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El señor GIANNINI.-
Pido la palabra.
El señor OLAVE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Giannini en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor GIANNINI.-
Voy a conceder el resto del tiempo al señor Jáuregui, del Comité Socialista, quien me lo ha solicitado.
El señor OLAVE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Jáuregui, del Comité Socialista, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor JAUREGUI.-
¿De cuántos minutos dispongo?
El señor OLAVE (Vicepresidente).-
De doce minutos, señor Diputado.
El señor JÁUREGUI.-
Quiero agradecer, en primer lugar, la deferencia del Comité Demócrata Cristiano.
Señor Presidente, aunque parezca un tanto ilusorio pretender enfocar el interesante tema de la reforma del Poder Judicial y lo que se ha dado en llamar la justicia de clases, dentro del escaso tiempo de que disponemos, queremos expresar algunos breves conceptos de orden administrativo en torno de esta materia.
En el último tiempo, el Poder Judicial de nuestro país ha sido objeto de una serie de críticas, algunas justificadas y otras, a mi entender, desprovistas de fundamento.
Se ha dicho que la justicia en nuestro país es lenta y cara, como lo han expresado insistentemente algunos órganos de opinión. Se ha dicho que nuestros cuerpos legales se han quedado atrás y no están acordes con los tiempos, con los cambios y con los progresos sociales que vivimos. Se ha dicho que nuestra justicia se desenvuelve en un medio que atenta contra su dignidad, en locales y edificios ruinosos.
Se ha dicho, en este caso por juristas de tanto prestigio como don Eduardo Novoa Monreal, que en nuestro país la justicia es eminentemente clasista y que, concretamente, la Corte Suprema "es una incondicional defensora del status social, económico y político vigente" y que reprueba a quienes luchan por cambios sociales. "Para pertenecer a ella se exige adhesión a posiciones tradicionalistas y de conformismo social. Los miembros de la Corte Suprema tiene vínculos y relaciones con los sectores más conservadores de la sociedad chilena y generalmente proceden de ella".
Se ha dicho, por último, que el programa de la Unidad Popular contempla una reforma judicial en la cual, dentro o fuera de ella, se institucionalizará la existencia de los Tribunales Populares, y más aún, se irá lisa y llanamente a la práctica del "paredón" para sancionar los delitos de orden político especialmente. Aunque carecemos de preparación técnica para abordar temas de orden jurídico, queremos expresar algunas ideas en torno de estas materias que consideramos de extraordinaria importancia.
Desde luego, opinamos que no habrá "paredones" en un régimen de Unidad Popular, y que en torno de cambios en la administración de justicia el programa es muy claro sobre la materia, al afirmar textualmente que "concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo, sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este Tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial. Para el Gobierno Popular, una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa".
Queremos explicar el porqué de estas afirmaciones. Pensamos que existe actualmente la necesidad de ir a una profunda revisión de los conceptos jurídicos, a fin de hacer del Derecho algo que esté acorde con el momento social que vive la colectividad.
Pensamos que los cambios que experimenta la sociedad deben estar enmarcados en un pensamiento u ordenamiento jurídico reactualizado, en forma tal que el Derecho debe ponerse al servicio del cambio que experimente la comunidad. Deberá formularse, en consecuencia, en los términos más jurídicos posibles, la imagen de la nueva sociedad a que aspira el Gobierno Popular, esto es, producir en Chile la plena liberación del hombre, procurando para todos los chilenos posibilidades reales de un desarrollo humano integral en una sociedad más digna, más igualitaria y más justa.
Los cambios revolucionarios, nos lo dice la Historia, han sido siempre seguidos por reformas de orden judicial, totales o parciales, utilizándose el antiguo Derecho, pero despojado de todo aquello que pueda entorpecer el curso de la revolución. Producido el fenómeno del cambio revolucionario en la sociedad, debe surgir, como dice el profesor Novoa, un nuevo Derecho con características revolucionarias, a cuya elaboración el jurista debe concurrir. El Derecho está así, al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicio del Derecho. Estos son los antecedentes, señor Presidente, que abonan la necesidad de ir, en un Gobierno Popular, a una amplia Reforma Judicial, que contemple también una solución al cargo que se formula a nuestra Justicia, de ser lenta y cara, lo que se debe evidentemente a que su administración es fuente de financiamiento de otras actividades nacionales. Es así como el Presupuesto del Poder Judicial es aproximadamente un 3% del Presupuesto Nacional, pero la Ley de Timbres y Estampillas y Papel Sellado, las multas y sanciones, las consignaciones y otros aranceles permiten al Estado obtener recursos a costa de encarecer la administración de justicia.
Este encarecimiento de la administración de justicia en nuestro medio incide y tiene por consecuencia que grandes sectores de nuestro pueblo no puedan ejercitar algo que es inherente a los derechos del individuo que reconoce la Organización de las Naciones Unidas: el derecho a la justicia. Si bien es efectivo que existen a lo largo del país consultorios jurídicos gratuitos que con un alto sentido de generosidad social mantienen los abogados de Chile, no es menos cierto que la demanda excede las posibilidades de atención.
Todos estos antecedentes envuelven, en el fondo, un serio desafío a toda la colectividad y, en especial, a quienes ocupamos estos bancos. Así lo expresa el profesor de Derecho de la Universidad de Chile don Pablo Rodríguez en reciente entrevista en "El Mercurio". "Considero -expresa- que ha faltado en el Parlamento la capacidad técnica necesaria que dé al Poder Judicial una estructura orgánica moderna y leyes procesales que permitan la tramitación dinámica de las causas que se promueven ante él.". Pensamos que será una labor a la que deberá abocarse el actual Congreso.
Termino, señor Presidente, solicitando se transcriban estas observaciones al señor Ministro de Justicia, pidiéndole concretamente lo siguiente:
1) Que con la eficaz colaboración del Colegio de Abogados se dé mayor amplitud y se otorguen mayores medios a lo largo de todo el país a los Consultorios Jurídicos gratuitos, o sea al Servicio de Asistencia Judicial, como un medio de dar efectivo derecho a la Justicia a los sectores proletarios de la Nación.
2) Que se dote a todos los Juzgados del país -lo pido en forma especial para el Juzgado de Río Negro, en la provincia de Osorno- de edificios que estén a tono con la alta jerarquía, decoro y dignidad de nuestra magistratura.
Nada más.
El señor OLAVE (Vicepresidente).-
En nombre del señor Jáuregui se transcribirán al señor Ministro de Justicia las observaciones formuladas.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
"