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El señor MERCADO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Fuentes, don Samuel.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Señor Presidente, creo que es bueno establecer algo ante la Honorable Cámara, y con especial énfasis ante nuestros colegas de la Democracia Cristiana, que tal vez han recibido alguna instrucción perentoria en relación a este veto.
Lo real es que en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda se discutió el financiamiento de esta ley con la presencia del señor Ministro de Hacienda, del señor Ministro del Trabajo, del Subsecretario de Previsión, del Superintendente de Seguridad Social. Con todos ellos discutimos la fórmula de entregar nuevos recursos y nuevos beneficios a los pensionados. Fue así como el Gobierno aceptó que la cuota que entregaba graciosamente en los Presupuestos de la Nación para ayudar a dar financiamiento a la ley 15.386, pasara a ser aporte efectivo en esta ley, lo que así quedó establecido, con el agregado de que este aporte fuera reajustarle de acuerdo con el alza del costo de la vida.
Luego, señor Presidente, este artículo 3° también fue debatido bastante. La Cámara lo aprobó a través de una indicación renovada. Si el Gobierno tenía interés -porque estaban presentes el señor Ministro de Hacienda y el señor Ministro del Trabajo-, bien pudo en el Senado borrar esta disposición. No lo logró. Y tampoco se hizo mucho hincapié, porque estuvo de acuerdo el propio señor Superintendente de Seguridad Social. Tan de acuerdo estuvo -y hay que hacer presente que el ¡señor Superintendente es el técnico en materia previsional donde radican todas las ideas legislativas que emanan del Supremo Gobierno a través de sus Ministros-, tan de acuerdo estuvo con estas disposiciones, que pidió al Ejecutivo oportunamente la promulgación de esta ley, porque necesitaba disponer de ella ojalá antes del 31 de diciembre. Esto fue corroborado en la discusión del proyecto de reajuste del sector público y del sector privado, en que también participaron el señor Ministro de Hacienda y el señor Superintendente de Seguridad Social.
¿De qué se trata en este artículo 3°, señor Presidente? Se trata de que primitivamente la ley 10.343, en el artículo 63, estableció que todo funcionario que hubiera jubilado con 35 años de servicio o más, al cumplir 65 años de edad tendría derecho a percibir el 75% del sueldo de su similar en servicio activo. En la ley 15.386, de Revalorización de Pensiones, dictada en la Administración pasada, se logró modificar lo de los 35 años de servicios efectivos para usufructuar de este beneficio. ¿Por qué se hizo esto? Porque se sabía que antiguamente todo funcionario que cumplía 30 años de servicio, en la Empresa de los Ferrocarriles, en el profesorado, en la Administración Pública, recibía lo que se conoce con el nombre de "sobre azul" y era lanzado a la calle. En consecuencia, a pesar de que cumpliera 65 años de edad, al correr de los años, no tenía derecho a este beneficio. Como una especie de contrapartida para las pensiones perseguidoras que se fueron concediendo después, se estableció en la ley N° 15.386, que este beneficio sólo se aplicaría a las personas con 30 años de servicios.
Pues bien, ahora se pretende que, en vez de 65 años de edad, puedan acogerse a este beneficio los funcionarios con 63 años de edad. Para esto se ha partido de un principio que se dio a conocer en una entrevista que publicó en un folleto el ex Presidente de la Cámara, Diputado Héctor Valenzuela Valderrama, a raíz de un proyecto de reforma previsional. En ese folleto se establecían las edades para jubilar y se señalaba que la exigencia de 65 años de edad era viable rebajarla a 60. Eso era lo que pedían los pensionados incorporados a la Confederación: recibir ese beneficio a los 60 años de edad. Fue así como el Superintendente, dividiendo esta diferencia de 5 años, aceptó los 63 para acogerse a este beneficio.
Ahora el Gobierno rechaza esta proposición y da como argumento un mayor gasto de 3,0 millones de escudos. El colega Cademátori ha dicho una gran verdad y yo la voy a corroborar. En una reunión que se efectuó, hace poco, en presencia de los jubilados, a la cual asistieron representantes del Partido Demócrata Cristiano, el Superintendente manifestó que no había ningún cálculo actuarial respecto del mayor gasto que se puede producir.
Imaginémonos que durante el presente año, por una coincidencia cualquiera, no haya ningún jubilado que cumpla ni 63 ni 64 años de edad, Como sólo de los 63 años arriba se otorga este beneficio, resultaría, entonces, que no habría ningún mayor gasto.
Por último, si existen 200, 300 ó 400 personas que pueden acogerse a este beneficio, es natural colegir que durante el presente año tendrán que fallecer otros pensionados, con más de 65 años de edad, acogidos a este beneficio de la perseguidora chica. ¿Qué ocurre cuando muere un pensionado, con más de 65 años, afecto al artículo 18 de la ley N° 15.386? Que esa pensión no gravita ni en un centavo en el Estado, sino que vuelve a la Caja de previsión respectiva para incrementar los respectivos fondos. En consecuencia, puede que haya una compensación en el presente año, que se incorporen 300 ó más pensionados con más de 63 años de edad a esta disposición del artículo 18 y tengan derecho al 75% del sueldo en actividad; y pueda, de otro lado, producirse una disminución en igual o superior cantidad, porque hay muchos pensionados que tienen 67, 70 u 80 años de edad, que están más cercanos a la muerte por su mayor edad, que dejan de ser una carga en el rubro de pensiones del Ministerio de Hacienda. Sabemos que los montepíos los paga la Caja de Empleados Públicos o la de Ferrocarriles del Estado o las otras organizaciones a las cuales les corresponde entregar montepío a estos sectores.
Por eso, hago un llamado formal a los colegas de la Democracia Cristiana, muchos de los cuales han manifestado su acuerdo con este planteamiento, en vista de que todos estuvimos discutiendo esta ley en conjunto con el Ministro de Hacienda. No estaba presente el señor Ministro de Economía, porque en ese tiempo no lo era y tampoco estaba subrogando al Ministro de Hacienda; de modo que no conoce este tejemaneje ni las conversaciones que hemos sostenido sobre esta materia con el Ministro de Hacienda y con el técnico en previsión chilena, el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones.
Creo que vale la pena que el Gobierno se arriesgue a ampliar este beneficio de acuerdo con su criterio previsional, manifestado en muchas ideas legislativas, por sus señores parlamentarios; de manera que en el hecho haga entrega de una jubilación del 75% del sueldo en actividad, que a muchos asusta cuando se habla de él. Creo que muy pocos señores Diputados de la Democracia Cristiana o de otros sectores se han dado cuenta de lo qué significa este beneficio. Sólo nos hemos dado cuenta los que, en muchas oportunidades, tratamos de ayudar a que los pensionados lo tengan, y nos encontramos con que, a veces, la diferencia se hace sal y agua, porque, a través de la revalorización, han estado muy cerca de recibir el 75% del sueldo en actividad y hay casos en que éste ha sido inferior al beneficio del 75%.
No crean que con esta cantidad del 75% vamos a hacer la felicidad total de los pensionados. Casi todos tuvieron muy poco grado; en consecuencia, el similar en actividad no ha subido tanto en sus rentas como para creer que con esto vamos a entregar a los jubilados un aumento sideral en las pensiones tan exiguas de que disfrutan en estos momentos.
El señor MERCADO (Presidente).-
¿Me permite, señor Diputado? Ha llegado el término de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.
El señor FUENTES (don Samuel).-
Por eso, cuando no hay un cálculo técnico, cuando no existe un cálculo actuarial efectivo de nada, -éste es un cálculo que se ha dado a vuelo de pájaro- lo que puede producirse en realidad es una matemática y muy exacta compensación entre el mayor gasto que ocasionen las personas de 63 años que se van a incorporar y el menor gasto en que se va a incurrir cuando vayan falleciendo los pensionados de mayor edad, como ocurre en la práctica, como lo acabo de decir y lo vuelvo a repetir, para que no se impresionen nuestros colegas de la Democracia Cristiana y le resten su apoyo a esta disposición que anhelan muchos pensionados de Chile.
Los representantes de la Confederación Nacional de Jubilados que les permitan incorporarse a este beneficio para mejorar sus menguadas pensiones a través de esta disposición.
Respecto al segundo inciso de este artículo 3°, dice muy claro, que lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 10.343, incluso sus modificaciones, se aplicará también a los jubilados afectos a la ley N° 10.621, cuyo mayor gasto será de cargo de la indicada ley. O sea, no hay gasto fiscal en esta disposición para favorecer a estos humildes pensionados de la prensa que trabajaron más de 30 años en medios inhóspitos, como pueden saberlo los que conocen la labor de la gente que trabajó, no con las comodidades de hoy, en imprentas o ramos periodísticos. De manera que esto no significa ningún gasto para el Fisco.
El Gobierno sostiene que es un privilegio. Bueno, pero ha manifestado siempre respecto de los pensionados, y tiene un criterio formado, que se deben mejorar las pensiones. Entonces, si por este medio se pueden mejorar, no veo por qué nos envía un veto para impedir que ese grupo, que es muy pequeño, pueda usufructuar de un beneficio de su propia ley que ellos financian.
Por eso, los Diputados radicales vamos a rechazar este veto y esperamos que nos acompañe toda la Cámara de Diputados, manteniendo el criterio que hubo respecto a los pensionados de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno nos señaló entonces en forma reiterada que ese era un gasto inmensamente grande, fuera de todo cálculo financiero, y el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, rechazó ese llamado del señor Ministro de Hacienda, frente al problema de financiamiento que se le iba a presentar, y aplicó el criterio de mantener el beneficio tal cual está en esa ley.
Aquí se trata de dar otro pequeño beneficio a un sector muy reducido y con escalas de pensiones muy disminuidas frente a lo que van a recibir otros sectores privilegiados y sobre lo cual no nos hemos pronunciado. De manera que hago este llamado cordial a los colegas; no se trata de un gran beneficio, no son miles de personas las que pueden recibirlo. Si por un lado hay un gasto, por el otro tiene la seguridad el Gobierno de que no va a aumentar mucho la cantidad de los beneficiados, ya que estos pensionados, gente de edad, se están muriendo poco a poco, algunos por hambre o por desesperación.
Por eso creo que puede haber una justa compensación entre el número de personas que se va a incorporar a este beneficio y aquel que va a ir desapareciendo. Y con ello va a disminuir el gasto fiscal también, ya que los montepíos son de cargo de las cajas de previsión y no del fisco.
De ahí que los Diputados radicales vamos a rechazar el veto del Ejecutivo, en esta ocasión.
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