REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA EXTRAORDINARIA Sesión 36ª, en martes de 3 de febrero de 1970 (Ordinaria: de 16 a 18,50 horas) Presidencia del señor Señoret. Secretario, el señor Mena. Prosecretario, el señor Lea-Plaza. INDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IV.- TEXTO DEL DEBATEI. I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- Se aprueban los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios 4120 2.- Se prorroga el plazo a la Comisión de Hacienda para emitir un informe 4121 3.- Se acuerda suspender la sesión de una Comisión permanente 4121 ORDEN DEL DIA: 4.- La Cámara continúa ocupándose del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y acuerda enviarlo a Comisión para segundo informe 4122 5.- La Cámara continúa ocupándose de las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de Gastos de la Nación para 1970, y queda pendiente el debate 4122 INCIDENTES: 6.- El señor Koenig se refiere a la adquisición de textos escolares para cursos de educación básica 4140 7.- El señor Tagle se ocupa de la violencia que está caracterizando la campaña presidencial 4143 8.- El señor Guerra solicita el envío de oficio relacionado con la plaga que afecta a las plantaciones de citrus del Valle de Pica (Tarapacá) 4144 9.- El señor Monckeberg continúan ocupándose de las investigaciones sobre labor de sociedades dedicadas a la planificación de la familia 4145 10.- El mismo señor Diputado se refiere al convenio comercial entre la República de Chile y la República Socialista de Rumania 4146 11.- El señor Lorca se refiere a los trabajos realizados en la Avenida España de Valparaíso 4146 12.- El señor Godoy se ocupa de la situación que afecta a los campesinos del asentamiento "Pedegua Bajo" de Petorca 4148 13.- La señora Marín se refiere a la limitación financiera y de matrícula en las universidades estatales 4148 14.- El señor Muñoz solicita el envío de oficio relacionado con el otorgamiento de personalidad jurídica al cuerpo de bomberos de Las Condes (Santiago) 4153 15.- El señor Palestro protesta por la indefensión de los choferes de taxis ante los ataques de que son víctimas 4156 II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS 1.- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones el proyecto de ley que establece diversos impuestos para financiar el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social 4096 2.- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira las observaciones formuladas al proyecto de ley que beneficia a doña Ester Miranda Lavín 4096 3.- Oficio del Senado, con el que comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto de ley que autoriza al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile para indemnizar a las personas que indica, por el accidente aéreo que señala 4096 4.- Informe de la Comisión encargada de conocer de la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal 4097 5.- Moción de los señores Palestro, Marambio, Núñez y Olivares y de las señoras Allende y Lazo 4119 Además, se dio cuenta de los siguientes documentos: Un oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que da respuesta al que se le dirigiera en nombre de la Corporación, acerca de la atención especial que la Embajada de Chile en Japón brindará al deportista Godfrey J. Stevens (2927). Cuatro oficios del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con los que responde a los que se le remitieran en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se mencionan: Del señor Garcés, referente a la electrificación de las localidades de Tutuquén Centro y Duraznito, en la comuna de Curicó (2518). Del señor Fuentealba Caamaño, sobre la electrificación de los pueblos de Quilitapia, El Sauce, El Soruco y El Huancho (2542). Del señor Schleyer, relativo al desarrollo turístico en la zona de Cautín y Malleco (2733) y De los señores Tapia, Ferreira y de los señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Nacional, relacionado con la aplicación de tarifas a los hoteles del país (2653). Dos oficios del señor Ministro de Educación Pública, con los que da respuesta a los que se le remitieron en nombre de los señores Diputados que se indican, relacionados con las materias que se expresan: Del señor Garcés, sobre la creación de una escuela en la localidad de Palquibudis (2167) y Del señor Rodríguez, acerca de la Escuela Nº 5, de Lontué (2673) Tres oficios del señor Ministro de Justicia, con los que responde a los que se le enviaran en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se indican: Del señor Núñez, relacionado con la creación de un Juzgado del Trabajo en Melipilla (1353) y Del señor Tejeda, respecto de la acefalia de cargos judiciales en la provincia de Biobío, y de deficiencias del nuevo edificio de la Cárcel de Los Ángeles (2672 y 2846). Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que da respuesta al que se le enviara en nombre del señor Olave, acerca de la posibilidad de trasladar una de las unidades militares de Valdivia a Río "Bueno (2914). Tres oficios del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes: Con el primero, contesta el que se le dirigiera en nombre de la Corporación, sobre la destinación de fondos en favor de la Municipalidad de Santiago para la instalación de luces de mercurio en el sector poniente de esta ciudad (2329). Con el segundo y tercero da respuesta a los que se le enviaron en nombre de los señores Diputados que se mencionan, relacionados con las materias que se señalan: Del señor Stark, relativo a la reconstrucción del puente sobre el río Queuco, en la comuna de Santa Bárbara (22969) y Del señor Cademártori, acerca de ciertos beneficios a determinados sectores de funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (1645). Dos oficios del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con los que da respuesta a los que se le remitieron en nombre de los señores Diputados que se señalan, relacionados con las materias que se expresan: Del señor Salinas Clavería, sobre la situación económica de la provincia de Cautín y la persecución de que serían objeto algunos dirigentes gremiales y campesinos de la zona (2212) y De los señores Stark, Sharpe, Ruiz-Esquide Espinoza y de los señores Diputados pertenecientes a los Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano, Nacional y Radical, referente a las conclusiones del Cabildo Abierto celebrado en la comuna de Quilleco, en relación con la Hacienda "Canteras" (2688). Tres oficios del señor Ministro de Salud Pública, con los que da respuesta a los que se le remitieron en nombre de los señores Diputados que se indican, relacionados con las materias que se expresan: De los señores Koenig, Acuña y Olave, sobre las obras de reparación del Consultorio "Gil de Castro", de Valdivia (2622). Del señor Garcés, relativo a la destinación de un médico y a la dotación de una ambulancia para la localidad de Curepto (2108). Del señor Jáuregui, referente a la habilitación del Hospital Traumatológico, de Osorno (2180). Un oficio del señor Ministro de Minería, con el que responde al que se le enviara en nombre del señor Ruiz-Esquide Espinoza, relacionado con la política económica que el Supremo Gobierno va a adoptar para permitir la elaboración en el país de la mayor parte del cobre que se produzca en Chile (1742). Nueve oficios del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con los que da respuesta a los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se mencionan, sobre las materias que se señalan: Del señor Garcés, relativo a la habilitación de locales para el Centro Comunitario y el Retén de Carabineros de la Población "Guaiquillo"; y al envío de materiales de construcción para la Operación Sitio en Aguas Negras, provincia de Curicó (2502 y 2538). Del mismo señor Diputado, sobre la expropiación de cinco hectáreas de terrenos para destinarlas a la Cooperativa de Viviendas Estero de Pichuco, en la provincia de Talca (2008). Del señor García, acerca de la construcción de viviendas en la localidad de Lastarria y destinación de fondos para reparación y mantención de aceras y calzadas en la provincia de Cautín (2422 y 2081). De la señora Marín, relativo a la instalación de alcantarillado en la Población "Huechuraba Sur", de la comuna de Conchalí, y a diversos problemas que afectan a la Población "Estrella de Chile", en la comuna de Barrancas (1432 y 1500). Del señor Koenig, relacionado con la construcción de soleras de concreto en la localidad de Pichi-Ropulli, en la provincia de Valdivia (1888) y Del señor Millas, respecto de la erradicación de la Población "Unión Progreso", de la comuna de Puente Alto (1445 y 1590). Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta al que se le dirigiera en nombre del señor Núñez, acerca del reclamo interpuesto a la Municipalidad de Alhué por dirigentes del asentamiento Santa Inés, con ocasión de la instalación de un restaurante de propiedad de doña Filomena Carrasco (2776). Un oficio del señor Contralor General de la República, con el que remite copia del decreto Nº 47, de 1970, del Ministerio de Agricultura. Un oficio de la Comisión encargada de conocer de la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal, con la que comunica que se ha constituido y designado presidente al señor Diputado don Miguel Amunátegui J. Un oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el que da respuesta al que se le dirigiera en nombre de la Cámara, relacionado con las causas que afectan a la Unión de Cooperativas Bataflor (2238). Tres presentaciones: Con la primera, el Alcalde de La Serena sugiere la conveniencia de un estudio destinado a restituir en la ley de Presupuesto de la Nación los gastos que generalmente realizan en publicidad los organismos fiscales. Con la segunda, el Comité de Adelanto de la Población "Liguna", de Pitrufquén, solicita que se autoricen los fondos destinados a las Intendencias para ejecución de trabajos comunitarios. Con la última, la Cámara de Comercio de Coltauco solicita apoyo parlamentario para el despacho del proyecto de ley que otorga previsión a los comerciantes. III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 45.- Santiago, 2 de febrero de 1970. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que establece diversos" "impuestos para financiar el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social. (Boletín Nº 24.719 del Honorable Senado). Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Patricio Rojas Saavedra." 2.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 135.- Santiago, 30 de enero de 1970. Tengo el agrado de poner en conocimiento de V. E. que se ha resuelto retirar las observaciones formuladas por oficio Nº 1.125, de 27 de septiembre de 1969, al proyecto de ley de gracia que beneficia a doña Ester Miranda Lavín, comunicado por oficio Nº 166, de esa Honorable Corporación. En consecuencia, agradecería a V. E. disponer se devuelva al Ejecutivo el referido proyecto de ley de gracia. Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Carlos Figueroa Serrano." 3.- OFICIO DEL SENADO "Nº 7774.- Santiago, 30 de enero de 1970. El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley de esa Honorable Cámara que autoriza al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea para indemnizar a las personas que indica por el accidente aéreo que señala, con las siguientes modificaciones: Artículo 1º Ha sido refundido con el inciso primero del artículo 49 del proyecto de esa Honorable Cámara, en los siguientes términos: "Artículo 1º- El Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Aviación, pagará a las personas que se señala a continuación la indemnización que en cada caso se indica, como consecuencia de los daños que sufrieron a raíz del accidente ocurrido el 19 de septiembre de 1968, en las inmediaciones de la Base Aérea "El Bosque": 1) Señora Graciela Guerra Jaramillo, Eº 19.436,00; 2) Señor Alonso Aguilar Carrillo, Eº 15.209,00; 3) Señor Luis Porras García, 14.046,00 escudos; 4) Señor Nelson Valenzuela Farías, Eº 7.589,00; 5) Señor Manuel Rojas Espinoza, Eº 8.045,00; 6) Señor Germán Riquelme Cancino, Eº 9.322,00; 7) Señor José Sergio Peralta Gárnica, Eº 11.482,00; 8) Señor Carlos Arturo Lara Pérez, Eº 10.679,80, y 9) Señor Luis Alberto Figueroa Arriagada, Eº 2.980,00.". Artículo 2º Para rechazarlo. Artículo 3º Ha pasado a ser artículo 2º, reemplazado por el siguiente: "Artículo 2°- Transfiérese a título gratuito el dominio de los siguientes inmuebles fiscales pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, ubicados en la Población "Juanita Aguirre de Aguirre Cerda", de la comuna de Conchalí, a las personas que a raíz del accidente referido en el artículo anterior sufrieron la destrucción de los inmuebles que ocupaban: casa habitación de Pasaje Génova Nº 5870, rol de avalúo Nº 3097-10 Comuna G-1, a doña Graciela Guerra Jaramillo; casa habitación de Pasaje Atenas Nº 5822, rol de avalúo Nº 3059-16 Comuna G-11, a don Alonso Aguilar Carrillo; casa habitación de Pasaje Génova Nº 5878, rol de avalúo Nº 3097-12 Comuna G-11, a don Luis Porras García, y casa habitación de calle Huechuraba Nº 1984, rol de avalúo Nº 3097-17 Comuna G-11, a don Raúl Infante Infante.". Artículo 4º Su inciso primero, como se expresó anteriormente, ha sido refundido con el artículo 1º, en los términos señalados en su oportunidad. Sus incisos segundo y tercero han pasado a inciso primero del artículo 39, con la siguiente redacción: "Artículo 3º- Concédese, por una sola vez, una subvención de Eº 48.000 al Consejo de Defensa del Niño, suma que invertirá en hacerse cargo de la mantención y educación de la menor Carmen Gloria Silva Pizarro hasta que cumpla 25 años de edad u obtenga título profesional o contraiga matrimonio". Artículo 5º Ha pasado a ser inciso segundo del artículo 3º, sustituido por el siguiente: "El mayor gasto que demanda la aplicación del inciso anterior, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y el que deriva de lo establecido en los artículos 1º y 2º al ítem "Obligaciones Pendientes" del Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Aviación.". Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en repuesta a vuestro oficio Nº 351, de fecha 2 de diciembre de 1969. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás Pablo Elorza.- Daniel Egas Matamala." 4.- INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE CONOCER LA ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA POR DIEZ SEÑORES DIPUTADOS EN CONTRA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DON EDUARDO LEON VILLARREAL "Honorable Cámara: La Comisión de Acusación designada por la Corporación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39, atribución 1ª, de la Carta Fundamental, pasa a informaros sobre la Acusación Constitucional deducida el día 27 de enero de 1970, por los señores Agurto, don Fernando Santiago; Muñoz, don Roberto; Ortega, don Leopoldo; Andrade, don Carlos, Fuentealba, don Luis; Robles, don Hugo; Schnake, don Erich; Marambio, don Joel; Jarpa, don Abel, y la señora Allende, doña Laura, en contra del Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal, "por haber dejado sin ejecución el artículo 47, inciso primero, de la ley Nº 10.383.". A.- Relación de las actuaciones de la Comisión. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento Interior, la Corporación, en sesión celebrada el día martes 21 de enero de 1970, procedió a elegir por sorteo a los miembros de esta Comisión, la que quedó integrada por los señores Alamos, don Hugo; Amunátegui, don Miguel Luis; Fuentes, don César Raúl; Klein, don Evaldo, y Magalhaes, don Manuel. La Comisión procedió a constituirse el día jueves 29 de enero, a las 12 horas y eligió Presidente de ella al señor Diputado don Miguel Luis Amunátegui. Por asentimiento unánime, acordó de inmediato, en dicha sesión, el procedimiento para el desarrollo de la labor de la Comisión: a) Solicitar la asistencia del Cuerpo de Taquígrafos a todas las sesiones que celebre; b) Sesionar el día jueves 29 de enero, de 17 a 18 horas, de 18.05 a 19.05 horas, de 19.10 a 20.10 horas y de 20.15 a 21.15 horas; el día viernes 30 de enero, de 11 a 12 horas y de l2.O5 a 13:05 Horas, y el día lunes 2 de febrero de 11 a 12 horas y de 12.05 a 13.05 horas, y c) Invitar a las siguientes personas para escuchar su opinión: a la señorita Directora del Servicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra; al señor Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones; al señor Subsecretario de Previsión Social, don Alvaro Covarrubias; al Profesor de Derecho Constitucional, don Alejandro Silva Bascuñán; al profesor de Derecho Constitucional, don Jorge Guzmán Dinator; al Director General del Servicio Nacional de Salud, don Patricio Silva, y al Presidente de la Asociación Nacional de Pensionados del Servicio de Seguro Social, don Raimundo Dormán. Todas las citaciones fueron cursadas oportunamente, sin perjuicio de la invitación formulada en conformidad a la Constitución y al Reglamento, al señor Ministro acusado, para que concurriera a hacer su defensa oral o escrita, a contar de las 12 horas del día lunes 2 de febrero de 1970. Asimismo, a petición de diversos señores Diputados, se solicitaron informes por escrito: a) Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social para que informara acerca de la forma en que se ha dado cumplimiento al artículo 47 de la ley Nº 10.383, desde la fecha de su vigencia, si ha existido déficit o superavit de fondos para dar cumplimiento a dicha norma durante el lapso referido precedentemente, sobre la nómina de las leyes dictadas con posterioridad a la vigencia de la ley 10.383, que digan relación con el Servicio de Seguro Social, y si ellas han sido despachadas por el Congreso Nacional con el adecuado financiamiento para su cumplimiento y si, con posterioridad a la vigencia de la ley 10.383, se han dictado leyes que hayan traspasado o destinado recursos del Servicio a otros fines o entidades; b) Al señor Contralor General de la República para que informara, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, sobre las vinculaciones o relaciones que existen entre el Ministro de Trabajo y Previsión Social y el Servicio de Seguro Social y la naturaleza de ellas, y c) Al señor Director General del Servicio Nacional de Salud, para que informara acerca de la manera cómo se calcula el salario medio de pensiones a que se refiere el artículo 5º de la ley 10.383, para los efectos de la aplicación del artículo 47 de la misma norma e ilustrar la explicación con un ejemplo aritmético. Posteriormente, se acordó invitar al señor Enrique Silva Cimma y al señor Contralor General de la República subrogante, don Gonzalo Hernández. El señor Ministro acusado envió su defensa escrita el día 2 de febrero de 1970, la que se inserta en el anexo de documentos con el número 13. La Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros, que en el informe que recaiga en la presente acusación, se consideren las observaciones de carácter general que se formularon durante el debate, sobre la crisis de la Seguridad Social en Chile. La Comisión facultó a la Secretaría de ella para insertar en el informe que se elabore un anexo con todos los antecedentes invocados durante el debate de la acusación que se estimen pertinentes. Como tiene importancia la cabal inteligencia de lo que debe entenderse por salario medio de subsidios, contemplado en los artículos 4º y 5º de la ley 10.383, para los efectos de la aplicación del inciso primero del artículo 47 de la citada ley, sin perjuicio de las explicaciones dadas por el señor Subsecretario de Previsión Social, don Álvaro Covarrubias, la Comisión acordó invitar al Director General del Servicio Nacional de Salud, doctor Patricio Silva, y le solicitó un informe sobre el particular. El señor Director concurrió a la Comisión e hizo llegar el antecedente solicitado, que se encuentra agregado con el Nº 14 al Anexo del presente informe, cuya simple lectura clarifica el problema y no requiere mayores comentarios. El señor Diputadlo don César Raúl Fuentes solicitó que se le permitiera formular su voto disidente con el criterio de la mayoría, proposición que no prosperó por ser improcedente reglamentariamente. Por la unanimidad de los miembros, se acordó conceder un tiempo de hasta cinco minutos al momento de la votación para que cada señor Diputado pudiera fundamentar su voto. De todo el debate habido en la Comisión se tomó versión taquigráfica, la que se encuentra a disposición de los señores Diputados. La Comisión, en tres días, fue citada a 11 sesiones, celebró en total 4, ya que se acordó el empalme de ellas; destinó al estudio de la acusación 16 horas y 19 minutos, despachó 19 oficios y escuchó a 10 personas. No asistieron, por encontrarse ausentes, los señores Enrique Silva Cimma y Jorge Guzmán Dinator. Se hace presente que la prematura del tiempo para elaborar el informe -la sesión se levantó a las 20.40 horas del día 2 de febrero- impidió extenderse en mayores consideraciones, como la importancia del tema lo requiere. B.- Síntesis de la acusación. Corresponde analizar, a continuación, la acusación deducida. El libelo acusatorio imputa al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal, la comisión de la infracción prevista en la letra b) de la atribución 1ª del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, "de haber dejado sin ejecución el artículo 47, inciso primero, de la ley Nº 10.383.". El artículo de la norma legal cuyo incumplimiento constituye el fondo de la acusación, se inserta en el Anexo de este informe signado con el número 1. Sostienen los acusadores que, en virtud del artículo 47 de la citada norma, 341.000 pensionados del Servicio de Seguro Social debieron recibir un reajuste de un 32% de sus pensiones jubilatorias a contar del 1º de enero de 1969, del cual dicho sector percibió sólo un 15%. Se afirma que por este concepto habrían dejado de percibir en 1969, la suma global de Eº 119.000.000, que se descompone en Eº 497,70 a cada jubilado por vejez o invalidez; Eº 292,80 a las viudas y Eº 74,64 a los huérfanos. Se sostiene que el Servicio de Seguro Social es "una persona jurídica de administración autónoma que depende del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y que es responsabilidad del Ministro de esa Cartera, velar por el cumplimiento de la ley", lo que no ha ocurrido en la especie. En cuanto a la fundamentación jurídica de la acusación se expresa que la" "Carta Fundamental autoriza acusar a los Ministros de Estado por lo que podría llamarse un delito de acción, "atropellar la ley" o de omisión, dolosa o culpable, como es "dejarla sin ejecución". Se define semánticamente la voz "omisión", que significa según el Diccionario de la Real Academia "abstención de hacer o decir/ falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado/ flojedad o descuido del que está encargado de un asunto". Se sostiene que la responsabilidad del señor Ministro acusado deriva del hecho de no haber arbitrado oportunamente las medidas necesarias para otorgar al Servicio de Seguro Social los recursos requeridos para dar cumplimiento al citado artículo 47 de la ley 10.383. De lo precedentemente expresado se infiere como conclusión, que la conducta del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal, implica dos infracciones: a) No haber cumplido el artículo 47 de la ley 10.383, al no haber pagado al Servicio de Seguro Social el reajuste que la citada norma establece, y b) No haber adoptado las medidas necesarias para aportar los recursos financieros requeridos con el fin de cumplir dicha norma. Se refuerza por los acusadores, la responsabilidad que se imputa al señor Ministro acusado, afirmando que durante 1969 el Ejecutivo no envió proyecto alguno destinado a financiar el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, lo que demuestra una indiferencia total ante este grave problema. Se sostiene que la iniciativa parlamentaria tendiente a obviar este problema fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado el 14 de octubre de 1969, que fue incluida en la Convocatoria el día 28 de octubre con petición de urgencia la que fue calificada de simple el día 11 de noviembre de 1969. Se afirma que el 2 de diciembre de 1969 fue retirada de la Convocatoria; posteriormente incluida y hecha presente la urgencia, ésta fue calificada de suma por el Senado; que el 9 de diciembre el Ministro acusado retiró esta iniciativa de la Convocatoria; que el 6 de enero de 1970 fue incluida nuevamente y solicitada su urgencia, la que se calificó de suma por el Senado; que el 15 de enero de 1970 el mismo señor Ministro procedió al retiro definitivo del proyecto de la Convocatoria, colocando al Congreso Nacional en la imposibilidad absoluta de poder legislar sobre esta materia. Asimismo, se afirma que el Ejecutivo se apropió del financiamiento de esta iniciativa parlamentaria para destinar sus recursos al proyecto de reajuste de las Fuerzas Armadas. Como corolario de todas estas actuaciones, concluyen que queda de manifiesto la voluntad del señor Ministro acusado de impedir por un lado la aplicación del artículo 47 de la ley y su propósito manifiesto de dejar la ley sin ejecución. Estiman que todos los antecedentes expuestos constituyen una prueba palmaria de la insensibilidad del Ejecutivo y del Ministro responsable para solucionar el problema que empecé a más de medio millón de chilenos y que constituye una burla a un sector modesto y desamparado de la población del país. Sostienen que el Ministro acusado no ha adoptado las medidas necesarias para paliar la evasión de imposiciones, lo que permitiría un incremento de los recursos del Servicio de Seguro Social que haría posible financiar el Fondo de Pensiones. Destacan, los acusadores, que el aumento de las pensiones del Servicio para el año 1970, deberá ser de un 45%, porcentaje que será imposible pagar si persiste la conducta del señor Ministro don Eduardo León Villarreal. En mérito de todas estas consideraciones, solicitan se tenga por interpuesta la acusación deducida, por el delito de haber dejado sin ejecución el inciso primero del artículo 47 de la ley 10.383 y que ella sea declarada admisible. Con el objeto de establecer en forma clara y precisa la actuación que se le atribuye en el libelo al señor Ministro acusado, durante la tramitación del proyecto de ley, de origen en una moción del señor Olivares, don Héctor, que destina recursos para el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, que se encuentra pendiente en la Comisión de Hacienda del Honorable Senado, se acordó encomendar al Secretario de la Comisión practicar una inspección ocular en el expediente, cuya acta se inserta en el Anexo del presente informe con el Nº 23. C) Síntesis de las opiniones de cargo vertidas en contra del señor Ministro acusado. Como se expresó oportunamente, al analizar el texto del libelo, el cargo específico que se formula al señor Ministro es el señalado en la letra b) de la atribución 1ª del artículo 39 de la Carta Fundamental, por haber dejado sin ejecución una ley, que en la especie es el inciso primero del artículo 47 de la ley Nº 10.383, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 163, de 26 de julio de 1968, publicado en el Diario Oficial de 13 de septiembre de 1968. Del mismo análisis se infiere que el cargo en sí, de inejecución de la ley, en el hecho se hace consistir en dos: a) No haber cumplido el artículo 47 de la ley Nº 10.383, que obliga al Servicio de Seguro Social a reajustar las pensiones, y b) El no haber adoptado oportunamente las medidas necesarias para aportar o entregar al Servicio de Seguro Social los recursos requeridos para dar oportuno cumplimiento a dicha norma. Los señores Diputados que en el seno de la Comisión apoyaron la Acusación, expresaron que había una manifiesta y flagrante actuación del señor Ministro tendiente a dejar sin ejecución la ley, el artículo 47 de la norma tantas veces citada. Sostuvieron que era responsabilidad del señor Ministro del ramo el hecho de haber retirado de la Convocatoria la iniciativa legal de origen parlamentario que tenía por objeto financiar el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social y que, todas las argumentaciones dadas durante el debate habido sobre el particular, en orden a que la causa fundamental del problema derivaba de una crisis del sistema previsional y de la política aplicada sobre el particular, hecho que no desconocían, era irrelevante y no eximía al imputado de la responsabilidad que se persigue en su contra. Concurrieron a las sesiones de la Comisión, invitados por ella, los señores Raimundo Borman, Juan Veloso, José Rodríguez y Manuel Toro, que representan a la Asociación Nacional de Pensionados del Servicio de Seguro Social. Durante la intervención de éstos, quedó de manifiesto que ellos se habían dirigido directamente al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que arbitrara las medidas financieras necesarias para resolver el déficit que afecta al Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, el que les había sugerido que se pusieran en contacto con el señor Subsecretario de Previsión Social, don Álvaro Covarrubias; pero, que no lograron ninguna solución positiva. Manifestó el señor Dormán, don Raimundo, Presidente de la Asociación de Pensionados que la Directora del Servicio de Seguro Social le había expresado que las sugerencias por ella formuladas para financiar el Fondo de Pensiones habían sido rechazadas por el señor Ministro de Hacienda, por estimarlas altamente inflacionarias. Expresó el señor Dorman que una de las causas del desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social era la destinación de recursos que desde la época del Gobierno del Presidente de la República don Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri y el actual, se habían restado del Servicio de Seguro Social para otros fines. Hizo presente que las pensiones que se obtenían eran exiguas y que sus valores habían disminuido considerablemente. Interrogado el señor Dorman si habían pedido audiencia con el Ministro de Trabajo y Previsión Social, expresó que nunca, habían sido recibidos por éste, que una vez la solicitaron y les fue denegada y se les insinuó la pidieran al señor Ministro de Hacienda porque se trataba de un problema financiero. Durante la sesión, se expresó por don Juan Veloso, Tesorero de la Asociación de Pensionados, que el monto de la pensión de invalidez con una exigencia de 402 semanas de cotización, al 31 de diciembre de 1968, era de 232 escudos y que la pensión establecida por la ley Nº 16.840, del 85% del salario industrial, significaba desde enero de 1968, una pensión de 176 escudos mensuales, la que incrementada con el 15% de reajuste, alcanzaba a 192 escudos, según lo acotó el señor Subsecretario de Previsión Social, don Álvaro Covarrubias. Manifestó el Presidente de la Asociación de Pensionados que el señor Covarrubias quedó de redactar las indicaciones para financiar el proyecto que destina recursos al Fondo de Pensiones, lo que, según el declarante, hasta la fecha no habría ocurrido. Se sostuvo durante el debate que existía una flagrante responsabilidad del Ministro acusado al no haber dispuesto el pago del reajuste de pensiones y al no haber arbitrado oportunamente las medidas necesarias para entregar al Fondo de Pensiones un adecuado financiamiento para el oportuno cumplimiento de las prestaciones a que está obligado. Se afirmó que reforzaba este planteamiento el antecedente aportado en el seno de la Comisión por la señorita Directora del Servicio de Seguro Social, y el señor Superintendente de Seguridad Social, quienes representaron en su debida oportunidad al Ejecutivo el problema financiero que afectaría al Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social. Se dijo que había existido falta de seriedad de parte del Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley pendiente en el Honorable Senado, ya que, mediante inclusiones y retiros de la Convocatoria, urgencias hechas presentes y retiradas, se había privado al Congreso Nacional de la posibilidad de legislar oportunamente para otorgar los recursos que el Fondo de Pensiones requiere. En este orden de incriminaciones se expresó que el Ejecutivo había echado mano al financiamiento contenido en el proyecto, que destinaba fondos para el referido Fondo Pensiones, para financiar el reajuste de las Fuerzas Armadas. Expresaron que la despreocupación del señor Ministro acusado era tal que ni siquiera había asistido a las sesiones 9ª y 18ª del Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social en las que se adoptaron acuerdos relativos al pago del reajuste del 32,5 al 15% como consta en las copias respectivas que se encuentran agregadas al Anexo de este Informe con los números 19 y 20. Que si bien es cierto que en el seno del Consejo Directivo del Servicio el Ministro tiene derecho a un voto no es menos cierto que lo preside y que la mayoría de la composición del Consejo la maneja el Gobierno. En el seno de la Comisión intervinieron diversos señores Diputados que apoyaron la acusación. Entre los numerosos argumentos expuestos, cabe hacer referencia, en síntesis, a las siguientes: El señor Tejeda, don Luis, expresó que la defensa del señor Ministro acusado carecía de base. Sostuvo que el hecho de que el Servicio de Seguro Social sea una institución de administración autónoma, no significa que no depende del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. De ser de otra manera, la designación de sus altos funcionarios y Consejeros, podría ser efectuada por otro Ministerio. Manifestó que se confundía el concepto de administración autónoma con el de independencia total del Servicio del resto del aparato administrativo. Que los entes autónomos no son un estado dentro del Estado. Que el señor Silva Cimma en el Tomo I, página 104, de su Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a los servicios de la administración, sin distinguir si son o no centralizados, afirma que son ejecutores del Presidente de la República en su función de administrar el país, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 60 de la Carta Fundamental. De lo expuesto infiere el señor Tejeda que el responsable de los actos de un Servicio que se relaciona con o depende de un determinado Ministerio es el Ministro de esa Cartera. Sostuvo que al señor Ministro no se le acusaba por el pago que no hizo, a título personal, sino por su responsabilidad política, administrativa, funcional, como autoridad máxima responsable de un determinado Servicio, en la especie el Servicio de Seguro Social. A mayor abundamiento, agregó que el precepto contenido en el artículo 107 de la Carta Fundamental, relativo a la descentralización administrativa, en su inciso tercero establece que la fiscalización superior de los servicios descentralizados, corresponde al Presidente de la República, por lo que se destruye la pretendida independencia que se sostiene respecto del Servicio de Seguro Social. Expresó el señor Tejeda que habían ciertos hechos indubitados, que son: a) Que el pago del reajuste de pensiones del artículo 47 de la ley Nº 10.383, se ha cumplido normalmente hasta 1968; b) Que el Ministro acusado es quien preside las sesiones del Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social, a las cuales ni siquiera asiste, y c) Que desde 1969 adelante, se ha producido un desfinanciamiento del Fondo de Pensiones, sin que el Ministro haya adoptado medida alguna para resolver esta situación. Agregó que la reciente inclusión en la Convocatoria del proyecto que destina recursos para financiar el Fondo de Pensiones, le parecía muy similar a la atenuante que existe en materia penal de tratar de reparar con celo el mal causado. El señor Ortega, don Leopoldo, manifestó que no se discutía el hecho de que el Fondo de Pensiones se había desfinanciado, pero que, pese a ello, hasta el año 1968, pagó los beneficios respectivos; pero, en 1969, el señor Ministro acusado no adoptó medida: alguna para proveer un adecuado financiamiento y dar cabal e íntegro cumplimiento a lo prescrito en el artículo 41 de la citada ley 10.383. Que había quedado de manifiesto que el señor Ministro acusado ni siquiera había recibido a la directiva de la Asociación Nacional de Pensionados del Servicio de Seguro Social, demostrando con ello una total indiferencia y negligencia ante el problema. El señor Magalhaes manifestó que los numerosos antecedentes aportados y especialmente los memorándum y comunicaciones enviados oportunamente por la señorita Directora del Servicio de Seguro Social al Ministro de Trabajo y Previsión Social, se desprendía que existió negligencia del señor Ministro acusado para buscar o arbitrar oportunamente las medidas necesarias para proveer de recursos al Fondo de Pensiones e impedir que se haya producido su crisis financiera. El señor Palestra emitió análogos conceptos en el sentido de que hubo lenidad de parte del señor Ministro acusado para el pago de todos los beneficios que las leyes han otorgado, que son justos. Que esta negligencia del Ministro queda de manifiesto si se examina la tramitación que ha tenido en el Parlamento el proyecto pendiente en el Senado que destina recursos para el Fondo de Pensiones, el que ha sido incluido y retirado de la Convocatoria en diversas oportunidades. Hizo presente también el señor Palestro que existía negligencia de parte del Servicio de Seguro Social en adoptar las medidas necesarias para evitar la enorme evasión impositiva, ya que de pagarse el total de las imposiciones que se adeudan, se contribuiría al adecuado financiamiento del Servicio de Seguro Social. El señor Alamos, don Hugo, al fundamentar su voto, expresó que la responsabilidad del señor Ministro debía considerarse desde el punto de vista de la responsabilidad del Gobierno. Que de los antecedentes aportados quedó de manifiesto que oportunamente se representó al señor Ministro acusado el desfinanciamiento existente, sin que éste hubiere adoptado las medidas que el caso recomendaba, por lo que concluye que ha existido incapacidad y negligencia para solucionar el problema, ya que en casos de mayor gravedad se han logrado recursos financieros para superar ciertas situaciones de déficit, situación ésta que es más grave cuando afecta a los pensionados del Servicio de Seguro Social. D) Síntesis de la respuesta del Ministro acusado. El señor Ministro acusado, en virtud del derecho que le confiere el artículo 141 del Reglamento Interior y 39 de la Constitución Política del Estado, envió a la Comisión su defensa por escrito, la que se encuentra íntegramente inserta con el número 13 del Anexo de documentos del presente informe. Con todo, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del artículo 143 del Reglamento Interior, se consigna a continuación una síntesis de su defensa. En primer término, sostiene que la inejecución del artículo 47 de la ley 10.383, le es inimputable, ya que ella corresponde al Servicio de Seguro Social, el que conforme al artículo 11 de la ley 10.383, es dirigido por un Consejo Directivo y dicho Servicio no forma parte de la Administración Central del Estado. Agrega, a continuación, que el propio libelo acusatorio reconoce que el Servicio de Seguro Social es "una persona jurídica de administración autónoma", lo que significa que "tiene personería" jurídica, patrimonio propio, se auto administra, tiene órganos de dirección y administración propios. En seguida, afirma que los beneficios pecuniarios que otorga el Servicio de Seguro Social le corresponde hacerlo de acuerdo al artículo 12, letra a), por mandato imperativo de la ley, al Consejo Directivo, y que en ningún momento puede responsabilizarse al Ministro de la no aplicación del artículo 47, ya que el artículo 12 señala que es deber del Consejo otorgar los beneficios a que se refiere el artículo citado. Sostener que es responsabilidad del Ministro su aplicación, es pretender que el Ministro asuma una función o ejerza una atribución que la ley no le ha conferido, lo que vulnera el artículo 4º de la Carta Fundamental. Expresa el señor Ministro acusado, que constituye un grave error jurídico la fundamentación de la acusación al pretender que el Servicio de Seguro Social depende del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Manifiesta que de acuerdo con el D.F.L. Nº 25, de 1959, que creó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de dicho Ministerio sólo dependen los servicios centrales; mientras que el Servició de Seguro Social y las demás Cajas de Previsión, de acuerdo al artículo 3º del citado D.F.L. se "relacionan" con el Ejecutivo a través de ese Ministerio, lo que difiere sustancialmente del concepto de "dependencia". A continuación, analiza la situación del Fondo de Pensiones. Agrega que su financiamiento está contemplado en la letra a) del artículo 59 de la ley 10.383. Dice que hasta 1964, el Fondo no tuvo déficit, pero sí a partir de esa fecha, pese a que fue suplementado por el artículo 55 de la ley 16.735 y 105 de la ley 16.840; y que a pesar de este desfinanciamiento, durante los años 1965, 1966, 1967 y 1968, se pagaron las pensiones con cargo a dicho Fondo, lo que se logró mediante traspasos de excedentes de otros Fondos, lo que globalmente al 31 de diciembre de 1968 significó aportar para dichos fondos 400 millones de escudos. Manifiesta que las causas del desfinanciamiento han sido las leyes previsionales que han aumentado los beneficios o disminuido los requisitos para obtenerlos, sin que se haya consultado en ellas el adecuado financiamiento; destacó que han contribuido en forma considerable a esta situación aquellas leyes que han declarado empleados particulares a quienes tenían la calidad de obreros, lo que significa que el Servicio de Seguro Social ha perdido 140.000 imponentes. Lo más grave de estas normas legales es que los pasivos no fueron considerados y continuaron gravitando sobre el Servicio de Seguro Social, mientras que los activos, con sus cotizaciones, pasaron a ser imponentes de la Caja de Empleados Particulares, debiendo el Servicio de Seguro Social soportar en consecuencia los créditos y pensiones con cargo a los demás obreros. Esto se ha traducido que, mientras por un lado se desfinancia el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, el mismo Fondo de la Caja de Empleados Particulares tiene superavit. El menor ingreso que tendrá el Fondo" de Pensiones del Servicio de Seguro Social en virtud de estas leyes, de cambio de calidad jurídica de obrero a empleado, para el año 1970, será del orden de los 130 millones de escudos. En cambio, las obligaciones del Fondo serán las mismas como si tales personas hubieren permanecido afectas al régimen del Servicio de Seguro Social. La situación se agrava cuando esas personas jubilen ya que ellas serán pensionados de la Caja de Empleados Particulares, y en virtud de la ley de continuidad de la previsión dicha entidad concurrirá al pago de uno, dos o tres 35 avos del sueldo base y los restantes 35 avos serán de cargo del Servicio de Seguro Social. Manifiesta el señor Ministro que el Gobierno representó esta situación al Parlamento durante la discusión de tales leyes e incluso, las vetó, pero el Congreso Nacional insistió en su aprobación. Finalmente se hace cargo el señor Ministro acusado de la imputación que se le hace de haber dejado sin ejecución la ley. Sobre este particular manifiesta que en derecho "a lo imposible nadie está obligado" y que si no se pagó el reajuste fue por cuanto no hubo dinero para hacerlo y si se hubieren distraído recursos de otros fondos se habría incurrido en el delito de malversación de caudales públicos. Manifiesta que no asistió a las reuniones del Consejo Directivo del Servicio de Seguro Social en que se acordó pagar sólo el 15% del reajuste, aun cuando comparte plenamente la medida, porque no había para pagar más. Reafirma su tesis de que mal puede hacérsele responsable cuando el Fondo no lo administra el Ministerio sino una entidad autónoma, que no se puede identificar con la persona del Estado y por ende mal puede haber culpa. Desvirtúa la aseveración contenida en el libelo de que el Ejecutivo se apropió y destinó. los recursos contenidos en un proyecto de ley presentado por el señor Diputado don Héctor Olivares, a las Fuerzas Armadas, dando a entender aparentemente que ello habría ocurrido respecto de la totalidad de los recursos, cuando sólo se refiere a los impuestos a las remuneraciones pagadas en dólares, sobre cuyo rendimiento se carecía de antecedentes. Afirma que es inefectivo que el Gobierno se hubiere despreocupado del problema, porque lo que ocurrió es que dio prioridad a los estudios financieros para el proyecto de Presupuesto del año 1970 y el reajuste del sector público de dicho año. Expresa que es difícil encontrar recursos financieros sin determinar las incidencias que ellos puedan acarrear y que en esa virtud el Ejecutivo se vio en la necesidad de retirar de la Convocatoria el proyecto que destinaba recursos para el Fondo de Pensiones, por la extrema urgencia que le fue calificada por el Honorable Senado, lo que impedía en tan breve lapso efectuar los estudios necesarios. Finalmente, concluye que no le ha cabido intervención alguna en el retiro de la urgencia y luego de la Convocatoria del proyecto sobre financiamiento del Fondo de Pensiones. Solicita que con el mérito de las aseveraciones y descargos precedentes se deseche la acusación constitucional deducida. E) Síntesis de las opiniones vertidas en defensa del señor Ministro acusado. La Comisión escuchó los planteamientos que sobre al particular emitieron diversas personas invitadas, entre las cuales cabe destacar el Subsecretario de Previsión Social, señor Álvaro Covarrubias, la Directora del Servicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra, el Profesor señor Alejandro Silva Bascuñán, el Contralor General de la República subrogante, don Gonzalo Hernández y el Director General del Servicio Nacional de Salud, don Patricio Silva. Es interesante sintetizar las opiniones del señor Álvaro Covarrubias, quien junto con hacer un análisis global del problema, esbozó las causas por las cuales se ha producido el desfinanciamiento del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social y, en general, de la institución misma, expresando, en primer término, que en su concepto la acusación deducida carecía de base. Fundó su aseveración en el hecho de que no es imputable al Gobierno el desfinanciamiento del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 47 de la Ley Nº 10.383. En efecto, expresó que en forma reiterada y permanente, el Presidente de la República, en los Mensajes de apertura de Sesiones Ordinarias al Congreso Nacional de los años 1967, 1968 y 1969, había advertido el grave peligro que significaba para el pago de las pensiones de jubilación del Servicio de Seguro Social el desfinanciamiento progresivo que se estaba produciendo en el Fondo de Pensiones. En el Anexo se insertan los párrafos pertinentes de los Mensajes Presidenciales de los Años 1967, 1968 y 1969 (Nºs. 16, 17 y 18). Es necesario explicar como cuestión previa, que el Servicio de Seguro Social tiene seis Fondos: 1) de Pensiones; 2) de Asignaciones Familiares; 3) de Indemnizaciones por Años de Servicios; 4) de Gastos Administrativos; 5) de Asistencia Social y 6) de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. De todos estos Fondos sólo se encuentra desfinanciado el de Pensiones, los demás han producido excedentes en sus ejercicios presupuestarios. El financiamiento con que cuenta el Servicio de Seguro Social es fundamentalmente el siguiente: (Artículo 55 de la Ley Nº 10.383). a) 5 1/2% de los salarios a cargo de los asegurados; b) 12% de los salarios a cargo de los patrones; c) Un aporte del Estado equivalente a! 5 1/2% de los salarios o rentas independientes, y subsidios, más un 5% de dichas rentas; d) El producto de un impuesto del 2% sobre el valor de los pagos hechos por el Estado y las Municipalidades, y e) La imposición de los asegurados independientes, que asciende al 15% de las rentas declaradas, que no pueden ser inferiores al salario mínimo industrial, ni superiores a tres sueldos vitales. Existen otros recursos de menor importancia. En el año 1968, el Fondo de Pensiones tuvo ingresos globales totales del orden de los 517 millones de escudos, incluyendo en ellos la suma de 62 millones de escudos correspondientes al Fondo Nacional de. Auxilio Escolar y Becas, que en virtud del artículo 55 de la Ley Nº 16.735 se destinaron a incrementar el Fondo; en virtud del artículo 105 de la Ley Nº 16.840, se traspasaron al Fondo Eº 26.836.400, provenientes de excedentes del Fondo de Indemnización por Años de Servicios y Eº 103.395.000 de excedentes del Fondo de Auxilio Social, proveniente de la Ley Nº 15.386. En resumen, los ingresos totales de Fondo de Pensiones fueron Eº 517.429.400 y sus egresos ascendieron a Eº 714.372.400, con un déficit de Eº 196.943.000, que en virtud de los traspasos de excedentes de otros Fondos se redujo a Eº 66.311.600 de déficit para el año 1968. Manifestó el señor Covarrubias que el déficit del Fondo ha ido aumentando en forma progresiva, de acuerdo al siguiente cuadro comparativo: Año Porcentaje de egresos del total de ingresos 1958 65,1 1964 98,5 1965 110,9 1966 136,3 1967 122,2 1968 138,1 (Sobre el particular ver Anexo 22). Para el año 1969 faltaba pagar íntegramente el reajuste de pensiones de jubilación, del orden de los 162 millones de escudos, y para el año 1970 se requería la suma de 290 millones de escudos, por lo que sería menester financiar, estimativamente, un total de 452 millones de escudos. A continuación, el señor Subsecretario analizó las causas que han provocado el desfinanciamiento progresivo del Fondo de Pensiones. Por su gravedad e importancia, pese a que existe versión taquigráfica de su intervención, es altamente conveniente consignarlas en este informe, porque en concepto de la Comisión, al margen del juicio político a que se encontró abocada, hay un problema de mucho mayor gravedad y trascendencia, que es la crisis del sistema previsional, la que quedó de manifiesto a través de las diversas intervenciones habidas en el seno de ella. En primer término, la causa que tiene mayor incidencia en el déficit del Fondo, es el sistema cómo se efectúa el cálculo del reajuste de las pensiones, de acuerdo al artículo 47 de la Ley Nº 10.383, en relación al artículo 75 de la misma norma legal. (Su texto se encuentra en el Nº 1 de los Anexos de este informe y la forma como se hace el cálculo se explica en el Nº 14 del Anexo). El artículo 47 de la Ley Nº 10.383, dispone que el 1º de enero de cada año se reajustarán las pensiones de invalidez, vejez y viudez en el porcentaje en que hubiere aumentado el salario medio de subsidios, siempre que dicho aumento fuere superior al quince por ciento. El salario medio de subsidios es el cuociente entre las sumas de salarios diarios que corresponden al primer día de los subsidios concedidos a cada uno de los nuevos beneficiarios de estas prestaciones y el número de las mismas personas según lo prescribe el artículo 49 de la Ley Nº 10.383. (Ver Nº 14 del Anexo). Los reajustes de sueldos y salarios del sector activo han sido últimamente inferiores a los porcentajes de aumento de las pensiones. El cuadro inserto en la página 12 del Anexo demuestra dicha afirmación. Sostuvo el señor Subsecretario, como se expresó oportunamente, que el Ejecutivo representó al Parlamento su preocupación por este problema y trató de modificar el sistema legal, por medio de indicaciones que fueron rechazadas por el Congreso Nacional. En el cuadro que se inserta en la página 12 del Anexo, se puede observar este reajuste, que a veces ha sido en perjuicio de los pensionados, ya que ha habido casos en que el índice del costo de la vida ha sido superior al porcentaje de aumento de las pensiones, como ocurrió en los años 1963 y 1964. El segundo factor que ha contribuido al desfinanciamiento del Fondo de Pensiones, ha sido la rebaja en la edad de la mujer para acogerse al beneficio de la jubilación. Originalmente, la Ley Nº 10.383 estableció el derecho a jubilar por vejez, para el hombre y la mujer, a los 65 años de edad y con una cotización mínima de ochocientas semanas de imposiciones para los hombres y quinientas para las mujeres. La Ley Nº 14.687, de 1961, rebajó a 55 años la edad de la mujer para jubilar. Como consecuencia de este beneficio otorgado a la mujer, se produjo un aumento considerable de jubilaciones de mujeres por vejez, como se demuestra en el cuadro siguiente: Años Mujeres jubiladas 1961 2.515 1962 19.054 1963 9.859 1964 9.956 1965 13.488 1966 9.876 1967 11.256 1968 12.070 Para poder apreciar la gravedad del problema, debe tenerse presente que al 31 de diciembre de 1968, de un total de 172.928 pensiones vigentes por vejez, 91.610 eran de mujeres y 81.318 de hombres, o sea, un 53% correspondía a pensiones de jubilación por vejez de mujeres, las que sólo representaban el 22,8% del total de asegurados cotizantes. Las aseguradas, para poder obtener la pensión por vejez, necesitan quinientas semanas de cotizaciones, o sea, menos de diez años de imposiciones. Agrava el problema el hecho de que el 94,2% de la actividad doméstica está constituida por mujeres, las que representan el 9,7% de las cotizantes y aportan sólo el 3,4% de los salarios en 1968. Todos estos nuevos beneficios de carácter social y previsional han gravitado sobre el Fondo de Pensiones, ya que no se proveyó para ello ningún financiamiento especial. La tercera causa del déficit del citado Fondo, es el régimen de pensiones mínimas. En efecto, desde la dictación de la Ley Nº 10.383, la Nº 11.494 y otras, hasta llegar a la Nº 15.386, se estableció un sistema de pensión mínima, tanto de invalidez como de vejez, que es del 85% del salario mínimo industrial, y la de viudez u orfandad es de 50% y de un 15% para cada huérfano, respectivamente. Ocurrió que en el año 1968 hubo pensiones que fueron concedidas y calculadas con arreglo a la Ley Nº 10.383 y resultaron de un monto inferior al mínimo fijado para ese año, de Eº 149,12. Esto obligó al Servicio de Seguro Social a financiar esas, diferencias con cargo al Fondo de Pensiones, hasta alcanzar los mínimos legales de pensiones. La cuarta causa señalada, es el éxodo de imponentes, debido al cambio de calidad jurídica que se ha otorgado a algunos obreros especializados. Interesa destacar el caso de los torneros, matriceros, electricistas y otros, que pasaron a tener la calidad de empleados particulares. Se trata de personal de alta especialidad técnica y que percibía elevados salarios y, consecuencialmente, originaba cuantiosas imposiciones. Este tipo de imponentes exceden de 140.000. En estos casos el Servicio de Seguro Social no sólo pierde a los imponentes, sino que debe concurrir al pago de las pensiones que les otorga la Caja de Previsión de Empleados Particulares, lo que desfinancia totalmente a la institución, ya que ninguna de las leyes de excepción que se han dictado sobre el particular han previsto un financiamiento especial que supla el déficit de arrastre que estos cambios de calidad jurídica implican. Se puede señalar, también, como causa del desfinanciamiento, la Ley de Continuidad de la Previsión, ya que obliga al Servicio, de Seguro Social a concurrir al pago de las pensiones que otorgan otros regímenes previsionales en condiciones más favorables y beneficiosas para los imponentes. Agrava más la situación el caso del reconocimiento de los denominados períodos de desafiliación, de acuerdo con el mecanismo de la misma ley. En efecto, en teoría, el imponente que solicita el reconocimiento de un período de desafiliación, debería financiar con su aporte la cotización que corresponda al período que se le reconozca; pero, ocurrió que el artículo 177 de la Ley Nº 16.617, ordenó que estos préstamos que se otorgan a los imponentes para el pago de esa cotización se cubran con un descuento que no puede exceder en un quinto de la pensión mínima. En el hecho, estos préstamos normalmente llegan a una cantidad aproximada a los siete mil escudos por imponente, la que no se alcanza a pagar durante la vida del deudor, y el Servicio de Seguro Social -pese a ello- le paga una pensión mínima. El Servicio de Seguro Social ha concedido más de 70.000 pensiones en virtud de este mecanismo a personas que no habrían podido tener derecho a ello, de acuerdo con la Ley Nº 10.383 y que sólo pudieron hacerlo en conformidad al mecanismo del artículo 177 de la Ley Nº 16.617. Hay otros factores que influyen en el desfinanciamiento. Puede citarse, como ejemplo, la baja cotización de determinados sectores, tales como la agricultura y las empleadas domésticas, con un promedio mensual de cotización per cápita de Eº 98,20, para los primeros y de Eº 72,03, para las segundas. Esto se traduce que cuando obtengan la pensión de jubilación, ella será muy superior al valor que efectivamente les corresponda, de acuerdo con el monto de su cotización en virtud de las leyes que han fijado los montos de las pensiones mínimas. Ha habido, desde 1958, un enorme incremento del número de pensiones. En ese año, al 31 de diciembre de 1958, ascendían a 105.612, y al 31 de diciembre de 1968, se habían elevado a 333.638, sin incluir en estas cifras las de accidentes del trabajo ni enfermedades profesionales. El corolario de estos hechos es que, según el señor Subsecretario de Previsión Social, el Fondo de Pensiones, después de realizados los traspasos que se autorizaron, de recursos provenientes de otros fondos, tuvo un déficit de Eº 66.311.600. Para el año 1969, la Superintendencia de Seguridad Social estimó que después de efectuados los traspasos, el déficit alcanzarla a la suma de Eº 182.000.000, aun cuando la Subsecretaría de Previsión Social considera que si se pagara el reajuste del 32,5%, el déficit sólo ascendería a la cantidad de Eº 160.000.000. Expresó si señor Subsecretario, que si el Servicio de Seguro Social hubiere pagado el reajuste de pensión del 32,5%, sólo habría podido satisfacer esa prestación durante cinco meses, razón por la cual prefirió de acuerdo con sus disponibilidades financieras, rebajarlo al 15%, pero pagarlo durante todo el año. Las perspectivas futuras para el año 1970, si se considera que el reajuste deberá ser de un 40%, significarían que el déficit del Fondo sería del orden de los Eº 298.000.000, que sumados a los Eº 160.000.000 del año 1969, llegaría a Eº 458.000.000. En esencia, como lo explicó el señor Superintendente de Seguridad Social, el déficit real debería estimarse en una cantidad cercana a los Eº 700.000.000, ya que no debe olvidarse que los recursos del Fondo en los años anteriores fueron insuficientes y se incrementaron con los superávit que existían en otros Fondos, como se expresó oportunamente. Manifestó el señor Covarrubias que si el reajuste de las pensiones de jubilación hubiere sido igual al índice del alza del costo de la vida, como lo pretendió el Gobierno, no se habría producido este déficit del Fondo de Pensiones y en cambio existiría un superávit de Eº 118.000.000. Por último, lo más recomendable era pagar un reajuste no inferior al índice del alza del costo de la vida y se hubiere repartido el excedente hasta el monto de su concurrencia, hasta alcanzar el índice del salario medio de subsidios. La Directora del Servicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra, ratificó los conceptos vertidos por el señor Subsecretario de Previsión Social, y frente a la consulta que le fue formulada en la Comisión de si el Servicio de Seguro Social había representado al Supremo Gobierno en 1968, el problema que se estaba produciendo, en el desfinanciamiento del Fondo de Pensiones, respondió que oportunamente lo representó al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, al Subsecretario de Previsión Social y al Superintendente de Seguridad Social, al Ministro de Hacienda y al Director del Presupuesto; pero, pese a ello, no pudo obtener que se aprobara disposición legal alguna que suplementara el Fondo de Pensiones. Los impugnadores de la acusación, y, quienes concurrieron a la Comisión para ilustrarla sobre el problema, refutaron estas aseveraciones con distintos tipos de consideración. En primer término, que el Ejecutivo desde el año 1967 había estado anunciando al Parlamento y a la opinión pública la necesidad de modificar el sistema de reajuste de pensiones del Servicio de Seguro Social, porque de no variar tal situación, se vería abocado a la crisis financiera del sistema y que el Parlamento había permanecido indiferente ante estas advertencias. Aún más, el Ejecutivo había formulado las correspondientes indicaciones a los proyectos de ley en tramitación y ellas no habían prosperado porque el Congreso las había rechazado. Se dijo, y sobre el particular hubo consenso, que uno de los factores que más había desquiciado el sistema previsional, era la ampliación de los beneficios previsionales sin el debido financiamiento. Frente al reparo de haberse destinado a las Fuerzas Armadas los recursos consultados en el proyecto que financiaba el Fondo de Pensiones, dicha medida fue aceptada por el propio Parlamento que conoció la iniciativa legal y le prestó su aprobación. Con relación al cargo de poca seriedad en la tramitación del proyecto tantas veces referido, se expresó que ello se debió a que no estaba debidamente financiado y que cuando el Ejecutivo le hizo presente la urgencia, el Senado la calificó de "suma", en términos que no permitía dar el tiempo necesario para hacer los estudios técnicos financieros necesarios, por lo que el Ejecutivo se vio en la necesidad de retirar las urgencias hechas presentes y llegar al extremo de retirarlo de la Convocatoria. En el seno de la Comisión asumió la defensa del señor Ministro acusado el señor Diputado don César Raúl Fuentes. Entre las diversas consideraciones y alegaciones planteadas por el señor Diputado durante sus intervenciones, es importante destacar, en somera síntesis, las siguientes: Que no hay vínculo de dependencia ni subordinación entre el Ministro acusado y el Servicio de Seguro Social; fundó esta tesis en que los artículos segundo y tercero del Decreto con Fuerza de Ley Nº 25, de 1959, que creó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, formuló una clara distinción entre lo que es "dependencia", con los Servicios directamente dependientes, con lo que es "relación" con el Ejecutivo y la Administración, a través de dicho Ministerio; Reafirmó sus alegaciones en que los Servicios dependientes no tienen autonomía, ni personalidad jurídica propia, ni patrimonio propio, a diferencia de lo que ocurre con los entes autónomos; Avaló su planteamiento con la opinión del señor Silva Cimma contenida en el Tomo I de su texto de Derecho Administrativo, en la página 207; Llegó a la conclusión el señor Diputado, que cualquier planteamiento o resolución que pretendiere obtener el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social del Servicio de Seguro Social, requeriría del acuerdo previo del Consejo Directivo de dicha entidad, en la cual se resuelve por mayoría de votos y su opinión vale solamente por uno. Sostuvo que la Ley Nº 10.383, en el tiempo llegó a estar en una condición imposible de ser cumplida, porque el Poder Legislativo, hecho del cual es responsable, ha aprobado leyes que han ampliado los beneficios previsionales o reducido las exigencias para obtenerlos, sin proporcionar al Fondo de Pensiones, de donde necesariamente deben pagarse, los recursos necesarios para estas nuevas prestaciones. Posteriormente, precisó que el alcance de su expresión cuando responsabilizaba al Poder Legislativo, se refiere al legislador que dictó tales leyes sin financiamiento. Expresó que la prueba más concreta de este hecho, es que sólo a partir de 1965, después de la promulgación de diversas iniciativas legales de orden previsional, se presentó el problema del desfinanciamiento del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social. El señor Fuentes desarrolló la tesis que el sistema constitucional chileno contempla tres clases de responsabilidad respecto de los Ministros de Estado: a) una responsabilidad política; que se hace efectiva a través del juicio político; b) una responsabilidad civil, previo desafuero por el Honorable Senado, como acaba de ocurrir respecto del señor Ministro de Salud Pública, en que un particular interpuso una petición de desafuero por el no pago de un beneficio establecido por la Ley de Medicina Curativa y, finalmente, c) una responsabilidad penal. Sostuvo el señor Fuentes, que si hipotéticamente hubieren existido los recursos para pagar el reajuste de las pensiones y el señor Ministro acusado lo hubiere impedido, o hubiere rebajado el monto "del beneficio, los afectados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política del Estado, podrían haber acudido al Senado en demanda del desafuero de dicho Ministro, para perseguir su responsabilidad civil por el perjuicio causado. Agregó que no era posible pretender obligarlo a ordenar un pago no existiendo recursos suficientes para ello y, por ende, no podía compelérsele a la comisión de un delito de malversación. Que en la especie, la resolución que motiva la acusación, compete al Consejo del Servicio de Seguro Social y como se dijo precedentemente, la opinión del señor Ministro es de un voto entre dieciséis. Que frente al problema del desfinanciamiento del Fondo de Pensiones, el Gobierno lo representó al Parlamento oportunamente e incluso formuló indicaciones para modificar el sistema del cálculo del beneficio; pero, el Congreso Nacional rechazó dichas iniciativas. Expresó, el señor Fuentes, don César Raúl, que la presentación de esta acusación había tenido por objeto presionar al Ejecutivo para que incluyera nuevamente en la Convocatoria el proyecto que destina recursos para financiar el Fondo de Pensiones; y aparecer "algunos círculos políticos realmente impulsando este proyecto y capitalizando los beneficios de orden político que una acción de este tipo necesariamente tiene que originar", (sic) (Sesión 4ª). Que el señor Ministro acusado no pudo ordenar el pago del reajuste de las pensiones sin violar el artículo cuarto de la Carta Fundamental. Por estas consideraciones, que recapituló y reafirmó al fundamentar su voto, concluyó que debía desecharse la acusación deducida. F.- Consideraciones generales sobre Seguridad Social. En el curso del debate habido en la Comisión de Acusación, quedaron de manifiesto ciertos hechos que revisten gravedad y que son motivo de honda preocupación, no frente al hecho contingente del juicio político, que constituye la acusación en sí, sino que por su proyección en el ámbito nacional y en lo cual no es ajena la colectividad y las autoridades en todos los planos políticos y administrativos. Destacó este particular el señor Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones Olivo, cuya intervención, constituyó un análisis crítico, objetivo y descarnado, que demuestra una crisis del sistema de la seguridad social en Chile. Con relación a la acusación constitucional en sí misma, hizo presente el señor Superintendente, que oportunamente informó a los señores Ministros del Trabajo y de Previsión Social y al de Hacienda, el grave problema que constituía el desfinanciamiento del Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social y propuso algunas sugerencias que tenían por objeto proporcionarle adecuados recursos, las que no prosperaron, por factores ajenos a la seguridad social. (Estas comunicaciones se encuentran en las páginas 2 a 11 del Anexo de documentos). La seguridad social, en su génesis, puede estimarse que es la necesidad de protección de los miembros económicamente débiles de la comunidad. El problema está, que esta prestación solidaria, de acuerdo a las concepciones clásicas de los sistemas de seguridad social, descansa sobre un concepto de conmutatividad o equivalencia del servicio que se otorga a quien lo requiere, en proporción a su aporte, contribución o cotización. Es evidente, que por múltiples factores de orden social, económico, financiero, inflacionario, etc., el monto de la prestación conmutativa que percibe el beneficiario del sistema de seguridad social es absolutamente insuficiente para satisfacer plenamente sus necesidades, se produce como dijo el señor Briones "falta de suficiencia en la prestación". Los nuevos conceptos de seguridad social consideran que no es dable aceptar que el financiamiento de los beneficios asistenciales se hagan sólo en una cotización impositiva de los sectores exclusivamente beneficiarios. Los riesgos que cubre la seguridad social son amplísimos y su campo, a medida que aumenta el progreso social, científico y tecnológico, cada día se amplían más, por lo que toda la comunidad debe concurrir a su financiamiento, ya que todos y cada uno de sus miembros integrantes están expuestos en cualquier instante a los riesgos y contingencias, que ponen en movimiento, en beneficio de ellos el sistema previsional y asistencial de la seguridad social. Hizo presente el señor Briones que la pensión mínima que se pagaba el año 1969, por el Servicio de Seguro Social era de 190 escudos y fracción y que para el año 1970 era de 370 escudos, aun cuando el Presidente de la Asociación Nacional de Pensionados, señor Raimundo Dormán, en su intervención en la sesión 3ª de la Comisión de fecha 30 de enero de 1970, expresó que había pensiones de hasta 192 escudos. (Páginas 16 y 17 de la Versión Taquigráfica de la sesión 3ª). Manifestó el señor Superintendente que el problema que afectaba actualmente al Servicio de Seguro Social era una expresión parcial inequívoca de la crisis de todo el sistema. Expresó que el sistema de Seguridad Social era de extraordinaria complejidad técnica, influían en él un desarrollo inorgánico y anárquico, que se traducía en una profusión de legislación, por presiones de grupos que se ejercen sobre los políticos para lograr determinados beneficios, que hacen imposible la conducción del sistema que no es tal sistema, sino que "asistemático". En concepto del señor Briones una de las causas del problema es la concepción misma del sistema de seguridad social, con resabios del seguro privado, que otorga una prestación conmutativa, en relación con la cotización. Sobre esta concepción original con que nació estructurado el Servicio de Seguro Social, se ha ido con el tiempo, por leyes posteriores, superponiendo una nueva estructura con una moderna concepción de la seguridad social, no fundada en el cálculo aritmético del monto de la cotización, sino en el estado de necesidad objetivo del trabajador, al que en definitiva trata de otorgársele un beneficio que no tiene relación alguna con el monto de su cotización impositiva. Puso como ejemplo de este cambio de concepción, el sistema de pensión mínima; establecido en Chile, que desde antes existía en los países de estructura socialista; pero con un sistema impositivo en aquellos que está incorporado al sistema tributario total del país y no sólo de determinados sectores. Este desajuste de la concepción institucional del sistema, mediante el injerto de una concepción de seguridad social integral, sobre un esqueleto de estructura clásica -basado en los moldes de los sistemas de seguro- ha producido según el señor Briones, un "ser andrógeno desde el punto de vista jurídico y financiero, que conspira contra la uniformidad que debe tener un sistema de seguridad social (sic) (Página 46 de la Versión Taquigráfica de la sesión 2ª). En el seno de la Comisión se expresó, que las leyes que se han dictado en Chile sobre Seguridad Social son imperfectas, porque no están concebidas con un sistema de principios y no tienen organicidad, son el fruto de injertos y superposiciones y en el fondo, en concepto del Superintendente de Seguridad Social, el problema de la crisis de la seguridad social obedece a una crisis de la estructura económica. Sostuvo el señor Briones (Superintendente de Seguridad Social) que era necesario implantar en Chile un sistema nacional de seguridad social, en que los beneficios frente a los riesgos y contingencias sean los mismos. Existe en el país una anarquía irritante en cuanto a beneficios previsionales se refiere. En efecto, se producen discriminaciones entre los distintos sectores que necesariamente puede llegar a constituir una simiente de efervescencia social. Los trabajadores, según expresó el Superintendente de Seguridad Social, técnicamente no jubilan sino que se pensionan por vejez a los 65 años de edad. Los imponentes de la Caja de Previsión de los Empleados Particulares, en cambio, tienen pensiones por antigüedad o por años de servicios, cualquiera que sea la edad que tenga si reúnen 35 años de servicios y a los 50 años de edad, tienen derecho a obtener pensión de jubilación. La asignación familiar actual para los imponentes del Servicio de Seguro Social es de 45 escudos, mientras que la de los empleados particulares es de 100. El Gobierno en los últimos Mensajes presidenciales, ha planteado el problema que afecta al régimen previsional y en el mes de agosto de 1968, envió a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que establece diversas normas de orden previsional. Se expresó en el seno de la Comisión por el señor Superintendente que la Administración de la Seguridad Social está entregada a entes autónomos, técnicamente denominados entes autárquicos, con una estructura administrativa descentralizada del sector público, que tienen una vinculación "una especie de cordón umbilical con el Ejecutivo a través del Ministro del ramo, que preside el Consejo de Administración". Destacó, que en el seno del Consejo del Servicio de Seguro Social, formado por 16 personas, la opinión del Ministro vale por un voto y este Consejo Directivo no puede otorgar otros beneficios, en materia de reajuste de pensiones, que aquel que resulte de la aplicación del mecanismo legal. Expresó, como corolario, que desde un punto de vista formal "no diviso la responsabilidad que pudiera afectarle al señor Ministro. Es evidente, que en la conducción del Estado hay una responsabilidad de las autoridades de Gobierno. Esa responsabilidad es del Presidente de la República y de los Diputados.", (sic) Es interesante destacar que el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, en la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, presentada a la Comisión Mixta de Presupuestos, el 29 de octubre de 1968, al referirse a la Reforma Previsional, expresó, entre otros conceptos, lo siguiente: "El país y especialmente los que están acogidos a alguna previsión, deben saber que el actual régimen es el producto de más de 2.000 leyes. Todas, dictadas seguramente con los mejores propósitos, pero la mayoría inconexas y sin un cálculo financiero y económico solvente. Existen más de 30 sistemas diferentes de pensiones de antigüedad, otras 30 de invalidez y otras tantas de vejez. Cada una distinta, con toda clase de discriminaciones, privilegios e injusticias irritantes. Hay regímenes donde bastan 10 años para jubilar. Es decir, hay personas que aun sin cumplir 30 años de edad están en situación de acogerse a jubilación." (sic. página 32). G.- Consideraciones de carácter jurídico en torno a la acusación deducida El artículo 39, letra b) de la atribución 1ª, consagra entre otras, como causal de acusación, respecto de los Ministros de Estado, los delitos de infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes por haberlas dejado sin ejecución. Es interesante destacar que el examen de los diversos textos y autores de Derecho Constitucional, no han prestado mayor atención a la causal de "haber dejado las leyes sin ejecución", los que sólo se limitan a mencionarla sin comentario ni análisis alguno sobre dicho particular. La Constitución contempla la posibilidad de que los Ministros de Estado incurran en los delitos que la norma contiene o enumera. El Código Penal define el delito como "toda acción u omisión voluntaria penada por la ley (artículo 1º). La norma referida permite formular una gran clasificación de los delitos: 1º por acción y 2º por omisión. Del análisis del precepto constitucional se desprende que el Constituyente contempló ciertas figuras delictivas que son de acción, tales como la traición, la concusión, la malversación de caudales públicos, el soborno, la infracción de la Constitución y el atropellamiento de las leyes. Pero también contempló los delitos de omisión, como es el de haber dejado sin ejecución las leyes. Si analizamos el cargo específico que se formula al señor Ministro acusado, es haber dejado sin ejecución, o sea, sin cumplir, vale decir incumplida, la obligación que pesa sobre el Servicio de Seguro Social de reajustar anualmente las pensiones de jubilación de sus imponentes de acuerdo con lo preceptuado en el inciso primero del artículo 47 de la ley Nº 10.383 en concordancia con lo previsto en los artículos 4° y 5º de la misma ley. Para tener un concepto claro de lo que debe entenderse por delito de omisión, tenemos que remitirnos a la doctrina penal, la que distingue dos categorías: los de omisión simple o propiamente tal, que constituyen la regla general y los denominados de comisión por omisión. Los delitos de omisión simple, implican el quebrantamiento de una ley imperativa. Consisten en la no ejecución de un acto positivo que se tiene el deber jurídico de efectuar. El profesor del Río, al referirse a ello los define como "la no realización del acto esperado y legalmente exigible". Dentro del sistema positivo chileno, constituyen delitos de esta especie los descritos en los artículos 134, 229, 237, 238 y otros del Código Penal. También es un delito de esta naturaleza el que comete el ciudadano que no se inscribe en los registros militares cuando tiene la edad legal para hacerlo (infractor); el que llamado a reconocer filas, no se presenta al cuartel (remiso); el ciudadano que no concurre a las urnas a emitir su voto sin hallarse impedido por causal legal. En cambio los delitos de comisión por omisión, que podrían también llamarse de acción por omisión, porque desde el punto de vista técnico penal las voces "acción" y "comisión" para este efecto deben estimarse sinónimas, se presenta cuando el precepto legal violado es prohibitivo y el resultado se alcanza mediante una omisión, estando obligado el agente a actuar, sea por mandato legal u obligación personalmente contraída, o porque la situación de riesgo o peligro deriva de su propia actuación voluntaria. Ejemplo típico de este caso es el de la madre que da muerte a su hijo por inanición, al no proporcionarle alimento. Técnicamente la diferencia entre los delitos de omisión y de comisión por omisión, se encuentra en que en el primero se infringe una norma imperativa y en el segundo, se vulnera un precepto prohibitivo. La comisión invitó al profesor don Alejandro Silva Bascuñán, quien hizo un interesante análisis doctrinario de este problema, que se encuentra contenido en las páginas 64 a 75, inclusive, de la versión, taquigráfica de la sesión 2ª. Sin perjuicio de esa exposición, se estima conveniente puntualizar en este informe, en líneas generales, el planteamiento medular del profesor de Derecho Constitucional don Alejandro Silva Bascuñán, con el objeto de facilitar el análisis del problema a los señores Diputados. El señor Bascuñán, sentó como premisa de su exposición, el hecho de que debe existir un paralelismo en el campo de responsabilidad de la acción y de la omisión. Tal como se es responsable de lo que se puede y debe hacer (acción), se es responsable también de los que se deja de hacer, que se debe hacer. No es posible interpretar la Constitución en orden a que se puede ser más responsable por la acción que por la omisión ni viceversa. Sostuvo el señor Silva Bascuñán que para que exista el delito por omisión, debe tratarse de una omisión voluntaria y así lo infiere del texto mismo del precepto de la Constitución Política "por haberlas dejado sin ejecución" y la palabra "dejar" implica la idea de "abandonar", "negligencia" y "prescindencia". Esta omisión voluntaria, sólo lo es, cuando se tiene pleno y cabal conocimiento de la situación existente y de la responsabilidad que acarrea el observar frente a ella una actitud pasiva, de inacción, de falta de movimiento, para ejercer las facultades que le otorga el mecanismo legal vigente frente a tal situación. Precisó a continuación que esta omisión debe producirse dentro del campo de la esfera jurisdiccional, más precisamente dentro del plano de su competencia, dentro del conjunto de deberes y obligaciones que le corresponden como Ministro en el cuadro estatutario de la Administración. De esto se infiere como conclusión necesaria que es preciso fijar su campo de acción como Ministro, para valorar su responsabilidad por omisión, ya que es obvio que no es posible responsabilizar a un Ministro por algo que esté fuera de su esfera de competencia como tal. Concordante con esta línea de pensamiento, la omisión punible debe ser dentro del campo de sus atribuciones constitucionales y legales y no competer a otros organismos o entidades, ya que no podría ejercer sus atribuciones para no incurrir en la omisión, con infracción al ordenamiento jurídico o invadiendo el campo de competencia y atribuciones de otro. Técnicamente habría falta de exigibilidad en su conducta material. El señor Subsecretario hizo presente que para el análisis del problema a que se encontraba abocada la Comisión había que considerar específicamente el campo de acción del Ministro. Es evidente que es responsable directo e inmediato de todos los actos del personal que directamente depende de él, tales como el Subsecretario, los del personal de Secretaría y todas las personas a, su cargo. En este caso, cualquier acto, de acción u omisión implica para el Ministro del ramo una responsabilidad de primer grado. Pero, tenemos enseguida que el Ministro tiene una relación de superioridad frente a ciertos Servicios, dependientes directos del mismo, que están sujetos a una subordinación directo o mediata, tales como la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social. En este caso, las responsabilidades por las conductas de acción u omisión de estos organismos, implican una responsabilidad indirecta del Ministro que, según el señor Silva Bascuñán, puede clasificarse como de 2º grado. Pero, existe finalmente, un tercer tipo de vinculación, la que tienen determinados órganos semifiscales y autónomos, cuya vinculación o nexo con la administración central se produce a través del Ministerio del ramo, y el Ministro de la respectiva cartera que preside los Consejos de esas instituciones, responsabilidad de 3º grado. Sostuvo que en el caso de autos, es necesario precisar si existió la situación de hecho; si ella fue conocida por el Ministro; si el Ministro incurrió en omisión y si actuó, si podría llegar a ser eficaz su actuación, es decir, si estaba dentro de la esfera de sus atribuciones. La opinión personal del señor Silva Bascuñán, es que frente al caso particular que nos ocupa, "si acaso la responsabilidad frente al Servicio de Seguro Social se relacionaba con un acto, y, por lo tanto, con una omisión que dependiera de la plena atribución del Ministro que es muy distinto que el acto u omisión relacionado con un simple requerimiento que se podría hacer a otra autoridad para que dispusiera el movimiento". Si, por ejemplo, el problema consistía en el orden financiero, el Ministro puede llegar hasta el momento de requerir al Ministro de Hacienda, al Presidente de la República, al Parlamento, para que haga algo, pero no se le puede hacer a él responsable, tiene que ser de responsabilidad de otros órganos personales o colegiados, dentro del cuadro constitucional", (sic.) (página 67 de la versión de la sesión 2ª). Expresó el señor Silva Bascuñán que no podía extremarse el análisis de la causal de la acusación por omisión hasta el límite que no puede pedirse la ejecución o cumplimiento de una ley y sancionarse la omisión cuando ella entraña el atropella- miento del ordenamiento jurídico, ya que implicaría obligar a cometer, incluso, un delito. Es importante destacar que con relación a las vinculaciones existentes entre los institutos previsionales con el Ejecutivo, el señor Superintendente de Seguridad Social expresó que se trataba de servicios descentralizados que se relacionan con el Gobierno por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Expresó que dependen del Gobierno, pero precisó que ello era en el sentido de las vinculaciones de aquellas materias que están específicamente intervenidas, tales como aprobación de presupuestos, de consejeros, designación de Director del Servicio o Vicepresidente Ejecutivo. El señor Álvaro Covarrubias expresó que sobre este particular el D.F.L. Nº 25, articulo 2º, de 29 de octubre de 1959, formuló una clara distinción entre los organismos que dependen del Ministerio del Trabajo con los servicios que se relacionan con el Ejecutivo a través de este Ministerio (Art. 3º). La Comisión solicitó informe al señor Contralor General de la República acerca de la naturaleza y las vinculaciones existentes entre el SSS. y el Ministerio del Trabajo, el que se encuentra inserto en el anexo de este informe signado con el número 21. Sin perjuicio de esta información, la Comisión acordó invitar al Contralor General Subrogante, don Gonzalo Hernández Uribe, quien concurrió a ella y amplió y complementó el informe de ese organismo en los términos en que da testimonio la versión taquigráfica de la sesión 4ª. Con todo, es interesante precisar la opinión dada por la Contraloría sobre este problema. Sostiene el dictamen 7280, de 2 de febrero de 1970, que, de acuerdo al artículo 1º del Decreto 534, de 1962, que aprobó el Reglamento Interno del SSS., que éste constituye una institución de previsión social de carácter previsional que se relaciona con el Supremo Gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Se trata, en la especie, de un organismo funcionalmente descentralizado cuyo jefe superior es el Director General y que lo administra un Consejo Directivo que preside el Ministro del Trabajo. En concepto de la Contraloría no constituye una repartición dependiente, pues por su naturaleza es una institución semifiscal, goza desde un punto de vista administrativo de autonomía y el Ministro del ramo no es superior jerárquico no obstante que preside el Consejo Directivo y puede participar directamente en las decisiones relacionadas con su política financiera, todo ello sin perjuicio de las atribuciones del Ejecutivo, que puede hacer valer a través del Ministerio en la designación de los Jefes del Consejo, del Director, establecimiento de las normas de fijación de balance y presupuesto anual. En su intervención el señor Hernández dijo que los servicios podían ser de 3 clases: centralizados, descentralizados y acentralizados. Los servicios centralizados dependen del Presidente de la República, carecen de patrimonio propio y de personalidad jurídica ya que ésta se confunde con la del Estado. Los servicios descentralizados admiten una clasificación en funcionalmente y territorialmente descentralizados. Son servicios funcionalmente descentralizados las empresas del Estado, las instituciones semifiscales y los establecimientos públicos. "Ejemplo de servicios territorialmente descentralizados son las Municipalidades y las Asambleas Provinciales. Esta concepción de servicios descentralizados que en doctrina se llaman entes autárquicos, nace con posterioridad a la Constitución de 1925. El SSS es un caso de aquellos funcionalmente descentralizados y constituye una institución semifiscal. Las características de estas entidades es que gozan de autonomía, tienen personalidad jurídica propia, tienen capacidad jurídica para actuar, tienen patrimonio propio y autonomía para la ejecución de ciertos actos inherentes al cumplimiento de sus fines con arreglo a la ley Orgánica de su Servicio. Con relación a la autonomía de ellos, expresó el señor Contralor, que ella no es absoluta, ya que el único caso que existe en el sistema jurídico vigente es la Contraloría General de la República que constituye un servicio acentralizado, porque un precepto constitucional así lo consagra. En esta virtud la autonomía de estos entes es relativo porque todos los servicios tienen una vinculación con el Ejecutivo, con el Jefe de Estado, que constituye una especie de cordón umbilical y ello porque de acuerdo al artículo 60 de la Carta Fundamental, el Presidente de la República es el administrador del Estado y existe lo que en doctrina jurídica se ha denominado "tutela administrativa". En uso de estas facultades el Ejecutivo designa a los Directores o Vicepresidentes, al Fiscal, a sus representantes directos, aprueba las plantas, aprueba los Presupuestos y las modificaciones de unos y otros. H.- Conclusiones y resolución final Una vez cerrado el debate, en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión, se procedió a votar la acusación constitucional, y fundamentaron su voto los señores Magalhaes, Alamos y Fuentes, don César Raúl. Votaron por la afirmativa los señores Magalhaes, Klein, Alamos y Amunátegui y por la negativa, el señor Fuentes, don César Raúl. A continuación, una vez proclamado el resultado de la votación con la misma mayoría, se aprobaron los considerandos en que se basó la resolución de mayoría, que son los siguientes: Visto y teniendo presente: 1.- Que el SSS depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 2.- Que la responsabilidad de esta Cartera corresponde al Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal. 3.- Que de los antecedentes aportados durante el debate se desprende que la señorita Directora del Servicio de Seguro Social y el señor Superintendente de Seguridad Social, representaron oportunamente al señor Ministro del Trabajo el grave problema de desfinanciamiento del Fondo de Pensiones del SSS. 4.- Que los funcionarios mencionados precedentemente, insinuaron al señor Ministro del ramo; algunas" medidas que de haberse traducido oportunamente en iniciativas legales, habrían permitido financiar adecuadamente el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social. 5.- Que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social no ha patrocinado proyecto de ley alguno que tenga por objeto financiar el Fondo de Pensiones y que la iniciativa sometida a la consideración del Congreso, tuvo su origen en una moción del señor Diputado don Héctor Olivares. 6.- Que el Ejecutivo ha colocado al Congreso Nacional, a la fecha de presentación de la Acusación, en la imposibilidad de poder legislar sobre esta materia, al retirar el proyecto respectivo de la actual Convocatoria a Sesiones Extraordinarias. 7.- Que el Ejecutivo procedió a destinar parte de los recursos financieros previstos en el proyecto de ley de origen en una moción del señor Olivares, para financiar el reajuste a las Fuerzas Armadas. 8.- Que la alegación de la ausencia de vínculo de dependencia entre el SSS. y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, es irrelevante, por cuanto cualquiera norma legal que se hubiera dictado sobre el particular, no puede infringir los artículos 60 y 107 de la Constitución Política del Estado, que contempla la descentralización administrativa, cuyo inciso final establece que la vigilancia superior de los servicios descentralizados corresponde al Presidente de la República; 9.- Que por los cuadros de estructura jurídico-administrativa, en lo que se refiere a previsión y seguridad social, ella" corresponde y queda entregada a la responsabilidad directa y personal del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. Por todas estas consideraciones, vuestra Comisión declara que ha lugar a la proposición de admisibilidad de la acusación deducida por diez señores Diputados en contra del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Eduardo León Villarreal, por haber dejado sin ejecución el artículo 47, inciso primero de la ley 10.383, en los términos en que da testimonio el libelo acusatorio. Sala de la Comisión, a 3 de febrero de 1970. Acordado en la sesión 4ª, celebrada el día lunes 2 de febrero de 1970, con asistencia de los señores Amunátegui (Presidente), Alamos, Fuentes, don César Raúl, Klein y Magalhaes. Se designó Diputado informante al señor Amunátegui, don Miguel Luis. (Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de la Comisión". 5.- MOCION DE LAS SEÑORAS ALLENDE, DOÑA LAURA; LAZO, DOÑA CARMEN Y DE LOS SEÑORES PALESTRO, MARAMBIO, NUÑEZ Y OLIVARES "Honorable Cámara: En la ciudad de Puerto Montt, se arrastran sin solucionarse, apremiantes problemas habitacionales que afectan a numerosos y antiguos pobladores, ocupantes, mejoreros, etc. Tal es el caso de la conocida Población Modelo, tan antigua que data de los tiempos de la Caja de la Habitación Barata, y en la cual unas 300 familias permanecen en un status de incertidumbre que no tiene visos de terminar. Esta gente se halla agrupada en una Organización de Pobladores Corví; pero ni aún así, logran adelantar en la solución de su problema de radicación y propiedad definitiva por cuanto se ha venido a complicar la situación con la declaración de "zona no edificada y reservada a áreas verdes", de la que ocupan, por defectos telúricos y vulnerabilidad a los sismos, todo lo cual se habría establecido en informes de técnicos en geología. De modo, pues, que aquellos pobladores, todos ocupantes de buena fe, o poseedores regulares, que han pagado por los derechos que ostentan y han efectuado importantes mejoras en sus sitios respectivos, no podrán llegar a tener el título definitivo de propiedad. A esos pobladores se les ha ofrecido trasladarlos, pero tal desplazamiento les significa perder el valor de lo que han pagado por la posesión de sus sitios y, en segundo lugar, perder las mejoras que han construido; en suma comenzar de nuevo. Comprenderá la H. Cámara que tal situación no es justa. De modo que cumple buscar, con la prontitud que el caso requiere, una solución justa que venga a remediar tan grave problema social. Al respecto hay que tener en cuenta que existe un organismo estatal específicamente creado para tales eventos, como es la Corporación de Servicios Habitacionales. De ahí es que, conscientes de la necesidad de acudir, con la mayor prontitud, en ayuda de los ocupantes de la Población Modelo de Puerto Montt, propongamos que, para solucionar el problema reseñado, se acepte el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º- La Corporación de Servicios Habitacionales entregará a título gratuito de dominio los terrenos que esta Corporación posee en la Población Modelo de Puerto Montt, a sus actuales ocupantes y lo que hayan sido ocupados por convenios o compra de derechos a la antigua Caja de la Habitación Barata, procediendo a construirle una vivienda definitiva, en el caso de que la o las viviendas de estos pobladores, no sean aptas para su habitación. La Corporación de Servicios Habitacionales no exigirá ningún tipo de ahorro previo para iniciar estas obras y los dividendos, no podrán ser en ningún caso, superiores al 10% de las rentas que gocen los beneficiados. Artículo 2º- Los actuales ocupantes de la Población Modelo de Puerto Montt, que ocupen terrenos que hayan sido declarados áreas verdes, por informes de técnicos en geología, y que deban ser trasladados de su actual ubicación, o a quienes se les notifique que deben hacer abandono de los predios que ocupan, deberán ser indemnizados por la pérdida" de sus derechos sobre los sitios que ocupan y por las mejoras construidas, pudiendo la CORHABIT, producir esta compensación con la entrega de otros sitios con otras construcciones, las que en ningún caso en su valor, podrán ser inferiores a las que se fije para las viviendas y sitios que actualmente ocupan. Artículo 3º- La tasación del avalúo de las actuales viviendas, será determinada por una comisión integrada por el señor Intendente de la Provincia, el Alcalde de la comuna de Puerto Montt, un representante de la Corporación de Servicios Habitacionales, un representante de la Dirección General de Impuestos Internos, un representante designado por los pobladores y uno de la Central Única de Trabajadores. El Intendente y el Alcalde podrá delegar estas funciones, y la Comisión podrá funcionar hasta con un mínimo de 4 de sus miembros. De ninguna manera se podrá ordenar ü obligar un traslado o erradicación de los pobladores, sin que se cuente con el informe de la Comisión que fija el avalúo de la vivienda que debe ser desocupada. Artículo 4º- Para los efectos de estos traslados, no será exigible las cuotas de inscripción, ni el ahorro previo que exige la Corporación de Servicios Habitacionales y los saldos que resulten a favor de la Corporación Habitacional, por viviendas de costo superior al avalúo fijado por la Comisión, serán cancelados, en el plazo de quince años, con dividendos no reajustables. (Fdo.): Mario Palestro R.- Laura Allende G.- Carmen Lazo C.- Joel Marambio P.- Matías Núñez M.- Héctor Olivares S." III.- TEXTO DEL DEBATE. - Se abrió la sesión a las 16 horas. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 33ª, 34ª y 35ª extraordinarias quedan a disposición de los señores Diputados. Se va a dar lectura a la cuenta. - El señor LEA-PLAZA (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. 1.- ACUERDOS DE LOS COMITES El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos que adoptaron los Comités Parlamentarios en la reunión celebrada al mediodía de hoy. El señor MENA (Secretario).- Reunidos los Comités Parlamentarios, bajo la Presidencia del señor Mercado, con asistencia de la totalidad de ellos, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos, en relación con la discusión y despacho de la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro del Trabajo y Previsión social, don Eduardo León Villarreal: 1.- Celebrar una sesión especial el día de mañana, miércoles 4 del presente, de 10 a 20.30 horas, con el objeto de discutir y votar la referida acusación. En consecuencia, la sesión ordinaria de mañana queda suspendida. La especial se regirá por el siguiente procedimiento: a) El señor Diputado informante podrá usar de la palabra hasta por el término de una hora y media; b) El señor Ministro acusado podrá hacerlo hasta por dos horas y media, de acuerdo con el Reglamento; c) El Comité Demócrata Cristiano dispondrá de un tiempo de hasta 90 minutos; d) Los Comités Radical, Socialista y Comunista dispondrán, cada uno, de hasta 40 minutos; e) El Comité Nacional podrá usar de la palabra hasta por 30 minutos; f) El Comité Independiente dispondrá de hasta 15 minutos; g) Votar la acusación no antes de las 19 horas; h) El Presidente podrá suspender la sesión a contar de las 13 horas, por una sola vez, sin que rija la limitación reglamentaria; e i) El señor Diputado informante, el señor Ministro acusado y los Comités Parlamentarios podrán usar de los tiempos concedidos a su arbitrio, pudiendo cedérselos entre sí. Las interrupciones que se concedan serán con cargo al tiempo del Comité de quien las obtenga. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento, se declaran aprobados estos acuerdos por haber sido adoptados unánimemente por la totalidad de los señores Comités. 2.- PRORROGA DE PLAZO PARA INFORMAR UN PROYECTO El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para conceder un nuevo plazo, de 10 días a la Comisión de Hacienda, con el fin de que emita el informe sobre la importación de maquinarias efectuada por la firma Xerox Corporation. Acordado. 3.- SUSPENSION DE SESION DE COMISION PERMANENTE El señor FUENTES (don César Raúl).- Solicito un minuto para hacer una petición. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que el señor César Raúl Fuentes pueda intervenir por un minuto. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, es muy breve. Quiero pedir... El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, solicito un minuto para formular una petición. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El señor Lavandero también solicita la palabra. El señor GUERRA.- Pido que se me concedan tres minutos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El señor Guerra solicita que se le concedan también tres minutos. El señor ACEVEDO.- No, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Puede continuar el señor Fuentes. El señor FUENTES (don César Raúl).- Sólo quiero pedir la venia de la Sala para suspender la sesión ordinaria de mañana miércoles 4, fijada para las 11 horas, de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque la Cámara está citada casi a la misma hora para conocer de la acusación constitucional. No he conversado con los demás miembros de la Comisión, pero creo que sería procedente y conveniente acoger esta petición. Como tiene que acordarlo la Sala, quería solicitar el asentimiento de ella para suspender la sesión ordinaria de mañana de la mencionada Comisión. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para suspender dicha sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? Acordado. El señor LAVANDERO.- ¿Me permite? Es sobre lo mismo. Para pedir que se suspendan por un mes las sesiones de la Comisión Investigadora de Asuntos Universitarios, mientras llega un informa. El señor SEÑORET (Vicepresidente). Solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al señor Lavandero. El señor ACEVEDO.- No. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor LAVANDERO.- ¿Por qué se opone? 4.- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE TRIBUNALES.- SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Entrando en la Tabla del Orden del Día, corresponde seguir ocupándose, en segundo trámite constitucional, del proyecto, con urgencia calificada de "simple", que introduce diversas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales y establece otras normas relativas al Poder Judicial. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Concha; y de la de Hacienda, el señor Giannini. - El proyecto, impreso en los boletines N°s. 337-69-2 y 337-69-3, figura en la, versión de la sesión 35ª extraordinaria. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Me permito hacer presente a la Sala que este proyecto deberá ser despachado en general en la presente sesión. En discusión general el proyecto. El señor LAGOS (Ministro de Justicia).- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor LAGOS (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, a petición de diversos sectores políticos, quiero anunciar, en nombre del Ejecutivo, que vamos a retirar la urgencia de este proyecto, con el objeto de dar mayor tiempo a la Cámara para un estudio más detenido del mismo. Huchas gracias. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación general el proyecto. Si le parece a la Sala, se aprobará en general. Aprobado. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para emitir la lectura de las indicaciones que se han presentado y enviar el proyecto a Comisión para segundo informe "Acordado. El señor MILLAS.- Entiendo que está vigente el acuerdo de prórroga de plazo para presentación de indicaciones. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Así es. Pasará a Comisión para segundo informe. El señor ACEVEDO.- Con el plazo de presentación de indicaciones a cada artículo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Así está acordado, señor Acevedo. 5.- PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS DE LA NACION PARA 1970.- OBSERVACIONES El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Corresponde continuar tratando las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que aprueba el cálculo de entradas y la estimación de gastos del presupuesto corriente y de capital de la Nación para 1970. -Las observaciones del Ejecutivo, impresas en el boletín Nº 11.147-0, aparecen en la versión de la sesión 27ª. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la disposición que corresponde discutir. El señor MENA (Secretario).- En la página 20ª del boletín comparado se propone por el Ejecutivo suprimir la glosa que a continuación se indica, desde: "Debiendo destinarse las sumas necesarias para la construcción de los locales de la Escuela de Servicios y Técnicos Especializados de Calama, de las Escuelas Industriales de Calama e Illapel, de la Escuela Pública Nº 16 de Calama, de la Escuela Nº 2 de Freirina y de la Escuela de Guangualí, comuna de Los Vilos, como también a la terminación del local del Liceo de Illapel, a la construcción de la segunda etapa del local del Liceo de Coihaique y del gimnasio de la Escuela Industrial de Constitución, a la habilitación del local del Liceo de Gorbea, a la transformación del antiguo Hospital de Traiguén en el local escolar y a la reconstrucción de los locales de las Escuelas de Cerro Castillo, departamento de Coihaique, Industrial de Lebu, de Queler (Chemchi, Isla Cancahue), y de Localidad, de Pureo, de Coñico y de San José, departamento de Castro." El señor ACEVEDO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, no estoy seguro si en la sesión anterior alguien pidió que se votara en forma separada la última parte, que dice "y Eº 500.000 para reparaciones del local del Museo de Bellas Artes de Santiago." De no ser así, yo lo solicito ahora. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Señor Diputado, no está en discusión esa parte. Sólo se dio lectura hasta donde dice "Departamento de Castro". El resto se tratará aparte. El señor ACEVEDO.- Conforme. El señor CLAVEL.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, los Diputados radicales vamos a votar en contra el veto del Ejecutivo, y yo en forma muy especial, porque impide la construcción del local para la Escuela de Servicios y Técnicos Especializados le Calama, departamento del Loa, de mi provincia. Dicha Escuela, desde su creación, hace muy pocos años, no ha podido contar con los fondos suficientes para ampliar y reparar sus salas y dependencias, por lo que su funcionamiento, improvisado en un comienzo, ha continuado en forma difícil. Por esta razón, y porque, en el aspecto educativo, junto con perjudicar al departamento de El Loa, de la provincia de Antofagasta, perjudica a varias otras ciudades que representan en esta Cámara diversos colegas de mi partido, votaremos en contra el veto del Ejecutivo. Nada más y muchas gracias. El señor FUENTEALBA (don Clemente).- Señor Presidente, en efecto, esta observación del Ejecutivo elimina algunas destinaciones de fondos para la construcción de locales escolares en diferentes provincias. Así, entre otras, perjudica a la Escuela Industrial de Illapel y a la Escuela de Guangualí, de la provincia de Coquimbo. Evidentemente, testa observación significa no conocer el problema que se les presenta a esta escuelas rurales. La de Guangualí, que tiene de todo, menos de escuela, está funcionando en una mediagua, y al destinarse estos fondo no se cumple sino con la obligación que tiene el Gobierno de construir locales adecuados para que los niños puedan recibir enseñanza. Mediante el veto también se impide la terminación del local del Liceo de Illapel. La realización de estas obras es de mucha importancia, sobre todo para la provincia de Coquimbo donde no existe trabajo como consecuencia de la sequía, pues permitiría paliar, en parte, sus estragos. Por lo tanto, vamos a votar en contra el veto del Ejecutivo. Nada más. El señor TAPIA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado. El señor TAPIA.- Señor Presidente, también anuncio los votos en contra al veto del Ejecutivo de los Diputados nacionales, porque, aparte de las varias razones que han dado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, además figuran perjudicadas cinco modestísimas escuelas de la provincia de Chiloé, cuya construcción se ha estado "tramitando" desde hace varios años. Esto es mucho más grave todavía si se considera el hecho de que la misma comunidad ha tratado de aportar elementos para ello. La gente, con sus modestas economías y con algunos beneficios, ha juntado algunos pesos. Así han podido comprar maderas y algunos han regalado arena. Pero a pesar de estos esfuerzos y de los materiales que han reunido, que son de muy escaso valor, no se ha podido dar satisfacción, como digo, desde hace tantos años, a la construcción de locales para las escuelitas de San José, la que hoy día prácticamente no existe, porque los alumnos reciben sus clases en un galpón, de Coñico y de Pureo, en la comuna de Queilén. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la observación del Ejecutivo. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado, por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 35 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación. Si le parece a la Cámara, se acordará insistir con la votación inversa. El señor MONARES.- No. El señor ACEVEDO.- Que se vote, entonces. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En votación la insistencia. - Efectuada la, votación en forma eco- nómica, dio el siguiente resultado: por la Afirmativa, 35 votos; por la negativa, 10 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- La Cámara acuerda insistir. En discusión la observación a que va a dar lectura, a continuación, el señor Secretario. El señor MENA (Secretario).- En el párrafo tercero de la glosa, a continuación de Museo Nacional de Historia Natural, se suprime: "y Eº 500.000 para, reparaciones del local del Museo de Bellas Artes de Santiago." El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 31 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. Si le parece a la Cámara, se insistirá con la votación inversa. El señor MONARES.- No; votación. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 12 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia la Honorable Cámara acuerda insistir. A continuación corresponde pronunciarse sobre la observación que aparece en la página 21. El señor MENA (Secretario).- Se propone suprimir la glosa señalada en la página 21, que dice como sigue: "09/03/02. 050 Adquisiciones de maquinaria y equipo. "Incluye Eº 50.000 para la adquisición de un autobús que deberá destinarse al traslado de los estudiantes de Curacaví que son alumnos del Liceo de Casablanca." El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Allende. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, esta destinación favorecía a los muchachos de la comuna de Curacaví que estudian en el Liceo de Casablanca. Sus padres son hombres de muy escasos recursos que viven del trabajo de la tierra o son inquilinos de los fundos de la zona. Por lo tanto, no tienen los medios necesarios para adquirir un autobús. Hablamos el año pasado con el Ministro de Educación, quien dijo que se podía importar un microbús liberándolo de derechos, pero había que pagar 70 millones de pesos. La comunidad, estos hombres modestos, con sus medios han juntado aproximadamente 15 millones de pesos. Estos 50 millones vendrían a ayudarlos en la solución definitiva del problema, aunque este año la internación del microbús costará más de 70 millones. Con estos 50 mil escudos, que es muy poco comparados con las cifras de otros ítems, se daría una gran alegría a esta gente y, al mismo tiempo, una solución al problema de sus hijos que, al no poder estudiar, quedan vagando en la zona. Esta es la razón de la glosa, que fue producto de una indicación. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Tagle. El señor TAGLE.- Señor Presidente, dada la justicia de esta glosa que figura en la página 21, quiero anunciar que los Diputados nacionales votaremos en contra de la supresión propuesta por el Ejecutivo, para que, entonces, pueda adquirirse este autobús que necesitan los alumnos del Liceo de Casablanca que tienen su residencia en Curacaví. Nada más. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se daría por rechazada la observación y se acordaría insistir por unanimidad. Acordado. En discusión la primera observación que aparece en la página 22 del boletín. El señor Secretario le dará lectura. El señor MENA (Secretario).- El Ejecutivo propone suprimir la glosa: "Todos los llamados a propuestas y las notificaciones oficiales que se origen en con ocasión del cumplimiento de este presupuesto del programa sólo podrán hacerse en el Diario Oficial.". El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, en la Comisión Mixta de Presupuestos se discutió latamente la manera de llamar a propuestas públicas y el gasto que significan los avisos en los diferentes diarios, tanto de Santiago como de provincia. Por tal motivo, la Comisión acordó que todos los llamados a propuestas se hicieran a través del "Diario Oficial". En aquella oportunidad, el Ejecutivo no objetó el procedimiento, de modo que tácitamente dio por aceptado este criterio de la Comisión Mixta. Desde luego, es un error que, en esta oportunidad, a través del veto, el Ejecutivo quiera suprimir esta glosa. Los Diputados comunistas vamos a votar por mantener estar disposición, para que los llamados a propuestas se hagan a través del "Diario Oficial". Eso es todo. El señor FUENTEALBA (don Clemente).- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la, palabra Su Señoría. El señor FUENTEALBA (don Clemente.- Señor Presidente, deseo insinuar que tratemos en conjunto esta misma observación de suprimir la glosa, que figura en varias páginas del Presupuesto del Minis- torio de Obras Públicas y Transportes. Así, probablemente, evitaremos pérdida de tiempo. Quizás la votación respecto a esta glosa podría servir también para las otras, porque en todos los casos la observación tiene la misma redacción y es para suprimir la misma glosa. Eso es todo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, de acuerdo con la indicación formulada por el señor Fuentealba. Un señor DIPUTADO.- No hay acuerdo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay acuerdo. En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 30 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. Si le parece a la sala, se insistirá con la votación inversa. El señor MONARES.- Votación. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia, la Cámara acuerda insistir. El señor Secretario dará lectura a la siguiente observación. El señor MENA (Secretario).- Se propone suprimir la glosa: "Con cargo a este ítem no se podrán hacer gastos de propaganda o difusión". El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, esta es otra de las glosas que se aprobaron durante la discusión de la ley de presupuestos en la Comisión Mixta. En realidad, resulta extraño la observación. Este ítem 12/02/01.020, que se refiere a gastos de explotación de obras, suma 51.900.000 escudos y, además, incluye la suma de 15.000.000 de escudos para gastos de energía eléctrica. A esta partida se agregó la glosa que el Ejecutivo propone suprimir, la que está destinada a impedir que con cargo a esta suma, a estos 51 millones de escudos, se puedan hacer gastos de propaganda o difusión. Cuando el Ejecutivo a través del veto, suprime esta glosa, está manifestando de hecho que estos dineros se ocuparán para los gastos corrientes; son recursos gastados en la explotación de obras. Naturalmente, el ítem no indica las obras a las cuales se destinan estos 51 millones de escudos. De tal suerte que la Cámara y la Comisión Mixta ignoran el programa en que se incluyen estas obras. que están en explotación De ahí que el Congreso haya incorpora esta glosa como una medida precautoria para evitar que estos recursos sean desviados a fines que realmente no contribuyan ni a la explotación ni al mantenimiento de estas obras. Nosotros vamos a insistir en mantener esta glosa para impedir que estos dineros se puedan destinar a gastos de propaganda o difusión. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la negativa, 36 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación. Si le parece a la Sala, se insistirá con la votación inversa. El señor PARETO.- No. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 11 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- La Cámara acuerda insistir. El señor Secretario va a dar lectura a la observación siguiente: El señor MENA (Secretario).- Es para suprimir la glosa que dice: "Todos los llamados a propuestas y las notificaciones oficiales que se originen con ocasión del cumplimiento de este programa sólo podrán hacerse en el Diario Oficial." El señor HUEPE.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor HUEPE.- Señor Presidente, los Diputados de estos bancos vamos a apoyar el criterio del Ejecutivo, porqué, como se ha hecho notar en repetidas oportunidades en el curso del debate, en realidad, la publicación de los llamados a propuestas sólo en el "Diario Oficial" es una restricción muy grave, dada la amplia difusión que ellos deben tener. Es tradicional que los llamados a propuestas públicas para realizar determinadas obras en provincias se hagan en los diarios de la respectiva zona, que tienen mucho mayor circulación que el "Diario Oficial". La limitación de su publicación nada más que al "Diario Oficial" podría significar, muchas veces, el desconocimiento de estos llamados a propuestas por parte de empresas que podrían optar a estos trabajos y que, por lo tanto, no estarían en condiciones de hacerlo por desconocimiento. Además, significaría monopolizar en el "Diario Oficial" algo que debe tener un cauce de difusión lo más amplio posible. Por estas razones, vamos a estar con el criterio del Ejecutivo. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, saben los señores Diputados y, en general, toda la ciudadanía, que los contratistas están inscritos en un registro; de tal suerte que los que tengan interés en conocer los llamados a propuestas pueden adquirir el "Diario Oficial", como lo hacen diversas empresas y particulares. En consecuencia, su mayor difusión es innecesaria y, muy por el contrario, es preferible que se canalicen todas las propuestas públicas en un solo órgano de prensa como es el "Diario Oficial". Esto da mayor seguridad a los ciudadanos de enterarse de las propuestas públicas. Eso es todo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la observación del Ejecutivo. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 35 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. En votación la insistencia de la Cámara. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 16 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia, la Cámara acuerda insistir. En discusión la observación a que el señor Secretario dará lectura. El señor MENA (Secretario).- Se ha agregado la siguiente glosa: "Autorízase para imputar a este programa hasta un 5% de gastos corrientes." El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Seré muy breve, señor Presidente. Los dirigentes de los obreros de diversas Direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos han venido a pedir que votemos favorablemente este agregado que el Ejecutivo hace a través del veto, para poder imputar en los 14 programas de ese misterio, un 5% para gastos corrientes. Los dirigentes de los obreros nos han dicho que el señor Ministro les ha manifestado que, de no ser aprobada esta observación del Ejecutivo, el Ministerio no estaría en condiciones de pagar los jornales durante el año 1970. La verdad es que los diferentes programas, con sus respectivas glosas, se han despachado en esta oportunidad, en igual forma que en el presupuesto del año anterior. Nos habría interesado que el señor Ministro de Obras Públicas hubiera estado presente en esta sesión, para que pudiera ratificar la intención de disponer de un 5% de la inversión real del presupuesto de capital, para gastos corrientes. El presupuesto real del Ministerio de Obras Públicas es superior a los 1.300 millones de escudos. Con esta glosa, de esos 1.300 millones de escudos se deduciría el 5%, que sería del orden de los 62 millones de escudos. Y el total de los obreros de las distintas Direcciones de dicho Ministerio son 18 mil. En tal circunstancia, esta suma sería insuficiente para pagarles sus jornales durante todo el año, de manera que cuanto se ha informado a los obreros no tiene otro propósito que obtener que aprobemos este agregado, este veto que formula el Ejecutivo. Se lo vamos a aprobar, y en el curso del año, los propios obreros podrán establecer que esto no es más que una farsa del Ejecutivo y, en este caso específico, del Ministerio de Obras Públicas. Eso es todo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad la observación. Aprobada. El señor ACEVEDO.- Pueden ser aprobadas también las glosas sobre la misma reataría referentes a todos los programas siguientes, porque se repiten. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- De acuerdo con la observación formulada por el señor Acevedo, serían aprobadas todas las glosas que vienen en estos programas que se refieren a la misma materia. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- ¿Habría asentimiento en ese sentido? El señor GODOY.- No. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor Secretario dará lectura a la glosa de la página 23. El señor MENA (Secretario).- Se propone suprimir la glosa que dice como sigue "Debiendo destinarse a las obras que se indican las siguientes cantidades: defensas en las riberas del río Aconcagua, en la zona comprendida entre las comunas de La Calera y Quillota, Eº 2.000.000; construcción de defensas en el sector de Rahue Bajo, Eº 1.500.000; construcción de defensas en el río Cautín, sector Población Santa Rosa, de la ciudad de Temuco, Eº 1.500.000..." El señor ACEVEDO.- ¿Por qué no se omite la lectura? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se ha pedido la omisión de la lectura. Ofrezco la palabra. El señor MATURANA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MATURANA.- Señor Presidente, quiero hacer presente un encargo muy especial del Diputado Acuña, que no se encuentra presente, quien ha pedido a los Diputados nacionales que rechacemos este veto del Ejecutivo, porque, entre las partidas que se mencionan, se encuentra una que tiene por objeto la construcción de defensas del río San Pedro, ubicado en la comuna de Los Lagos, por 200mil escudos. Esto tiene por objeto defender la población José de Alderete, que se inunda anualmente, con grave perjuicio y riesgo para los habitantes; de suerte que, fuera de la conveniencia de incorporar las obras que se mencionan, la votación de los Diputados nacionales será, primero, para rechazar este veto, a fin de defender la población José de Alderete, frente a la supresión de la glosa. La señora ALLENDE.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en este ítem también se considera la parte que corresponde a la canalización del río Colina. En realidad, hemos visto en Colina cómo las casas de los pobladores se ven inundadas continuamente, por lo cual estos pobladores sufren las graves consecuencias que esto tiene para ellos, por el hecho de vivir en una situación de emergencia, porque no han podido ni siquiera construirse una buena casa. Por eso el Partido Socialista va a estar de acuerdo en rechazar el veto del Ejecutivo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Koenig. El señor KOENIG.- Señor Presidente, deseo adherir a las palabras que ha dicho recientemente el Diputado del Partido Nacional, en representación del colega Acuña, de la misma provincia de Valdivia que yo represento, porque la suma que el Ministerio ha destinado este año para la ejecución de obras de este tipo en la comuna de Los Lagos es muy exigua y con ella no se alcanzaría a realizar ninguna obra. Esta población José del Carmen Alderete es una población nueva que inauguró el Ministro Hamilton hace dos años y, por las crecidas del río, se ha anegado en sus partes bajas, por lo que es extraordinariamente importante que se hagan estas defensas. Además, en la misma comuna, en la localidad de Antilhue, hay que realizar otras defensas con estos mismos fondos, porque el río San Pedro o Calle-Calle ya se ha llevado cerca de cuatrocientas hectáreas en esta zona. De tal manera que, personalmente al menos, voy a votar rechazando el veto del Ejecutivo. Nada más, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Huepe. El señor HUEPE.- Señor Presidente, sólo deseo reiterar lo que ya ha sido expresado por los Diputados de estos bancos en otras oportunidades, en el sentido de que creemos que todas estas destinaciones específicas, a la larga, atentan contra todo sano criterio de planificación económica. El hecho de que no aparezcan estas partidas en la ley misma no significa que la obra se esté haciendo o no, sino que significa que la decisión sobre las prioridades para ejecutarlas debe ser adoptada por los organismos técnicos correspondientes. Todos sabemos que la base del problema económico, está en destinar recursos escasos para atender múltiples necesidades. Hay muchos problemas que solucionar y escasos recursos que hay que distribuir para solucionar estos problemas. ¿Quién decide cómo se distribuyen esos fondos, a qué obra van a ser destinados? ¿Quién puede determinar cuáles son las obras de mayor rentabilidad para el país, tanto social como económicamente? ¿Quién decide si estos fondos se invierten en las obras A, B, o C en esta provincia o en la otra? Nosotros creemos que los camaradas de los bancos socialistas y comunistas tienen que estar de acuerdo con nosotros en que un principio de planificación económica esencial nos tiene que impulsar a tratar de centralizar estas decisiones en manos de los organismos técnicos competentes. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Perdón, señor Diputado. La señora Allende le solicita una interrupción. El señor HUEPE.- Con todo agrado. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lo que está expresando aquí el Diputado de la Democracia Cristiana podría parecer muy lógico; pero no lo es para nosotros, los Diputados de las diversas comunas y distritos que abarcan todas estas comunas, sobre todo comunas tan pobres como las que nos toca a nosotros atender en el segundo distrito. Nosotros vamos continuamente al Ministerio a presentar los problemas, cuya importancia el Ministro muchas veces reconoce. Sin embargo, han pasado cuatro o cinco años sin que se haya podido encontrar una solución a muchos de ellos. Estamos viendo cómo se realiza la remodelación de Santiago que, en realidad, en muchos aspectos, es necesaria. Pero, al lado del peligro para la vida de las personas, de la situación grave que se les crea por la insalubridad de sus viviendas y de las tremendas inundaciones que tienen que sufrir estas poblaciones y esta gente, yo creo que es más importante resguardar la vida de los ciudadanos que seguir invirtiendo en otras obras que, aunque son de adelanto, no van a sacrificar a la gente si ellas no se ejecutan. Nosotros hemos pedido estas cosas, porque conocemos los problemas directamente; las autoridades, muchas veces, no van a visitar las comunas. Por lo menos en el segundo distrito, hemos visto con frecuencia que han ofrecido ir a verlas y después no concurren a visitar las poblaciones. Por eso hemos hecho las indicaciones necesarias. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Huepe. El señor HUEPE.- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con la Diputada señora Allende. Seguramente, la realización de determinada obra es necesaria, como ella lo dice, y probablemente esté contemplada entre los fondos del Ministerio. No estoy analizando la obra en .sí, ni señalando si esto o eso otro se justifica más, sino dando el planteamiento de un principio según el cual hemos estado votando en contra de todas estas destinaciones específicas; y vamos a mantener una posición consecuente con él y en contra de estas destinaciones específicas. Más adelante, otras destinaciones favorecen a la propia provincia que represento, y también voy a votar en contra de estas destinaciones específicas, no porque crea que no se deban hacer estas obras, sino porque los canales y los medios para expresarlas, a mi juicio, deben ser otros. Creo que sería realmente necesario que en esta Cámara dejáramos de engañarnos a nosotros mismos, porque, aun cuando año tras año, se aprueban a veces determinadas indicaciones que favorecen a algunos lugares, por lo cual los Diputados podrán enviar telegramas a sus regiones, diciendo que se va a hacer tal o cual obra, de hecho, en la práctica, no estamos operando de la manera como debe funcionar un programa de destinación de fondos tanto en el sector vivienda, como en el sector de obras públicas y como en todos los sectores de la economía del país. Por esa razón y para ser consecuentes con este planteamiento que ya ha sido expresado por otros colegas de estos bancos, nosotros vamos a votar por el criterio del Ejecutivo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - Efectuada, la votación en forma, económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 35 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económica, dio, el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 10 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- La Cámara acuerda insistir. El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente observación. El señor ACEVEDO.- Que se omita la lectura. Todos tenemos el boletín. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se ha pedido que se omita la lectura. El señor ACEVEDO.- Que se señale la página. El señor TEJEDA.- Y la ubicación. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra sobre la segunda observación del Ejecutivo que figura en la página 23 del boletín. El señor MONARES.- ¿Se tomó acuerdo para no leer la observación? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Sí. El señor MONARES.- No, señor. El señor ACEVEDO.- Por lo demás, no se requiere acuerdo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No se requiere acuerdo. En discusión, entonces, la segunda observación de la página 23, que suprime la glosa. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 35 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación. En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económico., dio el siguiente resultado: por la afirmativa 35 votos; por la negativa, 12 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia, se acuerda insistir. A continuación, se propone la supresión de la glosa del Programa 02. Transporte Urbano, II Presupuesto de Capital, A) Inversión Real, que dice: "Todos los llamados a propuestas y las notificaciones oficiales que se originen con ocasión del cumplimiento de este programa sólo podrán hacerse en el Diario Oficial." Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la, negativa, 35 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia, se acuerda rechazar la observación. En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 11 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente.- La Cámara acuerda insistir. En discusión la siguiente observación del Ejecutivo, que tiene el mismo sentido de otra anterior. Es para agregar la glosa que dice: "Autorízase para imputar a este programa hasta un 5% de gastos corrientes." Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. A continuación el Ejecutivo propone la supresión de una glosa que se refiere a la "Inversión Real". El señor ACEVEDO.- Es igual a la anterior. El señor MONARES.- ¿Cuál es? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- La que dice: "Todos los llamados a propuestas y las notificaciones oficiales que se originen con ocasión del cumplimiento de este programa, sólo podrán hacerse en el Diario Oficial." En discusión la observación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 36 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación. En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa. 12 votos, por la negativa 36 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación. En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 36 votos, por la negativa 13 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia, la Cámara acuerda insistir. La siguiente observación es para hacer el mismo agregado que hemos visto en dos oportunidades anteriores. Dice: "Autorízase para imputar a este programa hasta un 5% de gastos corrientes." Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. En discusión la supresión de la última glosa que figura en la página 24. El señor CLAVEL.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, los Diputados de estos bancos vamos a votar en contra del veto que suprime la glosa que destina recursos para los Cuerpos de de Bomberos de Antofagasta, Calama y Mejillones, y para la construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Iquique, en la provincia de Tarapacá. Entre los presupuestos aprobados para los Cuerpos de Bomberos de todo Chile y, en forma muy especial, para los de la provincia de Antofagasta, este, sin duda, es el más pequeño. Nosotros vamos a rechazar este veto, porque no le estamos quitando a ninguna provincia, ni a Santiago, sumas que les corresponderían de acuerdo con el presupuesto, y porque creemos que en la distribución de los recursos destinados a la provincia de Antofagasta deben tener prioridad los Cuerpos de Bomberos antes citados. En consecuencia, los Diputados de estos bancos votaremos en contra de la supresión de la glosa; yo también votaré en contra, en forma muy especial, por ser parlamentario de esa provincia. Nada más y muchas gracias. El señor KOENIG.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor KOENIG.- Señor Presidente, en relación a la glosa contenida en las páginas 24 y 25, quiero hacer notar a la Cámara que por ella se destinan recursos para la construcción de gimnasios cubiertos en algunas comunas de la provincia de Valdivia, como son Paillaco, Lago Ranco y Lanco. A 1 final la glosa se consulta, con cargo a este ítem, una suma para la construcción de un edificio para las oficinas públicas en Lago Raneo. En la prensa de la zona Sur ha estado apareciendo la orden que existe para proceder a la demolición inmediata del antiguo gimnasio de Lanco, precisamente porque constituye ya un peligro público. De tal manera que en esas comunas del sur, donde el invierno es tan inclemente, es necesario que la juventud tenga un gimnasio donde distraer sus horas libres, especialmente en las tarde. Para Lago Raneo es fundamental que esta comuna tenga reunidas en un solo local todas las oficinas públicas necesarias para la buena atención de la ciudadanía de la zona. En consecuencia, personalmente voy a votar por el rechazo del veto del Ejecutivo. Nada más. El señor ROBLES.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ROBLES.- Señor Presidente, los parlamentarios comunistas también vamos a votar por el rechazo del veto. De las distintas comunas de Antofagasta nos han enviado telegramas pidiéndonos el rechazo de esté veto. La Municipalidad de Antofagasta, por ejemplo, ha estado concurriendo con fondos para formar un Cuerpo de Bomberos y organizar en la población "Lautaro", que es bastante proletaria, y en la población "O'Higgins". En Calama, el Cuerpo de Bomberos tiene un problema bastante serio, porque el cuartel necesita una reparación. Y para realizar estos trabajos se requiere la destinación de recursos. De ahí que los parlamentarios comunistas, conscientes de nuestra responsabilidad y de que debemos ayudar a los Cuerpos de Bomberos, vamos a votar también por el rechazo del veto. Nada más. El señor MATURANA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MATURANA.- Señor Presidente, muy brevemente deseo cumplir un encargo del Diputado por Valdivia señor Acuña, anunciando que vamos a rechazar el veto, para hacer posible la realización de obras públicas en las comunas de Paillaco, Raneo y La Unión, destinadas fundamentalmente a gimnasios cubiertos que, dado el clima de ese sector, son indispensables para la juventud de la zona. El señor GUERRA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Guerra. El señor GUERRA.- Señor Presidente, la disposición despachada por el Congreso destina la cantidad de Eº 1.000.000 para la construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Todos sabemos que las construcciones de Iquique, en su generalidad, son de madera; de modo que siempre están expuestas a incendios de gran magnitud. De ahí que se hayan creado diferentes Compañías de Bomberos, las cuales se desenvuelven en forma muy angustiosa. Por eso, estimo conveniente rechazar la observación del Ejecutivo e insistir en la destinación de la cantidad de Eº 1.000.000 para construir un edificio para el Cuerpo de Bomberos de Iquique y de otras sumas para los Cuerpos de Bomberos que se determinan en esta misma glosa. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Carmen Lazo. La señora LAZO.- Señor Presidente, es para anunciar que nosotros también vamos a votar en contra de este veto, por la sencilla razón de que tanto el Alcalde de Iquique como las autoridades de Antofagasta y de la zona, en general, nos han pedido que así lo hagamos; además, por las razones que aquí se han dado: lo ligero de la construcción en esa zona y la forma absurda en que siempre se ha tratado al Cuerpo de Bomberos de Iquique, mezquinándole recursos, en circunstancias que todos sabemos que si hay un Cuerpo que está bien administrado y que rinde servicio efectivo a la comunidad es éste. Por eso, repito, los Diputados socialistas vamos a votar en contra de este veto. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor MOMBERG.- Votemos, señor Presidente. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Señor Presidente, haciéndome cargo de que algunos colegas probablemente no han podido hacer presente su interés por algunas de las obras de esta glosa, me voy a permitir leerla para que quede en acta el contexto de ellas. Dice así: "Con cargo a los recursos asignados a la provincia de Antofagasta, se destinarán Eº 700.000.- al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Eº 200.000.- al de Calama y Eº 100.000.- al de Mejillones y con cargo a los recursos asignados a la provincia de Tarapacá se destinará Eº 1.000.000.- para la construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Iquique". Varios señores DIPUTADOS.- ¡Si todos sabemos leer! ¡Está bueno! El señor MONARES.- No se pongan nerviosos, señores Diputados. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- "Destíñanse a las obras que se indican, las siguientes cantidades: construcción del gimnasio cerrado de Arica 3.500.000.- escudos; construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Puerto Saavedra 100 mil escudos; construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Lastarria 60 mil escudos; construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Quitratúe 60 mil escudos; construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos de Cunco 60 mil escudos; gimnasio de Temuco 600 mil escudos; gimnasio-teatro de Loncoche 300 mil escudos; terminación de edificios públicos de Puerto Saavedra 50 mil escudos; terminación del teatro de Maule 80 mil escudos...." El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Señor Diputado, le solicita una interrupción el señor Koenig. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Tengo que terminar para que esto quede bien claro y no haya problema. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- "Terminación de las tribunas del Estadio Fiscal de Talca, Eº 1.500.000; terminación de las tribunas del Estadio Fiscal de Linares, Eº 1.500.000; construcción de un gimnasio cerrado en San Javier, Eº 1.500.000; terminación de las tribunas del Estadio de Cauquenes, Eº 300.000; construcción de un gimnasio cerrado en Linares, Eº 1.500.000; construcción de un edificio para Correos y Telégrafos en Punitaqui, Eº 150.000; construcción de estadio municipal en Vicuña, Eº 150.000; a la Municipalidad de San Bernardo para construir obras en el Estadio Club Deportivo Rosa del Sur, Eº 200.000; a la Municipalidad de San Bernardo para terminar obras en la piscina del Estadio Municipal, Eº 200.000; terminación del edificio del Cuerpo de Bomberos de Lebu, Eº 50.000; terminación del gimnasio cerrado de Carampangue, Eº 10.000; construcción de un gimnasio cubierto en Paillaco, Eº 400.000; construcción de un gimnasio cubierto en Lago Raneo, Eº 100.000; construcción de un gimnasio cubierto en Lanco, Eº 200.000; construcción de un Retén de Carabineros en la Población Armando Alarcón del Canto, Talcahuano, Eº 400.000; construcción de un Retén de Aduanas en Melipeuco, Eº 150.000; y construcción de un Retén de Aduanas en Curarrehue, Eº 150.000. "Con cargo a este ítem se destinará la suma de Eº 500.000 para la construcción de un edificio para las oficinas públicas en Lago Raneo". Este texto tan variado debe llamarnos la atención y ver lo que estamos haciendo. Todas estas obras son de administración, corresponden al Ejecutivo y debieran ejecutarse conforme a una planificación y a un orden de prioridades, establecido por quien tiene conciencia de la necesidad y del costo de las obras. A mí me extraña que los Partidos Socialista y Comunista, que tienen plena conciencia de lo que debe ser una ordenación de recursos a nivel del Estado, estén en esta actitud que, en realidad, significa hacer sentir la presión de necesidades determinadas y no fijarse en la generalidad de las que atañen a la comunidad. Por otra parte, saben los empresarios y los miembros del Partido Nacional que tienen contacto con empresas que para administrar una empresa hay que empezar por hacer presupuesto, por establecer prioridades. Eso en un primer punto. El señor MOMBERG.- Cosa que ustedes se saltan a pie juntillas. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Un segando punto es que cada obra, por pequeña que sea, requiere de un presupuesto previo de sus necesidades antes de ser llevada a cabo. Aquí se destinan asignaciones, sin conocer el presupuesto de construcción de ninguna de las obras. Y aunque éstas queden establecidas, es probable que en muchos casos los fondos sean insuficientes y que, como consecuencia de ello, se origine una paralización de las obras, y, por consiguiente, un encarecimiento de ellas y la pérdida de las esperanzas que se despiertan, al ver que se inicia una obra y no se puede terminar. Esta es una manera de ser politiquero, porque se actúa sin conocimiento de las cosas, buscando sólo el apoyo electoral. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Señor Diputado, la señora Carmen Lazo le solicita una interrupción. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- No puedo darla, porque tengo que terminar la ilación de mi pensamiento. La señora LAZO (doña Carmen).- ¿Por qué no me da un minuto? El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Yo quisiera señalar a los señores Diputados del Partido Nacional que estoy cierto de que don Jorge Alessandri, que es un hombre de empresa, que sabe cómo deben hacerse estas cosas, no debe mirar con muy buenos ojos este tipo de asignaciones, porque destruiría una posibilidad de gobierno ordenado, que él quisiera hacer en alguna oportunidad, cuando mejore su salud. La señora LAZO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- También esto vale para los Partidos Socialista y Comunista, porque su actitud es una forma demagógica de buscar solución al problema, por cuanto se está actuando con un criterio de pequeño burgués, no de burgués, sino de pequeño burgués, porque este "chaucheo" en lo económico, es totalmente contrapuesto con una sensata planificación, por las dos causas que he señalado. Si los 15 millones de escudos de la glosa se destinaran a una,, obra de importancia, bien terminada y reproductiva, estoy cierto de que estarían mejor empleados. Y este es, seguramente, el criterio con que se actúa en un país socialista... La señora LAZO.- Pido la palabra. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- bien desarrollado; y no con el criterio de hacer caridades de a 10 mil, 20 mil, 30 mil ó 40 mil escudos, y en un contubernio con la Derecha, que en esta Sala está desmintiendo la posición de su candidato. Nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno. Estamos actuando políticamente y tenemos nuestro candidato. Pero al oponernos a este desglose, en el hecho y en la palabra estamos actuando de manera responsable. Y tenemos conciencia de que el país entenderá que la nuestra es una actitud responsable, y que la de la Izquierda y de la Derecha es falsa, porque las dos están en contubernio de caridades con el país. Y esto, con los fondos públicos. Esto es lo que subleva. Esto es lo que hace que este Parlamento no sea respetado. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Porque la gente que recibe los fondos ve que las obras no se terminan, que hay politiquería y que de esa manera se trata de conseguir votos. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Por eso el ciudadano medio, el hombre corriente, va a considerar la actuación responsable de este Gobierno que se opone a este tipo de "chaucheo". Eso es todo. El señor TEJEDA.- Son indicaciones de su partido, colega. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Hay varios señores Diputados inscritos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Koenig. El señor KOENIG.- Señor Presidente, lamento tener que diferir un tanto de mi colega Zaldívar, a quien tengo mucho aprecio. La señora LAZO.- ¡Aaah...! El señor KOENIG.- pero ocurre que yo soy Diputado ya por segundo período y anualmente he ido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes a ver cuál es el programa de inversiones para mi provincia, y quedo muy satisfecho cuando lo veo; creo que ha sido planificado y estudiado. Sin embargo, cuando llega el fin de año la mayoría de estos obras presupuestadas no se han hecho... El señor MATURANA.- ¡Qué les parece! El señor KOENIG.- porque, por lo general, los fondos correspondientes han ido a financiar otras obras como el Túnel de Lo Prado, o la vía elevada de Valparaíso o la carretera norte sur aquí en Santiago; y las provincias alejadas, como la de Valdivia, que yo represento, quedan esperando hacia el futuro la realización de sus obras. Nada más. El señor LORCA (don Gustavo).- La vía elevada la prolongaron por el mar y se la llevó el mar. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Fuentes. El señor FUENTES (don Samuel).- Señor Presidente, la verdad es que el colega Zaldívar ha querido representar dignamente a su hermano, el Ministro de Hacienda, y yo lo felicito por la actuación que ha tenido. Pero el colega Zaldívar, como los que han estado sentados por muchos años en los bancos de la Democracia Cristiana, saben que, año tras años, cuando se discute el Presupuesto, el Presidente de la Comisión Mixta remite una circular a cada uno de los señores Diputados y Senadores para que cada uno formule indicaciones a los Ministerios de Obras Públicas, de la Vivienda, es decir, a todos los Ministerios. Y esto en uso de nuestro derecho y no de un capricho, como lo ha señalado el señor Zaldívar en esta intervención memorable para el progreso de nuestra patria, al hacer presente que todas las obras que se mencionan en la glosa son producto de un contubernio. ¡No, colega Zaldívar! Son el producto... El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Señor Fuentes, la señora Lazo le solicita una interrupción. El señor FUENTES (don Samuel).- de la necesidad imperiosa de las zonas que representamos y que, en muchas oportunidades, han estado establecidas en los programas de trabajo de los distintos Ministerios, como decía el señor Koenig. Es por irresponsabilidad natural y permanente de este Gobierno que no se han realizado estas obras. De ahí que tengamos que estar insistiendo en todas las que se señalan para la provincia de Cautín y que fueron solicitadas por muchos Diputados de la Democracia Cristiana en la discusión del Presupuesto. De manera que contra ellos se está actuando en este momento. Aquí está el ex Intendente por Cautín, Diputado señor Merino. El sabe que todas estas obras han sido reclamadas permanentemente. Si durante la discusión del Presupuesto lo único que hemos hecho es hacer uso de nuestro derecho, para que se consulten algunas partidas destinadas a obras imperiosas, ineludibles e indispensables. Eso es lo que se ha hecho. No es un zarpazo, como cree el señor Zaldívar, a los planes de Obras Públicas de este Gobierno. Si estamos viendo que el Gobierno no quiere botar fondos con subvenciones a Caritas Chile, ¿por qué se asusta por la construcción de un puente o de un edificio para Carabineros en el límite cordillerano, en Curarrehue, en Melipeuco; o por un gimnasio techado en Temuco o por nuevos caminos? El señor Zaldívar se asusta por esto. Por eso me alegro de que podamos rechazar este veto del Ejecutivo. Es posible que las obras no se realicen, pero luchamos por ellas, porque tenemos responsabilidades con nuestras provincias. "El Diario Austral", de Temuco, que ha elogiado al Presidente de la República en muchas oportunidades, señalaba, hace pocos días, cómo las autoridades comunales y departamentales han pedido al señor Frei fondos para la universidad, para la construcción de puentes, de caminos, etcétera. Y se preguntaba cuál es la responsabilidad del Parlamento. Y hemos dicho que hemos solicitado los fondos, que hemos logrado que se incluyan en el Presupuesto. Seguramente, si el partido de gobierno tiene votación, rechazará estas partidas. Afortunadamente, se está haciendo justicia a las provincias, porque todas estas obras no son para el Gran Santiago, donde vive el señor Zaldívar, sino para las provincias de Chile. Por eso, el colega debiera dar vuelta su discurso y sumarse a los representantes de las provincias, en las que tiene muchos colegas, que hoy han mostrado su disconformidad total con lo que él acaba de plantear. Concedo una interrupción a mi estimada colega Carmen Lazo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la palabra la señora Carmen Lazo. La señora LAZO.- Muchas gracias. Señor Presidente, llama bastante la atención escuchar al Diputado de la Democracia Cristiana. En primer lugar, como todos conocemos las triquiñuelas parlamentarias, sabemos que él está hablando, porque de 50 Diputados que tiene su partido, sólo hay 15 en la Sala, y el Gobierno tiene interés en que estos vetos no sean rechazados. Pero lo moral hubiera sido que estuvieran los 50. Primera cosa. Segunda cosa: el señor Zaldívar nos trata de pirquineros. El señor TUDELA.- No ha dicho eso. La señora LAZO.- En realidad, parece pirquinearía estar dando un millón de escudos para las obras de Tocopilla. Aquí, en otra glosa, que también suprime "inteligentemente" el Gobierno de la Revolución en Libertad, se dice que se harán construcciones en Chiguayante por 5 mil 'millones de pesos; obras en Calama por 500 millones de pesos; en Tocopilla por 500 millones; en Mejillones por 300 millones; en Taltal por 500 millones. ¿Cómo no nos va a hallar pirquineros, cuando tengo entendido que una de las campañas electorales más caras ha sido la de Su Señoría? Para convencer a los electores de que tenía tantas bondades, tuvo que gastar millones de pesos en páginas completas de los diarios. Por último, le quiero decir al colega que nosotros, los socialistas, y creo que toda la gente del Frente de Acción Popular, no aceptamos lecciones de moral política de personas cuyo sillón les ha costado demasiado caro para un país tan pobre. Muchas gracias. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ha llegado a la Mesa una petición de clausura del debate. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Pido la palabra." El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En votación la clausura del debate. - Durante la votación: El señor TEMER.- El señor Zaldívar fue aludido. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Fui aludido. Pedí la palabra. La señora ALLENDE.- Al final. La señora LAZO.- En la Hora de Incidentes. -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Clausurado el debate. En votación la observación del Ejecutivo. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 40 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. En votación la insistencia. El señor MOMBERG.- Con la misma votación. La señora LAZO.- Con la misma votación. El señor MONARES.- No, señor. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Hay oposición. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 10 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En consecuencia, la Cámara acuerda insistir. Hay una petición del Comité Comunista para cerrar el debate en todas las observaciones restantes. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Para este efecto, solicito el asentimiento unánime de la Sala. El señor HUEPE.- No, señor. El señor MONARES.- No. El señor TUDELA.- No. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay acuerdo. A continuación, en la misma glosa del ítem 12/02/03.090, se propone una agregación por el Ejecutivo. El señor Secretario va a dar lectura a la agregación propuesta. El señor ACEVEDO.- Que se omita la lectura. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se ha solicitado que se omita la lectura. Ofrezco la palabra. El señor KLEIN.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente). Tiene la palabra el señor Diputado. El señor KLEIN.- Señor Presidente, es curioso este agregado. Mientras el señor Zaldívar nos hace presente que, por planificación, todo se rechace, resulta que el Ejecutivo hace todo lo contrario; agrega aquí, para la Municipalidad de San Bernardo, fondos para un estadio y para una piscina. Eso no más quería señalar. El señor GODOY.- ¡Eso es "chaucheo"! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- La proposición que el Ejecutivo hace está dentro de lo que corresponde… Varios señores DIPUTADOS.- ¡Ah...! El señor ZALDIVAR (don Alberto).- porque es él quien tiene en vista las prioridades y tiene el manejo de esta materia. Así que no hay ninguna contradicción entre lo que hemos planteado y lo que propone el Ejecutivo. Lo que hemos señalado es que no pueden hacerse estas destinaciones por vía parlamentaria. Quisiera hacerme cargo -desgraciadamente, no está en la Sala- de las observaciones formuladas por doña Carmen Lazo. Lo hago, porque he sido aludido personalmente. Creo que en el debate de esta Cámara debemos conservar la calma y también plantear las cosas conforme al recto juicio y conciencia que tengamos en nuestra posición. Todo ataque personal, en realidad, rebaja la discusión y quita objetividad a lo que queremos plantear. Ello me ha aludido personalmente diciendo que no tengo conciencia de los gastos y debiera tenerla, por los costos de mi campaña electoral. En esta materia, quiero ser muy claro y preciso. En el tercer distrito nos encontramos frente a un problema que también refleja una distorsión de la correcta planificación. El tercer distrito tiene quinientos mil votos. Hay en él quinientas mil conciencias, y la única manera de llegar a ella es la publicidad. No puede ser a través del contacto personal, porque a lo más uno puede llegar a unas veinte o treinta mil personas en una campaña. Eso es lo deseable y lógico que exista en el país. Ojala en una próxima reforma constitucional se plantee la manera de dividir los distritos en forma adecuada, para que no se esté distorsionando la voluntad política de la nación, por lo menos en lo que a esta Cámara respecta, para que no haya Diputados que tengan que reunir treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta mil votos para salir elegidos y otros que necesiten cinco o seis mil votos. El problema está en que los votos de los ciudadanos que viven o están inscritos en los grandes distritos de Santiago tienen un décimo del valor que tienen los de otras partes, ya que la cifra repartidora sube en grado sumo. Esto viola fundamentalmente la Constitución Política del Estado, que establece igualdad de derechos. El primer derecho que debe existir es el que corresponde a cada cual a sufragar en forma igualitaria. En estas circunstancias, cualquier ciudadano que quiera llegar al electorado en mi distrito debe emplear medios de publicidad. Es la única forma de llegar al electorado. Esta realidad es lo que a uno lo fuerza a tener que hacer gastos en materia de publicidad. - Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- que soy el primero en rechazar. Espero apoyar, en la oportunidad que sea posible, una reforma que para que salgan elegidos aquéllos que tengan verdadero contacto con el elector y no primen las posibilidades económicas de cada cual en su elección. Los principios son los que valen. Así como he mantenido una recta actitud con relación a lo que en el Presupuesto se señala, también en materia política espero que llegue un proyecto de ley de esta naturaleza para dar testimonio, con mi votación y con los hechos, de mis convicciones a este respecto. He dicho. El señor SALVO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra don Camilo Salvo. El señor SALVO.- Sólo para decir, señor Presidente, que el Diputado señor Zaldívar, cuando ha dicho que ha sido aludido en lo que le dijo la colega Carmen Lazo, en esta oportunidad, planteándonos una teoría política referente a representación parlamentaria que es muy discutible desde el punto de vista del Derecho, no ha dado respuesta cabal, categórica, a lo que aquí se le dijo: que su campaña había sido la más cara y que venía a hablar de una serie de cosas que no tenían nada que ver con el proyecto en debate. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la observación del Ejecutivo. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. Aprobada. En seguida, en el "Programa 04", propone la supresión de la glosa: "A) Inversión real. Todos los llamados a propuestas ", etcétera. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la observación del Ejecutivo. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 40 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 13 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- La Cámara acuerda insistir. A continuación, hay un agregado a esta glosa que autoriza imputar a este programa hasta el 5% de gastos corrientes. Sobre esto había acuerdo anterior de la Sala. En consecuencia, propongo, si le parece a la Sala, que se apruebe por unanimidad. Acordado A continuación, viene la supresión de la glosa del ítem 12/02/04.084. Ofrezco la palabra. El señor MATURANA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MATURANA.- Señor Presidente, quiero solicitar la unanimidad de la Sala para rectificar un error que contiene este boletín. En el inciso final de esta glosa se dice: "Con cargo a este ítem se destinará, la suma de Eº 150.000 para la urbanización de la Población 22 de Mayo de Ranco." Debe decir "de Lanco". No existe esa población en Ranco, sino en Lanco. El señor ACEVEDO.- En el original está "Lanco". El señor MATURANA.- Esto sólo lo podemos arreglar por unanimidad, porque en caso contrario, no tendría objeto esta destinación. Nada más. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aceptaría lo propuesto por el señor Diputado. ¿Habría asentimiento para hacer la rectificación? El señor MONARES.- Hacemos fe en lo que dice. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Acordado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación la observación del Ejecutivo. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 41 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo. Si le parece a la Sala, se podría insistir. El señor GODOY.- Con la misma votación. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo? El señor TUDELA.- Votación. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En votación la insistencia. - Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 9 votos. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- La Cámara acuerda insistir. Ha llegado el término del Orden del Día. 6.- ADQUISICION DE TEXTOS ESCOLARES PARA CURSOS DE EDUCACION BASICA El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En la Hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Demócrata Cristiano. El señor KOENIG.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Koenig. El señor KOENIG.- Señor Presidente, en una de las últimas sesiones, un distinguido colega, el señor Muñoz, dio lectura a una información que apareció en la edición del día anterior del diario "Clarín", referente a la participación que le habría cabido al señor Subsecretario de Educación, don Ernesto Livacic Gazzano, en la adjudicación de propuestas para la adquisición de textos escolares. Y, al final de su discurso, propuso que la Cámara diera facultades especiales investigadoras a la Comisión de Educación Pública para que esclareciera estos hechos. Quiero adelantar que nosotros, los Diputados democratacristianos, no nos vamos a oponer a que la Comisión de Educación tome esta iniciativa de investigar los hechos, porque tenemos clara conciencia de la seriedad con que ha actuado el señor Subsecretario de Educación en ellos. En todo caso, ya que el colega señor Muñoz leyó una información firmada por una persona que escribía con seudónimo en el diario "Clarín", yo quisiera leer la parte de la declaración que hace el Ministerio de Educación Pública el día domingo último en diversos diarios. Dice así: "El Ministro suscrito considera indispensable dejar en claro lo siguiente: "1°- El Subsecretario de Educación señor Ernesto Livacic no tiene ningún interés comercial con el Fondo Editorial Educación Moderna. Sus derechos de socio en dicha Editorial los cedió por escritura pública hace seis años. El señor Livacic no tiene ninguna participación comercial en ella, no percibe remuneración alguna de esta Editorial ni se beneficia directa ni indirectamente con la propuesta que se cuestiona. "2º- El procedimiento seguido en la adjudicación de la propuesta ha sido plenamente ajustado a derecho, absolutamente regular y la compra de los textos escolares ha sido acordada por el Consejo de la Dirección General de Aprovisionamiento compuesto por 18 Subsecretarios de Estado, el Director General de Aprovisionamiento y un General de Carabineros en representación de esta institución. "3°- Es inaceptable que para defender intereses económicos se trate de enlodar el prestigio de un funcionario público. "4°- La publicación hecha por las Editoras contiene acusaciones contra el Sr. Livacic que son infamantes. "5º- Los autores de tales acusaciones deben responder de sus imputaciones ante la Justicia Criminal para lo cual el Gobierno presta su completo y amplio respaldo al Sr. Livacic. "6º- Para una más amplia información de la opinión pública se entrega la declaración oficial complementaria que se inserta a continuación". Y firma el señor Ministro de Educación. Ernesto Livacic, señor Presidente, ha sido tal vez uno de los estudiantes más capacitados que han pasado por las aulas del Instituto Pedagógico. Bastaría ver sus certificados de calificaciones para apreciar que, en general, sus notas son las máximas en todas las asignaturas y en todos los cursos. Muy rara vez ellas bajan a nota seis; en general, la nota siete es la que predomina en las calificaciones de este colega profesor. Fue dirigente del Centro de Alumnos del Instituto Pedagógico dos veces, si bien recibiendo en la segunda de ellas una más alta votación que en la primera. Luego, fue Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile. El año 1951 obtuvo su título de Profesor de Estado en Castellano, con la calificación máxima. Su memoria de prueba sobre el tema "El sentido de la gloria en los renacentistas españoles" mereció el premio "Ramiro de Maeztu" a la mejor memoria anual de tema hispánico. Ha desempeñado la docencia en los más importantes colegios de la capital, como son el Instituto Nacional, el Internado Barros Arana, el Liceo Experimental Darío Salas, el Liceo Experimental Juan Antonio Ríos y otros establecimientos. En 1956 le correspondió asistir, como delegado oficial de Chile, a la Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Educación en Lima, Perú. Desde 1955, desempeña en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Chile la cátedra de Literatura Española. También sirvió durante varios años en el mismo plantel, la cátedra de Legislación y Administración Escolar. En 1963 obtuvo en la UNESCO el título de "Planificador Educacional". En enero de 1965 fue designado Secretario Técnico de la Superintendencia de Educación Pública, cargo desde el cual le cupo participación destacada en la elaboración técnica de la Reforma Educacional, que otros ahora quieren hacer suya. En 1966 concurrió como delegado oficial de Chile a la XIV Conferencia General de la UNESCO, en París. En 1967, invitado por este mismo organismo, integró, en esta ciudad, el Comité Mundial de 23 expertos sobre formación de maestros, en el que tuvo destacada participación. Es autor de diez textos didácticos de su especialidad, los que cuentan con amplia acogida en la enseñanza básica y media, y de gran números de ensayos pedagógicos y literarios. Es director de la Sociedad Chilena de Planificación y Desarrollo, PLANDES, Presidente de la Comisión Técnica de Educación del Partido Demócrata Cristiano y miembro de la Comisión Universitaria de dicho Partido. En el plano gremial, es miembro de la Sociedad Nacional de Profesores y ha sido en varias oportunidades, delegado en sus convenciones; de la Asociación Nacional de Profesores de Estado; del Centro Nacional de Profesores de Castellano; y de la Asociación de Profesores de Idiomas, Lingüista y Literatura. Con Ernesto Livavic estoy ligado con lazos de amistad, de compañerismo y de profesión por más de veintitrés años. Fuimos compañeros de pensionado e ingresamos en la misma fecha a la Universidad. Y esta amistad, a pesar de las distancias, durante muchos años ha prevalecido. De tal manera que yo juzgo a Ernesto Livacic como uno de los hombres verdaderamente honrados que existen en este país y si bien generalmente uno no se atreve a poner las manos en el fuego por muchas personas, por Ernesto Livacic sí las pongo, con absoluta confianza. Y hay dos personas que, por la ideología que tienen y por lo que conocen a Ernesto Livacic, pueden ser testigos de lo que yo digo de su honradez y que son precisamente personas que aparecen firmando una declaración contraria a la adjudicación de los textos. Quisiera que el señor Julio Orlandi, por ejemplo, dijera qué piensa él de la honorabilidad de Ernesto Livavic. Y también qué piensa de él don Oscar Herrera Palacios, que, cuando fue Ministro de Educación, sin ser de partido de gobierno y siendo democratacristiano, lo llamó para que fuera su secretario privado. Y en gran medida, la redacción de la llamada "Ley Herrera" es obra de Ernesto " Livacic, ley que obtuvo este nombre precisamente por el nombre del Ministro que la presentó. Termino expresando que para nosotros, los democratacristianos,. sería grato que la Cámara de Diputados diera a la Comisión de Educación las facultades investigadoras que pedía el colega señor Roberto Muñoz en una de las últimas sesiones, para aclarar este problema de los textos escolares, porque sabemos que de ella saldrá limpio de toda culpa mi estimado amigo y camarada, Subsecretario de Educación, Ernesto Livacic Gazzano. Nada más, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay quórum para proponer a la Sala su petición, a fin de que la Comisión de Educación haga una investigación sobre la materia, señor Diputado. El señor KOENIG.- Entonces sería interesante que, al iniciarse la sesión de mañana, se recabara el acuerdo de la Cámara con ese objeto, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Así se hará. Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. El señor UNDURRAGA.- Se me ha concedido una internación, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el señor Undurraga. El señor UNDURRAGA.- Tengo entendido, señor Presidente, que la Cámara adoptó un acuerdo sobre este particular; y, en consecuencia, si es así, para revocarlo se requeriría unanimidad. En cuanto a la posición del señor Livacic, de quien yo, personalmente, tengo excelentes referencias, aun cuando no lo conozco, ni soy amigo de él, creo que, por el contrario, el hecho de que una Comisión investigue estas cosas va prestigiarlo, al fin, en sus procedimientos, que me imagino son absolutamente correctos. Pero, en todo caso, el acuerdo de la Cámara de Diputados ya estaría tomado y, por lo tanto, se requeriría unanimidad para alterarlo. Muchas gracias, colega. El señor SEÑORET (Vicepresidente). Puede continuar con el uso de la palabra el señor Koenig. El señor KOENIG.- Me alegro de las palabras del colega señor Undurraga. Pero como en la sesión en que el señor Muñoz planteó el problema, tampoco hubo quórum lo que se acordó fue enviar un oficio, a nombre del colega que hacía uso de la palabra en ese momento, al señor Ministro de Educación pidiéndole antecedentes. Y su petición para que se dieran facultades investigadoras a la Comisión no se pudo aprobar, porque ocurrió lo mismo que ahora: que no había quórum en la Sala. Por eso, pido que tome tal acuerdo al comienzo de la sesión de mañana, cuando haya una presencia un poco más numerosa de colegas. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Así se hará, señor Diputado. Ofrezco la palabra, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. ¿Renuncia al resto del tiempo? El señor MAIRA.- Nada más. 7.- HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL.- OFICIO El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Nacional. El señor TAGLE.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor TAGLE.- Señor Presidente, tengo que levantar mi voz indignada esta tarde, ante el rumbo de violencia que está comenzando a caracterizar la campaña presidencial y que, ahora, ha afectado a un hogar modesto de la tranquila comuna de Maipú. El 1º de febrero, a la medianoche, cuando el matrimonio formado por Juan Michea Garay, su esposa Eduvigis Gálvez sus hijos y algunos vecinos, se encontraban reunidos en su hogar, dedicados a las labores da la casa, fueron repentinamente atacados por un grupo de individuos, perfectamente identificados, que venían de la casa vecina, donde funciona un comando de la candidatura del señor Tomic. El dueño de casa fue atacado con un punzón, que le produjo heridas en el tórax y la cuarta costilla, quedando en estado grave, mientras sus hijos eran golpeados con las sillas de la casa y uno de los vecinos recibía una herida a cuchillo en la rodilla, que lo dejó imposibilitado para toda clase de movimiento. Michea está actualmente en la Posta Nº 3, de calle Chacabuco, en estado grave, temiéndose por su vida. Señor Presidente, alguien que no conozca los hechos podría decir que todo es producto del apasionamiento político propio de una campaña electoral y que se trata de situaciones casuales o aisladas. Pero el hecho que yo denuncio esta tarde es producto de un plan, perfectamente elaborado en su estrategia y coordinación en su ejecución. Hace más o menos quince días, Juán Michea Garay, miembro destacado del Partido Nacional, que tiene a su cargo, en su hogar, la secretaría de la candidatura presidencial de don Jorge Alessandri, en la población San José de Chuchunco, fue amenazado por Luis Cisternas, Luis Mazotti, Luis Hernández y otros, de que sería asesinado por dirigir la campaña alessandrista y que la secretaría sería quemada. En la casa colindante con la secretaría de Alessandri, se reunían noche a noche las personas nombradas, para salir, posteriormente, a realizar la propaganda del señor Tomic. En el local de las reuniones funciona una venta clandestina de alcoholes, y está profusamente adornada con propaganda del candidato oficial del Gobierno. Anteanoche determinaron actuar, y poniendo en práctica el plan tan cuidadosamente elaborado, Pedro Martínez cortó los cables de la luz eléctrica para impedir toda defensa, mientras los otros individuos se dividían en dos grupos, penetrando unos por la puerta de la calle, que cedió a los empujones, mientras los restantes lo hacían por el sitio de atrás. Rodearon, en esta forma, a la familia Michea Gálvez con sus hijos y vecinos, repartiéndoles golpes de punzón, cuchillo, puño y silletazos, con el lamentable resultado que hemos denunciado. Señor Presidente, en nombre de los alessandristas de Chile, en nombre da la democracia de mi Patria, en nombre de mi partido, yo protesto, en la forma más enérgica, por esta acción vandálica realizada, por individuos descalificados que parece que no aspiran sino a reactivar su prontuario. Un modesto obrero ha sido gravemente herido, simplemente porque quiere que el país rectifique rumbos y que los suyos y otros obreros como él no continúen en la incertidumbre que afecta a los que no son adeptos al régimen imperante. Cuando la característica sobresaliente de una candidatura es la soledad en las recepciones, el aislamiento del ambiente y el uso de un lenguaje frondoso, ausente de realidad, de ideas y de respaldo, comprendemos que se trate de inflarla, buscando adeptos por todos los rincones del país. Pero cuando ni aún así aparecen adherentes y hay que recurrir al hampa, me parece que ello, por sí solo, demuestra la pobreza de su posición y la calidad de los pocos que aún tratan de sostenerla. Por el prestigio de nuestra democracia, deseamos que termine esta clase de acciones, que empañan nuestra convivencia y que muy lejos de atemorizar a los adeptos de la candidatura de don Jorge Alessandri, los fortifica en su determinación de luchar decididamente por su triunfo, para lograr la tranquilidad de sus hogares, tanto por qué significa el destierro definitivo de la violencia como por que representa la estabilidad de un futuro, en el cual el país entero está poniendo justificadamente sus esperanzas. Solicito, señor Presidente, que se oficie al señor Ministro del Interior, junto con nuestra más sincera y enérgica protesta por la falta de garantías en que se desarrolla la campaña electoral; solicitándole que se ordena la más amplia investigación de los sucesos relatados y se proceda, a la brevedad, a la detención de los culpables, para que la justicia chilena les aplique la pena que por su delito corresponda; y pidiéndole que otorgue a los adherentes de la candidatura de Alessandri las garantías que corresponden a un campaña electoral en un país democrático. Me ha pedido una interrupción el colega Guerra, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se oficiará en nombre del Comité Nacional, al señor Ministro del Interior, en la forma solicitada por Su Señoría. 8.- PLAGA QUE AFECTA A LAS PLANTACIONES DE CITRUS DEL VALLE DE PICA (TARAPACA).- OFICIO El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Guerra. El señor guerra.- Señor Presidente, el año 1963 apareció en Pica la mosca de la fruta. Aunque este parásito destructivo fue combatido eficazmente por fumigaciones durante los años 1963 y 1964, la CORFO prosigue aún algunos trabajos para su exterminación total. Debido a la fuerza del insecticida con que se realizaron estas fumigaciones, se terminó con otros controles biológicos. Los árboles, especialmente los citrus, están debilitados en sus defensas y, en consecuencia, han aparecido plagas que han afectado, de manera ostensible, la producción agrícola de este hermoso valle. En estos instantes ha aparecido la plaga de la mosquita blanca. Este temible insecto está destruyendo las plantaciones de citrus. Acabo de estar en el oasis de Pica. He conversado con el Alcalde, señor Enrique Medina, y con los abnegados agricultores, y todos me han hecho presente esta dramática situación. Me han pedido que intervenga ante las esferas oficiales, como asimismo, en el Parlamento, para que se vaya en su ayuda. La plaga, según los agricultores, puede ser eliminada con lavados de los árboles, con fumigaciones con aceites y llevando, de otras partes o de lugares cercanos a Pica, insectos contrarios a esta plaga. Como digo, ésta es una plaga terrible, que está destruyendo los árboles. Sólo la CORFO ha ido en ayuda de estos agricultores, a quienes ha facilitado algunas máquinas para fumigar, que estaban dedicadas a destruir totalmente la mosca de la fruta. Ante esta dramática situación, dicho organismo ha prestado una ayuda esporádica a los agricultores, proporcionándoles equipos de fumigación. Es de urgente necesidad que los servicios competentes, como, por ejemplo, el SAG, vayan en ayuda directa de los agricultores para terminar con esta plaga. Tengo en mi poder algunos hojas, en las cuales se puede comprobar la terrible exterminación que hace esta mosquita blanca, en especial, en los naranjos y limoneros, que son, precisamente, la fuente económica de este valle. De ahí que solicite a la Cámara el envío de un oficio, ojala en nombre de ella o del Comité Nacional y en mi nombre para que el señor Ministro de Agricultura destaque a personal técnico en esta clase de plaga y, en forma urgente, envíe, por lo menos, tres equipos de fumigación al valle de Pica para terminar con estas mosquita blanca. Pica es un oasis que está en el interior de Iquique. Dicho valle cuenta con noventa hectáreas y allí viven alrededor de 350 agricultores que conforman una población de 2.500 personas. De ahí que es conveniente defenderlo, pues es el único valle en que se cultiva la naranja y el limón, cuyas bondades casi todos conocemos, y porque con su producción abastece a casi todo el norte de Chile. Solicito, en consecuencia, que se envíe el oficio a que me he referido, a fin de que se vaya, en forma urgente, a la solución de este problema, que está afectando en forma dramática a los agricultores de Pica. Ojala que el Gobierno destine también fondos del 2% constitucional para paliar la cesantía que está produciendo esta plaga. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El oficio se enviará en nombre del Comité Nacional y del señor Guerra. 9.- PLANIFICACION DE LA FAMILIA.- OFICIOS El señor GUERRA.- Concedo una interrupción al señor Monckeberg. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede usar de la interrupción el señor Monckeberg. El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, en la última sesión, en su Hora de Incidentes, me estaba refiriendo a la política seguida por el actual Gobierno, de verdadero genocidio, con nuestro pueblo. Como en ese momento no dispuse de más tiempo, quiero pedir ahora que se envíe un oficio a la Contraloría General de la República, por intermedio de la Secretaría de la Cámara, para que investigue las actividades de las sociedades que existen en Chile en materia de planificación de la familia, especialmente de aquéllas que están subvencionadas con dineros extranjeros. Al mismo tiempo, pido qué se envíe copia de mi discurso al señor Ministro respectivo para que responda de estas acusaciones. El señor SEÑORET (Vicepresidente). Se enviará el oficio al señor Contralor General de la República y se transcribirán las observaciones del señor Diputado al Ministro del ramo. 10.- CONVENIO COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA El señor MONCKBERG.- Antes de terminar, quiero aprovechar la interrupción que me ha concedido el señor Guerra, para referirme brevemente a la situación producida en la sesión del miércoles 21 en el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacho. Por un malentendido del señor Presidente de la Corporación, no me fue otorgada la palabra sobre el proyecto del Convenio Comercial entre la República de Chile y la República Socialista de Rumania, el que fue aprobado sin discusión. Por ello, intervendré brevemente en esta Hora de Incidentes. En esa ocasión íbamos a decir que, a nuestro juicio, este convenio es un formulario de buena voluntad, que no representa ninguna expectativa seria de extender los lazos económicos, y técnicos entre ambos países. Los informes evacuados por las Comisiones que lo han estudiado no aportan ningún antecedente concreto acerca de los propósitos que se insinúan y que permitirían juzgar la conveniencia o inconveniencia para nuestro país. Además, íbamos a decir que, a juicio del Comité Nacional, estos convenios celebrados con países "cautivos" de la Unión Soviética, que carecen de verdadera autonomía para contraer compromisos de índole internacional, resultaría más propio suscribirlo directamente con Rusia, que ejerce sobre ellos su imperialismo y somete a sus autoridades a un simple vasallaje. En estas condiciones, nuestro voto debió ser contrario y negativo a la ratificación de dicho convenio. Sin embargo, como un homenaje al noble pueblo rumano, que ha sabido sobrellevar con innegable altivez los duros e inmerecidos azares de su "cautiverio", votamos afirmativamente el convenio suscrito por nuestro Gobierno y el de la República Socialistas de Rumania. Finalmente, íbamos a formular votos muy sinceros -y lo hago en este momento también- por la legítima autodeterminación que corresponde a ese pueblo, que tiene plenos derechos de disfrutar de los atributos de la libertad, de dirigir plenamente su destino y de gozar de los frutos de su esfuerzo y de su capacidad realizadora. Nada más. 11.- TRABAJOS REALIZADOS EN AVENIDA ESPAÑA, DE VALPARAISO.- OFICIOS El señor GUERRA.- He concedido una interrupción al señor Lorca. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor LORCA (don Gustavo).- Señor Presidente, mezcla de increíble estupidez técnica, absoluta irresponsabilidad administrativa y posibilidad de escandaloso negociado, es la actuación del Ministerio de Obras Públicas en los trabajos que se realizan en la curva Los Mayos, en la Avenida España, camino que comunica Valparaíso y Viña del Mar. No de otra manera puede calificarse, al considerar cómo se han conducido esos trabajos, que el más lego en materia de ingeniería habría podido prever. Numerosos parlamentarios de otras circunscripciones han visitado la zona y han comprobado lo que afirmo, y varios de ellos me han expresado su opinión, sin reticencias. Mis denuncias, hechas hace ya cerca de tres meses en esta Cámara, y la petición de informes al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no han sido objeto de la menor atención, burlándose así de la acción fiscalizadora de esta Corporación. Debo destacar que después del claro y preciso cuestionario que formulé en mis peticiones de ofició, se han producido hechos gravísimos. En primer lugar, se pavimentó, para darle carácter definitivo, el sector de la ampliación de la Avenida España, pegado al cerro, y se anuncio la apertura al uso público para antes del 1º de enero. ¿Qué ha pasado? Primero, el mismo nuevo camino ya se está desmoronando, sin haber entrado aún en servicio; y su pavimento se está carcomiendo, porque se hizo sobre terreno de dudoso relleno y sin precaución alguna. Segundo, en un sector de 100 metros, más a menos, se ha tenido que levantar totalmente el pavimento para dar paso al muro que contendrá al cerro. Tercero, es ya un hecho qué la doble vía que debe restablecerse para dar comunicación normal y expedita entre ambas ciudades, no podrá ser reabierta hasta terminar la construcción del muro de contención. El plazo, que se ha ido corriendo mes a mes, quedó ahora sujeto a una dilación mucho mayor, y el Ministerio de Obras Públicas no se ha dignado dar una información completa y verídica a este respecto. Cuarto, la llamada falla geológica ya se precisó y ahora -sólo ahora- cuando estaba todo pavimentado, se comenzará a levantar el muro de contención. Nadie en la zona dudó un momento de que había una falla geológica. Sólo lo ignoraron los "expertos" del Ministerio de Obras Públicas. Creo que la paciencia de los habitantes de ambas ciudades tiene límites. Al menos, tiene derecho a que se les informe. Como el Ministerio de Obras Públicas ha sido renuente a esta información solicito a la Honorable Cámara, a fin de que no se burle en la forma grotesca en que está aconteciendo su función fiscalizadora, lo siguiente: 1º) La inmediata intervención de la Contrataría General de la República, a fin de que investigue todo lo relacionado con la adjudicación de las propuestas y su ampliación, los costos de construcción y trabajos inutilizados; 2º) Que la Comisión de Obras Públicas de esta Honorable Cámara se constituya en el lugar de las obras, para lo cual propongo que se requiera a su Presidente, a propuesta de esta Cámara, que, con la asistencia obligatoria de los funcionarios responsables del Ministerio de Obras Públicas, la informe, a fin de que se dé un cabal conocimiento sobre la construcción de las obras, la adjudicación de las propuestas, los costos y las diversas alternativas de este problema. Solicito, señor Presidente, que estos dos acuerdos sean tomados por la Cámara, en nombre del Comité Nacional y espero que lo sean también en nombre de otros Comités. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- No hay quórum suficiente para poder tomar acuerdos, señor Diputado. En consecuencia, se dirigirán los oficios en nombre da Su Señoría y del Comité Nacional. El señor TAVOLARI.- En nombre del Comité Socialista. El señor BARAHONA.- Y en mi nombre. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Los oficios se enviarán también en nombre de los señores Tavolari y Barahona. El señor LORCA (don Gustavo).- También debe enviarse oficio al Presidente de la Comisión de Obras Públicas. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- También se enviará, señor Diputado. 12.- SITUACION QUE AFECTA A LOS CAMPESINOS DEL ASENTAMIENTO "PEDEGUA BAJO", DE PETORCA (ACONCAGUA) El señor GUERRA.- He concedido una interrupción al señor Godoy. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Godoy. El señor GODOY.- Señor Presidente, quiero denunciar, ante la Honorable Cámara, una situación increíble que se está presentando en el departamento de Petorca, provincia de Aconcagua. En el pequeño poblado de Puerto Montt, existe un asentamiento denominado "Pedegua Bajo", cuyos campesinos no reciben ni un solo anticipo de la Corporación de la Reforma Agraria, desde el mes de octubre del año pasado. Como esta gente se encuentra en la más absoluta inopia en materia de dinero, prácticamente, no tienen ya qué comer. Además, ellos no quieren integrar un solo asentamiento con el fundo "Santa Julia"; pues desean permanecer independientes; pero la CORA y sus funcionarios de Quillota, con una majadería increíble, insisten en que estos campesinos formen parte de un solo asentamiento común, a. lo cual ellos se niegan. Además, los asentados del predio "Santa Julia", situado al otro lado del río Petorca, han tomado posesión de un potrero del fundo "Pedegua Bajo". Todo esto está en conocimiento del Ministro de Economía, a quien, hace quince días y en esta Cámara, le expuse la situación, en el sentido de que, si los asentados de "Santa Julia" no eran expulsados del fundo "Pedegua Bajo", existía el grave peligro de que corriera sangre, porque los campesinos estaban dispuestos a sacarlos con sus propias armas. Los he detenido para que no ocurra este fatal desenlace; pero, a pesar de que el señor Ministre me prometió que esta situación iba a ser solucionada de inmediato, todavía están los asentados de "Santa Julia" en ese potrero de "Pegua Bajo". El señor GUASTAVINO.- ¡Así debe ser! ¡Debe haber un solo asentamiento! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Nacional. 13.- LIMITACION FINANCIERA Y DE MATRICULA EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES.- OFICIO El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista. Tiene la palabra la señora Gladys Marín. Hago presente que el Comité Radical ha cedido su tiempo al Comité Comunista; de modo que Su Señoría puede hacer uso del total de los dos tiempos. La señora MARIN.- Señor Presidente, quiero referirme, en esta oportunidad, al problema del ingreso a la universidad, ya que año a año nos encontramos enfrentados al mismo problema: el número de postulantes a las universidades en un país como el nuestro, que necesita urgentemente aumentar la cantidad de profesionales, técnicos e investigadores en numerosas áreas, es muy superior a las vacantes que ofrecen los institutos de educación superior. Sin embargo, el problema no es igual cada año, sino que reviste características más agudas, ya que los egresados de la enseñanza media superan en varios miles a las vacantes ofrecidas. Es así como este año 50.600 jóvenes se han inscrito para rendir la prueba de Aptitud Académica, que permite incorporarse a los primeros años de todas las universidades, excluida la Universidad Técnica del Estado, y 23.200 personas han postulado a esta última, que no exige ninguna prueba especial para incorporarse a sus aulas. Es decir, se puede afirmar que entre 50 y 60 mil jóvenes anhelan ingresar a los primeros años universitarios, si descontamos a quienes se han presentado a los dos sistemas, cuyas vacantes, según estadísticas de la Oficina de Planificación de la Universidad de Chile, ascienden a 18.827. Aunque consideremos un aporte adicional que para este objeto ha acordado la Universidad de Chile, podemos afirmar que podrá seguir los estudios sólo uno de cada tres postulantes. Entre 30 y 40 mil jóvenes no podrán hacer realidad su aspiración de seguir estudios en la universidad. Como se puede apreciar, el problema se intensifica de año en año. No tiene fundamentos el optimismo que ha mostrado al respecto el Gobierno. El Presidente de la República, en un encuentro con los rectores de las diferentes universidades, afirmó lo siguiente: "La proporción que se registra en Chile entre el número de alumnos egresados de la enseñanza media y los postulantes y la cantidad de los que efectivamente ingresan, es altamente favorable. En efecto, el número de alumnos secundarios egresados en 1968 ascendió a 21.700. De ellos no todos rindieron la prueba de Aptitud Académica. Ahora bien, ingresaron al primer año de todas las universidades chilenas 23.091 personas. En consecuencia, el número de alumnos que ha tenido la posibilidad de ingresar a las universidades en 1969 es superior al número de alumnos que egresaron de la enseñanza secundaria en 1968. Pero nosotros decimos que, para hacer esta afirmación, el Presidente de la República usa cifras en forma tendenciosa. Toma en cuenta sólo el número de los alumnos secundarios y no el total de egresados de la enseñanza media para compararlo con la matrícula del primer año universitario y no con las vacantes para nuevos alumnos, dado que la matrícula es copada con un porcentaje apreciable por alumnos repitentes. Tanto es así, que el estudio de la Oficina de Planificación a que hemos hecho referencia comprueba concretamente que "el número de vacantes disponibles en el primer año de las universidades chilenas ha aumentado en los últimos años a un ritmo menor que el de los egresados potenciales de la enseñanza media y menor aún que el de los postulantes de la educación superior." Lo concreto es que el problema se viene haciendo más agudo en todos los últimos años, y no sólo durante la actual Administración, sino que también en las que la precedieron. Nada justifica el optimismo con que considera la preocupación que tuvo por los problemas de la educación superior durante su Gobierno el candidato presidencial de la Derecha don Jorge Alessandri. El porcentaje de alumnos universitarios por habitantes era en su período presidencial aun inferior al de estos momentos. Es evidente que la exigencia que el país ha hecho al respecto ha permitido un mejoramiento de la situación: Pero hay todavía más. Este drama de miles y miles de jóvenes adquirirá en los años venideros proporciones aún más superiores. En una proyección de los egresos de la enseñanza media, realizada también por la Oficina de Planificación de la Universidad de Chile, se estima que los egresados de la enseñanza media en 1973 ascenderán ya a más de 53 mil; por lo tanto, para mantener el mismo porcentaje de Jóvenes que ingresan a la educación superior, las universidades tendrán que crear casi 20 mil nuevas plazas, lo que representa doblar en cuatro años el número de vacantes que actualmente se ofrecen. Por su parte, la Universidad Técnica del Estado, para mantener su participación en la matrícula universitaria, deberá triplicar en diez años sus plazas para primer año. Por consiguiente, existe la obligación de considerar en profundidad no tan sólo cómo nuevas vacantes en la actualidad, sino que cómo otorgar a las Universidades los recursos crecientes que requieren, que son mayores aun si se estima que ellas deben entrar a cumplir muchas nuevas responsabilidades y misiones que el proceso reformista les ha asignado. El número de alumnos que se incorporarán a las diferentes universidades, por otra parte, contrasta con las necesidades del país. Diferencia que se hace más notoria si tenemos en cuenta que serán profesionales, técnicos, educadores o investigadores que egresarán a mediados de la actual década, cuando repercutirá con una fuerza extraordinaria sobre el desarrollo social la revolución científico-técnica que se produce en nuestros días y cuando nuestro país, si desea salir del atraso y de la miseria en que actualmente se debate, deberá estar realizando profundas transformaciones que harán más necesario aun contar con personal de formación superior suficiente. Analicemos, por ejemplo, el caso de los ingenieros. El Centro de Planeamiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en un estudio titulado "La formación de ingenieros y técnicos en las Universidades Chilenas; estimación de necesidades y disponibilidades", señala que en 1970, vale decir este año, habrá 31.300 ingenieros de ejecución y técnicos, en tanto que la demanda estimada es de 35.160. Esto quiere decir que hay un déficit ascendente a 3.860 de estos profesionales. Hay que tener en cuenta que en la actualidad se estima que aproximadamente 20 mil de estos técnicos no tienen formación en el sistema educativo, sino que son producto de la práctica. En cuanto a los ingenieros de concepción (5 ó más años de formación universitaria), el déficit para 1970 es de 569 profesionales. Ahora bien, estos déficit de acuerdo a los datos existentes, crecerán sensiblemente durante la actual década, a no ser que se adopten medidas que aumenten la formación de ingenieros y técnicos. Problemas similares, en cuanto al insuficiente número de egresados de las universidades del país, se producen en otras áreas del conocimiento. En un estudio realizado por el jefe de la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Educación, sobre oferta y demanda de personal de nivel superior, se calcula el número de médicos existentes en 1969, en 6.224. Es decir, nuestro país tiene el bajo promedio de 6 médicos por cada 10 mil habitantes. Las necesidades ascenderán en 1975, cuando estará próxima a egresar la actual generación que se incorpora a la Universidad, a 11.284 de acuerdo a un análisis realizado por INSORA. Frente a esta realidad, nuestros institutos de educación superior están entregando menos de 300 nuevos médicos anualmente, cuando para resolver el "déficit se precisaría que egresaran anualmente más de 850 de estos profesionales. Esto es, más de tres veces de los que actualmente se forman. Basta sólo agregar que la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en Santiago, ha disminuido en 40 sus vacantes con relación al año pasado por razones de índole presupuestaria, y en Valparaíso no puede crecer por el mismo motivo, a lo que se agrega insuficiencia de espacio físico y de equipamiento. Esto es más grave si consideramos que las nuevas plazas no sólo no crecen, sino que disminuyen en algunos casos. Porque. a pesar del aumento experimentado pollas vacantes para alumnos nuevos ofrecidas por las universidades en los últimos años, en la actualidad se produce una tendencia a la disminución y, en el mejor de los casos, se mantienen. En efecto, entre 1964 y 1968, la matrícula en los primeros años aumentó de 6.803 a 12.753. Esto es, tuvo un aumento del 87,46%. Este año, en la Universidad de Chile, se ofrecen 9.306 plazas, en contra de 10.255 que se ofrecieron el año pasado, lo que implica una disminución del 9%. Es necesario señalar, en todo caso, que en la actualidad se está realizando un estudio a fin de incrementar la cifra relativa al año 1970. La Universidad Técnica experimentó un leve aumento de sus vacantes para primer año: de 4.672 en 1969 a 5.123 en 1970, de las cuales 3.170 corresponden a alumnos nuevos, mediante un esfuerzo extraordinario realizado por esta Corporación. La Oficina de Planificación de la Universidad de Chile realizó una encuesta entre los Decanos, Directores y personal directivo de las diversas Facultades, Escuelas y Departamentos de la Universidad de Chile para conocer si habría aumento, mantención o disminución de vacantes en sus respectivas dependencias y las razones que motivaban una u otra determinación. El resultado general fue que la casi totalidad de las personas consultadas manifestaron la determinación de disminuir el número de vacantes, y las razones que dieron para ello fueron la falta de recursos presupuestarios, la rigidez de la planta física, falta de personal académico, insuficiencia de equipamiento en laboratorios, etcétera. Sólo en algunos casos, como la Escuela de Derecho, se señaló como razón del no incremento de las vacantes las dudas respecto al mercado ocupacional. Es decir, las causas que provocan la falta de matrículas son esencialmente la escasez de recursos presupuestarios con que cuentan las universidades, en espacial las del Estado, y es esta la gran limitación que se les coloca para el adecuado cumplimiento de su función. Se habla del notorio aumento que ha experimentado el aporte estatal a la educación superior en los últimos años. De ello ha hablado el Presidente Frei. En efecto, este aumento se ha producido, pero en lo que se refiere a las universidades del Estado, que en conjunto reúnen al 65,3% de los estudiantes universitarios, este aumento ha sido ínfimo. Es así como en los años 1964 a 1968, el aporte estatal a la Universidad de Chile aumentó sólo en un 8%, y para la Universidad Técnica, en apenas un 1%. Para las universidades privadas el aumento fue en este mismo período del 44%, entre las cuales se destacan por el mayor aporte que recibieron, la Universidad Austral, cuyo Rector es el señor William Thayer, que tuvo un aumento del aporte estatal del 71% y la Universidad del Norte para la cual el mayor aporte fue del 151%. Esta situación ha derivado en que el ingreso por alumno haya disminuido notoriamente en los últimos años para las universidades estatales. Este detrimento real que se ha venido produciendo en los recursos de que dispone la educación superior estatal que, como ya lo señalamos, absorbe al 65,3% del total de los alumnos universitarios, es la causa real de los problemas que señalaban las autoridades universitarias consultadas sobre las posibilidades o no de incrementar el número de matrículas. A pesar de la escasez de recursos con que cuentan las universidades del Estado para el desarrollo de sus funciones, podemos observar el extraordinario esfuerzo que ellas han realizado para absorber la demanda de matrícula. La Universidad de Chile experimentó un aumento de sus matrículas del 49% entre los años 1964 y 1968, pese a que el aporte estatal -dijimos- creció sólo en un 8%. En la Universidad Técnica del Estado el aumento de matrículas fue de un 57% en este mismo período, en tanto que el aporte estatal aumentó tan solo en un 1%. Este alto crecimiento de las matrículas, que no fue acompañado de un aumento correspondiente de los recursos financieros, ha colocado a estas universidades en una difícil situación. Si bien para 1970 se ha producido un mayor aporte, más significativo que otros años, el problema sigue en plena vigencia. Para la Universidad Técnica del Estado se otorgó para 1970 un mayor aporte de 14 millones de escudos, lo que representa, en relación con 1969, un aumento del orden del 15%. Es necesario señalar que a esta cantidad se llegó después de arduas discusiones y con el reconocimiento del Ministro de Educación de la desmedrada situación que por años se ha mantenido a esta Universidad. Es necesario señalar, sin embargó", que, a pesar de este aumento, la Universidad técnica del Estado no estará en condiciones de resolver la grave situación económica que la aflige, ni menos podrá pensarse en una expansión. Con los recursos recibidos, podrá apenas resolver los problemas existentes en los niveles de rentas de sus funcionarios, en especial el de los académicos que, en muchos casos, perciben rentas inferiores a las que reciben los profesores de Enseñanza Media. La situación permanece también grave en lo que se refiere al presupuesto de capital. En lo que respecta a la Universidad de Chile, donde el mayor aporte otorgado representa aproximadamente un 20% en relación con el aporte estatal del año anterior, la situación tampoco se resuelve, y con los recursos obtenidos se podrá hacer frente a algunas de las situaciones más urgentes, pero tampoco puede pensarse en una expansión significativa. Vale decir, entonces, que se mantiene la política de no enfrentar este problema, el de la educación superior, a pesar de las urgentes necesidades de profesionales que tiene el país. De este modo, al no existir una decisiva expansión de nuestra educación superior, año a año seguirá creciendo el número de jóvenes que se verán prácticamente marginados del proceso social o incorporados a labores que no son las que permitirán un real desarrollo de nuestro país. Los comunistas estamos absolutamente convencidos de que los problemas en las universidades sólo serán resueltos con un cambio de régimen. La responsabilidad de la actual situación de crisis que enfrenta la educación superior corresponde al gobierno Demócrata Cristiano que, al igual que su antecesor el señor Alessandri, ha sido incapaz de enfrentar con decisión el problema de mayores recursos para la Universidad. Los escasos aumentos que se han logrado, como también el aumento de las matrículas en la Educación Superior, encuentran su fuente primera en la lucha resuelta que han desplegado el movimiento estudiantil y demás sectores reformistas de la Universidad; lucha que ha tenido el respaldo de los trabajadores, que son los más interesados en que la Universidad abra sus puertas. La resistencia que oponen los reaccionarios al desarrollo de la educación, de la cultura, es una resistencia de clase; ven en ello un peligro para la conservación de sus intereses. Conscientes de esta situación, de la necesidad de contribuir a la solución del problema que afecta a miles de postulantes a la Universidad, las universidades del Estado han hecho proposiciones concretas tendientes a ampliar las matrículas para este año. La Universidad Técnica del Estado ha hecho un estudio mediante el cual ha establecido que puede aumentar en un 70% sus vacantes este año, para los primeros años, creando 2.200 nuevas plazas si se hace un aporte adicional de 12 millones de escudos; 200 de estas nuevas plazas serían en carreras de ingeniería de ejecución y 2.000 en carreras tecnológicas cortas (2 años de duración). Por su parte, la Oficina de Planificación de la Universidad de Chile ha analizado las vacantes adicionales que se podrían crear en diferentes carreras de acuerdo a recomendaciones realizadas por los servicios respectivos con una consideración estimativa de los costos. Esta Oficina ha recomendado que se ofrezcan 1.030 vacantes adicionales con un costo de 12 millones de escudos. Esto significa que, con un aporte adicional, las universidades del Estado estarían en condiciones de recibir 3.230 nuevos alumnos, es decir, un aumento superior al 25% de las vacantes que actualmente ofrecen. En el país existen recursos para atender estas demandas. Durante el año recién pasado las utilidades de los bancos privados ascendieron a millones de escudos. Las solas utilidades del poderoso Banco de Chile, uno de los resortes fundamentales de la oligarquía financiera chilena, exceden con largueza a las necesidades de la Universidad Técnica del Estado para abrir sus puertas a 2.200 nuevos alumnos. Sus ganancias declaradas superan los 16 millones de escudos. Los Diputados comunistas pedimos que la Cámara haga llegar estas observaciones al Ejecutivo y reclame de él una iniciativa de ley que proporcione a las universidades del Estado los recursos que precisan para ampliar de inmediato sus matrículas y, al mismo tiempo, que se consideren los recursos que permitan su expansión futura, de acuerdo a las necesidades del país, y para que las comunidades universitarias puedan llevar a cabo los postulados de la Reforma. Repetimos: las universidades para poder absorber el mismo porcentaje actual de egresados de la enseñanza media, deberán en diez años, triplicar sus matrículas actuales. Desde luego, tendrá una primera importancia en el logro de estos mayores recursos, la movilización que realicen para conseguirlos los miles de jóvenes que ven tronchadas sus aspiraciones de incorporarse a la educación superior, y lo que hagan las respectivas comunidades universitarias. Vemos como un hecho auspicioso que gran número de jóvenes que postulan a ingresar a la universidad hayan decidido, bajo el auspicio de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica y de la Federación de Estudiantes Secundarios, organizarse para lograrlo. Son miles los jóvenes que se han incorporado a este movimiento: "Universidad para todos". De aquí a marzo serán aún más los jóvenes que exigirán, combativamente, expresando su anhelo y su protesta en las calles, una solución, más matrículas, más presupuesto para la educación superior. A esto está obligado a responder el Gobierno y a buscar una solución. La lucha de estos jóvenes coincide plenamente con los intereses del país, con la de todos los sectores populares, que en esta forma se abren camino para lograr los cambios revolucionarios. Señor Presidente, insisto en que estas observaciones se transcriban al Ejecutivo, y que la Cámara solicite de él una iniciativa legal que permita destinar recursos a las universidades del Estado. El señor MUÑOZ.- En mi nombre. El señor PALESTRO.- Y en nombre del Comité Socialista. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán en nombre del señor Muñoz y del Comité Socialista. El señor ACEVEDO.- Cuando haya el quórum reglamentario, ruego al señor Presidente que solicite el acuerdo unánime para enviar estos oficios en nombre de la Cámara. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Cuando haya el quórum necesario, se solicitará el acuerdo respectivo, señor Diputado. 14.- OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA AL CUERPO DE BOMBEROS DE LAS CONDES (SANTIAGO).- OFICIO El señor ACEVEDO.- ¿Cuántos minutos quedan? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Restan cinco minutos, señor Diputado. El señor ACEVEDO.- Los va a ocupar el señor Muñoz, del Partido Radical. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Muñoz. El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, quiero plantear en este Parlamento, que es tribuna del pueblo, un grave problema que tiene convulsionado a un gran sector de Santiago. En verdad, su misma existencia viene a contradecir aquellos anuncios que se hacen a través de todos los medios, en el sentido de alentar a la comunidad para que se organice y trate, de solucionar sus propios problemas. Sin embargo, este hecho anunciado se contrapone con la lentitud de muchas autoridades que, por una selección política o filosófica, van colocando todo tipo de obstáculos a los esfuerzos de probados dirigentes apolíticos que buscan ayudar a sus semejantes, sin las amarras de los poderosos y eternos intereses creados. En esta ocasión, deseo referirme a la petición de personalidad jurídica que han formulado para su Cuerpo de Bomberos, diversos dirigentes y vecinos de la progresista comuna de Las Condes. Más propiamente, la solicitaron sus Juntas de Vecinos y los mismos que en 1967 organizaron la Brigada Manquehue, la estructuraron y dirigieron e hicieron de esta única Unidad Bomberil en servicio y creada para Las Condes, un organismo eficiente para combatir estos siniestros que atentan no solamente contra los bienes materiales, sino también contra la integridad de los seres humanos. Sin embargo, la solicitud de personalidad jurídica ha merecido una sola prevención : el dotar debidamente al nuevo Cuerpo de Bomberos de Las Condes tomará de 3 a 6 meses, y para ello es indispensable, precisamente, contar con la personalidad jurídica reclamada, que se solicitó el 6 de agosto y aún no está otorgada. Entre tanto, incluso las líneas telefónicas indispensables están ya determinadas y a la espera da la disposición legal que permita su conexión. Por lo demás, es obvio que los Cuerpos de Bomberos de Conchalí, Ñuñoa y Santiago generosamente seguirán sirviendo a la comuna, mientras ésta, como otras 203 comunas más, completa la organización de su propio Cuerpo de Bomberos, según sus propias y especiales características: comuna semi urbana o forestal, de gran desnivel en su superficie, enorme y con difíciles comunicaciones. Es sabido, principalmente en el propio Ministerio de Justicia, como la demora en la solución de los problemas o pequeñas necesidades se transforma en graves conflictos y da lugar a peligrosas situaciones. No es otra cosa lo que está ocurriendo con la tramitación de la personalidad jurídica pedida por el Cuerpo de Bomberos de Las Condes, ya que el retraso al parecer interesado, ha dado pie y tiempo para tragedias, enormes perjuicios e inconvenientes situaciones. Consta, por ejemplo, en el 3er. Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía, la existencia de decenas de denuncias por incendios intencionales, y son ya muchas las familias ricas o modestas que han visto amasadas por el fuego todas sus viviendas, pues el auxilio o las alarmas deben venir desde decenas de kilómetros de distancia. Además, tanta dilación ha dado lugar a las más inadecuadas intervenciones, políticas, filosóficas o personales que, evidenciando las imperfecciones humanas, se generan o multiplican en la indecisión gubernativa. El día 2 del pasado mes, con el Nº 1, el Honorable Consejo de Defensa del Estado, con la firma de sus doce miembros, que están por encima de toda sospecha, emitió su informe favorable a la petición de personalidad jurídica reclamada por los Voluntarios de Las Condes. Antes, ya se habían pronunciado también favorablemente, la Prefectura de Investigaciones, la Intendencia y el propio Departamento de Archivos del Ministerio de Justicia. El informe favorable del Consejo de Defensa del Estado, bastante difundido y amplio, destaca el total cumplimiento de los requisitos legales contenidos en la solicitud. Además, hace ver cómo al propio Ministerio le consta la inexistencia de Cuerpo de Bomberos en Las Condes desde el 20 de octubre de 1959, fecha en que por decreto Nº 5.094 se suprimió una entidad formada anteriormente, y lo útil que resulta acoger la solicitud. Y agrega: "En síntesis, como se ha dicho, este Consejo no ve ningún inconveniente de orden legal y tampoco de orden reglamentario para que se acceda a la solicitud en informe"... El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Perdón, señor Diputado. Ha terminado el tiempo del Comité Comunista. El señor PALESTRO.- El Comité Socialista le cede dos o cuatro minutos. El señor MUÑOZ.- Gracias, colega. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Diputado. El señor MUÑOZ.- Repito, este informe expresa: "En síntesis, como se ha dicho, este Consejo no ve ningún inconveniente de orden legal y tampoco de orden reglamentario para que se acceda a la solicitud en informe". Luego añade que, como se ha dicho, anteriormente, ese mismo Consejo de Defensa del Estado ha expresado: "Legalmente nada hay en los antecedentes que sea contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres". Es más, la Superintendencia de Sociedades Anónimas, único organismo legalmente capacitado para opinar al margen de los juicios "en derecho" que se requieren -artículo 4º de nuestra Constitución-, en responsable dictamen Nº 9.043, del 7 de noviembre del año pasado, manifestó, además: "Sin perjuicio de la atención que hasta ahora haya dispensado a los siniestros ocurridos en la comuna de Las Condes, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y que está en situación de continuar proporcionando" -acuerdo Nº 50 de Carácter Permanente de su Directorio, o Modus Vivendi, en jerga bomberil- "en opinión de esta oficina aparece necesario dotar a la comuna de los elementos materiales que sean suficientes para la seguridad de sus habitantes. Se trata de una comuna en rápido y considerable crecimiento, cuya extensión la aleja del centro de la ciudad". Por esto creemos que el señor Ministro de Justicia, sin mayor dilación y evitando las presiones bastardas, políticas o filosóficas que entraban su acción, ha de dictar pronto el decreto que otorga la personalidad jurídica solicitada o, de otra manera, debe señalar responsablemente las exigencias legítimas que deban ser satisfechas para lograr el fin reclamado y afianzar la seguridad de los que viven en Las Condes. Allí habitan ciudadanos de todas las condiciones económicas y pertenecientes a todos los credos filosóficos, como a todas las ideologías políticas. Incluso, naturalmente, algunos se encuentran al margen de todas esas concepciones. Solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Justicia para que entregue un dictamen claro, anunciando a la brevedad, la concesión de esta personería jurídica o, de lo contrario, expresando públicamente cuáles son los inconvenientes para que eso ocurra, por cuanto se trata de un problema que está mucho más allá de cualquier interés. Muchas gracias. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviará oficio al señor Ministro de Justicia en nombre de su Señoría... El señor PALESTRO.- Y en nombre del Comité Socialista. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- y en nombre del Comité Socialista. El señor MUÑOZ.- Agradezco al Comité Socialista la gentileza de haberme concedido estos minutos. 15.- INDEFENSION DE LOS CHOFERES DE TAXIS ANTE LOS ATAQUES DE QUE CONTINUA SON VICTIMAS.- OFICIOS El señor PALESTRO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar establecida la protesta de los parlamentarios socialistas por la indefensión en que se encuentran los chóferes de taxis, especialmente los que trabajan en el servicio nocturno. Hace pocos instantes, hemos ido al Cementerio General a despedir los restos de nuestro camarada Eduardo Palominos, que fuera asesinado, hace pocos días, en un sector cercano a La Cisterna. Desde hace muchos años, era un disciplinado militante de nuestro partido; en esta ocasión, ha caído víctima de los delincuentes que en forma impune están actuando, sin que Carabineros ni Investigaciones sean capaces de poner coto a esta verdadera ola de asesinatos de estos modestos trabajadores del volante. Les encuentro toda la razón, cuando en el día de ayer y esta tarde, estos personales han salido a la calle a manifestar su protesta violenta, frente a la indolencia y la lenidad de las autoridades de Gobierno ante un hecho que se está repitiendo demasiado, ante un hecho que está costando vidas de padres, de personas que son el único sostén de su familia y que, hasta ahora, no han contado con la protección más elemental de los órganos de defensa de la vida humana y de los bienes de la colectividad. La verdad es que, cuando estos modestos trabajadores del volante salen a la calle, como decía, a expresar de alguna manera su protesta por la ignorancia o el olvido que demuestran las autoridades ante este problema que ya se está haciendo corriente y se está constituyendo en una especie de pan de todos los días, como es el asalto a los taxistas, nosotros creemos que el Gobierno tiene la obligación de preocuparse. No se trata tampoco, de ninguna manera, de reprimir a posteriori la actuación del delincuente o del asaltante, sino de buscar primero la fórmula, los medios de que estos cogoteos, estos asaltos, estos asesinatos no ocurran ni se repitan, antes de estar lamentando después la muerte, la desaparición de un jefe de familia, lo que, sobre todo en el último tiempo, ha sido prácticamente cosa de todos los días. En efecto, la opinión pública se ha informado, a través de la prensa, del cogoteo, del asalto, del robo o sencillamente, del asesinato de estos modestos trabajadores. Los socialistas, al ver en el día de ayer caer abatido por la mano aleve de un delincuente a un camarada de nuestras filas, queremos levantar nuestra voz para exigir al Gobierno la vigilancia necesaria y oportuna a fin de que estos trabajadores puedan realizar sus labores en las condiciones de seguridad más elementales, para la defensa de sus vidas. Por eso, en nombre del Comité Socialista, pido que se envíen los oficios correspondientes al propio Presidente de la República, como asimismo al señor Ministro del Interior y también al señor Ministro de Justicia, con el fin de que se aboquen a buscar una solución urgente a este problema que se está convirtiendo, como digo, en una cosa sumamente delicada. Creo que el Gobierno tiene la obligación de buscar la fórmula que permita a esta gente desarrollar sus actividades como corresponde sin estar expuesta a la puñalada o al balazo por la espalda, como ha estado sucediendo en estos últimos días. Insisto en que el Gobierno tiene la obligación de buscar la manera, la fórmula para que estos hechos no se sigan produciendo con la frecuencia abismante de este último tiempo. El señor GIANNINI.- ¿Me concede una interrupción? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Señor Palestro, el señor Gianini le solicita una interrupción. El señor PALESTRO.- Lo más breve posible. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GIANNINI.- Señor Presidente, deseo manifestar que estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el Diputado señor Palestro. Además, creo que quizás podría complementarse su petición con el envío de un oficio al Instituto de Ciencias Penales para que nos pudiera informar de qué manera, a juicio de ese Instituto, podría ser modificada la legislación penal, en defensa de estos trabajadores que, como ha expresado el señor Palestro, en el día de hoy están en un paro de protesta para llamar la atención pública hacia la situación de ellos. Creo que se podría complementar la petición del señor Palestro, solicitando un informe al Instituto de Ciencias Penales y pidiendo también su opinión sobre las modificaciones legislativas que se podrían introducir a las disposiciones penales actuales. El señor PALESTRO.- Perfecto. Es conveniente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Entonces se enviarán todos los oficios correspondientes solicitados por el señor Palestro, agregando el que ha insinuado el señor Gianini. El señor GIANNINI.- También en mi nombre. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- También en nombre de Su Señoría. El señor RIOS (don Héctor).- Y en el del Comité Radical. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Y en el nombre del señor Ríos. El señor TORO.- Y en mi nombre. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Y en el de Su Señoría. El señor MERINO.- En el nombre del Comité Demócrata Cristiano. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Y en el nombre del Comité Demócrata Cristiano. El señor PALESTRO.- Ahora, señor Presidente, se trata también de evitar los enfrentamientos, los choques que se están produciendo con mucha frecuencia entre estos personales y el Cuerpo de Carabineros y de Investigaciones. La verdad es que los ánimos están caldeados, porque los taxistas estiman que no encuentran la protección necesaria de parte de Carabineros y de Investigaciones. Incluso esto lleva a situaciones graves, que no es del caso dar a conocer en esta ocasión, pero que... El señor SEÑORET (Vicepresidente).- ¿Me permite? Ha llegado el término de su tiempo, señor Diputado. Se levanta la sesión. - Se levantó la sesión a las 18 horas 50 minutos. Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones.