrero es contratado por el patrón. O sea, retroactivamente. No hay derecho que esto ocurra con los imponentes del Servicio de Seguro Social.
Por otra parte, y en cuanto a la manera de pagar la asignación familiar, creo importante que se solucione en tal forma que sea el Seguro el que lo haga directamente, porque siempre hay excepciones por parte de algunos empleadores que no la cobran.
El señor ESPINOZA (don Luis).- Los feudales.
El señor KLEIN.- Las cosas son como son: yo también conozco un patrón socialista que hace lo mismo.
El señor ESPINOZA (don Luis).- De su nombre.

- Risas.

El señor KLEIN.- En la viña del Señor se da de todo. Hay patrones y patrones en todos los partidos políticos.
El señor ESPINOZA (don Luis).- Su hermano no es socialista.
El señor KLEIN.- Todos pecan y a todos les gusta la ganga.
El señor ESPINOZA (don Luis).- Dé su nombre.
El señor KLEIN.- Yo pediría que se enviara oficio al señor Ministro del Trabajo y, a través de él, al señor Director del Servicio le Seguro Social, para que se busque solución a estos dos problemas a que he hecho referencia. O sea, que, cuando un obrero cambie de patrón la asignación familiar empiece a correr desde la fecha del contrato y que ella se concede directamente al beneficiario.
Nada más.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para enviar el oficio solicitado por el señor Klein?
Acordado.
Se enviará el oficio solicitado por el señor Klein en nombre de la Cámara.
Tiene la palabra el señor Ramírez; después, el señor Ríos.
El señor RAMIREZ (don Gustavo).- Este proyecto extraordinariamente importante y que beneficia, sin duda alguna a los obreros del Servicio de Seguro Social, me hace recordar que en el período pasado, cuando el Gobierno Demócrata Cristiano propuso un proyecto de nivelación de la asignación familiar, uno de los argumentos que la Unidad Popular invocó para oponerse a él, era de que esa nivelación se estaba haciendo por abajo, que ella perjudicaba a grandes sectores ciudadanos y a gran número de cargas familiares que se pagaban en otras Cajas de Previsión.
La crítica fue contundente, y se hizo una gran campaña en la prensa, en la radio y en los diarios de los partidos de Oposición de esa época, en que se nos acusaba que esta clase de nivelación perjudicaba a grandes sectores de trabajadores.
Hoy día, este proyecto es exactamente lo mismo.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMÍREZ (don Gustavo).- El señor Diputado tiene que leer el diario "El Siglo" de esa época, que en su primera página, en grandes titulares, decía que el Gobierno democratacristiano trataba de nivelar hacia abajo la asignación familiar, y hoy día, se hace exactamente lo mismo, pero ahora como lo hace la Unidad Popular, está bien.
La verdad de las cosas es que este proyecto perjudica a los empleados particulares, perjudica al gremio de los bancarios, perjudica a los pensionados de la marina mercante. Esta es la realidad. Naturalmente que podrá favorecer a un grupo de trabajadores. Por otra parte, el hecho real es que va a congelar, en un momento dado, las asignaciones familiares de importantes sectores del país, especialmente de los empleados particulares, a quienes perjudica brutalmente.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RAMIREZ (don Gustavo).- Digan ustedes lo que quieran, ahora. Naturalmente, lo vamos a votar, en cuanto lo plantean los colegas que han estado en la Comisión. Pero yo quiero sustentar, una vez más, que este era el predicamento de la Unidad Popular en ese tiempo. Hoy día no puede cambiar de opinión sobre la materia.
Dejo constancia de los hechos, porque las cosas cambian mucho en este país cuando se es Gobierno y cuando se es Oposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Héctor Ríos.
El señor RIOS (don Héctor).- Señor Presidente, los Diputados radicales vamos a aprobar este proyecto de ley sobre reajuste do las asignaciones familiares. Es un proyecto de emergencia, porque, en realidad, el verdadero, el definitivo se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; se refiere al Fondo Único de Asignación Familiar. En consecuencia, lo que interesa es la nivelación.
El Diputado señor Gustavo Ramírez ha dicho que se van a perjudicar algunas Cajas respecto de los excedentes.
El señor RAMIREZ (don Gustavo).- Los imponentes de algunas Cajas. Eso dije.
El señor RIOS (don Héctor).- la verdad es que los excedentes, por ejemplo, del sector privado, de la Caja de Empleados Particulares, de las Cajas Bancarias, de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional van a ir al Fondo Único y después se van a repartir: un 50% para obras de bienestar social y el otro 50% para el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares.
En general, los representantes democratacristianos se opusieron a la parte final del inciso primero del artículo 1º; pero, por último se votó y se aprobó tal como venía.
En consecuencia, nosotros vamos a estar de acuerdo con la redacción propuesta por el Ejecutivo en todos los artículos correspondientes, porque estimamos que es la forma de reajustar las asignaciones familiares.
Vuelvo a repetir, este es un proyecto transitorio; el definitivo es el del Fondo Único de Asignación Familiar, que después, seguramente, va a ser aprobado por todos los sectores de la Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor OLAVE.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Olave.
El señor OLAVE.- Señor Presidente, quisiera hacer algunos alcances respecto de algunos aspectos del proyecto, porque creo que es útil que haya más conciencia sobre la materia.
Un señor DIPUTADO.- ¿Cómo Diputado informante?
El señor OLAVE.- Como tal.
En realidad, quiero hacer presente que esto no va en desmedro de los trabajadores, ni del sector público ni del privado. La mayor cantidad de dinero que podrían aportar las Cajas para un aumento eventual, superior a lo que dictamina el alza del costo de la vida, queda, como quien dice, para segunda discusión, a buen recaudo, para que posteriormente sea debatido. Sobre esos fondos no se toma en este instante ninguna determinación, de modo que no se cercenan los dineros que están en este momento bajo la tutela de las distintas cajas de previsión y que en derecho corresponden a los institutos previsionales, vale decir, a los empleados que imponen en los distintos institutos previsionales.
En el caso concreto de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con respecto al problema que podría suscitarse con este importante gremio, nosotros queremos señalar que hemos sido informados por el señor Subsecretario de Previsión Social que las directivas gremiales están de acuerdo con la idea básica de que el 50% de los excedentes, después del aumento que se les otorgue por medio de este futuro instrumento legal, vaya al Fondo Nacional de Prestaciones Familiares y el otro 50% a obras de bienestar social. Eso es claro y las directivas nacionales del gremio de empleados particulares han dado su conformidad.
Ahora, en lo que respecta al Servicio de Seguro Social, que tiene 1 millón 600 mil cargas, la verdad es que es el más grandemente favorecido. Con la aplicación de las disposiciones de este proyecto, que tengo la seguridad de que va a ser ley, la asignación familiar de sus imponentes sube a 95 escudos a 120 escudos, con un aporte del erario, lo que no va en desmedro de ninguno de los institutos previsionales. De modo que los grandes ganadores, -por decirlo así- son los sectores de más bajos ingresos, los más postergados; los obreros, la gran mayoría de nuestra población, cuya asignación familiar, con un aporte fiscal, aumenta de 95 a 120 escudos en virtud de este proyecto de ley.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, esta materia debió haber contado con la presencia de la mayoría de los señores Diputados, porque, en realidad, estamos dilucidando una situación sumamente delicada para todos los imponentes de las cajas de previsión, tanto para aquellos que van a ver incrementada su asignación familiar en forma substancial como para aquellos que van a ver incrementada su asignación familiar sólo en el porcentaje del alza del costo de la vida.
El problema lo explicó el Diputado señor Olave en su segunda intervención. Se suscita a raíz del considerable excedente que debe producirse en el ejercicio financiero al 31 de diciembre de 1971, en la Caja de Empleados Particulares, que todos los años ha sido repartido: parte a las cargas familiares y parte a beneficios sociales. Así se han levantado el edificio sede de los empleados particulares, el Hospital del Empleado Particular de Valparaíso, el Hospital del Empleado Particular de Santiago, cuyos fondos se destinaron hace cuatro años -debe estar por levantarse o los estudios por terminarse- , y la Casa del Trabajador, que está donde todos los señores Diputados saben.
Pues bien, cuando el Gobierno de la Democracia Cristiana quiso repartir el excedente, parte en obras de beneficio social para los empleados particulares y parte en las cargas, fue duramente atacado. Sostuvimos que esos fondos debían ser repartidos, puesto que eran de los empleados particulares, con aporte patronal y de los trabajadores.
El Gobierno del Presidente Frei también envió un proyecto de ley para nivelar las asignaciones familiares en un proceso de tres años, destinando parte del excedente del Fondo de Asignación Familiar de los empleados particulares a un Fondo Común, a fin de que los sectores de mayores ingresos por concepto de asignación familiar fueran solidarios con aquellos sectores de menores ingresos. Por desgracia, no digo con mala intención, porque seguramente lo hicieron de buena fe, todos los sectores de trabajadores que pasaron por la Comisión de Trabajo, excepto los campesinos, se pronunciaron en contra del proyecto de nivelación de las asignaciones familiares, sosteniendo, en aquella oportunidad, que esto debiera ser un esfuerzo del Estado; que el Estado debiera nivelar las asignaciones familiares, para no cercenar los fondos o las conquistas de los empleados particulares, bancarios y de otros organismos auxiliares de la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Como no pudieron ponerse de acuerdo los gremios en relación con este proyecto, en aquel entonces la mayoría parlamentaria -los 82 Diputados de la Democracia Cristiana- optó por acatar la voluntad de los trabajadores, reconociendo...
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana.
Ofrezco la palabra.
El señor GUERRA.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.- Señor Presidente, entiendo que esta iniciativa legal, que tiene por objeto reajustar lar, asignaciones familiares de los sectores público y privado, incluye, al mismo tiempo, a las Fuerzas Armadas, Carabineros y personal de las municipalidades.
Asimismo, entiendo que este proyecto es de carácter transitorio, porque tenemos otro que legisla definitivamente sobre el Fondo Único de Asignación Familiar. De tal manera que debe ser despachado cuanto antes por la Cámara de Diputados, con el fin de que estos personales reciban el reajuste de la asignación familiar, de acuerdo con el alza del costo de la vida, a contar de enero del próximo año.
Pero los Diputados que estamos en contacto con los obreros y empleados, sabemos que algunas instituciones tienen convenios con las empresas y reciben una mayor cantidad por carga familiar. De ahí que me asalta la duda por la frase final del inciso primero del artículo 1°, que dice: "...sin que se aplique, en esta oportunidad ninguno de los otros mecanismos legales vigentes.". De modo que esto coarta la libertad de los gremios para llegar a acuerdos con las respectivas empresas y obtener una asignación familiar mayor. Por ejemplo, los salitreros, en sus convenios anuales, logran algunas conquistas en relación con las cargas familiares.
Yo solicito que se divida la votación en el artículo 1°, para que se vote separadamente la frase "...sin que se aplique, en esta oportunidad ninguno de los otros mecanismos legales vigentes.".
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Guerra? El Diputado señor Luis Fuentealba le solicita una interrupción.
El señor GUERRA.- Una vez que termine, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Fuentealba, el señor Guerra no desea ser interrumpido en este momento.
El señor GUERRA.- Por otra parte, estamos preparando una indicación para que se deje definitivamente excluida esta frase, con el objeto de que los obreros puedan percibir una asignación familiar de mayor monto, de acuerdo con los convenios que los propios dirigentes puedan pactar con sus empresarios.
Concedo una interrupción al colega señor Luis Fuentealba.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Luis Fuentealba.
El señor FUENTEALBA (don Luis).- Señor Presidente, el inciso tercero del artículo 1º, en su parte final, dice: "...con exclusión de las regalías contractuales en favor de la familia...". O sea, esto deja a salvo a aquellos que tienen beneficios contractuales con las empresas, ya sea mediante convenios directos o indirectos de los trabajadores con sus empresas.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Guerra.
El señor GUERRA.- Creo que el colega está equivocado. El inciso primero del artículo 1° dice bien claramente que no se podrá aplicar ninguna otra medida legal. De tal manera que estamos sujetos a que las asignaciones familiares tengan sólo el porcentaje de aumento del alza del costo de la vida, que puede ser del 18 ó 20%.
Por otra parte, el inciso tercero del artículo 1º dice: "A contar del 1º de enero de 1972, en los regímenes convencionales de asignación familiar, se podrán compensar con imposiciones, únicamente las asignaciones familiares imputables al 31 de diciembre de 1971, reajustadas en el mismo porcentaje que corresponda al alza que hubiere experimentado...". Vale decir, los Diputados nacionales vamos a hacer indicación para eliminar este inciso.
Nada más, señor Presidente.
El señor OLAVE.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Olave, se le acabó el tiempo al Comité Socialista.
El señor OLAVE.- Estaba hablando corno Diputado informante.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se me dice que no hubo acuerdo expreso en relación con el Diputado informante, pero podríamos solicitar el asentimiento para concederle hasta cinco minutos.
¿Habría acuerdo para conceder cinco minutos al señor Diputado informante?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Olave.
El señor OLAVE.- Muchas gracias.
Señor Presidente, de lo que se trata es de aclarar un hecho con respecto a lo planteado por el señor Guerra acerca de los regímenes convencionales.
Debo manifestar que no hay ningún problema. No hay dificultad, por ejemplo, con los obreros del salitre, con los del cobre, ni con ninguna de esta gente sujeta a convenios especiales, en cuanto al alza de la asignación familiar. Tampoco la hay respecto de otras regalías ya señaladas anteriormente, como la asignación de casa, la cuota mortuoria, el servicio militar, la asignación de matrimonio, etcétera, que actualmente se imputan a imposiciones.
Naturalmente que siempre se podrá seguir gozando de mejores condiciones en cuanto a la asignación familiar, con una sola diferencia: que este mayor aumento tendrá que imputarse a la misma empresa, a la misma organización que tiene el contrato o convenio con el obrero.
Ahora, en lo que se refiere al inciso final del artículo 1º...
El señor GUERRA.- A la frase final.
El señor OLAVE.- A la frase final, exactamente...
El señor GUERRA.- "...sin que se aplique,..."
El señor OLAVE.- Me refiero a la frase final del inciso primero del artículo 1°, que dice: "....sin que se aplique, en esta oportunidad, ninguno de los otros mecanismos legales vigentes", que tanto inquieta al colega Guerra. Esta frase tiene un fin bien claro, bien específico: que en este momento a las restantes cajas de previsión se les impide aplicar los mecanismos actuales por los cuales las asignaciones puedan tener un alza superior al alza del índice de precios al consumidor. A las restantes cajas, no en el caso en que hay regímenes convencionales con las empresas, como en el salitre y el cobre, como lo señalé denantes, queda sujeto, como quien dice, a una segunda discusión, por cuanto está planteado en un proyecto más amplio que crea el Fondo Unico, en que este porcentaje de excedentes va, por partes iguales, al Fondo Nacional de Prestaciones Familiares y al Fondo de Bienestar Social. Que se divida. Pero, insisto, esto está sujeto a una discusión en que pueden participar todos los partidos políticos a través de los señores parlamentarios. No es una cosa decidida. Momentáneamente, para que no haya dualidad, se aplica un sistema, un mecanismo. Para que haya mayor claridad, queda pendiente la aplicación del segundo mecanismo hasta que no exista una resolución definitiva por parte del Congreso Nacional.
Eso es todo.
El señor GUERRA.- Tenía razón.
El señor GODOY.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.- Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con este proyecto; pero, como lo expresara muy claramente el colega Guerra, representante de la zona norte, presentamos una indicación en el sentido de suprimir la frase final del artículo 1°, cambiando la coma por un punto final, a continuación de "1971". Deseamos que se elimine toda la frase que dice: "sin que se aplique, en esta oportunidad, ninguno de los otros mecanismos legales vigentes".
Respecto de la otra indicación, pensamos que lo justo sería, en el caso de que haya acuerdo convencional entre las partes y se pague una asignación familiar superior -me estoy refiriendo al inciso tercero del artículo 1º- , que se compensara en su totalidad y no en parte. En ese sentido formulamos la indicación, pero nos pareció que era inconstitucional, por lo cual la hemos cambiado por la eliminación total del inciso tercero del artículo 1º.
Finalmente, quiero manifestar que hoy día hemos presentado una acusación constitucional en contra del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Pedro Vuskovic, porque las cifras correspondientes al alza del costo de la vida no reflejan con exactitud la verdadera alza del índice de precios al consumidor.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Godoy, ha terminado el tiempo del Partido Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Señores Diputados, hay algunas peticiones de divisiones de votación, presentadas oportunamente: votar separadamente el inciso primero de los restantes del artículo 1º; y dividir la votación, en relación con la frase final del inciso primero que dice: "sin que se aplique, en esta oportunidad, ninguno de los otros mecanismos legales vigentes".
Hay también una indicación relativa a sustituir el inciso tercero del artículo 1º, que la Mesa declara improcedente, porque significa aumento de beneficios previsionales.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará en general.
Aprobado.
Se declara reglamentariamente aprobado el artículo 2º, por no haber sido objeto de indicaciones.
A continuación, se votará separadamente el inciso primero del artículo 1º.
El señor RAMIREZ (don Pedro Felipe).- ¿Con la frase o sin la frase?
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Sin la frase final.
El señor KLEIN.- Hasta 1971.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se votará el inciso primero hasta "el año 1971", sin la frase final que dice: "sin que se aplique, en esta oportunidad, ninguno de los otros mecanismos legales vigentes". Posteriormente, se votará esta frase; luego, los incisos respectivos.
En votación el inciso primero con exclusión de la frase final.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación la frase final del inciso primero a que se ha hecho referencia.

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 20 votos.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Aprobada la frase final.
En votación el inciso segundo, ya que se ha pedido supresión del inciso tercero, lo que equivale a votación separada.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el inciso segundo.
Aprobado.
En votación el inciso tercero.

- Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 10 votos.

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Aprobado el inciso tercero.
Terminada la discusión y despachado el proyecto.

10.- EXPROPIACION DE TERRENOS EN LA COMUNA DE EL TABO.- TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- En conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Reglamento, corresponde despachar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de determinados terrenos ubicados en la comuna de "El Tabo", con el objeto de concederlos en uso gratuito al Servicio Nacional de Salud y al Ministerio del Interior.

- Las modificaciones del Senado, impresas en el boletín Nº 10.865-S, son las siguientes:

Sustituye el texto aprobado por la Cámara, por el siguiente:

"Artículo 1º- Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar los terrenos ubicados en "El Tabo", comuna del mismo nombre, departamento de San Antonio, provincia de Santiago, de una extensión aproximada de 9.000 metros cuadrados, inscritos en mayor cabida a fojas 564, número 882, de 1960, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, a nombre de don Hernán Quintana Lillo.
Los terrenos a que se refiere la presente ley se componen de dos retazos: Retazo Oriente y Retazo Poniente, separados por el predio fiscal actualmente ocupado por la Tenencia de Carabineros de El Tabo, ya expropiado al referido propietario, cuyos deslindes especiales son: Retazo Oriente: al Norte, con terreno fiscal de nominado Colonias Escolares y ocupado actualmente por los Servicios de Agua Potable de El Tabo; al Sur, con Avenida Centenario; al Oriente, con la Quebrada de los Tranques, hoy "Hijuela El Molino" del Círculo de Periodistas de Santiago, y al Poniente, con propiedad fiscal al servicio de la Tenencia de Carabineros de El Tabo. Retazo Poniente: al Norte, con terreno fiscal denominado Colonias Escolares y ocupado por el Instituto Superior de Comercio de Santiago; al Sur, con Avenida Centenario; al Oriente, con propiedad fiscal al servicio de la Tenencia de Carabineros de El Tabo, y al Poniente, con el camino de El Tabo a El Totoral, antiguo camino de El Tabo a Algarrobo, que lo separa de la Quebrada de Las Eras.
La expropiación a que se refiere esta ley se efectuará de acuerdo con las normas contenidas en el Título XV del Libro IV del Código de Procedimiento Civil, y no se incluirá en su pago el valor de las construcciones u otras mejoras que contengan los terrenos referidos que no hayan sido ejecutadas por el propietario expropiado.
El gasto que demande la aplicación de esta ley se imputará al ítem 12- 02-03.090
"Construcciones Públicas" del Presupuesto de Capital del Programa Construcción y Conservación de Edificios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del Presupuesto de la Nación.

Artículo 2º- Los terrenos a que se refiere la presente ley serán concedidos en uso gratuito al Servicio Nacional de Salud y a la Sociedad Colonia Escolar de Peñaflor, en la forma que determine el Presidente de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley Nº 16.502, de 19 de julio de 1966.".

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Reglamentariamente se encuentra cerrado el debate.
El Senado propone sustituir el texto aprobado por la Cámara por el que figura en el boletín.
El señor ACEVEDO.- Que se voten en un solo acto todas las modificaciones del Senado.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se votarán en un solo acto las modificaciones del Senado.
Acordado.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán las modificaciones.
Aprobadas.
Terminada la discusión del proyecto.

11.- CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Corresponde, en seguida, ocuparse del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional del Café.

- El proyecto de acuerdo, impreso en el boletín Nº 11.176, es el siguiente:

"Artículo único.- Apruébase el Convenio Internacional del Café de 1968, que fuera aprobado por el Consejo Internacional del mismo, en virtud de la Resolución Nº 164, suscrita en Londres el 19 de febrero de 1968".

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Scarella, y de la Comisión de Hacienda, el señor Acevedo.
En conformidad con el artículo 213, corresponden hasta 10 minutos por Comité.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.

INCIDENTES

12.- LA PROVINCIA DE TALCA Y EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.- OFICIOS

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Entrando en la Hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor RAMIREZ (don Gustavo).- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.
Él señor RAMIREZ (don Gustavo).- Señor Presidente, el 4 de noviembre recién pasado, el Gobierno del Excelentísimo señor Allende y la combinación política que lo sustenta creyeron conveniente celebrar el primer aniversario de su régimen. Así ocurrió en Talca, provincia que tengo a honra representar como Diputado en este Parlamento.
Desde el punto de vista regional analizaré el primer año de Gobierno de la Unidad Popular, con la autoridad moral que me confiere mi permanente preocupación por Talca. Demostraré que este es el Gobierno que más ha postergado a nuestra tierra, el más inoperante y sectario de que se tenga recuerdo, incapaz de resolver los múltiples problemas que nos afectan, y aunque hacer comparaciones resulta odioso o poco elegante, mi deber como representante de una amplia mayoría popular me obliga a intervenir desde esta alta Tribuna.
El pueblo de mi tierra, el campesino, el obrero, la dueña de casa, el camarada y amigo de la fábrica, el taller, el agricultor, pequeño y mediano; el joven de mi provincia, el industrial, el comerciante, en fin, la ciudadanía toda, miles y miles de hombres y mujeres que no obedecen a militancia política alguna, se han preguntado perplejos: ¿Qué celebran los partidarios de la Unidad Popular en nuestra provincia?
¿Acaso consideran un éxito la postergación, la falta de realizaciones materiales de todo orden que se advierte en ella?
¿Se celebran, acaso, las cuantiosas pérdidas obtenidas por primera vez en la historia del estatizado Banco de Talca?
¿O se trata de celebrar por las huestes de la Unidad Popular el asalto a los diferentes cargos de la administración pública, ocupados hoy día de conformidad al cuoteo revolucionariamente acordado? ¿Se trata, acaso, de rendir pleitesía al agitador de ayer que deja sentir su odio y resentimiento entre los capaces y en perjuicio de aquellos que con esfuerzo y tesón han logrado abrirse camino en la vida?
¿Se celebra, acaso, la satisfacción de llevar adelante la revolución en autos fiscales último modelo? ¿El abuso llevado a límites increíbles en la ocupación de vehículos fiscales por los funcionarios oficialistas de CORA, INDAP, Servicio de Seguro Social, SAG y otros?
¿Se celebran los sueldos millonarios que en diferentes servicios han conseguido algunos que, sin mayor preparación, hoy día son los jerarcas gracias a la mayor influencia en su grupo político?
¿O se celebra la inteligencia recién descubierta de altos dirigentes de la Unidad Popular, que en unas cuantas horas son egresados de la Enseñanza Media, sin haber cursado siquiera preparatoria?
¿O se celebra la ineficacia mostrada por la Unidad Popular de mi provincia para lograr realizaciones que permitan a Talca seguir avanzando a través del esfuerzo común?
¿O se celebra el sectarismo, la persecución administrativa de funcionarios eficientes en todos los servicios por no ser incondicionales al régimen?
¿O acaso se celebran los 130 ó más días que permanece tomado el diario "La Mañana" de Talca, sin que el Gobierno dé solución al problema, perjudicando a la ciudadanía que se encuentra sin su medio habitual de información?
¿O se celebra la negativa del Gobierno de la Unidad Popular a la extensión de los canales universitarios de televisión, especialmente el Canal 13, teniendo los talquinos que soportar los programas sectarios del Canal Estatal?
Un año de Gobierno de la Unidad Popular ha significado en nuestra provincia conocer los atropellos más inauditos, los asaltos a mano armada, tomas de tierras, ocupaciones ilegales, muchos de ellos impulsados por los propios funcionarios del régimen, gobernadores, candidatos a regidores o regidores de los partidos oficialistas; el atropello en la Administración Pública a técnicos universitarios, funcionarios antiguos y calificados; los campesinos son presionados, se les falta el respeto a su calidad de hombres libres; la juventud ha experimentado un sistema al que muchos nos pretenden llevar; se desconocen por los jóvenes de la Unidad Popular los resultados electorales en elecciones de los estudiantes secundarios, ganadas ampliamente por los jóvenes democratacristianos, resultados que solicito se inserten. Ello inquieta a la ciudadanía, que se pregunta: ¿qué pasará el día de mañana si son derrotados en elecciones generales? ¿Si son derrotados, lo reconocerán?
¿O actuarán de acuerdo al esquema planteado por la juventud? Preguntas, señor Presidente, que los hombres libres de mi provincia formulan a cada hora, con profunda inquietud.
Se ha perdido la tranquilidad para trabajar y producir. La agricultura se siente amenazada por la política demencial aplicada en los campos, afectando al área reformada, al pequeño propietario y al productor en general. A ello me referiré más adelante.
La industria empieza a sentir los efectos de la política económica; no se instalan nuevas industrias y las construidas por el Gobierno del Presidente Frei, industrias Ramsomes Chilenas, de maquinarias agrícolas, se encuentran semiparalizadas por falta de recursos e ineficacia mostrada por la CORFO.
El comercio, que en los primeros meses de Gobierno mostraba una fuerte recuperación económica, se encuentra en la actualidad con la dura realidad de no poder reponer mercaderías por falta de producción o paralización del comercio exterior. El comercio talquino no repone sus stocks; artículos de primera necesidad en tiendas y almacenes empiezan a desaparecer. La dueña de casa conoce ahora los perniciosos efectos de una política errada; la intuición de la mujer así lo entiende. Las dueñas de casas talquinas me han informado: en las farmacias no hay antibióticos ni remedios; en las tiendas no hay creas, mezclilla, tusor; en el almacén no hay leche Nido, ni fideos; faltan las conservas, el salmón; escasea hasta el papel confort. La carne escasea; la cazuela fijada a Eº 5 el kilo, se vende a Eº 24; el kilo de asado, cuando se encuentra, vale ahora Eº 48,50 el kilo; un kilo de plátanos, que en el año 1970 valía Eº 3, hoy día cuesta de 6 a 8 escudos; las manzanas valen Eº 10 el kilo; en las ferreterías hay escasez de materiales y sus precios no guardan relación alguna con la realidad. Las dueñas de casa, después de muchos años, han conocido de nuevo la vergüenza de las colas. En cuanto a las alzas, no se han librado siquiera los mausoleos del cementerio talquino, que subieron de septiembre a noviembre de 180 escudos a 280.
Esta es, señor Presidente, la cruda realidad que empieza a vivir la dueña de casa, trabajadora del hogar talquino.
El 21 de mayo recién pasado, en su primer Mensaje, Su Excelencia el Presidente de la República, en tres páginas que se les destinan a toda la región, de un texto de 700 páginas, reconoce en nuestra zona la existencia de 13 mil cesantes. La Intendencia de la provincia y la CUT provincial sostuvieron para Talca la cifra de seis mil cesantes. Hoy día, a un año del Gobierno de la Unidad Popular, la cesantía es muy superior a esa cifra. No se han creado fuentes de trabajo y la paralización de la provincia es total, como lo probaré más adelante. Las autoridades provinciales no podrán desconocer esta trágica realidad que afecta a centenares de familias, que ven con desesperación que pasa el tiempo y no encuentran trabajo, sumiendo en el hambre y la miseria a sus hijos. Nada se obtiene con prohibir los desfiles de cesantes, como ocurrió en el pueblo de San Clemente, que celebra año tras año su aniversario el 8 de octubre, y ha sido tradicional un desfile de las organizaciones sociales del pueblo. El Partido Comunista hacía marchar cada año, con banderas y estandartes, a grupos de cesantes...
El señor ROBLES.- ¿Qué pasa con los comunistas?
El señor RAMIREZ (don Gustavo).- ... lo que demostraba la realidad social de la comuna. Este año la cesantía es mayor por la menor área sembrada y la paralización total de obras. Sin embargo, el Intendente socialista de la provincia, por intermedio de carabineros, prohibió el desfile de los cesantes amenazando con su inasistencia al acto. Los cesantes comunistas no desfilaron y la Unidad Popular sostiene que la cesantía ha sido derrotada en la provincia. La realidad es que existen más de 7 mil talquinos que no encuentran cómo resolver su problema ocupacional; y con prohibiciones, discursos o declaraciones, los niños y mujeres de mi tierra no se alimentan ni aun en el Gobierno de la Unidad Popular.
Hay industriales que pretenden invertir y aumentar su producción y crear nuevas fuentes de trabajo. El caso de la industria de calzado YARZA S.A. es un ejemplo: ha gestionado traer maquinarias del área socialista, Checoslovaquia, pero se ha encontrado con tropiezos de carácter bancario planteados por aquel gobierno comunista, al exigirle a dicha industria el aval del Banco de Chile, no aceptando aval de instituciones estatales del país; hecho que demuestra que los propios países afectos al régimen de la Unidad Popular no tienen confianza en el Gobierno y recurren a la garantía del único banco no estatizado. Sería interesante saber qué explicación tienen para ello las autoridades del actual régimen.
El señor ESPINOZA (don Luis).- ¿Qué tiene que ver con el Gobierno de la Unidad Popular?
El señor RAMIREZ (don Gustavo).- Adquiere este hecho mayor relieve si consideramos que en cargos de importancia del actual Gobierno hay talquinos a los que en su oportunidad se les rindió homenaje, y la ciudadanía esperaba de cada uno de ellos una mínima dedicación por la gente de su tierra o por sus problemas. Ellos están en deuda con Talca y lo menos que podemos esperar es que sean dignos del aprecio de su pueblo. Como Diputado regional hago un ferviente llamado a cada uno de ellos para que comprendan el inmenso drama que vive nuestra provincia, que día a día va perdiendo su importancia en el concierto nacional, hecho reiterado por distintas personalidades y organismos públicos.
Deseo, por otra parte, agregar otros antecedentes sobre educación, obras públicas, viviendas, salud, agricultura, que le permitan a los talquinos avaluar la labor del Gobierno de la Unidad Popular, y con ello demostrar su ineficiente y desastrosa administración en nuestra zona, probando que Talca, en este primer año de gobierno, ha sido postergada, ha dado un paso atrás y, por lo tanto, nada tiene que agradecer a este Gobierno, a lo menos hasta ahora.
Señor Presidente, ¿qué ha ocurrido en educación en nuestra provincia? Si comparamos la ayuda prestada por organismos tan importantes, creados por el Gobierno del Presidente Frei, como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en los años 1970 y 1971, tenemos: en 1970, los estudiantes recibieron 16 mil almuerzos diarios; en 1971, se dio igual cantidad; pero, la matrícula en la provincia fue de un 15% mayor; de tal manera que hubo una disminución real en este rubro de un 15%. Vestuario, en 1970, la Junta repartió al 20% de los alumnos matriculados; en 1971, primer año de la Unidad Popular, se le repartió al 12% de los niños, o sea, un 8% menor.
El número de los becados en 1970 es igual a 1971, con la diferencia de que la matrícula es un 15% superior, y que de 4.200 postulantes se asignaron solamente 600 becas. Además, a diferencia de otros años, en vestuario, becas (uniforme completo), ha llegado apenas a un 50% de los becados; al resto, a pesar de los reclamos, al parecer no les llegará.
La Unidad Popular basó y basa su propaganda en el medio litro de leche para cada niño chileno; en mi provincia, es ésta la mayor burla del oficialismo a los hijos de los trabajadores. Han recibido leche solamente hasta el mes de julio, y hay que tener en cuenta que dicho programa empezó en febrero. La leche se convierte en Talca en la gran historia de los publicistas de Gobierno.
Los hogares estudiantiles se mantienen estacionarios; las colonias escolares no han mejorado, las deudas de Internado están vigentes, todo el año 1970 y 1971.
La inmensa campaña desatada por el Gobierno en las últimas elecciones municipales para convencer a los padres de que cada niño recibiría un par de zapatos, no pasó de ser otra historia de la Unidad Popular. Para 60 mil niños se repartieron en marzo 1.500 pares de zapatos, y los antecedentes que obran en mi poder indican que se estarían repartiendo ahora 10 mil pares. Las escuelas de la provincia recibieron para todo el año una caja de tiza, ayuda que el Gobierno debe encontrar satisfactoria.
Por primera vez en los últimos años, las construcciones escolares están prácticamente paralizadas. La Unidad Popular ha construido 22 aulas, o sea, 22 salas de clases, de madera de 5x9. Talca y su pueblo son testigos de ello y de la extraordinaria labor desarrollada por el Presidente Frei, en este sentido.
La Unidad Popular nos anuncia para el año 1972, en lugar de nuevas construcciones, la desaparición en marzo próximo del Centro de Enseñanza Básica, con 900 alumnos. Destaco que la razón para ello es la persecución política a la Directora del Establecimiento, señora Eliana Méndez. El próximo año habrá en la sola comuna de Talca una mayor matrícula de 4 mil alumnos; no hay nuevos locales para recibirlos; por sectarismo, se hace desaparecer escuelas y las consecuencias de esta política las pagarán los padres de familia y los niños.
Mi preocupación por nuevos locales escolares ha sido permanente y demostrada en diferentes formas: oficios enviados al Ministro de Educación sobre la materia, han recibido como respuestas otros oficios que demuestran el ningún interés de la Unidad Popular por resolver problemas urgentes de locales escolares en Talca.
Solicito, por lo tanto, que se inserte el oficio que he enviado al señor Ministro, como su respuesta, para que se entienda la realidad que vivimos y la ninguna importancia que se le asigna a nuestra provincia.
Las obras públicas en nuestra provincia se encuentran paralizadas; obras nuevas no hay y se trabaja deficientemente en obras iniciadas en el Gobierno anterior.
En vialidad, lo único concreto es la contratación de 40 cesantes, hoy día reducidos a 27 personas. Propuestas aprobadas en el año 1970 fueron dejadas sin efecto, camino Talca-Duao-Lontué-Sagrada Familia-Camarico-Cumpeo. Hemos solicitado la construcción de diferentes obras y la respuesta recibida demuestra las escasas posibilidades que tenemos de lograr algo positivo. Solicito se inserte oficio 664, de Obras Públicas y el enviado por mí.
En Obras Sanitarias, la Unidad Popular puede exhibir dos cuadras de alcantarillado, construido por autoconstrucción en la población "El Mirador" de Talca; el resto de las obras son del Gobierno anterior y con recursos provenientes de leyes dictadas por parlamentarios democratacristianos. Ejemplos: el alcantarillado de Lontué; estudio alcantarillado de Sagrada Familia; ampliación del alcantarillado de Molina, que se ejecuta gracias a la Ley del Tabaco, ley que estimo necesario modificar para entregar estos fondos directamente a las Municipalidades de Sagrada Familia y Molina. En Talca se encuentran paralizados los trabajos del colector Norte, obra de envergadura inicia en el Gobierno de Frei.
En obras de riego, se trabaja en los canales del Maule Norte al igual que en los últimos 20 años. Este año, como otros, los talquinos hemos luchado por el regadío del Valle de Pencahue, cuyos estudios se encuentran terminados desde el gobierno anterior. El Gobierno actual ha diferido su iniciación para el año 1975, compromiso que difícilmente podrá cumplir.
En pavimentación, la Unidad Popular ha invertido 531.681,88 escudos, el presupuesto más bajo de los últimos años. Su significado: seis cuadras de pavimento, ubicadas una cuadra en 11 Norte, tres cuadras en 3 Poniente y dos cuadras en 2 Oriente, para una ciudad con docenas de cuadras sin pavimentar.
En arquitectura, prácticamente paralizada.
En transportes, al deterioro del servicio prestado por Ferrocarriles es evidente; la renovación de materiales de buses y taxis, hecha por el Gobierno anterior, que permitió a los empresarios renovar sus maquinarias, se ha detenido.
Es interesante conocer la labor de la Unidad Popular, en un problema de tanta importancia como la vivienda. En el Gobierno del Presidente Frei se construyeron varios miles de casas y se dieron soluciones habitacionales a través de la operación sitio, autoconstrucción y cooperativas de viviendas, a varios miles de talquinos; en 1970, se empezaron a construir 100 casas de la Cooperativa Vicente Van-Gogh, más 428 viviendas en Talca y 207 viviendas en Molina del Plan 20.000, creado y financiado por el Gobierno del Presidente Frei, que hacen un total de 735 casas. La Unidad Popular, en 1971, ha empezado a construir en Talca 596 viviendas, que son 102 viviendas y un local comercial en la población Río Claro; 60 viviendas en la población Talca, para empleados particulares y 434 viviendas en sector 3 y 4 de Colín, construidas en sitios ya urbanizados en el Gobierno anterior.
Al margen, ha inventado los campamentos en tránsito, que son decenas de poblaciones callampas, sin medios sanitarios. Las indiscriminadas tomas de terrenos que no podrán ser urbanizados, marcan la tónica del drama habitacional talquino. La imposibilidad de resolver estos problemas a corto plazo hará explosiva la situación en los campamentos. El próximo invierno, los pobladores pagará, con muchas vidas, la demagogia y politiquería de los hombres nuevos; ellos entenderán el engaño de que son víctimas.
En las poblaciones se trata de concientizar, a través de funcionarios de desarrollo social de los partidos oficialistas, que se denominan "saltamontes". Estos son violentamente rechazados por los pobladores, por su forma de actuar. Solicito que se inserte el volante que estos disociadores reparten en las poblaciones talquinas y que me han hecho llegar dirigentes de los pobladores.
Problemas habitacionales tan dramáticos como los sufridos por los pobladores de la población Arturo Prat de Talca siguen vigentes después de un año. De nada han servido la propaganda y cartas públicas de los nuevos funcionarios de la GORHABIT; el problema tiene para muchos meses y quizás años, como deduzco del oficio recibido del señor Ministro de la Vivienda y que pido se inserte para mejor información de los pobladores.
En resumen, el programa habitacional del Gobierno se reduce a la construcción de 596 viviendas durante el año 1971, de lo que se deduce que el derecho a tener una vivienda está lejano para los miles de hombres de mi provincia que creyeron en la promesa de la Unidad Popular; en sólo un año de gobierno ha quedado en descubierto que sus promesas eran castillos en el aire.
En Salud, la campaña de propaganda desatada por el anterior Intendente de Talca, por respeto a la gente, a los trabajadores, no debió realizarse. El despliegue publicitario con periodistas de radio y prensa, sosteniendo que todos serían atendidos en nuestros Servicios Asistenciales, es otra de las tantas mistificaciones de la Unidad Popular talquina. La realidad es otra. El campesino, el obrero, la mujer, el niño, sufren más que antes las deficiencias y falta de recursos que se ven agravados día a día.
El Gobierno del Presidente Frei, con leyes dictadas por parlamentarios democratacristianos, construyó el consultorio externo del Hospital de Talca y la nueva Maternidad. El Gobierno de la Unidad
Popular, que dice tener tanta preocupación por la madre y el niño, después de un año, no ha habilitado la maternidad, demostrando una ineficacia que deslinda en la desidia.
Señor Presidente, pido se inserte oficio del señor Ministro de Salud, de fecha 14 de julio de 1971, en que da respuesta a una petición formulada por mí, sobre la materia.
En el Gobierno anterior se aprobaron presupuestos para construir una nueva cocina y lavandería; asimismo, la construcción de casino para el personal del Hospital de Talca. Sólo recientemente, en septiembre de este año, se han iniciado los trabajos.
El Hospicio de Talca, por ineficacia de las autoridades, continúa en pésimas condiciones; los fondos para su reparación están destinados hace mucho tiempo.
En un año de Gobierno de la Unidad Popular, no existen nuevas postas, a pesar de que Municipalidades como Pelarco, donaron hace un año una casa en magníficas condiciones.
En la colonia campesina "Peumo Negro", de San Clemente, ocurre algo parecido; en Huaquén, villorrio de Curepto, por problemas políticos, se eliminó una posta creada por la organización campesina del sector; hasta la fecha no ha sido repuesta.
Por otra parte, debo dejar constancia de la eficacia extraordinaria de varios dirigentes de la Unidad Popular para cometer toda clase de atropellos en el Hospital de Talca. Dirigentes socialistas de la FENAT atropellan los escalafones; dan exámenes y obtienen licencias secundaria en cuarenta y ocho horas, para ser nombrados jefes de servicio. Ejemplo que "reconforta" por su espíritu revolucionario es el caso del señor Enrique Mariscal, quien era Presidente de FENAT, socialista, con sexta preparatoria; en forma repentina se puso inteligente y en días obtuvo licencia secundaria; se le ha nombrado Jefe de Mantenimiento del Hospital de Talca, desplazando al Jefe actual, señor Luis Arellano Jiménez, egresado de la Escuela Industrial, con título de la Universidad Técnica. Ha sido tanto el escándalo y el malestar del resto de los funcionarios, que al hacerse cargo el señor Mariscal, se declaró una huelga de los funcionarios de Mantenimiento, quienes con fecha 29 de octubre de 1971, dieron cuenta de su determinación al Director del Hospital, funcionario de prestigio, militante del Partido Comunista, Doctor Alberto Contreras.
Pido que se inserte la carta, firmada por la directiva de talleres del Hospital de Talca, para comprobar lo que sostengo.
Señor Presidente, no es el único caso de acrobacia de tan destacados dirigentes de la Unidad Popular talquina; hay otros ejemplos que reconfortan al espíritu revolucionario de los compañeros.
En Movilización, en el Hospital de Talca se ha designado como Subjefe a otro dirigente de FENAT, señor Tapia, también socialista, quien fue condenado en un sumario, con toma de razón por la Contraloría, y suspendido por tres meses por falsificación de boletas, quedando este hurto perfectamente demostrado en el sumario. Este departamento maneja millones de escudos y me parece peligroso que un sujeto de esta naturaleza sea uno de sus jefes. Es de esperar que el señor Director, Doctor Alberto Contreras Garrido, logre corregir a tiempo estos errores que desprestigian a cualquier régimen y que son ejemplos que no deben repetirse.
Reforma Agraria.- He dejado para último término los problemas que aquejan al sector agrícola de la provincia.
En 1970, habían 60 predios expropiados, con una cabida de 2.500 familias, todos ellos constituidos en asentamientos, con su dotación de ganado y maquinarias normalmente entregados; las obras de infraestructura, como casas, caminos, obras de riego, terminados en su mayor parte, y algunas en ejecución. De estos 60 predios, se asignaron en propiedad 7 antes
de diciembre de 1970, con sus títulos correspondientes.
De enero de 1971 hasta ahora, se ha expropiado la cantidad de 98 predios, con una cabida aproximada de dos mil familias; ninguno de estos predios está constituido en asentamiento o en otra forma jurídica de organización, habiéndose logrado la constitución de tres Centros de Reforma Agraria en la provincia, que son "El Olivar de Corralones", "Che Guevara", que era ex Palmira Alto, y otro denominado "Pedro Aguirre Cerda", de Río Claro. El resto expropiado este año, han preferido resistir la presión y mantenerse sin organizarse, en ninguna forma jurídica, antes que aceptar los Centros de Reforma Agraria. Además de lo manifestado anteriormente, estas nuevas expropiaciones no han sido dotadas de maquinarias agrícolas, ya que para atender los trabajos de preparación del suelo se creó un "pool" de 46 tractores que la CORA entregó al SEAM. Si se considera que, técnica y económicamente, un tractor es una unidad productiva básica que opera en una superficie de 200 hectáreas, se concluye que se dispone de maquinaria para cultivar alrededor de 10.000 hectáreas; y si las expropiaciones del presente año duplican esta superficie, cabe preguntarse : ¿ qué pasa con el resto de la superficie expropiada este año? Por otra parte, fuera de haberse perdido el cultivo de una cantidad superior al área cultivada por falta de maquinarias y por paralización de las que se ocupan en los asentamientos, por falta de repuestos y neumáticos, existe el problema de enfrentar las cosechas de trigo, avena, maíz, maravilla, raps, porotos, y arroz, para lo cual no hay cosechadoras automotrices hasta el momento.
Los planes de explotación formulados por equipos combinados de CORA-SAG, consideraron grandes extensiones de empastadas artificiales, especialmente al sector de Pelarco. Estas empastadas se establecieron con el objeto de dotar a los predios de las masas ganaderas correspondientes, como una fórmula de aumentar la producción de carne y leche, por una parte, y de aumentar los ingresos de la familia campesina, por otra; pero la situación actual ha impedido que se pudiera traer ganado vacuno, por la política seguida en este sentido por SOCOAGRO, que ha actuado con un criterio desvinculado de la realidad, por no decir otra cosa, al no permitir, en combinación con los Intendentes de las provincias del sur, transportar ganado a la zona central, especialmente a Talca, donde actualmente existen más de mil hectáreas de empastadas perdidas solamente en el sector reformado y varios miles de hectáreas en el resto de la provincia, sector de pequeños y medianos agricultores y zona costera que, debido al invierno, con un régimen de lluvias normales, ha contado con abundancia de pasto- Ha ocurrido el caso de que SOCO- AGRO y DIRINCO en Santiago, han cursado autorizaciones para transportar ganado, siendo ellas desconocidas por los Intendentes del sur del país.
Solicito se envíe oficio al Presidente, de la República y al Ministro de Agricultura, dándoles cuenta de estos hechos y del engaño de que son víctimas los campesinos y los agricultores de mi provincia, y del perjuicio ocasionado a la producción del país y economía de las familias campesinas.
En cuanto al crédito agrícola creo que se ha hecho una política irracional e irresponsable, que traerá como consecuencia que los campesinos, pequeños agricultores y productores no puedan pagar, quedando fuertemente endeudados y a merced de la banca estatal; agregando a ello la política de precios agrícolas que provocará la quiebra definitiva de la agricultura en la zona central. El Gobierno insiste en bonificar a los agricultores extranjeros a través de las importaciones, perjudicando con precios políticos e irreales al campesino y agricultor chileno. Ca- 
so típico en la zona es la papa, que para la cosecha del año 71- 72 se anuncia un precio de 54 escudos el saco, sabiendo el Gobierno que su costo real de producción en esta zona es del orden, a lo menos, de 100 escudos, ya que en el año 1970 su costo fue superior a los 60 escudos. Lo mismo ocurre con el vino, el artículo de mayor producción e incidencia económica de la zona.
En cuanto a las obras de riego, vivienda y caminos en el sector rural del área reformada, se encuentran semiparaliza- das por falta de recursos de la CORA, debido a que los medios se ocuparon, en gran parte, en la contratación de 78 nuevos funcionarios y vehículos. Por otra parte, el consumo de semillas y abono comparado con el año 1970- 1971, teniendo como índice el Banco del Estado, es mucho menor.
En cuanto a la política seguida por el Banco del Estado ha sido en ciertos aspectos positiva, ya que ha permitido que muchos productores pudieran sembrar en primavera; se usan, eso sí, los mismos sistemas crediticios tan combatidos anteriormente : se le presta dinero al que puede dar garantía suficiente o con avales que normalmente el pequeño productor no puede conseguir; y, además, se han dado créditos pasada la época de siembras, por simples trámites que pudieron ser obviados por los ejecutivos de Santiago.
Párrafo aparte nos merecen las atrabiliarias medidas tomadas en perjuicio de eficientes y caracterizados funcionarios del Banco, con un claro objetivo de persecución política, denunciado por los propios funcionarios en carta que pido se inserte para mejor información. Al mismo tiempo, solicito se oficie al señor Presidente de la República sobre estos hechos que demuestran el sectarismo con que actúan algunos ejecutivos en esa institución bancaria.
Señor Presidente, los problemas que afectan a nuestra zona necesitan una decisión política de alto nivel para darles solución. El Gobierno tiene la obligación fundamental de preocuparse de una región de recursos agrícolas tan importantes como la región del Maule, representativa del 10% de la población total del país. Como talquino estoy seguro de que una fórmula para ello es apoyar la creación de la Corporación Agro- Industrial del Maule, proyecto presentado por los Senadores de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin y José Foncea.
Deseo recordar que en el año 1967 elaboré, en conjunto con muchos talquinos, un proyecto que tendía a dar una solución integral a los problemas de nuestra tierra y creaba la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Maule, y que fue destacado en una editorial del diario "La Mañana", de fecha 29 de agosto de 1968. En aquel tiempo mi proyecto no contó con el apoyo político suficiente; el tiempo y la experiencia recogida han demostrado que mi idea era válida. Por ello mi decisión de apoyar sin reserva este nuevo proyecto elaborado por nuestros Senadores.
Señor Presidente, solicito se envíe oficio al señor Presidente de la República, para que considere la posibilidad de darle su patrocinio, hecho que vendría a hacernos justicia y colocarnos en condiciones equitativas ante otras zonas del país. Al mismo tiempo, solicito se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas, para que se destinen fondos suficientes, en el transcurso del año 1972, para la total terminación de los canales del Maule Norte y su puesta en riego, por constituir un paso definitivo en el desarrollo agro- industrial de la zona; que se oficie, al mismo tiempo, al señor Ministro para que se destinen los fondos, en el curso del año 1972, para iniciar los trabajos de regadío en el Valle de Pencahue, obras de importancia fundamental para el desarrollo de nuestra provincia; que se oficie a los señores Ministros de Agricultura y Economía para que se otorguen recursos suficientes para !a total reforestación de la zona costera de Talca especialmente el departamento de Curepto y se tomen las medidas definitivas para ello por los organismos pertinentes. Solicito también que se oficie al señor Ministro de Hacienda para que sean mantenidas en la Ley de Presupuesto de este año las subvenciones a las diferentes instituciones talquinas, tomando como base la Ley de Presupuesto del año 1970, y como un medio de paliar la escasa ayuda recibida por nuestra provincia durante el año 1971.
Al mismo tiempo, solicito que el señor Ministro considere positivamente las indicaciones a la Ley de Presupuesto que hemos presentado los Diputados de oposición, por ser las aspiraciones recogidas en cada comuna de nuestra provincia; que se oficie, por último, al señor Ministro de Hacienda para que prorrogue la inamovilidad funcionaría para dar estabilidad a los funcionarios de mi provincia, petición que formulo en nombre de ellos.
Estas observaciones no constituyen en caso alguno los único problemas de Talca, aunque son una parte importante de ellos, y es de esperar que sean corregidos. El Gobierno tendrá que entender que una provincia de la importancia de la nuestra no puede quedar al margen de la ayuda del Ejecutivo, y es necesario que el señor Presidente de la República recuerde que Talca cooperó con una cuota importante a su elección y que de su decisión política, en primer lugar, y del esfuerzo mancomunado de los talquinos y de sus representantes en el Parlamento, después, depende nuestro progreso.
Como Diputado regional tendrá la seguridad el Gobierno que, si así ocurre, seré el primero en reconocerlo.
Por último, algunas palabras para los miles de talquinos que, en su oportunidad, me eligieron con una votación extraordinaria y a los cuales solicito, una vez más, su decisiva cooperación; a ellos y a la ciudadanía, en general, deseo expresar: ayer como Diputado de Gobierno impulsé proyectos, formulé denuncias y realicé obras que me valieron el reconocimiento ciudadano; hoy día, desde la oposición al Gobierno, lugar en el que el pueblo nos colocó, formulo mis observaciones, que son juicios responsables y, si bien es cierto, críticas duras, ellas llevan el profundo deseo de corregir errores en beneficio de mi pueblo; pero no me he quedado en la crítica o alentando toda clase de peticiones, con el objeto de crear problemas; he legislado sobre diferentes materias de interés general o regional, y prueba de ello, son los proyectos presentados, algunos ya convertidos en ley de la República y otros que serán promulgados los próximos días, nómina que pido se inserte. Estas iniciativas, señor Presidente, son el esfuerzo responsable de un parlamentario popular, para servir a su pueblo y al país, y espero con ello haber cumplido en parte a lo menos hasta ahora.
Solicito, además, se inserte certificado, extendido por la Honorable Cámara, sobre la asistencia a sesiones durante el año 1971, de los Diputados de la provincia de Talca para mejor información de la ciudadanía y de la responsabilidad con que sus representantes actúan en el Parlamento.
Y, finalmente, pido que se transcriban mis observaciones a Su Excelencia el Presidente de la República para que conozca un punto de vista diferente respecto a la labor desarrollada por su Gobierno en nuestra provincia.
He dicho.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
En relación con las inserciones a que ha hecho referencia, se solicitará el asentimiento cuando haya quórum.

- Los documentos cuya inserción se acordó en la sesión 27ª, Extraordinaria, de 21 de diciembre de 1971, son los siguientes:


Resultados Generales Oficiales de la elección en FET.

Liceo de Niñas

FER		63 votos
U. P		361 votos
D. C		721 votos

Liceo de Hombres

FER 		77 votos
U. P		271 votos
D. C		432 votos

Insuco Nocturno

FER		3 votos
U. P		94 votos
D. C		100 votos

Escuela Técnica Fem.

FER		80 votos
U. P		201 votos
D. C		281 votos

Liceo de Molina

FER		39 votos
U. P		192 votos
D. C		289 votos

Liceo Nº 2

FER		47 votos
U. P		193 votos
D. C		240 votos

Liceo Nº 3

FER		8 votos
U. P		80 votos
D. C		65 votos

Escuela Industrial
FER		17 votos
U. P		508 votos
D. C		319 votos

Liceo Nocturno

FER		3 votos
U.P		94 votos
D.C		100 votos

Escuela Agrícola de Molina

FER		8 votos
U.P		56 votos
D.C		24 votos

Insuco Diurno

FER		18 votos 
U.P		200 votos
D.C		211 votos

Nota: Se anuló una Mesa.

Estos resultados dan los siguientes totales:

FER		308 votos
U.P		2350 votos
D.C		2782 votos
Talca, octubre de 1971.

Cámara de Diputados. Nº 14752.- Santiago, 15 de septiembre de 1971.

Por orden del señor Secretario, remito a V. S. los antecedentes que se sirvió solicitar al Ministerio de Educación acerca de construcción de diversos locales escolares en la provincia de Talca. Of. 6098.
Ruego a V. S. devolverlos a Secretaría una vez que se haya impuesto de ellos.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Oficial Mayor.

Al señor Diputado don Gustavo Ramírez.

Ministerio de Educación Pública.- Nº 4911.- Santiago, 7 de septiembre de 1971.

Señor Presidente:

Con referencia al oficio Nº 6.098 de la Cámara de Diputados, enviado a esta Secretaría de Estado a petición del Diputado señor Gustavo Ramírez Vergara, puedo manifestarle lo siguiente:
La construcción de diversos locales escolares para la provincia de Talca, tales como:

Escuela Nº 6 de Talca.
Centro de E. M. Curepto, y
Escuela Industrial de Talca, se encuentran incluidos en el Plan Tentativo de 1972.

En cuanto a lo que respecta a demás construcciones, se harán los estudios pertinentes para incluirlas en un próximo Plan de Trabajo.

Lo saluda muy atentamente (Fdo.): Mario Astorga Gutiérrez, Ministro de Educación Pública.

Cámara de Diputados. Nº 14466.- Santiago, 28 de junio de 1971.
Por orden del señor Secretario, remito a V. S. los antecedentes que se sirvió solicitar al Ministerio de Educación acerca de construcción de diversos establecimientos educacionales en la provincia de Talca. Oficio 6098.
Ruego a V. S. devolverlos a Secretaría una vez que se haya impuesto de ellos.

Dios guarde a V. S. (Fdo.): Oficial Mayor.

Al señor Diputado don Gustavo Ramírez.

Ministerio de Educación Pública.- Nº 1632.- Santiago, 7 de junio de 1971.
Señor Presidente:

Tengo el agrado de acusarle recibo del oficio Nº 6098 de fecha 28 de mayo pasado, que ha tenido a bien dirigir a esta Secretaría de Estado, relativo a petición que formulara el señor Diputado don Gustavo Ramírez Vergara, sobre necesidad que existe de construir diversos locales escolares en la provincia de Talca.
Al respecto, puedo informar a Ud. que he solicitado al Secretario General de la Comisión del Plan Nacional de Edificios Escolares, se sirva atender en forma especial esta petición.
Una vez adoptada una resolución, tendré mucho agrado de darle a conocer el resultado.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.- Mario Astorga Gutiérrez, Ministro de Educación Pública.

Petición de oficio

Honorable Cámara:

Solicito que en mi nombre se formule petición de oficio al señor Ministro de Educación, a objeto de señalar la urgente necesidad de solucionar los siguientes problemas educacionales de la provincia de Talca;

1.- Construcción de la Escuela Nº 6 de Talca. El edificio en que actualmente funciona, no reúne las condiciones necesarias para atender una dotación de más de 1.300 alumnos. Esta Escuela funciona en un edificio provisorio desde hace 30 años y por sus malas condiciones de construcción, constituyen un atentado a la seguridad personal del alumnado. Esta petición ha sido hecha en reiteradas ocasiones por parlamentarios de la zona, Juntas de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados y autoridades de la Provincia.

2.- Construcción de un Centro de Educación Media en la Comuna de San Clemente. Este establecimiento educacional es de absoluta necesidad para esta importante comunidad de la provincia. Petición que ha sido formulada por la I. Municipalidad de San Clemente en varias ocasiones; por los sindicatos agrícolas de la zona, Centros de Padres y Apoderados y Juntas de Vecinos del sector y además por los parlamentarios locales.

3.- Construcción definitiva de la Escuela Industrial de Talca. Este edificio ha sido construido en su primera etapa, y es necesario su pronta terminación por la importancia que esta Escuela Técnica tiene para la educación especializada de la zona.

4.- Construcción definitiva del nuevo edificio para el Instituto Comercial de Talca.

5.- Ampliación en su segunda etapa del Centro de Educación Media de Curepto, construido en su primera etapa con los fondos provenientes de la Ley Nº 15.691 (Ley de Impuesto al Fósforo) ; la importancia de la zona que sirve, como la distancia de los centros urbanos, hace necesario el arraigo de profesores en el pueblo de Curepto, como la segunda etapa consulta la construcción de habitaciones para el personal directivo docente es que le planteo la necesidad de construir rápidamente la segunda etapa.

6.- Construcción de la Escuela de Deuca, en el Departamento de Curepto. Es ésta una pequeña comunidad rural, ubicada más o menos a 10 kilómetros de Curepto, en la que actualmente funciona una escuela habilitada en un galpón, extraordinariamente ruinoso. Hace 15 años la comunidad donó una cuadra de terreno, para levantar esta escuela. La Sociedad Constructora, puede construirla también, con los fondos provenientes de la Ley de Impuesto al Fósforo, ya que se trata de una escuela para 80 ó 100 alumnos, por lo que su costo es relativamente bajo. Esta petición está formulada también por la Municipalidad de Curepto, tanto por el anterior cuerpo edilicio como por el actual.

7.- Construcción de un Grupo Escolar en la localidad de Huequén, departamento de Curepto. Existen terrenos donados y se trata de una comunidad numerosa pero extraordinariamente modesta que por muchos años ha contado solamente con una escuela casi ruinosa, y su construcción constituye una aspiración de los Centros de Padres y Apoderados, Sindicatos Agrícolas, Comités de Pequeños Propietarios, de la Municipalidad y Parlamentarios de la Zona.
Estos problemas existen, señor Ministro, a pesar que en el sexenio anterior se construyeron en nuestra provincia alrededor de un centenar de locales escolares y muchos de real importancia, como el Centro de Enseñanza Media de Talca, Molina y Curepto; Escuela Anexa a la Normal, Escuela Nº 10 de Talca, Grupo Escolar del Barrio Oriente, Grupo Escolar de Pencahue y Gualleco, primera etapa de la Escuela Industrial e Instituto Comercial de Talca; sin embargo, a pesar de este esfuerzo la provincia necesita la urgente construcción de estos nuevos locales escolares y terminación de otros y que han sido considerados por lo demás en reiterados planes de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Por otra parte, señor Ministro, he sido informado que este año se construirán en nuestra provincia solamente 18 aulas, cantidad ridículamente insuficiente y que demuestra la despreocupación de ese Ministerio con respecto a nuestra provincia, por lo tanto, solicito al señor Ministro me informe qué escuelas se construirán este año en Talca y qué posibilidades tiene nuestra provincia de contar con los establecimientos educacionales que le solicito en el presente oficio.

(Fdo.): Gustavo Ramírez Vergara, Diputado por Talca.

Santiago, 26 de mayo de 1971.

Cámara de Diputados. Nº 14671.- Santiago, 2 de septiembre de 1971.
Por orden del señor Secretario, remito a V. S. los antecedentes que se sirvió solicitar al Ministerio de Obras Públicas acerca de pavimentación de caminos en Talca. Oficio 6084.

Ruego a V. S. devolverlos a Secretaría una vez que se haya impuesto de ellos.

Dios guarde a V. S.- Oficial Mayor.

Al señor Diputado don Gustavo Ramírez.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.- Nº 564.- Santiago, 25 de agosto de 1971.

Me refiero a su oficio Nº 6084 de 28 de mayo de 1971, por medio del cual solicita a esta Secretaría de Estado se considere la pavimentación de diversos caminos de la provincia de Talca.

Sobre el particular cúmpleme manifestar a V. S. lo siguiente:

Camino Talca a Duao: Están terminados los estudios para solicitar Propuestas Públicas en el presente año.
Camino San Clemente a Mariposas: Se consulta riego bituminoso en el año 1975.

Camino Lontué a la costa, sector Lontué a Sagrada Familia: Actualmente contratado por Santiago y se consulta riego bituminoso en el sector pueblo Villa Prat en el año 1972.

Camino Talca a Pencahue: Consultado con riego bituminoso en el Plan año 1972.
Saluda atentamente a V. S. (Fdo.): Pascual Barraza Barraza, Ministro de Obras Públicas y Transportes.

Petición de oficio

Honorable Cámara:

Solicito que en mi nombre se formule petición de oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a objeto de señalar la urgente necesidad de solucionar los siguientes problemas de su Ministerio en la provincia de Talca;

1.- Terminación del camino pavimentado de Talca a Colín y su prolongación hasta el Retén de Carabineros de esa localidad. Se trata de una zona de gran productividad y de pequeños propietarios agrícolas, que deben viajar a Talca en forma frecuente para comerciar sus productos. Actualmente se encuentra pavimentado los dos tercios de este camino y terminarlo significa 4 kilómetros más de pavimento.

2.- Pavimentación del camino Talca a Duao, en su primera etapa, reiterado en innumerables ocasiones por los vecinos y Municipalidad de Maule, aún con propuesta asignada.

3.- Pavimentación del camino de San Clemente a Mariposas, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Centenario de San Clemente, celebrado tiempo atrás. Constituye esto la aspiración de varios cientos de colonos de la Colonia "Mariposas" y que actualmente transitan por un camino en pésimas condiciones.

4.- Camino Lontué a Sagrada Familia, efectuando su pavimentación. En reiteradas ocasiones se ha llamado a propuestas, se han asignado dichas propuestas pero hasta la fecha no se construye este camino.

5.- Pavimentación del camino de Talca a Pencahue. Esto fue solicitado en varias ocasiones por la Municipalidad de esa importante comuna y por la comunidad en general sin que hasta la fecha haya un pronunciamiento sobre la materia.

(Fdo.) : Gustavo Ramírez Vergara, Diputado por Talca.

Santiago, 25 de mayo de 1971.

Cámara de Diputados. Nº 14692.- Santiago, 2 de septiembre de 1971.
Por orden del señor Secretario remito a V. S. los antecedentes que se sirvió solicitar al Ministerio de la Vivienda acerca de la población Prat en la provincia de Talca. Oficio 6085.

Ruego a V. S. devolverlos a Secretaría una vez que se haya impuesto de ellos.

Dios guarde a V. S.- Oficial Mayor

Al señor Diputado don Gustavo Ramírez.

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.- Nº 2106.- Santiago, 25 de agosto de 1971.

Señor Presidente:

Ha recibido este Ministerio su oficio Nº 6085 de 28 de mayo de 1971, mediante el cual el H. Diputado don Gustavo Ramírez Vergara solicita se solucionen los problemas de la Población "Arturo Prat" de la ciudad de Talca.
Al respecto, cúmpleme informar a Su Señoría que dicha población ha sido incluida en los Pre- programas de este Ministerio para 1972, en el cual se consultan las obras de agua potable, alcantarillado y pavimentación para dar solución a 430 familias actualmente establecidas en ella. Asimismo, se consulta a través do Corhabit el saneamiento de títulos. La iniciación de las obras respectivas, en el transcurso del próximo año, está sujeta a la disponibilidad financiera que exista en esa fecha.
Se está estudiando además una solución en altura que permita atender a dos poblaciones adyacentes, que encaran problemas similares; son ellas la población Esperanza y el Comité 10 de Enero.

Saluda atentamente a S. S. (Fdo.): Carlos Cortés Díaz, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Cámara de Diputados. Nº 14513.- Santiago, 15 de julio de 1971.
Por orden del señor Secretario, remito a V. S. los antecedentes que se sirvió solicitar al Ministerio de Salud acerca de la Maternidad en el Hospital de Talca. Oficio 5933.

Ruego a V. S. devolverlos a Secretaría una vez que se haya impuesto de ellos.

Dios guarde a V. S.- Oficial Mayor.

Al señor Diputado don Gustavo Ramírez.

Ministerio de Salud Pública.- Nº 1118.- Santiago, 2 de julio de 1971.
En atención al oficio de V. E. Nº 5933, de 12 de mayo último, en el cual nos transmite petición del parlamentario señor Gustavo Ramírez Vergara, relacionado con la materia de la suma, me es grato informarle que el Programa de Habilitación correspondiente se está elaborando en la Sección Técnica del Servicio Nacional de Salud, y se espera poder materializar a corto plazo dicho equipamiento.

Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):

Dr. Osear Jiménez Pinochet, Ministro de Salud Pública.

"Compañeros Pobladores:

¿Qué es lo que pasa en nuestra población?
Resulta que llegaron hace algunos días varios compañeros a trabajar con la gente, y mientras ellos se sacan la cresta por ustedes, los compañeros pobladores siguen sumidos en una flojera que avergüenza.
¿Somos o no somos capaces de resolver nuestros problemas, o somos tan poca cosa, o hemos caído tan bajo que ya somos incapaces de luchar contra los que nos explotan y nos hunden en la mugre?
Compañeros de la Población "Brilla El Sol", los trabajadores somos capaces de unirnos y luchar.
¡Demostrémoslo hoy día en el trabajo voluntario y diariamente en la lucha por salir de la mierda en que vivimos!
Fraternalmente.- Compañeros Saltamontes-"

REF.: Comunica acuerdo de agrupación de funcionarios de mantenimiento.
Talca, octubre 29 de 1971.

"De acuerdo con lo conversado con Ud. en el día de ayer, 28 de octubre, nos permitimos comunicar por escrito los acuerdos tomados en la asamblea de nuestra agrupación.

1º- Por unanimidad de los integrantes se acordó rechazar el nombramiento del empleado del servicio don Enrique Mariscal González, como Jefe del Servicio de Mantenimiento. Este rechazo se fundamenta con los siguientes antecedentes:

a) Nuestra agrupación se encuentra satisfecha, de la gestión que como Jefe del Servicio está realizando don Luis Avellano Jiménez, quien tiene amplios conocimientos en electricidad, gasfitería, mecánica y manejo administrativo, ya que ha realizado estudios en la Universidad Técnica del Estado, y

b) El señor Enrique Mariscal González, jamás ha trabajado en taller alguno, desempeñándose hasta hace algunos años como mensajero del servicio, careciendo además de conocimientos técnicos y administrativo.

2º- Por los antecedentes anteriormente expuestos y velando por el buen funcionamiento de nuestro servicio, en beneficio de la comunidad y del enfermo, estimamos que el señor Mariscal no es la persona más indicada para dirigirnos.

3º- Tal como informamos verbalmente a Ud. nuestra agrupación acordó que, en caso que el señor Mariscal, nos sea impuesto como Jefe, lamentablemente nos veríamos en la necesidad de efectuar un movimiento de resistencia con variados y graves perjuicios para nuestro establecimiento asistencial, situación que deseamos evitar por todos los medios a nuestro alcance- Esperando una justa y favorable determinación del señor Director, lo saludan atentamente.- Manuel Días Morán, Presidente; Juan Jofré Espinoza, Secretario; Luis Herrera Guerra, Tesorero; Juan Espinoza Yévenes, Director; Adrián Soto Moya, Director.- Directiva de Talleres del Hospital de Talca."

Al señor Doctor Alberto Contreras G., Director Hospital y Área de Talca.- Presente.

Talca, 6 de septiembre de 1971.
Señor
Gustavo Ramírez Vergara
Presente.
Estimado camarada:

La presente tiene por objeto darte cuenta de la persecución política que se ha desatado contra camaradas del partido en esta oficina (Banco del Estado de Chile Talca).

Con fecha 23 de agosto de 1971 fueron trasladados a la Oficina de Victoria los siguientes funcionarios:

Enrique Rodríguez Rodríguez.- Traslado a Oficina Victoria.
Cargo: Agente San Clemente (Oficina que no se ha abierto), agregado a Oficina de Talca, desempeñándose como Jefe Agrícola.

Grado: 7º.
Nuevo cargo con motivo traslado: Jefe Administrativo de Victoria.
Grado: el mismo.
Personas a su cargo:

1) Esposa.
2) Hijo estudiando en Antofagasta.
3) Hija estudiando Liceo Talca.

Amoldo Saavedra Aguayo.- Traslado a Oficina Victoria.

Cargo: Cajero- Tesorero, Oficina Talca.
Grado: 8º
Nuevo cargo con motivo traslado: Jefe Sección Oficina Victoria.
Grado: el mismo.
Personas a su cargo:

1) Esposa.
2) 5 hijas estudiando en Talca.
3) Hija de 2 años de edad.

Hacemos esta afirmación de que se trata de persecución política, ya que después de la elección de Delegado del Personal, efectuada el 16 de agosto en la cual el candidato de la UP fue derrotado estrepitosamente 45 votos por 28 votos. Nos fue manifestado por un componente del CUP. de esta Oficina, que ahora empezarían los traslados; además, durante la semana posterior a la elección ya se rumoreaba en ésta que existían 2 traslados lo que fue ratificado con la llegada de los decretos.
Al respecto es importante manifestarte, que el jueves 2 de septiembre, viajaron 2 dirigentes gremiales acompañando a Enrique Rodríguez R., a Santiago, para hacer presente en la Gerencia de Personal, los problemas que afectarían al ya nombrado funcionario y a Arnoldo Saavedra con motivo de su traslado. Dichos problemas son de carácter personal y familiar. En Santiago se entrevistaron con el organismo máximo gremial nuestro, que es la Confederación Nacional de Asociaciones del Banco del Estado, y, por intermedio del dirigente don Marcelo Navarrete fue solicitada una entrevista con el Gerente de Personal, la secretaria de dicho Gerente, manifestó que éste no atendía hasta la próxima semana.
Ante la imposibilidad de que los afectados sean escuchados por nuestros jefes máximos, a quienes da la impresión no le preocupan los problemas familiares y personales de sus subordinados, es que nos permitimos solicitarte, des cuenta de estos hechos a la Directiva Nacional del Partido, denuncies en tu calidad de parlamentario en la Cámara de Diputados y des amplia publicidad en los diarios de Santiago a esta persecución.

Te saluda muy atentamente - Núcleo Demócrata Cristiano Banco del Estado Talca.- César Pradeñas A., Presidente; Jaime Retamal B., Secretario.


Fecha de Antigüedad en
Grado ingreso el grado
19 18- 2-19:38 1-9-1970
149 16-11-1952 1-'5-1970
89 1-12-1945 1~5-1970 
NOMBRE

Señor Arsenio Astete Alarcón . Señor Waldo Cáceres Bravo . . Señor César Pradeñas Alvarado
	Fecha de	Antigüedad en	
rado	ingreso	el grado	
1º	18- 2- 1938	1- 9- 1970	
14º	16- 11- 1952	1- 5- 1970	
8º	1- 12- 1945	1- 5- 1970	


TRASLADOS
César Pradeñas Alvarado, de Agente de Villa Alegre a Jefe Administrativo de Victoria.
Señorita Marta Castillo Pradeñas, de Talca a Linares. Justifican el traslado por ser sobrina de César Pradeñas Alvarado, pero hay otros funcionarios que son parientes y no han sido trasladados, como el señor Francisco Tejos con Víctor Leigton. El primero debe ser trasladado, tiene menos grados que el segundo, pero es UP.
En Curicó están los hermanos Escobar, pertenecientes a la UP., tampoco han sido trasladados y son parientes más cercanos, pues son hermanos.
Silvia Alarcón Ferrada con Carlos Sandoval.
El señor Arsenio Astete, Subgerente Zonal fue trasladado de Subagente a una oficina de Santiago.

13.- IMPORTACION DE VEHICULOS PARA LISIADOS. REFORMA DEL REGLAMENTO Nº 1.950 DE LA LEY Nº 17.238.- OFICIO

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Dentro del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Quedan cuatro minutos.
El señor CARDEMIL.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, con el Diputado señor Naudon presentamos un proyecto de acuerdo con el objeto de que la Cámara se dirija al señor Ministro de Hacienda y se modifique el reglamento de la ley Nº 17.238, en su artículo 6º, que permitió a las personas lisiadas la importación de vehículos equipados con mecanismos especiales para su manejo. Resulta que el reglamento de la ley Nº 17.238, decreto Nº 1.950, determina que la invalidez tiene que ser adquirida o producida por trabajo habitual o no, y que personas que nacieron con un defecto físico, pese a la dificultad para caminar normalmente, no están en condiciones de importar el vehículo. Por lo tanto, solicito, de aprobarse o no el proyecto de acuerdo, que se envíe oficio al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se modifique el decreto Nº 1.950, que reglamenta la ley Nº 17.238, haciéndole presente que el espíritu de la ley es que se beneficien todas las personas lisiadas, sea por invalidez adquirida con posterioridad a su nacimiento, es decir, la ley es amplia en su artículo 6° en cuanto que beneficia a todas las personas lisiadas que tengan un defecto físico de nacimiento para que no suceda lo que está pasando, que la Contraloría está objetando los certificados del Servicio Nacional de Salud, en cuanto no autoriza para importar el vehículo a las personas que tienen una deficiencia física en las extremidades inferiores, producida desde su nacimiento.
Eso es todo.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Hacienda.
Queda un minuto y medio al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

14.- PROBLEMAS DE PUERTO VARAS (LLANQUIHUE).- OFICIOS
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Nacional.
El señor KLEIN.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor KLEIN.- Señor Presidente, voy a aprovechar los minutos que corresponden al Comité Nacional en la Hora de Incidentes para referirme a algunos problemas de la provincia de Llanquihue y, en particular, con los que dicen relación con los de Puerto Varas.
En primer lugar, persiste en Puerto Varas el problema que Ferrocarriles, en definitiva, quiere cerrar un paso a nivel, que, si se concreta, va a significar problemas para las personas que, en forma urgente, necesitan ir al hospital o para que, en casos de incendios, las bombas lleguen oportunamente.
Se han hecho varias gestiones por parte de la Municipalidad de Puerto Varas, de los vecinos, de los pobladores, y ya una vez, cuando Ferrocarriles cerró el paso de "El Salvador", se tomaron la línea y el "rápido" no pudo pasar a Puerto Montt desde Puerto Varas.
Señor Presidente, como esto significa algo grave para la ciudadanía de la parte alta de Puerto Varas, donde está ubicado el hospital, pido que se envíe oficio al Ministerio de Obras Públicas, de quien depende la Dirección de Ferrocarriles, a fin de que previo informe de Carabineros, del Cuerpo de Bomberos y del Hospital se llegue al no cierre de este paso a nivel, porque su cierre, por el acceso del longitudinal sur desde la parte poniente, va a significar los minutos precisos para que una vida se vaya, ya que hay que dar una vuelta para llegar al hospital. Por el mismo sentido, el barrio "Matadero" va a quedar aislado en casos de incendios.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Obras Públicas.
El señor KLEIN.- Un segundo problema que afecta a Puerto Varas desde hace tiempo dice relación con la falta de presión del agua potable, lo que se justifica porque se han construido nuevas poblaciones, y el mayor consumo de agua hace que la presión disminuya en los sectores de la parte alta, donde están el Hospital y el Matadero, lo que constituye un peligro porque no hay agua para el abastecimiento del Hospital San José, ni para los pobladores ni para casos de incendios.
En la parte norte de Puerto Varas, en el sector Matadero, existe un estanque que años estuvo en servicio, pero que cuando se normalizó el abastecimiento no fue necesario. Como digo, con la construcción de poblaciones de los últimos años y de las que se están haciendo ahora, ha aumentado el consumo de agua y ha bajado la presión.
Pido que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas y, a través de él, a la Dirección de Obras Sanitarias, a fin de que, de una vez por todas, se solucione, con la mayor brevedad posible este problema, respecto del cual ha habido cambio de cartas y oficios entre la Municipalidad y la Dirección de Obras Sanitarias.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.

15.- TERMINACION DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS PORTUARIAS DE PUERTO MONTT (LLANQUIHUE)- OFICIO

El señor KLEIN.- El tercer problema que tiene relación con Puerto Montt se refiere a la tercera etapa de los trabajos del puerto. A raíz de los sismos de 1960, gran parte quedó en pésimas condiciones y hubo que construirlo. Se ha hecho bastante y existe la posibilidad de que pudiera salir un préstamo de la firma K.F.W. de Alemania. Pero como es dudoso, con muy buen criterio el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias, ha consultado en el Presupuesto de la Nación 10 millones de escudos para que, en caso de que no salga el préstamo, la tercera etapa, se haga con fondos fiscales.
En este sentido, solicito que se envíe oficio al Ministro de Hacienda, con el fin de que no se recorte el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para que puedan ser realidad no sólo los trabajos de la tercera etapa del puerto de Puerto Montt, sino que muchas otras obras, porque cuando uno conversa con el Ministro de Obras Públicas o con los Directores de Vialidad o Obras Sanitarias, siempre nos dicen: "Bueno, nosotros pedidos plata, pero resulta que el Ministerio de Hacienda nos recorta el Presupuesto."
Por lo tanto, solicito que se envíe oficio al Ministro de Hacienda, a fin de que queden a firme estos 10 millones de escudos, para que, de una vez por todas, de año en año se termine la tercera etapa de las obras portuarias de Puerto Montt.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de Hacienda.

16.- REPERCUSION DE RECIENTES MEDIDAS CAMBIARIAS EN EL TURISMO EN LA ZONA SUR.- OFICIOS

El señor KLEIN.- Señor Presidente, otro punto se refiere a un hecho ocurrido a un grupo de turistas argentinos en la ciudad de Osorno, que indirectamente nos afecta a los de la provincia de Llanquihue.
A raíz de las medidas tomadas por el Supremo Gobierno, a través de no sé qué Ministerio, me parece que el de Economía, el turista argentino que entra a Chile tiene que traer escudos, tiene que tener escudos para sus gastos.
Resulta que en la aduana por donde pasaron estos catorce turistas, como se informa en el diario "El Llanquihue", con el título que voy a leer...
Señor Presidente, ¿cuántos minutos quedan al Partido Nacional?
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Once minutos, señor Diputado.
El señor KLEIN.- Dice el título de "El Llanquihue": "Sorprendente caso ocurrido a grupo de turistas argentinos". Esto es digno de ser conocido, porque afecta a muchas partes de Chile.
"Osorno (Especial).- Catorce turistas argentinos, encabezados por el coordinador general del Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Neuquén, Alfonso Rodríguez, tuvieron que permanecer en calidad de garantía por más de dos horas en un conocido restaurant céntrico de esta ciudad, porque de hecho no se les permitía pagar el consumo con otra moneda que no fueran escudos, ya que su propietario tenía miedo de recibir nacionales, al no saber a qué atenerse con respecto al cambio internacional."
El señor ESPINOZA (don Luis).- ¿Cuál comerciante?
El señor KLEIN.- No sé quién era.
"Esta increíble y paradojal historia, ocurrió entre las 13 y las 17 horas de ayer, aquí en pleno centro de Osorno, cuando los turistas argentinos, inadvertidos, cruzaron la frontera por el Paso de Puyehue para permanecer tres días visitando las zonas de atracción de esta provincia y de Llanquihue.
"Los funcionarios de la Aduana les expresaron que en cumplimiento de instrucciones emanadas del Banco Central, puestas sólo ayer en vigencia, no podían ingresar al país con dólares y que sólo les estaba permitido hacerlo con Eº 250 cada uno, o cualquier cantidad de moneda nacional argentina.
"Confiados en las instrucciones recibidas, continuaron viaje hasta Osorno, para encontrarse con la desagradable sorpresa que el Banco Central, la única institución bancaria autorizada para operar, no estaba cambiando moneda extranjera de ninguna especie.
"Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y fue lo que le sucedió a este último y esforzado grupo de turistas argentinos, ya que después de esto es difícil que vengan otros. Creyeron que, al menos, podían almorzar antes de iniciar el camino de retorno a la provincia de Neuquén, pero al pedir la cuenta y pretender cancelarla con nacionales argentinos, se encontraron con la desagradable sorpresa de que el propietario les manifestó: "Lo siento mucho, pero no los puedo recibir, aun cuando me dejen cien veces el valor del consumo en pesos argentinos. No estoy autorizado para recibir moneda extranjera, y no quiero exponerme a sanciones de ninguna especie. Traten de arreglarse como puedan y de cancelar su cuenta con moneda chilena.".
"Dos de los integrantes de esta fallida caravana de turistas argentinos iniciaron las gestiones necesarias para ubicar a algunos amigos chilenos que pudieran cancelar la cuenta impaga, mientras las 12 personas restantes quedaban retenidas en el interior del local.
"Los descorazonados y confusos turistas regresaron inmediatamente a su patria, luego que la factura fue cancelada por los amigos.
"Este incidente desdice lo aseverado por el Director Nacional de Turismo" -y aquí va mi intervención- "en el sentido de que miles de turistas ingresan diariamente al país, gracias a las facilidades concedidas por el Gobierno, ya que en la zona sur no se están aplicando las franquicias anunciadas. Prueba de ello es que hasta la fecha son muy escasos, poco menos que una rareza, los turistas argentinos que han cruzado la frontera para visitarnos.
"No es como antes, que en esta fecha miles de visitantes argentinos recorrían los lugares de mayor atracción de las provincias sureñas, permitiendo con su presencia el desarrollo de una industria que otorgaba medios de trabajo a centenares de obreros y empleados, a los pequeños artesanos e industriales, y que aportaba una importante cuota de moneda dura necesaria para el progreso y desarrollo del país.
"Entre el grupo de turistas se encontraban altas autoridades del gobierno provincial de Neuquén.".
Señor Presidente, como esto no sólo nos afecta a nosotros, en la provincia de Llanquihue y en la de Osorno, sino al resto del país a cada turista que viene solicito que se envíe un oficio al Ministro de Economía -me parece que corresponde a él- para que la Dirección de Turismo haga ver a todas partes que estos problemas que se presentan no vuelvan a ocurrir.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará los oficios solicitados por Su Señoría, a los señores Ministros de Economía y de Hacienda.
El señor LAEMMERMANN.- En mi nombre también.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Y en nombre del señor Laemmermann.
El señor JAUREGUI.- Y en mi nombre.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Y en nombre del señor Jáuregui.

17.- CELEBRACION DEL CUARTO CENTENARIO DE CUREPTO (TALCA).- NECESIDADES DE ESA CIUDAD Y DEL DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE- OFICIOS

El señor KLEIN.- ¿Cuántos minutos quedan?
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Seis minutos y medio.
El señor KLEIN.- Le concedo una interrupción al señor Rodríguez.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Silvio Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, hace algunos días, para ser más exacto, el domingo 12, estuve presente en la celebración del cuarto centenario de la ciudad de Curepto, del departamento del mismo nombre.
Resulta curioso que pueda celebrar 400 años, pero la verdad es que ellos se han medido en relación a los primeros indicios de vida en la región. En estas condiciones, no pueden extrañar estos 400 años ni que Curepto haya realizado una fiesta de esta naturaleza.
Todo el pueblo, en cierta medida, participó en estos festejos. Había anunciado su visita el Presidente de la República; seguramente tuvo razones muy atendibles para no asistir, pero, en todo caso, envió un representante: el señor Ministro de Obras Públicas don Pascual Barraza. Estuvo presente el Intendente de la provincia, el Alcalde de la comuna y la mayoría de los parlamentarios de la provincia.
Se realizó un desfile ese mismo día en el estadio municipal de Curepto, bastante interesante, con participación del Regimiento "Talca", con su banda; de centro de madres, representantes de clubes deportivos, clubes de huasos y muchas otras instituciones.
Este era un acto oficial. En ese instante, a todos los que estábamos asistiendo a este espectáculo, nos llamó la atención que un grupo de obreros fueran portadores de un mensaje, de ésos que el propio Gobierno de la Unidad Popular trata de evitar que sigan ocurriendo o se sigan profundizando, para no seguir creando una política de odio en nuestro país. Pero, desgraciadamente, el deseo del Presidente, o de muchos personeros de Gobierno, en la práctica no se ve cumplido, como en el caso que estoy señalando. Este letrero, que era de bastante proporción y que era portado por un grupo de obreros, muchos de ellos tal vez no tan adictos a presentarlo públicamente, pero que se vieron en la necesidad, por razones de trabajo, de estar detrás de él en el desfile, decía textualmente lo siguiente: "Ojo, compañeros. Los "momios" quieren derrocar al Gobierno. Avanza con el Partido Socialista".
Pienso que, en un acto oficial, por lo menos aun deben respetarse ciertas normas mínimas de convivencia y observarse también el respeto que debe tenerse a otros representantes de partidos políticos y al propio Gobierno. Un acto en que se celebra una epopeya o el nacimiento de una ciudad, no debe prestarse para estos hechos. Lamentablemente, estuvo presente, como digo, y lo vieron el propio Ministro, el Intendente, el Alcalde y los Diputados de Gobierno; pero ninguno de ellos tuvo la más mínima intención de evitar que este letrero desfilara. Igualmente, pasaron algunos días y tampoco se dio una explicación pública de este hecho.
Por lo tanto, quiero elevar mi protesta por esta situación. Creo que, dado lo difíciles que se presentan los problemas de nuestro país, debemos tratar de poner nuestra mejor voluntad para que no se insista en llegar a situaciones como ésta, que pudieran sentirse afectados algunos sectores. Creo que no es la manera de actuar.
Por otra parte, debo destacar una interesante exposición de artesanía, en que se exhibieron trabajos de lana, adornos, etcétera, que constituyen, en realidad, un motivo grandioso de este sector tan modesto.
El Ministro, cuando hizo uso de la palabra en el banquete oficial, así mismo, en el estadio, ofreció numerosas obras públicas. Quiero manifestar que estoy de acuerdo con esto que ojalá el Ministro cumpla su palabra, porque hasta allá han llegado muchos Ministros, muchos representantes de Gobierno, en muchas épocas, y han ofrecido lo mismo, pero la verdad es que Curepto es un pueblo que cada día va de mal en peor. Llegó a tener 28 mil habitantes, ya el censo de 1960 le dio 17 mil y en el último censo, que aún no es oficial, está con 12 mil y tantos. Esto está demostrando que, por la falta de preocupación del poder central, la juventud y muchos de los que viven allí están cambiando de lugar en pos de mejores posibilidades futuras.
Creemos que, en todo caso, en todos estos actos oficiales no se dijo lo que verdaderamente necesita Curepto. Yo quiero insistir, una vez más, sobre dos hechos concretos: El primero, que la televisión llegue en forma definitiva a Curepto y a toda la zona costera de Talca; y yo agregaría también a la zona costera de Curicó, porque una antena bien instalada solucionaría los problemas de Curicó, Talca, Linares y Maule. De tal manera que pediría que se oficiara al Ministro del Interior con el propósito de darle a conocer este anhelado y esperanzado deseo de todo el departamento de Curepto, para que definitivamente se destinen los fondos o, por lo menos, se realicen los estudios para cumplir la posibilidad de que el canal estatal llegue a este sector a dar entretención a personas que viven verdaderamente aisladas.
El otro hecho, señor Presidente, es pedir definitivamente, como la solución a los grandes problemas que tiene todo Curepto, que es una zona ubicada a cerca de 80 kilómetros de Talca, por caminos bastante difíciles, que se hagan los estudios del caso, en el departamento que corresponda dentro del Ministerio de Hacienda, para que se le otorgue asignación de zona. Dado el aislamiento en que vive Curepto, no hay interés de funcionarios públicos, ni de profesores, ni de médicos, en irse a tomar las vacantes que allí han ido quedando permanentemente. Creo que para evitar el éxodo de los funcionarios públicos y de todos aquellos que, de una manera u otra, tienen que llegar a Curepto, la solución es que definitivamente se estudie una asignación de zona.
Estamos en el momento oportuno. Ya conocen estos antecedentes el Ministro de Hacienda y el Subsecretario Patricio Morales. Sólo bastaría recordárselos, mediante otro oficio, para que se aprovechara esta ocasión, el fin del año 1971, dado que Curepto cumple 400 años, para entregarle esto, que no es un regalo, sino que constituye un derecho muy pleno de toda esa zona tan sacrificada y tan olvidada del poder central, no solamente de la provincia de Talca, sino del país entero.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro de Educación y al señor Ministro de Hacienda.
El señor KLEIN.- ¿Cuánto tiempo queda?
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Nacional.

18.- DENUNCIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS FINANCIERAS Y DISTRIBUIDORAS DE AUTOMOVILES.- OFICIOS

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista, que ha cedido su tiempo al Comité Socialista.
Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Espinoza, don Luis.
El señor ESPINOZA (don Luis).- Señor Presidente, hace 16 días, los parlamentarios de la Unidad Popular reunimos las firmas correspondientes para convocar a una reunión extraordinaria en el día de hoy, con el fin de preocuparnos de las denuncias que afectan a las agencias financieras de automóviles y a las distribuidoras, como Gageplan, Autofinco, Copian, Pro Auto, Finautos, Auto Tattersall, Confía, Ahorroplan, Fácil Auto, Salinas y Fabres, Gagepo, Antivero, Covenco, Bengolea y Compañía, Benoit Hermanos y otras, la que no se pudo realizar porque, debido precisamente a lo estricto o arcaico del Reglamento, que permitió sólo citar en la noche de ayer a esa sesión extraordinaria, muchos colegas no alcanzaron a recibir la citación correspondiente. Por tal motivo, vamos a preocuparnos ahora de hacer la denuncia que pretendíamos haber realizado en esta sesión especial de la mañana.
Queremos hacerlo, porque son más o menos 25 mil las personas afectadas a lo largo del país, que han confiado en estas empresas financieras, las que están recibiendo cuotas mensuales, han creado una demanda artificial de automóviles y con cuyos compromisos han dejado al país en la imposibilidad de que la cuota de automóviles que debe entregar la industria automotriz para el próximo año cumpla las necesidades ordinarias de la nación, y mucho menos, por supuesto, cumpla esta demanda artificial que ellas han creado.
Nosotros queremos entregar en esta oportunidad algunos antecedentes que creemos serios y valederos. Básicamente, las fuentes de abastecimiento de los consumidores de vehículos nuevos han sido las siguientes:

1º- Los distribuidores oficiales, que son intermediarios directos entre el industrial y el público, venden según las condiciones y disponibilidades del fabricante, a preció oficial y con una comisión histórica del orden de un 12%. Estos distribuidores deben obligatoriamente brindar servicio técnico de la marca que representan, Jo que en la práctica no hacen.

2º- Las sociedades financieras, que son intermediarios entre el público y los distribuidores y que tradicionalmente han dirigido sus ventas a estratos económicos más bajos, por medio de distintos tipos de financiamiento. Fundamentalmente, las más importantes son dos: primero, las que entregan a fecha fija el vehículo como Dipla, quebrada con estafa en 1969, y Codica, quebrada con estafa en septiembre de 1970. En estas empresas, que venden a largo plazo y sin pie aparente, el cliente paga un número de cuotas mensuales por entrega, con las cuales forma su pie; luego, espera un cierto tiempo, de modo que su dinero capitalice un interés que haga interesante el negocio para el empresario y, una vez recibido su vehículo, compromete documentos por el saldo con un alto interés.
En segundo lugar están las que entregan por "sorteo y remate". En estas empresas, que manifiestan ser de tipo cooperativo y aseguran ventas a precio oficial a 40 meses sin pie ni intereses, se forman grupos de interesados que en 40 meses pagan el valor de 80 vehículos más gastos de operación del sistema. Todos los meses se reúnen los cooperados y pagan una cuota mensual, con la cual alcanza para comprar a valor oficial dos o más vehículos, con los que se realiza el sorteo para pagar el 10% del valor de cada vehículo como gastos de administración, el 17% sobre este 10% como cifra de negocios y el 1 % sobre el valor del vehículo, también como impuesto cifra de negocios, que deben pagar los señores que se dedican a este tipo de negocio, y un seguro total a un costo del orden de un 15% del valor del vehículo. Además, cada cooperado paga, al momento de ingresar al sistema, una cuota de incorporación del orden de un 2% del valor del vehículo, para cubrir gastos de comisión. En cada sesión mensual, se adjudica un vehículo por sorteo y otro por remate secreto. Para entrar en ese remate se hace depósito secreto en la asamblea, en dinero, cheque o vale vista. Una vez finalizados estos depósitos secretos, que correspondió a la oferta más alta se adjudica el vehículo "por remate". Con el saldo de dinero resultante entre el recolectado en la asamblea y el necesario para comprar los dos vehículos y pagar los gastos, se forma un fondo común, con el que en sesiones futuras se suele entregar más vehículos por remate. Es interesante hacer notar que, dadas las actuales condiciones del mercado, son comunes las ofertas por mayor valor que el costo del vehículo, a veces un 20% más que el costo original. A esta diferencia se agrega, además, un 10% por castigo, y luego se devuelve en mensualidades más adelante.

3°- Combinación de los dos anteriores, que es otra forma de adjudicar vehículos. En este sistema, los distribuidores forman una empresa tipo sorteo-remate para colocar su cuota de distribuidores. Así, por cada venta reciben, además del 12% de comisión como distribuidor, el 2% de inscripción, el 10% de gastos de administración, el 1,7% de cifra de negocios y un 4,5% que resulta de la comisión como agentes de una compañía de seguros. Hay que recalcar que, de las marcas más importantes, Fiat y Peugeot ya están en el mercado con este sistema.
En el momento actual, la posibilidad de adquirir un vehículo por el sistema de distribuidor, prácticamente no existe. Las personas que desean adquirir un vehículo en forma rápida sólo tienen dos alternativas: primero, acudir al mercado negro, donde deberán pagar entre un 40% a un 50% sobre el valor del vehículo más los gastos de transferencia; y segundo, ingresar a un sistema de tipo tres, sorteo y remate con respaldo de distribuidores, y rematar el vehículo a un mínimo de un 30% sobre el valor oficial, de modo de tener la certeza de ganar el remate.
Aquellas personas que necesitan financiamiento deben recurrir a las firmas tipo sorteo y quedar expuestas a estafas, dada la imposibilidad de estas empresas de cumplir con los compromisos de entrega adquiridos.
Por lo tanto, la adquisición de vehículos a precio oficial es totalmente imposible. Estas empresas no garantizan la entrega física del vehículo, sino la adjudicación. Como ambos términos no son equivalentes y dada su calidad de vendedores y no industriales, estas empresas aducen causal de fuerza mayor y dicen que por fuerza mayor no pueden entregar los autos, y sólo entregan una boleta de garantía, en espera de la posibilidad de inscripción para la compra del automóvil. Si el cliente decidiera, a estas alturas, retirarse, por fuerza mayor, deberá pagar todos los gastos y comisiones que estipule el contrato sobre el 13,7%.
Las ventas son indiscriminadas y escapan a cualquier control. Esto vale tanto para el no control de unidades vendidas en relación con la producción, como para el no control del precio, el que podría tomar cualquier valor por medio del alza de los gastos de administración, cuotas de inscripción o varios, etcétera, etcétera.
Este sistema permite cualquiera de las siguientes dos situaciones, según el caso:

Primero, si la empresa corresponde al sorteo-distribuidor, como son Confía, Gageplán, Autotattersall, éstos podrían en principio garantizar la entrega, pero han encontrado un excelente método para ampliar su margen de comercialización como distribuidores, al vender a un valor más alto que el precio actual. Así, estos señores copan rápidamente su cuota como distribuidores y sólo venden por el sistema de sorteos y remates.
Segundo, si la empresa no tiene el respaldo de un grupo distribuidor, y dada la alta demanda en el mercado, que permite a los distribuidores colocar el total de la producción sin entrar en combinaciones con terceros, el sistema se presta para un fraude al no contar con los bienes físicos para entregar a los clientes (pero por fuerza mayor).
Este sistema, lejos de ir a una solución, distribuidores y sólo venden por el sistema va en crecimiento progresivo. Hay que hacer notar que durante este año las ventas por este método se han, por lo menos, cuadruplicado. Así es como han aparecido no sólo una gran cantidad de empresas nuevas, sino que sucursales y agentes de las mismas se han establecido a lo largo del país. Aquí es de mayor preocupación aún la extensión de sucursales desde Arica a Punta Arenas, ya que esos clientes se encuentran en una situación de desamparo aún mayor.
Estas operaciones fuera de control nos obligan a fijarnos en dos fenómenos de importancia: Primero, el número de adjudicaciones por mes, que es creciente, ya que alcanzó para septiembre de 1971, según publicaciones publicitarias con nombres de los adjudicatarios en "El Mercurio", para algunas de estas empresas a 180 en Coplán; Autofinco, sobre 80, Ahorroplan, sobre 80. Segundo, entre las unidades adjudicadas figuran vehículos ya fuera de producción, como los camiones Ford y algunos productos de la General Motors.
Cabe concluir que la falta de un sistema bien estudiado de distribución de vehículos es lo que ha permitido, durante largo tiempo, la existencia en el país de empresas fraudulentas que han estafado preferentemente a personas de recursos medios y modestos. Utilidades extras de los distribuidores, quienes tradicionalmente han sabido manejar un mercado negro de vehículos. Los poseedores de este privilegio de la distribución han aprovechado las variaciones de la oferta y demanda de vehículos para conducir a otros negocios, como ser el de la permuta de "su vehículo viejo por uno nuevo", con una consiguiente doble comisión, que alcanza casi al 6% para que el vende y 6% para el que compra, a cuya cifra le aplican el 17% de cifra de negocios que, de acuerdo con la ley, corresponde pagar al agente comisionista que en ese momento vende o compra, por en cargo de terceros, los vehículos.
Hay que hacer notar el buen olfato de estos comerciantes, que los ha llevado hoy por hoy a crear este tipo de empresas con los sorteos correspondientes, y se están constituyendo nuevas para servir a estos señores, para permitir a estos señores obtener pingües utilidades a costa de un gran número de interesados que, por la demanda imperante en el mercado, tiene que recurrir a este tipo de sorteos obligados.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite? ha terminado el tiempo del Comité Comunista, puede seguir en el tiempo del Comité Socialista.
El señor ESPINOZA (don Luis).- Muchas gracias.
También es conveniente recalcar la proyección que ha tenido este sistema en rubros diferentes. Es así como nos encontramos con la firma Plogarylandia, que además de ser agente de Copian es una firma distribuidora de artefactos electrodomésticos y de la línea blanca, los que también vende por el sistema de sorteos.
Dentro de las firmas combinadas sorteo- distribuidor, cabe hacer un pequeño análisis. Algunas son las siguientes: Confía, por ejemplo, formada por la fusión de cuatro de los más grandes concesionarios Fiat (Divema, Difa, Torino, Vicuña Hnos.), Gageplán, que representa al más grande distribuidor Peugeot en el país.
¿Qué significa el negocio?
Significa vender toda la cuota de distribuidor al contado, recibiendo lo siguiente:

1) a comisión de distribuidor, que consisten en un 12% sobre el valor del vehículo;

2) La cuota de inscripción en el sistema, que es un 2% sobre el valor del vehículo;

3) recargo de los gastos de administración, que significa un 10 % sobre el valor del vehículo; 4) Impuesto cifra de negocio, que significa un 1,7% sobre el valor del vehículo; 5) 30% de comisión sobre el seguro de 5%, que significa un 4,5% sobre el valor del vehículo, y 6) otros ingresos varios, que hacen subir la comisión o la ganancia o la utilidad de estos distribuidores o de estas agencias financieras prácticamente a un 38,5% de utilidad líquida sobre el precio del vehículo que ellos venden a los interesados.
En otros ingresos también hay que destacar principalmente dos factores. En primer término, el trabajo del capital de la empresa, que funciona en parte a razón de sorteos y remates, porque ellos trabajan con el dinero que logran reunir, reciben intereses y obtienen grandes utilidades a costa del sacrificio de estos 25 mil o más ciudadanos que han confiado en sus manos la posibilidad de contar con un auto propio.
En segundo lugar, tienen el cobro de un 10% como "castigo" y el trabajo del capital resultante de las diferencias hechas por ofertas sobre el valor del vehículo. Ejemplo: Confía, en sus primeras reuniones, ha recibido ofertas para el remate de un valor mayor al del vehículo más todos los gastos, de modo de asegurarse la adjudicación del vehículo en momentos de alta demanda, como los que el país está viviendo. Así es como el auto Fiat, que tiene un valor comercial de Eº 110.000 con ofertas, las otras agencias, con facilidades, los han estado entregando en Eº 180.000 y Eº 200.000; a raíz de estos sorteos, de esta oferta que ellos han establecido en este nuevo sistema de ganar y obtener pingües utilidades para sus bolsillos.
Dado el número de clientes ya existentes en estos sistemas, AHORROPLAN, firma formada hace sólo un año y ya con sucursales en ocho provincias, asegura por prensa y televisión más de 6 mil asociados, lo que equivale a una venta anual del orden de los 500 millones de escudos. Monto superior a éste es de esperar a lo menos para COPLAN y AUTOFINCO, empresas más antiguas y con una mejor red de distribución y publicidad. No dista mucho de la realidad el suponer que, prácticamente, la totalidad de la producción automotriz del año próximo ya está comprometida por este sistema. Los distribuidores que no pueden aceptar inscripciones por estar cerradas o no tener cuotas, se han transformado en casi su totalidad -más de un 80%- en agentes de estas empresas, aprovechando su organización de venta para dirigirla a este sistema fuera de control que acepta inscripciones en forma indiscriminada, y luego las entregas se arreglan por causa de "fuerza mayor", lo que anula todos los compromisos del contrato y hace imposible alguna seguridad para los interesados que hayan confiado en ella.
Cabe hacer notar que los sistemas existentes para la venta de automóviles en 1969 y, en especial, los relativos a las empresas "con financiamiento", sugirieron al Congreso la necesidad de legislar fijando normas para la distribución y venta de vehículos. Así es como se aprobó una ley, a fines de 1969, en la que se daba un plazo de seis meses al Presidente de la República para dictar un Reglamento que fijase las normas de operación de estas nuevas empresas. La ley, muy vaga y sin ninguna explicación, a no mediar el reglamento fijado por el Presidente, permitió, sencillamente, que todos los interesados que han caído en manos de estas agencias financieras hoy día se encuentren ante la incertidumbre y ante el desconcierto, al no tener quien defienda sus intereses, pues el ex Presidente Frei jamás reglamentó esta ley. Por lo tanto, pasó el plazo legal en que correspondía hacerlo y todos estos ahorros forzosos de todos estos clientes obligados, hoy tienen que afrontar una situación bastante difícil, porque, en realidad, cualquiera que medite sobre la situación se va a dar cuenta de que esta demanda artificial jamás va a ser cumplida por la actual producción de vehículos automotrices que el país puede fabricar, de acuerdo con sus recursos.
Por eso, señor Presidente, yo pido que se envíen oficios a los señores Ministros de Economía y de Obras Públicas y Transportes, solicitándoles la intervención inmediata del Gobierno, no sólo requisando...
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Diputado, ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría...
El señor GONZALEZ.- En nombre del Comité, también.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ...en nombre del Comité Socialista.
El señor ESPINOZA (don Luis).- Muy bien. Gracias.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Izquierda Cristiana, cuyo tiempo ha sido cedido al Diputado señor Ríos.
Puede hacer uso de la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS (don Héctor).- Señor Presidente, en esta Hora de Incidentes, voy a referirme a las irregularidades cometidas en las ventas de autos por parte de organizaciones inescrupulosas que, bajo distintas denominaciones, están perjudicando a modestos y esperanzados clientes, quienes, por no tener el dinero suficiente para comprar estos vehículos al contado, se ven obligados a adquirirlos con facilidades, que no son tales, pues, por el contrario, resultan esquilmados y estafados.
Esta materia iba a ser tratado esta mañana, en una sesión especial solicitada para este objeto por 30 señores Diputados, la que fracasó por falta de quórum. Ese es el motivo por el cual he querido plantearla en esta Hora de Incidentes.
La organización de estas sociedades administradoras de fondos para adquirir automóviles mediante sorteo y remate, constituye lo que nuestros huasos llaman la aplicación de la "ley del embudo". Todo es ventaja y seguridad para los gerentes y socios directores, y los riesgos corren por cuenta de los suscriptores.
Desde la partida, el suscriptor sale perdiendo, porque generalmente debe cancelar una cuota de inscripción, en el mejor de los casos superior o cercana a los dos millones, según sea la marca del auto a que opta. Muchas veces se engaña al suscriptor, tentándolo con ciertas condiciones que, más tarde, cuando ya ha pagado su inscripción, son alteradas en beneficio exclusivo de la sociedad administradora. Si el cliente reclama, se le tramita, se le dan explicaciones que nada explican ni justifican, y la víctima sigue entregada a su propia suerte, sin que un organismo responsable lo defienda.
Por eso, estimo muy oportuna la intervención de la DIRINCO, y son mis deseos que este organismo logre captar en toda su profundidad este grave problema, que afecta a miles de empleados modestos que anhelan adquirir esta verdadera herramienta de trabajo, y adopte claras y terminantes medidas en resguardo de los suscriptores.
Para que se tenga una idea de los medios de que se valen estas sociedades, en su gran mayoría, para burlar los precios fijados por la DIRINCO a los automóviles, paso a señalar una de las maneras de operar que tienen estos señores:
Cuando un suscriptor sale favorecido en sorteo o en el remate al mejor postor, pregunta, como es lógico, cuándo le entregarán su coche. La respuesta, invariablemente, es que se le entregará cuando haya disponibilidades, más o menos, dentro de seis meses. Un empleado, que siempre está presente en la conversación, interviene muy solícito y dice al favorecido: "Yo tengo un amigo que tiene un automóvil (indica la marca a la cual aspira el suscriptor) y lo vende. La sociedad se lo paga inmediatamente, de manera que, si usted desea, puede tener de inmediato su coche. Si desea, le puedo dar su dirección.".
El suscriptor que se siente con mucha suerte, acepta y va a visitar al amigo que, en el fondo, es un miembro secreto de la organización, y trata de adquirir el automóvil, asegurando al dueño que se lo cancelará al contado. Este le indica un precio, que invariablemente es superior en 15 ó 20 millones de pesos al fijado por DIRINCO. De manera que las organizaciones éstas que explotan los anhelos de tanta gente modesta, sacan provecho de la cuota de inscripción y del sobreprecio que obtienen por intermedio de sus "agentes secretos".
Por lo dicho, espero confiado en que DIRINCO sea inflexible para actuar contra esta mafia, en resguardo de los legítimos intereses de los suscriptores.
Es muy plausible la designación de interventores que ha hecho este Gobierno de la Unidad Popular en estas agencias de venta de autos a plazo, prohibiéndoles el remate mensual y sólo permitiéndoles el sorteo, que es lo único igualitario p.ara todos los suscriptores, ya que en esos remates mensuales participan agentes secretos, o, como vulgarmente se dice, "palos blancos". Y adquiridos los autos por ellos, éstos son vendidos posteriormente a mucho mayor precio que el establecido por la DIRINCO, como ya lo dije con anterioridad.
Como dice el adagio, "para muestra un botón", quiero dar lectura a una carta de una persona afectada por estos procedimientos irregulares e inescrupulosos de algunas de esta sociedades administradoras de ventas de autos, como es el caso de la Sociedad Administradora y Organizadora de Planes de Adquisiciones y Ventas Limitada, "Proauto", con domicilio en Avenida Portugal, números 10 y 12. Y esa persona afectada es el señor Carlos Peña y Lulo Torrealba, secretario del Diputado que habla. Esta carta, de fecha 1° de diciembre, cuya recepción es de la misma fecha, fue dirigida al Director de Industria y Comercio, DIRINCO, reclamando de esta irregularidad.

Es del siguiente tenor:

"Santiago, 1º de diciembre de 1971.

"Carlos Peña y Lillo Torrealba, secretario privado del Diputado Dr. Héctor Ríos R., domiciliado en Bandera 566, oficina 74, de esta ciudad, al señor Director de Industria y Comercio respetuosamente expone:
"Con fecha 30 de marzo del presente año cancelé a la Sociedad Administradora y Organizadora de Planes y Adquisiciones y Ventas Ltda., "Pro-Auto"', con domicilio en Avenida Portugal 10 y 12, la suma de Eº 1.820,95, valor de mi inscripción en el grupo Magisterio 1, con el fin de obtener la adquisición de un automóvil marca Renault 4 L. Según esa solicitud de inscripción, que lleva el Nº 00245, y cuya fotocopia acompaño con el Nº 1, el grupo lo formaríamos 80 personas que deberíamos cancelar 40 cuotas mensuales de Eº 1.189,46 cada uno.
"El agente relacionador, señor Arnaldo Carrasco, con carnet de Santiago Nº 1.145.025, me pidió que firmara en blanco y en duplicado un formulario de contrato que contenía las cuotas y el número de suscriptores que formarían el grupo, el que me sería devuelto debidamente llenado y firmado por el gerente de "Pro Auto". Así ocurrió tres meses más tarde, con gran sorpresa mía, ya que el contrato había sido adulterado agregándole al final, con escritura a máquina, una cláusula que no estaba en mi conocimiento..."

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité de Izquierda Cristiana, Puede continuar Su Señoría en el tiempo del Comité Radical.
El señor RIOS (don Héctor).- Gracias, señor Presidente.
"...Y que extendía a 100 el número de suscriptores y a 50 los meses de duración en el pago. Dejo constancia que el contrato firmado por mí está impreso y las condiciones contratadas figuran en forma clara. Esta adulteración queda comprobada con el documento Nº 2 que acompaño, también fotocopia. Tal adulteración significaba un mayor precio de Eº 12.000, lo que viola los precios fijados por DIRINCO y es una evidente burla al espíritu del actual Gobierno de suprimir las especulaciones en la venta de automóviles de bajo precio.
"Con fecha 12 de julio representé por escrito al señor Gerente de Pro Auto mi disconformidad con el procedimiento seguido y, aun cuando pagué la primera cuota para participar en el sorteo, dejé clara constancia de que me reservaba el derecho de proceder más tarde en resguardo de mis intereses. (Documento Nº 3). La respuesta verbal del gerente fue que estudiarían mi caso y se me respondería. Hasta la fecha no se ha satisfecho mi petición.
"Ahora, señor Director, se ha presentado una nueva situación que demuestra que no existe seriedad en los procedimientos de los dirigentes de Pro-Auto y que los suscriptores nos encontramos inermes frente a estos abusos de las sociedades que han brotado como callampas después del primer aguacero para explotar las justas aspiraciones de muchos modestos ciudadanos que no tenemos otro medio para adquirir esta indispensable herramienta de trabajo. Según puede comprobar con el documento Nº 4, el sorteo de mi grupo correspondiente al mes de noviembre, debía realizarse el día 8 a las 19 horas. Ese día, a las 10 horas concurrí a Pro-Auto y cancelé mi cuota para participar en el sorteo. (De acuerdo con el artículo 17 del contrato, el suscriptor tiene los primeros 15 minutos para ponerse al día en sus pagos, si desea participar en el respectivo sorteo).
"Después de cancelada la cuota, la señorita que me atendió me manifestó que el sorteo del Grupo Magisterio 1 se barría realizado el día anterior, esto es, el 17 de noviembre. Al representarle mi extrañeza y mi protesta ya que existía un documento impreso que anunciaba a los suscriptores el sorteo para el 18, se me pidió hablar con uno de los gerentes, un señor Castro, a quien, después de exponerle los antecedentes y mis quejas, le solicité la anulación del sorteo por haberse efectuado un día que no era el fijado, con lo que había menoscabado mis posibilidades de ser favorecido, o en su defecto la devolución de todas las sumas que había cancelado a Pro-Auto por no merecerme confianza los procedimientos hasta ahora empleados. El señor Castro quedó de consultarlo con su abogado y darme una respuesta.
"Dos semanas después recurrí de nuevo a Pro-Auto en busca de respuesta y se me contestó que no había más que hacer que seguir pagando mis cuotas. El señor Castro se ha negado incluso a conversar por teléfono conmigo, alegando estar "sumamente ocupado".
"Ante lo ocurrido y deseando agotar todos los medios para resguardar mis intereses y derechos, recurro ante el señor Director para que se sirva, si lo tiene a bien, disponer una severa investigación sobre los procedimientos de Pro-Auto y, a la vez, se me otorgue el debido amparo, puesto que es la Dirección de Industria y Comercio el organismo que ha autorizado el funcionamiento de esta firma.
"En definitiva, solicito que se ordene a la indicada firma a devolverme las sumas canceladas hasta la fecha, más sus correspondientes intereses, incluido lo pagado por inscripción, ya que esto fue obtenido con evidente engaño.
"Saluda atentamente al señor Director.".

Firmado: Carlos Peña y Lillo T.

Esto es lo que quería expresar, señor Presidente, respecto a las irregularidades en esta venia de autos.
Nada más.

19.- INSTALACION DE UNA ESCUELA DE PESCADORES EN LOS EDIFICIOS DE LA EX COLONIA PENAL DE LA ISLA SANTA MARIA (ARAUCO).- OFICIO

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra dentro del tiempo del Comité Radical.
El señor RIOS (don Héctor).- ¿Tengo tiempo?
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Cuatro minutos.
El señor RIOS (don Héctor).- Concedo una interrupción al señor Laemmermann, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- - Puede hacer uso de la interrupción el señor Laemmermann.
El señor LAEMMERMANN.- Señor Presidente, agradezco la gentileza del señor Ríos de concederme los pocos minutos que le quedan a su Comité.
Quiero referirme, en esta oportunidad, al traslado de la colonia penal ubicada en la isla Santa María, comuna de Arauco.
La Dirección General de Prisiones acordó el traslado de esta colonia, a mi juicio, una medida muy acertada desde el punto de vista penal, social y económico.
Desde el punto de vista penal, la verdad de las cosas es que los reos no se han readaptado en ningún sentido, por cuanto no había formas de hacerlos trabajar; no había maquinarias para darles un enseñanza práctica; de tal forma que salían, después de un año o dos años en la isla Santa María, luego de haber cumplido su condena, sin ningún conocimiento técnico de ninguna índole.
Desde el punto de vista social, la población de la isla Santa María había solicitado, muchas veces, el traslado de esta colonia, por el peligro constante que significaba de fuga de algunos reos. La población civil de la isla Santa María se sentía inquieta ante la posibilidad de la fuga de los reos.
Y desde el punto de vista económico, el mantenimiento de esta colonia penal era sumamente caro para el Estado. Por lo tanto, yo aplaudo esta medida de la Dirección General de Prisiones, y me he impuesto por la prensa que se ha comenzado su traslado a una colonia que se está construyendo en Vilcún.
Mi intervención, en esta ocasión, es para solicitarle al señor Ministro de Tierras y Colonización, que las instalaciones, los pabellones, que son cuantiosos, porque durante los últimos años, durante 15 ó 20 años, se han invertido miles de millones de pesos en esta colonia penal, con todos sus edificios, se transformen en una escuela de pescadores.
En el golfo de Arauco no hay ninguna escuela de pescadores. En San Vicente hubo, hace años, una escuela de pescadores; pero, por razones que ignoro, fue clausurada. De tal forma que la idea de que se instale una escuela de pescadores en los edificios de esta colonia, sería muy positiva y muy interesante para todo el golfo de Arauco, para todo el litoral de la zona, ya que los jóvenes que habitan en ese litoral podrían adquirir allí un conocimiento práctico, técnico y científico de la pesca, ahora mejor que nunca, porque, a mi juicio, hay una posibilidad muy cierta en el futuro de que el puerto pesquero que se proyecta se construya en la provincia de Arauco, es una caleta que se llama bahía Yane.
Por las informaciones que tengo, ya hay un convenio suscrito entre los gobiernos soviético y chileno, por el cual se otorgan 15 millones de dólares para este puerto pesquero. Por consiguiente, sería posible que, en el futuro, este edificio se adaptara para una escuela de pescadores. Para toda la ciudad, para toda la provincia y para todo el litoral sería un hecho positivo, porque esta escuela de pescadores significaría un impulso, un "golpe vitamínico" para sacar a la provincia del subdesarrollo en que se encuentra.
Pido que se envíe un oficio al señor Ministro de Tierras.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará oficio al señor Ministro de Tierras y Colonización en nombre de Su Señoría...
El señor KLEIN.- Y en mi nombre.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ... y en el del señor Klein.

20.- PROBLEMA DE LOS TRANSPORTISTAS DE LA ZONA SUR POR LA ESCASEZ DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS.- OFICIO

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Radical Independiente de Izquierda.
Ofrezco la palabra.
El señor JAUREGUI.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JAUREGUI.- Señor Presidente, la situación producida en la zona sur a causa de la aguda carencia de repuestos para autos y camiones, representa un problema que debe ser solucionado a la mayor brevedad.
En efecto, 3.000 empresarios de medios de transportes en la zona sur, vale decir Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue se encuentran afectados por esta situación, que a la larga va a traer deplorables consecuencias para el país.
Se trata de más o menos 5.000 vehículos que carecen de implementos y accesorios, especialmente vehículos de la línea norteamericana, lo que está dando origen a la existencia de verdaderas "bolsas negras" que cobran a los transportistas precios realmente exorbitantes por los repuestos. Sobre esta materia, debo recordar que en oficio de 24 de julio de 1971, pedí que se oficiara al señor Ministro de Economía para darle cuenta del problema que se creaba en el sur del país, debido a los precios verdaderamente prohibitivos que se cobran por los repuestos de automóviles y camiones.
No he recibido respuesta, por lo que solicito que se reitere por la Cámara mi petición, con el objeto de que se adopte una medida definitiva sobre esta materia, que tienda a evitar abusos en los precios.
Solicito, igualmente, que se oficie al señor Ministro del ramo para que se arbitren algunas medidas que tiendan a poner término a esta aguda carencia de repuestos que existe en la zona sur del país y que afecta a miles de transportistas.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría y se reiterará el anterior.
El señor KLEIN.- También en mi nombre.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se dirigirá también en nombre del señor Klein.

21.- CREACION DE PLANTAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.- OFICIOS

El señor JAUREGUI.- Señor Presidente, en una reciente sesión destinada a nacionalizar los problemas del Servicio Nacional de Salud, manifesté que en nuestro país, prácticamente, ninguna ciudad dispone de servicio de tratamiento de aguas cloacales o servidas, lo que crea serios problemas sanitarios y ecológicos, por la contaminación de los cursos de aguas.
Dije, en aquella oportunidad, que el 70% de la población disponía de agua potable y sólo un 49%, de alcantarillado. En consecuencia, urge ir a la creación de plantas de tratamiento de aguas servidas, aguas cloacales o aguas negras, como se las puede denominar.
Este tratamiento de aguas negras se hace, generalmente, por un proceso de floculación biológica y decantación después de haber sedimentado los sólidos en casi un ciento por ciento. Fundamentalmente, este proceso consiste en el desarrollo del microorganismo aerobio que posea la capacidad de sustraer de estas aguas productos que sirven a su metabolismo, dando lugar a la formación de una capa gelatinosa en dichas aguas negras, llamada "zooglea". Los procedimientos que se utilizan para tal objetivo son las llamadas áreas de riego y los filtros percoladores. Cualesquiera que sean los procedimientos de tratamiento, el objetivo final, a través del paso por etapas de degradación, de descomposición y de recuperación, es llegar a obtener aguas claras, sin grandes riesgos sanitarios o médicos.
El sistema de áreas de riego, una de cuyas variantes es el procedimiento de las lagunas de purificación, es el más apropiado para nuestro país, y se basa en la acción de la luz solar sobre las materias orgánicas de las excretas.
Llamamos la atención hacia la necesidad, desde un punto de vista médico- sanitario, de adoptar, a lo largo del país, un procedimiento como éste, que no sólo evita la contaminación ambiental por aguas servidas, sino que, incluso, puede servir para la agricultura, para la piscicultura, la industria y, también, podría servir para recargar o abastecer la napa subterránea de la zona norte del país, asegurando así el suministro adecuado de agua a esas regiones que, de por sí, adolecen de una sequía crónica.
En resumen, se trata de un gran progreso de orden médico-sanitario, que impide la contaminación ambiental, por lo cual solicito que se oficie a los Ministerios de Salud Pública y de Obras Públicas y Transportes para que se contemplen, especialmente en las provincias del norte del país, plantas o lagunas de estabilización de aguas servidas.
Formulo esta petición, porque una de ¡as conclusiones del reciente Congreso de Ingeniería Sanitaria, realizado en Hueseo país, acordó propugnar la creación de una empresa nacional de obras sanitarias y a la formulación de un plan quinquenal de obras sanitarias; lo que harta mes factible ¡a pe lición que señalo.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los señores Ministros de Salud Pública y de Obras Públicas y Transportes.

22.- FONDOS Y EQUIPO MECANIZADO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE OSORNO.- OFICIO

El señor JAUREGUI.- ¿Queda algún tiempo disponible?
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Le restan dos minutos, señor Diputado.
El señor JAUREGUI.- Muchas gracias.
Señor Presidente, la Dirección provincial de Vialidad en Osorno, con frecuencia, ve entrabada su labor por algunas dificultades que, en rigor, no dependen estrictamente de su voluntad. Una de ellas se refiere a la necesidad de que el SEAM- CORFO facilite el equipo mecanizado necesario para la conservación de los caminos de la zona, equipo que consiste en un "bulldozer", un cargador frontal y cinco camiones. Hay un convenio al respecto, que establece una inversión del orden del millón de escudos. Por otra parte, la oficina de Vialidad de Osorno carece de los fondos necesarios para realizar una política caminera realmente eficiente.
Por tal motivo, solicito que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con el objeto de que se ponga a disposición de la Dirección de Vialidad de Osorno la maquinaria que he enunciado por parte del SEAM- CORFO; y también para que se destinen los fondos necesarios para que dicha repartición pueda realizar la labor de construcción y reparación de caminos en la provincia.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El oficio solicitado por Su Señoría se enviará en su nombre.
El señor KLEIN.- Y en el mío.
El señor FUENTES, don César Raúl
(Vicepresidente).- Y también en nombre del señor Klein.
El señor JAUREGUI.- Nada más.

23.- CONSTRUCCION DE UN AERODROMO EN LA ISLA MOCHA (ARAUCO).- OFICIO

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor LAEMMERMANN.- Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría, por dos minutos.
El señor LAEMMERMANN.- Señor Presidente, haciendo uso de estos dos minutos, que corresponden al Comité de la Democracia Radical, me referiré, brevemente, a un problema de la isla Mocha.
En el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, se consultó una partida de 600 mil escudos para construir un aeródromo en la isla Mocha, En la visita que hice en días pasados comprobé, desgraciadamente, que estos trabajos se estaban haciendo sin los elementos técnicos, razón por la cual se encuentran muy atrasados. Por vecinos de la localidad me informaron de que estos fondos, prácticamente, habían sido dilapidados.
Por esa razón, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro de Obras Públicas, al Departamento respectivo, con el fin de que informe al Diputado que habla en qué estado se encuentran los trabajos, cuántos son los fondos disponibles y cuántos serían los recursos necesarios para ampliar y terminar dicho aeródromo, que es fundamental para las comunicaciones del continente con la isla Mocha.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN.- Ronchas gracias.

24.- PROBLEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CARAMPANGUE (ARAUCO).- OFICIO

El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría.
El señor LAEMMERMANN.- Señor Presidente, me quiero referir también al problema del alumbrado público de la localidad de Carampangue.
La distribución de la energía' es realizada por la compañía "La Frontera", la que, a pesar de los reiterados oficios de la Municipalidad de Arauco, no ha tomado medida alguna para su mejoramiento.
Esta es una localidad que hoy día tiene mucha importancia, en vista de que dista apenas cuatro kilómetros de la planta de celulosa de Arauco. Hay enorme movimiento, nuevos habitantes y una circulación económica muy intensa, que se genera en los barrios del pueblo de Carampangue.
Por esta mala distribución o deficiencia de las instalaciones eléctricas, el pueblo, prácticamente, está sin alumbrado.
Por eso, solicito que se envíe un oficio al Ministro del Interior, a fin de que las autoridades respectivas tomen las medidas de mejoramiento que ha recabado la Municipalidad de Arauco.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión.

- Se levantó la sesión a las 21 horas 37 minutos.
Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones.