REPÚBLICA DE CHILE. CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA EXTRAORDINARIA Sesión 53ª, en miércoles 22 de abril de 1970 (Ordinaria: de 16 a 22,30 horas) Presidencia de los señores Mercado y Señoret. Secretario, el señor Mena. Prosecretario, el señor Lea-Plaza. INDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO PEL DEBATE II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IV.- TEXTO DEL DEBATE I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- Se acuerda la celebración de una sesión especial y el empalme de las que deba celebrar la Corporación en el día de hoy 5299 2.- Se concede tiempo especial a un señor Diputado para usar de la palabra en una sesión próxima 5299 3.- Se prorroga el plazo para que una Comisión informe un proyecto de ley 5299 4.- Los señores Sabat y Amello rinden homenaje a la República Árabe Siria con ocasión de conmemorarse su aniversario patrio. Se acuerda el envío de notas de salutación 5299 5.- El señor Cademártori se refiere a denuncia formulada por una Cooperativa de Choferes. Investigación por la Comisión de Obras Públicas y Transportes 5303 6.- Los señores Agurto y Arnello se refieren a la botadura del cazasubmarino "Papudo" de los astilleros y maestranzas de la Armada de Talcahuano. Se acuerda el envío de oficios ... 5304 ORDEN DEL DIA: 7.- La Cámara despacha las observaciones del Ejecutivo al instituciones de previsión 5307 El señor Secretario anuncia la Tabla de Fácil Despacho para las próximas sesiones 5347 INCIDENTES: 9.- El señor Sepúlveda se refiere a diversos problemas que afectan a la comuna de Casablanca (Valparaíso) 5347 10.- El mismo señor Diputado solicita el envío de oficio relacionado con problemas que afectan a la Escuela Nº 70, ubicada en el asentamiento de Llíu-Lliu de Limache y a la evaluación de los problemas escolares de la provincia de Valparaíso 5350 11.- El mismo señor Diputado se ocupa de la explotación del diario "La Unión", de Valparaíso, por una cooperativa formada por su personal 12.- El señor Monckeberg se refiere a la situación creada a los vecinos por demoliciones en un barrio central de Santiago 5353 13.- El mismo señor Diputado se ocupa del acuerdo del Banco del Estado para la adquisición de edificio ubicado en el centro de Santiago y de colección de obras de arte El señor Guerra se refiere a las siguientes materias: 14.- Expropiación, por parte de la Corporación de Reforma Agraria de terrenos agrícolas de El Chubal, ubicados en el valle de Azapa (Tarapacá) 5354 15.- Supresión de la especialidad de mecánica en la escuela industrial de Iquique (Tarapacá) 5356 16.- Funcionamiento del colegio medio de hombres y del colegio medio de niñas de Arica (Tarapacá) 5357 17.- El señor Clavel se ocupa de problemas camineros de Antofagasta 5357 18.- El señor Soto solicita el envío de oficio referente a la falta de personal y de material de los hospitales de Antofagasta y Calama 5361 19.- El mismo señor Diputado se ocupa de la reconstrucción del camino de Chuquicamata a Antofagasta 5363 20.- El señor Espinoza, don Gerardo, rinde homenaje a los astilleros y maestranzas de la Armada (ASMAR), con motivo de la construcción del cazasubmarinos "Papudo" 5364 21.- El señor Schnake se refiere a declaraciones del Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio sobre el financiamiento de determinados programas periodísticos 5366 22.- La Cámara se ocupa del problema que afecta a la Unión de los Gremios de la Carne por el cierre del Matadero Municipal de Santiago y explotación del Matadero Lo Valledor 5367 II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS 1.- Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley, incluido en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones, que beneficia a los obreros matarifes de los mataderos municipales del país, que hayan quedado o quedaren cesantes con motivo de la puesta en marcha del matadero de Lo Valledor 5293 2.- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que formula observaciones al proyecto de ley que crea la Corporación del Valle del Aconcagua 5295 3.- Informe de la Comisión de Obras Públicas y Transportes, recaído en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 15.840, que aprobó el texto de la Ley sobre Organización y Atribuciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Servicios dependientes 5296 4.- Moción del señor Giannini, con la cual inicia un proyecto de ley que beneficia al señor Víctor Manuel Figueroa Figueroa 5298 Además, se dio cuenta de los siguientes documentos: Un oficio del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde al que se le dirigiera en nombre del señor Can tero, relacionado con el acta de avenimiento de la firma "PRO- MAR", de Viña del Mar. Un oficio de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que solicita se prorrogue hasta el 29 del presente el plazo de que dispone para informar el proyecto de ley, con urgencia calificada de "Simple", que establece el dominio absoluto del Estado sobre los recursos geotérmicos del país. Una presentación de la Confederación de Sindicatos de Molineros de Chile, con la que solicita se adopten diversas medidas para solucionar el grave problema que afecta a los obreros de la industria Carozzi, de Quilpue, incendiada hace algún tiempo. III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.- MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: La puesta en marcha del Matadero de Lo Valledor, de Santiago, y de la red de mataderos construidos a través del país por la Corporación de Fomento de la Producción ocasionará la cesantía de parte de los matarifes que prestan sus servicios en los mataderos en actual funcionamiento dentro de los centros de operación de los nuevos establecimientos, debido a que la mecanización de dios requerirá el empleo de un menor número de trabajadores. Ha parecido justo al Ejecutivo acudir en ayuda de aquellos matarifes que pierdan sus empleos por la causa expresadla y que, debido a su edad, no les será fácil cambiar la actividad que han tenido hasta ahora para dedicarse a otra. A este fin tiende el proyecto de ley que someto a la consideración de vuestras señorías. Divide el proyecto a los matarifes que queden cesantes por la causa antes expresada en tres grupos diferentes, a los cuales concede distintos beneficios. El primero de ellos comprende a quienes tengan 55 o más años de edad y 25 años de servicios efectivos, cinco de los cuales deberán haber sido como matarifes. A los comprendidos en él, el proyecto les concede el derecho a una pensión vitalicia, de cargo fiscal, igual a la que habrían obtenido en el Servicio de Seguro Social si se consideraren cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley Nº 10.383 para obtener la pensión máxima de vejez. El segundo grupo comprende a los matarifes que tengan más de 50 años y menos de 55 y reúnan los mismos requisitos de prestación de servicios antes indicados y a los cuales se les concederá una pensión igual al 50% de la fijada para los integrantes del grupo anterior. Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellos obreros que no alcancen a cumplir las condiciones fijadas para obtener pensión y tengan más de 10 años de servicios efectivos. Estos recibirán una indemnización extraordinaria equivalente a un mes del salario base por cada año de servicios. Las pensiones que se otorguen no podrán ser inferiores a los montos mínimos fijados por la ley Nº 15.386 a las pensiones de los obreros; y ellas se reajustarán anualmente en el mismo porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor. A fin de que los pensionados no pierdan el derecho a los beneficios previsionales que actualmente gozan, dispone el proyecto que se entenderán incorporados al Servicio de Seguro Social como imponentes jubilados y al cual deberán efectuar las imposiciones correspondientes para financiar las prestaciones a que tendrán derecho. En caso de fallecimiento del pensionado, su viuda y demás supervivientes tendrán derecho a las mismas pensiones de supervivencia establecidas por la ley Nº 10.383, siendo ellas de cargo fiscal. De acuerdo con los estudios practicados, 180 trabajadores quedarían comprendidos en el primero de los grupos antes señalados; 135 en el segundo de ellos y 950 en el tercero, en el supuesto, que no ocurrirá de que la totalidad de ellos perdiera, sus empleos. El costo total estimado de las pensiones para el año 1970 ascenderán a 3.590.000 escudos, en tal evento, sin considerar el pago de la indemnización extraordinaria. Para financiar los beneficios concedidos por el proyecto, se establece el pago de una prestación por cada animal encerrado en los mataderos, que será de cargo del dueño del ganado y que varía según se trate de vacunos, porcinos u ovinos. Se estima que esta prestación influirá en el precio de la carne en una suma no superior a Eº 0,10 por kilo. Los estudios de rendimiento de esta prestación permiten asegurar que será suficiente para financiar los beneficios que otorga el proyecto. Por estas consideraciones, vengo en someter al conocimiento de vuestras señorías para ser tratado en el actual período de sesiones extraordinarias, el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Concédese una pensión vitalicia, de cargo fiscal, a los obreros que hayan prestado servicios como matarifes en los matadero municipales del país y que hayan quedado o quedaren en el futuro cesantes con motivo de la puesta en marcha del Matadero Lo Valledor, de Santiago, y de la red de mataderos de la Corporación de Fomento de la Producción. Para tener derecho a la pensión los obreros a que se refiere el inciso anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Haber cumplido a la fecha de la cesantía 55 o más años de edad y 25 años de servicios efectivos, cinco de los cuales, a lo menos, deberán haber sido como matarifes; b) No reunir los requisitos exigidos por la ley Nº 10.383 para obtener pensión de vejez del Servicio de Seguro Social. Artículo 2°.- El monto de la pensión será equivalente a la que habrían obtenido en el Servicio de Seguro Social si hubieren cumplido los 65 años de edad y la totalidad de los demás requisitos establecidos por la ley Nº 10.383 para jubilar por vejez con la pensión máxima que les habría correspondido. Artículo 39.- Los obreros indicados en el inciso 1° del artículo 1º que, a la fecha de su cesantía, tengan más de 50 años de edad y menos de 55 y reúnan 25 años de servicios efectivos, de los cuales cinco, a lo menos, deberán haber sido como matarifes, tendrán derecho a una pensión vitalicia, de cargo fiscal, igual al 50% de la que les habría correspondido de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 6º de esta ley. Artículo 4º.- En caso de fallecimiento de algún pensionado, su viuda y demás supervivientes tendrán derecho a pensiones de supervivencia, de cargo fiscal, en la misma forma y condiciones que las habrían obtenido si el causante hubiere sido pensionado del Servicio de Seguro Social. Artículo 5º.- El goce de las pensiones a que se refiere esta ley será incompatible con el de cualquiera otra pensión que reciba el beneficiado, a menos que, sumadas, ellas no excedan de un sueldo vital mensual, escala a), del departamento de Santiago. Artículo 6º.- Las pensiones concedidas por los artículos 1º y 4º de esta ley no podrán ser inferiores a los montos mínimos establecidos por la ley Nº 15.386 para las pensiones de los obreros afectos a la ley Nº 10.383. Artículo 7º.- Las pensiones establecidas por esta ley se reajustarán el 1º de enero de cada año en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos en el año precedente. Artículo 8º.- Los demás obreros que se encuentren en la situación contemplada en el inciso 1º del artículo 1º y que, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley o por la ley Nº 10.383, no hubieren obtenido pensión, tendrán derecho a una indemnización extraordinaria, de cargo fiscal, equivalente a un mes del salario base que se les habría determinado en conformidad al artículo 49 de la ley Nº 10.383 por cada año de servicios efectivos, siempre que reúnan, a lo menos, 10 años, cinco de los cuales deberán haber sido como matarifes. Artículo 9º-Los obreros que obtengan pensiones en conformidad a esta ley se entenderán incorporados al Servicio de Seguro Social en calidad de imponentes jubilados. Artículo 10.- El Presidente de la República determinará la forma como los beneficiarios deberán acreditar los servicios efectivos que hubieren prestado y que no estén cubiertos por imposiciones. Artículo 11.- Los beneficios que se conceden en esta ley se financiarán mediante el pago de una prestación que afectará al ganado encerrado en los mataderos para su beneficio. El monto de esta prestación será de: Vacunos: 4,0% de un sueldo vital mensual para empleados particulares, escala a) del departamento de Santiago; Porcinos: 0,8% de la misma base; Ovinos: 0,3% de la misma base. Los montos referidos serán aplicados por cada animal que sea encerrado y su pago corresponderá al dueño del ganado. Artículo 12.- El cobro de la prestación a que se refiere el artículo anterior se efectuará por intermedio de la Administración del Matadero respectivo, en el momento de extender la factura correspondiente por concepto de encierra. Para tal objeto la administración deberá disponer de comprobantes timbrados por la Dirección de Impuestos Internos. Artículo 13.- Las Administraciones de los Mataderos deberán hacer en la Dirección de Industria y Comercio una declaración mensual de la cantidad de animales encerrados. Dichas declaraciones llevarán las firmas del administrador del respectivo Matadero, del Interventor cuando corresponda y de un representante de los obreros matarifes, propuesto por los mismos trabajadores. Artículo 14.- Dentro de los diez primeros días de cada mes, las Administraciones de los Mataderos deberán depositar en una cuenta especial en la Tesorería correspondiente las sumas recaudadas en el mes anterior por concepto de la prestación establecida en el artículo 11.- (Fdo.): Eduardo Freí Montalva.- Eduardo León Villarreal." 2.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. "Nº 00099.- Santiago, 21 de abril de 1970. En uso de la facultad que me confiere la Constitución Política del Estado, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley que crea la Corporación del Valle del Aconcagua: Para suprimir en el artículo 1º inciso 1º, la expresión "la utilización de los recursos hidrológicos de". Para reemplazar en el artículo 1º inciso final la expresión "Ministerio de Agricultura" por "Ministerio de Obras Públicas y Transportes". Para reemplazar en el artículo 29 las letras a) y b) por las siguientes: a) "Promover estudios para establecer la existencia de recursos hidrológicos y determinar una política de aprovechamiento de esos recursos en las provincias de Valparaíso y Aconcagua; y b) "Promover el estudio y la ejecución de un plan general y de los proyectos específicos de obras necesarios para la obtención, almacenamiento, conducción y distribución de las aguas hasta su entrega para las diversas necesidades de las dos provincias que comprenderá obras de infraestructura de áreas y obras de infraestructura a nivel predial". Para agregar en el artículo 2º inciso final en punto seguido la siguiente frase: "El ejercicio de estas atribuciones o facultades se podrá alterar las que corresponden a la Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo Freí Montalva.- Patricio Rojas Saavedra." 3.- INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Obras Públicas y Transportes pasa a informaros un proyecto de ley, de origen en un Mensaje, que modifica la ley Nº 15.840, que aprobó el texto de la Ley de Organización y Atribuciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Servicios dependientes, en el sentido de incorporar dos representantes de cada Servicio en la Junta Calificadora de Personal. Se expresa en el Mensaje que el personal que labora en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene resguardo de sus derechos al estar representados en la Junta Calificadora que anualmente realiza el proceso de calificación pero, las disposiciones en vigencia no consideraron una situación que, con el correr del tiempo se ha presentado, como es la diversidad de personales que forman los respectivos Servicios y, a pesar de que el espíritu del Legislador fue que en todo momento el personal calificado tuviera la mayor protección de sus derechos, en la práctica ha sucedido que el representante del personal debe actuar en la Junta antes mencionada con desconocimiento de la labor que realizan sus representados que forman parte de sectores con funciones muy diferentes como son los profesionales, el personal administrativo y los obreros. Finalmente, se agrega que "es propósito del Gobierno remediar esta situación. Para dicho fin se propone que respecto de cada uno de esos grupos pueda actuar durante el, respectivo proceso calificatorio un representante propio que, por lo mismo, podrá desempeñar en mucho mejor forma su misión". La ley Nº 16.582, de fecha 24 de noviembre de 1966, que suplemente diversos ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, agregó un artículo nuevo, con el Nº 91, a la ley Nº 15.840. En virtud de esta disposición, se estableció que el personal de la Dirección General de Obras Públicas y sus Direcciones dependientes será calificado por una sola Junta Calificadora, la que estará integrada por los Directores de cada Servicio. La Dirección General de Obras Públicas está formada por los siguientes Servicios: Dirección de Planeamiento y Urbanismo; Dirección de Arquitectura; Dirección de Obras Sanitarias; Dirección de Pavimentación Urbana; Dirección de Riego; Dirección de Vialidad; Dirección de Obras Portuarias; Dirección de Aeropuertos, y Dirección General de Aguas. Cabe hacer presente que la Dirección General de Aguas se creó en el Título XIII de la ley Nº 16.640, de la Reforma Agraria. En virtud del proyecto de ley en informe, se agregan dos delegados de cada Servicio que representarán, uno a los profesionales universitarios que presten sus servicios en el Ministerio aludido y que están afecto al artículo 143 del D.F.L. Nº 338, de 1960, que fijó el texto del Estatuto Administrativo y el otro al resto del personal, es decir, al personal administrativo y de obreros. A su vez el personal de operarios de carácter permanente de la Dirección de Obras Sanitarias tendrá un delegado propio en la Junta Calificadora. Con el objeto de que las funciones que le corresponda realizar a la Junta tantas veces mencionada no se vean entrabadas por un exceso de componentes, se dispone que los delegados integraran la Junta solamente cuando deban calificar a sus representados. Se dispone, asimismo, que los delegados que por el presente proyecto de ley en informe se incorporan a la Junta, serán elegidos conforme al procedimiento que señala el reglamento sobre orden de antigüedad en integración y elección del representante del personal en las Juntas Calificadoras, aprobado por Decreto Nº 2.245, de 10 de diciembre de 1963 y modificado por Decretó Nº 247, de 31 de enero de 1964, ambos del Ministerio del Interior. La Comisión de Obras Públicas y Transportes estudió detenidamente esta iniciativa legal y le prestó su aprobación tanto en general como en particular, con dos modificaciones. La primera, de carácter formal, reemplaza el encabezamiento del artículo único, con el objeto de hacer mención de la ley Nº 16.582, qué modificó la ley Nº 15.840, al agregarle un artículo nuevo y, la segunda, una indicación del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes que hace aplicable las disposiciones del proyecto de ley en informe a la Dirección General de Aguas, Servicio que depende también de la Dirección General de Obras Públicas y que no había sido incluida en el Mensaje. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la Corporación, corresponde hacer mención de lo siguiente: A) Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda. No existe disposición que requiera de este trámite reglamentario. B) Síntesis de las opiniones disidentes en la votación general. No hubo opiniones disidentes en la votación general del proyecto. C) Indicaciones rechazadas. Durante el estudio y votación del proyecto de ley en informe no se rechazó ninguna indicación. Vuestra Comisión compartió plenamente los argumentos expuestos por S. E. el Presidente de la República en su Mensaje y estimó conveniente legislar sobre esta materia, ya que con ello permite resguardar, en debida forma, los intereses del personal que labora en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Servicios dependientes, en él proceso anual de calificación al tener en la respectiva Junta un delegado que conozca casi en detalle las funciones y características que tiene su servicio, lo que en la actualidad no sucede por la forma como se encuentra integrada dicha Junta Calificadora. Os propone, por las razones expuestas, que le prestéis también vuestra aprobación, concebido en los siguientes términos: Proyecto de ley. "Artículo único.- Agréganse al artículo 91 de la ley Nº 15.840, modificada por la ley Nº 16.582, los siguientes incisos nuevos: "La Junta a que se refiere el presente artículo estará compuesta, además, por dos delegados de cada Servicio que representarán, uno a los profesionales a que se refiere el artículo 16 de la ley 15.575, y el otro al resto del personal. Integrará, asimismo, la Junta un delegado que representará al personal de operarios a que se refiere el artículo 77 de la ley número 15.840. Estos delegados sólo integrarán la Junta durante el proceso calificatorio del personal que representan y serán elegidos en la forma que señala el decreto Nº 2.245, de 10 de diciembre de 1963, modificado por el decreto Nº 247, de 31 de enero de 1964, ambos del Ministerio del Interior. Las disposiciones de los dos incisos precedentes serán aplicables igualmente a la Dirección General de Aguas"." Sala de la Comisión, a 22 de abril de 1970. Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los señores Basso (Presidente), Alamos, Koenig, Mosquera, Solís, Valdés y Vergara. Se designó Diputado informante al señor Mosquera, don Mario. (Fdo.): Luis Pinto Leighton, Secretario de la Comisión." 4.- MOCION DEL SEÑOR GIANNINI "Honorable Cámara: Proyecto de ley. "Artículo único.- Considérese a don Víctor Manuel Figueroa Figueroa, ex servidor de la Armada, para todos los efectos legales como Suboficial Mayor Grado 1º con sueldo íntegro y sus quinquenios actualizados y reajustase su actual pensión de retiro en la forma que corresponda en virtud de la presente ley. El mayor gasto que demande el cumplimiento de esta ley será de cargo de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, la que deberá atenderlo con imputación a sus presupuestos. Artículo transitorio.- Desde la fecha en que se empiece a aplicar la presente ley, se entenderá derogada la ley número 13.898, de 16 de diciembre de 1959. (Fdo.) : Osvaldo Giannini I. IV.- TEXTO DEL DEBATE -Se abrió la sesión a las 16 horas. El señor MERCADO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 49ª, 50ª y 51ª extraordinarias se declaran aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 52ª extraordinaria queda a disposición de los señores Diputados. Se va a dar lectura a la cuenta. - El señor Lea-Plaza (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. 1.- CELEBRACION DE SESION ESPECIAL EL 29 DE ABRIL. EMPALME DE SESIONES DEL DIA DE HOY El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para adoptar los siguientes acuerdos: 1º.- Celebrar una sesión especial el día miércoles 29 de abril próximo, de 11 a 13,30 horas, con el objeto de ocuparse de los siguientes asuntos legislativos: a) Proyecto de ley que concede el beneficio de la previsión social a los comerciantes, despachándolo en general, otorgándose un tiempo de hasta 15 minutos a cada Comité parlamentario para hacer uso de la palabra, tiempo del cual podrán usar a su arbitrio, sin perjuicio de los tiempos reglamentarios de los Diputados informantes, y b) Observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto Corriente y de Capital de la Nación para el año 1970, prorrogándose el plazo reglamentario de urgencia hasta ese día y despachando totalmente dichas observaciones, para lo cual la hora de término de la sesión se entenderá prorrogada por todo el lapso que sea necesario para dar cumplimiento a este acuerdo; y 2) Empalmar la presente sesión con la que debe celebrarse a partir de las 20,15 horas, con el objeto de considerar el problema que afecta a la Unión de los gremios de la Carne en relación con el cierre del Matadero Municipal de Santiago y la venta del Matadero Lo Valledor. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. 2.- TIEMPO ESPECIAL PARA USAR DE LA PALABRA El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para conceder un tiempo especial de 15 minutos al señor Clavel, al término de la Hora de Incidentes de la sesión ordinaria del día martes próximo, 28 del presente, para referirse a la construcción de un camino en la provincia de Antofagasta. Acordado. 3.- PRORROGA DEL PLAZO PARA INFORMAR UN PROYECTO DE LEY El señor MERCADO (Presidente).- La Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción ha solicitado de la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala en orden a que se prorrogue, hasta el día 29 de abril próximo, el plazo de que dispone para informar el proyecto de ley, con urgencia calificada de "simple", que establece el dominio del Estado sobre todos los recursos geotérmicos del país. Si le parece a la Cámara, se accederá a lo solicitado por esta Comisión. Acordado. 4.- HOMENAJE A LA REPUBLICA ARABE SIRIA CON OCASION DE CONMEMORARSE SU ANIVERSARIO PATRIO.- NOTAS DE SALUTACION El señor MERCADO (Presidente).- En conformidad con un acuerdo adoptado por la Corporación, corresponde rendir homenaje a la República Arabe Siria con ocasión de conmemorarse su aniversario patrio. Me permito hacer presente a la Sala que cada Comité parlamentario dispone de hasta 10 minutos para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado señor Sabat, don Jorge. El señor SABAT.- Señor Presidente, al cumplir la República Arabe Siria, el 17 del presente mes, sus 25 años de independencia nacional, el Partido Socialista de Chile, por mi intermedio, adhiere a esta fecha que adquiere trascendental importancia, en estos momentos, en la vida internacional, y lo hace ratificando su posición de constante solidaridad activa e insoslayable con el mundo árabe. En 1945, expulsando a las fuerzas extranjeras de ocupación, las mejores promociones revolucionarias nacionalistas de Siria determinaron cortar su condición colonialista, terminando con su dependencias de las grandes potencias que dominaban su vida política y económica; y, por medio de sus líderes, se abren camino hacia la liberación definitiva, marcando ello para la República Arabe Siria el comienzo de su marcha a la libertad e independencia. En su camino hasta la fecha, la nueva República Siria ha debido sufrir muchos quebrantos, vencer muchos obstáculos, repeler agresiones e invasiones, especialmente de un estado artificial como Israel, cuyos gobernantes, obedeciendo al imperialismo internacional, mantienen en estos instantes una verdadera guerra desatada contra el pueblo árabe. Pero, por sobre todas las dificultades desatadas en contra de la República Ara- be Siria, pareciera que ahora, a veinticinco años de su independencia nacional, siguen escribiéndose gestas heroicas en la práctica diaria de ese pueblo, de su trabajo, de su tesón, de su impulso unitario; y toda su inmensa voluntad de ser libres y soberanos está reflejada en el avance material y de todo orden que exhibe, en el conjunto de las naciones del mundo, el pueblo árabe. En estos instantes, al llegar a sus veinticinco años de existencia libre y soberana, la República Arabe Siria cuenta con seis millones de habitantes, y su capital, Damasco, es hoy una de las urbes más populosas e importantes, junto a otras ciudades de gran actividad como Aleppo, Homs, Hama, Latakia, Der Ezzor, Tartus, etcétera. Gobierna en este país el Partido Baas Arabe Socialista, representando la absoluta mayoría nacional, siendo su sostén empleados, trabajadores, campesinos y profesionales, quienes constituyen la base fundamental del socialismo en Siria. Su Presidente, el doctor Nureddin Atassi, es un brillante médico de 38 años de edad y, es, además de Jefe de Estado, es Ministro y Secretario General de la colectividad política que preside los destinos del país. Lo acompañan en su gabinete jóvenes profesionales de inquiebrantable fe en la revolución emprendida, que representan a la nueva generación, ya que ninguno de ellos pasa de los 40 años de edad. Son muchas y diversas las grandes iniciativas emprendidas por el gobierno socialista para colocar a su pueblo entre los más avanzados del mundo árabe; y en este esfuerzo participa activamente la mujer siria, que juega un papel vital en la forjación de la nueva sociedad siria. Dos grandes universidades, una en Damasco y otra en Aleppo, cobijan en sus aulas a 80 mil estudiantes sirios que se preparan para incorporarse a las actividades productivas y de todo orden, contribuyendo así al engrandecimiento y progreso de su tierra que los vio nacer. Está proyectado construir una tercera universidad en la ciudad de Homs, en 1971, y existen varios institutos industriales para formar técnicos y mano de obra especializada, aparte de dos academias militares, diez escuelas normales y otro sinnúmero de establecimientos educacionales, del más diverso orden. Siria tenía en 1945 apenas 10 mil estudiantes, y hoy llenan las aulas educacionales un total de un millón doscientos mil jóvenes, quienes reciben instrucción y enseñanza profesional. Así podría ir reseñándose el gran desarrollo que ha ido adquiriendo la República Arabe Siria en sus 25 años de independencia nacional, pero aparte de lo que ha realizado en el campo del comercio, la industria, la construcción de la gigantesca represa del Eufrates, su industria textil, etcétera, está lo que Siria levanta en el campo científico. Decenas de miles de jóvenes socialistas han adquirido en los países amigos la ciencia y los conocimientos suficientes para elevar las condiciones culturales y tecnológicas del pueblo al nivel de las naciones más avanzadas del mundo. Así va marchando la gran República Arabe Siria Socialista, con el respeto de todo el mundo internacional, a pesar de ser uno de los blancos más directos de las agresiones del sionismo y su amo, el imperialismo norteamericano. Una nueva "élite" de artistas, poetas, escritores y pintores recogen el canto de libertad y justicia que lanzan los labios de sirios en la consolidación definitiva de su libertad absoluta. El conjunto humano que forman las Repúblicas Arabes Unidas, y en especial la República Siria, ya no mira para atrás y solamente le preocupa liquidar los restos de cadenas opresoras que puedan oponerse en su triunfal camino, repitiendo lo que el gran líder de la independencia árabe, Gamal Abdel Naser, dijo en una oportunidad: "Nos hemos endurecido lo bastante a raíz de nuestros padecimientos a lo largo de los años recorridos. Estamos suficientemente fuertes como para mantener y defender las conquistas que hemos logrado. Esas conquistas que parecieron haber sido sólo un sueño, la liberación de nuestra voluntad, luego la consecución de la revolución nacional y social y la sociedad socialista libre de todo tipo de explotación política o social. Como aquí, en América y en Chile, allá en Siria los enemigos de la revolución nacional, los enemigos de la justicia social, los enemigos de la auténtica liberación de los pueblos, no se quedan quietos. Consciente de esto, el pueblo sirio estrecha su unidad y en forma incontrovertible sigue su programa de socialización para el bienestar de sus conciudadanos y el desarrollo y progreso de toda la Nación. Con esa política, nacionalizó toda la gran industria, bancos y compañías de seguros; sindicalizó a los profesionales, empleados y obreros. Su economía toda está orientada en el campo socialista y al servicio de las mayorías nacionales. En estos momentos, al cumplir 25 años de independencia nacional, el gobierno y pueblo sirios mantienen en el plano internacional relaciones firmes con todos los estados árabes, especialmente con la RAU, Irak, Libia, Argelia y Sudán. Lucha heroicamente contra el expansionismo sionista-norteamericano y ha decidido proseguir en el combate hasta liberar toda la tierra árabe usurpada. Siria es uno de los líderes del apoyo al pueblo de Palestina, que sufre hoy el sometimiento y la invasión de los sionistas al servicio del imperialismo. Son muchos los lazos que unen al Partido Socialista de Chile al Gobierno y pueblo de Siria. Nosotros estamos aún en la primera etapa para descolonizarnos del imperialismo, pero ya se acerca la fecha en que el pueblo chileno tendrá, como Siria, un Gobierno de su auténtica representación popular. Los socialistas no somos antijudíos. Ya nuestro Secretario General, Senador don Aniceto Rodríguez, lo expresó en una oportunidad al referirse al problema del Medio Oriente: "Oportunamente nuestro Partido Socialista condenó las masacres, los genocidios y los "progroms" contra los judío a manos del nazismo totalitario. Defendimos a los judíos cuando eran perseguidos, atropellados y vulnerados en sus derechos por el nazismo; ahora condenamos al sionismo porque aplica los mismos métodos totalitarios allá en Palestina y en el mundo árabe sojuzgado". Por eso, hoy rendimos, en este estrado parlamentario, nuestro sincero homenaje a la República Arabe Siria en el XXV aniversario de su independencia nacional. Nos sentimos unidos políticamente y en todo sentido al actual Gobierno del Partido Baas y al pueblo de Siria, porque también los socialistas chilenos, al rendir homenaje a Siria, nos encontramos con nuestras ideas y con nuestros principios, por los cuales estamos luchando y entregando lo mejor que tenemos; en los sirios encontramos hermanos de la misma causa, luchadores consecuentes que, como nosotros en América Latina, quieren barrer en sus países con cualquier vestigio de opresión extranjera en el orden económico o político. Señor Presidente, desearía que al término de este homenaje pidiera la Mesa el acuerdo de la Cámara para mandar una nota de salutación a la Embajada Siria por este aniversario. Nada más. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Pontigo. El señor PONTIGO.- Señor Presidente, al cumplirse un nuevo aniversario de la República Arabe Siria, levantamos nuestra voz, desde estos bancos, para expresar nuestra adhesión a la heroica lucha que libra su pueblo, el Ejército Nacional y sus guerrilleros en contra de la brutal opresión del imperialismo norteamericano a través del gobierno reaccionario de Israel; para expresar nuestra admiración por el valeroso combate que, en esas lejanas regiones, se libra en contra de los provocadores de la guerra. Desde junio de 1967 la República Arabe Siria sufre la ocupación israelí sobre un 15% de su territorio, tal como ocurre con el 70% de territorio aprovechable de Jordania y el 20% del territorio egipcio. Por ello, al cumplirse este nuevo aniversario, la República Arabe Siria se encuentra librando el gran combate por el desarrollo y afianzamiento de la unidad de los pueblos árabes, que rechazando las pretensiones anexionistas del Gobierno de Israel, con el apoyo casi unánime de la opinión pública mundial, aspiran a reconquistar las tierras que se les pretenden robar. La gran batalla de los pueblos árabes es la de instaurar la paz, pero una paz que sea estable y justa. Ella no puede ser sobre otras bases que la retirada total e incondicional de las tropas israelíes de los territorios ocupados y la de una solución justa al problema de los refugiados. La paz, en otras condiciones, de acuerdo con la posición israelí, no significa otra cosa que imponer a los pueblos árabes la capitulación incondicional, y ello, evidentemente, no podría crear condiciones de paz duraderas. Hemos sostenido siempre, y sostenemos hoy, que la verdadera paz sólo sería posible sobre la base del respeto a los derechos de los pueblos árabes y el israelí. Esto no es una utopía; por el contrario, es perfectamente posible. Los pueblos ven con indignación la despiadada represión que en contra de los árabes ha desencadenado el "General Tuerto", como se le llama a Moshe Dayan, hombre sin escrúpulos y capaz de cualquier cosa, como ha sido calificado por la prensa democrática mundial. Por eso, en este glorioso aniversario de la República Arabe Siria, desde este lejano y apartado lugar de la tierra, a través de estas palabras, expresamos nuestra adhesión a la lucha de ese pueblo y el afecto cordial que por él sentimos, en la esperanza de que su Gobierno de coalición democrática, con el apoyo de toda la nación, pueda salir airoso en la heroica empresa en que está empeñado, cual es la de expulsar al invasor extranjero de sus tierras; de alcanzar la plena independencia y soberanía nacionales, y de luchar contra todo un pasado de atraso con la perspectiva de la construcción de una sociedad nueva, en que el trabajo creador, el abundante pan en la mesa de todos y la alegría de vivir en paz con sus vecinos sea su principal característica, ya que la lucha entablada allí es no sólo por la liberación nacional, sino también por la emancipación social de ese gran pueblo. La representación parlamentaria comunista adhiere, pues, al homenaje que la Cámara de Diputados rinde a la República Arabe Siria en su 25 aniversario patrio y solicita que, en nombre de la Cámara, se envíe una nota de salutación, con este motivo, al señor Embajador de esa nación hermana en nuestro país. He dicho. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Amello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, los Diputados nacionales adhieren al homenaje que se rinde a la República Ara- be Siria, porque su expresión independiente es muy grata a nuestro espíritu y porque su sentido nacionalista, que ha impulsado desde hace 25 años la vida del pueblo sirio, es plenamente compartido por nosotros. Al adherir a la celebración de su independencia, no hacemos distingos políticos internos ni internacionales. La afirmación de un pueblo, su realidad, su propio destino, no tienen por qué ser contrarios a otro; deben ser concordantes de auténtica concordia y de verdadero respeto al derecho. La crítica situación que existe en aquella mediterránea región del Oriente se solucionará en la medida en que se alejen de ese conflicto los intereses y los grupos foráneos que, de una u otra manera, están inmiscuidos; en la medida en que se "mediterranice", se circunscriba a los pueblos realmente afectados, alejándose de ellos los que nada tienen que ver ni hacer en el Mediterráneo, y que llegan allí con otras intenciones. Al pueblo sirio, tan unido a nuestra propia nación por muchos conceptos; a los hombres que tienen esa estirpe, junto con testimoniarles nuestra adhesión y mejores deseos en la celebración de su independencia, les expresamos el agradecimiento, como chilenos, por la colaboración, el esfuerzo y la sangre que han aportado a nuestra propia nación. El señor MERCADO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviarán las notas de salutación. Acordado. 5.- DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN COOPERATIVA DE CHOFERES. INVESTIGACION POR LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES El señor MERCADO (Presidente).- Por acuerdo de la Sala, tiene la palabra hasta por 10 minutos el señor Cademártori, don José, para referirse a una denuncia formulada por una cooperativa de choferes por la que solicitan una investigación de la Comisión de Obras Públicas y Transportes de esta Cámara. El señor CADEMARTORI.- Señor Presidente, se trata, efectivamente, de una estafa cometida contra 146 choferes de la locomoción colectiva particular, quienes constituyen una cooperativa de servicios de transportes COOPCICON LIMITADA, cuyos estatutos y personalidad jurídica fueron aprobados por decreto Nº 809. Cuarenta de estos socios fueron estafados en la suma de Eº 2.500 cada uno, lo que hace un total de cien millones de pesos. Otros 106 choferes, a los cuales se les cobró Eº 3.000 a cada uno, alcanzaron a entregar 150 millones de pesos. A todos ellos se les dijo que con este dinero se adquirirían chasis para microbuses de la locomoción colectiva, los que serían vendidos a ellos con facilidades de pago y con el compromiso de que el Gobierno les aseguraría el recorrido. El dinero, sin embargo, fue a parar, en su mayor parte, a los bolsillos del Presidente y del Gerente de la cooperativa, Raúl Miranda Maldonado y Luis Iturra de la Paz, los cuales se gastaron los dineros en viajes al exterior, agasajos y cajas para ciertas candidaturas electorales. Además, giraron cheques sin fondos, por lo cual están procesados y hasta hace algunos días estaban en la cárcel, de donde misteriosamente han "desaparecido", porque quedaron en libertad condicional. Los 146 choferes afectados reclaman contra funcionarios de la Subsecretaría de Transportes, especialmente contra Misael Pradenas Zúñiga, que oficiaba de relacionador público, que fue el hombre que impulsó la organización de la cooperativa, y que participó en el manejo y aprovechamiento de estos fondos, causando grave daño a estas personas. No hay duda de la responsabilidad de la Subsecretaría de Transportes que, por intermedio del señor Sergio Saldivia, ha apoyado a los dirigentes que están procesados. Tengo incluso pruebas, documentos, fotografías de diarios, donde el señor Sergio Saldivia aparece recibiendo a los dirigentes que viajaron a Israel con el dinero malversado de la cooperativa. El Departamento de Cooperativas también aparece implicado, por cuanto las denuncias hechas no han tenido ningún efecto. No se ha hecho cargo de ellas ni para intervenir ni querellarse, como lo requerían los socios, contra las personas que malversaron fondos. Señor Presidente, para que se haga justicia y se aclare la participación que han tenido o puedan haber tenido funcionarios de la Subsecretaría de Transportes y del Departamento de Cooperativas, y para que se busque solución al problema que afecta a 146 choferes, solicito que la Cámara tenga a bien encomendar a la Comisión de Obras Públicas, en un plazo de 60 días, la investigación de las irregularidades que se hubieran cometido en los hechos de la denuncia que acabo de formular. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para entregar a la Comisión de Obras Públicas y Transportes la denuncia planteada por el señor Cademártori. Acordado. 6.- BOTADURA DEL CAZASUBMARINO PAPUDO DE LOS ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA DE TALCAHUANO.- OFICIOS El señor MERCADO (Presidente).- Señores Diputados, se ha hecho llegar a la Mesa, por algunos Comités, una petición para que se permita usar de la palabra, por ocho minutos, el señor Diputado Santiago Agurto, a fin de que se defiera al significado que tiene para Chile el barco "Papudo" construido en los astilleros de nuestra Marina Mercante. El señor ARNELLO.- Yo pediría tres minutos para lo mismo. El señor MERCADO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para conceder ocho minutos al señor Agurto y tres al señor Arnello? Acordado. Tiene la palabra el señor Agurto. El señor AGURTO.- Gracias. Señor Presidente, en los Astilleros y Maestranzas de la Armada de Talcahuano se realizó anteayer la ceremonia de botadura del cazasubmarino "Papudo", construido en la planta industrial de ASMAR, ubicada en ese puerto. El acto ha sido de feliz coincidencia con el cumplimiento de los diez primeros años de vida de esta importante empresa fiscal de administración autónoma. La Honorable Cámara recordará que ella fue creada por decreto Nº 321, de 6 de abril de 1960, sobre la base de los ex arsenales de marina de Talcahuano, Valparaíso y Magallanes, con vistas a atender las necesidades de carena, repa raciones, transformaciones y construcciones de la Armada Nacional y, como labor colateral, las necesidades de la Marina Mercante y de la industria privada. El "Papudo" es el duodécimo barco construido en los Astilleros de Talcahuano y el primero como nave de guerra. Tiene una eslora de 173 pies y 450 toneladas de desplazamiento. Su construcción tiene un 44% de materiales nacionales. El avalúo de la nave se calcula en 2 millones 200 mil dólares y su costo internacional se calcula en 3 millones 800 mil dólares. La diferencia nos está indicando la economía que representa para el país el trabajo en nuestros astilleros. La construcción de este barco, que luego surcará las aguas de nuestro océano, constituye un justo orgullo no sólo para la Empresa, sino que también para Chile, porque pone en evidencia, prueba y demuestra, el desarrollo y progreso de ella y, además, lo que se puede realizar en nuestra empresa industrial de ASMAR. Todo ha sido posible gracias al alto nivel tecnológico de la planta; gracias a la capacidad y especialización de sus ingenieros, técnicos, empleados y operarios, que, sin duda, en varios aspectos han logrado superar las deficiencias de equipamiento que aún prevalecen en la planta. Estamos conscientes de que, desde ciertos puntos de vista, como lo pudimos apreciar en un breve recorrido que realizamos anteayer por algunas de sus maestranzas, se ha avanzado bastante en la calidad de sus instalaciones, en su mecanización y en otros aspectos técnicos. Sin embargo, estimamos que aún debe equiparse mejor esta industria con vistas a su futura expansión, porque estamos pensando en el desarrollo industrial de la construcción de barcos para nuestra Marina de Guerra y nuestra Marina Mercante. La ceremonia realizada el lunes pasado, de botadura del "Papudo", marca un hito en la historia de la construcción naval chilena, porque constituye un paso importante al incorporar a nuestro país en este tipo de construcción. El desarrollo de la construcción naval chilena, atendida la extensa costa de más de 4.500 kilómetros de largo, tiene una extraordinaria importancia y su relación con el acto que venimos comentando nadie puede desconocerla. Es un hecho incontrovertible que el país debe mirar hacia el mar para construir su futuro. Hasta ahora no ha existido una política nacional y planificada para aprovechar convenientemente esta fuente de recursos y comunicación entre regiones. Mas bien, una dispar y frondosa legislación, que entrega atribuciones a varios Ministerios y organismos estatales sobre la materia, dificulta y entorpece el desarrollo de ella. Nadie desconoce la imperiosa necesidad de aumentar nuestra flota naviera, especialmente mercante. Es verdad que nuestra legislación reserva el 50 % del transporte de carga de importación y exportación a la Marina Mercante Nacional. Pero ¿qué sacamos con ello si, en la práctica, no se transporta, por la crisis permanente que la ha afectado en los últimos años, lo que se ha traducido en una sangría de divisas y en una fuente de trabajo importante desperdiciada? A fines de 1968, bajo el patrocinio del Gobierno, se realizó en nuestro país el Primer Seminario Chileno de Transporte Marítimo, con participación de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, como las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Banco Interamericano de Desarrollo, Asociación Nacional de Armadores y otras, con el objeto de intercambiar ideas a nivel técnico en la búsqueda de políticas navieras, de puertos y otras que correspondieran a la realidad y perspectiva chilenas. Muchos interesantes hechos se destacaron en ese importante evento, como la insuficiencia de nuestra flota mercante, sólo con unas 400 mil toneladas en unos 50 barcos, lo que en última instancia favorece intereses foráneos. La prensa de esos días anunciaba que no menos de 180 millones de dólares al año se evadían al extranjero por pago de fletes en barcos de banderas que no son la nuestra. Lamentablemente, hasta este instante se desconocen las medidas concretas que el Gobierno adoptará en materia de política naviera mercante y de transporte marítimo. Por eso, cuán alentadoras son las palabras del señor Director de ASMAR, Almirante Ismael Huerta, cuando en la ceremonia de bautizo del día lunes sostenía que "ASMAR está en condiciones de construir barcos de comercio mucho más grandes, como son, por ejemplo, aquellos de 15 a 20 mil toneladas de porte que se construyen en forma masiva en países lejanos y que tan útiles servicios podrían prestar a Chile, para penetrar con autonomía tecnológica en el campo de las comunicaciones marítimas, permitiéndonos transportar nuestro comercio de importación y exportación en buques de bandera nacional y construidos, además, con medios propios". Hemos querido formular estas observaciones para dejar constancia, en el seno de nuestra Corporación, del orgullo que experimentamos, como chilenos y como parlamentarios comunistas, al constatar que una empresa del Estado, de administración autónoma, se desarrolla y avanza con indiscutible éxito y con una incidencia enorme en el futuro marítimo y naviero de Chile, al entregarnos, en sus primeros diez años de existencia, pruebas irrefutables, como es la construcción del "Papudo", de lo que se puede hacer con medios y manos chilenos. Por eso, señor Presidente, solicito a la Honorable Cámara que se transcriban estas observaciones al señor Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada y a su Junta de Vigilancia, y que la Corporación, además, dirija oficio a él y a ésta, congratulándolos y para que por su digno intermedio se le expresen nuestras más efusivas y calurosas felicitaciones a su personal de ingenieros, técnicos, empleados y obreros, por el alto pie de eficiencia y desarrollo alcanzado, y nuestros mejores deseos para que se materialicen a la brevedad posible los proyectos y aspiraciones de expansión de la industria, para el progreso y bienestar de los chilenos que laboran en ella y, en general, de nuestra Patria. Agradezco a la Honorable Cámara el tiempo que ha tenido a bien concederme para formular estas observaciones. Gracias. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para enviar los oficios solicitados por el Diputado señor Agurto. Acordado. Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Amello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, hemos querido los Diputados nacionales unir nuestra voz en este verdadero homenaje al esfuerzo y a la creación de chilenos que significa la labor efectuada por ASMAR, chilenos que en los prácticamente diez años de existencia de ella, han logrado demostrar su eficiencia, su alta calidad técnica y su generosa entrega a la tarea de otorgar al país una fuente de riqueza y de trabajo. Creo que, en torno de la labor efectuada por ASMAR en estos diez años, desde su creación en 1960, puede señalarse con justicia que sigue el mismo grado de eficiencia, de ejemplaridad que ha tenido a lo largo de nuestra historia la Marina chilena. Ya no es sólo el aporte de ésta a la formación de nuestra nacionalidad, y diría más, a la formación del estilo de la nacionalidad, de su estilo de servicio, de abnegación, de superación y sacrificio, sino que es también el aporte a la formación de un tipo de chilenos ejemplares, dedicados por entero a servir a la Patria; no sólo en el servicio a Chile en su mar, en su existencia en el mar, sino que ahora, con esta labor de capacidad técnica, con esta labor de creación de astilleros navales, de verdadera trascendencia para nuestro destino. Porque consideramos que Chile está unido indisolublemente al mar, porque consideramos que el destino de Chile está precisamente en su mar, creemos que se deben impulsar estas obras y todas las que sean necesarias para crearle a nuestro país una realidad marítima de importancia. Nuestro país requiere con urgencia una política que le dé barcos, de manera que todo su comercio se haga bajo bandera chilena; que amplíe sus astilleros, de modo de tener efectivamente el trabajo de los chilenos incorporados a estos medios de comunicación, de riqueza, de soberanía. Debemos tener puesta la vista en abrir un horizonte amplio para nuestra nación en el océano. Todo esto implica un desafío y superación tecnológica; pero también significa darle a la vida de nuestro país en el mar el sentido de la disciplina, de la superación, de servicio, de chilenidad, que ha sido característico de la Marina nuestra y que ha sido lo que ha permitido la creación de ASMAR, en primer lugar, la creación de estos astilleros, en segundo lugar, y la culminación, antes de celebrar sus diez años, en el filo de ellos, de la construcción del barco "Papudo", que es, verdaderamente, un promisorio ejemplo de lo que puede ser capaz de realizar. Precisamente, señor Presidente, porque creemos que este hecho merece la atención y el homenaje de todos los chilenos, es que hemos querido sumar nuestra voz, pedir que se transmitan también estas modestas palabras a este organismo, como asimismo, lo que ya ha acordado la Cámara, enviar las felicitaciones al señor Director de los Astilleros de la Marina de Chile. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para enviar las palabras expresadas por el Diputado señor Amello, como un homenaje, al señor Director a que ha hecho referencia. Varios señores DIPUTADOS.- En nombre de la Cámara. El señor MERCADO (Presidente).- En nombre de la Cámara. Acordado. ORDEN DEL DIA 7.- COBRANZA JUDICIAL DE IMPOSICIONES ADEUDADAS A LAS INSTITUCIONES DE PREVISION.-OBSERVACIONES. OFICIO El señor MERCADO (Presidente).- Entrando en la Tabla del Orden del Día, corresponde despachar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que señala normas de procedimiento para la cobranza judicial de las imposiciones adeudadas a las instituciones de previsión. Boletín 10.844-0. Me permito hacer presente a la Sala que estas observaciones deberán ser despachadas en la presente sesión, para lo cual cada Comité Parlamentario dispondrá de un tiempo hasta treinta minutos, del cual podrá usar a su arbitrio en la discusión de una ó del conjunto de las observaciones. -Las observaciones, impresas en el boletín Nº 10.844-O, son las siguientes: "Artículo 2º Para reemplazar el encabezamiento del inciso primero por el siguiente: "El Director General, el Vicepresidente Ejecutivo o el Jefe superior de la respectiva institución de previsión, incluidas las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, u organismo auxiliar, deberá mediante resolución fundada y según corresponda:". Artículo 3° Para reemplazar el inciso tercero por el siguiente: "Las resoluciones que sobre las materias a que se refiere el artículo 2º dicte el Director del Servicio de Seguro Social, no requerirán la nominación de los dependientes respectivos. Sin embargo, dichas resoluciones deberán indicar, a lo menos, la o las faenas, obras industrias, negocios o explotaciones a que ellas se refieren; los períodos que comprenden las imposiciones adeudadas; y los montos de las remuneraciones por las cuales se estuvieren adeudando imposiciones". Artículo 6º Para agregar, a continuación del inciso primero, el siguiente, nuevo: "La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia podrá hacerse por carabineros". Para sustituir en el inciso segundó las expresiones "inciso anterior" por las siguientes: "inciso primero". Artículo 7º Para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 7°.- Las sentencias que se dicten en estos juicios contendrán, además de las menciones comunes a las sentencias emitidas en los juicios ejecutivos, la orden de liquidar por el Secretario del Tribunal las imposiciones y los intereses devengados desde que el deudor incurrió en mora y hasta la fecha del fallo; y la orden de que, en su oportunidad, se liquiden los intereses que se devenguen con posterioridad hasta el total y cumplido pago de la obligación y se calcule el reajuste de la deuda, cuando así procediere de conformidad a las normas establecidas en el artículo 22". Artículo 8° Para agregar, entre las palabras "consignación" y "de", las siguientes: "del 25%". Para agregar, a continuación de las palabras "interés del 3% mensual", suprimiendo el punto (.) colocado después de la última de ellas, la frase siguiente: "a partir de la fecha en que el fallo quedó ejecutoriado". Artículo 9º Para agregar, suprimiendo el punto (.) aparte, la siguiente frase: "que hubiere intervenido en el asunto que dio origen al litigio.", en su inciso primero. Artículo 12 Para sustituirlo por el siguiente: "Artículo 12.- Si el empleador no consignare las sumas descontadas de las remuneraciones de sus empleados, o que debió descontar, dentro de los quince días contados desde la fecha del requerimiento de pago, si no opuso excepciones; o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo cuando el monto de las cantidades ordenadas pagar excediere de seis sueldos vitales mensuales, escala A del departamento de Santiago; y con presidio menor en su grado medio, si fuere igual o inferior a dicha suma. "Con el solo mérito del certificado del Secretario del Tribunal que conozca de la ejecución que acredite el vencimiento del plazo y el hecho de no haberse consignado las sumas retenidas, el Juez del Crimen correspondiente declarará reo al empleador o a su representante, y lo someterá a proceso como autor del delito indicado en este artículo. "Si se consignare el monto de las retenciones adeudadas, más intereses, costas y el reajuste cuando procediere, el Tribunal dictará sobreseimiento definitivo, cualquiera que sea el estado de la causa. "La consignación o pago de las sumas retenidas no suspenderá el curso del juicio ejecutivo, continuando el procedimiento de apremio hasta obtener el pago del resto de las sumas cobradas. "Las instituciones de previsión, en los casos señalados en este artículo, estarán obligadas a recibir el pago de las cantidades descontadas, aun cuando no se haga el del resto de las adeudadas". "Para los efectos contemplados en este artículo, la liquidación que debe hacer el Secretario del Tribunal con arreglo a lo establecido en el artículo 7º señalará, expresa y determinadamente, las imposiciones y aportes legales que se descontaron o debieron descontarse de las remuneraciones de los trabajadores". Artículo 17 Para sustituir el número "1961" por "1962". Artículo 18 Para sustituir las expresiones "los juicios civiles" por las siguientes: "las ejecuciones iniciadas en su contra de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Artículo 19 Para sustituir el inicio primero por el siguiente: "El que a cualquier título adquiera el dominio de predios rústicos o fundos, establecimientos industriales o comerciales, fábricas, locales o faenas, de derechos en ellos o de los bienes de su activo inmovilizado, con excepción de los destinados al uso, alhajambiento u ornato de las oficinas, o los tome en arrendamiento, por instrumento público o privado o por cualquier otro medio, responderá solidariamente con el anterior dueño o con el arrendador, en su caso, del pago de las imposiciones y demás aportes legales que se adeudaren a las instituciones de previsión, siempre que en esos predios, establecimientos, fábricas, locales o faenas laboren trabajadores por cuenta del que los transfiere o da en arrendamiento." Para sustituir los incisos segundo y tercero por los siguientes: "No habrá lugar a la responsabilidad solidaria establecida en el inciso precedente cuando en el instrumento público o privado que se otorgue se inserte un certificado del o de los institutos de previsión respectivos que acredite que la persona que transfiere o da en arrendamiento se encuentra al día en el pago de las imposiciones y aportes legales. Los otorgantes del instrumento deberán expresar si en el predio rústico o fundo, establecimiento, fábrica, local o faena trabajan empleados u obreros". "Tampoco habrá lugar a esta responsabilidad solidaria respecto del adquirente de bienes que componen el activo inmovilizado del establecimiento, fábrica, local o faena cuando la institución acreedora hubiese autorizado expresamente la enajenación. Esta autorización sólo podrá otorgarse cuando existan otros bienes suficientes para responder al pago del crédito. "En todo caso, tratándose de los bienes señalados en el inciso precedente, la responsabilidad solidaria quedará limitada hasta concurrencia del valor de ellos." Artículo 22 Agregar en el inciso primero de este artículo, a continuación de la palabra "remuneraciones" y del punto que la sigue, en punto seguido, la siguiente frase: "Exceptúanse de lo dispuesto en este inciso las imposiciones que deban enterarse en el Servicio de Seguro Social, las cuales deberán efectuarse dentro del mes siguiente a aquel en que se practique el ajuste de los salarios". Artículo 23 A continuación de la palabra "adeudadas" y de la coma (,) que la sigue, intercalar las expresiones "sus reajustes", colocándose coma (,) a continuación de ellas. Artículo 24 Agregar en el inciso 29, a continuación del punto (.) colocado después de la palabra "vigencia", la siguiente frase: "En casos excepcionales, calificados como tales por el Consejo Directivo con el voto conforme de los 2/3 de los miembros en ejercicio, el plazo anterior podrá ampliarse hasta en un año más." Reemplazar el inciso cuarto del artículo 24 por el siguiente: "El no pago de cualquiera de las letras mensuales establecida en el convenio o de las imposiciones mensuales que se devengaren durante su vigencia, por más "de quince días contados desde la fecha en que unas u otras debieron ser canceladas, hará caducar el convenio y dará derecho al instituto de previsión respectivo para exigir ejecutivamente y de inmediato el total de la obligación, la que se considerará de plazo vencido, sin perjuicio de las sanciones y multas que se podrán aplicar en tal caso. Si, al contrario, el deudor hubiese cumplido íntegra y oportunamente el convenio celebrado, el Consejo Directivo de la respectiva institución de previsión podrá condonarle las sanciones y multas en que hubiere incurrido". Artículo 30 Para sustituir por el siguiente: "Artículo 30.- Los artículos 1º al 29, inclusive, de la presente ley comenzarán a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial." Artículos nuevos Para consultar los siguientes: "Artículo A).- Dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, el Presidente de la República dictará el Estatuto Orgánico por el que se habrán de regir los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar establecidos o que se establezcan en conformidad con el artículo 134 de la Ley Nº 11.764 y sus modificaciones posteriores. En uso de esta facultad, el Presidente de la República podrá fijar las normas institucionales relativas a su personalidad jurídica, su patrimonio, su administración, el estatuto del personal de su dependencia y régimen de aportes del Estado o de sus entidades autónomas en relación con las cotizaciones de sus asociados. En todo caso los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar a que se refiere el inciso anterior, estarán fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social. El examen y juzgamiento de las cuentas de estos Servicios se hará por la Contrataría General de la República, respetando las normas que, de acuerdo con sus facultades legales, imparta la Superintendencia de Seguridad Social sobre materias técnicas, actuariales, financieras, jurídicas y contables." "Artículo B).- Concédese un plazo de ciento ochenta días, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, para que los Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar que funcionan en las Reparticiones Fiscales y entidades autónomas del Estado, presenten a la Superintendencia de Seguridad Social sus presupuestos de entradas y gastos correspondientes a los años 1968, 1969 y 1970. Decláranse válidamente efectuados, los pagos que, por concepto de beneficios, hubieren hecho estos Servicios durante los años 1968 y 1969. El Superintendente de Seguridad Social podrá autorizar en estos Servicios para efectuar sus gastos por duodécimos, en conformidad con el último presupuesto aprobado." "Artículo C).- Gozarán del privilegio establecido en el Nº 4 del artículo 2472 del Código Civil, en la forma y condiciones señaladas por el artículo 664 del Código del Trabajo, los créditos de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en contra de los patrones afiliados a ellas." Artículo D).- Las acciones para cobrar las asignaciones familiares devengadas prescribirán en el plazo de dos años, contado desde la fecha en que devengaron.' Artículo E).- La Caja de Previsión de Empleados Particulares transferirá anualmente al Servicio Nacional del Empleo hasta el 50 % de los excedentes que se produzcan, a contar desde el 1° de enero de 1970, en los Fondos de Cesantía a que se refieren las leyes Nºs. 7295 y 15.722." "Dicha suma será destinada al financiamiento de los programas que emprenda el Servicio Nacional del Empleo con el objeto de colocar a empleados particulares cesantes o para capacitarlos para obtener empleos." "El Servicio Nacional del Empleo rendirá cuenta a la Caja de Previsión de Empleados Particulares de la inversión de las sumas traspasadas." Artículo F).- Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, además de los fines a que se refiere el artículo 71 de la ley Nº 17.272, pueda destinar los excedentes a que dicha disposición se refiere a los siguientes objetivos: a) Al financiamiento de las obras de bienestar social indicadas en el artículo 101 de la ley Nº 16.735, modificado por los artículos 97 de la ley Nº 16.840 y 10 de la ley Nº 17.213; b) A la construcción de hospitales; c) A financiar los programas que emprenda el Servicio Nacional del Empleo con el objeto de colocar a empleados particulares cesantes o para capacitarlos con el fin de obtener empleo." "Artículo G).- La Caja de Previsión de Empleados Particulares exclusivamente concederá, conjuntamente con el reajuste ordenado por el artículo 25 de la ley Nº 10.475 para 1970, un reajuste extraordinario, por una sola vez, de un 20% a las pensiones de hasta dos sueldos vitales y siempre que esas pensiones hubieren tenido un año de vigencia al 1º de enero de 1970. "Las pensiones comprendidas entre dos sueldos vitales y dos sueldos vitales más el 20% deberán ser reajustadas a esta última cantidad". "La Caja de Previsión de Empleados Particulares pagará este reajuste extraordinario hasta concurrencia de sus disponibilidades." "Artículo H).- Declárase que la expresión "hospitales para empleados particulares" a que se refiere el artículo 101 de la ley Nº 16.735, modificado por el artículo 97 de la ley Nº 16.840, comprende a todos los hospitales que presten o puedan prestar atención a los empleados particulares activos o pasivos, aunque primitivamente hayan sido construidos para determinados servicios civiles o de las Fuerzas Armadas." "Artículo I).- No obstante lo dispuesto en el artículo único de la ley Nº 17.168, publicada en el Diario Oficial de 21 de agosto de 1969, los obreros gráficos que a la fecha de vigencia de esa ley gozaban de un régimen de indemnización por años de servicios establecido en virtud de convenio colectivo, acta de avenimiento o fallo arbitral, podrán optar por la mantención de su régimen convencional. La opción a que se refiere el inciso anterior se ejercerá por acuerdo del respectivo sindicato adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, en sesión especialmente convocada para este efecto, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Se entenderá que optan por el régimen legal, los trabajadores que no ejercieren la facultad que establece esta ley." "Artículo J).- Declárase que el desahucio establecido en el artículo 40 de la ley N° 15.386, es incompatible con el desahucio fiscal a que se refieren los artículos 102 y siguientes del D.F.L. 338, de 1960, y que, por lo mismo, no tienen ni han tenido derecho a gozarlo los funcionarios que en virtud de disposiciones legales especiales están afectos a este último sistema." Artículos transitorios Artículo 2º Para sustituir por el siguiente: Artículo 2º transitorio.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, las normas y sanciones establecidas en esta ley sólo serán aplicables a las ejecuciones judiciales que se inicien con posterioridad a la fecha en que comiencen a regir los artículos 1º al 29 inclusive." Para agregar el siguiente nuevo artículo transitorio: "Artículo 4º transitorio.- Dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las Universidades podrán solicitar la consolidación de las sumas adeudadas, al 31 de enero de 1970, a las diferentes instituciones de previsión por imposiciones y aportes legales. El total a que ascienda la consolidación se pagará en 60 cuotas mensuales iguales, a contar desde el día primero del mes siguiente a la expiración del plazo indicado en el inciso primero, con el interés del 3% anual, que se cancelará junto con cada cuota. Cada una de las cuotas se reajustará en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos entre la fecha que expire el plazo fijado en el inciso primero y la del pago de cada cuota mensual. Este reajuste se sumará a cada cuota y se pagará conjuntamente con ella. Se aplicará a los personales de las Universidades que soliciten la consolidación lo dispuesto por el artículo 25." El retardo en el pago de una cuota, o de las imposiciones que se devenguen con posterioridad al 31 de enero de 1970, por más de 15 días, hará exigible la totalidad de la deuda y la respectiva institución de previsión podrá aplicar las multas, intereses y reajustes que procedan. Condónanse las multas e intereses adeudados por las Universidades por concepto de imposiciones y aportes legales adeudados hasta el 31 de enero de 1970". El señor MERCADO (Presidente).- En discusión la primera de las observaciones, que tiene por objeto reemplazar el encabezamiento del inciso primero del artículo 2º del proyecto aprobado por el Congreso. Aparece en la página 35 del boletín. Ofrezco la palabra. El señor ARNELLO.- ¿Hay Diputado informante? El señor KLEIN.- Está bien. Aprobémosla no más. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. El señor KLEIN.- Si le parece... El señor MERCADO (Presidente).- En votación. Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada. Aprobada. En discusión la observación contenida en la página 37. Es para reemplazar el inciso tercero del artículo 39. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si les parece a los señores Diputados y no se pide votación, también se dará por aprobada esta observación. Acordado. En discusión la primera de las observaciones al artículo 6ª, contenida en le página 40. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobada también esta observación. Aprobada. Como consecuencia, se dará por aprobada también la que viene a continuación, en el mismo artículo. Acordado. En discusión la observación de la página 41. Es para sustituir el artículo 7º. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala y no se pide votación, daremos por aprobada también esta sustitución. Acordado. En discusión la primera de las observaciones contenidas en la página 42. Es para agregar, entre las palabras "consignación" y "de", las siguientes: "del 25%". El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, el artículo 8º aprobado por el Congreso significa que aquel empleador que no haya enterado en el organismo de previsión las sumas descontadas a su personal deberá consignar el total de ellas -la suma total- una vez hecha la denuncia por el instituto previsional. El veto del Ejecutivo lo libera en un 75% y en vez de depositar el total de la suma que está debiendo, que indebidamente se ha dejado en su poder, sólo lo obliga a depositar un 25%, de los descuentos y los aportes previsionales, para los diversos institutos de previsión, lo que significa, en la práctica, que los empleadores van a poder seguir disfrutando -no sólo hasta la fecha en que se hizo la denuncia en contra ellos, sino también por el tiempo que dure el proceso y se llegue a un convenio- de estos fondos, que realmente a ellos no les pertenecen, ni les corresponden, aun cuando están haciendo uso indebido de ellos y dejando desfinanciado el organismo previsional, con las consecuencias consiguientes en perjuicio de cada imponente. Los Diputados comunistas vamos a votar en contra del veto del Ejecutivo, para liberar en un 75% de esta obligación. Y votaremos también por la insistencia en el proyecto del Congreso para que se mantenga el contenido primitivo del artículo 8º, que exige el pago del 100%. Eso es todo, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Debo advertir al señor Diputado que en este caso no procede la insistencia. Es un veto aditivo. Ofrezco la palabra. El señor CLAVEL.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Clavel. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, sin duda alguna, nuestro colega Acevedo, en el fondo, tiene toda la, razón al decir que el empleador que no hace imposiciones a su personal es porque, en parte, se ha quedado con las sumas que le ha descontado. Pero en estas imposiciones también al empleador le corresponde aportar un porcentaje, bastante superior al descuento que le hace a su empleado. Pero, a mi modo de ver, de acuerdo con la experiencia que tuve en la Caja, de Empleados Particulares, no se puede legislar en forma general, porque hay casos de casos. Hay empleadores que no son todo lo correcto que debieran ser y que abusan de los fondos que les son encomendados. Sin embargo, yo he presenciado casos de comerciantes que tuvieron malos negocios, que tuvieron pérdidas, que tuvieron siniestros o tantas otras causas por las cuales a un hombre de negocios le va mal. Muchas veces los impuestos lo agobian. Los inspectores andan "sueltos", buscando sanciones, como los de la DIRINCO, que tratan de hacer bajar el costo de la vida persiguiendo a los comerciantes, obligándolos a vender un artículo a un precio que a ellos se les imagina que es lo que debiera valer. Bueno, hay muchas razones. Por eso, yo tampoco habría fijado el 25%. En cambio, yo habría propuesto en el veto alguna disposición que obligara al deudor a depositar, en custodia, una caución por su deuda, sea hipotecaria o de documentos, para que la Caja no perdiera en ningún momento la acción. Porque hay un peligro muy grande, que este veto no soluciona: muchas veces los empleadores, cuando ya se ven acosados por las deudas, cierran el "boliche", ¡y adiós empleados y adiós deudas con su personal! En consecuencia, mucho más inteligente y mucho más efectivo habría sido exigir una garantía por la deuda que tiene el empleador. Por eso, yo, sinceramente, en conocimiento de lo que estoy diciendo, voy a votar favorablemente este veto, porque creo que de dos males, éste es el menor. El señor ARNELLO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Puede usar de la palabra el Diputado señor Amello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, yo creo que no se tiene una comprensión exacta de lo que se plantea en este veto, al hacerse las objeciones que le formula el Diputado señor Acevedo. Porque, en verdad, lo que aquí se persigue es que la persona que tiene un recurso, otorgado por la ley, para apelar de una resolución, no puede ser, en justicia, condenada virtualmente antes de poder ejercer ese recurso. Porque yo pregunto: desde que existe un recurso legal, no un arbitrio, desde que existe la posibilidad de que un tribunal superior entre a revisar lo que ha determinado otro; ¿existe, evidentemente, la posibilidad de que sea revisado, de que sea rectificado el fallo del tribunal inferior? De otro modo, no se explicaría la existencia de estos recursos. En consecuencia, puede darse el caso de una persona que haya sido obligada a un pago y que, en la apelación, pueda demostrar la improcedencia de ese pago y ser liberado de él. Pero como ha salido redactado el artículo 8º, esa persona, para poder recurrir a fin de que se le hiciera justicia, tendría que empezar por pagar todo lo que se le ha condenado a pagar. Y nadie puede negar que es muy posible que esa persona o esas personas que se vieran en este caso no tuvieran siquiera los recursos para consignar el total de la suma ordenada o fijada por el tribunal de primera instancia y, en consecuencia, no pudieran usar del recurso de apelación para que se les haga justicia, porque estoy suponiendo, evidentemente, que se trata de personas que tienen una situación así. Es decir, aquí no se trata de liberar a nadie del pago que por la ley está obligado a hacer, sino, precisamente, de otorgarles a las personas la posibilidad de que su caso se analice a través de todos los recursos que la ley establece, hasta que se les haga completa y total justicia, sin tener que estar sometidas, previamente, a la contingencia de tener que juntar una suma de dinero, que probablemente no están obligadas a pagar de ningún modo. Respecto de la fijación del 25%, yo concuerdo con lo dicho por el Diputado, señor Clavel. Evidentemente, este monto es un arbitrio, que pudo ser del 10% o del 50%, con igual razón. Es una suma que, a mi modo de ver, no tiene una justificación exacta. Pero, en todo caso, es ciertamente una suma que pretende, a mi juicio, dos cosas: darle mayor seguridad a quien emplea el recurso de apelación; y, al mismo tiempo, garantizar, en alguna medida, el pronto cumplimiento de la obligación previsional, si es que en esa segunda instancia resulta igualmente condenado a pagar. Entonces, frente a los términos en que está planteada la discusión y en defensa del principio elemental de que nadie puede ser condenado, en definitiva, antes de ser debidamente juzgado, me parece preferible acoger el veto que rechazarlo, debido a que, de otro modo, continuaría vigente esta condena antes de ser juzgado en la forma como lo determina el artículo 8º. El señor MERCADO (Presidente).- Puede usar de la palabra el Diputado señor Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Señor Presidente, el veto tiene por objeto reducir a un 25% el monto de la consignación que se requiere para entablar el recurso de apelación. La verdad es que el objetivo de establecer una consignación previa a la apelación es el de dar seriedad al recurso presentado. Evidentemente, la consignación total podría colocar en la indefensión a un ejecutado, a un demandado inocente, pues lo privaría de la revisión del fallo de primera instancia, por la circunstancia de que, para apelar, tendría que consignar el total de la deuda. De manera que al rebajarse esta cantidad a una suma importante, como es el 25%, se asegura que el ejecutado o demandado interponga un recurso con seriedad. Por otra parte, no existe el problema que se plantea en orden a la posibilidad de medidas precautorias. En este caso, estamos frente a un juicio ejecutivo, de modo que quedaría antes de la sentencia la posibilidad de embargar bienes suficientes del ejecutado para asegurar, en definitiva, el resultado de la acción. Por esto, y también porque en la forma como lo dispone más adelante, el artículo 12 del proyecto, se establecen sanciones penales para el caso de no consignarse oportunamente, pues podría darse el caso de que una persona que apela que no puede consignar, incurriera en esas sanciones, estamos en favor del veto, porque introduce un precepto razonable, que establece un perfecto equilibrio entre las partes y asegura el resultado de la acción por otra vía, y además, garantiza el principio fundamental de la seriedad del recurso que se interponga. Nada más, señor Presidente. El señor PONTIGO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Pontigo. El señor PONTIGO.- Señor Presidente, aquí se han hecho algunas objeciones a esta observación del Ejecutivo, que agrega la frase "del 25%", entre las palabras "consignación" y "de", en el artículo 8º. Se ha dicho que el artículo, tal como está, es demasiado fuerte para los deudores de estas imposiciones. Pero aquí, de lo que se trata es de defender los derechos previsionales de los obreros y empleados, derechos previsionales que, hasta ahora, han sido burlados, porque no ha habido una legislación capaz de poner término al abuso, al atropello que los malos patrones hacen de la ley, perjudicando violentísimamente a sus colaboradores: los empleados y los obreros. Es común que en las empresas, en las industrias mineras, en las haciendas de los grandes latifundistas, no se paguen las imposiciones. Es común que los trabaja- dores reclamen al Servicio de Seguro Social por el no pago de imposiciones. El Servicio de Seguro Social les entrega a algunos abogados estos juicios. Pero, en muchas partes, no hay abogados para defender a los trabajadores, ni al Servicio de Seguro Social, como ocurre en todas las provincias del país. Y los trabajadores y los empleados, tanto de la Caja de Empleados Particulares, como del Servicio de Seguro Social, quedan abandonados a su propia suerte. Sin tener puestas al día sus imposiciones, el obrero no tiene derecho ni a atención médica ni a subsidio, ni a nada. Los patrones, asilándose en esta situación, no cumplen con las obligaciones elementales para con sus trabajadores y, de esta manera, roban al obrero sus imposiciones; las escamotean cuando hacen mal uso de las deducciones que, para el financiamiento de los beneficios previsionales, efectúan del salario que corresponde pagar al obrero. Tampoco las pagan al obrero que queda cesante, el cual no recibe auxilio de cesantía; de tal manera que los perjudicados son una cantidad gigantesca en relación con los posibles perjudicados por la aplicación de una ley que pudiera estimarse como demasiado drástica e impositiva respecto de los patrones. Mientras esta ley pudiera ser aplicada en forma injusta, como es el caso a que se refirió el colega señor Clavel, es decir, cuando un patrón ha sufrido, por ejemplo, un incendio en su empresa; cuando ha tenido malos negocios; cuando ha habido terremotos o aluviones, cosas comunes en nuestro país, es posible que, en esos casos, pudiera producirse alguna injusticia. Sin embargo, creo que la Cámara debe tener en cuenta principal y fundamentalmente los derechos de los trabajadores a quienes se trata de defender a través de este proyecto. Tal como lo ha dicho el compañero Acevedo, en nombre de la representación parlamentaria comunista, votaremos en contra de esta adición del Ejecutivo, a fin de que el artículo 8º quede tal como lo aprobó la Cámara en la ocasión pasada. Y si cabe formular alguna objeción más adelante, ya que hay consenso unánime en que, tal vez, esta cifra de un 25% no corresponde realmente a una realidad efectiva en nuestro país, sería conveniente que el Ejecutivo enviara una nueva iniciativa legal, más completa, para evitar posibles injusticias que pudieran ocurrir en el curso de la aplicación de esta ley. Pero la Cámara, en conciencia, debe votar por lo que aprobó antes, a fin de defender aquello que es principal, fundamental y primero: el derecho del obrero y del empleado a tener su previsión. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Presidente, cuando estudiamos este proyecto, lo hicimos en consideración a un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. En efecto, aprovechando deficiencias, los malos patrones, los malos industriales, distraen fondos que, en justicia, corresponden a los trabajadores; o sea, lo elaboramos para corregir una situación que constituía ya un peso para la sociedad. Al analizar las deficiencias que menciono, se observó que perjudicaban no sólo a los propios trabajadores, sino también a las Cajas de Previsión y al Servicio de Seguro Social. Por eso, era urgente asimismo corregir este defecto. De ahí que al establecer este sistema dentro del sistema actual, hemos estimado necesario que exista la instancia de la apelación para aceptar el planteamiento de que aquéllos que estaban, por una u otra razón justificada, en una situación determinada. De allí que creemos conveniente y útil establecer que dentro del curso del proceso sea necesario determinar un porcentaje. Así, estimamos que en el caso en que la sentencia definitiva fuera favorable para el patrón o empleador, resultaría también lesiva y nos iríamos al otro extremo. Deseamos corregir los defectos, no en función de crear una injusticia, sino de establecer un padrón que permita a todos respetar la ley con la dignidad que la misma ley implica. Por eso, con el porcentaje establecido en el artículo 8º, estamos solucionando la situación, tanto en la parte patronal como en la parte laboral. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, resulta realmente extraña la conducta de los parlamentarios de Gobierno. Respecto de la posición de los Diputados nacionales, manifestada a través del colega Amello, no tengo observación que hacer, pero sí, sobre la asumida por los colegas del Partido Demócrata Cristiano. Este proyecto tiene la sola finalidad de proteger a aquellos empleados y obreros perjudicados por patrones incumplidores en materia de previsión social. Me refiero tanto a los imponentes de la Caja de Empleados Particulares como a los del Servicio de Seguro Social. Ese fue el espíritu que se tuvo en vista durante toda la tramitación del proyecto, razón por la cual este artículo 8º no mereció absolutamente ninguna observación, cuando se discutió en general y en particular y en todos sus trámites, tanto en el Senado como en esta Cámara. El propósito de esta ley es defender a los imponentes, porque mientras sus imposiciones no estén al día como apuntaba el colega Cipriano Pontigo, no tienen ningún beneficio. En el caso de los empleados particulares, no tienen beneficio en materia de cesantía; en caso de enfermedad, los obreros no reciben subsidios. ¿Cómo no les conmueve a los colegas la situación de un hogar, cuyo jefe, que estaba trabajando normalmente enferma y debe hospitalizarsEº Mientras esté hospitalizado, el Servicio Nacional de Salud no puede pagarle el subsidio y, en consecuencia, no le puede pagar las asignaciones familiares. Si pasan veinte días o un mes de hospitalización, ese hogar no tiene qué comer durante todo ese tiempo. Esa es la tragedia. Lo mismo sucede con un empleado particular que queda cesante. Como sus imposiciones no están al día, no le pueden pagar auxilio de cesantía ni impetrar préstamo de auxilio; no puede optar a préstamo hipotecario; es decir, no puede tener ningún beneficio. Concordamos con lo manifestado por el colega Clavel con perfecta claridad. Si él hubiese tenido que formular una observación, no habría hecho la que hemos oído. A través de otro proyecto, podemos considerar esas otras situaciones, pues, evidentemente, ellas existen. Se puede dejar, naturalmente, alguna puerta de escape. Pero este proyecto, con esta disposición aditiva, prácticamente, queda desvirtuado. En este veto y en los que vienen más adelante, el Congreso Nacional, prácticamente, estará borrando con el codo lo que escribió con la mano, durante los trámites, hasta que el proyecto fue despachado al Ejecutivo, el cual en uso de sus atribuciones constitucionales lo ha vetado. Sobre esa materia quería insistir. El proyecto se hace para los imponentes de organismos de previsión; no se ha elaborado para los empleadores. Eso es todo. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor AYLWIN (don Andrés).- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Arnello y, a continuación, el señor Aylwin. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, las aseveraciones del señor Acevedo tienen dos partes muy claras: una, la qué se refiere al proyecto; y otra, los cogollos que agrega para referirse a la posición de los Diputados nacionales. Ambas materias merecen, en realidad, responderse separadamente. Respecto a los cogollos, debo responderle que él sigue pensando que las personas pueden ser condenadas antes de ser juzgadas, como sucede en algunos regímenes de los cuales Su Señoría es solidario. Y yendo al fondo del problema, creo que en la materia en debate, ha habido una falla de interpretación de los Diputados comunistas. Lo que se puede plantear en estos juicios no es sólo el que se haya cumplido o no, por el empleador, con la obligación de pagar las imposiciones, sino, como lo señala el artículo 5º, hay otras situaciones que hacen la suficiente claridad en el problema, como para que no se insista en toda la serie de consideraciones de índole social que nos hacían. El artículo 5º nos indica, por ejemplo, que lo que se puede plantear son hechos tan definitivos como para ver si una persona demandada es inocente de lo que se le puede haber ordenado pagar en primera instancia, ya que puede negarse la existencia de prestación de servicios. A nadie le puede caber la idea de que si una persona tiene la posibilidad, en el tribunal superior, de declarar que no han existido los servicios cuyas imposiciones se reclama, no sea obligada, previamente, a pagar esas imposiciones para que se le haga justicia. El número 2º señala: "No ser imponibles, total o parcialmente los estipendios pagados". Las excepciones siguientes son: o haber una "errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador" o haber una "compensación en conformidad al artículo 32 de la ley Nº 7.295. . .". En suma, lo que se puede estar discutiendo en el tribunal superior es si procede o no que haya pago total o parcial, según el caso. En consecuencia, condenar a una persona obligándola a pagar, es decir, previa consignación de una suma que puede no tener ninguna causa legal y que se la, obligue a hacerlo, es ir demasiado lejos en la pretensión que se ha señalado. Porque creemos que la necesidad de no dejar jamás a nadie en la indefensión es una de las normas que debe regir en nuestra legislación, es que estamos decididamente con el veto. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Aylwin. El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, estimo que los términos del debate podrían llevar a una confusión que fuera desfavorable para las Cajas de Previsión y para los imponentes, en definitiva de atenerse a algunos argumentos vertidos en la discusión de este problema. Creo que el problema se puede plantear en los siguientes términos. En primer lugar, hay una disposición que considero básica; es la contenida en el artículo 4º. Este artículo expresa que "las resoluciones de que trata el artículo 2º tendrán mérito ejecutivo". Agrega: "Los juicios a que ellas den origen se sustanciarán ante los Tribunales del Trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, y a las normas especiales de esta ley". Esto significa que el procedimiento aplicable, en este caso, es el del juicio ejecutivo; y yendo, en términos muy generales, a aplicar las normas del juicio ejecutivo contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a la apelación, nos encontramos con dos normas fundamentales: la primera es la del artículo 194, que establece que, por regla general, las apelaciones en los juicios ejecutivos se conceden en el solo efecto devolutivo. Esto significa que la sentencia deberá ser cumplida después de dictada la sentencia en primera instancia. Esta disposición se complementa con el artículo 475 del Código de Procedimiento Civil, según el cual "si se interpone apelación de la sentencia de pago, no podrá proceder- se a la ejecución de esta sentencia, pendiente el recurso, sino en caso que el ejecutante caucione las resultas del mismo". Aplicando, pues, las normas y complementándolas con el artículo 8º en debate, a mi juicio, la solución es muy clara. Dictada la sentencia en primera instancia en estos juicios, por norma general, ellos deben seguir cumpliéndose. Esto es, si hay una sentencia apelable, se continuará con todos los trámites; además, para la realización de los bienes embargados, tratándose de una sentencia de pago, la Caja de Previsión podrá hacerla cumplir, pero ella tendrá que caucionar previamente los resultados del juicio. ¿Qué significa esto concretamente? Que si hubiera un juicio ejecutivo contra una empresa grande, solvente, y la Caja de Previsión respectiva tuviera la absoluta seguridad de que obtendrá éxito, de acuerdo con el artículo 475 del Código de Procedimiento Civil, hará cumplir la sentencia y no tendrá ninguna dificultad para caucionar los resultados que pudieran serles desfavorables. Todas estas normas están plenamente vigentes. ¿Qué se ha eliminado en el veto? ¿Qué exigencia no se ha querido establecer de acuerdo a lo que se establece en el proyecto? Una sola. Que no sea obligación de la persona que interpone el recurso consignar el total de la deuda dentro del plazo de cinco días. Esto no obsta para que la caja de previsión siga adelante la ejecución, de acuerdo con las normas generales del Código de Procedimiento Civil. Yo creo que con esta disposición los únicos beneficiados son, en definitiva, las personas de escasos recursos, que podrían tener razones -y nuestro colega Amello ha planteado bien el problema de que las objeciones que se pueden oponer son muy pocas- pero que si se les obliga a consignar dentro de cinco días, en el hecho no van a poder interponer un recurso tan importante. Esto no obsta, insisto, para que la caja de previsión siga adelante con la ejecución, Si se trata de realizar bienes, haciendo todos los trámites para proceder a su remate, y si hay sentencia de pago y se ha logrado embargar efectivamente dineros, se procederá a entregarlos a la caja de previsión, cautelando posteriormente a esta persona el respeto de sus fondos, en el caso que la resolución le fuera favorable. Estos son los únicos términos en que hay que interpretar esta disposición legal; y creo necesario, para la historia de la ley, ¿tejar establecido esto en su discusión, porque después podría prestarse a una interpretación diferente que fuera desfavorable para los imponentes y para las cajas de previsión. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, en relación con esta materia, debo reconocer que la brillante intervención del señor Aylwin ha aclarado mucho las cosas. No obstante, personalmente, debo manifestar que no estoy de acuerdo con este veto. Este proyecto, que ya tiene una larga tramitación, fue trabajado por un grupo de Diputados democratacristianos desde hace, si no me equivoco, alrededor de tres años. Recuerdo muy bien los detalles del estudio y luego después de la discusión, por lo menos en el curso del primer trámite, porque en ese tiempo yo presidía la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Cuando lo presentamos al Ejecutivo, éste lo acogió, porque era ya un trabajo completo. Quizás si valdría la pena recordar cuál es el sentido de este proyecto. Como lo dice muy bien la suma que encabeza el boletín, es un proyecto que "señala normas de procedimiento para la cobranza judicial de las imposiciones adeudadas a las instituciones de previsión." Cuando se habla de que se trata de cobranza judicial es porque ya antes han tenido que preceder muchos otros hechos, hechos que son realmente de extraordinaria importancia social. Cuando por ene razones los patrones que estaban obligados a hacer las imposiciones no las hicieron, -después de haber quedado en mora en efectuarlas, ha venido todo un procedimiento de aviso y apremio que realizan habitualmente los institutos de previsión- cuando ha seguido corriendo el tiempo y aún no se han hecho las imposiciones a los imponentes, con lo cual se está perjudicando gravísimamente a la gente que no tiene otro patrimonio, en materia social que éste, constituido por las imposiciones a que está obligado el patrón, ... El señor PONTIGO.- Esa es la verdad. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- en seguida, y sólo entonces se inicia el juicio. Recuerdo que cuando preparábamos este proyecto -estuve buscando los antecedentes y no los he encontrado- tuvimos en cuenta las dificultades que pudieran tener patrones que de buena fe no hayan podido hacer las imposiciones. Porque existe el caso. No todo el que no hace las imposiciones es porque sea ladrón, sinvergüenza o estafador. No. Hay veces en que realmente están incapacitados, porque les ha ido mal en el trabajo, etcétera. Para ese caso se buscó un procedimiento, que está contemplado en el artículo 24 de este proyecto de ley -página 64 del boletín comparado- y que dice que se autoriza- lo que no existe en este momento- "al Consejo Directivo de cada institución de previsión para celebrar convenios sobre facilidades de pago de las imposiciones que adeuden los empleadores." Vale decir que aquel patrón bien inspirado, pero que, de hecho, está en una situación que le impide cumplir, a pesar de que no lo quiera, tiene esta salida: celebrar con la institución de previsión correspondiente un convenio, lo que hoy no puede hacer. Por ley están impedidos de hacerlo. Ahora, por ley se les faculta para hacerlo. Y se les fija un plazo de un año. No obstante, más adelante, hasta al propio Consejo Directivo de las instituciones de previsión se lo faculta para ampliar este plazo por un año más, en circunstancias que hay prórrogas establecidas en el mismo proyecto de ley. Por lo tanto, la indefensión de que se ha hablado aquí respecto del patrón que no ha cumplido, tenemos que mirarla en dos aspectos. En aquel del patrón que queriendo hacer las imposiciones, por circunstancias que no dependen de él, que no son de su mala fe, sino de la imposibilidad real de poder cumplir, no las ha podido pagar. Ahora tiene una vía para poder cumplir. El otro aspecto, que todos conocemos, es el de los patrones que primero deducen sus propias ganancias y después, con lo que queda -no siempre queda lo suficiente- se abocan al pago de obligaciones de este orden, más que social -que lo son- de orden moral. En este caso se sigue un juicio. En este proyecto se fijan las normas del juicio. Bien, se ha concluido el juicio con la sentencia de término en primera instancia. Si acaso en todo este lapso, que va desde la iniciación del juicio, con todas sus tramitaciones, hasta la sentencia de término, no ha manifestado ninguna voluntad de llegar a una solución, ¿qué queda? Que consigne lo que el juez dice que debe, y naturalmente será lo que en justicia deba. Por eso, pienso que esta obligación de consignar el total de la suma adeudada y ordenada pagar por la sentencia, si bien es cierto que puede considerarse excesiva y acarrear algunos problemas a la persona ejecutada, hay que considerarla también desde el punto de vista de que caiga, estimo yo, sobre aquellos que no hayan querido ocupar las otras vías que la propia ley le franquea para solucionar el problema gravísimo de las imposiciones que les deben a sus empleados. Por eso, al hacer esta pequeña historia de cuál fue la voluntad de quienes preparamos este proyecto, de las ideas que tuvimos presentes al presentarlo, creo que estoy por el rechazo del veto en esta parte. Nada más. El señor JAQUE.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente), Tiene la palabra Su Señoría. El señor JAQUE.- Señor Presidente, creo que esta materia ha sido objeto de un amplio debate, y dado el interés en aclarar nuestra posición, deseo expresar brevemente que personalmente estoy a favor del veto del Ejecutivo. Estoy de acuerdo con aquellos colegas que han expresado la necesidad de establecer mecanismos legales, los más drásticos posibles, para hacer efectivo el cobro de estas imposiciones, resguardando naturalmente el interés de las instituciones previsionales y, al mismo tiempo, el de los trabajadores. Me parece que la disposición, tal como la ha despachado el Congreso Nacional, es demasiado drástica, y como aquí también se ha señalado podría dejar en la indefensión a la persona ejecutada, máxime que podría ocurrir la circunstancia, que con mucho acierto señaló el colega Clavel, de que medianos comerciantes o medianos o pequeños industriales pudieran encontrarse en una situación dramática por siniestros o por malos negocios o por la asfixia tributaria porque atraviesan estos sectores de la ciudadanía, lo que no es desconocido por nosotros. Es drástica, digo, porque en este caso sólo se establece que para tener derecho a la apelación se consigne una suma determinada, es decir, se otorgue una garantía. Esta podría ser, como lo dice la disposición despachada por el Congreso Nacional, el total de la suma que se ordena pagar en la sentencia, o, como lo sugiere el Ejecutivo en su veto, de un 25%. Considero que los trabajadores no quedan en la indefensión, porque esta disposición del artículo 8º está en estrecha armonía con el artículo 12, que no ha sido mencionado durante el debate esta tarde. Por eso he solicitado la palabra; para dejar en claro que, si bien concuerdo con los planteamientos hechos por los colegas del Partido Comunista en orden a defender los intereses de los trabajadores, -ya que no podríamos estar en una posición distinta- el artículo 12 establece, precisamente, una garantía de extraordinaria importancia para asegurar el pago de estas imposiciones. El artículo 12, en la forma que ha sido planteado en el veto y que varía en cierta medida lo acordado por el Congreso, dice textualmente: "Si el empleador no consignare las sumas descontadas de las remuneraciones de sus empleados, o que debió descontar, dentro de los quince días contados desde la fecha del requerimiento de pago, si no opuso excepciones; o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será sancionado -esto es lo que quería señalar- con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo cuando el monto de las cantidades ordenadas pagar excediere de seis sueldos vitales mensuales, escala A del departamento de Santiago; y con presidio menor en su grado medio, si fuere igual o inferior a dicha suma." En consecuencia, en esta disposición se crea una figura delictiva, precisamente para sancionar a aquellos empleadores que no consignen oportunamente los fondos que se ha ordenado pagar por sentencia ejecutoriada de los Tribunales de Justicia. De modo que de esa manera se están resguardando y cautelando los intereses de los trabajadores. Por ese motivo, personalmente estoy de acuerdo con aquellos colegas que han expresado su opinión favorable al veto del Ejecutivo. El señor OLAVE.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor OLAVE.- Muy breve, señor Presidente. Ya se ha debatido extensamente este artículo. Sin embargo, los socialistas queremos fijar nuestra posición frente a la materia, señalando que, en verdad, en estos momentos, las disposiciones legales actuales dan algunas facilidades a los empleadores para que cancelen las imposiciones a las distintas cajas de previsión. Así y todo, nosotros tenemos cifras realmente extraordinarias sobre los montos de sumas adeudadas, precisamente por esta exacción que se hace al trabajador, en cuanto a leyes de previsión social claramente especificadas en el Código del Trabajo. De allí que si en estos momentos hay facilidades y luego aparece una nueva ley que empezará a regir después de 90 días de publicada en el "Diario Oficial", y si en esta misma ley se dan nuevas facilidades de uno y dos años a los empleadores para que normalicen su situación, siempre que se acojan por la vía administrativa a los convenios que facilitan las cajas de previsión, llegarán al caso excepcional señalado en el artículo 8º solamente aquellos que son remisos, que prácticamente no han querido acogerse a ninguna de las facilidades reglamentarias o legales que otorgan las cajas de previsión. De modo que ya se nota de parte del patrón, en este caso, una intransigencia total. Naturalmente que ante esta intransigencia, tiene que ser severa la disposición legal, a fin de que cumpla con lo que señala este nuevo ordenamiento jurídico. De allí, señor Presidente, que nosotros vamos a rechazar el veto del Ejecutivo por estimar que es más procedente que, en definitiva, se les obligue a quienes se resisten a cumplir con las leyes, a aportar la totalidad de lo adeudado. Por lo demás, el margen de tiempo que queda es de solamente 15 días, porque, una vez que quede ejecutoriada la sentencia de término del juicio -naturalmente cuando ya no proceda recurso alguno- se tendrá que integrar el ciento por ciento de lo adeudado y no el 25% que se señala en este caso. Eso es todo. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma, económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 18 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Aprobada la agregación. En discusión la segunda observación al artículo 8º que consiste en agregar al final del inciso segundo la frase: "a partir de la fecha en que el fallo quedó ejecutoriado". Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta observación. Aprobada. En discusión la observación al artículo 9º que consiste en agregar a su inciso primero la siguiente frase final: "que hubiere intervenido en el asunto que dio origen al litigio". Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada también esta observación. Aprobada. En discusión la observación al artículo 12, que consiste en sustituirlo por el que figura en la página 45 del boletín comparado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta sustitución. Aprobada. En discusión la observación al artículo 17 del proyecto, que consiste en sustituir el guarismo "1961" por "1962". Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta observación. Aprobada. En discusión la observación al artículo 18 que consiste en sustituir las expresiones "los juicios civiles" por las siguientes: "las ejecuciones iniciadas en su contra de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta sustitución. Aprobada. En discusión la observación al artículo 19, que consiste en sustituir su inciso primero. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta sustitución. Aprobada. En discusión la observación que consiste en sustituir los incisos segundo y tercero del mismo artículo 19. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se dará por aprobada esta sustitución. Acordado. En discusión la observación al artículo 22, que consiste en agregar una frase al inciso primero de este artículo. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, esta agregación que ha hecho el Ejecutivo tiene por objeto fijar un plazo de dos años para que prescriban los derechos a cobrar asignaciones familiares. El señor ARNELLO.- Estamos en la página 62 del boletín. El señor MERCADO (Presidente).- Señor Diputado, estamos en el artículo 22 que figura en la página 62 del boletín comparado. Se propone agregar en el inciso primero de este artículo, a continuación de la palabra "remuneraciones" y del punto que sigue, en punto seguido, la siguiente frase: ... y viene a continuación la frase que se agrega. El señor ACEVEDO.- Si me excusa, señor Presidente,... El señor MERCADO (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Esta observación tiene por objeto permitir que las imposiciones que deben integrarse en el Servicio de Seguro Social se depositen dentro del mes siguiente a aquel en el que se practique el ajuste de los salarios. El proyecto aprobado por el Congreso exige que las imposiciones se integren dentro de los diez días del mes siguiente a aquél en que se pagaron o debieron pagarse las remuneraciones. El veto del Ejecutivo tiene por objeto prorrogar hasta en treinta días el plazo para cumplir la obligación de hacer las imposiciones. Esto significa en el caso del Servicio de Seguro Social, donde se permite hacer compensaciones para el pago de las asignaciones familiares, que estas compensaciones se puedan hacer hasta dentro de treinta días del mes siguiente. En otras palabras, en la práctica va a significar que las asignaciones familiares se van a pagar con treinta días de atraso,... El señor KLEIN.- ¡Se las paga el patrón antes! El señor ACEVEDO.- y naturalmente que puede prorrogarse por un tiempo superior a treinta días. De modo que en el caso de la Caja de Previsión de Empleados Particulares se mantiene el plazo de los primeros diez días y no se ve razón para que el Servicio de Seguro Social no tenga ese mismo plazo. El artículo 22 aprobado por el Congreso, era muy claro al estatuir que estarán obligados a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se pagaron o debieron pagarse las remuneraciones". Eso está bien, porque permite la compensación y disponer de los recursos para pagar las asignaciones familiares, que es el dinero que directamente va a financiar parte de los gastos que ocasiona el núcleo familiar. Pero el Ejecutivo prorroga esto en 30 días, lo que nos parece una manifiesta injusticia. Por eso, los Diputados comunistas vamos a votar en contra de esta proposición del Ejecutivo, que tanto favorece a los empleadores. E señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Palestro, don Mario. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, la verdad es que nosotros concordamos con lo dispuesto en el artículo 22 primitivo de la Cámara, porque creemos que es mucho más claro, más preciso, y, sobre todo, porque obliga a los patrones a cumplir con sus empleados y obreros en el plazo que corresponde. Aquí en este caso, se exceptúa al Servicio de Seguro Social que es, tal vez, la Caja donde se ha notado más fuertemente la falta de cumplimiento de las obligaciones de los patrones. Yo, hace pocos días, pedí que se enviara un oficio a la Dirección del Servicio de Seguro Social con el objeto de conocer y saber cuáles eran las industrias y, sobre todo, cuál era el monto más o menos aproximado de las deudas que existen para con el Servicio de Seguro Social en Santiago y en el resto de las provincias. Y la verdad es que son abismantes los centenares de millones de escudos que no han sido cancelados. No se trata tampoco de apremiar en forma exagerada a los patrones, de ponerles la pistola al pecho, como se dice, para que cumplan sus obligaciones, porque aquí se han dictado una serie de leyes, se han dado una serie de garantías y una serie de facilidades con el objeto de que los empleadores puedan cumplir y también puedan celebrar convenios con el Servicio de Seguro Social. Y la verdad es que ahora, a través de la respuesta a ese oficio, podemos darnos cuenta de que, a pesar de esas facilidades que se le han dado a los patrones para que cumplan con estas obligaciones mínimas, elementales, para con sus empleados y obreros -que tienen como su única defensa, como único patrimonio, las imposiciones de su caja- no lo han hecho. Esta misma situación se planteó cuando se discutió la acusación en contra del señor Ministro del Trabajo. En dicha oportunidad, le pregunté a la Directora del Servicio de Seguro Social, si las deudas que tenían los patrones para con el Servicio a su cargo tenían también incidencia en su falta de financiamiento. Ella me contestó que son muchos los millones de escudos que están empozados y que hasta ahora no han sido integrados al Servicio de Seguro Social. De ahí que volver a dar un nuevo plazo, a través de esta observación del Ejecutivo, darle un plazo más largo a los patrones, significa seguir permitiendo una burla a una Caja de Previsión, como es el Servicio de Seguro Social, lo que justamente agobia al sector más pobre, al sector más aporreado, como son los trabajadores que han dejado de laborar en el Servicio. Por eso, nosotros los Diputados socialistas vamos a votar a favor del artículo 22 primitivo de la Cámara de Diputados. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Merino. El señor MERINO.- Señor Presidente, a título personal, quiero expresar que también voy a estar en contra del veto del Ejecutivo a este artículo, porque de la simple lectura de la observación, no se ve la razón por la cual se pueda dar mayor plazo a los empleadores para entregar el dinero, que ellos retuvieron a los obreros, en las instituciones de previsión. He leído el fundamento del veto y la única razón que da el Ejecutivo es que el plazo es muy exiguo, cuando se refiere al Servicio de Seguro Social en razón de las diversas modalidades aplicables en este caso. Tendría razón el Ejecutivo si el plazo se le diera a la institución, pero aquí se le está otorgando a los patrones o empleados, para que el dinero que retuvieron no lo entreguen hasta después de treinta días. No se ve la razón del veto; por el contrario, creo que la disposición propuesta causaría un evidente perjuicio a los imponentes más pobres, como lo son, precisamente, los del Servicio de Seguro Social. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Clavel, y, en seguida, el señor Valenzuela, don Héctor. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, sin duda alguna que al no hacer los patrones o empleadores las imposiciones dentro de los diez primeros días del mes siguiente y dárseles un plazo de treinta días, también se les va a facultar, como decía el Diputado señor Acevedo, para que las asignaciones familiares sean pagadas con treinta días de retraso. Porque como el patrón compensa lo que debe entregarse al asegurado por concepto de asignación familiar con lo que integra en el Servicio de Seguro Social, no va a tener la obligación de hacerlo en el momento en que liquida los sueldos, ya que para ello dispondrá de un plazo de 30 días. Si quiere, podrá pagar las asignaciones familiares antes, pero esta disposición lo autorizará para pagar con treinta días de retraso las asignaciones familiares. Señor Presidente, antes de terminar, yo quisiera referirme de paso al artículo 22, aprobado por la Cámara, que dice: "Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de imposiciones...". Yo creo que las disposiciones de este artículo 22 también recaen sobre el gran empleador que es el Fisco, y que es el gran tramposo en el pago de las imposiciones. No estoy hablando de este Gobierno, sino de todos los Gobiernos. Efectivamente, el Fisco siempre ha cotizado las imposiciones de los empleados públicos con años de atraso; y jamás las cajas de previsión han podido financiarse, porque el Fisco no hace oportunamente las imposiciones y ni siquiera deposita las sumas que descuenta a sus empleados por capítulo de dividendos legales. En consecuencia, yo pido, que para la historia de la ley quede bien en claro que también, entre los empleadores, quede comprendido el Fisco. De esta manera, los radicales vamos a votar en contra del veto del Ejecutivo. El señor MERCADO (Presidente).- Puede usar de la palabra el señor Valenzuela Valderrama, don Héctor. El señor VALENZUELA VALDERRAMA, (don Héctor).- Señor Presidente, permítaseme, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, hacer presente que, cuando redactamos este artículo con los Diputados autores del proyecto, tuvimos en cuenta una doble situación: una, la de las imposiciones que por concepto previsional están obligados a hacer los patrones, por cuenta de los patrones; y dos, aquellas deducciones a que están obligados los patrones, por cuenta del empleado. Respecto a las primeras, hay un sistema general, según el cual las imposiciones que, por concepto patronal deben efectuarse dentro del mes siguiente a aquél en que se pagaron o debieron pagarse las remuneraciones. Está bien; esto no se toca. Pero respecto a las segundas, vale decir, a aquellas deducciones que el patrón hace a nombre y por cuenta del empleado, del obrero, de su trabajador, la verdad es que no se ve ninguna razón, no hay ningún título para que los mantenga en su caja durante más de treinta días, porque no es plata de él, sino que son dineros de los trabajadores que, por disposición de la ley se deducen de sus salarios o sueldos y deben enterarse en la institución previsional correspondiente. De ahí que pensemos, entonces, que un plazo de diez días para que el patrón entere estos dineros en el instituto previsional correspondiente, que no son los que él está obligado a pagar, sino aquéllos que deduce del sueldo o salario de su empleado, de su trabajador, es más que suficiente... El señor MERCADO (Presidente).- Excúseme, señor Diputado. El Diputado señor Arnello le solicita una interrupción. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Termino la idea y se la doy con mucho gusto, dentro de un minuto solamente. Sin embargo, si quiere, se la puedo dar de inmediato. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Amello. El señor ARNELLO.- Nada más, señor Presidente, que para hacer una pregunta al Diputado señor Valenzuela en relación con la aseveración que está haciendo, porque me parece- no sé si le habré entendido mal o si entendí mal el artículo- que lo que él señala claramente es que el patrón está obligado a enterar tanto los descuentos que hace a sus empleados como sus propias imposiciones y aportes, "dentro de los diez primeros días del mes siguiente". Me parece que este precepto termina con la situación que el señor Valenzuela estaba planteando. Por lo demás, no me parece posible pensar que los organismos previsionales pueden recibir, como aportes de un empleador, primero, el pago d'e las sumas que ha descontado y, después, el pago de las sumas que corresponden como aporte patronal a través de la imposición correspondiente. En realidad, los organismos previsionales reciben el total de las imposiciones y las compensaciones que se hagan valer o no reciben absolutamente nada; no aceptan un pago parcial. El señor MERCADO (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Valenzuela Valderrama. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, advertí al principio de mi intervención que iba a hacer una breve reseña de lo que habíamos planteado quienes tuvimos la responsabilidad de redactar este proyecto. El pensamiento que tuvimos es el que acabo de plantear: hacer una distinción entre estos dos plazos para cumplir las obligaciones que tiene el patrón. 1) Para enterar la deducción que hace de parte del salario, del sueldo del obrero junto con los aportes o las imposiciones que a él mismo le corresponden, y 2) Para enterar los aportes a los cuales está obligado. Desgraciadamente, yo no pude continuar, por las razones que la Cámara conoce, el trámite de este proyecto; y me encuentro ahora con que, efectivamente -y el señor Amello me ha pedido una aclaración- la Cámara ligó ambas situaciones y dice que los empleadores, etcétera, que descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquier suma a título de imposiciones, aporte o dividendo de las obligaciones de éstos, a favor de las instituciones de previsión -se refiere a la primera situación- estarán obligados a enterar esos descuentos; y, luego, unió "sus propias imposiciones y aportes", dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquél en que se pagaron los salarios o remuneraciones. Yo reconozco que esto no corresponde a lo que nosotros planteamos. Sin embargo, no veo efectivamente ningún inconveniente en que se hayan juntado ambas situaciones porque, ¿de qué se trata? Se trata de que exista un mecanismo que obligue al empleador a enterar, en el menor plazo posible, a las cajas de previsión, que tantas obligaciones tienen, el aporte que le corresponda a él, como empleador, y aquel que deduce del salario, del sueldo de su empleado, de su trabajador. De ahí que el veto que plantea el Ejecutivo, en esta excepción, tiene real fundamento, porque efectivamente el sistema que tiene el Servicio de Seguro Social es diferente del de otras cajas de previsión. Sin embargo, como lo que estamos buscando es un mecanismo que, por una parte, unifique el pago de las imposiciones y, por otra, permita entregar los aportes lo más rápidamente posible a los institutos previsionales, si bien reconozco que siempre ha tenido razón o que tiene razón el Ejecutivo en plantear el problema desde su propio punto de vista, porque no se trata de un dogma de fe; personalmente yo estoy por el rechazo del veto, porque creo conveniente todo lo que hagamos en el sentido de apurar el integro de las remuneraciones o de las imposiciones correspondientes en los institutos previsionales, especialmente en el Servicio de Seguro Social, que es el más importante de estos institutos. Todo esto está bien. Por eso yo esto, en definitiva, por el artículo 22 en su forma original, como fue aprobado por el Congreso. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Guerra, don Bernardino. El señor GUERRA.- Señor Presidente, los Diputados nacionales, que mantenemos continuamente contacto con los trabajadores, hemos podido comprobar la inquietud de muchos obreros que no reciben oportunamente los subsidios de cesantía, la debida atención médica a que ellos tienen derecho por ser imponentes de una caja de previsión; y muchas veces hemos visto el problema de personas que han cumplido 65 años de edad y no pueden jubilar porque el patrón no ha integrado las imposiciones en la respectiva caja de previsión. En consecuencia, el Diputado que habla va a votar por la mantención del artículo 22, tal como fue despachado por la Cámara. Pero también debo consignar que no solamente los particulares en gran parte no cumplen con este mandato de la ley, sino que tampoco lo hace el propio Gobierno. Un caso específico es el que sucede en la Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado. La Empresa de los Ferrocarriles no entrega a la Caja los descuentos hechos a su personal; de ahí que se le han cancelado a los ferroviarios las devoluciones de sus imposiciones solamente hasta el año 1966. En la anterior administración, estas imposiciones fueron entregadas oportunamente y no hubo quejas por parte del personal ferroviario. Pero -repito- hasta el momento la Caja solamente ha pagado hasta el año 1966, y la Empresa le debe a dicha Caja más de 50 millones de escudos. Por tal motivo, se ha atrasado el pago de los montepíos, la devolución de imposiciones y demás garantías que tiene el personal ferroviario, que, por su parte, mes a mes va haciendo aportes a la Caja, de acuerdo con las leyes vigentes. Desgraciadamente, en este proyecto de ley no se puede establecer la exigencia de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado dé cumplimiento al integro oportuno de las imposiciones a su caja de previsión. De allí que yo solicito a la Mesa el envío de un oficio al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes para que obligue a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a la entrega oportuna de los descuentos que hace al personal ferroviario, para que, a su vez, la Caja pague los subsidios, los montepíos y los reajustes que, conforme a la ley, deben recibir los que se acogen a jubilación. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para enviar el oficio a que ha hecho referencia el señor Guerra, don Bernardino. Acordado. El señor FUENTES (don Samuel).- Pido la palabra. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Fuentes, don Samuel; en seguida, el Diputado señor Amello. El señor FUENTES (don Samuel).- Señor Presidente, yo creo que la intención de los colegas que redactaron esta parte del artículo 22 es establecer un mismo plazo para el integro tanto de las imposiciones de los patrones como de los descuentos hechos a los empleados y los obreros. Este plazo de los 10 días existe en la actualidad para el sector privado. En efecto, en este sector, es obligación del patrón ingresar a la Caja de Empleados Particulares, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al pago de los salarios, las imposiciones y todos los descuentos previsionales hechos a los empleados: deudas hipotecarias y otros. Es obligación depositarlos íntegros; y cada vez que hemos oído a la Directora del Servicio de Seguro Social clamar ante las Comisiones de Hacienda o de Trabajo por la situación de desfinanciamiento de su caja de previsión, ha dicho que, si esta caja fuera considerada en igual forma que la de los empleados particulares, seguramente el desfinanciamiento sería mucho menor. Todos sabemos que hay deudas siderales, no sólo de particulares, sino que también del Fisco, por concepto de imposiciones al Servicio de Seguro Social. Por eso, creo que lo que la Cámara debe hacer es igualar esta obligación de los empleadores de integrar oportunamente todos los descuentos previsionales, tanto del sector de imponentes de la Caja de Empleados Particulares como de la Caja del Servicio de Seguro Social. El colega señor Merino analizaba los antecedentes del veto el cual señala, como él lo dijo, las dificultades para hacer estas imposiciones. Por mi parte, creo que esto no debe tomarse en cuenta, porque las grandes firmas, que tienen gran número de obreros y gran número de empleados, tienen también funcionarios especializados y, si no pagan las imposiciones dentro de los diez primeros días, es porque no son obligados a hacerlo por los funcionarios del Servicio de Seguro Social. Por lo tanto, pretender dar un plazo de 30 días para que ese Servicio entere las imposiciones es contribuir a su desfinanciamiento, con conocimiento nuestro. Por eso, estoy contra el veto y por la idea de mantener íntegramente la disposición original del artículo 22 despachado por el Congreso. Además, yo también quiero hacer la acotación que hacía el colega señor Clavel y que acaba de recalcar el señor Guerra, respecto a que, entre los empleadores, debería considerarse al mayor empleador que tenemos en Chile, que es el Fisco, el cual, desgraciadamente, se da el lujo de trabajar con los fondos previsionales, con los descuentos que se hacen a los profe- res y a otros funcionarios públicos, incluso reteniendo los dividendos de las deudas hipotecarias. Cuando alguien quiere hacer el traspaso de una vivienda, se encuentra con que el patrón Fisco se guardó los dividendos que ha descontado al imponente durante cuatro o cinco años y no los ha hecho llegar a la caja de previsión. Y este mal ejemplo lo siguen otras instituciones, que también, como empleadores, deberían cumplir con esta misma obligación. Me refiero a los Ferrocarriles del Estado. En estos momentos hay, por lo menos, unos cuatrocientos empleados eliminados de la empresa por el grave delito de haber cumplido 30 años de servicio y porque los integrantes del partido de Gobierno exigen que los dejen fuera de sus cargos para ocupar ellos las vacantes. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- Tengo en mi poder -y las puedo exhibir en cualquier momento- copias fotostáticas de documentos en que funcionarios de Vías y Obras de la Democracia Cristiana han solicitado... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- ... al jefe del Departamento la eliminación de las personas que han cumplido 30 años de servicio, para que ocupen esas vacantes los señores a), b) o c), que pertenecen al grupo ferroviario de la Democracia Cristiana. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- Pues bien, el señor Director, acogiendo estas peticiones, lanza a la calle a los empleados por el delito de haber cumplido 30 años de servicio. Pero el señor Director no tiene dinero para pagar los desahucios y cuando se le pregunta al tesorero de Ferrocarriles, señor Hugo Godoy -pueden hacerlo los democratacristianos- cuándo va a pagar los desahucios de los funcionarios lanzados a la calle, dice: "Estoy al día; ya pagué hasta noviembre del año pasado." Pero ha despedido gente en noviembre, diciembre, enero -hasta la fecha lo sigue haciendo-, y no hay con qué pagar los desahucios. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- Y esto no es lo más grave. Tampoco hay dinero para pagar las planillas iniciales de jubilaciones de ferroviarios. En consecuencia, los empleados quedan en la calle; no pueden cobrar su desahucio, tampoco su planilla inicial de jubilación. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- Y esto también tiene repercusión en lo que señalaba el colega señor Guerra. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado descuenta las imposición del 5% y del 1/2% para el Fondo de Montepío de las viudas de los ferroviarios, Fondo que nosotros esperábamos que se iba a cautelar en forma sagrada, porque se trata de la vida de las viudas de los ferroviarios y de sus hijos, cuando fallece el dueño de casa. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- Sin embargo, ha habido indolencia de este Gobierno, especialmente. Y lo recalco en forma especial porque conozco el problema muy a fondo. Es este Gobierno el que no ha hecho llegar a la Caja las imposiciones del 5 % y del medio por ciento para el Fondo de Montepío de las viudas de ferroviarios. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES (don Samuel).- A mi estimada colega Blanca Retamal, como dama que honra esta Sala, la invito a que pase a la Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles para que vea lo que está ocurriendo con las pensionadas o montepiadas, que son mujeres como ella. Estas viudas, en consecuencia, tienen derecho a percibir la pensión. ¿Por qué no la perciben? A cada empleado en actividad, a cada jubilado, de mi pensión, de la pensión del señor Guerra, a tantos otros ferroviarios que están en esta Sala, y a miles de ferroviarios, la Empresa les descuenta mes a mes, el 5% y el 1/2% para las viudas que tienen derecho a este beneficio, según la ley. Convénzase, estimada colega, vaya a la Empresa de Ferrocarriles. Busque fechas, si usted quiere; va a comprobar lo que le digo. Este Gobierno tampoco ha obligado a la Empresa para que haga llegar estos fondos, que sagradamente son de la Caja de Retiro y Previsión de los Ferrocarriles. Todos los meses la Caja tiene que estar esperando para poder pagarles a los pensionados. Antes les pagaba su mes antes de cumplirse. Después empezó... El señor PARETO.- ¿Qué tiene que ver con la materia? El señor FUENTES (don Samuel).- Tiene que ver, porque son fondos previsionales y la Empresa de los Ferrocarriles es empleadora de miles y miles de empleados. ¿Cómo no va a tener que ver? Es un escándalo que se permita que el descuento a los empleados públicos de un porcentaje para previsión no llegue a las cajas de previsión, y que las cajas queden en la imposibilidad de cumplir sus compromisos. Aquí estamos hablando de los empleadores. En este caso, el primer empleador de Chile es el Fisco e, indirectamente, la Empresa de los Ferrocarriles también es un empleador. Creo que el Fisco y la Empresa de los Ferrocarriles deben quedar incluidos en esta disposición, en la que se ha querido establecer que los fondos previsionales, vengan del empleado que vinieren, deben ir a la caja de previsión correspondiente para que ella pueda cumplir con sus obligaciones sociales. Por eso, voy a votar en contra de este veto. El señor MERCADO (Presidente).- Puede usar de la palabra el señor Arnello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, nada más que para recalcar que aquí ya va quedando muy en claro cuál es la verdadera responsabilidad moral en que incurre cualquier organismo empleador cuando no da cumplimiento a las disposiciones de previsión en forma oportuna, dentro del plazo. Si por ley se señala este plazo para todos los empleados de Chile, debe entenderse que también tiene esta obligación, en forma clara, cualquier otro tipo de empleador. Pero aún es necesario agregar a lo ya señalado por algunos señores Diputados, que también esta obligación debe extenderse a los organismos y sociedades que crea la Corporación de la Reforma Agraria, los cuales, lisa y llanamente, como lo han confirmado en el Servicio de Seguro Social pagan tarde, mal y nunca las imposiciones previsionales, provocando una situación verdaderamente grave a los veintitantos mil asegurados de Chile. Nada más. El señor KLEIN.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Klein, don Evaldo. El señor KLEIN.- Señor Presidente, con referencia al agregado que el Ejecutivo hace al inciso, me asiste una duda que quisiera que la consideraran los señores parlamentarios. ¿Han pensado los colegas en que al personal del Servicio de Seguro Social cuando se le lleva las planillas de compensaciones que debe revisar, se le dice: "Vuelva en diez o quince días para la compensación"? Esta es la duda que me asiste. Aquellos empleadores que tienen obreros solteros bien pueden cumplir, dentro de los primeros días, con el pago de las imposiciones; pero no así aquellos empleadores que tienen obreros casados. Aquí está el problema para los funcionarios del Servicio de Seguro Social, quienes deben revisar las tarjetas de los kardex para ver si el cobro de la asignación familiar está correcto, si acaso están autorizadas todas las asignaciones familiares. ¿Es capaz este personal de poner al día, en los primeros días del mes, los centenares y a veces miles de libretas para que el patrón pueda cumplir con la ley? Esta es la pregunta que hago a la Sala. Creo que por eso se ha exceptuado al Servicio de Seguro Social. Nada más, señor Presidente. El señor MERINO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- - Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Merino. El señor MERINO.- Señor Presidente, sólo deseo advertir al colega que acaba de hablar que el plazo no es de diez días, porque si lee bien la disposición, se encontrará con que dice: "... dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se pagaron..." Y puede ocurrir que se pague el día 2 de un mes, lo que significa que va a tener casi otro mes más de plazo por delante. Y si se paga el 3, el 4 ó el 5, el plazo va a correr el mes siguiente en diez más. De tal manera que no es de diez días, exactamente, como se dice. La norma general va a ser siempre muy superior a diez días. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 2 votos; por la negativa, 33 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazada la agregación. En discusión la observación al artículo 33. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. En discusión la observación que consiste en agregar un inciso segundo al artículo 24. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. En discusión la observación que consiste en reemplazar el inciso cuarto del artículo 24. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. En discusión la observación que consiste en sustituir el artículo 30. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará. Aprobada. En discusión el primero de los artículos nuevos que el Ejecutivo propone agregar. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, este artículo nuevo y los que veremos a continuación comprenden materias que prácticamente pudieron haber sido motivo de un proyecto de ley tramitado separadamente. Este artículo faculta al Presidente de la República para dictar un estatuto orgánico para aquellos Departamentos de Bienestar establecidos o que se establezcan de conformidad con el artículo 134 de la ley Nº 11.764. Nuestra opinión en materias de este tipo es que los propios interesados conozcan la legislación y tengan ocasión de hacer algunas sugerencias, porque se trata de organismos prácticamente financiados por ellos y destinados a cumplir cierta función de tipo social, con recursos, repito, de los propios integrantes. De modo que facultar a Su Excelencia el Presidente de la República para que legisle sobre esta materia nos parece ir demasiado lejos, porque se dispone de organismos que no son públicos y que cuentan con recursos de quienes los han formado, que es gente que vive de un sueldo o de un salario. Por esta razón, vamos a rechazar este artículo. El que viene a continuación puede quedar vigente; es el que concede un plazo, también de 180 días, para que la Superintendencia de Seguridad Social pueda hacer las fiscalizaciones a este organismo. De modo que el artículo denominado con la letra A), los comunistas lo vamos a votar en contra por las razones que he expuesto. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Arnello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, es evidente que el sistema de entrar a dictar normas de esta magnitud por la vía del veto aditivo, no puede ser aceptable ni puede ser un sistema que miremos con buenos ojos. Precisamente, entre las materias que han sido objeto de reforma constitucional está ésta de agregar disposiciones desconectadas totalmente de la ley en sí misma. Sobre todo, este tipo de vetos aditivos sobre estas materias, significa privar al Congreso Nacional del cumplimiento de su función de legislador, porque lo emplaza a decir si o no respecto de una disposición. En consecuencia, somos contrarios a la aprobación del artículo A) que se agrega a este proyecto de ley. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra. El señor CLAVEL.- Pida la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Valenzuela, don Héctor; en seguida, el señor Clavel, don Eduardo. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, yo quisiera pedirles a los colegas que consideraran cuál es la situación actual de estos Servicios, Oficinas o Departamentos de Bienestar, que se han establecido en conformidad con las disposiciones de la ley Nº 11.764. En este momento, lo saben, existe una anarquía absoluta, total, en este tipo de organismos, que son creados por los trabajadores para beneficio de ellos. Pero como no tienen un estatuto común, cada uno hace lo que se le antoja. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio de los trabajadores. De tal manera que, al parecer, lo único razonable sería fijar un estatuto común. Ahora bien, ¿quién lo va a fijar? Evidentemente que el Presidente de la República, a quien corresponde fijar las normas institucionales relativas a la personalidad jurídica; a su patrimonio; a su administración; al estatuto del personal de la dependencia que ellos tengan; al régimen de aportes del Estado o de las entidades autónomas, en relación con las cotizaciones de los asociados, etcétera. Tiene que haber una autoridad que rija esto, para que no continúe la anarquía que existe en estos instantes, que va en perjuicio de los propios trabajadores. Ahora, esto tiene una salvaguardia. No será una facultad omnímoda que el Presidente de la República mantendrá posteriormente. Fija las normas; pero, como lo dice el propio articulado, estará fiscalizado por la Superintendencia de Seguridad Social. O sea, se trata de ordenar toda una situación caótica que existe ahora en perjuicio de los trabajadores, de acuerdo con una norma cuya fiscalización se entrega a la Superintendencia de Seguridad Social. Por eso, la razón de que por aparecer esto es un veto aditivo habría que rechazarlo, me parece inaceptable. Lo que tenemos que ver por encima de todo es si beneficia o no a los trabajadores. A mí no me cabe ninguna duda de que un ordenamiento como éste, dentro del caos" que existe ahora y que perjudica a los trabajadores, es beneficioso. Por eso, me atrevo a pedirles a los colegas que tengan la bondad de reconsiderar sus planteamientos sobre la base de la luz de las palabras que acabo de pronunciar. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Clavel. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, puede que tenga razón mi colega don Héctor Valenzuela de que se necesita un estatuto orgánico para los servicios que funcionan de acuerdo con la ley Nº 11.764; pero la verdad es que nunca se ha acercado ni a mí ni a ningún otro colega de estos bancos, algún funcionario de estas instituciones que pidan la dictación de un nuevo estatuto orgánico para el funcionamiento de sus servicios. Puede que esta medida esté muy bien ideada por el Ejecutivo, pero no sea cosa que por no tomar en cuenta al personal de la Administración Pública y a los empleados semifiscales, o sea, por no tomar contacto con los propios funcionarios, vaya a cometer injusticias en la dictación del estatuto orgánico. Yo creo que sería mucho mejor para los funcionarios y el Ejecutivo, que se mandara un proyecto sobre la materia. Aquí lo estudiamos; citamos a los interesados, como siempre lo hace la Cámara cuando legisla sobre asuntos de interés general, y despachamos un estatuto que esté de acuerdo con las necesidades de los servicios y de los funcionarios; y que sea justo. No es lógico que el Ejecutivo venga a presentar un asunto tan delicado a través de un veto aditivo, al que debemos decir "sí" o "no" sin mayores antecedentes. Por las razones dadas, vamos a votar en contra de este artículo nuevo. El señor CABELLO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CABELLO.- Señor Presiden te, no voy a abundar en los conceptos ya vertidos sobre la creación de este nuevo estatuto; pero, por lo menos, quiero dar mi opinión respecto de algunos artículos nuevos que se refieren -como en el caso del artículo E)- a la entrega, anualmente, al Servicio Nacional del Empleo de porcentajes que pertenecen a los excedentes de asignación... El señor MERCADO (Presidente).- Excúseme, señor Diputado. Le rogaría que se concretara a la materia en debate, que es el artículo nuevo A). El señor CABELLO.- Como prácticamente están coordinados, pensé que podía tomarlos en conjunto. Así lo entendí al iniciarse su discusión. El señor MERCADO (Presidente).- No, señor Diputado, excúseme. Quedaría pendiente su intervención para el momento oportuno. El señor CABELLO.- Sí, señor Presidente. Ya se ha abundado mucho en la materia. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el artículo nuevo A). -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 18 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazado el artículo. En discusión el artículo nuevo B). El señor ARNELLO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera, y ruego que me excuse, plantear si es posible pedir división de la votación en este artículo, que tiene tres incisos con ideas totalmente diferentes, por lo menos uno, el segundo. Mi indicación sería votar en un solo todo el inciso primero con el tercero, y aparte el inciso segundo. El señor MERCADO (Presidente).- Sí, señor Diputado; se podría, porque son ideas distintas. El señor ARNELLO.- ¿Y es válida la indicación verbal que acabo de hacer? El señor MERCADO (Presidente).- Sí lo es. El señor ARNELLO.- He pedido esta división, porque, no obstante lo dicho por el Diputado señor Acevedo, es muy extraño que la Cámara pueda pronunciarse sobre el inciso segundo del artículo B), que declara válidamente efectuados los pagos que por concepto de beneficios hubieren hecho los servicios a que se refiere la ley Nº 11.764 durante los años 68 y 69, en circunstancias que no sabemos a qué servicios se está refiriendo, cuáles son esos pagos, ni por qué necesitan de una declaración de ley de que han sido válidamente efectuados. La propia argumentación del Diputado señor Valenzuela, de que en esta materia pudieran ser perjudicados los propios trabajadores de los Servicios de Bienestar, obliga a la Cámara a no declarar válidamente efectuados pagos que no conoce, vedando de esa manera recursos que pudieran corresponder a los trabajadores. El señor Acevedo me pide una interrupción. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Es sólo con el objeto de hacer presente que lo que yo manifesté es que el artículo anterior cumplía con la función que se deseaba, es decir, aquella de fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que, por medio de este otro artículo, podrá autorizar a esos servicios para efectuar sus gastos, etcétera. Ahora, como respecto del inciso segundo de este artículo no sabemos cuál es la situación de cada uno de esos servicios ni si los propios interesados están de acuerdo con los gastos que se han efectuado, habrá que votarlo separadamente. Eso es todo, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Puede continuar el señor Amello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, termino manifestando que estamos de acuerdo, con los incisos primero y tercero del artículo B); pero en ningún caso con el inciso segundo. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Clavel, don Eduardo; en seguida, el señor Héctor Valenzuela. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, es sólo para decir que vamos a votar a favor de los incisos primero y tercero y en contra del inciso segundo. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Valenzuela, don Héctor. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, por el fundamento que ha dado el propio señor Amello, me atrevería a pedirle a los Diputados radicales, nacionales y comunistas que revisaran su posición. Ha dicho de qué se trata de beneficiar a los trabajadores. ¿Es verdad? El señor ARNELLO.- Esa es la obligación. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pues bien, resulta que en este inciso segundo se dice a la letra lo siguiente: "Declárense válidamente efectuados los pagos que, por concepto de beneficios, hubieren hecho estos Servicios durante los años 1968 y 1969". Son beneficios que han recibido los trabajadores. ¿Pero cuál es la situación? La Contraloría, en algunos casos, ha rechazado las cuentas que se han dado, porque considera que los beneficios han excedido la facultad de esos Servicios de Bienestar. Pero son beneficios hechos a los trabajadores en materia de medicina, de diversas prestaciones. Si se quiere perjudicarlos, rechacemos este veto, pero así se verán obligados a reintegrar los beneficios que ya han recibido y que ya han gastado. Se trata de salvar una situación que plantea la Contraloría. Parece difícil defender a los trabajadores rechazando este veto y, al mismo tiempo, obligándolos a reintegrar el beneficio que ya han recibido. Por eso, me permitiría pedirles a los colegas que tuvieran la bondad de revisar la posición que han planteado, justamente para ayudar a los trabajadores que han recibido este beneficio. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, la verdad es que el Diputado Héctor Valenzuela ha planteado la situación de tal manera que nos vemos en la necesidad de indicar, una vez más, la inconveniencia de pretender legislar de este modo. Nadie, ni siquiera él, puede señalarnos si estos beneficios alcanzan a todos los trabajadores de un servicio determinado, o a dos o a diez de tales y cuales servicios. Es decir, ni siquiera nos puede decir, con absoluta sinceridad -porque nadie puede conocer una cosa tan vaga y tan general- si estos beneficios han sido dados con justicia o si han sido concedidos encubriendo un fraude. En efecto, puede suceder -y nadie lo puede negar- que en un servicio cualquiera se otorgue un beneficio ilegal, ilícito, inmoral, a una o dos personas, a las que se quiera favorecer contra toda norma y contra todo reglamento. Por eso, no nos convence el que se diga así, simplemente, que esto es para beneficiar a los trabajadores. Mientras no sepamos cuál és ese beneficio otorgado, cuál es la justicia con que se quiere dar, o cuál ha sido el monto en que se ha excedido algún servicio que ha sido objetado por la Contraloría, no podremos aprobar este veto, que equivale a condonar por anticipado cualquier fraude o acto abusivo o arbitrario que perjudique a todo el conglomerado de un servicio. El señor Clavel me pide una interrupción. El señor PARETO.- ¿Por qué no votamos? El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Clavel. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, si los Diputados radicales tuviéramos antecedentes de que esto beneficia a los empleados, nuestra votación sería distinta. Desgraciadamente, el Ejecutivo ha enviado un veto aditivo sin ningún antecedente, y no es facultad nuestra legislar en beneficio de algún sector o de alguien sin que sepamos el origen y la razón de ser de tal beneficio. Por eso, mantenemos nuestra votación en contra del inciso segundo del artículo B). El señor GIANNINI.- Harta mala la razón. El señor MERCADO (Presidente).- Puede continuar el señor Amello. El señor ARNELLO.- Parece que me ha pedido una interrupción el señor Valenzuela. Deseo concedérsela antes de continuar. El señor GIANNINI.- Está dirigiendo el debate. El señor ARNELLO.- Al contrario, he pedido precisamente al señor Presidente... El señor MERCADO (Presidente).- Excúseme, señor Diputado. Al Comité Demócrata Cristiano le resta medio minuto. De consiguiente, si quiere hacer uso del medio minuto por vía de la interrupción, puede hacerlo. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Sí. El señor ARNELLO.- Cómo no. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Valenzuela Valderrama. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Agradezco al señor Amello la interrupción que me da. Sólo quiero decirle una cosa. No me parece ajustada a derecho la argumentación que dio. Porque resulta que él, como abogado, tiene que saber que el dolo hay que probarlo; no se presume. Y él, al votar en contra de una disposición relativa a beneficios recibidos por los trabajadores, actúa sólo por la duda de que puedan haber sido mal empleados o de que se hayan dado a uno ó dos. De tal manera que le hago presente al colega Arnello que es antijurídica la argumentación que planteó y que por ese purismo de que a lo mejor pudieron haber sido mal empleados, se va a perjudicar de hecho a trabajadores que recibieron estos beneficios. Gracias. El señor MERCADO (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Amello. El señor ARNELLO.- Lo que yo digo, en castellano bien claro, es que no creo que podamos nosotros declarar válidamente efectuados pagos que no conocemos, que no sabemos en qué consisten, qué monto tienen, con los que no sabemos qué normas reglamentarias de cada uno de estos servicios se han infringido como para necesitarse esta norma especial. Es decir, lo que no queremos es, precisamente, entrar de una manera caprichosa y arbitraria a disponer de fondos que pertenecen a estos servicios de los trabajadores, sin que se conozca previamente cuál es el objeto, cuál es el origen, cuál es la causa que los ha justificado, que ha obligado a hacerlos. Nada más. El señor ACEVEDO.- Muy breve. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Solamente para hacerle presente a la Sala que la razón que se dio en apoyo del artículo anterior, que está denominado con la letra A) en la página 70, en que se piden facultades para que el Presidente de la República dicte un estatuto orgánico, es que las cosas andaban horrorosamente mal en estos servicios de bienestar, que había anarquía, que había desorden, etcétera. El señor PONTIGO.- Caos. El señor ACEVEDO.- Caos, como acota el colega. Si nos dicen que las cosas andan mal, no nos pidan, en el artículo siguiente, que les demos validez igual a esas cosas que andan mal. Saco esto por deducción. El colega Valenzuela Valderrama está en una contradicción: si defendía el artículo anterior, no puede defender el inciso segundo de este artículo. Eso es todo, Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala y no se pide votación, se darán por aprobados los incisos primero y tercero de este artículo B). Acordado. En votación el inciso segundo de este artículo B). -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 26 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazado el inciso segundo. En discusión el artículo C), página 72. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala y no se pide votación, se dará por aprobado también este artículo C). Acordado. En discusión el artículo D), página 72. Ofrezco la palabra. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, a nosotros nos extraña este artículo del Ejecutivo, que viene a hacer prescribir, después de dos años de haberse devengado, una asignación familiar. Sabemos todas las dificultades que se presentan a quienes impetran el beneficio de la asignación familiar, en caso de fallecimiento, para lograr la posesión efectiva, o en caso de personas que viven aisladas. Entendemos que tanto para los organismos previsionales del Estado como para los del sector privado, el hecho de mantener las asignaciones familiares en forma indefinida, como actualmente sucede, no constituye mayor trabajo o mayores preocupaciones. En cambio, por pequeñas que sean las sumas que por concepto de asignación familiar se puedan percibir, a los beneficiarios, en todo caso, tratándose de dinero, esas sumas les van a llegar en forma oportuna. De ahí que nosotros estamos por rechazar este artículo y dejar la legislación actual, en que no hay tiempo definido respecto de aquellas asignaciones familiares que, por una u otra razón, ha habido dificultades para cobrarlas. Eso es todo, Presidente. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Arnello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, quisiera, en esta oportunidad, simplemente plantear una duda que me han provocado las palabras del colega señor Acevedo, en el sentido de que no estoy absolutamente seguro de que este plazo venga a restringir la posibilidad de cobrar las asignaciones familiares. Me entra la duda de si no lo está ampliando, al contrario. Porque podría suceder que, por cobrarse estas asignaciones adeudadas ante los Tribunales del Trabajo, de acuerdo con lo prescrito en el Código del Trabajo, se entendiera que la acción prescribe en seis meses. De modo que si se plantea acá que no prescribe sino en el plazo de dos años, lo que se está haciendo -me parece a mí - es ampliarlo de seis meses a dos años. Quisiera que esto lo meditáramos un poco más, porque, evidentemente, si la interpretación que estoy planteando fuera la acertada, convendría, por las propias ideas que ha sustentado el colega señor Acevedo, aprobar el veto, y no rechazarlo. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. El señor PALESTRO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Palestro, don Mario. El señor PALESTRO.- Los Diputados socialistas, señor Presidente, vamos a votar en contra de este artículo D) agregado por el Gobierno. Nosotros creemos, en primer lugar, que una persona que recibe determinado beneficio social, no puede dejar de impetrarlo. En segundo lugar, cuando se da plazo para que esta persona reclame el pago de su derecho, en muchos casos, especialmente en provincias, no se sabe de estos plazos, que justamente sirven para hacer prescribir determinado tipo de beneficios para obreros y empleados. Así que este artículo D), a nuestro juicio, es totalmente injustificado e injusto. Por eso, nosotros, los socialistas, vamos a votar en contra de él. Le doy una interrupción al Diputado señor Acevedo, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, es con el objeto de contestar la consulta que ha hecho el colega Amello. La verdad es que nosotros nos guiamos por las razones que da el Ejecutivo. El Ejecutivo dice: "No existe en la legislación actual ninguna disposición que establezca un plazo de prescripción especial para el derecho a cobrar las asignaciones familiares devengadas, lo cual ocasiona inconvenientes de orden administrativo a las instituciones de previsión al verse obligadas a mantener pendientes esos pagos por largo tiempo,...", etcétera. Esto es, sólo hay razón de tipo administrativo. La verdad es que, por muy valedera que sea la razón de tipo administrativo, estos recursos van a ir, naturalmente, a fondos generales de la institución, y más adelante, en otros artículos, nos vamos a encontrar con que se destinan a otra finalidad. Yo sólo me he guiado por esta razón de tipo administrativo que da el Ejecutivo. Desde este punto de vista, me parece una crueldad colocar un plazo de dos años a gente realmente necesitada, que es la que no cesa de allanar todas las dificultades administrativas hasta poder obtener el pago de la asignación familiar, aunque sea con mucho retraso. El señor MERCADO (Presidente).- Puede continuar el Diputado señor Palestro. El señor PALESTRO.- Terminé. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Fuentes, don Samuel. El señor FUENTES (don Samuel).- Señor Presidente, también quiero dar una pequeña referencia a mi colega señor Arnello para que, en conciencia, modifique su criterio en el sentido de rechazar esta disposición. La realidad es que existen algunos servicios que, junto con el decreto de jubilación, le otorgan automáticamente al empleado el beneficio de la asignación familiar, como las Fuerzas Armadas, Carabineros, etcétera. Pero los empleados públicos o los empleados de los ferrocarriles, por ejemplo, -y aquí está lo grave de esta prescripción a los dos años- ocurre que a veces se demoran dos años en sacar su decreto de jubilación. Después que tienen el decreto de jubilación en la mano, pueden impetrar el beneficio de la asignación familiar. Por eso es que es tremendamente peligroso que se fije un plazo para percibir este beneficio, plazo que en la actualidad no existe. Creo que el fijar plazo tiene el objetivo de impedir que el funcionario y sus familiares perciban este beneficio, con el pretexto del atraso de su jubilación en los casos que he señalado. Por eso, señor Presidente, muchas veces he planteada en los Ferrocarriles del Estado, muchas veces he planteado al Vicepresidente de la Caja de Empleados Públicos y al Superintendente de Seguridad Social que el beneficio de la asignación familiar, en el caso del sector de los jubilados, que es el que puede ser más perjudicado con esta disposición, se otorgue automáticamente en el decreto por el cual se dé el beneficio de la jubilación. Creo que para estos sectores es extremadamente peligrosa esta disposición. Además, hay algunos casos en que viudas de empleados públicos no saben que, por no tener una pensión de montepío superior a equis sueldos vitales, tienen derecho a la asignación familiar. Cuando logren saberlo y traten de impetrar el beneficio, se encontrarán con que han pasado los dos años. A mí me ha ocurrido tener que ayudar en muchos casos a mujeres montepiadas en este sentido, y sólo después de más de dos años hemos logrado conseguir este beneficio, que les ha traído un alivio dentro de su pésima pensión de montepío. Por eso creo que este artículo, lisa y llanamente, debe ser rechazado, y ojala por unanimidad. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala y no se pide votación, daremos por rechazado este artículo. El señor MONARES.- Votación. El señor MERCADO (Presidente).- Acordado. El señor MERINO.- Votación, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- ¿Perdón? El señor MONARES.- Pedí votación, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Excúseme, señor Diputado. El señor PONTIGO.- Hay que decirlo claro; no con ademanes. El señor MERCADO (Presidente).- No le escucho, señor Diputado Monares. Solicito la venia de la Sala para concederle medio minuto al Diputado señor Monares para que haga la advertencia que no alcanzo a percibir desde acá. El señor PONTIGO.- ¡Diez segundos! El señor MONARES.- Es sólo para indicar que había pedido votación; pero no vale la pena insistir. Por deferencia a la Mesa, no vamos a insistir. El señor MERCADO (Presidente).- Muchas gracias. Queda rechazado el artículo. En discusión el artículo E), página 73. El señor CABELLO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Cabello. El señor CABELLO.- Señor Presidente, los Diputados radicales... El señor MERCADO (Presidente).- Advierto al señor Cabello que le resta un solo minuto al Comité Radical. El señor CABELLO.- vamos a rechazar este artículo, porque consideramos que los excedentes no se pueden ocupar, dentro de los vicios que tiene este sistema, para solucionar un problema que debiera resolver el sistema como tal. La cesantía que existe no podrá, entonces, ser tratada de bajar con los excedentes que tienen los propios empleados. Tampoco permitiremos que se mantenga una burocracia para hacer programas que seguramente nada van a solucionar si no se va al fondo del problema de la cesantía. El señor MERCADO (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Señoret, don Rafael. El señor SEÑORET.- Señor Presidente, he pedido la palabra solamente con el objetivo de solicitar, si acaso la Mesa lo estima pertinente, que podamos concederle al Diputado señor Pareto uno o dos minutos, para los efectos de hacer presente una petición de la Confederación de Empleados Particulares sobre este artículo. Lógicamente, si hay asentimiento de la Sala, debido a que el tiempo del Comité Demócrata Cristiano está ya copado, podría hacer uso de estos dos minutos en el tiempo del Comité nuestro. Es lo que le agradecería solicitar a la Sala, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para concederle cinco minutos al Diputado señor Pareto. El señor PALESTRO.- Yo creo que va a ser mucho, todavía. Varios señores DIPUTADOS.- Dos minutos, no más. El señor MERCADO (Presidente).- Perdón, dos minutos al señor Pareto. Acordado. Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor PARETO.- Con la diferencia de que yo le di 10 minutos al Diputado de su Comité, denantes. Señor Presidente, es solamente para dar lectura a una petición que ha formulado la Confederación de Empleados Particulares, porque fue a petición suya, de esta organización gremial, que se incluyó en este veto aditivo tanto el artículo E) como el artículo F). Creo que esta nota ha sido recibida por todos los Comités parlamentarios. Dice: "En relación con las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que señala normas de procedimiento para la cobranza judicial de las imposiciones adeudadas a las instituciones de previsión (Boletín de Cámara Nº 10.844-0), pendiente de la Sala de la Honorable Cámara de Diputados, debemos expresar al señor Presidente de ese Honorable Comité que la Confederación de Empleados Particulares (CEPCH) da su aprobación a los artículos E y F propuestos por el Ejecutivo y que se relacionan con la transferencia o aportes, de parte de los excedentes de auxilio de cesantía de la Caja de Empleados Particulares al Servicio Nacional del Empleo. "Agradeceremos de ese Honorable Comité su apoyo a este anhelo de nuestra Confederación de Empleados Particulares.". Firman: Ernesto Lennon, Presidente; y Patricio González, Secretario General. El señor MERCADO {Presidente).- Ofrezco la palabra. El señor PALESTRO.- Pido la palabra. El señor CLAVEL.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor MERCADO (Presidente).- El Comité Radical, desgraciadamente, no tiene tiempo, señor Diputado. Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Palestro. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, los Diputados socialistas vamos a rechazar los artículos E) y F) nuevos, introducidos por el Ejecutivo en este proyecto. Y la razón es que también otro grupo de empleados particulares nos ha solicitado, precisamente, el rechazo de estos artículos... Un señor DIPUTADO.- ¿Quiénes? El señor GIANNINI.- Que lea la nota. El señor PALESTRO.- Es la Asociación de Empleados Jubilados de CHILEC- TRA. Eso me hace mucha más fuerza y más peso que lo que algunos parlamentarios quieran atribuirle a la otra... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PALESTRO.- ...para justificar algo que es, sencillamente, una burla para el sector de empleados particulares en servicio y también, para el sector pasivo de empleados jubilados de la Caja de Empleados Particulares... El señor PARETO.- El señor Lennon es radical. El señor PALESTRO.- Para que la opinión pública, a través de la lectura de los "Boletines" de la Cámara, comprenda lo que significa, esto, especialmente los empleados particulares, voy a dar lectura al artículo. Artículo E).- "La Caja de Previsión de Empleados Particulares transferirá anualmente al Servicio Nacional del Empleo hasta el 50% de los excedentes que se produzcan, a contar desde el 1º de enero de 1970, en los Fondos de Cesantía a que se refieren las leyes N°s. 7.295 y 15.722". "Dicha suma será destinada al financiamiento de los programas que emprenda el Servicio Nacional del Empleo, con el objeto de colocar a empleados particulares cesantes o para capacitarlos para obtener empleos". "El Servicio Nacional del Empleo rendirá cuenta a la Caja de Previsión de Empleados Particulares de la inversión de las sumas traspasadas." Y el artículo F) dice: "Facúltase al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que, además de los fines a que se refiere el artículo 71 de la ley Nº 17.272, pueda destinar los excedentes a que dicha disposición se refiere a los siguientes objetivos: a) Al financiamiento de las obras de bienestar social indicadas en el artículo 101 de la ley Nº 16.735, modificado por los artículos 97 de la ley Nº 16.840 y 10 de la ley Nº 17.213; b) A la construcción de hospitales; c) A financiar los programas que emprenda el Servicio Nacional del Empleo con el objeto de colocar a empleados particulares cesantes o para capacitarlos con el fin de obtener empleo." Aquí, señor Presidente, creo que todos los Diputados tenemos en nuestras manos una circular que nos han enviado los empleados jubilados de CHILECTRA, que dice: "Con fecha 26 del presente la "Agrupación de Jubilados de CHILECTRA", organización adherida a esa Central Única a través de la Confederación de Empleados Particulares, CEPCH, en asamblea general de socios, ha acordado dirigirse directamente a esa Central para denunciarle el atentado que el Gobierno pretende consumar en perjuicio de la previsión de los empleados particulares, al tratar de legalizar, por medio de un veto aditivo, el traspaso permanente de un 50% de las sumas que se acumulan en el "Fondo Especial de Cesantía" en la Caja de Empleados Particulares. "En efecto, señor Presidente, en las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que "señala normas para la cobranza judicial de las imposiciones adeudadas a las instituciones de previsión", se propone agregar, como letra E, la obligación de la Caja de transferir al Servicio Nacional del Empleo hasta el 50% de los excedentes que se produzcan, a contar desde el 1º de enero de 1970, en los Fondos de Cesantía. Agrega el artículo que dicha suma será destinada al financiamiento de los programas que emprenda el Servicio Nacional del Empleo con el objeto de colocar cesantes o para capacitarlos para obtener empleo. "Nos permitimos recordar a usted que los fondos de cesantía se forman con el aporte del 1 % de los sueldos, sobresueldos y comisiones mensuales de los empleados particulares en actividad y que a este fondo nada aportan ni el Estado ni los empleadores, como debía ser lo normal, puesto que la cesantía que se produce no puede ser imputable a los empleados, sino al sistema que nos rige, que no es capaz de ofrecer trabajo a los miles de cesantes empleados particulares y a todos los jóvenes que necesitan trabajar por primera vez. "Nos parece, por lo tanto, ingenuo, por no darle otra calificativo, que se diga en el proyecto que estos dineros se destinarán a "colocar a empleados" o "para capacitarlos para obtener empleos". ¿Colocarlos en alguna industria o empresa que se va a instalar con, estos dineros? o ¿para capacitarlos para que una vez capacitados puedan desplazar a otros empleados en actividad?" "El problema es que no hay trabajo, no hay ocupación. Y esto lo sabe el Gobierno. No se puede, con parches, señor Presidente, venir a corregir una falla del propio sistema, que no permite darles posibilidades a todos los sectores de nuestro país, que piden trabajo para darles el sustento que corresponde a sus familias. "Nuestra Caja durante el actual Gobierno ha sido víctima de innumerables atentados como el que ahora se pretende consumar privando a la institución del 50% de los Fondos de Cesantía, en circunstancias que lo que actualmente se paga a los cesantes es de un monto reducido y por un tiempo muy pequeño, puesto que se exige volver a tener 12 imposiciones mensuales para poder otorgar un nuevo auxilio. "Esta reducida ayuda a los cesantes es la que ha producido las acumulaciones de las cuales se quiere traspasar el 50%, en circunstancias que lo justo sería modificar la ley y aumentar las entradas del "Fondo" con aportes del Estado y de los empresarios, a los cuales debe imputarse la falta de trabajo de empleados y obreros. En Estados Unidos" -país que admiran muchos de los bancos de la Democracia Cristiana, o del propio Partido Nacional- "y en países de Europa se auxilia al cesante, pues están contestes en que es el Estado el que debe sufragar sus necesidades, mientras el sistema por el cual se rigen no sea capaz de darles trabajo. "También en el artículo F de las "Observaciones" aparece una partida para el mismo Servicio Nacional del Empleo, pero esta vez tomada de los fondos de asignación familiar que la Caja se ha apropiado por ley, sin considerar los reiterados reclamos de los empleados particulares, que se han opuesto insistentemente a la inversión de esos fondos en dispendiosos planes de compras de propiedades y otros gastos que los empleados no han solicitado. "Esta falta de respeto de la Caja por los derechos de los empleados activos y, sobre todo, de los jubilados, se hace aún más palpable si se tiene en consideración que hasta la fecha no se nos ha pagado el reajuste de nuestras pensiones que la ley Nº 10.475, artículo 25, ordena pagar a partir del primero de enero de cada año, reajuste que recibiremos totalmente desvalorizado.". De ahí, señor Presidente, que nosotros estemos plenamente de acuerdo con lo expresado por los compañeros de esta "Agrupación de Empleados Jubilados de CHILECTRA"; porque representa, a mi juicio, el pensamiento de todos los empleados particulares de Chile, en servicio y jubilados... El señor MONARES.- ¡Es una falta de respeto! El señor PALESTRO.- De ahí, señor Presidente, que nosotros estimemos que esto no es más que un intento del Gobierno para tratar de meter el dedo en la boca a los empleados particulares, dorándoles la píldora con una "chiva" y una "barreta", que nosotros entendemos perfectamente, con un supuesto plan de acción y de trabajo para invertir los fondos de este 50% de estos excedentes que se producen en la Caja de Empleados Particulares. A nuestro juicio, creemos que aquí se ha pretendido meter un gran gol de media cancha, con el objeto de habilitar o financiar las actividades de un servicio como es el Servicio Nacional del Empleo, con los fondos de las propias personas que van a quedar cesantes. Esto es un contrasentido, es un absurdo. Y, por eso, nosotros vamos a votar el artículo E) y el artículo F) en contra, señor Presidente, porque estamos defendiendo el patrimonio de los empleados particulares. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PARETO.- Está perdiendo la Unidad Popular, señor Presidente. El señor CLAVEL.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- No le queda tiempo, señor Diputado. El señor PARETO.- El señor Palestro es de la Unidad Popular; así que el gol es de ellos.- Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MERCADO (Presidente).- Señores Diputados, les ruego guardar silencio. Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Arnello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, aunque parezca reiterar lo que ya he dicho, una disposición que tiene los alcances de la que estamos viendo y de la que le sucede, no puede, evidentemente, ser planteada en un veto aditivo y obligar al Congreso a tratar un problema así, sin los estudios correspondientes en las Comisiones, sin el tiempo para ver sus bondades, para ver los objetivos que se persiguen y conocer también a fondo la opinión de los afectados, que son todos los empleados particulares. Desgraciadamente, frente a la aseveración de que la propia "CEPCH" ha pedido su inclusión en este veto, cabe observar que todos los Diputados hemos recibido visitas de sectores de empleados particulares que opinan todo lo contrario y, aún, que con su firma nos han hecho llegar también una declaración que objeta ese planteamiento, señalando que el propio señor Lennon les ha informado -y el Diputado señor Pareto no leyó este párrafo- que esta organización se vio compelida a aceptar el proyecto por una serie de razones que no viene al caso consignar aquí. Es decir, señor Presidente, que nos queda, nuevamente, el derecho legítimo a la duda sobre qué es lo que opinan al respecto las organizaciones de empleados particulares. Lo que sí es claro, es que la obligación de buscar solución al problema de trabajo de los chilenos no es algo que corresponda o que pese sobre los trabajadores mismos, esencialmente. Es algo que compete a toda la comunidad y, particularmente, a quien administra esta comunidad, como es el Estado y el Gobierno, concretamente. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad, sin recordar que si el problema de la cesantía se ha hecho agudo y se hace cada vez más agudo en Chile, no es por falta de capacitación de la gente, sino por falta de oportunidades de trabajo, pues la realidad nos ha demostrado, por desgracia -y lo digo sinceramente- que Chile ha estado muy lejos de ver los 150 mil puestos de trabajo que, por años, se iban a crear en este gobierno. En consecuencia, señor Presidente, lamentando no haber tenido la oportunidad de conocer más a fondo esta materia, como debiera habérsela conocido, vamos a votar en contra del veto. Pero, antes de terminar, el Diputado señor Clavel me había solicitado una interrupción. Y como él no tiene tiempo y me ha garantizado que no se va a extender más allá de un minuto y medio, quiero dársela con cargo a nuestro tiempo. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para concederle dos minutos al Diputado señor Clavel. No hay acuerdo. El señor ARNELLO.- ¿Y no le puedo dar yo un minuto? El señor MERCADO (Presidente).- No, señor Diputado. El señor ACEVEDO.- Sí lo puede hacer. El señor MERCADO (Presidente).- No, señor Diputado; no se puede hacer. Tiene la palabra el señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, habíamos quedado de acuerdo los Comités en que el tiempo lo podríamos usar a nuestro libre albedrío y, dentro de ese libre albedrío, está el cedernos los tiempos. El señor MERCADO (Presidente).- ¿Me permite, señor Diputado. El señor ACEVEDO.- Por eso, cuando el señor Pareto pidió los dos minutos, nos otros no hicimos cuestión, porque se le estaba cediendo. El señor MERCADO (Presidente).- No, señor Diputado. Por eso, pedí el asentimiento unánime de la Sala. Solicito la venia de la Sala para concederle dos minutos al Diputado señor Clavel. Acordado. Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Clavel. El señor CLAVEL.- Muchas gracias, señor Presidente. El señor Pareto nos leyó una comunicación del señor Lennon, como Presidente de los Empleados Particulares. Yo tengo otra, totalmente distinta, a la que dio, en parte, lectura nuestro colega Amello. Dice, y creo que es importante dejarlo en la versión: "El señor Ernesto Lennon, Presidente de la "CEPCH", nos ha informado que esta organización se vio competida a aceptar el proyecto del Gobierno puesto que la Caja pretendía, una vez más, quedarse con los fondos que se habían acumulado en el año 1969 en el Fondo de Asignación Familiar, acumulación que la Caja produce artificialmente al calcular el monto de la asignación a repartir en una suma inferior a lo que corresponde por la ley. El señor Lennon manifestó que no había inconveniente en rever el acuerdo". El señor PARETO.- El señor Lennon es un buen radical. El señor GIANNINI.- Es "chueco" el señor Lennon. El señor CLAVEL.- Así se ventilan las cosas. El señor Lennon, por defender al gremio de los empleados particulares, ha transado, porque cada día el Gobierno les está pegando el zarpazo a los empleados particulares. ¿Cuánto significa para los cesantes el auxilio de cesantía? Significa que le den tres cuotas equivalentes al 85% del sueldo vital. Un empleado que ha quedado cesante y que ganaba sólo tres sueldos vitales, tiene derecho, durante tres meses, a un equivalente del 85% del sueldo vital. ¿No sería mucho más justo que el Gobierno elevara el porcentaje de ayuda a estos hombres que han caído en desgracia al perder su ocupación y que hoy día son cientos de miles a lo largo de todo Chile? Eso sería mucho más justo. No hay que pegarles zarpazos a los fondos de los empleados particulares ni menos derrocharlos. Nada más. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, el Fondo Especial de Cesantía, creado en la ley Nº 7.295, se forma, según su artículo 36, con un 1 % de cada empleado, de cada imponente, que el patrón tiene la obligación de descontar de sus sueldos. El artículo 37 indica cuándo se debe pagar la cesantía. Establece que "se hará por día de cesantía y hasta por un plazo de 90 días en cada año calendario." La letra b) dice que ese plazo se puede prorrogar si ha habido cesantía permanente en el país. La suma que se paga por concepto de cesantía es del 85% del vital. El Consejo de la Caja de Empleados Particulares sólo se ha limitado a cumplir la primera parte: pagar por sólo 90 días en cada año calendario, sin prorrogar este beneficio, por lo que, mientras no encuentre trabajo, aquel empleado particular no tiene recursos pecuniarios para vivir. De tal modo que resulta realmente una crueldad que de este Fondo de Cesantía, de miseria, de desesperación que tienen los empleados particulares, el Ejecutivo destine recursos -en virtud de este artículo nuevo el 50% de sus excedentes, y en razón de otro artículo, el 50% restante, hasta completar el ciento por ciento de los excedentes- a una organización de colocación de empleados particulares. Un empleado particular cesante no necesita una oficina burocrática para que lo coloque. El empleado particular, si acaso hay trabajo, no tiene mayor dificultad para saber dónde existe una vacante. Lo que realmente se requiere es crear fuentes de trabajo y no oficinas de esta naturaleza en una época en que no hay vacantes. Esto, naturalmente, constituye una burla y, a la vez, una expropiación, porque este Fondo corresponde a los cesantes. Todo este Fondo, acumulado durante el año, debe ser repartido entre los cesantes. Si acaso alcanza sólo para 90 días, se dan los 90 días; pero si es posible prorrogarlo, el Consejo está facultado para hacerlo. Pero el Consejo no puede estar restringiendo un beneficio y, con ello, prolongando la angustia económica en el hogar del empleado cesante. ¿Y lo limita para qué? Para crear una organización burocrática. En suma, ésta es una verdadera expropiación de los fondos acumulados con base en el descuento del 1% de sus rentas. De ahí que los Diputados comunistas rechazaremos este artículo E) y el F) que tiene la misma relación. Eso es todo. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 31 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazado el artículo. En discusión el artículo F). Varios señores DIPUTADOS.- Rechacémoslo con la misma votación anterior. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala,... El señor MONARES.- Votación. El señor MERCADO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 31 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazado el artículo. En discusión el artículo G). El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, respecto de este artículo, los Diputados comunistas tenemos una duda. Sus incisos primero y segundo, naturalmente, no nos suscitan la menor duda, pero, sí, su inciso tercero que dice: "La Caja de Previsión de Empleados Particulares pagará este reajuste extraordinario hasta concurrencia de sus disponibilidades." Esto significa que bien puede no ser el 20%. De ahí que hayamos pedido división de la votación, para votar en forma separada este inciso tercero,... El señor PARETO.- Muy bien. El señor ACEVEDO.- que, naturalmente, lo votaremos en contra. Los incisos primero y segundo otorgan este beneficio, que debió haberse concedido antes. El Ejecutivo, aduciendo la inexistencia de estudios sobre el costo del reajuste, vetó la disposición en ocasiones anteriores. El veto, lamentablemente, fue aceptado por la Cámara, porque no hubo los dos tercios para insistir. De ahí que los Diputados comunistas hemos pedido división de la votación, para aprobar los incisos primero y segundo y rechazar el tercero. El señor PARETO.- Ruego a la Mesa recabar la venia de la Sala para que se me otorguen hasta dos minutos. El señor MERCADO (Presidente).- Solicito la venia de la Sala para conceder dos minutos al señor Pareto. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor PARETO.- Señor Presidente, el propósito de esta disposición es entregarles un reajuste de un 20% a los jubilados del sector privado que están percibiendo una pensión no superior a dos sueldos vitales. Esa es la intención y la realidad. Estimamos que tal propósito está perfectamente establecido. Sin embargo, para demostrar nuestra intención de otorgarles este beneficio, votaremos favorablemente los incisos primero y segundo y rechazaremos el último inciso. Para despejar cualquier duda, solicitamos votar separadamente los incisos primero y segundo, lo que nos permitirá rechazar el último inciso. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobarán los incisos primero y segundo de este artículo. Aprobados. Si le parece a la Sala, se rechazará el inciso tercero de este artículo. Rechazado. En discusión el artículo H). Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala,... El señor ACEVEDO.- No. El señor MERCADO (Presidente).- En votación el artículo H). -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultados por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 29 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazado el artículo. En discusión el artículo I). Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará este artículo I). Aprobado. En discusión el artículo J). El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Acevedo; le resta medio minuto a Su Señoría. El señor ACEVEDO.- Trataremos de ser lo más breve posible. Señor Presidente, este artículo hace incompatible la indemnización establecida por el artículo 4C de la ley Nº 15.386 con el desahucio que consigna el decreto con fuerza de ley Nº 338, sobre Estatuto Administrativo. Pero esta nueva disposición nada dispone acerca de los aportes efectuados por estos imponentes desde diciembre de 1963 hasta la fecha, en virtud de lo preceptuado por el artículo 40 de la ley Nº 15.386. Y si esos fondos pasaran a incrementar los fondos generales de la institución o les fueran devueltos, los Diputados comunistas, naturalmente, estaríamos de acuerdo. Pero, en estas condiciones, rechazaremos el veto. El señor SCHNAKE.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Schnake. El señor SCHNAKE.- Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos también en contra de este artículo, porque, además de las razones que explicara el Diputado señor Acevedo, no nos cabe ninguna duda de que a este precepto se le pretende dar efecto retroactivo; es decir, de hacerlo como una ley interpretativa, desde el momento en que establece que, "por lo mismo no tienen ni han tenido derecho a gozarlo los funcionarios que en virtud de disposiciones legales especiales están afectos a este último sistema". Se refiere al decreto con fuerza de ley Nº 338. Esto es contradictorio con la constitución primitiva del artículo. En efecto, en él se quiere establecer derechamente la incompatibilidad con el desahucio fiscal a que se refieren los artículos 102 y siguientes del Estatuto Administrativo y lo que establece claramente el artículo 40 de la ley Nº 15.386. Por estas razones, los Diputados socialistas votaremos en contra, ya que por la vía de la interpretación se están cercenando derechos adquiridos legítimamente. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor CLAVEL.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- No tiene tiempo el señor Clavel. Puede hacer uso de la palabra el señor Amello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, la norma de que exista una sola disposición que beneficie a los empleados es, evidentemente, un buen principio. Pero no es menos cierto que, cuando se ha creado un fondo con porcentaje de descuento de las rentas del personal, no puede interpretarse esa ley con posterioridad de una manera -diría- tan improvisada, como es establecer la incompatibilidad en un veto aditivo, según el cual los funcionarios "no tienen ni han tenido derecho a gozarlo..." Es decir, ahora se priva de este beneficio a los funcionarios y hay personas que pueden haber recibido ya esta indemnización, las que se encontrarían en la obligación de restituirla. Por eso, sin perjuicio de estudiar en otra oportunidad una disposición a fondo sobre esta materia, este veto tenemos que votarlo en contra, sencillamente, por el procedimiento que se ha aplicado. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma eco- nómica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 32 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazada la observación. En discusión la observación al artículo 2º transitorio. Se propone sustituirlo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará. Aprobado. En discusión el artículo 4º transitorio que se propone agregar. El señor OLAVE.- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Olave. El señor OLAVE.- Señor Presidente, en verdad las nuevas disposiciones legales dan amplias facilidades a los empleadores para consignar las imposiciones adeudadas. Tienen plazo de uno hasta dos años, en casos muy calificados, como se establece en un anterior artículo del mismo proyecto. Pues bien, este artículo 4º transitorio constituye una verdadera burla para los trabajadores que laboran en las universidades del país, puesto que el plazo de dos años que se otorga a los deudores morosos para pagar, trato de excepción que deberá acordar el Consejo de cada caja de previsión con los dos tercios de sus miembros, y en casos muy calificados, se amplía aquí a cinco años. Si antes, a propósito del atraso de uno o dos años se reparó en el daño que se les provocaba a los trabajadores por el hecho de que no podían gozar de los beneficios a que tienen derecho si los patrones no están al día en sus imposiciones, es de imaginarse el daño que se causará a aquellos que durante cinco años van a esperar que las universidades cumplan sus compromisos. Estoy de acuerdo con el inciso final de este mismo artículo transitorio, en que se exime del pago de multas y sanciones a las universidades del país. Pero de allí a ampliar el plazo a cinco años, en detrimento de las posibilidades de los trabajadores, me parece simplemente un abuso que se quiere convertir en ley. Los Diputados del Partido Socialista vamos a rechazar terminantemente este veto, porque lo consideramos un atentado a los trabajadores de las universidades. El señor MERCADO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación el artículo 4º transitorio. -Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 26 votos. El señor MERCADO (Presidente).- Rechazado el artículo. Terminada la discusión del proyecto. Despachado el proyecto. (Los acuerdos adoptados respecto de estas observaciones se despacharon al Senado en los siguientes términos). "Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que señala normas de procedimiento para la cobranza judicial de las imposiciones adeudadas a las instituciones de previsión, con excepción de las siguientes, que ha rechazado: Artículo 22 La que tiene por objeto agregar una frase al inciso primero de este artículo. Artículos nuevos El signado con la letra A). El inciso segundo del artículo nuevo signado con la letra B). Los artículos nuevos signados con las letras D), E) y F). El inciso tercero de aquel signado con la letra G). Los artículos nuevos signados con las letras H) y J) y el artículo 4º transitorio propuesto". 8.- TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LAS SESIONES PROXIMAS El señor MERCADO (Presidente).- Se va a anunciar la Tabla de Fácil Despacho. El señor MENA (Secretario).- Proyecto de ley informado por la Comisión de Obras Públicas y Transportes que modifica la ley Nº 15.840, que aprobó el texto de la Ley sobre Organización y Atribuciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Servicios dependientes en el sentido de incorporar dos representantes de cada servicio en la Junta Calificadora del Personal. INCIDENTES 9.- PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNA DE CASABLANCA (VALPARAISO). OFICIOS El señor MERCADO (Presidente).- Entrando en la Hora de Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Demócrata Cristiano. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Pido la palabra. El señor MERCADO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Sepúlveda. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, en días pasados, me tocó recorrer la comuna de Casablanca. Allí conocí algunos problemas que la afectan, atinentes a su municipalidad como a servicios de la Administración Pública. Uno de los que me llamó la atención es la situación del señor Juez de Policía Local, que también desempeña ese cargo en la comuna de Quilpue. Según me informaron algunos abogados que no están contentos con la administración de justicia que se imparte en ese Juzgado, el titular don Osvaldo Santelices, es además funcionario del Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados, de modo que en muchas oportunidades se da el caso de que sea juez y parte. Repasando las disposiciones legales sobre la materia, concretamente la ley Nº 15.231, salta a la vista que hay una situación sobre la cual la Corte de Apelaciones de Valparaíso debiera informar a la Cámara -ésta es una de mis primeras peticiones- de suerte que aclaremos esta situación y sepamos por qué se produce este hecho, en circunstancias que el artículo 5º de la ley ya mencionada, en su primer inciso, establece que el cargo de juez de policía local es incompatible con cualquier otro municipal de la comuna donde éste desempeña sus funciones, y con el de juez de otra comuna. Haciendo averiguaciones en la Municipalidad de Casablanca, se me informó que hace unos dos o tres años, para ser exacto, en abril de 1967, el señor Juez de Policía Local presentó una solicitud para que se le autorizara por un mes y sin goce de sueldo, atender el Juzgado de Casa- blanca y el de Quilpue. La corporación, teniendo presente los antecedentes planteados por el magistrado, autorizó esta dualidad de cargos en las mismas condiciones solicitadas, es decir, por el término de un mes y sin goce de sueldo; pero después no se ha renovado ningún tipo de peticiones, y nadie sabe por qué se mantiene la situación planteada. Por lo tanto, pido que no sólo se oficie a la Corte de Apelaciones, sino también a la Contraloría General de la República, para que, en uso de sus atribuciones, verifique la denuncia que planteamos e informe a la Cámara sobre el particular, con el fin de resolver esta situación y dar por supuesto al Juez mencionado la posibilidad de optar por lo que más le convenga a sus intereses. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General de la República. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Además, fuimos informados del estado en que se encuentran los caminos de la comuna, especialmente el que va a Lagunillas, el cual desde hace tiempo, está solicitando que sea asfaltado, y hay un compromiso -según me informaron- de la Dirección de Vialidad para tal efecto. En estas circunstancias, pido que se oficie al señor Ministro de Obras Pública y Transportes para que en la programación de los caminos de la zona se contemple no sólo la mantención de este camino, sino también la posibilidad de que sea asfaltado, si es posible, en el presente año. Por otra parte, las autoridades de Casablanca nos representaron a los parlamentarios que desde hace tiempo están pidiendo a la Dirección de Pavimentación Urbana una mayor cantidad de recursos para la conservación de las soleras y veredas y la pavimentación de distintas calles, con mayor razón ahora que esta ciudad ha tenido un violento desarrollo con motivo de haberse instalado allí la planta Ford. En una sesión anterior en que me referí a los problemas de esta comuna pedí, y lo reitero ahora, que la Dirección de Pavimentación Urbana, a la brevedad posible, emprenda las obras que la Municipalidad señala, según la prioridad estudiada por ella misma y manifestada oportunamente a esa Dirección. Las autoridades de Casablanca también nos expresaron, en este encuentro que tuvimos hace dos semanas, luego de un cabildo que hubo en una de las poblaciones de esa ciudad, la necesidad de que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre una denuncia formulada en contra del señor Tesorero Comunal, quien ha estado dificultando los pagos de los decretos municipales por razones que no corresponden a derecho. Sobre el particular, la Municipalidad solicitó una investigación, y hasta ahora no se ha tenido resultado definitivo. Solicito, concretamente, que se oficie al señor Contralor General de la República para que nos informe sobre esto, sin perjuicio de que también se oficie al señor Tesorero General de la República para representarle que el Tesorero de Casablanca no goza de las simpatías suficientes para el desempeño de sus funciones, de parte de las autoridades municipales. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán a los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República los oficios a que ha hecho referencia Su Señoría. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- En lo que dice relación con el hospital de Casablanca, debo señalar que adolece le notorias deficiencias e irregularidades que competen subsanar e investigar al Servicio Nacional de Salud, más bien al Ministerio de Salud Pública y a la Contraloría General de la República, respectivamente. Me manifestaron que ese establecimiento no puede prestar la atención que corresponde por la escasez de medicamentos, por falta de elementos de trabajo, porque el personal del hospital está incompleto, porque no se han entregado los fondos necesarios para la mantención de sus ambulancias. En fin, es indispensable, según las informaciones dadas, pedir a las autoridades centrales de Gobierno una mayor preocupación por ese Hospital Por otra parte, la población de Casa- blanca en menos de un año se ha más que duplicado. Ante ello, las autoridades provinciales y municipales han elaborado un programa de trabajo bastante eficaz en lo que dice relación con viviendas. Por ejemplo, está en marcha una operación sitio, en la cual se está haciendo un esfuerzo grande. Sin embargo, la obra está inconclusa por falta de recursos. Hay que hacer unos rellenos. En un principio la Dirección de Vialidad había ofrecido una máquina para hacerlos, pero según nos expresaron, las máquinas de Vialidad están en "panne" y los repuestos no han llegado conforme a los pedidos hechos oportunamente. En fin, estos trabajos no se han hecho. En lo que dice relación con el agua potable, para lo cual pido también se oficie al Ministerio de Obras Públicas, se ofreció construir una copa para proveer de este vital elemento a todos los sectores de la comuna de Casablanca. Se iniciaron, desde luego, los estudios de factibilidad de los proyectos, etcétera; sin embargo, desde hace 3 ó 4 meses no hemos tenido noticias del estado en que se encuentran estos estudios y cuándo se empezarían las faenas de instalación y construcción de la mencionada copa de agua que es importantísima, porque, como todos sabemos, Casablanca está ubicada en una zona en que la sequía es un problema permanente desde hace muchos años. Cuando la sequía comenzó en otras regiones del país, en Casablanca ya existía anteriormente. Habiéndose duplicado la población, como decía anteriormente, se hace más indispensable que se le dé preferencia por parte de las autoridades, en las inversiones que corresponden a la provincia, a la construcción de esta copa de agua. En otro orden de cosas, nos manifestaron que las autoridades municipales de Casablanca que por parte de los empresarios de la movilización colectiva se produce una evasión de especies valoradas, al no reemplazarse los boletos, más bien dicho los recibos provisorios que se entregan por las agencias ubicadas en Casa- blanca de las líneas de buses intercomunales. Vale decir, hay líneas de buses que pasan por Casablanca que toman pasajeros en esta localidad, a los cuales se les entrega provisoriamente un boleto que debería ser renovado una vez ubicado el pasajero en el vehículo. Esto no se está cumpliendo, lo que significa no sólo una evasión que perjudica los ingresos municipales, sino también los fiscales. Por esta razón, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, comunicándole esta denuncia, a fin de que la Subsecretaría de Transportes adopte las medidas que correspondan. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría sobre las materias que ha planteado a los respectivos Ministerios. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Desde octubre de 1968 se ha estado solicitando la construcción de nuevos locales para los servicios públicos que están en lamentables condiciones, con motivo del sismo del año 1965. Desde esa fecha se ha estado planteando el problema. En, 1968 se nos había dado la posibilidad de resolver la situación, especialmente en lo relacionado con las oficinas de Impuestos Internos, Registro Civil, Servicio de Seguro Social e Inspección del Trabajo de esa comuna. Como ha transcurrido el tiempo y hemos sabido que los programas y planes están listos, nos gustaría recordar a las autoridades de Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, la urgencia que existe para resolver estos problemas. En el orden educacional, algunos vecinos nos hicieron presente que el problema de la inasistencia del profesorado a las escuelas rurales es cada día más alarmante; y, además, que los alimentos de- la Junta de Auxilio Escolar y Becas parece que no han sido debidamente valorizados por quienes tienen la obligación de distribuirlos. Respecto de lo primero, creemos que hay que representar a las autoridades del Ministerio de Educación Pública el problema de la inasistencia del profesorado, para que se instruya un sumario o se efectúe un estudio o una investigación de las causales que la provocan, porque ella está repercutiendo sobre todo, en el sector campesino. En lo que dice relación con los alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, es necesario que se lleve a cabo también una investigación para saber por qué razón los alimentos enviados oportunamente a los establecimientos correspondientes no son entregados a los beneficiarios. Los dirigentes de la Junta de Vecinos manifestaron, incluso, que el año pasado pudieron comprobar que los alimentos de la Escuela de Los Maitenes habían sido comidos por los ratones, en circunstancias que durante todo el año los niños estuvieron a ración de hambre. Por otra parte, es necesario aumentar las plazas de profesores para algunas escuelas de la comuna de Casablanca, porque ha habido un notorio incremento de la población escolar y, sin embargo, no se ha destinado el número de profesores necesarios para atender estas necesidades. Estos son los problemas que afectan a la comuna de Casablanca. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Finalmente, en relación con la comuna de Casablanca, los vecinos de Quintay piden que se instalen oficinas del Registro Civil y del Registro Electoral en este poblado, que está ubicado a unos 120 kilómetros de la ciudad de Casablanca hacia la costa, donde viven pescadores de escasos recursos y que cuenta con una población no superior a las 700 u 800 personas, que en tiempo de elecciones, por falta de medios de movilización, en muchos casos, no alcanzan a cumplir sus deberes cívicos. Dado el número de personas afectadas, a nuestro juicio, correspondería que el Ministerio de Justicia, por intermedio del Servicio de Registro Civil e Identificación, establezca una oficina allí, o, por lo menos, organice una dentro del radio del pueblo de Quintay para recibir la votación en época de elecciones. Es la única solución posible para este problema. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviará oficio al señor Ministro de Justicia. 10.- PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ESCUELA Nº 70, UBICADA EN EL ASENTAMIENTO LLIU-LLIU DE LIMACHE. EVALUACION DE LOS PROBLEMAS ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO. OFICIO El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Sobre otros problemas de mi provincia, tengo especial preocupación por la situación que afecta a la Escuela Nº 70 ubicada en el Asentamiento Lliu-Lliu de Limache. En una nota que he recibido se plantean una serie de necesidades educacionales, pero fundamentalmente piden el aumento del número de plazas de profesores y la destinación de elementos de trabajo, en especial bancos. El Ministerio de Educación había quedado, hace tiempo, de enviar un inspector visitador para analizar los problemas de la provincia, en especial de las comunas de Casablanca y Limache. Solicito ahora que se envíe oficio al señor Ministro de Educación reiterando estas peticiones, en orden a que se nombré a un inspector visitador del Ministerio para que haga una evaluación de los problemas escolares de la zona y que informe a la Cámara respecto de la situación actual en relación con los nuevos establecimientos construidos y los que faltan por terminar por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y cuál es la situación en relación con el número de profesores y de las necesidades de la provincia, que se han cubierto en alguna medida en el presente año de acuerdo con las disponibilidades económicas del Ministerio, pero que, en todo caso, no satisfacen en forma integral las necesidades y exigencias de nuestra provincia. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán las observaciones formuladas por Su Señoría al señor Ministro de Educación Pública. 11.- EXPLOTACION DEL DIARIO LA UNION, DE VALPARAISO, POR UNA COOPERATIVA FORMADA POR EL PERSONAL El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- ¿Cuánto tiempo me queda? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- 13 minutos, señor Diputado. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, hace algunas semanas, me tocó intervenir en esta Cámara planteando algunos problemas que dicen relación con el movimiento cooperativo. En esta oportunidad, quiero referirme a un problema laboral producido en mi provincia y que está siendo resuelto mediante el sistema cooperativo. Escuchamos aquí desde distintos bancos, en su oportunidad, el problema que surgió al decretarse el lockout patronal del diario "La Unión", dé Valparaíso. En los primeros días de enero del presente año, por circunstancias que no son del caso repetir, se produjo una "impasse" entre la parte patronal y la laboral, determinando esto que los obreros se vieran compelidos a ocupar el lugar donde funcionaba el diario "La Unión"; de esto hace 105 días, exactamente. Después de muchas conversaciones, hemos logrado conseguir que los trabajadores, luego de hacer un curso sobre los principios del movimiento cooperativo, acepten la idea de organizarse en una cooperativa para seguir adelante en la explotación del diario. Al producirse el cierre del diario, se formaron dos grupos, uno, de trabajadores que quedó dentro del diario, periodistas, personal de redacción, de talleres y otro que quedó fuera del diario, principalmente personal administrativo. Después de muchas conversaciones y de salvar asperezas, en el día de ayer, precisamente, los dos grupos lograron tener una reunión en conjunto, decidiéndose a dar este paso de la organización cooperativa. Por su parte, los organizadores de esta cooperativa han recurrido a las autoridades de Gobierno, encontrando muy buena acogida de parte de todos ellos, especialmente del Servicio de Cooperación Técnica para sacar adelante esta empresa. El diario "La Unión", como es sabido de todos, uno de los diarios más antiguos del país, es de propiedad del Obispado de Valparaíso. Asimismo, son de su propiedad el local en que funciona y la marca del diario: "Diario La Unión". El compromiso aceptado en principio por las autoridades eclesiásticas, propietarias del diario, es de entregar en arrendamiento y por el término de cinco años, a lo menos, el local del diario, y vender directamente a los trabajadores, a largo plazo con bajo interés, la maquinaria y la marca del diario. Existe una situación pendiente con la anterior firma periodística que estaba a cargo del diario, que tenía el arrendamiento: la firma PERIOVAL. Sin embargo, según mis informaciones, en estos momentos las conversaciones permiten asegurar un entendimiento entre las tres partes, vale decir, Obispado, trabajadores y la firma PERIOVAL. Hago referencia a este problema en la Cámara, porque, en su oportunidad, escuchamos comentarios poco afortunados en favor y en contra de distintos sectores de los que están en lucha; pero, ahora que ha vuelto la cordura, nosotros queremos también que se transmita a las autoridades de Gobierno, especialmente al señor Ministro de Economía, y por su intermedio también al Servicio de Cooperación Técnica, como a la CORFO, la necesidad que existe de respaldar la gestión de los trabajadores, en orden a agruparse en una cooperativa para lo cual, necesariamente, tendrán que recurrir a algunos créditos del Estado. En este país, donde unos pocos han tenido mucha fortuna y han recibido créditos sin ninguna limitación, nos parece que no tendrán dificultades estos pocos trabajadores que, con tan buen espíritu van a golpear las puertas del crédito de la comunidad, del crédito del Estado, para sacar adelante la primera empresa cooperativa de este tipo en el país, primera empresa cooperativa de producción en Chile que -no dudamos- tendrá un éxito absoluto, dado que el mayor capital que tiene esta nueva empresa es la calidad humana y técnica y la preparación de quienes la componen. En ella hemos puesto nosotros toda nuestra confianza, porque quienes laboraban en el diario "La Unión", con un promedio de actividad en el diario entre 15 y 20 años, son gentes que se destacaban dentro de sus respectivos oficios y profesiones, como de la más alta preparación. Por lo tanto, se han juntado sus condiciones humanas, la inquietud que tienen, el conocimiento que han adquirido de los principios del movimiento cooperativo, las posibilidades que les ha dado el Arzobispado y el reconocimiento que ha hecho la provincia misma del trabajo del diario "La Unión", que fue el primero que se abrió totalmente a la comunidad; fue el primer diario que le ha destinado permanentemente, en los últimos años, una página entera para que el movimiento cooperativo tuviera su expresión y que ha destinado también una página entera a los centros de madres, las juntas de vecinos, los centros deportivos, para que pudieran expresar su pensamiento de alguna manera desde un diario. Hoy día, a ellos les ha faltado este diario, que fue reemplazado por una publicación hecha por los trabajadores que estaban dentro de la empresa, que salía dos veces a la semana con el nombre de "Extra". Estos centros de madres y la misma comunidad entera organizada sintió la necesidad de mantener un diario, un órgano de expresión que, al margen de los intereses particulares, mezquinos, pudiera servirles para comunicarse con la opinión pública y para recibir de las autoridades de Gobierno respaldo y apreciación de los problemas en los términos que la propia comunidad plantea. De este modo, señor Presidente, nosotros los parlamentarios de la provincia, sin distinción alguna y, particularmente, los democratacristianos por haber participado en forma espacialísima en el estudio de este problema, queremos que se oficie al señor Ministro de Economía en los términos que ya he señalado. Además, queremos que se oficie al propio personal del diario "La Unión" y al señor Arzobispo de Valparaíso, felicitándolos por la disposición de ánimo que tuvieron para encontrar solución a un problema social y económico que no se podía prolongar más. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios correspondientes solicitados por Su Señoría. Ofrezco la palabra al Comité Demócrata Cristiano. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Nada más. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- ¿Renuncian al resto del tiempo? El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Sí, señor Presidente. 12.- SITUACION CREADA A LOS VECINOS POR DEMOLICIONES EFECTUADAS EN BARRIO CENTRAL DE SANTIAGO.- OFICIOS El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Nación la palabra el señor Monckeberg. El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, durante el recién pasado verano, uno de los más áridos y calurosos de la historia capitalina, los vecinos del sector de nuestra ciudad comprendido entre el Mapocho y la Alameda, por el norte y sur, y entre las calles Amunátegui y Altamirante Barroso, por oriente y poniente, soportaron y siguen soportando ahora la incuria y la imprudencia de quienes ejecutan las obras de demolición que se llevan a cabo en este antiguo barrio de Santiago. No se trata, me anticipo a sostenerlo, de oponerse al progreso y, por consiguiente, a que se hagan las demoliciones, que son el primer paso para incorporar ese viejo barrio a la era moderna. Solamente deseamos que dichas tareas se realicen respetando la salud de los vecinos, lo que es elemental en toda obra de adelanto. La destrucción de esas casas viejas, el traslado de escombros y, finalmente, eí aplanamiento del terreno levanta una nube constante de polvo, que torna el aire irrespirable para el vecindario y lo hace dañino para su salud. Como poseemos un clima excesivamente seco y hemos tenido un verano, según apuntábamos al comienzo, de excesivos calores, esa difícil y seria situación se ha tornado gravísima. Los vecinos han solicitado de las autoridades responsables algo que es elemental en estas circunstancias: el riego de las calles y que se impregnen de agua esos viejos edificios de adobes al ser demolidos como igualmente el terreno, al realizar las obras de aplanamiento. Como no han sido oídos, levanto mi voz de protesta por la indolencia de las autoridades al exponer a la población de este sector a una neumoconiosis pulmonar masiva. Es menester, asimismo, que se retiren las piedras y elementos de desecho, porque se transforman en proyectiles que los irresponsables utilizan para lanzarlos contra vidrios, faroles, transeúntes y automóviles. Pido, finalmente, que esta queja de la que me hago eco, del clamor de los vecinos, se haga presente por oficios que solicito se envíen a la Ilustre Municipalidad de Santiago, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Salud, que tienen el deber de enviar inspectores al sector y de disponer las medidas sanitarias indispensables lo que, desde luego, dejo planteado como exigencia para realizar las obras. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. 13.- ACUERDO DEL BANCO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICION DE EDIFICIO UBICADO EN EL CENTRO DE SANTIAGO Y DE COLECCION DE OBRAS DE ARTE-OFICIOS. El señor MONCKEBERG.- Quiero además, señor Presidente, referirme a una denuncia que tiene relación con el Banco del Estado. He sido informado recientemente de que el Consejo del Banco del Estado habría acordado, en una de sus últimas sesiones, comprar en la suma de 20.000.000 de escudos el edificio que actualmente ocupa el Banco del Pacífico, ubicado en calle Moneda 1040, y que, además, ese mismo Consejo, estaría estudiando la compra de cuadros pertenecientes a la colección Lobo Parga, en la suma de 1.500.000 escudos. Aunque sé que los bancos comerciales, de acuerdo con la ley Nº 17.236, pueden invertir hasta un 5% de sus fondos de reserva en la adquisición de obras de arte, creo que el Banco del Estado no debe hacer inversiones por tan altas sumas, en circunstancias que sólo faltan cuatro meses para que el actual Gobierno termine su período, y considerando que ese mismo banco está continuamente rechazando operaciones de crédito a diversos sectores de la producción, por falta de disponibilidades. Por otro lado, la adquisición de ese edificio y la compra de una colección de cuadros, no parecen útiles ni, en caso alguno, necesarias para la buena marcha de la institución, mucho menos en la actual situación. Por eso, señor Presidente, solicito que, en nombre de la Cámara, se envíe un oficio al Ministerio de Hacienda, y otro al Banco del Estado, para que se nos informe si es efectivo el acuerdo que se relaciona con la inversión en el bien raíz señalado y la compra de cuadros a que me he referido. Y de ser así, se nos indique qué personas o firmas actuarían como corredores o intermediarios en estás negociaciones y cuáles serían los montos que, por concepto de comisiones u honorarios, percibirían. Nada más, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Hago presente que no se pueden enviar oficios en nombre de la Cámara porque, en este momento, no hay quórum para hacerlo. En consecuencia, se enviarán los oficios solicitados a nombre de Su Señoría... El señor MONCKEBERG.- Y en nombre del Comité Nacional. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- y del Comité Nacional. 14.- EXPROPIACION, POR PARTE DE LA CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA, DE TERRENOS AGRICOLAS DE EL CHUBAL, UBICADOS EN EL VALLE DE AZAPA (TARAPACA). OFICIOS El señor GUERRA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GUERRA.- Señor Presidente, debo denunciar ante la Honorable Corporación hechos que se han venido produciendo desde hace años, y que han concitado el interés no sólo de las personas afectadas por ellos mismo, sino que han alarmado a todo el departamento de Arica, pues tales hechos revisten una inusitada gravedad. Un distinguido agricultor de la zona, dueño del predio "El Chubal", ubicado en el valle Azapa, ha sufrido uno de los más graves atropellos de parte de funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria, los que, sin la orden judicial correspondiente y aprovechando la ausencia del propietario, señor Manuel Rodríguez Contreras, han hecho uso de la fuerza pública para desalojar, a viva fuerza, a la cuidadora del predio, señora ya de edad, procediendo a continuación a arrasar con caterpillar la casa, destruyendo muebles y enseres, como igualmente, las semillas, las maquinarias y los aperos y, luego, los sembrados mismos. Hay que destacar que el juicio entablado entre el señor Rodríguez y la CORA aún no finaliza, por lo que semejante uso de la fuerza vulnera tanto las bases mismas de la administración de justicia como el respetó que las autoridades administrativas y los funcionarios de entidades fiscales deben tener por los fallos emitidos por los tribunales. Estos graves hechos alarman justificadamente a todos los ciudadanos conscientes de la región, no porque afectan a un agricultor progresista y respetuoso de las leyes, sino porque las decisiones que los funcionarios de CORA toman a espaldas de la justicia vulneran los más profundos sentimientos, enajenando el respeto a la autoridad, que merecerían estas entidades fiscales. Desde noviembre de 1962, fecha de la adquisición de esos terrenos agrícolas, por parte del señor Rodríguez, Arica ha visto producirse una serie de hechos. En 1963, el Fisco entabló una querella posesoria, pretendiendo adueñarse del predio, juicio que se prolongó hasta 1967, en que se dieron numerosas órdenes de desalojo contra sus ocupantes por la Gobernación departamental, a petición del Jefe de Bienes Nacionales, no obstante hallarse este juicio en conocimiento de la justicia ordinaria. Como consecuencia de estos abusos de poder, la Contraloría General de la República se pronunció sobre la improcedencia de la intervención de la Gobernación, y el Ministerio del Interior recomendó al señor Gobernador que se abstuviera de intervenir en un problema cuyo conocimiento competía a los Tribunales de Justicia. El fallo pronunciado por la Excelentísima Corte Suprema fue favorable, en primera y en segunda instancias al señor Rodríguez. No obstante haber quedado demostrado con creces el derecho del señor Rodríguez sobre el predio mencionado, las autoridades administrativas, conjuntamente con las personas que ocupaban "El Chubal', puestas allí por la Oficina de Bienes Nacionales, iniciaron gestiones ante la CORA para su expropiación, aduciendo que se les produciría un conflicto de orden social, situación inexistente, según informe de la Asistente Social de la Gobernación, por tener todas esas personas casas en el puerto de Arica. La Corporación de la Reforma Agraria, adoptó el acuerdo de expropiación con fecha 14 de noviembre de 1968. Esta se efectuó en forma ilegal, ya que no se hicieron las publicaciones correspondientes y no se notificó al afectado en la forma que indica la ley de la Reforma Agraria. Además, en el acuerdo de expropiación, figuran dos predios, siendo que los terrenos de "El Chubal" son tres. Debe agregarse a esto que la consignación efectuada en el Tercer Juzgado de Arica omite el valor de once casas con sus respectivas mejoras, además de los frutos pendientes; sólo un año después se rectificó el error, depositando la diferencia. Además, señor Presidente, debo agregar que la CORA permitió retirar casi la tercera parte de esos fondos en depósito, en virtud de una petición hecha al Juzgado por su abogado, señor Díaz Albónico y tres campesinos de un comité llamado "Santa Irene", quienes, alegando ciertos derechos, se hicieron pagar el valor de sus casas. Ante el reclamo presentado, la Corte de Apelaciones de Iquique ordenó devolver esos valores, lo que todavía la CORA no cumple. Los miembros del comité "Santa Irene", viendo que sus manejos no tenían éxito, decidieron propiciar esta expropiación y denunciar al dueño de los terrenos a la misma CORA, por vender parte de ellos una vez terminado el mencionado juicio. Esta solicitud que se hizo para subdividir "El Chubal" y solucionar las ventas que estaban pendientes, se efectuó con fecha 1º de abril de 1968, varios meses antes del acuerdo de la CORA. Estas lamentables situaciones han provocado gran malestar entre la ciudadanía ariqueña, especialmente, entre los trabajadores de los valles que, viendo la situación abusiva e irreflexiva de los funcionarios de la CORA, piensan justificadamente que sus derechos inalienables al trabajo y al goce de sus tierras legítimamente adquiridas para el provecho de todos los habitantes de la zona y para la tranquilidad de sus hogares se verán en el futuro conculcados por las arbitrariedades de estos funcionarios que son apoyados por las autoridades, con evidente desprecio de las normas jurídicas y de los tribunales encargados de su cabal cumplimiento. Debo agregar que sin atender a las encomiables diligencias de la persona afectada por estas medidas, tendientes a buscar un arreglo justo con los campesinos integrantes del comité "Santa Irene", consistentes en la venta directa de 3 hectáreas a cada uno y con el máximo de facilidades, éstos, envalentonados por la actitud francamente ilegal de la CORA, rechazaron su ofrecimiento. Todos estos actos culminaron el día 12 de noviembre de 1969, con la demolición de la casa del dueño de "El Chubal", mediante la fuerza mecánica de un Caterpillar, destruyendo la casa, los muebles, las siembras y los plantíos, todo -repito- en el predio que la CORA acordó expropiar, pero sin considerar que aún no estaba terminado el proceso judicial. Este escándalo, que ha conmovido a todo Arica, se sigue agravando mucho más, ya que la CORA no pagó siquiera el valor de la casa destruida ni el de las siembras ni de nada, en un evidente acto de abuso de poder. Además de que, sin la debida orden judicial solicitó, obtuvo y usó de la fuerza pública. Es evidente que la Corporación de la Reforma Agraria pretende establecer un régimen de terror para proseguir las expropiaciones en los valles ariqueños y, al realizarlas, seguir impunemente pasando por encima de los Tribunales de Justicia, únicos encargados por la ley de velar por los intereses de la comunidad y el derecho de los particulares, pues la CORA sabe que cuenta con el apoyo de la Gobernación, que se ha arrogado y usurpado estas atribuciones judiciales. Hay casos de formación de asentamientos arbitrarios como el de un arrendatario fiscal, que no había pagado las rentas de arrendamiento y al que se le asignaron cerca de cincuenta hectáreas, mientras que a trabajadores antiguos y meritorios sólo se les da tres hectáreas. Como los hechos relatados constituyen un caso insólito de violación de la Constitución Política del Estado, de las leyes, y de burla de las atribuciones de los Tribunales de Justicia, y además por haberse infligido a un ciudadano honesto tantos daños y desazones, solicito que, en mi nombre, se dirija oficio a los señores Ministros del Interior, de Justicia y de Agricultura, para que se proceda a la exhaustiva investigación de tan bochornosos actos, que ponen en tela de juicio la efectividad de un sistema que sólo se aplica por el terror, vulnerando las bases de nuestra democracia. Pido también se envíe oficio al señor Ministro de Hacienda, para que transcriba estas observaciones a los organismos competentes. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a los Ministerios respectivos. El señor CLAVEL.- Y en mi nombre. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Y en nombre del señor Clavel. 15.- SUPRESION DE LA ESPECIALIDAD DE MECANICA EN LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE IQUIQUE (TARAPACA). OFICIO El señor GUERRA.- Señor Presidente, ha causado inquietud en diversos sectores de la población iquiqueña la resolución de las autoridades educacionales de suprimir la especialidad de Mecánica en la Escuela Industrial Superior. Los alumnos, conscientes de dicho problema y en un justificado anhelo de hacerse oír, recientemente paralizaron sus actividades por 24 horas. La mecánica es la base fundamental para el desarrollo de toda comunidad bien organizada. Es imperioso que la Dirección General de Educación Profesional reconsidere tan inconsulta determinación. Solicito, en consecuencia, que en mi nombre se remita oficio al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que adopte las providencias necesarias para la inmediata reposición de las clases correspondientes a la especialidad de mecánica; igualmente, a fin de que se dote al Taller respectivo, para su mejor desenvolvimiento, de materiales y herramientas. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviará al Ministerio de Educación Pública el oficio solicitado por Su Señoría. El señor CLAVEL.- Y en mi nombre. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Y en nombre del señor Clavel. 16.- FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO MEDIO DE HOMBRES Y DEL COLEGIO MEDIO DE NIÑAS DE ARICA (TARAPACA). OFICIO El señor GUERRA.- ¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Cinco minutos. El señor GUERRA.- Señor Presidente, hace mucho tiempo que los profesores, como igualmente los alumnos y los Centros de Padres correspondientes al Colegio Medio de Hombres y al Colegio Medio de Niñas de Arica están vivamente preocupados del destino que el Ministerio de Educación Pública dará a dichos establecimientos, los cuales fueron creados por diez años, de conformidad con el decreto supremo Nº 891, del 16 de febrero de 1961, es decir, el Plan de Integración Educacional de Arica. Los profesores proponen que se vaya a la transformación progresiva de uno de los colegios en un Centro de Enseñanza Media; y el otro, en un Centro de Enseñanza Básica. Oportunamente se hicieron presentes a las autoridades educacionales los problemas que se irían produciendo, especialmente por la enorme congestión de alumnos en un solo establecimiento, el Colegio Medio Diferenciado, sin que todavía se les encuentre ninguna solución. Solicito que, en mi nombre, se envíe oficio al señor Ministro de Educación Pública para que atienda preferentemente los problemas referidos y, dentro de sus posibilidades, considere la realización de una visita a la ciudad de Arica, para resolverlos en el terreno mismo. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por el señor Diputado. 17.- PROBLEMAS CAMINEROS DE ANTOFAGASTA. OFICIO El señor GUERRA.- Le concedo una interrupción al señor Clavel. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor CLAVEL.- Muchas gracias, estimado colega Guerra. Señor Presidente, cuando la ciudad de Antofagasta se aprestaba en 1967 para la celebración del centenario de su fundación, fui portavoz en este hemiciclo de un clamor general de los hombres de trabajo y empresas de aquella región, que reclamaban de los poderes públicos la debida y pronta atención para la solución del grave problema que significa, hasta hoy, el pésimo estado en que se encuentra una de las principales rutas camineras de la provincia: el tramo de Antofagasta a Calama y Chuquicamata. En aquella oportunidad, la Cámara aprobó un proyecto de acuerdo, por el cual se solicitaba al Presidente de la República "la destinación de los recursos necesarios, con cargo al Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la total repavimentación del camino de Antofagasta a Calama". Sin embargo, la tradicional desidia burocrática sepultó en el olvido un acuerdo de una de las ramas del Congreso que demostraba preocupación por un latente problema regional. Como resultado de la indolencia clásica del centralismo y de la postura siempre cómoda de las autoridades provinciales de Obras Públicas, los caminos de Antofagasta, en especial el que conduce a Calama y Chuquicamata, son verdaderas rutas que llevan a los usuarios a la paz del cementerio, por el alto índice de accidentes mortales que ocurren a diario en la huella. "Él Mercurio", de Antofagasta, que ha obtenido reconocimiento internacional por sus notables campañas de bien público, como la del agua arsenicada, por ejemplo, ha iniciado una tenaz cruzada para llamar la atención de las autoridades hacia lo que se ha calificado como Una negligencia criminal de parte de las autoridades y encargados de la conservación y mantenimiento de las carreteras en la provincia nortina. En efecto, a 220 kilómetros del tramo Antofagasta-Calama-Chuquicamata representan, en menos de dos años, un total de 18 muertos por accidentes ocurridos en la carretera, dado su pésimo estado y porque, no obstante los centros vitales de producción que une y la existencia de un acuerdo de la Cámara de Diputados patrocinando su repavimentación total, yace hoy convertida en una vulgar carretera propia de la época de las diligencias. El Ingeniero Provincial de Vialidad de Antofagasta ha explicado públicamente que ha agotado los medios para lograr la destinación de recursos para mejorar y conservar los caminos de la región, en especial el de Antofagasta a Calama, demostrando su desaliento ante el fracaso de sus gestiones oficiales. Explica este funcionario que para el rubro de conservación de caminos, en 2 mil kilómetros, pidió 7 millones de escudos y sólo le enviaron 6 millones y medio; para el tramo Baquedano-Pedro de Valdivia pidió 2 millones de escudos, y sólo le enviaron un 1 millón; para, el tramo Carmen Alto-Calama pidió igualmente un millón de escudos, y el centralismo le dio cero peso. Para el camino de Antofagasta a Cerro Moreno pidió otro millón de escudos y nuevamente le dieron cero centavo. Cabe señalar que para el mantenimiento de la maestranza zonal de Vialidad solicitó el Ingeniero Provincial 1 millón 800 mil escudos y sólo pudo recibir la suma de 600 mil escudos... El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Perdón, señor Diputado. Ha terminado el tiempo del Comité Nacional. El turno siguiente, correspondiente al Comité Comunista, ha sido cedido al Comité Radical. En consecuencia, puede continuar Su Señoría dentro del tiempo del Comité Comunista. El señor CLAVEL.- Muy amable, señor Presidente. Cabe señalar que para el mantenimiento de la maestranza zonal de Vialidad solicitó el Ingeniero Provincial 1 millón 800 mil escudos y sólo recibió la suma de 600 mil escudos. Tan desalentador balance, expuesto a la luz pública por un funcionario competente de la Administración, se traduce en una sola expresión que va causando alarma en la población de Antofagasta: el reguero de sangre y muertos que deja a diario su huella macabra en los caminos de la provincia nortina por el pésimo estado de las vías. Pero no sólo en la escasez de recursos económicos está el mal que nos preocupa; si bien es cierto que los funcionarios de Vialidad y Obras Públicas tratan dentro de lo posible de mantener las vías en buen estado, no es menos cierto que el problema no es abordado en su amplitud y vemos que la política del parche asfáltico se aplica como única solución en carreteras destrozadas que reclaman su repavimentación total. Yo no sólo eso. La prensa de Antofagasta señala como fundamento las causas primordiales de que los caminos de la provincia duren menos del tiempo señalado; y ellas son la mala calidad de los trabajos ejecutados, la falta de una adecuada inspección y la calidad deficiente de los materiales utilizados, ya que se recurre por lo general a proveedores habituales a quienes nadie controla en la calidad y consistencia de los materiales suministrados. Por otra parte, no existe en las autoridades de Vialidad y Obras Públicas de la provincia un criterio adecuado y realista para abordar la construcción de trazados camineros de acuerdo con el aumento creciente del tonelaje de los vehículos de las grandes empresas mineras, de tal suerte que los camiones de 30 toneladas deben transitar por caminos cuya resistencia del pavimento ha sido calculada para vehículos de 10 toneladas, evidenciando esto una verdadera miopía frente al progreso acelerado de la industria minera y de sus modernos medios de transportes. Quienes tienen la responsabilidad de la planificación técnica en la construcción de estas carreteras olvidan el hecho tangible de que el camino de Antofagasta a Chuquicamata registra un tránsito diario superior a las mil personas, el que se eleva en los fines de semana a 5 ó 6 mil personas. El estado realmente deplorable en que se encuentra esta ruta, derivado del intenso tráfico de vehículos pesados, unido a la mala calidad de los materiales empleados y a que constantemente se le somete a una verdadera siembra de parches asfálticos, constituye para los nortinos los que podríamos llamar la "vía dolorosa", por el saldo de muertos y heridos que se acumulan en tan corto tiempo en accidentes del tránsito. Todo esto es injusto y monstruoso. Injusto, porque se trata de un grave problema que pesa sobre una provincia como Antofagasta, que en los últimos 50 años ha entregado riquezas al país por 13 mil millones de dólares. Y es monstruoso, porque el capital humano que se sacrifica en los caminos del Norte de Chile lo constituyen, en gran parte, preciosas vidas de trabajadores de nuestras minas, que van y vienen en busca de la riqueza extractiva que más tarde se convierte en las divisas con las cuales el país afronta sus compromisos con el exterior. Es el pago de Chile para quienes todo lo han dado por la comunidad. Para resaltar lo irritante del drama que preocupa a la prensa y a los habitantes de Antofagasta, quisiera establecer un paralelo entre dos hechos que son el símbolo de la indolencia actual en que nos debatimos: por un lado, en una provincia extrema del país, la que más contribuye al ingreso nacional, la más importante de sus carreteras tiene su pavimento totalmente destrozado, su' berma con tierra suelta y polvorosa y llena de hoyos, protagonizando sangrientos y mortales accidentes del tránsito, originados por el estado desastroso de una ruta que debiera estar pavimentada en toda su extensión con fondos provenientes del cobre extraído de las montañas de Chuquicamata. Y en la otra cara de este paralelo que trazo, tenemos costosas construcciones de vías subterráneas, puentes elevados y explanadas que se construyen con cuantiosas inversiones en el centro de Santiago, como el Ferrocarril Metropolitano, el paso a nivel del sector Santa Lucía y la proyectada construcción del puente elevado que atravesará la red ferroviaria de la Estación Alameda, entre Blanco Encalada y la calle Arica. Hay más, señores Diputados. Las estadísticas de la Superintendencia de Bancos señalan a la provincia de Antofagasta en el cuarto lugar en el rubro de los depósitos bancarios y, en cambio, en materia crediticia figura en el último lugar. ¡Qué contrasentido más irritante constituyen estas comparaciones que fluyen de una realidad que nadie puede desmentir! Mientras más riqueza aporta el Norte al presupuesto nacional, mayor es el despojo de que se le hace víctima; ni siquiera se le deja la reserva necesaria para la habilitación de sus principales vías de comunicación terrestre. En la sesión del 24 de enero de 1967 de esta Corporación, esto es, hace más de tres años, se aprobó un proyecto de acuerdo, cuyo texto leeré en esta intervención, solicitando al Presidente de la República la destinación de recursos para la repavimentación total del camino de Antofagasta a Calama. El actual Mandatario debe entregar dentro de algunos meses su alto cargo y la provincia de Antofagasta espera con ansiedad que, antes de expirar su mandato, disponga de una vez la destinación de los fondos necesarios para la ejecución de una obra vital para el desarrollo de la industria cuprífera, que es la base medular del ingreso que aporta esta zona, lo cual vendría a concordar con los propósitos del Presidente de la República, señor Frei, en cuanto a que a la industria del cobre deben facilitárseles todos los medios del progreso, incluyéndose primordialmente el aspecto del transporte caminero. Un nuevo proyecto de acuerdo naturalmente sería aprobado por esta Honorable Cámara, y la montaña de papeles se acumularía en las oficinas burocráticas en la misma proporción en que se acumulan los cadáveres de tantos que a diario caen en este fatal camino que une a Antofagasta con Calama, a lo largo de 220 kilómetros. ¿Cuál sería la solución para tan tremendo problema caminero? El ingeniero provincial de Antofagasta ha manifestado que con 70 millones de escudos sería posible construir un nuevo camino entre Antofagasta y Chuquicamata, los que podrían recaudarse mediante el sistema de pago de peaje y el aporte del presupuesto fiscal. El sistema de pago de peaje sería perfectamente posible, dado el número superior a mil personas diarias que con sus respectivos vehículos transitan por esta vía, consultándose los recursos restantes del presupuesto de capital del Ministerio de Obras Públicas. La recaudación por este sistema ha permitido la construcción de importantes vías en el centro y sur del país. Pero hay que hacer algo. Las autoridades responsables deben salir de su caparazón burocrática, y los que en la provincia conocen de cerca este problema deben asumir su cuota de responsabilidad, la que es mayor mientras más sea la antigüedad con que éstos vienen desempeñando sus funciones. Que no tengamos que oír más tarde el "Yo Acuso" del agua arsenicada y el infaltable "Mea Culpa" de la autoridad pública ante la tragedia en que se transforma todo problema entregado a la desidia del centralismo. Para terminar, solicito que, en nombre de la Cámara, se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, pidiéndole que destine los recursos necesarios, con cargo al Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras Públicas, para la total y definitiva repavimentación del camino de Antofagasta a Calama y Chuquicamata. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Señor Diputado, como no hay número en la Sala para tomar acuerdos, se enviará el oficio en nombre de Su Señoría. El señor CLAVEL.- Muchas gracias. El señor PALESTRO.- En nombre del Comité Socialista. El señor MONCKEBERG.- En nombre del Comité Nacional. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se agregará el nombre de los Comités que lo han solicitado. El señor CLAVEL.- Señor Presidente, ¿cuánto tiempo me resta? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Dentro del Comité Comunista, cuatro minutos. El señor CLAVEL.- Voy a dar lectura al proyecto de acuerdo aprobado en sesión 41ª, de 24 de enero de 1967. Dice así: "1º.- Que, dentro de los factores que inciden en alto grado en el progreso eco nómico e industrial de toda región, el rubro caminero ocupa un lugar primordial, de tal suerte que las carreteras constituyen el sistema circulatorio de la sabia económica de los pueblos; "2º.- Que la provincia de Antofagasta, cuya capital celebra en el mes de noviembre próximo cien años de vida fecunda y organizada, ha mostrado al país un sorprendente índice de progreso económico, industrial y minero, no obstante las precarias condiciones en que se encuentran sus principales vías de comunicación terrestre y de transporte de sus productos; "3º.- Que es así que la carretera de Antofagasta a Calama, en un tramo de alrededor de 220 kilómetros, se encuentra prácticamente intransitable para el paso de vehículos de carga y transporte de pasajeros, cuyo movimiento es intenso, dado el ritmo acelerado de trabajo y producción de la zona, lo que constituye un contrasentido para una provincia como Antofagasta, que en los últimos 50 años ha entregado riquezas por 13 mil millones de dólares al país, y "4º.- Que constituye un acto de justa retribución a los esfuerzos aportados al progreso común de la nación durante cien años por la provincia de Antofagasta, el consultar los recursos necesarios en el presupuesto de la Nación para la pavimentación total de la ruta caminera que une ambas ciudades; "La Honorable Cámara aprueba el siguiente proyecto de acuerdo: "Solicitar de Su Excelencia el Presidente de la República se sirva disponer la destinación de los recuross necesarios con cargo al presupuesto de capital del Ministerio de Obras Públicas, para la total repavimentación del camino de Antofagasta a Calama, y se disponga, con la debida anticipación, la apertura de propuestas públicas para la iniciación de estos trabajos tan pronto como se disponga de su financiamiento." Este proyecto de acuerdo fue aprobado el 24 de enero de 1967; sin embargo, hasta hoy la provincia de Antofagasta espera la respuesta de los Poderes Públicos. Nada más. 18.- FALTA DE PERSONAL Y DE MATERIAL EN LOS HOSPITALES DE ANTOFAGASTA Y CALAMA. OFICIO El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Comité Radical, dentro del tiempo del Comité Comunista, el que se lo había cedido. El señor SOTO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Soto, don Rubén. El señor SOTO.- Señor Presidente, abordaré en esta oportunidad problemas de mi provincia, de importancia trascendente, que el Estado desafortunadamente ha descuidado: Hospital Regional de Antofagasta, Hospital "Carlos Cisterna" de Calama, más el camino de Chuquicamata a Antofagasta. Después de una campaña de años -como siempre ocurre en el país -Antofagasta conquistó un buen Hospital Regional, materialmente considerado. El Hospital no tiene un funcionamiento normal por falta de equipamiento humano, principalmente personal auxiliar, que por su especialización es complemento indispensable del profesional médico. El establecimiento, trabajando con toda su capacidad, puede atender a 814 enfermos hospitalizados; en cambio, trabaja actualmente con sólo 546 camas, o sea, tiene en servicio el 67 % de su capacidad. Hay salas cerradas por falta de personal paramédico. Aparte de estar disminuida su capacidad de atención, el personal, por recargo de trabajo, decae en su rendimiento y no tiene vacaciones cuando le corresponde. Estas deben postergarse para no agravar más el problema. El estudio sobre aumento de las plantas para- médicas no profesionales está en la Superioridad del Servicio para su resolución. La falta de médicos y de especialistas se ha hecho evidente en el Servicio de Asistencia Pública, a cargo generalmente de un profesional que no puede racionalmente atender emergencias motivadas por una población de más de 150.000 habitantes. Tal vez lo más dramático esté en la suerte que corren los niños. Faltan horas médicas de pediatría, de manera que generalmente los niños no son adecuadamente atendidos, menos en el Servicio de Asistencia Pública. Ha ocurrido, a veces, que el médico de turno en este servicio ha debido operar de urgencia, quedando los demás pacientes sin atención profesional. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista. Su Señoría puede continuar en el tiempo del Comité Radical. El señor SOTO.- Gracias, señor Presidente. Según el doctor Enrique Marmentini, Director Subrogante del Hospital, la Asistencia Pública debe tener seis turnos constituidos por 2 cirujanos, 1 pediatra y 1 internista. El Consejo del Servicio Nacional de Salud aprobó 6 cargos de cirujanos, pero no han sido oficializados. A todos los cargos de Asistencia Pública que se creen deben agregarse 4 horas de tratancia en la especialidad para completar horario e interesar a médicos por radicarse en Antofagasta. Todos los servicios requieren aumento de horas médicas, siendo el más necesitado el de pediatría que cuenta con 68 horas, debiendo tener 120. Para descongestionar la demanda en los consultorios anexos al Hospital, tanto el Director Subrogante como el Director de la Primera Zona de Salud, doctor Carlos Maureira, coinciden en la conveniencia de construir consultorios periféricos. Las ambulancias en servicio son insuficientes por el desgaste de un uso intenso y prolongado. Las ambulancias recién importadas estarían en la Ford en Casa- blanca, existiendo ofrecimiento de dos para Antofagata. Al Hospital Regional de Antofagasta debe dotársele de lo que necesita para que trabaje con toda su capacidad al servicio de la salud pública. Además de garantizar el logro de su finalidad específica, estaremos posibilitando la creación de la Escuela de Medicina, que el norte justificadamente viene reclamando. Termino mis observaciones sobre el Hospital Regional de Antofagasta, citando una respuesta textual del doctor Manuel Meneses que me dio cuando me entrevisté con él, en el mes de abril, buscando antecedentes. Ante mi pregunta: ¿Se han presentado casos de rechazo de enfermos por falta de personal?, me respondió: "Nosotros no podemos darnos el lujo de hospitalizar a un enfermo para estudiarlo. Nuestra labor se concreta a los enfermos graves que necesitan hospitalización inmediata. Estamos todos los días rechazando enfermos para darle tiraje al asunto". Esta respuesta sintetiza el drama del habitante de la provincia de Antofagasta y de la región cuya salud no está preservada clínicamente. Ayer recibí la siguiente denuncia del gremio de la salud de Calama, dependiente de la Federación de Trabajadores de la Salud: "Nuestra directiva se entrevistó con el señor Director del Hospital "Carlos Cisterna" de la ciudad de Calama, con el objeto de analizar el problema que se nos crea por la falta de personal y las consecuencias lógicas que esta situación acarrea, ya que impide dar un buen servicio a la comunidad como son nuestros deseos. "La respuesta del señor Director es que en estos momentos existen vacantes de personal paramédico y de servicios; lamentablemente no se cuenta con la autorización para llenarlas. Esta anomalía hace que el personal que labora en el establecimiento, tenga que cubrir jornadas de trabajo que van de 12 hasta 24 horas para suplir la falta de personal." En resumen, funciona irregularmente el Hospital primario, por así decirlo, y el Regional, peor, como lo he demostrado en base a los antecedentes que he dado a conocer a esta Honorable Cámara. Solicito, señor Presidente, que estas observaciones sean transcritas al señor Ministro de Salud Pública y al señor Director General del Servicio Nacional de Salud para que, con prontitud, resuelvan lo que corresponda en resguardo de la salud del chileno nortino. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría. El señor PALESTRO.- En nombre del Comité Socialista. El señor ACEVEDO.- En nombre del Comité Comunista. El señor VARGAS.- En nombre del Comité Nacional. El señor SOTO.- En nombre del Comité Radical. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviará en nombre de todos los Comités que lo han solicitado. 19.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE CHUQUICAMATA A ANTOFAGASTA. OFICIOS El señor SOTO.- Señor Presidente, bien podría llamársele "Camino de la Muerte" al que une a Chuquicamata con Antofagasta por el número de víctimas que ha cobrado y que desafortunadamente seguirá cobrando. En su primer tramo de 16 kilómetros entre el mineral de cobre y Calama, capital del departamento de El Loa, el deterioro lo hace poco menos que intransitable. Vialidad periódicamente lo está parchando, con lo que apaga los reclamos para prolongar un estado de cosas insoportable. Este camino, que posteriormente empalma con la Carretera Panamericana está en malas condiciones y, en algunos tramos, su estado de conservación es pésimo. Su ancho no da cabida a dos vehículos, de manera que al cruzarse, y esto ocurre a cada instante por su intenso tránsito, ambos conductores deben situarse entre el eje central de la ruta y la berma, produciéndose una polvareda que impide la visibilidad. Cumplido el cruce, al retornar al camino, hay tramos en que entre éste y la berma hay un desnivel de hasta quince centímetros. La polvareda es agente de choques y, el desnivel, de volcamientos. Cierto es que el accidente en muchos casos es producido por exceso de velocidad o impericia del conductor. En este caso, el accidente se debe fundamentalmente al deplorable estado del camino. El día 7 de abril me entrevisté con el señor Ministro de Obras Públicas -en quien reconozco una gentileza que no he encontrado en otros Ministerios- y al referirme al mal estado de los caminos del departamento de El Loa, me dejó la impresión de que estimó exagerado mi comentario. Sin embargo, me prometió aumentar el equipo mecánico de Vialidad en la provincia de Antofagasta. Tres días después, el 11 de abril, la muerte respaldaba mis argumentos dados al Ministro de Obras Públicas en procura de fondos para mejorar los caminos de mi provincia. Como a pesar de la gravedad de lo que estoy denunciando mi argumento pudiera estimarse exagerado, empequeñeciendo mi causa, cito la información de "El Mercurio" de Calama, del 11 de abril de 1970, que dice: "Las pésimas condiciones de las carreteras nortinas y la estrechez de las mismas, provocaron ayer, a las 19.45 horas, un fatal accidente a cinco kilómetros al norte de Baquedano, al volcar el automóvil particular ABC-96, de Calama, conducido por la señora María Angélica Rodríguez Sommers de González, casada, 42 años, con domicilio en Gabriela Mistral 0275, departamento 21, y su hijo Juan Pablo, de un año. "El accidente, atribuido exclusivamente a las deficientes condiciones de los caminos, ocurrió cuando la señora Rodríguez conducía su vehículo en dirección a Antofagasta y, a cinco kilómetros al norte de Baquedano, se cruzó en la huella con un microbús que corría en sentido contrario. "La estrechez de la vía asfaltada hizo que el carro de la señora Rodríguez entrara en la berma de tierra y luego de zigzaguear volcó al costado derecho. "Detrás del vehículo en que viajaba la señora González, en la camioneta AXI-99, de Calama, viajaba su esposo, el señor Jorge González Baeza, de 49 años, quien realizó serios esfuerzos para llegar hasta el lugar, ya que la tierra que levantan los vehículos cuando se desvían a un costado para permitir el paso de otro, imposibilita toda visibilidad. "El señor González inmediatamente trasladó a su esposa y sus dos hijos al Hospital Regional de Antofagasta, donde fallecieron la señora Rodríguez y Juan Pablo de un año. Francisca, de nueve, sufrió lesiones leves. El vehículo quedó totalmente destrozado." Señor Presidente, no soy de aquellos que reaccionan sólo frente a la muerte. El progreso de mi región me es muy caro. La vida de quienes existimos en una tierra laboriosa que ha sostenido y sigue sosteniendo a la economía del país, debe importarle al Estado. No es posible que los caminos del departamento de El Loa sean de pésima calidad, por lo que este departamento es para el erario nacional. Los loínos salimos al país por vía terrestre'; el precio del pasaje aéreo se fue a las nubes con el avión. Si viajamos al sur por Antofagasta, a Tocopilla o al norte, a San Pedro de Atacama y después al norte argentino, siempre la muerte nos acecha en el camino. Señor Presidente, solicito que mis observaciones -en mi nombre y en el del Comité Radical- sean transcritas a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Obras Públicas, para que dispongan la inmediata destinación de fondos para reconstruir los caminos que he señalado, comenzando por el de Chuquicamata a Antofagasta. He dicho. El señor PALESTRO.- En nombre de la Cámara, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Parece que no hay quorum todavía. Vamos a contar. El señor GIANNINI.- No, no hay. La señora LAZO.- En nombre del Comité Socialista. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Sí, hay quorum en este instante. En consecuencia, se pueden enviar, si hay asentimiento, en nombre de la Cámara. Se enviarán, entonces, los oficios en nombre de la Cámara. Queda tiempo todavía al Comité del Partido Radical: dos minutos. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. 20.- HOMENAJE A LOS ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR) CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL CAZASUBMARINOS PAPUDO. OFICIOS El señor SEÑORET (Vicepresidente).- A continuación, tiene el uso de la palabra el Comité Socialista. El señor ESPINOZA (don Gerardo).- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor ESPINOZA (don Gerardo).- Señor Presidente, quisiera, en nombre Se los Diputados socialistas, rendir un homenaje en esta Corporación a Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, por el fausto acontecimiento que significa para Chile la construcción de su primera nave de guerra, el cazasubmarinos "Papudo". Ya se han dado aquí las características más importantes de esta unidad de nuestra Armada, por lo que quiero poner el acento en el profundo significado que tiene el hecho, tantas veces puesto en discusión, de que con el ingenio, talento y capacidad de nuestros ingenieros, técnicos y obreros se haya dado feliz término a esta construcción. Sin duda, este episodio es un desmentido más a los que, sin visión del futuro, sostienen un fatalismo histérico- geográfico que ha retrasado nuestro desarrollo en términos que aún hoy cualquier adelanto o progreso tenga que concebirse en función de la ayuda o asesoría de otros países y del capitalismo financiero internacional. Para los que, como nosotros, los socialistas, tenemos profunda confianza en la pujanza de esta raza, en su capacidad creadora y en una naturaleza como la nuestra, pródiga en recursos potenciales, el episodio que hoy se celebra es la confirmación de nuestro aserto. Chile es y ha sido siempre capaz de ir a la cabeza en el concierto latinoamericano en el logro del adelanto técnico, en el avance científico y el ingenio industrial. En materia de construcción de barcos, hay mucho camino aún que recorrer, pero estamos conscientes de que el primer paso ha sido la creación de esta empresa autónoma del Estado, cuyas finalidades, como lo señala su ley orgánica, son la reparación y la construcción de los barcos de nuestra marina de guerra y mercante. Quiero recordar aquí, tal como lo señalara el señor Contralmirante don Ismael Huerta, Director de ASMAR, que Chile es un país esencialmente pacífico, que ha mantenido una tradicional adhesión a los principios del derecho internacional en sus relaciones con los países amigos. Por tal hecho, la botadura de este barco no tiene para nosotros un significado bélico ni constituye una amenaza de agresión para nadie. Aparte de significar la entrega de una nave para velar por el resguardo de nuestra soberanía, es un hecho que esta construcción inicia, y esperamos que así sea, una nueva era en la política de ASMAR para el abordamiento de la tarea de dotar a Chile de los medios navieros que necesita para el adecuado desarrollo de su economía. Ya se ha hablado antes de la indispensable necesidad de aumentar nuestro tonelaje mercante; de que siendo Chile un país esencialmente marítimo, su comercio de exportación debe realizarse por esta vía; de que en la actualidad los escasos medios de que se dispone para el transporte, importan para Chile una sangría económica por concepto del pago de fletes en medios navieros extranjeros; de que aún hace falta diseñar una política frente al mar que signifique dotar al país de una gran marina mercante, con el apoyo logístico de puertos y astilleros en condiciones de repararla y equiparla. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que todo aquello se logrará en la medida que se inicie, a la brevedad posible, un plan de modernización y ampliación de esta empresa ASMAR, cuyo extraordinario aporte al progreso de Chile hoy festejamos. Los medios con que cuenta esta planta en la actualidad no permiten la ejecución de un plan tan ambicioso como el que hemos esbozado. Es más, en los últimos tiempos esta empresa ha debido soportar difíciles momentos financieros. Su personal, tanto de técnicos como de empleados y obreros, tiene aún remuneraciones incompatibles con el servicio que presta al país, por lo insuficientes y desmedradas que son en relación con las que tienen otras empresas. En el día de hoy precisamente, la Comisión de Defensa conoció un proyecto destinado a financiar el pago de una modesta asignación de casa, de un nuevo encasillamiento y de la imponibilidad de los trienios de su personal de obreros y empleados, que los socialistas apoyaremos por estimarlo de justicia. Por ello, señor Presidente, creemos que la construcción de esta nave, junto con constituir un avance en las metas que se ha trazado ASMAR, significan también el generoso y abnegado aporte de hombres que, no obstante su desmedrada situación socio-económica, con acendrado patriotismo y abnegación, han dado muestra de lo que es capaz nuestro pueblo por engrandecer a Chile. Que este hecho sirva de ejemplo para llamar la atención del Ejecutivo sobre la necesidad imprescindible de fijar, a la brevedad, una política de desarrollo para esta industria, en términos que ella cuente con los medios necesarios para iniciar y poner en práctica un plan de construcciones navales, particularmente de nuestra marina mercante, que permita dotar a Chile de los medios indispensables para su desarrollo económico. Pido, señor Presidente, se transcriban estas observaciones, a nombre del Comité, al señor Ministro de Defensa y a la Dirección de la Empresa. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría. El señor PALESTRO.- A nombre de la Cámara. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Hay una petición para que se envíe en nombre de la Cámara. Si hubiera asentimiento unánime, así se hará. Se enviará en nombre de la Cámara. 21.- DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE DETERMINADOS PROGRAMAS PERIODISTICOS El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. El señor SCHNAKE.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Schnake. El señor SCHNAKE.- Señor Presidente, durante toda esta semana y la anterior, la prensa de Derecha ha hecho profuso escándalo respecto de diversas declaraciones de personeros de la Unidad Popular, y particularmente de las propias expresiones del doctor Salvador Allende, su abanderado, tratando de tildarlas como atentatorias contra la libertad de prensa. Hoy día sí estamos en presencia de un verdadero atentado contra aquellos a quienes dicen defender, con cara de tartufos, los que ayer nos denostaban. En declaraciones formuladas a la prensa por don Jorge Fontaine Aldunate, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, reemplazante en el cargo del señor Jorge Alessandri, se sostiene, tal como lo hiciera esta misma Confederación a todo el comercio mayorista de Valparaíso, la necesidad de evitar el financiamiento de aquellas publicaciones, ya sean de prensa, radio o televisión, que atenten contra las bases en que se asienta la propiedad privada o la empresa. En otras palabras, señor Presidente, efectivamente aquí sí estamos en presencia de un verdadero atentado contra las bases en que debería asentarse efectivamente una auténtica libertad de prensa. Se pretende, a través del dinero, amordazar la prensa; se pretende, a través de la presión de los clanes y monopolios que siguen dominando la vida pública, evitar que se pueda siquiera discutir la posibilidad de un cambio de verdad en nuestra sociedad. Esta es la libertad de prensa que ellos defienden, porque saben que el modesto obrero no puede ir a financiar, evidentemente, las páginas de "El Mercurio", ni las páginas de cualquier periódico de gran circulación, como los que la burguesía ha logrado montar en nuestro país. Estas páginas las financian los avisadores, los clanes y monopolios, como la Manufacturera de Papeles y Cartones, como la GO- DINA, como las empresas norteamericanas del cobre, como las empresas extranjeras del hierro. Pues bien, ahora, sacándose la careta, en una circular lanzada a todas las instituciones afiliadas, plantean la necesidad de evitar el financiamiento de esas publicaciones. Ahora, ante esta demostración de quienes representan a nuestra oligarquía, de quienes representan y fundamentan la campaña y la candidatura del señor Jorge Alessandri, creemos nosotros, los socialistas, que es más oportuno que nunca para decir que bien dichas estaban las palabra de Salvador Allende cuando expresó que nuestra prensa, y particularmente aquella que representan "El Mercurio" y sus consorcios, era una prensa comprometida, una prensa de clase que era necesario nacionalizarla, en el sentido de que era necesario que representara, alguna vez, los intereses del país, y no los intereses extranjeros o los intereses de los monopolios. Con qué ironía puede el señor Fontaine ahora jactarse de cómo va a amordazar cualquier posibilidad de que un periodista libre, de que un periodista objetivo diga la verdad. Por eso es que, saliéndole al paso, no sólo nosotros, sino todas las fuerzas populares, hoy día, en una declaración que pediré sea insertada en el boletín de esta sesión, la directiva del Sindicato de Periodistas Radiales de Santiago sostiene, en sus partes más importantes, que estas amenazantes declaraciones "representan un serio intento de someter a los periodistas de radio y televisión, mediante la extorsión, y colocarlos al servicio de determinados grupos"; que "ponen de manifiesto de intención antidemocrática de no permitir al pueblo una libre información que le proporcione los elementos de juicio para formar sus propias opiniones"; "que son expresión clara y definitiva de una odiosa prepotencia de quienes formulan estas amenazas"; y "que son el intento de ocultar los vicios que tiene el sistema para favorecer, de esta manera, los intereses particulares que no son de todos los chilenos". Por eso, los periodistas radiales y -no me cabe duda- todos los periodistas libres de este país, los que quieran expresar la verdad, tendrán que hacer oír su voz ante esta amenaza, que significa una nueva Ley Mordaza, hoy impuesta por el dinero, por la amenaza y por la extorsión. El señor GIANNINI.- ¿Me concede una interrupción? El señor SCHNAKE.- Me ha pedido una interrupción el colega Giannini. Se la concedo con el mayor gusto. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Giannini. El señor GIANNINI.- Señor Presidente, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo expresado por el Diputado señor Schnake. Los Comités Democratacristianos hemos encargado, en el día de hoy, al Diputado Urra, que emita una declaración, en nombre de los Comités, cosa que se hizo en la tarde, y, al mismo tiempo, estamos redactando una indicación, que presentaremos la próxima semana y que estoy cierto, contará con la firma y el apoyo de todos los partidos de la Unidad Popular. El señor PALESTRO.- Que se trate de "chilenizar" a El Mercurio al tiro. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Ha llegado a su término el tiempo del Comité Socialista. 22.- CIERRE DEL MATADERO MUNICIPAL DE SANTIAGO Y EXPLOTACION DEL MATADERO DE LO VALLEDOR El señor SEÑORET (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse del problema que afecta a la Unión de los Gremios de la Carne en relación con el cierre del Matadero Municipal de Santiago y la venta del Matadero Lo Valledor, con invitación a los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y del Trabajo y Previsión Social. Al respecto, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción ha remitido a la Presidencia un oficio al que el señor Secretario dará lectura. El señor LEA-PLAZA (Prosecretario).- Dice el oficio: "Señor Presidente: "He recibido la invitación de esa Honorable Cámara a concurrir a la sesión especial que celebrará esta noche, para considerar el problema del cierre del Matadero Municipal de Santiago y venta del Matadero Lo Valledor. "Lamentablemente, no me será posible concurrir a esa sesión en atención a compromisos impostergables tomados con anterioridad y en los cuales mi asistencia es inexcusable. "En todo caso, si esa Honorable Cámara lo estima conveniente puedo hacerle llegar toda la información necesaria, en relación con los puntos que se debatirán, lo que le agradeceré comunicarme. "Dios guarde a US." Firma el señor Carlos Figueroa Serrano, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- En conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del Reglamento, corresponde un tiempo previo de quince minutos al Comité Radical. Ofrezco la palabra. El señor MORALES (don Carlos).- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra don Carlos Morales. El señor MORALES (don Carlos).- La Presidencia ha ordenado que se lea el oficio enviado por el señor Ministro, en el cual se excusa, por compromisos ineludibles, de concurrir a una sesión de fiscalización en que se va a tratar, por parte de la Cámara, un drama social y humano que se relaciona con los trabajadores de la carne. No viene el señor Ministro. Da una excusa. ¿Qué compromisos, señor Presidente, podrán ser más importantes que aquellos problemas que afectan a tantos trabajadores y a sus familiares? No viene. Cuando los Diputados de la Unidad Popular formulamos la proposición de invitar a esta sesión al señor Ministro, no fue con el propósito de distraerle su tiempo, sino, simplemente, para conocer de sus labios qué piensa el Gobierno con relación a la materia objeto de esta convocatoria. Nos hemos preocupado de este tema, porque el señor Alcalde de Santiago, sin pedir el acuerdo municipal, porque el problema no ha sido debatido, declaró que el 31 de mayo de este año debía cerrarse el Matadero Municipal de Santiago, y que el Matadero Lo Valledor, que ha sido construido con el esfuerzo de la ciudad, de los habitantes, con impuestos, etcétera, se le entregará a la CORFO, para que esta entidad, a través de una sociedad bruja -ya que nosotros no conocemos quiénes la van a constituir, ni de qué modo se van a completar sus capitales- llamada SOCOAGRO, lo explote. Aquí está, en términos muy genéricos y simples, expuesto todo el problema: el señor Alcalde amenaza con cerrar el Matadero Municipal el 31 de mayo, y entregar el de Lo Valledor a la Corporación de Fomento, a través de esta entidad, que sería una sociedad anónima, destinada a obtener ganancias con la explotación del matadero. Y, luego, la falta de deferencia de un señor Ministro para tratar un problema tan importante, como es éste que estamos analizando en esta sesión, frente a gente que ha venido no sólo a las tribunas y galerías de esta Corporación, sino que está también en la calle, esperando lo que resuelva la Cámara. Por eso hemos pedido esta sesión, con el fin de que cooperemos en la solución de un problema humano y social, que no tiene ribetes políticos, porque he visto a parlamentarios de todos los sectores buscando un fórmula de arreglo al conflicto. Son seis mil trabajadores, con un promedio de 30 mil personas, que están inquietos por la cesantía que pueda producirse, a causa de este problema, en sus hogares. Sabemos que muchos de estos elementos, equivocadamente, según nosotros, apoyaron una postulación presidencial en el año 1964; y que las promesas que se les hicieron han sido, en gran parte, traicionadas respecto de este gremio. Una de las últimas de tales promesas se hizo en el mes de septiembre de 1968. En esa oportunidad, el Presidente de la República, Excelentísimo señor Frei, recibió en audiencia a los dirigentes de los trabajadores de la carne, y cuando ellos le plantearon el problema al Jefe del Estado, éste les manifestó que, con el mayor agrado, les ayudaría y los "incentivó" para que, en lo posible, constituyeran una cooperativa, con el objeto de explotar el Matadero Lo Valledor; ya que, por razones de diverso orden, eso sería necesario para abrirle paso al progreso de ese sector en que actualmente está ubicado el Matadero Municipal de Santiago. Las personas que concurrieron a la audiencia, representantes de los industriales y de los obreros matarifes, oyeron esta "incentivación" de parte del Jefe del Estado. Y con mucho esfuerzo, constituyeron la "Sociedad Cooperativa Lo Valledor", según escritura de fecha 16 de marzo del año en curso, ante el Notario de Santiago, señor Eduardo González Abbott; o sea, reunieron un capital de 200 mil escudos, capital inicial, ya que el capital de la cooperativa será de un millón de escudos, sujeto a mayor incremento, para poder adquirir el matadero, explotarlo, arrendarlo o tomarlo en concesión. Después de que se hizo este esfuerzo, que se constituyó la cooperativa, que se reunió el capital, nos encontramos con la amenaza del señor Alcalde de cerrar el Matadero Municipal de Santiago y de entregar el Matadero Lo Valledor, para el que se constituyó esta cooperativa, a esta sociedad SOCOAGRO. Naturalmente, aquellos que concurrieron a la cita presidencial, forzosamente tendrán que sentirse defraudados, porque aquí ha habido falta de cumplimiento de una promesa, de la palabra empeñada. Y ya no solamente se trata de promesas hechas a obreros y trabajadores industriales, sino que fueron testigos de ellas los parlamentarios que concurrieron a esa reunión. Pues bien, señor Presidente, aquí viene lo más grave. Nosotros, los Diputados de la Unidad Popular, preparamos un proyecto de acuerdo, que contiene cuatro puntos. En síntesis, propone que se -envíe un oficio al Jefe del Estado, para que intervenga directamente en la solución de este problema e impida que se les quite a los trabajadores de la carne el Matadero Municipal, mientras no se les entregue, a título de transferencia o de concesión, el Matadero Lo Valledor. Y que se mande un proyecto de previsión social para solucionar el problema que afectará a todos los obreros que trabajan en estas actividades en Chile. Pero, en el día de hoy, justamente cuando nosotros habíamos convocado a esta sesión especial de la Cámara, llegó a la Corporación un Mensaje presidencial, a través del cual -según la Cuenta dada por la propia Cámara-, "se establecen normas que benefician a los obreros matarifes de los Mataderos Municipales del país, que hayan quedado o quedaren cesantes con motivo de la puesta en marcha del Matadero Lo Valledor". Y yo quiero leer a los señores Diputados sólo el artículo 1º, en el que está la esencia misma del proyecto enviado a la Cámara y que es la negación más absoluta de las promesa hechas a estos trabajadores y de los ofrecimientos hechos, a su vez, por parlamentarios de Gobierno. ¿Qué dice el artículo 1º? "Concédese una pensión vitalicia, de cargo fiscal, a los obreros que hayan prestado servicios como matarifes en los Mataderos Municipales del país y que hayan quedado o quedaren en el futuro cesantes, con motivo de la puesta en marcha del Matadero Lo Valledor, de Santiago, y de la red de mataderos de la Corporación de Fomento de la Producción." ¡Oiganlo, señores Diputados! La promesa presidencial de que constituyeran, una cooperativa para poderles entregar el Matadero Lo Valledor en concesión o en transferencia se ve frustrada con la presentación de este proyecto, que ha sido firmado por el señor Presidente de la República, don Eduardo Frei, y su Ministro del Trabajo, don Eduardo León. Aquí se habla, concretamente, de "la puesta en marcha del Matadero Lo Valledor y de la red de mataderos de la Corporación de Fomento de la Producción." O sea, el Jefe del Estado considera como un hecho consumado que el Matadero Lo Valledor será entregado a esta sociedad SOCO- AGRO, capitalita de carácter anónimo que busca ganancias, y no a los trabajadores de la carne; vale decir, a los industriales y obreros que, con mucho esfuerzo, constituyeron esta sociedad cooperativa para explotar lo que ellos conocen como Matadero Lo Valledor. Nosotros, señor Presidente, que concurrimos la semana pasada -para ser más preciso, el martes pasado- a una gran asamblea en su sede social, en la que había aproximadamente 2 mil personas, anhelantes de oír a los parlamentarios que siempre los hemos ayudado, ¿qué podíamos ofrecerles en esta lucha en que estaban empeñados? Lo único que, honestamente, les podíamos ofrecer, era abrirles una perspectiva hacia el futuro, hacia los trabajadores; ya que aquí, reitero, nosotros estamos en presencia de un problema que no tiene un corte político, sino de un problema de carácter social, y más que de carácter social, de carácter humano. Son 30 mil personas que pueden irse a la miseria, 6 mil hogares que pueden quedar liquidados económicamente, porque no tienen otra fuente de trabajo, ni otra profesión, y que han estado explotado por muchos años, ellos y sus ancestros. De modo que el problema es difícil. Por eso, los Diputados que concurrimos a esa reunión: la colega Carmen Lazo, el señor Palestro, el Diputado Frías, el Diputado Fernando Sanhueza y el que habla, ofrecimos ayudarlos. Y les manifestamos que los Diputados de Gobierno y de Oposición no aceptaríamos que el Ejecutivo o el Alcalde entregaran el Matadero Lo Valledor a esta sociedad o a la Corporación de Fomento de la Producción. Porque parecería, según los antecedentes que tenemos, que esta sociedad se constituiría con capitales aportados por la Corporación de Fomento, o sea, que el Estado les estaría prestando a particulares, a largo plazo y con bajísimos intereses, para explotar el negocio, a fin de que obtengan utilidades; en vez de dárselos a esta cooperativa, formada con el esfuerzo de los trabajadores y que es un bello ejemplo para todos los hombres que trabajan, con el afán de aportar su experiencia y sus modestos recursos en la formación de sociedades cooperativas, que la experiencia mundial nos indica que son una buena norma de conducta en el plano económico y social. También los propios hombres de Gobierno se han pronunciado en favor de la elevación de las condiciones del cooperativismo. Aquí se le quita a una sociedad con un millón de escudos de capital y totalmente constituida, a la que el Gobierno le ofreció ayuda, la concesión o transferencia, y se la da a esta sociedad formada con capitales del Estado. ¿Qué debemos hacer, entonces, señor Presidente? Reiterar lo que dijimos a los compañeros que nos oyeron en esa concentración. Aquí ha llegado el proyecto del Ejecutivo. Ya sabrán los trabajadores de la carne cuál será el pensamiento oficial del Gobierno. Por eso, es, seguramente, que no ha querido venir el señor Ministro. Porque, ¿cómo respondería el señor Ministro de Economía del fondo mismo de lo que aparece en el artículo 1º, frente a las expresiones solidarias de ayuda formuladas por el propio Presidente, en esa audiencia del año 1968? En consecuencia, nuestro Partido, el Partido Radical, declara solemnemente, por mi intermedio, al igual que los demás parlamentarios que solicitaron esta sesión, que este proyecto de ley que ha llegado al Parlamento lo modificaremos en forma total, para que pueda cumplirse, lo que nosotros ofrecimos. Hay mayoría parlamentaria para lograr lo que los Diputados desean, a fin de que no se materialice lo que quiere el Jefe del Estado y, quizás, más que el Jefe de Estado, los intereses particulares comprometidos en esta absurda y negra negociación. De tal manera, que reiteramos lo que sostuvimos públicamente en esa concentración: que si no llegaba el proyecto, lo presentaríamos nosotros. El proyecto ha llegado. Y sobre la base de lo que propone el Mensaje presidencial, presentaremos las indicaciones correspondientes para asegurar, en primer término, que el Matadero Lo Valledor sea entregado, en transferencia o en concesión, a la sociedad cooperativa que ha sido formada por escritura pública ante el Notario señor Eduardo González; y que mientras no se opere como el legislador lo desea, no se podrá echar a la gente, ni cerrarse el Matadero Municipal de Santiago. Este planteamiento lo formulo en nombre del Partido Radical. Y en nombre de todos los parlamentarios de la Unidad Popular, anuncio la presentación de un proyecto de acuerdo a la consideración de la Honorable Corporación, a fin de pedir, concretamente, la intervención directa del Presidente de la República, para que él, con su máxima autoridad, le dé una solución á este problema. Y esa solución no podrá ser otra que la que la gente desea, y la que los parlamentarios que hemos actuado en este conflicto deseamos: la entrega del Matadero Lo Valledor, no a la Corporación de Fomento, ni a la Sociedad SOCOAGRO, sino a la cooperativa formada por los matarifes. Y mientras no se les entregue a éstos, que no se mueva el Matadero Municipal de Santiago del local en que actualmente está funcionando, porque así lo exigen los trabajadores y las treinta mil personas que forman su grupo familiar. Nada más, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Falta solamente medio minuto para el término del tiempo del Comité Radical. Ofrezco la palabra. A continuación, ofrezco la palabra al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el señor Valenzuela. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, quisiera, en esta noche, hablar con mucha tranquilidad y con mucha claridad, básicamente, por dos motivos. Primera, por el respeto que me merece el gremio que está afectado, en este momento, por un problema. Y segunda, porque de ese gremio, durante muchos años, personalmente, he recibido toda clase de manifestaciones de respeto y de aprecio, a tal punto que he sido honrado, durante bastante tiempo, con el verdadero honor de haberlos representado como abogado en más de un conflicto, en más de una emergencia. ¿Cuáles son los antecedentes del problema? Quisiera analizarlos con mucha claridad y muy directamente. Primero, la existencia en Santiago de un matadero: el ubicado en Franklin, viejo, insalubre, sin acomodaciones para realizar las tareas correspondientes en la forma higiénica y eficiente que es menester, y que constituye, sin lugar a duda, un lunar en el avance normal del mejoramiento urbano de la capital. Segundo: la existencia de un moderno matadero frigorífico en Lo Valledor, que reúne todo los adelantos técnicos que exigen las faenas propias de un matadero. Tercero: la lógica indica que las labores que se realizan en el matadero viejo, se efectúen -una vez que existe un matadero nuevo- íntegramente en este local. En el cuarto punto empiezan a surgir los tropiezos, porque la lógica es fría e implacable y no considera la razones y motivaciones humanas que se entrelazan en toda actividad. De hecho, la fría aplicación de la lógica urbanística crea un problema social y humano de gran importancia, derivado del simple hecho de que un matadero moderno ocupa menos personas, menos trabajadores, que uno antiguo. Ahí precisamente, está el problema. ¿Qué harán los trabajadores que quedarían sin empleo? ¿Acaso es posible que, siguiendo la fría lógica urbanística, se olvide, el factor humano y social que está involucrado en este avance? Yo pienso que es obligación nuestra,... La señora LAZO.- Señor Presidente, solicito una interrupción. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- de los representantes directos... El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Perdón, señor Diputado. La señora Carmen Lazo le pide una interrupción. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Voy a terminar de hacer mi exposición y, luego, le daré la interrupción. Los Diputados, especialmente los del primer distrito, tenemos la obligación de preocuparnos seriamente de este asunto y de buscar los caminos para que aquello que signifique un avance urbanístico no traiga aparejada la injusticia social que representaría el dejar prácticamente abandonados a su suerte a muchos trabajadores que, durante muchos años, se han dedicado a este tipo de faenas y que, naturalmente, no saben hacer otra cosa; por lo menos, esto es lo que realizan bien. De ahí, pues, que, repito, tengamos la obligación de preocuparnos de este problema. El señor SABAT.- Solicito una interrupción. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Ahora, personalmente, y lo saben las diversas directivas del gremio de matarifes, he estado preocupado. . . El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Perdón, señor Diputado. Le piden una interrupción. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, no daré interrupciones hasta que no termine de hacer mi exposición. El señor OLIVARES.- Está más duro que el fierro. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- He acompañado a las directivas gremiales a buscar la solución de sus problemas y, acompañándolas, he llegado, incluso, hasta a hablar con el Presidente de la República. Entretanto, y ello motiva, y con razón, la inquietud del gremio, se difundía la noticia de que el señor Alcalde habría fijado un plazo de cierre del matadero antiguo; pero esto tampoco está enteramente solucionado; no lo está de ninguna manera, ni el problema social y humano de los que quedan al margen del trabajo, ni tampoco la situación jurídico legal, que da fundamento al trabajo de otros en Lo Valledor. De consiguiente, nos hemos movido buscando las fórmulas de solución. La primera de ellas empieza a llegar en el proyecto de ley de que se ha dado cuenta en Tasesión de hoy, y cuya fundamentación me voy a permitir leer: "La puesta en marcha del Matadero Lo Valledor, de Santiago, y de la red de mataderos construidos a través del país por la Corporación de Fomento de la Producción ocasionará la cesantía de parte de los matarifes que prestan sus servicios en los mataderos en actual funcionamiento dentro de los centros de operación de los nuevos establecimientos, debido a que la mecanización de ellos requerirá el empleo del un menor número de trabajadores. "Ha parecido justo al Ejecutivo acudir en ayuda de aquellos matarifes que pierdan sus empleos por la causa expresada y que, debido a su edad, no les será fácil cambiar la actividad que han tenido hasta ahora para dedicarse a otra. A este fin tiende el proyecto de ley que someto a la consideración de vuestras señorías. "Divide el proyecto a los matarifes que queden cesantes por la causa antes expresada en tres grupos diferentes, a los cuales concede distintos beneficios. "El primero de ellos comprende a quienes tengan 55 o más años de edad y 25 años de servicios efectivos, cinco de los cuales deberán haber sido como matarifes. A los comprendidos en él, el proyecto les concede el derecho a una pensión vitalicia, de cargo fiscal, igual a la que habrían obtenido en el Servicio de Seguro Social si se consideraren cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley Nº 10.383 para obtener la pensión máxima de vejez." La señora LAZO.- El Ejecutivo descubrió la pólvora. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- "El segundo grupo comprende a los matarifes que tengan más de 50 años y menos de 55 y reúnan los mismos requisitos de prestación de servicios antes indicados y a los cuales se les concederá una pensión igual al 50% de la fijada para los integrantes del grupo anterior. "Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellos obreros que no alcancen a cumplir las condiciones fijadas para obtener pensión y tengan más de 10 años de servicios efectivos. Estos recibirán una indemnización extraordinaria equivalente a un mes del salario base por cada año de servicios. "Las pensiones que se otorguen no podrán ser inferiores a los montos mínimos fijados "por la ley Nº 15.386 a las pensiones de los obreros; y ellas se reajustarán anualmente en el mismo porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor. "A fin de que los pensionados no pierdan el derecho a los beneficios previsionales que actualmente gozan, dispone el proyecto que se entenderán incorporados al Servicio de Seguro Social como imponentes jubilados y al cual deberán efectuar las imposiciones correspondientes para financiar las prestaciones a que tendrán derecho. "En caso de fallecimiento del pensionado, su viuda y demás supervivientes tendrán derecho a las mismas pensiones de supervivencia establecidas por la ley Nº 10.383, siendo ellas de cargo fiscal. "De acuerdo con los estudios practicados, 180 trabajadores quedarían comprendidos en el primero de los grupos antes señalados; 135 en el segundo de ellos y 950 en el tercero, en el supuesto que no ocurrirá de que la totalidad de ellos perdiera sus empleos. "El costo total estimado de las pensiones para el año 1970 ascenderán a 3.590.000 escudos, en tal evento, sin considerar el pago de la indemnización extraordinaria. "Para financiar los beneficios concedidos por el proyecto, se establece el pago de una prestación por cada animal encerrado en los mataderos, que será de cargo del dueño del ganado y que varía según se trate de vacunos, porcinos u ovinos. Se estima que esta prestación influirá en el precio de la carne en una suma no superior a Eº 0.10 por kilo. Los estudios de rendimiento de esta prestación permiten asegurar que será suficiente para financiar los beneficios que otorga el proyecto. "Por estas consideraciones, vengo en someter" al conocimiento de la Cámara, el proyecto que, en resumen, recoge estas ideas. Ahora bien, este proyecto, evidentemente, es el comienzo de una solución y él podrá ser mejorado, enriquecido, con la opinión y las ideas de los propios trabajadores del gremio, a quienes la Comisión correspondiente tendrá que invitar para escuchar sus puntos de vista. Repito que esta iniciativa es el comienzo de una solución; nadie podrá negar que es así. Sin embargo, está todavía pendiente el otro punto que se había planteado: el cierre del Matadero Municipal. En este sentido, los Diputados de la Democracia Cristiana también hemos estado habitualmente preocupados de los problemas del gremio. Nos hemos movido para buscar una solución. Hemos" conversado con el señor Alcalde; y, para conocimiento de la Cámara, voy a dar lectura a una carta que el señor Al calde ha enviado a don Luis Pareto, Jefe de] Comité Parlamentario Demócrata Cristiano, la que dice así: "Señor Diputado: Deseo informar a la Honorable Cámara, por su elevado intermedio, sobre el cierre del Matadero Municipal de Santiago, fijado inicialmente para el 30 de junio próximo. "He creído conveniente dirigir a usted esta carta a fin de aclarar las dudas suscitadas con motivo de esta resolución municipal. "En síntesis, las razones que motivan el cierre de este establecimiento obedecen a la puesta en marcha de la red nacional de mataderos y a la consiguiente disminución del número de animales que se benefician en Santiago. "Desde 1966 la Alcaldía de Santiago ha estado preocupada de las consecuencias socio-económicas que traería consigo el cierre del matadero, en especial, de la situación previsional del gremio de matarifes. "En efecto, desde aquella fecha se esmeró en promover todo tipo de reuniones con la propia Directiva del gremio y con los Ejecutivos del Servicio de Seguro Social, y luego, con los señores Ministros de Economía y Trabajo y Previsión Social. La fórmula legal que se preparó para abordar la situación previsional de los matarifes sufrió demoras en atención a que se estimó conveniente dar una solución aplicable a todo el gremio en general y no sólo al personal de Matarifes de Santiago. "El Supremo Gobierno ha puesto término a estos estudios y ha enviado el proyecto respectivo a la consideración del Honorable Congreso. "Bajo estos antecedentes, debo dejar claramente establecido lo siguiente: "1.- Jamás esta Alcaldía dio a la fecha 30 de junio del presente año, fijada para el cierre del Matadero, el carácter de fatal; y "2.- Siempre subordinó la cesación de actividades de este establecimiento al despacho de la Ley de Previsión de Matarifes por parte del Honorable Congreso y a su posterior promulgación y publicación en el Diario Oficial, en la seguridad de que el interés demostrado por los señores Diputados y Senadores, hace suponer una tramitación rápida del proyecto de ley. "Formulada esta aclaración resulta inconsecuente toda alarma producida en torno a este problema. "Ruego al señor Diputado se sirva dar a conocer el texto de esta carta a la Honorable Corporación de la cual forma parte. "Saluda atentamente al señor Diputado: Manuel Fernández Díaz, Alcalde de Santiago." Señor Presidente, estamos empezando, pues, a vislumbrar la solución del problema de fondo, que inquieta, y con razón, al gremio: primero, ha llegado ya a la Cámara de Diputados el proyecto que establece un sistema previsional especial para los matarifes, iniciativa de ley que, repito, y estoy seguro de que será así, enriqueceremos y perfeccionaremos con el aporte de las ideas y de los estudios que los propios dirigentes del gremio entreguen a los parlamentarios. Segundo, está la carta del señor Alcalde, en la que se compromete a que el plazo fijado inicialmente no tiene vigencia, sino que está subordinado al despacho, por el Congreso, del proyecto a que he hecho referencia y a su promulgación y publicación en el "Diario Oficial". Hay, además, otro problema que afrontar: es el del Matadero Lo Valledor y su destino. En esta materia, quiero ser muy enfático y muy claro. Personalmente he sostenido no sólo ante los dirigentes del gremio, sino ante todas las autoridades con quienes he tenido que conversar sobre la materia, que ésta es una gran oportunidad para entregar a los trabajadores organizados un bien de tanta importancia para la comunidad como es el Matadero Lo Valledor. Al gremio le consta hasta tal punto esta posición que, personalmente, tengo la paternidad de la idea de la formación de una cooperativa. Efectivamente fui yo quien los induje a la formación de la cooperativa y a ellos les consta. Ahora bien, en relación con lo que acaba de plantear mi colega don Carlos Morales, hombre que también ha estado preocupado siempre del gremio -nos hemos encontrado siempre en esta barrera- quiero aclarar una cosa. En la entrevista con el Presidente de la República a que me refería se planteó el destino del matadero Lo Valledor. El Presidente de la República planteó la duda de cómo hacer la transferencia cuando no había una organización apropiada para ello. Fui yo, entonces quien, tomando la palabra, le expresé que ya había conversado largamente con las directivas del gremio y que estaban decididos a constituir una cooperativa y que una vez que ella estuviera constituida tendría la personería suficiente para afrontar una empresa de esta naturaleza. Lo que planteó el Presidente de la República fue muy claro. Dijo: "Primero hagan la cooperativa. Una vez que la cooperativa esté legalmente funcionando, podremos replantear el asunto. Miro con mucha simpatía esta iniciativa". Esto es exactamente lo que dijo el Presidente de la República en presencia de otros parlamentarios y de toda la directiva del gremio. Ahora bien, ¿cuál es en esta materia la posición no solo mío si no de todos los Diputados de la Democracia Cristiana? Creemos, y lucharemos por ello, que este matadero Lo Valledor, así como puede ser entregado a otras sociedades también puede ser entregado a una sociedad cooperativa. Yo diría que si en una balanza ponemos a las sociedades comerciales, que pueden explotarlo muy bien, y a la sociedad cooperativa, compuesta por gente que conoce su oficio, creo que no cabe duda, al menos a nosotros, los Diputados de la Democracia Cristiana, que debe ser preferida esta sociedad cooperativa, mas todavía, cuando en las presentaciones que ellos han hecho no piden ni solicitan ningún beneficio especial sino que han dicho -sé que tienen la responsabilidad suficiente para cumplir, porque son muchos los años que los conozco-: "En igualdad de condiciones con otros, pedimos que se nos prefiera". No están pidiendo ventajas especiales, y eso nos tiene que hacer mucha fuerza. Se trata del esfuerzo organizado que ellos quieren hacer y que sé que son capaces de hacer. Y, desde el punto de vista de la comunidad, yo creo que a la comunidad le conviene más que sean los dueños de este matadero de Lo Valledor los propios, trabajadores que faenan en él. Por eso, frente a las posibilidades comerciales que pueda plantear esta negociación, nosotros estamos, decidida y claramente, porque se le dé preferencia a la sociedad cooperativa que han constituido los trabajadores de este gremio. Está ha sido la línea que hemos mantenido invariablemente, y no habría sido yo quien los hubiera inducido a la formación de una cooperativa si en este momento no declarara con la sinceridad de mi espíritu que el objetivo al proponerles esa idea era capacitarlos jurídicamente para que ellos se hicieran cargo del matadero Lo Valledor. Entiendo que hay problemas. Alguien me ha dicho que en el matadero Lo Valledor hay comprometidos alrededor de 400 millones de escudos, que pertenecen a la comunidad municipal y que la ciudad necesita para adelantos urbanísticos. Un señor DIPUTADO.- Cuarenta. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Cuarenta millones de escudos. Bueno. Repito: eso es muy respetable; es cierto. ¡Pero si los trabajadores no están pidiendo una limosna ni que se les regale el matadero! Están pidiendo que se les entregue el matadero Lo Valledor, dando un aporte inicial y luego con el fruto de su trabajo y según el plan que yo he estudiado -me lo han presentado, tengo los antecedentes- es un plan serio, ellos irán pagando lo que corresponda pagar. Ni más ni menos. Estas son las consideraciones, señor Presidente, que nos mueven a respaldar decididamente, esta aspiración de los trabajadores del gremio de la carne, de los matarifes, y a declarar que los parlamentarios de la Democracia Cristiana seguiremos trabajando incansablemente, golpeando todas las puertas que sean necesarias para dar satisfacción a algo que no sólo consideramos un beneficio, sino un camino para cambiar las estructura económicas y sociales del país. Aquí tenemos una gran oportunidad para dar un paso más, y lucharemos para que esa oportunidad no se pierda, sobre todo quedando en manos de un gremio respetable, que durante muchos años ha demostrado responsabilidad, que está bien organizado y que va a saber responder. Yo estoy seguro de ello. Los conozco durante muchos años. He convivido con ellos. Estoy seguro de que sabrán responder seriamente a los compromisos que se contraigan en el evento -espero que así sea y que se convierta en realidad- de que a ellos se les entregue el matadero Lo Valledor. En resumen. Primero: nuestra comprensión al problema, comprensión amplia, ancha, fraterna, y nuestra disposición de encontrar las soluciones justas para estos problemas. Segundo: en la vía del encuentro de estas soluciones, está ya en poder nuestro, de la Cámara, el proyecto respectivo, que empegaremos a trabajar y que esperamos mejorar y enriquecer. Tercero: el compromiso del señor Alcalde de Santiago, contenido en la carta a que he dado lectura, de que el fantasma del cierre del matadero de Franklin se desvanece y que no se volverá a hablar de él hasta el momento en que estén solucionados los problemas que ellos tienen. Quiero sí advertir que en conversación con el propio gremio -y esto vaya en mérito de su respetabilidad y seriedad- se han manifestado absolutamente abiertos a la comprensión de que el matadero viejo no puede seguir. Ellos entienden que no puede continuarse faenando, trabajando en las condiciones absolutamente antihigiénicas en que se trabaja. Ellos no se oponen a que se cierre el matadero y se demuela. ¿Por qué? Porque son gente responsable. ¿Cómo se van a oponer a una cosa que es evidente? Naturalmente que el comprender esta necesidad de la ciudad de Santiago no significa que ellos acepten quedar "botados". Por eso que, solucionados sus problemas, ellos no ponen ningún inconveniente en que se demuela y se traslade la actividad a otro lugar. Y, finalmente, dentro de esta vía de solución, reitero nuestra absoluta simpatía por la idea -no será sólo una simpatía de palabra como ha sido hasta ahora- nuestra absoluta simpatía a la idea de que el Matadero Modelo Lo Valledor sea entregado a la cooperativa que han formado los trabajadores del gremio, prefiriéndolos, aun en los mismos términos que ellos dicen, en igualdad de condiciones económicas, a otro tipo de sociedades comerciales. Esta es, señor Presidente, la palabra de los Diputados democratacristianos, franca y clara. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Pido la palabra. El señor SABAT.- Solicito una interrupción, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente),- Tiene la palabra el señor Sepúlveda, don Eduardo. El señor' SABAT.- Solicito una interrupción. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Dentro del tiempo del Comité Socialista, con mucho gusto. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- ¿Puedo concederle un minuto con cargo al tiempo de Su Señoría, señor Presidente? ¿Es posible? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Sabat. El señor SABAT.- Señor Presidente, creo que estamos dando soluciones demasiado fáciles como son las previsionales, a las cuales el Presidente de la República se opone, porque dice que Chile se va a llenar de jubilados y que, al final, todos vamos a ser jubilados. Entonces, nos ha faltado imaginación para solucionar el problema de fondo, que es: crear más trabajo, industrializando, envasando y almacenando las carnes, etcétera. Además, yo pregunto: ¿está el abastecimiento de carnes totalmente copado como para no ocupar a esos 6 mil trabajadores? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el Gobierno trae carne faenada desde Argentina, del sur del país, etcétera. De modo que el problema no se resuelve, porque lo lógico es crear más trabajo y no recurrir a soluciones previsionales. Y el mismo Presidente de la República ha dicho que a los chilenos les falta imaginación. Estamos llenos de jubilados y, al final, todos vamos a ser jubilados. Nada más. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Puede continuar en el uso de la palabra el señor Sepúlveda, don Eduardo. El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Economía, recibí el encargo del señor Ministro de Economía de presentar sus excusas, porque la citación la recibió muy a última hora y tenía otro compromiso que no pudo eludir para llegar a la hora. En segundo lugar, aunque si bien es cierto esta sesión está destinada a debatir el problema que afecta a la Unión de los gremios de la carne en relación con el cierre del Matadero Municipal de Santiago y la venta del Matadero Lo Valledor, como Diputada por Valparaíso quiero dejar constancia de que los parlamentarios de esa provincia, en el articulado propuesto por el Ejecutivo a este Congreso, consideraremos, con oportunidad y debidamente, las necesidades y pretensiones de los gremios de Valparaíso, que también están en una situación similar, puesto que el Matadero Municipal tiene muchos problemas en estos momentos, los cuales hemos estado considerando con las autoridades nacionales y regionales. Creemos que en la legislación que se propone tendremos la oportunidad, con la participación de las directivas de los mismos gremios, de recoger sus inquietudes y de traducirlas en un texto legal que permita llevarles la tranquilidad necesaria para seguir desempeñándose en sus funciones o para acogerse a la solución previsional que corresponda. Nosotros los parlamentarios por Valparaíso, sin distinción alguna de partidos políticos, hemos estado reunidos y hemos tomado contacto con las directivas gremiales para buscar esta solución que en su oportunidad y en la Comisión respectiva haremos valer. Con relación al problema materia de esta sesión no me corresponde a mí referirme a él, y ya lo ha hecho el Diputado Valenzuela, quien ha hecho presente la posición de los parlamentarios democratacristianos en cuanto a encontrar la mejor solución para los gremios, de común acuerdo con los demás partidos políticos. Eso es todo, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El turno siguiente le corresponde al Comité Nacional. El señor AMUNATEGUI.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Amunátegui. El señor AMUNATEGUI.- Señor Presidente, como Diputado por el primer distrito de Santiago, me han llegado numerosos antecedentes relacionados con este problema que afecta tal vez, -yo no sí si mi colega Carlos Morales se equivocó,- a 10 mil jefes de hogar, lo que implica una masa de personas cercana a las 50 mil afectadas por este cierre de los mataderos. Un señor DIPUTADO.- ¡Cuarenta mil! El señor AMUNATEGUI- Naturalmente que es un problema social de honda repercusión, en un momento en que la carencia de trabajo, las posibilidades de trabajo, son gravísimas para una masa enorme de la población de Chile. Yo me alegro de que en el debate, según parece, se va abriendo camino a la razón que asiste a todos estos gremios, sindicatos y personales vinculados al problema de la carne y de los mataderos. Yo me alegro de las expresiones que acabamos de oír al propio colega señor Héctor Valenzuela un poco en contradicción con el apuro con que se ha procedido y la zozobra que se está haciendo pasar a tanta gente -que no la considero razonable ni justa,- y en contradicción también con el propio proyecto presentado por el Ejecutivo, porque toda esta gente es de trabajo que ha endurecido sus vidas en una labor difícil, complicada y bastante sacrificada. Esta gente quiere continuar trabajando, no pretende que se le otorgue jubilación ni montepíos, ni se le hagan regalos de ninguna especie. Quieren que el esfuerzo que hicieron los contribuyentes, al aportar lo necesario para que se construyera el Matadero Lo Valledor, que costó 40 mil millones de pesos, aportados, como digo, por todos los contribuyentes y que es el más moderno establecimiento del continente americano- ha sido incluso llamado por algún técnico en la materia, una verdadera clínica- sea utilizado en beneficio de la comunidad. Yo me alegro de que se haya llevado a cabo esta obra tan importante, porque la verdad es que las condiciones en que se trabajaba en el viejo matadero eran insalubres e indecorosas para la gente que allí laboraba. La solución que reclaman los gremios y sindicatos no es de que se le otorguen ni dádivas, ni pensiones, como acabo de expresarlo. Indudablemente que su sistema previsional tendrá que ser estudiado más adelante, pero lo que en este momento quieren y están en condiciones de comenzar a abordar es lo relacionado con la toma de posesión y adquisición del Matadero Lo Valledor. Tienen una cooperativa perfectamente estudiada y cálculos perfectamente financiados sobre la manera de pagar y hacerse dueños, como cooperativa, de esta entidad. Esto indudablemente que es para mí una satisfacción y un orgullo de ver que hay un grupo de gente de trabajo que no está pidiendo granjerías, sino ofreciendo su esfuerzo, sacrificios y su propio aporte en beneficio de la colectividad, porque la cooperativa no tiene fines de lucro como esta otra sociedad a la cual se ha pretendido o se pretende aún entregar el Matadero Lo Valledor, o venderlo a la Corporación de Fomento de la Producción, para entregarlo a la Sociedad de Construcciones y Operaciones Agropecuarias Sociedad Anónima, filial de ella. Como ya ha dicho alguien aquí, en este último caso se trata de una sociedad que no se sabe bien quiénes pertenecen a ella; quiénes son los accionistas y quiénes son los interesados. Además, es una sociedad comercial; cosa distinta del caso de la adquisición de lo que sería por parte de la cooperativa, que no es una sociedad comercial, sino que es una entidad sin fines de lucro. Por otro lado, se pretende, además, entregar a esta filia] de la CORFO el Matadero Lo Valledor, no con el objeto de que sea un matadero propiamente tal para abastecer de carne fresca a una ciudad o a un conglomerado como es el de Santiago, de alrededor de dos o tres millones de personas que, naturalmente, necesitan este elemento vital; necesitan de carne fresca. Se vendería en el caso hipotético, o como se ha planteado, a la CORFO o a esta filial de ella, para que el matadero fuera un terminal de carne frigorizada, o sea, un simple frigorífico. Yo creo, señor Presidente, que es un dispárate que se haya invertido una cantidad de 40 mil millones de pesos para hacer un matadero modelo en todo el continente americano, para transformarlo en un simple terminal frigorífico para traer carne frigorizada, cuando hay la posibilidad de faenar el ganado vivo. La señora LAZO.- Es que había que hacer el negocio de los pollos del compadre, señor Diputado. -Risas. El señor AMUNATEGUI.- Entonces, señor Presidente, con lo que ya se ha dicho aquí y lo expresado por el propio colega señor Valenzuela, el proyecto del Ejecutivo va a ser corregido con las ideas de los sindicatos y de los gremios interesados, y las que aporten los parlamentarios para convertir este negocio en una conquista para esta gente que está esperando adquirir el Matadero Lo Valledor para demostrar que son capaces, con la experiencia que ellos tienen, de hacer un trabajo útil para ellos, útil para la colectividad, útil para los consumidores, incluso para Tos propios proveedores, llámense agricultores o los encargados de entregar estos elementos para ser faenados en este matadero. El Partido Nacional está muy de acuerdo con la posición que tienen todos estos gremios que han formado esta cooperativa, y quiere colaborar en la forma más sincera y eficiente a que ellos satisfagan su aspiración muy justa. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley que firman los señores Phillips, Frías, Monckeberg, Amello, Amunátegui y, perdón, estoy leyendo al final, en circunstancias de que debió haber sido la primera, la señora Silvia Alessandri. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor AMUNATEGUI.- Señor Presidente, yo creo que el ambiente que reina en la Sala, a pesar del susto que se ha hecho pasar a los gremios y sindicatos, parece que fuera favorable a ellos. Yo me alegro y tengo la más profunda satisfacción de que así será. Y lo digo en nombre de todos mis colegas, nacionales, porque estamos dispuestos a presentar todas las indicaciones necesarias para que se lleve a buen fin este problema, tal como los gremios desean. Me solicita una interrupción el señor Amello. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arnello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, con lo que ya hemos escuchado esta tarde, podemos estar más que satisfechos, porque hay un camino bastante claro para ir a la solución del problema que afecta a estos gremios, cuyos problemas nos ha reunido esta tarde. Quiero sí precisar un hecho frente a lo planteado por el Diputado señor Héctor Valenzuela Valderrama de la Democracia Cristiana, y es que la buena fe, que no me cabe la menor duda tienen sus palabras, se va a poder medir en el Gobierno de la Democracia Cristiana en la misma medida en que este proyecto no sea retirado de la convocatoria, que no sean retiradas las urgencias que se le den después para su tramitación cualesquiera que sean las indicaciones y el sentido que le estamos dando por mayoría aquí en la Cámara de Diputados, porque, precisamente, el transformar este proyecto que da ciertos beneficios a los que queden cesantes, en un proyecto que le otorgue a estos gremios la posibilidad de adquirir el Matadero Lo Valledor y garantizar así su propio trabajo y el de quienes les sucedan en ese trabajo, es lo que va a determinar claramente la buena fe con que nos ha planteado el colega Valenzuela Valderrama su posición y la de los Diputados de su Partido, frente a este problema. Nada más. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Continúa con la palabra el Comité Nacional. El señor AMUNATEGUI.- Señor Presidente, hay un dato que me preocupa, así que insisto en que la solución es la entrega a los gremios de trabajadores o a su cooperativa del Matadero Lo Valledor. Porque hay un dato que me preocupa y es que a esta filial de la CORFO a la cual se le quería entregar este terminal, no pesquero, sino que frigorífico, para financiar gran parte de su precio, propone un impuesto a la carne que pagarían los consumidores y además habría que prestarle o regalarle a esa sociedad anónima 16 millones de escudos que ocuparía en reparaciones que dice faltarían para ponerlo en marcha. En cambio, la cooperativa de los gremios y sindicatos no exige nada, aportan ellos y solamente piden un plazo prudencial para que se les permita cubrir el valor de la negociación. Yo creo que no vale la pena abundar en mayores palabras, porque ya se han dicho algunas bastante concretas y que nos satisfacen, nos tranquilizan por el momento y estaremos alertas para que todas estas buenas intenciones se lleven como corresponde. Nada más, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Comité Nacional. El señor AMUNATEGUI.- Le he concedido una interrupción a la señora Carmen Lazo. La señora LAZO.- ¿Cuánto tiempo le queda al Comité Nacional? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Cinco minutos. La señora LAZO.- ¿Sería posible agregarlos a mis humildes nueve minutos para hacer una intervención ordenada? Se lo agradecería mucho al Comité Nacional. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Se requiere el acuerdo de la Sala. Si no hay inconveniente, se accederá a lo solicitado por la señora Lazo. Acordado. La señora LAZO.- Muchas gracias. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista. El señor FIGUEROA.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor FIGUEROA.- Señor Presidente, el Matadero Lo Valledor fue inaugurado por Su Excelencia el Presidente de la República en noviembre de 1966. La construcción de este matadero demoró 20 años; en él se ha invertido una cifra superior a los 40 millones de escudos. Sin embargo, la Municipalidad de Santiago clausuró el matadero en el mes de mayo del año pasado. Todas las instalaciones que allí hay están en proceso de deterioro. No hay un equipo de mantención de maquinaria y, naturalmente, con el invierno, con las heladas y los fríos ese equipo ha estado en franco proceso de descapitalización. Se dijo, cuando se inauguró con fanfarria, que él vendría a reemplazar a los mataderos municipales de Santiago, Blanqueado, Conchalí, San Bernardo, Puente Alto, La Florida, La Cisterna, La Granja, para convertirse en el matadero del Gran Santiago, faenando los animales con medios modernos. En la misma oportunidad, el señor Frei prometió a los trabajadores de los mataderos que enviaría rápidamente un proyecto de ley estableciendo una jubilación especial para estos personales que trabajaban en los mataderos de Santiago y de las comunas intervecinales. ¿Qué ocurrió, señor Presidente? Este matadero, construido con el aporte de la comunidad, a través de la Municipalidad de Santiago, fue entregado por ésta al concesionario señor Luis Ricci Gazzotti, accionista de la Fundición Maipú, que puede entender en manejos de una empresa metalúrgica; pero en matanza de animales sabe tanto como yo sé de chino. El señor Ricci contrató 19 obreros especializados en matanza. Se hizo un plan a base de hacer una matanza de 60 animales diarios durante cinco días de la semana. Sin embargo, el señor Ricci, para cumplir quizás qué objetivos de su empresa, trasladó a 43 obreros y a 5 altos ejecutivos de la Maestranza Maipú y, con ellos, montó el aparato administrativo del Matadero. La operación que hizo el señor Ricci fue como poner elefantes a jugar tenis. Naturalmente, a los dos años el Matadero cayó en quiebra. Debemos decir aquí que ni la Municipalidad ni los organismos encargados de la inspección del Servicio de Seguro Social y de los Servicios del Trabajo pusieron las cosas en su sitio. El señor Ricci abandonó el Matadero Lo Valledor dejando a los 19 obreros sin imposiciones en sus libretas del Seguro. No contrató pólizas de seguro contra accidentes. Y ocurrió que un compañero dirigente matarife que se accidentó, tuvo que ir a un hospital en calidad poco menos que de mendigo, porque el señor Ricci no tenía contratadas pólizas contra accidentes. Ahora bien, el Matadero está sin funcionar. Cuando el señor Ricci hizo abandono del Matadero, los 19 obreros se "tomaron" el establecimiento demandando el pago de sus remuneraciones y la puesta al día de sus libretas, con el pago de las imposiciones. No obstante, desde mayo del año pasado hasta ahora, los 19 obreros continúan en huelga, sin que ningún organismo de Gobierno haya adoptado algún tipo de medidas para resolver este problema. La Municipalidad de Santiago ha dicho, a través del señor Alcalde, que cierra el Matadero Municipal de esta ciudad el 30 de mayo. Aquí el señor Valenzuela Valderrama ha leído una carta del señor Alcalde, en que se expresa que el Matadero no será cerrado todavía hasta que el problema se resuelva. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? La CORFO elaboró un plan de desarrollo ganadero. Creó, primero, un Comité de Matadero y de Desarrollo Agrícola. Posteriormente este Comité se transformó en una sociedad anónima, en la que la CORFO aporta capitales, pero en que hay también capitales privados. El Presidente de la SOCOAGRO es el señor Carlos Figueroa, Subsecretario de Agricultura hasta hace algunos meses y hoy, Ministro. de Economía, Fomento y Reconstrucción. ¿Quiénes forman parte del Directorio de la SOCOAGRO? Altos hombres del régimen. Y éste es el fondo de la cuestión. Efectivamente, el país necesita de un plan racional de desarrollo ganadero; necesita modernizar sus mataderos; necesita establecer una red de mataderos modernos. Los comunistas estamos perfectamente de acuerdo con el adelanto, el avance, la racionalización de nuestra economía. Pero, detrás de esto, hay un gran negocio: la creación de esta sociedad ha permitido la incorporación de capitales fiscales, de la CORFO, para la constitución de esta sociedad; y ocurre que fueron estimulados por los propios hombres de Gobierno, cuando se inauguró el Matadero Lo Valledor; de manera que los matarifes, los pequeños industriales del matadero y todo el personal, pudieran darse a la tarea de constituir una cooperativa para trabajar, como cooperativa, el Matadero Lo Valledor. Por el camino, se impusieron los intereses privados, y esta tendencia que hubo en un momento por parte del partido de gobierno, de trabajar el matadero, a través de un sistema cooperativo de los propios personales, fue reemplazado por el interés privado, y ha primado más el interés de los capitalistas que han aportado fondos a la creación de SOCOAGRO, y naturalmente que ahora los trabajadores del Matadero de Santiago han sido desplazados e impedidos de poder laborar en el Matadero Lo Valledor. ¿Qué significa esto? Significa que 6.000 personas quedan abandonadas a su suerte; 30.000 personas, como ha dicho el Diputado Carlos Morales, porque ocurre que, si a la medida de cierre del Matadero Municipal de Santiago se agrega lo que naturalmente va a venir a continuación: el cierre de los mataderos de las comunas circunvecinas, entonces el número de personas afectadas sube de 10 mil trabajadores, pequeños comerciantes y pequeños industriales que, con sus familias: aumentan este número a 50.000 personas. Los Diputados comunistas queremos expresar aquí nuestra preocupación por este hecho. Esto, para nosotros, no constituye un hecho aislado. La Oficina Alemania ha informado a su sindicato de obreros y empleados que pone término a sus actividades el 30 de junio. Cierran sus faenas. Tres minerales de la provincia de Arauco cerrarán sus faenas el 30 de junio. Está cerrada, por incendio, la fábrica Carozzi. Se incendió la sección vieja de esta industria; no se incendió ni se afectó la sección nueva, el molido. En el molido trabajan 35 obreros y éstos están en la calle, al igual que los obreros que trabajaban en la sección vieja, que está quemada. Están en la calle los obreros de Mecánica Industrial hace 102 días, porque la empresa, como única solución al pliego, como única respuesta ha planteado el cierre de ella. Podríamos seguir aquí enumerando otras industrias, del cuero y calzado, de la metalurgia, de la rama textil o de otras actividades que están amenazadas de cierre. ¿Qué hay aquí? Realmente, una gran insensibilidad del Gobierno frente a los cierres de faenas, ante la cesantía que enfrentan millares de trabajadores. ¿Y qué ha propuesto el Gobierno? Ha enviado un proyecto de ley de previsión. En los minutos que me quedan, quiero examinar el proyecto. Aquí el señor Héctor Valenzuela Valderrama ha dicho que él es partidario de que los trabajadores laboren como cooperativa el Matadero Lo Valledor y ha manifestado que el Presidente de la República no es muy contrario, no es muy favorable; y que "tendría simpatías" para esta iniciativa. Pero con simpatías los trabajadores no pueden vivir, lo que se necesita es que el Gobierno se decida a hacer traspaso del Matadero Lo Valledor a la cooperativa constituida por los personales del Matadero Municipal de Santiago. ¿O le van a explicar a sus familias que el Presidente tiene simpatías por el asunto? Si simpatías no se pueden echar a la olla. Lo que se necesita es la adopción de medidas concretas. El señor Presidente y el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social han mandado al Parlamento un proyecto, después de dos años, o de tres, virtualmente. Según la Oficina de Partes, llegó hoy día. Desgraciadamente, la Oficina de Partes no tiene horario, porque es posible que este proyecto haya sido entregado horas antes del inicio de la sesión. Por eso, los parlamentarios populares hemos querido expresar nuestra protesta. Es decir, después de tres años de tramitación, sólo hoy se envía un proyecto. Es importante que haya llegado; pero también es importante decir qué contiene este proyecto. Se establece una pensión con cargo fiscal a las personas que tengan más de 55 años y más de 25 años de servicios efectivos, además de 5 años como matarife. En seguida, se expresa que los que tengan menos de 55 años y más de 50 de edad, tendrán una pensión equivalente al 50% de la que se otorgue al resto del personal. A continuación, se establece que la pensión será calculada de acuerdo a las normas del Servicio de Seguro Social. Señor Presidente, en el proyecto no se dice una línea respecto de las remuneraciones ganadas por estos personales para ser acreedores a recibir esta pensión. Si no tienen imposiciones; la norma del Servicio de Seguro Social es aplicar la pensión mínima; y la pensión mínima es equivalente al 85% del salario mínimo legal. El salario mínimo legal obrero, en el año 1970, es de 360 escudos, lo que significa que de acuerdo con este proyecto de ley, recibirán una pensión mensual de 306 escudos. ¡Ese es el problema! En seguida, se establece una indemnización para los personales que no queden afectos a esta disposición que fija una pensión; es una indemnización por años de servicio. Pero ¿cómo se plantea esta indemnización? Hay que tener 25 años efectivos de trabajo y, además, se calculará de acuerdo al promedio de los últimos cinco años. Esto quiere decir que las personas que se acojan a esta indemnización no recibirán un mes de sueldo por cada año, de acuerdo con el último salario, sino al promedio de los últimos 5 años. Si tenemos en cuenta que la devaluación monetaria, en el proceso inflacionista, lleva un orden más o menos regular entre un 25 y un 30% anual, quiere decir que los compañeros recibirán una indemnización equivalente a menos del 40% de los salarios que perciben. ¡Esta es la verdad! ¡Esto, el señor Valenzuela no lo ha dicho aquí! ¡El ha pintado sólo la parte bonita de la película! El está preocupado! ¡Es que la preocupación no se resuelve sobre esta base! Obreros matarifes que han trabajado más de 15, 20 ó 30 años se van a la calle con una indemnización correspondiente al promedio de 5 años, es decir, con el 40% del salario que hoy ganan. ¡O si reciben una pensión, si tienen más de 55 años, van a recibir una pensión equivalente a 306 escudos o a 151 escudos...! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Perdón, señor Diputado. Ha llegado a su término el tiempo del Comité Comunista. El señor FIGUEROA.- Por eso, aprobáremos un proyecto que hemos preparado con los Diputados radicales y socialistas. . El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Radical. El señor MORALES (don Carlos).- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MORALES (don Carlos).- Señor Presidente, voy a puntualizar, en algunos breves conceptos, varios hechos que se desprenden de las diversas intervenciones de algunos señores Diputados. Pero, antes, quiero hacer resaltar que, gran parte de los conceptos positivos que hemos oído, se deben en forma fundamental a la unidad y a la combatividad del gremio, que ha citado a reuniones con los parlamentarios para resolver sus problemas; y, fruto de esas reuniones fue la conformidad de los parlamentarios populares para celebrar esta sesión especial, cuyo sólo anuncio significó que el Gobierno se apresurara a entregar el mensaje que conoció hoy la Honorable Cámara. Quizás, de no haber mediado la citación a esta sesión, no habría llegado este proyecto. En seguida, quiero dejar establecido, para la tranquilidad del gremio, que en gran parte está oyendo estas intervenciones y, además de que muchos compañeros que están afuera esperando la decisión de la Corporación, que el señor Alcalde ha enviado un documento que quedará inserto en nuestras actas de sesiones, según el cual, mientras no se resuelva el problema por la vía legislativa, no tendrán que irse los trabajadores de la carne del Matadero Municipal de Santiago. O sea, la fatídica amenaza que se cernía sobre ellos, de que el 31 de mayo debían abandonar el Matadero Municipal de Santiago, desaparece con este documento, que adquiere especial relevancia, porque ha sido leído en sesión especial de la Cámara. Luego, señor Presidente, quiero dejar constancia de las palabras dichas por el colega señor Valenzuela Valderrama, Diputado de Gobierno. El expresó aquí categóricamente, que en esa audiencia a que hice mención, en el mes de septiembre del año 1968, se planteó la posibilidad de transferir a la sociedad cooperativa, si es que se formaba, el dominio del Matadero Lo Valledor. El propio Diputado señor Valenzuela Valderrama ha señalado que esa solución nació en la conversación que se tuvo con el Jefe del Estado, y que después, si es que se formaba la cooperativa, se replantaría el problema para ver la posibilidad de hacer la transferencia. La cooperativa, según la escritura a que ya he hecho mención, suscrita ante el Notario señor Eduardo González Abbott en el mes de marzo de este año, está total y absolutamente afinada y sólo resta un trámite que no demorará más de 15 ó 30 días. De modo que, durante el debate parlamentario en la Comisión que tratará el proyecto, esto va a quedar total y absolutamente solucionado, por lo que llegará el momento de cobrarle la palabra al Jefe del Estado. Y si el propio Ejecutivo no formula indicación al proyecto en referencia para que se cumpla esa palabra, aquí ya hemos oído que incluso los señores Diputados del Partido de Gobierno están contestes en la necesidad de buscar cómo solucionar al problema la forma jurídica de la entrega del Matadero Lo Valledor a la sociedad cooperativa. ¡Bello gesto de los trabajadores de la carne el haber podido impulsar la constitución de esta sociedad cooperativa! Nuestro colega ha planteado una cosa muy cierta frente al Presidente de la República. Por eso, desde nuestra trinchera de combate les insinuamos, hace mucho tiempo a los trabajadores de la carne la imperiosa necesidad de una forma jurídica, a través de una cooperativa, porque llegaría el momento en que el Jefe del Estado o la Municipalidad preguntarían, ¿y a quién le transferimos el Matadero Lo Valledor? Y la forma jurídica entregada por nosotros era, precisamente, la cooperativa que se ha constituido. De modo, señor Presidente, y con esto termino mi intervención, que estamos satisfechos de haber inquietado a la Corporación, a través de la propia inquietud del gremio, para celebrar esta sesión especial, donde se advierten soluciones como el gremio las desea y no como las está planteando el Supremo Gobierno. El resto del tiempo lo ocupará el Diputado señor Cabello. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- El señor Cabello tiene la palabra. El señor CABELLO.- Señor Presidente, felizmente esta sesión es como pelear contra la sombra, porque todos estamos de acuerdo. Pero yo quiero hacer algunos alcances, ya que de las inquietudes de los gremios podemos concluir que a través de todo Chile se ha producido la misma situación. Es así como, en forma muy similar, en la provincia de Talca tuvimos el mismo problema. Conversaron con nosotros los gremios del abasto y de matarifes y pudimos comprobar que sus inquietudes referentes a los problemas que se les estaban planteando eran dignas de solución. Nosotros conocemos cómo trabajan los matarifes, en general; sabemos de sus trasnochadas y cómo, con gran esfuerzo y trabajo están llevando tranquilidad al público consumidor. El capital que representa el otro gremio, el del abasto, en este caso va a estar unido a este otro grupo para dar al público, a través de estas sociedades, así lo creemos, mejores condiciones en cuanto a precios y a control. De ahí que cuando se trató esto, hace años, felizmente logramos en Talca, con la unidad parlamentaria, que se formara esta sociedad que hoy está constituida por el gremio del abasto, por los matarifes y por la Municipalidad. Incluso fuimos más lejos: dijimos que las cooperativas de campesinos -y así el Senador Aylwin formuló indicación al proyecto que nosotros habíamos presentado- podían y pueden ser incluidas en esta sociedad. Es decir, se unen todos los elementos, el trabajo, el capital y la Municipalidad, cautelándose, entonces, los intereses de los diferentes gremios y del público, en general. La sociedad que funciona en Talca va llegando a su culminación y va encontrando una solución a corto plazo. Es así como creamos esa ley para poder comprar el Matadero Maule. En esas condiciones, un matadero que vale algo así como Eº 5.000.000, va a ser pagado por estos gremios y por la Municipalidad. Nosotros hemos querido ver todas las incidencias del problema de la carne, y hemos tratado de evitar que se llegue a la monopolización. Entonces, nada mejor que entregarle a esa sociedad la cautela de ese problema. Quizá más adelante tengamos que preocuparnos, cuando la sociedad empiece a funcionar, porque tampoco queremos que haya un monopolio de otros grupos económicamente poderosos, en cuanto al aspecto distributivo de esta subsistencia, que es fundamental. Podrían analizarse muchos problemas, pero ahora que ha llegado un proyecto de previsión del Ejecutivo, queremos decir que, por lo menos, se ha planteado algo que, en ningún caso, es una solución para este gremio. Respecto de las pensiones de jubilación, todos sabemos que hoy existe en Chile un grupo privilegiado con grandes jubilaciones, y otro pequeño, en el que se quiere dejar a los matarifes. Esto no lo podemos aceptar. No deseamos tener que andar desfilando con otro grupo de jubilados, muchos de ellos ya inválidos o incapacitados para trabajar, que quedarían ganando sumas que no van más allá de los Eº 300. Para nadie es desconocido que con Eº 300 ninguna familia puede vivir; menos familias modestas, como está sucediendo con el gremio de los matarifes. De ahí que respecto del requisito de los 55 años de edad que se plantea en el proyecto del Ejecutivo, y de 25 años de labor ejecutada, tenemos que ser bien claros para que esto sea separado y una u otra de las causales sea invocada y en ningún caso vayan a estar unidas, porque con 55 años de edad y 25 de trabajo, quizá ninguno o muy pocos podrían acogerse a este sistema. Nosotros creemos, para concluir que estas sociedades van a ser "beneficiosas desde el punto de vista de cautelar los intereses públicos; además, vamos a darles tranquilidad a gremios importantísimos. De ahí que hoy quisiera decir que los talquinos nos sentimos orgullosos de haber conseguido que en Chile, por primera vez, se haya creado este tipo de solución. Y aplaudo justamente a los dirigentes gremiales Armando García, Presidente del Gremio de Matarifes de Talca; a Carlos Mancilla, su Secretario, y a Amable Campos, Presidente de los abasteros, quienes dieron esta dura batalla. Ellos saben la presión de intereses de otros lados; cómo se nos combatió en un principio, cuando quisimos formar esta sociedad y cómo aquéllos que tienen el dinero quisieron tener la tuición para llegar a la monopolización. Y ésa fue la labor de estos gremios abnegados que supieron ganarse lo que hoy se les está entregando. Por eso, quiero manifestar, más que nunca, cuán importante es la labor de un Parlamento. Aquí se va a discutir un proyecto de ley, que nosotros modificaremos en beneficio del gremio, enviado por un Ejecutivo que siempre es reacio a entregar lo que muchas veces se ofrece, pero no se entrega. Queremos tranquilidad para los gremios, a fin de que, como trabajadores de Chile, tengan un porvenir y las facilidades que se merecen dentro de nuestra economía, porque las han ganado a costa de muchísimos sacrificios. No voy a analizar los problemas que se han suscitado en Santiago, porque ya lo ha hecho mi compañero y colega Carlos Morales, quien los conoce bastante. La diferencia está sólo en el precio, que pagará la sociedad que compra el Matadero Maule y el que pagará la cooperativa a formarse en Santiago, que sería la dueña del Matadero Lo Valledor. El de allá cuesta 5 millones de escudos; el de acá, 40 millones. La diferencia es grande, pero el esfuerzo de los gremios también es grande. De allí que tenemos que darles apoyo, como lo hemos ofrecido; vamos a entregarles esta solución. Y creo que se sentirán satisfechos, porque el Parlamento, necesario dentro de un país democrático, cumple la misión que le ha sido encomendada, porque todos nosotros somos representantes de grupos, de diferentes grupos políticos, ya sea de Derecha o de Izquierda. En este caso, se han aunado criterios en beneficio de dos gremios que han triunfado en esta política económica, que va a ser beneficiosa para ellos. Muchas gracias, señor Presidente. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Comité Socialista. La señora LAZO.- Pido la palabra. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Lazo. La señora LAZO.- Señor Presidente, cuando llegó a nuestras manos la copia del proyecto de que tanto se ha comentado esta noche, yo llamé al señor Ricardo De la Cerda, Presidente de los gremios de la carne, para preguntarle qué le parecía el proyecto. Y el señor De la Cerda me contestó que el gremio conocía este proyecto desde hace cinco años y que lo ha rechazado cinco veces consecutivas; porque, precisamente, como en seguida lo voy a demostrar, no llena en absoluto la más mínima aspiración del gremio de matarifes. En primer lugar, porque a los matarifes, que tienen imposiciones según la ley 10.383, jamás se les ha impuesto por lo que ganan, porque, como me explicó el señor De la Cerda, hace 15 años el Ministerio de Economía los obligó a aceptar un acuerdo, por medio del cual sólo se les hacen imposiciones por la mitad de lo ganado. Eso basta para empezar a darse cuenta de cuál es la situación real que se le va a crear al gremio de matarifes con este proyecto enviado por el Ejecutivo. Por otra parte, nuestro camarada Sabat, en una interrupción de medio minuto, ha dicho una inmensa verdad. Se dice que se a tratar de disminuir el inmenso número de jubilados que hay en nuestro país, y se manda un proyecto para crear más jubilados. Y todavía, señor Presidente, un proyecto que es pésimo, como lo voy a demostrar a continuación. Además, en el encabezamiento, en la parte lírica del proyecto, que no es la que conviene, porque lo que interesa es el articulado, se da a entender y se dice claramente que esto va a pasar a manos de la Corporación de Fomento. Por eso, pedía una interrupción -que no me dio el señor Valenzuela Valderrama, quien, si no me equivoco, tiene para hablar el tiempo de 33 minutos de su Comité- para decirle que, antes de que el Ejecutivo mandara este proyecto que llegó hoy a la Cámara de Diputados, los gremios unidos de la carne ya habían formado esta cooperativa; de manera que ni el Ejecutivo ni los Diputados de la Democracia Cristiana ignoraban esta situación. Yo lamento, señor Presidente, que no esté aquí el Diputado Sanhueza. En esa magna asamblea, a que han hecho alusión otros Diputados, dijo que él se comprometía a que se mandara un proyecto que no nivelara a los obreros en la situación de los jubilados afectos a la ley Nº 10.383, sino que les permitiera jubilar con 55 años de edad ó 25 años de trabajo. Sin embargo, basta con leer su articulado para darse cuenta que no es lo que ofreció el Diputado señor Sanhueza en nombre de su Partido Demócrata Cristiano y que no es tampoco una victoria, como tan elegantemente lo anuncia el señor Valenzuela Valderrama al ofrecer su simpatía a los gremios de la carne. Hace poco rato conversaba con la Diputada Mireya Baltra, ex Regidora por Santiago, y me decía que la Municipalidad había destinado, en 1968, 13 millones de escudos, para inaugurar el Matadero Lo Valledor. O sea, con plata de todos los contribuyentes de Santiago y del Presupuesto de ese año se hizo esa inmensa fanfarria, durante la cual el Presidente de la República ofreció solucionar el problema previsional que se creaba con el funcionamiento del matadero modelo que él entregaba en esos momentos. La Comisión que sacó la plata la formaba el Alcalde de Santiago y los Subsecretarios de Economía, de Agricultura y de Hacienda. Fueron 13 millones los que se sacaron a la Municipalidad de Santiago. Se ha dicho que se le entregaron a un particular, y ya sabemos por qué fracasó en sus gestiones porque también algunos colegas han dado los antecedentes. Pero para que no caigamos en engaños, deseo decir claramente por qué el proyecto, que no es malo, sino pésimo, es una burla para esta gente, que le ha estado creyendo a los abogados que ha contratado, y que entiendo que ha financiado, que le ha creído al Presidente de la República y a los personeros de la Democracia Cristiana. En la exposición de motivos del Mensaje, que, como ya dije, es bastante lírico al referirse a la situación de los matarifes, dice que "el proyecto les concede el derecho a una pensión vitalicia, de cargo fiscal, igual a la que habrían obtenido en el Servicio de Seguro Social si se consideraren cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley Nº 10.383 para obtener la pensión máxima de vejez." Yo quiero decirles a los matarifes que están esta noche aquí, que, de acuerdo con cálculos aproximados que hemos hecho con el colega Olave, quedarían, en el mejor de los casos, los que cumplieran con todos los requisitos que se exigen con una pensión completa de Eº 286 mensuales. Respecto al grupo de los matarifes con más de 50 años y menos de 55, éstos quedarían con el 50% del beneficio anterior, o sea, Eº 143 mensuales. Además, a todos se les exigen 25 años de servicios y cinco obligatorios como matarifes. Por último, en el artículo 89 de este proyecto mandado por el Ejecutivo; de esta piedra filosofal descubierta por la Democracia Cristiana; de esto que es el fruto, como se ha dicho aquí, de simpatía, desvelos y preocupaciones, se establece, para los que no alcancen á cumplir las condiciones fijadas para obtener pensión, pero que tengan más de 10 años de servicios efectivos, cinco de los cuales deberán haber sido como matarifes, una indemnización extraordinaria, determinada en conformidad con el artículo 49 de la ley Nº 10.383, o sea, con el promedio de los salarios de los últimos cinco años, lo que, de acuerdo con las imposiciones, daría más o menos Eº 180 mensuales multiplicado' por 10. O sea, las personas que forman el tercer grupo, saldrían a la calle con la inmensa suma de Eº 1.800 por una sola vez. Esta fórmula que, después de tan sesudo trabajo, han descubierto los hombres de Gobierno, me parece una verdadera burla. El señor Valenzuela Valderrama decía: "¡pero llegó!" Pero para esta porquería mejor que no hubiera llegado nada. Ahora, el artículo 79 del proyecto dice que las pensiones se reajustarán de acuerdo con el alza del costo de la vida, pero resulta que los pensionados del Servicio de Seguro Social se reajustan de acuerdo con el artículo 47 de la ley Nº 10.383, que siempre ha sido superior. De manera que los jubilados matarifes tendrían un reajuste inferior al resto de los obreros pensionados del Servicio de Seguro Social. Yo deseo decir estas cosas con mucha claridad para que no se induzca a engaño a este gremio. Pero si ellos, como lo ha declarado el Diputado señor Valenzuela Valderrama en nombre de su Partido Demócrata Cristiano, han conversado con las directivas y las directivas aceptan esta situación, entonces ese es otro problema. Pero en la asamblea de este gremio, en la que estaba presente el señor Sanhueza por la Democracia Cristiana, el señor Frías por el Partido Nacional, el señor Morales por el Partido Radical, y el Diputado Palestro y por el Partido Socialista, entendí que los matarifes no querían ser "metidos" en el mismo tratamiento que se les da a los jubilados de la ley Nº 10.383 ni en la ley revalorizadora de pensiones. Desgraciadamente, eso es lo que viene en este proyecto y es lo que me habría gustado escuchar al Diputado señor Valenzuela, que cumplía, de alguna manera, la promesa implícita que significó el discurso que en ese acto dijo el Diputado de la Democracia Cristiana señor Sanhueza. Si este proyecto se considera la piedra filosofal, el descubrimiento intelectual y social para los matarifes, yo me pregunto: ¿qué importancia tiene esta sesión si sabemos perfectamente bien que ni siquiera se ha dicho una palabra que signifique un compromiso de los Diputados de la Democracia Cristiana de que tendrán que cambiarlo entero cuando llegue a la Comisión de Trabajo. Si eso hubieran dicho, ya tendría alguna importancia. Por otra parte, la entrega del matadero a particulares o a la Corporación de Fomento, como ya lo dijo el señor Cabello, ha significado un aumento de la burocracia y mantener la situación actual de los mataderos. El Diputado señor Olivares que está a mi lado y que no puede intervenir por lo escaso de nuestro tiempo, me dice que en Rancagua el problema es similar, porque la Corporación de Fomento ha aumentado la burocracia, perjudicando los costos y la situación de los trabajadores. Yo he leído con mucha atención la carta del señor Alcalde de Santiago, que en una de sus partes dice: "siempre subordiné la cesación de actividades de este establecimiento -refiriéndose al matadero de Santiago- al despacho de la ley de previsión de matarifes." Pues bien, yo me pregunto: para que fuera justo y se cumplieran las promesas de tipo político que han hecho los distintos grupos parlamentarios, incluso el Presidente de la República, ¿cuánto tiempo se necesitaría para que, por la vía de las indicaciones en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, se despachara este proyecto? En otras palabras, ¿cuánto tiempo tendría que esperar el gremio de matarifes para hacer de nuevo esto que ha mandado el Ejecutivo? Ahora, no hemos tenido tiempo para leer con detenimiento esta luz, este faro luminoso, que llegó hoy día, pero hay una parte, que aparentemente pareciera que no tuviera ninguna importancia, y que dice: "para financiar los beneficios concedidos por el proyecto, se establece el pago de una prestación por cada animal encerrado en los mataderos, que será de cargo del dueño del ganado y que varía según se trate de vacunos, porcinos u ovinos. Se estima que esta prestación influirá en el precio de la carne en una suma no superior a Eº 0,10 por kilo." Después de estudiar tan sesudo financiamiento, ¡yo no sé cómo no se han enfermado, palabra!, lo digo seriamente, no sé cómo no les ha dado una meningitis. El señor SEÑORET (Vicepresidente).- perdóneme, señor Diputada. Ha terminado el tiempo de su Comité. Han llegado a la Mesa dos proyectos de acuerdos a los que dará lectura el señor Prosecretario. El señor LEA-PLAZA (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los señores Sabat y Palestro, Comité Socialista, que dice: "Ante la amenaza de cesantía que afrontan miles de trabajadores del Matadero Municipal en funcionamiento en calle Franklin, venimos en presentar a la Honorable Corporación, el siguiente "Proyecto de acuerdo: "1) Habilitar el nuevo Matadero de Lo Valledor, con créditos que debe entregar la Corporación de Fomento de la Producción, todos los recursos económicos, técnicos y profesionales, para su funcionamiento, en especial créditos suficientes para cumplir esta finalidad. "Principalmente deberán ponerse en funcionamiento los equipos de refrigeración y almacenamiento de carnes, dependientes del nuevo Matadero Lo Valledor. "2) La Empresa de Comercio Agrícola deberá suministrar el abastecimiento de los animales vivos o en pie suficientes, tanto de procedencia del país o del exterior, para su faenación en el indicado establecimiento y para el consumo de carnes en las poblaciones de las provincias de Santiago y Valparaíso. "3) La Administración del Matadero será entregada a una Cooperativa que formarán empleados y obreros matarifes, ocupados actualmente en las distintas actividades del Matadero Franklin de Santiago y dentro de un plazo perentorio de 90 días, el Gobierno dictará todas las disposiciones reglamentarias que permitan llevar a la práctica lo anteriormente mencionado. "4) El matadero Lo Valledor podrá también faenar reses de cualquier productor o comerciante que requiera sus servicios." Proyecto de acuerdo firmado por las señoras Lazo, doña Carmen, y Baltra, doña Mireya, y por los señores Morales, clon Carlos; Cabello, Clavel, Fuentes, don Samuel; Figueroa, Olivares, Palestro, Comité Socialista; Cademártori, don José, Comité Comunista; Barahona y Señoret: "La Honorable Cámara de Diputados, después del debate habido en relación con la situación que afecta a los trabajadores de la carne, acuerda: "Primero.- Enviar oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de obtener su directa intervención, destinada a lograr que el matadero frigorífico Lo Valledor le sea transferido a título de dominio o de concesión a la Sociedad Cooperativa formada por industriales y obreros matarifes, según escritura pública de fecha 16 de marzo de 1970, ante el notario de Santiago don Eduardo González Abott; "Segundo.- Que para adoptar este acuerdo la Honorable Cámara ha tenido en especial consideración el ofrecimiento que les hizo el Jefe del Estado a los dirigentes del gremio, en la audiencia que les concedió en septiembre de 1968, razón por la cual sus componentes se esforzaron en constituir la Sociedad Cooperativa a que se hace mención; "Tercero.- Que mientras se proceda a dar cumplimiento a lo expuesto, no podrá cerrarse el Matadero Municipal de Santiago porque eso significaría aumentar la cesantía y perjudicar a más de seis mil personas que trabajan en esa actividad, por lo que con sus grupos familiares se afectaría a un total aproximado de treinta mil personas, y "Cuarto.- Que además de lo expresado, el Ejecutivo debe enviar a la brevedad posible el mensaje correspondiente, proponiendo un proyecto de ley de previsión de los trabajadores de la carne, sobre la base de las ideas que estime conducentes y aquellas que le proporcionó el propio gremio, a mediados del año pasado." El señor SEÑORET (Vicepresidente").- En votación el primer proyecto de acuerdo. El señor CADEMARTORI.- ¿Cuál es? El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala y no se solicita votación, lo daremos por aprobado. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Los dos! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Aprobado. En votación el segundo proyecto de acuerdo. Varios señores DIPUTADOS.- ¡También! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Sí! El señor SEÑORET (Vicepresidente).- Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 22 horas 30 minutos. Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones.