REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA EXTRAORDINARIA Sesión 6º, en jueves 15 de octubre de 1970 (Especial: de 11 a 18. 47 horas) Presidencia de los señores Ibáñez y Acevedo. Secretario, el señor Lea-Plaza. Prosecretario, el señor Guerrero, don Raúl. ÍNDICE GENERAL DE LA SESIÓN I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- SUMAKIO DE DOCUMENTOS III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IV.- TEXTO DEL DEBATE I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- Se califica la urgencia para el despacho de un proyecto de ley 2.- La Cámara despacha el proyecto que introduce diversas reformas a la Constitución Política del Estado II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS 1/3.- Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que incluye en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, los siguientes proyectos de ley: El que crea el Instituto Nacional de Alcoholismo El que establece normas sobre administración y constitución de la propiedad y otorgamiento de títulos gratuitos de dominio de terrenos fiscales El que libera de derechos la internación de diversas especies destinadas al Centro de Padres del Liceo de Hombres de Chillan, del Liceo Coeducacional de Tomé y al Policlínico del Hogar del Campesino de Osorno 4.- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que incluye en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones los proyectos de ley que benefician a las siguientes personas: Ester Junemann Watson, Alfredo Junemann Watson, Berta Vergara viuda de Labarca, Luis Romilio Mora Pinochet, Humberto Frías Martí, Baudilio Casanova Valenzuela, Andrés Mariángel Bórquez, Leonel Calcagni Pozzi, Fernando León Villavicencio, Ester Obrecht Herrera viuda de Jenschke, Germán Aliaga Lafrentz, María Georgina Quitral Espinoza y Crispido Gándara Aravena 5.- Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Científica suscrito entre Chile y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 6/8.- Oficios del Honorable Senado, por los que comunica los acuerdos adoptados respecto de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República a los siguientes proyectos de ley: El que autoriza a las Municipalidades para crear departamentos de bienestar para sus empleados y obreros El que otorga una bonificación extraordinaria a los funcionarios de los distintos Institutos de Previsión y de las Instituciones Semifiscales El que prorroga la vigencia del impuesto establecido en el artículo 8º de la ley Nº 16.- 608, destinado al desarrollo de la provincia de Chiloé 9.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado II.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 325. Santiago, 14 de octubre de 1970. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiera el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Alcoholismo. (Boletín Nº 30069S, de la Honorable Cámara de Diputados). Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra," 2.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 319.- Santiago, 14 de octubre de 1970. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre los asuntos de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que establece normas sobre administración y constitución de la propiedad y otorgamiento de títulos gratuitos de dominio de terrenos fiscales. (Boletín Nº 10. 974S de la Honorable Cámara de Diputados). Dios guarde a V. E. (Fdo. ): Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra. " 3.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 323.- Santiago, 14 de octubre de 1970. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política de1 Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de ley que libera de derechos la internación de diversas especies destinadas al Centro de Padres del Liceo de Hombres de Chillan, del Liceo Coeducacional de Tomé y la Policlínica del Hogar del Campesino de Osorno. (Boletín Nª 24. 432 del Honorable Senado). Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra. " 4.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 321.- Santiago, 14 de octubre de 1970. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley que conceden beneficios, por gracia, a las personas que se indican: doña María Georgina Quitral Espinoza, doña Ester Junemann Watson, don Alfredo Junemannn Watson, doña Berta Vergara viuda de Labarca, don Luis Romilio Mora Pinochet, don Humberto Frías Martí, don Baudilio Casanova Valenzuela, clon Andrés Mariangel Bórquez, don Leonel Calcagni Pozzi, don Fernando León Villavicencio, don Críspulo Gándara Aravena, doña Ester Obrecht Herrera viuda de Jenschke y don Germán Aliaga Lafrentz. Dios guarde a V. E. (Fdo. ) : Eduardo Frei Montalva. Patricio Rojas Saavedra. " 5.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "Nº 327.- Santiago, 14 de octubre de 1970. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Científica suscrito entre Chile y la URSS, en Moscú, el 16 de febrero de 1970. (Boletín Nº 471(70)1 de la Honorable Cámara de Diputados). Dios guarde a V. E. (Fdo. ) : Eduardo Freí Montalva. Patricio Rojas Saavedra. " Artículo 2º Ha desechado la que tiene por finalidad sustituir su inciso final, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo. Artículo 4º Ha rechazado la letra c) del artículo 4º, nuevo, propuesto por el Ejecutivo en reemplazo, y ha insistido en la aprobación del texto de la letra c) primitiva. 6.- OFICIO DEL SENADO "Nº 9020.- Santiago, 14 de octubre de 1970. El Senado ha tenido a bien aprobar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza a las Municipalidades para crear Departamentos de Bienestar para sus empleados y obreros. Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 831, de fecha 7 de octubre de 1970. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Tomás Pablo Elorza. Pelagio Figueroa Toro. " 7.- OFICIO DEL SENADO "Nª 9021. Santiago, 14 de octubre de 1970. El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que otorga una bonificación extraordinaria a los funcionarios de las instituciones semifiscales e institutos de previsión, con excepción de las siguientes, respecto de las cuales ha adoptado los acuerdos que se indican: Ha rechazado la que tiene por objeto consultar, a continuación del artículo 1°, un artículo 2º, nuevo. Artículos 7º y 8º Ha desechado las que consiste en suprimirlos y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos. Artículo 9º Ha rechazado la que tiene por objeto suprimir, en su inciso primero, la frase "a ejecutarse a continuación de la jornada única diaria", y ha insistido en la aprobación del texto original. Artículos 10 y 11 Ha desechado las que tienen por objeto suprimirlos y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos. Artículo 12 Ha rechazado la que tiene por finalidad suprimir su inciso segundo y ha insistido en la aprobación del texto original. Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 836, de fecha 8 de octubre de 1970. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo. ) : Tomás Pablo Elorza. Pelagio Figueroa Toro. " 8.- OFICIO DEL SENADO Nº 9022.- Santiago, 14 de octubre de 1970. El Senado ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que establece un impuesto a las mercaderías que se internen por la provincia de Chiloé, con excepción de las siguientes, respecto de las cuales ha adoptado los acuerdos que se indican: Artículo 2º Ha rechazado la que consiste en sustituirlo por otro y ha insistido en la aprobación del texto primitivo. Artículos 8º, 9º, 11, 12 y 13 Ha desechado las que tienen por objeto suprimirlos y ha insistido en la aprobación de los textos originales. Artículo 14 Letra a) Ha rechazado la que tiene por finalidad suprimir, en el primer inciso de esta letra, la frase "y el Servicio Agrícola y Ganadero, por partes iguales," y ha insistido en la aprobación del texto primitivo. Ha desechado la que consiste en agregar el siguiente inciso final a esta letra a): "Reemplázase en el mismo artículo, el término "Comuna de Ancud" por "Provincia de Chiloé". ". Letra c) Ha rechazado la que tiene por finalidad suprimir, en el artículo 2º, que se sustituye por esta letra, la frase final que dice: "y el Servicio Agrícola y Ganadero para el desarrollo y cuidado de las diferentes especies ostrícolas y demás mariscos que estime convenientes", y", y ha insistido en la aprobación del texto original. Ha desechado la que consiste en consultar las letras d), e) y f), nuevas, a este artículo. Letra d) Ha rechazado la que tiene por objeto suprimir la expresión "y Servicios beneficiarios" y ha insistido en la aprobación del texto primitivo. Artículo 19 Ha rechazado la que tiene por finalidad suprimirlo y ha insistido en la aprobación del texto original. Artículos 21 y 23 Ha desechado las que consisten en sustituirlos por otros y ha insistido en la aprobación de sus textos primitivos. Artículos 27, 28, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 63, 66 y 70 Ha rechazado las que tienen por finalidad suprimirlos y ha insistido en la aprobación de los textos originales. Lo que tengo a honra comunicar a V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 837, de fecha 7 de febrero de 1970. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo. ) : Tomás Pablo Elorza. Pelagio Figueroa Toro. " 9.- INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA "Honorable Cámara: Vuestra Comisión de Constitución, Legilación y Justicia, pasa a informaros el proyecto de reforma constitucional, de origen en una moción de los señores Leightan, Millas, Pareto, Morales, Giannini, Silva, RuizEsquide, Jara, Palestro, Marra y Acevedo, por el cual se introducen diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado, con el objeto de consagrar lo que se ha denominado Estatuto de Garantías. De esta iniciativa se dio cuenta en la sesión 4º de la Cámara de Diputados, celebrada con fecha 13 de octubre de 1970, la cual en virtud de los acuerdos adoptados por los Comités, ratificados por la Corporación, se tramitó a esta Comisión, la que fue facultada para sesionar simultáneamente con la Sala, a contar de las 18 horas, para iniciar de inmediato el estudio de dicho proyecto. La Comisión fue citada a siete sesiones para la consideración de esta iniciativa; pero, en el hecho sólo celebró dos sesiones, ya que se acordó el empalme de ellas y se destinó un total de 5 horas y 30 minutos a su estudio y despacho total. Por acuerdo de la Cámara se contó con la asistencia del Cuerpo de Taquígrafos, por lo que existe versión taquigráfica completa del debate habido en el seno de la Comisión, que es de suma utilidad para el estudio de la historia fidedigna del establecimiento de esta Reforma Constitucional. Asistió a las sesiones el señor Ministro de Justicia Subrogante, don Máximo Pacheco Gómez y concurrieron los representantes de todos los Partidos Políticos. Es importante hacer presente que este proyecto modifica el texto de la Constitución Política del Estado, fijado por Decreto 519, de Justicia, de 24 de marzo de 1970, dictado en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17. 284, publicado el 23 de enero de 1970, cuyas disposiciones entrarán en vigencia a partir del 4 de noviembre de 1970, en virtud de lo previsto en el artículo 3º transitorio de la citada ley 17. 284. El proyecto manifiesta en su exposición de motivos, que en los sectores mayoritarios de la opinión pública existe una coincidencia en cuanto a la necesidad de desarrollar, precisar y hacer más efectivas las garantías constitucionales, los derechos individuales y sociales. La iniciativa destaca que todo esto corresponde al propósito de llevar adelante un profundo proceso de cambios en las estructuras económicas y sociales del país en el cual intervengan democráticamente todos los sectores populares. Este proyecto fue presentado por los Partidos y Movimientos que integran la Unidad Popular y por el Partido Demócrata Cristiano. En este proyecto se contienen diversas disposiciones que fueron aprobadas en el proyecto de reforma constitucional despachado por la Cámara de Diputados en agosto de 1965. Se expresa, finalmente, que la reforma que se propone actualiza los conceptos relativos al Estatuto Constitucional de los Partidos Políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión, el sistema nacional de educación, la inviolabilidad de la correspondencia, los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, la libertad ambulatoria y su régimen, los derechos de las diversas organizaciones sociales y las bases constitucionales de la fuerza pública. Durante la discusión general del proyecto se expresó que esta reforma es la resultante de un acuerdo político, que auna voluntades coincidentes, en orden a cristalizar la necesidad de cambios sustanciales; que el Partido Demócrata Cristiano reconoció la primera mayoría en las urbanas obtenida como candidato a la Primera Magistratura de la República por el Senador don Salvador Allende; pero, que para entregar ese apoyo dicha colectividad política estimó indispensable elevar al rango constitucional algunos acuerdos básicos, relativos a garantías constitucionales, derechos individuales y sociales, y que el fruto de ese compromiso, del diálogo y del estudio en conjunto, se traduce en el presente proyecto de Reforma Constitucional. En consecuencia, las ideas contenidas en el proyecto representan el deseo de reforma expresados en los programas de Gobierno expuestos al país por las dos candidaturas que respaldan esta iniciativa y, además, traducen la necesidad impostergable de modificar el texto constitucional vigente, que si bien tuvo actualidad en el año 1925, ha quedado atrasado por el progreso y desarrollo económico, político, social, científico y tecnológico. Este proyecto fue elaborado por una Comisión integrada por el H. Senador don Anselmo Sule, el señor Diputado don Orlando Millas y el abogado del Partido Socialista, don Luis Herrera, en representación de la Unidad Popular y por el H. Senador señor Renán Fuentealba y los Diputados don Bernardo Leighton y Luis Maira, por el Partido Demócrata Cristiano, la que fue asesorada en su estudio por los profesores de Derecho Constitucional señores Enrique Evans y don Francisco Cumplido y don Gustavo Lagos, Ministro de Justicia, junto al profesor de Derecho Administrativo, H. Senador don Patricio Aylwin, quienes prepararon un proyecto de reforma constitucional. Durante el estudio en dicha Comisión, formada por representantes del Partido Demócrata Cristiano y de la Unidad Popular, ella contó con la asesoría permanente del profesor de Derecho Constitucional don Jorge Tapia, Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H. Senado, en representación de la Unidad Popular y del profesor Francisco Cumplido por la Democracia Cristiana. Quedó claramente de manifiesto en el seno de la Comisión que la aprobación de esta reforma, no obsta para que en el futuro se promueva por cualquier sector representado en el Parlamento, una revisión más completa y sustancial del texto constitucional. Este proyecto, en sus objetivos fundamentales, entre otras materias, consagra dentro del texto constitucional las bases que constituyen el Estatuto de los Partidos Políticos, las que se encuentran delineadas en la Ley General de Elecciones, Ley Nº 14. 852, la que en su artículo 20 les reconoció y otorgó personalidad jurídica, pero, en esta ocasión, se va más allá de dicho precepto legal, como se expondrá, oportunamente al efectuar el análisis particular de cada disposición; se refuerza la libertad de opinión; se establece un distingo entre la opinión de los Partidos Políticos y las corrientes de opinión pública, que son cosas distintas; se regula y refuerza el acceso y manejo de los medios de difusión ; se fortalece el derecho de reunión; se amplía el concepto de libertad de enseñanza, para darle una tutela más eficaz dentro de un rango constitucional; se actualiza el concepto ele inviolabilidad de la correspondencia de acuerdo al avance tecnológico, al incorporar a él la privacidad de la comunicación telefónica. Nuestra Carta Fundamental, dentro de una concepción clásica, protege y ampara los derechos y garantías individuales, no dándole la debida importancia a los denominados derechos sociales. Con el objeto de paliar esta estructura, concordante con la época con que fue concebida, pero, atrasada en el momento histórico político que vive el país y por el que atraviesa la humanidad, se incorporan estos nuevos derechos y es así como dentro del derecho al trabajo y su protección, se reconoce el derecho a sindicarse, el derecho a huelga, se le otorga personalidad jurídica a los sindicatos, federaciones y confederaciones de sindicatos. Asimismo, se reconoce el derecho a participar en la vida social, cultural, cívica y política, a las distintas organizaciones sociales, tales como las Juntas de Vecinos, los Centros de Madres, los Sindicatos, las Cooperativas y otras, con lo que se amplían las bases democráticas del Poder y se consagra constitucionalmente la participación de las comunidades organizadas en la solución de sus problemas y necesidades, dentro de los marcos que la ley señala, sin que puedan interferir en el ejercicio de la autoridad que le corresponde a los Poderes Públicos. Finalmente, se consagra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y se precisan su estructura y funciones básicas. La Comisión, por la unanimidad de los miembros presentes, con la sola abstención del señor Gustavo Lorca, en representación del Partido Nacional, aprobó en general el proyecto en la sesión 41º, celebrada el día 13 de octubre y entró, de inmediato a considerarlo en particular. Pese a que la reforma constitucional consta de un artículo único, durante su análisis y estudio cada enmienda fue considerada por la Comisión como disposición separada. Todos los artículos fueron aprobados por asentimiento unánime, con la abstención de los representantes del Partido Nacional. Artículo único 1) Artículo 8° Por el número 1), formalmente, se sustituye el artículo 8º de la Constitución Política del Estado; pero, en esencia, sólo se refunden en una sola disposición, los artículos 8º y 9° del texto vigente, que regulan la suspensión del ejercicio al derecho a sufragio y la pérdida de la calidad de ciudadano. El Nº 1 de este artículo 8º modifica el texto constitucional vigente y el que regirá a contar del 4 de noviembre de 1970, reemplazando la expresión "reflexiblemente" por "reflexivamente", por estimarse más adecuada. 2) Artículo 9°. El proyecto contenido en la moción original, sustituía el artículo 9º por otro, que consagra los derechos políticos y le otorga rango constitucional a los Partidos Políticos. La Comisión acogió una indicación que ubica este artículo dentro del Capítulo III que regula las Garantías Constitucionales, ya que el reconocimiento de los derechos políticos y de los Partidos, constituye una garantía constitucional, pero, distinta de las garantías individuales reguladas por el artículo 10. Es interesante hacer presente que esta materia ya había sido consultada como artículo 11 nuevo en el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados en el mes de agosto de se encuentra pendiente de la consideración del H. Senado. Nuestra Carta Fundamental, en su artículo 25, hacía una somera referencia a los Partidos Políticos, ya que expresa "En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los Partidos Políticos". En el derecho público contemporáneo, los Partidos Políticos son los órganos que a través del libre juego de las opiniones que ellos representan y polizan, configuran la opinión pública y, dentro del sistema democrático, a través de los mecanismos de representación, llegan a formar los Gobiernos que dirigen el Estado. El inciso primero del artículo 9? que se propone, reconoce en el carácter de esencial el derecho a ejercer derechos políticos, dentro del sistema democrático y re' publicano, concordante con la característica del Gobierno de Chile precisada en el artículo 1° de la Carta Fundamental. Por el inciso segundo, se reconoce el derecho de los chilenos agruparse en Partidos Políticos, a los que se les reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público, conforme lo hizo el artículo 20 de la ley 14. 852, General de Elecciones. El mismo precepto señala el objetivo fundamental de los Partidos Políticos, esto es, concurrir por la vía democrática a determinar la política nacional. Los incisos tercero y cuarto del precepto en examen consagran los derechos básicos de los Partidos Políticos que son los siguientes: Darse la organización interna que estimen conveniente; Definir su línea de orientación y acción política; Comparecencia a través de la presentación de candidatos para las elecciones de carácter nacional; y Mantener bienes, tener medios de comunicación y secretarías de propaganda que les permita desarrollar sus actividades propias. El acceso a los medios de comunicación, según la parte final del inciso cuarto del precepto en estudio, se otorga en proporción a los sufragios obtenidos en la última elección de Diputados y Senadores o Regidores, sistema éste consagrado en otras legislaciones y también en el proyecto, en actual tramitación, que legisla sobre la Televisión Nacional. Con relación a este artículo, frente a una duda planteada por el señor Diputado don Alberto Zaldívar, acera del alcance de la frase final del inciso tercero que establece que "La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos. ", se acordó por asentimiento unánime dejar expresa testimonio en el Acta y en el informe, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta reforma constitucional, que ella se refiere única y exclusivamente a aquellos Poderes Públicos que son designados por elección y no puede extenderse el alcance de la norma a otros que no se generan de tal manera, como es el caso del Poder Judicial. Nº3 Si se examina la redacción del encabezamiento del nuevo artículo 99, que se propone, relativo al reconocimiento del libre ejercicio de los derechos políticos y de los Partidos, podrá observarse que tiene una estructura muy similar al actual artículo 10. En esta virtud, la Comisión acordó agregar la palabra inicial "Asimismo" Como encabezamiento del artículo 10, expresión que mantiene la importancia y jerarquía que se le otorga a las garantías individuales. Nº 4 Nº 3 del artículo 10 Este precepto amplía la garantía constitucional conocida con el nombre de "libertad de opinión". Se trata de una materia nueva que no fue contemplada en el proyecto de reforma constitucional del año 1965. Este precepto fue objeto de profundo debate y análisis por su importancia y trascendencia. En el inciso primero se consagra la libertad de expresión, en términos similares a los contemplados en el actual precepto constitucional, el que se amplía, con el objeto de incluir en él a otros medios de comunicación más modernos, tales como la radio, la televisión o cualquier otra forma de expresión de opinión. La parte final de este inciso establece que "no podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar y difundir cualquier idea política". Esta norma, en concepto de la Comisión garantiza la libertad de expresión y consagra el carácter pluralista del sistema democrático chileno ya que, el Estado no tiene ideología oficial y se aceptan en él, todas las manifestaciones del pensamiento en el plano político. En el inciso segundo de este artículo, se consagra como garantía constitucional el derecho inalienable de toda persona natural o jurídica a solicitar la aclaración o rectificación cuando haya sido aludida por alguna información. Estas normas se encuentran contenidas en la ley de Abusos de Publicidad, las que pasan ahora a tener, como otras materias, un rango de carácter constitucional. Los incisos siguientes consagran lo que se ha denominado "Estatuto Nacional de los Medios de Comunicación", con lo que se amplía considerablemente el régimen constitucional y legal actualmente existente sobre la materia. El precepto regula en esta materia normas relativas al derecho al acceso, en las condiciones de igualdad fijadas por la ley, a los medios de difusión y comunicación social, no sólo en los de propiedad estatal o controlados por el Estado, sino también de propiedad o de uso de los particulares. Se reconoce, además, el derecho a organizar, fundar y mantener, tanto a las personas naturales como jurídicas, a los Partidos Políticos y a las Universidades, diarios, periódicos, revistas y estaciones transmisoras de radio. La expropiación de dichos medios de comunicación requiere para su aprobación la mayoría de los miembros en ejercicio de cada rama del Congreso. Para hacer eficaz el ejercicio de este derecho relativo a. los medios de difusión, se garantiza la libertad en la importación y comercialización de libros y revistas e impresos y se otorga el acceso a la importación de los elementos necesarios para poder hacer operante dichos medios, tales como la venta o suministro de papel, tinta, maquinarias, etc. En seguida se entrega sólo al Estado y a las Universidades el derecho a establecer y mantener estaciones de televisión. La razón de esta medida es que dada la importancia que tiene como medio de comunicación se estima que sólo debe quedar entregada al Estado, depositario de la suma del poder público, y a las Universidades, organismos que representan los órganos más genuinos de expresión de la ciencia, la cultura, la técnica y las artes. Frente a la disposición contenida en la parte final del inciso primero, que fue materia de largo debate, se expresó que no debe confundirse el hecho de no ser constitutivo de delito sustentar o difundir ideas políticas, con el de cometer delitos o perpetrar abusos específicamente tipificados en el derecho común, bajo el amparo de dicha norma. En virtud de indicación aprobada en el seno de la Comisión, se acordó incluir en el inciso quinto del número 3°, a las empresas propietarias de editoriales y se amplió la expresión "a la venta" por otra más amplia "a venta o suministro en cualquier forma". Se acordó dejar expreso testimonio en el Acta y en el informe, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta reforma, que la prohibición de discriminar arbitrariamente que se establece en el inciso quinto, se refiere también al crédito, avales, operaciones financieras y cauciones solidarias que en ciertos casos deben otorgar determinados organismos tales como la Corporación de Fomento de la Producción o el propio Estado, en el caso de adquisición de maquinarias y equipos con crédito diferido. Es interesante destacar someramente una distinción que se puede apreciar entre lo dispuesto en el artículo 9º nuevo y en el número 3º que se modifica del artículo 10. En el artículo 9º se da el derecho a los Partidos Políticos para tener acceso a los medios de comunicación estatal o controlados por el Estado y en el número 3 nuevo se da un derecho más amplio aún, incluyéndose a las corrientes de opinión, que pueden tener acceso también a los medios de difusión de propiedad particular. Esta diferencia de tratamiento se debe a que el Partido Político tiene una esfera más restringida; en cambio, la corriente de opinión es más amplia, ya que se encuentran comprendidas en ella movimientos espirituales, filosóficos, religiosos, morales, tales como el cristianismo, el islamismo, la masonería. Es interesante destacar que ya la Constitución de 1925 permitía esbozar dentro del plano del acontecer político el distingo que ahora se precisa y regula con mayor exactitud, al establecer que en las elecciones debe contemplarse un sistema que dé representatividad a las opiniones y a los Partidos Políticos. El inciso final de este nuevo Nº 3 garantiza la circulación, remisión y transmisión de los escritos, impresos y noticias y sólo podrá limitarse dicho derecho en virtud de ley de facultades extraordinarias dictada de acuerdo con lo prescrito en el Nº 12 del artículo 44 de la Carta Fundamental. Nº 5 Nº 4 del artículo 10 La enmienda que se introduce a esta disposición consiste en que mientras el texto vigente entrega la regulación del ejercicio del derecho de reunión a las reglamentaciones de policía, la modificación aprobada lo entrega a la ley, lo que se estima más eficaz por cuanto sería muy fácil por la vía administrativa, modificar la reglamentación policial para hacer más difícil el ejercicio de tal derecho o entrabarlo. Nª 6 Nº 7 del artículo 10 El precepto actual asegura la libertad de enseñanza en términos que se amplían y refuerzan en este proyecto. Se expresa durante el debate que la Federación de Establecimientos de Enseñanza Privada fue consultada sobre esta materia y que formuló una serie de consultas que se encuentran satisfechas con el texto aprobado. El precepto constitucional vigente fue objeto de diversas enmiendas de carácter formal que tienen por objeto mejorar y corregir su redacción. El inciso tercero consagra la función del Estado de proporcionar educación a través de un sistema nacional, al cual están afectos los establecimientos fiscales y particulares, los que deberán sujetarse a los planes y programas establecidos por la autoridad educacional. El inciso cuarto consagra el derecho de los establecimientos privados de designar a su personal docente y administrativo libremente, con sujeción a las normas legales vigentes. El inciso quinto consagra el principio de que sólo la enseñanza gratuita que no persiga fin de lucro es subvencionada por el Estado. En la actualidad, en virtud de normas legales vigentes, los establecimientos de enseñanza particular gratuita que no perciben fines de lucro gozan de una subvención fiscal equivalente al 50% del costo alumno. La misma norma otorga a la educación particular pagada una subvención del 25%, que el Estado no ha cancelado en los últimos años y respecto de la cual los beneficiarios han renunciado voluntariamente a su cobro. Quedó claramente establecido que este sistema se aplicará a todos los establecimientos que impartan instrucción gratuita sin fines de lucro, aun cuando parcialmente otorguen instrucción pagada por medio de otras secciones o colegios de su dependencia, situación actualmente contemplada en el hecho y en el derecho. Es así como ocurre que en algunos colegios la educación primaria o básica es gratuita y la media o secundaria es pagada. En tal evento, sólo se subvencionará al establecimiento respecto de los alumnos a los que imparta educación gratuita, más no respecto de los otros. El inciso sexto consagra el carácter pluralista de nuestro régimen democrático, no sólo en el plano político, sino también en el nacional, ya que el Estado no tiene ni imparte una orientación educacional oficial. Existirá un sistema nacional educacional cuyos programas y planes de estudios serán fijados y determinados en un diálogo democrático en organismos de estructura también pluralista. El control de la Educación estará entregado a una Superintendencia de Educación Pública formada por un Consejo en que están representados todos los sectores vinculados al sistema educacional nacional y generado en forma democrática. A este organismo se encomienda la inspección y supervisión de la enseñanza nacional. El inciso noveno establece una norma de gran importancia y utilidad para amparar un sistema pluralista y es el relativo a la libertad para la elección y determinación de los textos escolares, los que deberán ser seleccionados a través de concursos públicos a los cuales tendrán acceso los pedagogos, de acuerdo a su idoneidad y con prescindencia de su ideología política. El inciso décimo otorga una consagración constitucional a las Universidades Estatales y Particulares reconocidas por el Estado, las que son personas jurídicas dotadas de autonomía, la que se determina en forma exacta y precisa y que es: académica, administrativa y económica. Asimismo, se consagra la obligación constitucional del Estado, que ha cumplidlo en virtud de normas legales, de proveer al adecuado financiamiento de ellas para que puedan cumplir sus funciones. El inciso undécimo establece normas relativas al ingreso de los alumnos a las Universidades y al personal docente a la carrera académica universitaria, consignando que ello sólo será en base a la capacidad y aptitudes de los postulantes. En el inciso décimo segundo se consagra la libertad académica para desarrollar y exponer en las Universidades las materias en forma libre, conforme a las ideas del profesor, pero con la obligación de proporcionar una información completa aun de aquellas tesis con las cuales discrepe. Finalmente, como contrapartida, se otorga a los estudiantes universitarios el derecho a expresar libremente sus ideas y elegir los profesores y enseñanza que deseen. Nº 7 Nº 13 del artículo 10 Esta disposición garantiza la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y se ha incluido en ella a las comunicaciones telefónicas, con el objeto de que no puedan ser interferidas y velar por su privacidad. Nº 8 Nº 14 del artículo 10 Este precepto consagra el derecho al trabajo. Se trata de una materia que fue considerada anteriormente en la reforma constitucional aprobada por la Cámara en el año 1965, con algunas modificaciones. En esta disposición se asegura a todos los habitantes de la República la libertad de trabajo y su protección, que se complementa con la facultad de poder elegirlo libremente y con el derecho a gozar de una remuneración adecuada para la satisfacción de las necesidades del trabajo y de su familia, acorde con el bienestar que corresponde a la dignidad humana. En seguida, se consagra el derecho a obtener una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan, o sea, se establece el derecho a la participación en las utilidades de las empresas o industrias en que labore. En el inciso segundo se reconoce el derecho a sindicalizarse, esto es, a fundar sindicatos, en el orden de sus actividades, que se entiende que es a nivel nacional, por ejemplo, el sindicato de los obreros metalúrgicos, madereros, curtiembreros, molineros, etc., o en la respectiva industria o faena en que labore y asimismo, se consagra constitucionalmente el derecho a huelga, todo ello, con arreglo a la ley. En virtud del inciso tercero, se establece que los sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales, tendrán personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y el acta constitutiva de ellos, en la forma y condiciones que establece la ley. Sobre este particular, esta materia se encuentra contemplada en la legislación laboral. El inciso cuarto establece la libertad de los sindicatos para desarrollar las labores inherentes al cumplimiento de sus fines. El inciso final que se propone reproduce el inciso tercero del precepto constitucional vigente. Nº 9 Nº 15 del artículo 10 Este artículo consagra lo que se denomina la libertad ambulatoria o de circulación, en virtud del cual los habitantes de la República pueden permanecer en cualquier parte de su territorio, trasladarse de uno a otro o salir del país. El precepto que se propone, en esencia, conserva la estructura de la norma vigente, pero, difiere de ella en cuanto a que su regulación en lugar de quedar regida por los reglamentos de policía, deberá quedar reglamentada por la ley. La norma constitucional establece que nadie puede ser detenido, procesado, preso o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes. En el seno de la Comisión se hizo presente que desde un punto de vista técnico penal, de acuerdo a la definición contenida en el artículo 36 del Código Penal, el destierro es la expulsión de un individuo de algún punto de la República. Puede existir una medida que es más grave aún, que es el extrañamiento, que el artículo 34 del Código del Trabajo define como "la expulsión del reo del territorio de la República, al lugar de su elección". La Comisión estimó que la garantía constitucional debería comprender ambas situaciones, por lo que incorporó a ellas la expresión "o extrañado", que comprende la pena de extrañamiento. Con relación a la enmienda que consiste en someter a la reglamentación de la ley el ejercicio de la libertad ambulatoria, cabe hacer presente que este mismo tratamiento se ha aplicado respecto del ejercicio del derecho de reunión, únicos derechos que estaban sujetos a la reglamentación policial y que, con el objeto de salvaguardarlos en forma más eficaz, para que tengan una vigencia más amplia y permanente, quedan entregados a la ley, situación toda esta que queda claramente reforzada con el contenido del inciso primero de la disposición décimo quinta transitoria que se incorpora a la Carta Fundamental, en virtud del artículo 1º transitorio. Nº 10 Agrega Nº 16 al artículo 10 El Nº 14 del artículo 10 en su inciso final, consagraba la obligación del Estado de velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. El nuevo precepto propuesto en reemplazo de esta disposición, que regula la libertad y el derecho al trabajo, en la forma ya enunciada precedentemente. no contempló esta materia, que es de distinta naturaleza. La Comisión, con el objeto de no dejar al margen del texto constitucional una cuestión tan importante como el derecho a la salud y en forma genérica, a la seguridad social, incorporó al proyecto un número 16 nuevo, que en esencia contiene la disposición del número 15 del proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados en el mes de agosto de 1965. En el inciso primero se consagra entre los derechos sociales, el denominado derecho a la seguridad social y a la asistencia médica en los términos que se expresa en el respectivo precepto. El inciso segundo obliga a entregar a la ley el seguro de riesgos de pérdida, supresión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo, en los términos en que deja constancia la citada norma. El inciso tercero obliga al Estado a mantener el seguro social de accidentes, que tiene por objeto asegurar el riesgo profesional a los trabajadores. El precepto del año 1965 disponía que el Estado debería instituir tal seguro y ahora se expresa que deberá mantenerse, porque ya se tradujo en una ley vigente, la iniciativa que estableció el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El inciso final reproduce en términos casi idénticos el inciso último del Nº 14 del artículo 10. Nº 11 Agrega Nº 17 nuevo al artículo 10 El inciso primero de esta disposición se encontraba contenido en el Nº 16 del artículo 10 del proyecto de reforma constitucional de 1965. Sus objetivos fundamentales son, entre otros, otorgar la igualdad de acceso a los beneficios y responsabilidades de la comunidad, lo que constituye la expresión más efectiva de la participación de la comunidad organizada en la vida social del país, desde su base más elemental. Con este objeto se otorga el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica de la Nación, de manera de permitir el pleno e integral desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. Con este fin se establece que el Estado deberá propender a suprimir todos los obstáculos que limiten la libertad e igualdad de las personas o grupos y garantizará y promoverá el acceso a todos los niveles de la educación y de la cultura y a aquellos servicios que sean necesarios para el logro de tales fines, todo ello a través de los sistemas y mecanismos que establezca la ley. El inciso segundo consagra a nivel constitucional las Juntas de Vecinas, Centros de Madres, Sindicatos y Cooperativas y demás organizaciones sociales, para el cumplimiento de estos fines, mediante la participación efectiva del pueblo a través de tales instituciones, conjuntamente con las Municipalidades. Las entidades precedentemente mencionadas constituyen personas sociales autónomas que se encuentran definidas en el artículo 1º de la ley Nº 16. 880, publicada el 7 de agosto de 1968, sobre Organizaciones Comunitarias, y en su Reglamento Nº 1. 481, de 27 de febrero de 1969. Con todo, pese a la importancia que se les atribuye a estas organizaciones comunitarias que constituyen la democratización de las estructuras sociales del país, se consagra una norma que refuerza el concepto de Estado de Derecho que inspira nuestro ordenamiento institucional. En efecto, el artículo 1° y 4º de la Constitución consagran el carácter unitario del Estado chileno y que ninguna magistratura, persona o reunión de personas puede arrogarse más atribuciones que las que la ley les otorga y que todo acto en contravención es nulo. Reforzando este concepto básico y propio de la estructura piramidal de los Poderes Públicos, el inciso final del nuevo Nº 17 dispone que en ningún caso las instituciones aludidas podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo ni pretender los poderes que le corresponden a las autoridades de la República. Nº 12 Artículo 22 de la Constitución Este precepto, que sustituye el actual artículo 22, institucionaliza a las Fuerzas Armadas. La norma actual dispone solamente que es esencialmente obediente y que no puede deliberar. El texto que se propone fija en primer término qué debe entenderse por fuerza pública, la que está constituida por las Fuerzas Armadas y por Carabineros. Se determina que son instituciones esencialmente profesionales, con lo cual se establece que están dedicadas a las labores específicas que les señalan las leyes o que les encomienda el Gobierno. Luego se expresa que son jerarquizadas, en el sentido de que tienen un Escalafón en el cual hay grados superiores e inferiores, ordenamiento que es propio de ellas; luego, que son obedientes, concepto que fluye de la noción de jerarquía y que significa que están sujetas a un mando superior y, finalmente, se dice que ellas no son deliberantes, por lo que les está vedado reunirse en forma colectiva para influir en el proceso político, económico o social del país. El inciso segundo establece que la incorporación a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias Escuelas institucionales especializadas, con excepción del personal civil que presta servicios en ellas. Sobre este particular, se produjo un largo debate acerca del alcance e inteligencia de la norma. En primer término se formuló una clara distinción acerca de que las Fuerzas Armadas disponen de dos clases de contingentes: El que proviene de la conscripción militar obligatoria establecida en el Nº 9 del artículo 10, la que es temporal, y El Cuerpo de Oficiales, Suboficiales y de tropa de planta que forma los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas. El artículo 44 Nº 9 establece que en virtud de una ley se puede fijar las fuerzas de mar y tierra que deben mantenerse en tiempo de paz y de guerra. El objetivo del inciso segundo del artículo 22 que se modifica es que la designación de la Oficialidad, Suboficialidad y personal de planta de las Fuerzas Armadas y Carabineros provenga siempre de las escuelas institucionales especializadas con que cuenta cada rama de la defensa nacional, para evitar que se incorporen a estos institutos armados, que son eminentemente profesionales, personales que carecen de la formación profesional y preparación que sólo a través de estas escuelas pueden recibir. Artículos transitorios El artículo 1° transitorio consulta una disposición decimoquinta transitoria en la Carta Fundamental. En el inciso primero de ella se establece que mientras no se dicten las leyes que reglamenten el ejercicio de las garantías consagradas en los números 4 y 15 del artículo 10, que se refieren al derecho de reunión y a la libertad ambulatoria, subsistirán los reglamentos que se encontraban vigentes al 1° de octubre de 1970. Esta disposición tiende a reforzar el ejercicio del derecho para impedir que se vulneren, mediante una modificación de la reglamentación policial por la vía meramente administrativa, estas garantías, antes que se dicten las leyes reglamentarias respectivas. Cabe hacer presente, asimismo, como se representó en la Comisión, que a partir del 4 de noviembre de 1970, regirán las disposiciones que creó el Tribunal Constitucional, las que entrarán en vigor cuando él se constituya, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 3º transitorio de la ley Nº 17. 284, de 23 de enero de 1970. Este Tribunal Constitucional, una vez constituido, podrá impedir que se tramite cualquiera disposición legal que atente contra las garantías constitucionales vigentes. Cabe hacer presente que la aprobación de la presente reforma constitucional exigirá la dictación y modificación de diversas leyes complementarias actualmente vigentes, las que será necesario adecuar a la nueva estructura constitucional. El inciso segundo de la disposición 15º transitoria, establece que no obstante lo previsto en el Nº 7 del artículo 10, que se refiere al derecho a la educación y, específicamente al inciso noveno del precepto citado, se otorgarán facilidades equitativas para la edición y difusión de libros aprobados con anterioridad al l9 de octubre de 1970, concediéndose a los establecimientos educacionales el derecho a elegir los que ellos prefieran. En virtud del artículo segundo transitorio, se faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido y definitivo de la Carta Fundamental de acuerdo con las enmiendas que se le introducen en el presente proyecto de reforma. Por las razones que os dará a conocer vuestro Diputado informante, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda a la Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente: Proyecto de reforma constitucional: "Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado: 1) sutitúyese el artículos 8º por el siguiente: "Artículo 8ºSe suspende el ejercicio del derecho a sufragio: 1°.- Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente, y 2º.- Por hallarse procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva. Se pierde la calidad de ciudadano con derecho a sufragio: 1°.- Por haber perdido la nacionalidad chilena, y 2º.- Por condena a pena aflictiva. Los que por esta causa hubieren perdido la calidad de ciudadano, podrán solicitar su rehabilitación del Senado. ". 2) En el Capítulo III "Garantías constitucionales", agrégase el siguiente artículo 9º nuevo: "Artículo 9º.- La Constitución asegura a todos los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano. Todos los chilenos pueden agruparse libremente en partidos políticos, a los que se reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática a determinar la política nacional. Los partidos políticos gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de Regidores, Diputados, Senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos. Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de Diputados y Senadores o Regidores. " 3) Agrégase, en el inciso primero del artículo 10, la palabra inicial "Asimismo", seguida de una coma (,) y colócase en minúscula el artículo "la". 4) sutitúyese el Nº 3º del artículo 10 por el siguiente: "3º.- La libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad, en la forma y casos determinados por la ley. No podrá ser constitutivo de delito o abusos sustentar y difundir cualquiera idea política. Toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el órgano de publicidad en que esa información hubiere sido emitida. Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares. Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades y los partidos políticos, tendrán derecho a organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley. Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de esos medios de comunicación. La expropiación de los mismos podrá únicamente realizarse por ley aprobada, en cada Cámara, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga. Se prohíbe discrinar arbitrariamente entre las empresas propietarias de editoriales, diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión en lo relativo a venta o suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinarias u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país. Sólo el Estado y las Universidades tendrán el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, cumpliendo con los requisitos que la ley señale. Queda garantizada la circulación, remisión y transmisión, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres. Sólo en virtud de una ley, dictada en los casos previstos en el artículo 44, Nº 12, podrá restringirse el ejercicio de esta libertad;". 5) sutitúyese el Nº 4 del artículo 10 por el siguiente: "4º.- El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca;". 6) sutitúyese el Nº 7 del artículo 10 por el siguiente: "7º.- La libertad de enseñanza. La educación básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales. La organización administrativa y la designación del personal de las instituciones privadas de enseñanza serán determinadas por los particulares que las establezcan, con sujeción a las normas legales. Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento, de acuerdo a las normas que establezca la ley. La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista. Habrá un Superintendencia de Educación Pública, bajo la autoridad del Gobierno, cuyo Consejo estará integrado por representantes de todos los sectores vinculados al sistema nacional de educación. La representación de estos sectores deberá ser generada democráticamente. La Superintendencia de Educación tendrá a su cargo la inspección de la enseñanza nacional. Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos públicos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran. Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país. El acceso a las Universidades dependerá exclusivamente de la idoneidad de los postulantes, quienes deberán ser egresados de la enseñanza media o tener estudios equivalentes, que les permitan cumplir las exigencias objetivas de tipo académico. El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando sólo en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran;". 7) sutitúyese el Nº 13 del artículo 10 por el siguiente: "13.- La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y de las comunicaciones telefónicas. No podrán abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos públicos, sino en los casos expresamente señalados por la ley;". 8) sutitúyese el Nº 14 del artículo 10 por el siguiente: "14.- La libertad de trabajo y su protección. Todas persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bientestar acorde con la dignidad humana y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. El derecho a sindicarse en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena, y el derecho de huelga, todo ello en conformidad a la ley. Los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales, gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y acta constitutiva en la forma y condiciones que determine la ley. Los sindicatos son libres para cumplir sus propios fines. Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así;". 9) sutitúyese el Nº 15 del artículo 10 por el siguiente: "15. La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro, o entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de tercero, sin que nadie pueda ser detenido, preso, desterrado o extrañado, sino en la forma determinada por las leyes, y". 10) Agrégase al artículo 10 el siguiente Nº 16: "16.- El derecho a la seguridad social. El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para la protección integral de, la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional. La ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares. El Estado mantendrá un seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores. Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salud. " 11) Agrégase al artículo 10 el siguiente Nº 17: "17.- El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos, y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la cultura y a los servicios necesarios para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e instituciones que señale la ley. Las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las Municipalidades, serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por la ley les correspondan y para generar democráticamente sus organismos directivos y representantes, a través del voto libre y secreto de todos sus miembros. En ningún caso esas instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado. ", y 12) sutitúyese el artículo 22 por el siguiente: "Articulo 22.- La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles. ". Artículos transitorios Artículo 1º.- Agrégase la siguiente disposición transitoria a la Constitución Política del Estado: "DECIMOQUINTA: En tanto no se dicten las leyes complementarias a que se refieren los números 4º) y 15 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, regirán los reglamentos vigentes al 1° de octubre de 1970. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, Nº 7, de la Constitución Política del Estado, habrá facilidades equitativas para la edición y difusión de textos escolares aprobados con anterioridad al 1° de octubre de 1970, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran. ". Artículo 2°.- Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto definitivo y refundido de la Constitución Política del Estado de acuerdo con esta reforma". Sala de la Comisión, a 14 de octubre de 1970. Recordado en sesiones Nºs. 41º y 42º, celebradas los días 13 y 14 del presente, con asistencia de los señores Fuentes, don César Raúl (Presidente), Amello, Concha, Lazo, doña Carmen; Lorca, Marra, Maturana, Merino, Millas, Naudon, Salvo, Tejeda y Zaldívar. Se designó Diputado informante al señor Maira, don Luis. (Fdo.): Clodomiro Bravo Michell, Secretario de la Comisión. " IV.- TEXTO DEL DEBATE -Se abrió la sesión a las 11 horas. El señor IBAÑEZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Se va a dar lectura a la cuenta. -El señor Guerrero, don Raúl (Prosecretario).- da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. 1.- CALIFICACION DE URGENCIA El señor IBAÑEZ (Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Científica suscrito entre Chile y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Moscú, el 16 de febrero de 1970. Si le parece a la Sala y no se pide otra calificación, se declarará de "simple" la urgencia hecha presente. Acordado. 2.- REFORMA CONSTITUCIONAL El señor IBAÑEZ (Presidente).- En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde tratar y despachar, en general y particular, el proyecto de origen en una moción de los señores Leighton, Millas, Pareto, Morales, Giannini, Silva, RuizEsquide, don Mariano; Palestro, Maira y Acevedo, e informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que introduce diversas reformas a la Constitución Política de la República. Diputado informante es el señor Maira. El proyecto, impreso en el boletín Nº 564702, es el siguiente: "Artículo único. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado: 1) sutitúyese el artículo 8º por el siguiente: "Artículo 8º Se suspende el ejercicio del derecho a sufragio: 1°.- Por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente; y 2º.- Por hallarse procesado el ciudadano como reo de delito que merezca pena aflictiva. Se pierde la calidad de ciudadano con derecho a sufragio: 1°.- Por haber perdido la nacionalidad chilena; y 2°.- Por condena a pena aflictiva. Los que por esta causa hubieren perdido la calidad de ciudadano, podrán solicitar su rehabilitación del Senado.. 2) En el Capítulo III "Garantías Constitucionales", agrégase el siguiente artículo 9º nuevo: "Artículo 9º.- La Constitución asegura a todos los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano. Todos los chilenos pueden agruparse libremente en partidos políticos, a los que se reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática a determinar la política nacional. Los partidos políticos gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de regidores, diputados, senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos. Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de diputados y senadores o regidores. " Agrégase, en el inciso primero del artículo 10, la palabra inicial "Asimismo", seguida de una coma (,) y colócase en minúscula el artículo "la". sutitúyese el Nª 3º del artículo 10 por el siguiente: "3º.- La libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad, en la forma y casos determinados por la ley. No podrá ser constituyo de delito o abuso sustentar y difundir cualquiera idea política. Toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el órgano de publicidad en que esa información hubiere sido emitida. Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares. Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades y los partidos políticos, tendrá el derecho de organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley. Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de esos medios de comunicación. La expropiación de los mismos podrá únicamente realizarse por ley aprobada, en cada Cámara, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. La importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga. Se prohíbe discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarias de editoriales, diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión en lo relativo a venta o suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinarias u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país. Sólo el Estado y las Universidades tendrán el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, cumpliendo con los requisitos que la ley señale. Queda garantizada la circulación, remisión y transmisión, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres. Sólo en virtud de una ley, dictada en los casos previstos en el artículo 4, Nº 12, podrá restringirse el ejercicio de esta libertad;". 5) sutitúyese el Nº 4 del artículo 10 por el siguiente: "4°.- El derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se regirán por las disposiciones generales que la ley establezca. ;" 6) sutitúyese el Nº 7 del artículo 10 por el siguiente : "7º.- La libertad de enseñanza. La educación básica es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales. La organización administrativa y la designación del personal de las instituciones privadas de enseñanza serán determinadas por los particulares que las establezcan, con sujeción a las normas legales. Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento, de acuerdo a las normas que establezca la ley. La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista. Habrá una Superintendencia de Educación Pública, bajo la autoridad del Gobierno, cuyo Consejo estará integrado por representantes de todos los sectores vinculados al sistema nacional de educación. La representación de estos sectores •deberá ser generada democráticamente. La Superintendencia de Educación tendrá a su cargo la inspección de la enseñanza nacional. Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos públicos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran. Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país. El acceso a las Universidades dependerá exclusivamente de la idoneidad de los postulantes, quienes deberán ser egresados de la enseñanza media o tener estudios equivalentes, que les permitan cumplir las exigencias objetivas de tipo académico. El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando sólo en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran;". 1) sutitúyese el Nº 13 del artículo 10 por el siguiente: "13. La inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y de las comunicaciones telefónicas. No podrán abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos públicos, sino en los casos expresamente señalados por la ley;". 8) sutitúyese el Nº 14 del artículo 10 por el siguiente: "14. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. El derecho a sindicarse en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena, y el derecho de huelga, todo ello en conformidad a la ley. Los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales, gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y acta constitutiva en la forma y condiciones que determine la ley. Los sindicatos son libres para cumplir sus propios fines. Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así;". 9) sutitúyese el Nº 15 del artículo 10 por el siguiente: "15.- La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro, o entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de tercero, sin que nadie pueda ser detenido, preso, desterrado o extrañado, sino en la forma determinada por las leyes, y". 10) Agrégase al artículo 10 el siguiente Nº 16: "16.- El derecho a la seguridad social. El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional. La ley deberá cubrir, especialmente, ¡os riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares. El Estado mantendrá un seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores. Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salud. " 11) Agrégase al artículo 10 el siguiente Nº 17: "17.- El derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos, y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la cultura y a los servicios necesarios para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e instituciones que señale la ley. Las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las Municipalidades, serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por la ley les correspondan y para generar democráticamente sus organismos directivos y representantes, a través del voto libre y secreto de todos sus miembros. En ningún caso esas instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado. ", y 12) sutitúyese el artículo 22 por el siguiente: "Artículo 22.- La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles. ". Artículos transitorios Artículo 1º.- Agrégase la siguiente disposición transitoria a la Constitución Política del Estado: "Decimoquinta: En tanto no se dicten las leyes complementarias a que se refieren los números 4º y 15 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, regirán los reglamentos vigentes al 1º de octubre de 1970. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, Nº 7, de la Constitución Política del Estado, habrá facilidades equitativas para la edición y difusión de textos escolares aprobados con anterioridad al 1° de octubre de 1970, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran. ". Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para fijar el texto definitivo y refundido de la Constitución Política del Estado de acuerdo con esta reforma". El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se suspende la sesión por dos minutos. -Se suspendió la sesión. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Me permito hacer presente a la Sala que el procedimiento a que se sujetará la presente sesión, es el siguiente. a) Cada Comité Parlamentario y el señor Diputado informante dispondrán de un tiempo de hasta una hora, del que podrán usar a su arbitrio; b) Los diversos Comités no podrán cederse los tiempos entre sí, y las interrupciones que se concedan serán con cargo al tiempo del Comité a que pertenezca quien las obtenga; c) La Mesa queda facultada para suspender la sesión por una hora, después de las 13 horas, y d) No procederán las votaciones antes de las 18 horas. En discusión general y particular el proyecto. El señor MAIRA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante. El señor MAIRA.- Señor Presidente, señores Diputados, me corresponde informar a la Sala el proyecto de ley que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha conocido, y que modifica diversas disposiciones de nuestra Carta Fundamental. Interpretando el sentimiento unánime de los miembros de la Comisión, quiero iniciar este informe expresando la gratitud que sentimos por el trabajo abnegado y eficiente que realizó el cuerpo de taquígrafos de la Corporación, que concurrió a las dos sesiones, y cuya rapidez nos permite disponer ya, algunas horas después, de la totalidad de las actas y del debate habido en la Comisión. Igualmente, creo interpretar el sentimiento unánime de los parlamentarios de la Comisión, si expreso, una vez más, el reconocimiento de ella al Secretario de la Comisión, señor Clodomiro Bravo, quien también, en un plazo muy breve, ha sido capaz, junto con sus colaboradores, de tenernos un informe muy completo y acucioso de los temas tratados. Creo que conviene iniciar esta relación expresando que el proyecto de reforma constitucional tiene su origen en un acuerdo político obtenido entre el Partido Demócrata Cristiano y la combinación de movimientos y partidos que apoyaron en la última elección presidencial la candidatura del Senador don Salvador Allende ; combinación que ha sido conocida ante la opinión pública con el nombre de Unidad Popular, y que integran los Partidos Socialista, Comunista, Radical y Social Demócrata, y los movimientos MAPU y Acción Popular Independiente. En el curso de la reciente campaña presidencial, sólo una de las tres fuerzas políticas se inhabilitó a sí misma para plantear conversaciones o acuerdos posteriores a la elección. Fue el Partido Nacional y la combinación que apoyó la candidatura de don Jorge Alessandri, que expresaron voluntaria, unilateral y anticipadamente, su deseo de acatar, en los términos más amplios, el mandato de la Constitución Política, renunciando a la opción que en ella se les ofrece y expresando públicamente su disposición de proclamar a quien resultara elegido con una mayoría relativa, cualquiera que ella fuera. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señor Maira, el señor Amello le solicita una interrupción. El señor MAIRA.- Con mucho gusto. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción, señor Amello. El señor ARNELLO.- Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera preguntar si el Diputado señor Maira está actuando como Diputado informante de la Comisión o si lo está haciendo en calidad de Diputado democratacristiano. Si lo está haciendo en esta última calidad, no cabe duda de que puede hacer todos los planteamientos políticos que quiera; pero, como Diputado informante, me parece que es extralimitar la misión que le encomendó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor TEJEDA.- Está dando antecedentes indispensables para poder comprender esta materia. El señor ARNELLO.- Son juicios los que está dando y no antecedentes. El señor SALVO.- Son antecedentes históricos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego a los señores Diputados evitar los diálogos. ¿Ha terminado, señor Amello? El señor ARNELLO.- Sí, señor Presidente. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar, señor Maira. El señor MAIRA.- Quiero satisfacer la consulta formulada por el señor Amello, expresándole que actúo en mi condición de Diputado informante y que refiero informaciones que fueron entregadas y conocidas por la Comisión, y que constituyen un antecedente histórico indispensable para que las personas que más tarde estudien o conozcan las actas de este debate, tengan una exacta noción de cuál es el alcance y justificación del acuerdo político que da origen a esta reforma constitucional. Expresaba que de las tres fuerzas políticas que concurrieron a la reciente elección presidencial, hubo una que manifestó insistente, pública y reiteradamente su deseo de anticipar un reconocimiento al candidato que obtuviera la primera mayoría relativa en las urnas. Y este pronunciamiento fue hecho por el candidato presidencial de esta combinación, el señor Jorge Alessandri; por el generalísimo de los trabajos de su campaña, el señor Ernesto Pinto Lagarrigue; por los Presidentes de los dos partidos más importantes que respaldaron dicha postulación presidencial, el señor Sergio Onofre Jarpa, en representación del Partido Nacional, y el señor Angel Faivovich, en representación del Partido Democracia Radical. Las otras dos corrientes de opinión que concurrieron a esta elección presidencial, en cambio, expresaron su disposición y su deseo de reservar un juicio para emitirlo una vez conocidos los antecedentes concretos que arrojaran las urnas y las circunstancias que acompañaron al proceso electoral. De manera que en virtud de esta reserva, oportunamente hecha, la que otorga como entienden los señores Diputados los títulos morales y políticos de legitimidad consiguiente, el Partido Demócrata Cristiano, que iniciara las gestiones políticas que dieron origen a este acuerdo, estimó conveniente, una vez conocido el resultado electoral, manifestar que reconocía la limpieza de la primera mayoría relativa obtenida en las urnas por el candidato presidencial don Salvador Allende; y, en segundo término, expresar su disposición de entregarle sus sufragios en el Congreso Pleno, buscando, previamente, la aprobación de los que se conoció públicamente como un "estatuto de garantías democráticas", esto es, un conjunto de disposiciones aceptadas por ambas partes, que expresaran una común disposición, voluntad y propósitos de respeto al régimen democrático y que pudieran ser convertidos en un proyecto de modificación y modernización de nuestra Carta Fundamental. Los hechos siempre de carácter público y claro que permitieron este compromiso, son de sobra conocidos por la opinión pública y por los señores Diputados. Después de algunas conversaciones sostenidas por representantes de la Comisión Política del Partido Demócrata Cristiano con el candidato que obtuviera la primera mayoría relativa, Senador Salvador Allende, y de un cambio público de notas y declaraciones, se llegó a un acuerdo en torno de la conveniencia de preparar, redactar y presentar en conjunto un proyecto de reforma constitucional que contuviera las modificaciones planteadas en torno a las garantías fundamentales que consagra nuestra Constitución Política. Se designó una comisión redactora bipartita, la que estuvo integrada, en representación de la Unidad Popular, por el abogado socialista señor Luis Herrera, por el Diputado comunista don Orlando Millas y por el Senador radical don Anselmo Sule, en tanto que la representación del Partido Demócrata Cristiano la asumieron, por encargo de sus organismos regulares, el Senador Renán Fuentealba, el Diputado Bernardo Leighton y el parlamentario que rinde informe. En forma rápida se produjo un acuerdo, que se formalizó en un texto y dio origen a un proyecto de reforma constitucional, que es el que esta mañana conoce la Honorable Cámara. Fue presentado con el patrocinio conjunto de parlamentarios de una y otra de las corrientes que participaron en su redacción. ¿Qué hizo posible este acuerdo de carácter político, que hoy proponemos se sancione en nuestra Carta Fundamental? Al margen de la legitimidad y de la autoridad moral que ambas corrientes de opinión tenían, dada la actitud que asumieron en la última campaña presidencial y sus pronunciamientos públicos frente al país, este acuerdo fue posible en virtud de tres factores esenciales. Primero, existía coincidencia en torno a la necesidad de reformar nuestra Constitución Política, la que, por provenir, en sus líneas más importantes, del texto de la vieja Carta de 1833 y, en todo caso, de la modificación efectuada en 1925, se encuentra, en numerosas de sus disposiciones, atrasada con respecto a las exigencias de la vida contemporánea y desbordada por las necesidades que los tiempos han impuesto a través de modificaciones en las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestra patria. Existe, en primer término, por tanto, un acuerdo esencial entre los parlamentarios de la Unidad Popular y los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano en cuanto a la necesidad de reformar y modernizar nuestra Constitución Política. Esta disposición, por lo demás, ha tenido oportunidad de manifestarse en forma muy concreta en algunos proyectos de reforma constitucional que el Congreso Nacional ha venido conociendo en el último tiempo. En el anterior período legislativo, sin ir más lejos, se aprobó por esta misma Cámara de Diputados, en 1965, una amplia reforma constitucional, la que, si bien no prosperó y quedó detenida en su segundo trámite constitucional en el Senado de la República, permitió, a través de la votación general y particular efectuada en esta rama del Congreso, que se manifestara la voluntad concordante de muy amplios sectores del país, que incluso exceden a los que hoy día patrocinan esta reforma, en cuanto a algunas disposiciones que, precisamente han sido recogidas en el proyecto de reforma constitucional que hoy estamos discutiendo. Así ha ocurrido, en concreto, con toda la modernización del artículo 10, que rige el fundamental aspecto de las garantías constitucionales. En segundo término, este acuerdo ha sido posible porque esta disposición en torno a la necesidad de reformar nuestro régimen político y nuestra Constitución, quedó claramente recogido en los programas de uno y otro movimiento, presentado al país en el curso de la campaña presidencial. Es más, este sentimiento en torno a la necesidad urgente de reformar nuestro régimen político, fue también compartido por quienes sostuvieron la candidatura del señor Alessandri, los que manifestaron reiteradamente la necesidad de ir a una modernización y a un perfeccionamiento de nuestro texto fundamental. En tercer término, este acuerdo fue posible y ha sido logrado en la forma rápida y expedita que el país celebra y que esta Cámara conoce, porque diversos especialistas en Derecho Público, profesores de Derecho Constitucional de nuestras universidades que participan en uno u otro de los movimientos políticos que han trabado este acuerdo, trabajaron también, en su oportunidad, con anterioridad al 4 de septiembre, en textos que contenían articulados de reforma constitucional para ir avanzando en torno de los aspectos centrales de una posible reforma. Nos hemos encontrado, pues, al iniciar nuestras conversaciones, no sólo con ideas generales, sino con proposiciones muy detalladas, largamente meditadas, fruto de la reflexión, el conocimiento y la experiencia de hombres que tienen muy alta versación en materias de derecho político. Quisiera manifestar, por ejemplo, que las conversaciones entre las comisiones designadas por la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano se iniciaron sobre la base de un primer documento tentativo de reforma que fuera preparado por el profesor Francisco Cumplido, titular de la cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile; por el profesor Enrique Evans de la Cuadra, profesor ordinario de la cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile; por el profesor universitario y actual Ministro de Justicia don Gustavo Lagos; y por el Senador y profesor universitario don Patricio Aylwin. Ellos habían preparado, con bastante anticipación, un proyecto de reforma constitucional que nosotros, los representantes de la Democracia Cristiana, llevamos a estas conversaciones. Además, la redacción del articulado que hoy día conoce la Honorable Cámara, fue hecha contando con la asistencia, la colaboración y el trabajo permanente, junto a nosotros, durante todo el tiempo que duraron las conversaciones, de dos profesores de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de Chile, uno en representación de cada sector: el profesor don Jorge Tapia Valdés, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en representación del equipo técnico de la Unidad Popular; y el profesor Francisco Cumplido, a quien ya aludiera, en representación del equipo técnico de la Democracia Cristiana. Fue posible así, en un corto plazo, proponer y sancionar la reforma constitucional que estamos discutiendo en la mañana de hoy. Respecto de su importancia, quisiera extenderme muy brevemente. Sin duda alguna, si ella llega a ser convertida en texto de nuestro derecho público, como estoy cierto ocurrirá, con amplio respaldo y en un plazo breve, esta reforma construiría una de las más importantes que ha experimentado la Carta de 1925, y sólo podría ser comparada, en importancia y significación, con la que el Congreso Pleno sancionara en diciembre de 1969 y que entrará en vigencia, precisamente, a contar del 4 de noviembre del presente año. Estos acuerdos tienen importante envergadura y sentido tanto jurídico como político. Importancia política, porque permitirán el despacho de este texto con los votos conformes de más de las tres cuartas partas de los representantes populares acreditados en el Congreso Nacional; porque implican un consenso que envuelve a movimientos que hoy día representan más del 75% de la composición de nuestros municipios; porque envuelven un consenso que implica a movimientos que han obtenido más del 65% del electorado del país en la reciente consulta presidencial; porque implican recoger y proyectar sentimientos muy, profundos que trascienden ya a la simple inquietud de juristas y estudiosos del ordenamiento jurídico chileno. Sin profundizar demasiado en el tema, quisiera recoger algunas expresiones contenidas en una revista especializada de análisis económico y social que editan importantes académicos ele nuestra Universidad nacional, los que recientemente han manifestado ideas muy coincidentes con el espíritu de esta reforma constitucional. Han dicho: "Así como alguien ha señalado que unos dos tercios de la población se pronunciaron contra todo (el conservantismo, la democracia cristiana y el "camino al socialismo"), es mucho más pertinente sostener que hay dos denominadores abrumadoramente mayoritarios: el que expresa la voluntad de cambios substanciales y el que preconiza la mantención de un sistema "abierto", democrático y pluripartidista. "El gran problema, el más decisivo, es cómo ecuacionar estos términos, que hasta ahora no han logrado congeniar por completo, y derivar en un régimen con amplia eficacia social. "Ahí está el reto para la dirigencia política chilena. Para contestarlo no parece haber "atajos" ni soluciones mágicas. Cualquier combinación que pretenda sacrificar uno de los términos en aras del otro parece condenada a fracasar o a crear problemas aun mayores que el que se plantea. " En esa disposición, diría yo, señores parlamentarios, se encuentran todos los que han patrocinado' este proyecto: en la disposición y en el deseo de ser leales a estas dos vertientes o tendencias de pensamiento mayoritarias en nuestro país, la de profundizar el cambio social y la de mantener y perfeccionar la estructura democrática, pluralista y pluripartidista que existe y funciona en nuestra patria. Esta reforma tiene, pues, un carácter restringido y circunscrito. Intenta solamente abordar aquellas disposiciones fundamentales para permitir la obtención de estos resultados; implica un compromiso para las fuerzas que la respaldan y patrocinan, que se limita y se agota al patrocinio de estos objetivos comunes. Deja a ambos movimientos, tanto a la Unidad Popular como al Partido Demócrata Cristiano, en plenitud de libertad y autonomía para proponer más adelante, otras reformas constitucionales que estimen convenientes o para pronunciarse frente a ellas en forma afirmativa o negativa, en su oportunidad. El esfuerzo actual implica una disposición de perfeccionar nuestro régimen político, especialmente en la materia relativa a los derechos individuales y sociales que la Constitución consagra. No tiene otro alcance, otro compromiso, otra significación. Entrando ahora al análisis de la reforma propuesta, quisiera determe, por algunos momentos, en lo que podríamos llamar las ideas fundamentales, inspiradoras de esta reforma, que constituyen los conceptos de fondo, las ideas matrices que han tenido presentes sus redactores para proponer el articulado. Yo expresaría, señor Presidente, que tres son los conceptos fundamentales que han inspirado estas reformas: 1ºEl perfeccionamiento del carácter democrático y pluralista del régimen político chileno ; 2ºLa consolidación del estado de derecho, como condición normal de funcionamiento de nuestros Poderes Públicos; y 3°La reafirmación del carácter independiente y profesional de nuestra fuerza pública. Creo conveniente glosar muy brevemente cada una de estas ideas. Esta reforma se hace para consolidar el carácter democrático del régimen político chileno, idea sustentada por todos quienes han trabajado en la redacción del proyecto. Se propone y se lleva adelante en la convicción de que, dentro del régimen democrático planteado en nuestra Constitución Política desde los orígenes de la República, se hace indispensable incluir y proyectar un concepto nuevo que ha venido desarrollándose en el pensamiento contemporáneo en los últimos 30 ó 40 años, cual es el del pluralismo. Alguien ha dicho y con razón que el pluralismo es la nueva manifestación o sentido de la democracia en nuestros días. ¿En qué consiste esta idea, que está como telón de fondo en esta reforma constitucional y que inspira muchas de sus disposiciones? Consiste este concepto, surgido de la elaboración de los pensadores de inspiración cristiana de la década del 30, pero aceptado más tarde por hombres de muy distinta convicción como espero demostrarlo, en la afirmación del respeto a las opiniones y a los juicios personales de las corrientes ideológicas y de las variantes en las civilizaciones, como lo ha expresado uno de los sociólogos y estudiosos que se ha detenido en el asunto: Robert Kothen. La idea del pluralismo implica, en primer término, respetar en los demás individuos o grupos lo que los distingue de nosotros mismos, proyectando la idea de una autonomía en las personas y en las sociedades. Representa un esfuerzo constructivo para hallar. los principios comunes que unen a las diferentes escuelas del pensamiento actual, especialmente aquellas que manifiestan la doble aceptación del cambio social y el perfeccionamiento de nuestro régimen político, buscando en estas convergencias en torno a principios comunes el cimiento más sólido para la vida social. Se ha expresado que, para ser eficaz, el pluralismo supone que los diferentes grupos descubran formas comunes de pensamiento y de acción relativas a problemas determinados y que en cuanto difieran sepan respetar las ideas do los que piensan en otra forma que ellos. Por último, se ha expresado que se es pluralista al admitir la variedad de los seres, de las facultades, de los grupos, lo que hace indispensable luchar sin pausa para reunir estas reformas múltiples en expresiones cada vez más altas de la existencia común. Este concepto de pluralismo tiene, por cierto, muchas expresiones. Se proyecta en la existencia política a través del reconocimiento de movimientos políticos múltiples inspirados en distintas concepciones del hombre, del mundo y de la historia. Se expresa a través de la vida internacional, donde el pluralismo proyecta la coexistencia de naciones de muy distinta orientación, régimen e intereses o grados de desarrollo; se proyecta en la organización social, donde el pluralismo permite que junto a las organizaciones regulares del Estado vayan surgiendo y floreciendo múltiples expresiones de organización de la comunidad, de la sociedad misma, que van desde los sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, cooperativas, por nombrar sólo las que son más frecuentes en la organización social chilena. Se proyecta en el régimen educacional, como tendremos oportunidad de verlo en esta propia reforma constitucional, planteando la idea de que dentro de la organización central que al Estado le corresponde en materia de planes y programas, es posible una expresión pluralista en los establecimientos que llevan adelante los planes y programas que el Estado ha sancionado. El concepto de pluralismo, ligado, en sus orígenes, al pensamiento cristiano de la década del 30, ha sido perfeccionado por hombres de muy distinta convicción e ideología. No son pocos, hoy día, los marxistas que plantean su aceptación al concepto del pluralismo. Así, por ejemplo, en la reunión habida en Salzburgo entre marxistas y cristianos, un marxista italiano, Lombardo Radice, presentó una muy notable relación sobre el pluralismo en la concepción marxista. Resumiendo sus ideas, ellas pueden plantearse en dos columnas básicas de elaboración que parten del rechazo de la antigua "teoría del monolitismo", vigente a lo largo de todo el período stalinista. Primeva, el rechazo de la completa subordinación de todas las organizaciones sociales a un partido revolucionario; y segunda, la descalificación del axioma de la unidad o univocidad de expresión de los intereses de los sectores progresistas y revolucionarios. Por el contrario, Radice ha expresado textualmente: Los comunistas, y más en general los marxistas italianos, están convencidos de que el pluralismo es una exigencia interna de la revolución socialista en su país. Creen que en la nueva sociedad no sólo debe ser consentida la libertad de opinión, sino que tal libertad es indispensable para evitar errores, para avanzar más rápidamente. Creen firmemente que en una sociedad socialista no es lícito al Estado hacer ninguna discriminación entre los ciudadanos, sobre una base ideológica. Creen muy fecunda una recuperación marxista del concepto del Estado aconfesional y laico. Esta idea del pluralismo, expresión contemporánea del carácter democrático en la organización política, inspira, en primer término, la reforma que hoy estamos discutiendo y tiene dos expresiones concretas. Primero, el reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores incorporados a la Constitución en forma satisfactoria, como aquí se propone; y segundo, el reconocimiento del derecho de todos los hombres y, en nuestro caso de los habitantes de la República a una participación cada vez más plena en la vida económica, social y política de nuestra patria. Ambos conceptos se encuentran expresamente consagrados en el articulado de esta reforma constitucional. Una segunda idea que está presente a lo largo del articulado para reforzarla, y que inspira también esta reforma, es la de vigencia del Estado de derecho, entendida como el régimen dentro del cual la autoridad se radica en los Poderes Públicos, y éstos tienen como margen de atribución y posibilidad de sus actuaciones, el cumplimiento de las potestades, atribuciones y competencia que la propia Constitución y las leyes les van señalando, sin que existan fuera de los Poderes Públicos, organizados bajo las modalidades de independencia o interdependencia que el constituyente señala, otros poderes autónomos o independientes que trasciendan el Poder del Estado expresado a través de las ramas en que éste se encuentra dividido. Una tercera idea inspiradora de esta reforma constitucional es, en mi concepto, la de la independencia de la fuerza pública, dentro de la necesidad de modernizar el texto del artículo 22 de nuestra Constitución Política, demasiado escueto al reglamentar las bases constitucionales de la fuerza pública. En este punto hemos querido consagrar, conforme a las prácticas vividas por el país, el carácter profesional, obediente, jerárquico que reviste en nuestro régimen político la fuerza pública, representada por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es ésta una tercera idea que inspira a quienes han planteado este proyecto de reforma constitucional Ahora bien, en torno de estos tres conceptos centrales, el perfeccionamiento del régimen democrático chileno, la preservación de un Estado de derecho y la consolidación del carácter independiente de nuestra fuerza pública, se proponen diversas modificaciones específicas a nuestra Carta Constitucional, que se traducen en actualizaciones de los artículos 10 y 22, por señalar los textos más frecuentemente aludidos. En particular, esta reforma constitucional, que entro a analizar en detalle de inmediato, comienza por una modificación puramente formal, que se contiene en el número 1) y que consiste en refundir los artículos 8º y 9º de la actual Constitución Política chilena en un artículo único, con el objeto de mantener la correlativa numeración de este texto. No hay un solo cambio de conceptos en esta refundición de artículos. Sólo debe ponerse de manifiesto una modificación de detalle, para perfeccionar su redacción, en orden a cambiar el erróneo concepto "inflexiblemente", consagrado en el texto del año 25, por la expresión "reflexivamente", que es la que desde el punto de vista idiomático resulta correcta. El número 2) inicia la precisión de los conceptos de fondo que se desea incorporar a nuestra Constitución Política y contiene lo que se ha denominado el Estatuto de los Partidos Políticos Chilenos. Es de todos sabido el hecho de que en la Constitución Política Chilena los partidos políticos se encuentran muy escuetamente regulados. Hay, apenas, una referencia a ellos en el artículo 25, que establece que en las elecciones se buscará un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación entre las corrientes de opinión y los partidos políticos existentes en el país. Pero no hay una reglamentación de ellos, pese al papel fundamental que desempeñan no sólo en Chile, sino que en cualquiera democracia bien organizada. Esta disposición viene a llenar ese vacío e incorpora un estatuto completo de los partidos políticos, que contiene y desarrolla las ideas fundamentales para asegurar su existencia y su perfeccionamiento. Comienza por manifestar que se reconoce a todos los chilenos el derecho a ejercitar plenamente sus derechos políticos, agrupándose para ello en partidos políticos. Otorga y reconoce a éstos la calidad de persona jurídica de derecho público, conforme ya lo hiciera el artículo 20 de la ley Nº 14. 852, Ley General de Elecciones vigente. Pero, fundamentalmente, en sus incisos tercero y cuarto esta disposición constitucional que venimos a proponer que la Sala ratifique en la mañana de hoy, establece las garantías o derechos esenciales para que los partidos políticos puedan llevar adelante sus actividades en forma libre y satisfactoria, consagrando fundamentalmente cuatro derechos básicos de los partidos políticos. 1.- El derecho a darse la organización y estructura interna que estimen convenientes para desarrollar sus actividades. 2.- El derecho a concurrir a la determinación de la política nacional, definiendo libremente y modificando con igual libertad su línea de orientación, sus definiciones programáticas y su orientación política. 3.- El derecho a participar y comparecer en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias o municipales, a través de la presentación de candidatos que representen fundamentalmente la línea definida por dichos partidos políticos. 4.- El derecho a organizar un régimen patrimonial conveniente, conforme a su condición de personas jurídicas de derecho público que aquí se les reconoce, manteniendo bienes y medios de comunicación y contando con secretarías de propaganda, a las que puedan concurrir los ciudadanos y habitantes de la República en forma que les permitan desarrollar sus actividades políticas y electorales. Finalmente, el inciso cuarto del artículo 9º nuevo que estoy comentando, reglamenta la situación en que quedan los partidos políticos respecto de los medios de comunicación de propiedad estatal o controlados por el Estado. La reglamentación será, por cierto, fundamental, preferentemente tratándose de la televisión nacional que el Estado organice. Se reconoce a los partidos políticos el derecho a participar y acceder a estos medios de comunicación y difusión social, sobre la base de garantizarse una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión, sin más limitación que hacerlo en proporción a los sufragios obtenidos por cada uno de ellos en la última elección general que se haya realizado en nuestro país. Con relación a este artículo, frente a una duda planteada por el señor Diputado don Alberto Zaldívar, acerca del alcance de la frase final del inciso tercero que establece que "la ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos. ", se acordó por asentimiento unánime dejar expreso testimonio en el acta y en el informe, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta reforma constitucional, que ella se refiere única y exclusivamente a aquellos Poderes Públicos que son designados por elección y no puede extenderse el alcance de la norma a otros que no se generan de tal manera, como es el caso del Poder Judicial. La cuarta enmienda modifica el Nº 3 del artículo 10 de la Constitución, modernizando la libertad de expresión. Consagra, en su primera parte, esta libertad de expresión en la forma amplia que hoy lo hace la Constitución Política. Un debate interesante se originó en la Comisión, con la participación de prácticamente todos sus miembros, en torno de la relación que existe entre esta disposición aprobada y la legislación actualmente vigente en nuestro país, en orden a sancionar, a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado y otros textos, manifestaciones que, elevadas a la categoría de delitos, son proscritas y perseguidas por el Estado chileno. La conclusión de este debate conclusión de la cual se ha dejado constancia en el informe respectivo es que esta modificación tiene un carácter amplio, en los términos en que aquí se reconoce, y que ella debe obligar al Poder Ejecutivo y al Parlamento, una vez sancionada como texto vigente, a readecuar la legislación sobre seguridad interior del Estado y otros textos que pudieran quedar en colisión con el principio que hoy día estamos estableciendo, en forma de reconocer efectivamente el derecho y la garantía que mediante esta reforma se consagra. El inciso segundo de esta disposición eleva al rango constitucional el derecho a la aclaración o rectificación gratuitas, que cualquier persona natural o jurídica puede invocar cuando haya sido ofendida o aludida por alguna información de prensa o radio. En los incisos siguientes, esta disposición consagra un amplio estatuto de los medios de comunicación, que contiene ideas sobre el derecho de uso de los medios de comunicación, sobre la propiedad y la expropiabilidad de estos medios de comunicación, señalando procedimientos excepcionales para su expropiación; sobre la difusión y circulación de libros, impresos y revistas; sobre el derecho de las universidades y del Estado para mantener el uso exclusivo de estaciones de televisión; y sobre la garantía de circulación, remisión y transmisión de escritos, impresos y noticias. El Nº 5), siguiente, moderniza el derecho de reunión, estableciendo sólo una modificación, en virtud de la cual, en lugar de quedar éste reglamentado y limitado, como está hoy, por las disposiciones de policía y por reglamentos, este derecho puede ser restringido en el futuro sólo mediante expresiones de carácter legal. El Nº 6) de la reforma moderniza el principio de la libertad de enseñanza, incorporando en nuestra Constitución el concepto moderno y fundamental del "sistema nacional de educación", que entrega al Estado la determinación de los contenidos básicos de la enseñanza, la determinación de los planes y programas y de la orientación de la educación; pero deja a un sistema mixto, en el que coexisten el Estado y los particulares, el impartir y otorgar una enseñanza que es reconocida corno colaboradora de la función educacional del Estado. Se consagra el principio de que sólo la educación privada gratuita y que no perciba fines de lucro recibirá una contribución económica que garantice su financiamiento; idea que, como ha quedado establecido en las actas de la Comisión, tendrá aplicación incluso en los establecimientos de carácter mixto, como por ejemplo en algunos en los cuales la educación básica es gratuita y la secundaria pagada; en casos como éste y en todo el ámbito de la educación efectivamente gratuita y que no perciba fines de lucro, tendrá lugar la aplicación de las disposiciones que se consagran. Se moderniza el papel de la Superintendencia de Educación. Las reformas educacionales deberán realizarse en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes, de composición pluralista. Se eleva el carácter de garantía constitucional el derecho a la autonomía universitaria, reconociendo una amplia autonomía para todas las universidades en los ámbitos académicos, administrativo y financiero. Se reconoce a todas las universidades, no sólo su autonomía, sino el derecho al financiamiento de ellas para cumplir sus funciones. Se establece el principio del libre acceso de los postulantes a las universidades y de la igualdad en este acceso. Se consagra el principio de la libertad académica y de cátedra, de la libertad de opinión de los estudiantes dentro del ámbito propio de la función académica. En el Nº Y) se moderniza la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica, incorporando ahora también la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas. En el Nº 8) se moderniza y se complementa la libertad de trabajo y su protección, estableciéndose que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan: elevándose al rango constitucional el derecho al trabajo y la participación de las utilidades. Se consagra también el derecho a la sindicalización en el orden de las actividades o en las respectivas industrias o faenas, e igualmente, el derecho de huelga. Se establece que sindicatos, federaciones y confederaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica en la forma y condiciones que determine la ley; extendiendo a la organización sindical el régimen consagrado en la ley Nº 16. 880 para las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Se reconoce en el Nº 9) la libertad ambulatoria, en la forma amplia en que hoy la consagra nuestra Constitución Política; pero incorporando en ella el derecho para entrar o salir del territorio nacional, sin perjuicio del cumplimiento de los principios legales y de la legislación penal en cuanto a las sanciones de extrañamiento... En el Nº 10) se establece un derecho social nuevo como Nº 16 del artículo 10 de la Constitución: el derecho a la seguridad social. Este nuevo precepto dice expresamente que "el Estado adoptará todas les medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para la protección integral de la colectividad y para propender una equitativa redistribución de la renta nacional. " Añade que "la ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del jefe de familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares. "El Estado mantendrá un seguro social de accidentes para asegurar el riesgo profesional de los trabajadores". Y se reitera el principio de que "es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país", y mantener un servicio nacional de salud. Finalmente, se incorpora, en el campo de las garantías individuales y sociales, lo que podríamos llamar el "derecho a la participación", aspecto central para perfeccionar nuestro régimen democrático, en el cual hubo tan amplia coincidencia entre los proponentes de la reforma y en el debate de la última campaña presidencial. Se dispone, aquí que la Constitución garantiza "el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica" de la Nación, con el objeto de lograr el pleno e integral desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. Con este fin, se establece que el Estado deberá suprimir todos los obstáculos que limiten la libertad e igualdad de las personas y grupos, y garantizará y promoverá el acceso a todos los niveles de la educación y de la cultural y a aquellos servicios que sean necesarios para el logro de esos objetivos. Se agrega que las juntas de vecinos, centros de madres, sindicatos y cooperativas y demás organizaciones sociales, mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y las Municipalidades, serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de sus funciones y para generar democráticamente sus organismos directivos y representativos, a través del voto libre y secreto de todos sus miembros. Consagrando y ratificando el principio de vigencia del "Estado de Derecho", se dice expresamente que, en ningún caso, estas instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer los poderes propios de las autoridades del Estado. Finalmente, la reforma, en su Nº 12), moderniza el texto del artículo 22, conocido por los juristas como "las bases constitucionales de la Fuerza Pública". Establece que esta fuerza pública en Chile está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros; y detalla las características esenciales de ella: son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, recogiendo así principios que, con honor y altura, nuestras Fuerzas Armadas han erigido en normas de su conducta práctica desde hace mucho tiempo. Se mantiene el principio de que sólo a través de la ley se puede fijar la dotación de cada una de las instituciones armadas; y se consagra la idea de que la incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, con excepción del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles. Este artículo suscitó un debate importante y profundo en la Comisión. Quiero resumir a los miembros de la Cámara las conclusiones de esta discusión. Se trataba de aclarar el hecho de que, aparentemente, el inciso segundo de este texto establecía la ida de que la incorporación de las dotaciones de las Fuerzas Armadas y Carabina! os se hacía a través de las escuelas especializadas, efectuándose por estas escuelas la contratación de personal. Se declaró que no era así; que el régimen de generación de las dotaciones y contingentes en nuestras Fuerzas Armadas se hace de acuerdo al Nº 9 del artículo 10 y número 9 del artículo 44," a través de la ley. Esta fija los contingentes y autoriza a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para contratar el personal. Es este personal contratado a través de los altos mandos y lo que esta disposición consagra, sin entrar en conflicto con las disposiciones ya establecidas, es simplemente que la incorporación material de estas dotaciones no podrá hacerse sin la previa instrucción de ellas en las escuelas institucionales especializadas de oficiales o suboficiales que, tanto el Ejército, la Marina, la Aviación y nuestro Cuerpo de Carabineros mantienen efectivamente hoy día. Ese es el alcance que la Comisión estimó indispensable aclarar. Se mantienen armónicamente los preceptos legales y constitucionales vigentes y se establece sólo un reforzamiento del carácter profesional de nuestras Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, disponiendo que, previamente a la incorporación efectiva de las nuevas dotaciones a cada una de las unidades, los contingentes que se incorporan deberán recibir la adecuada instrucción proporcionada a través de las escuelas especializadas de cada instituto armado. Penalmente, el proyecto de reforma contiene dos disposiciones transitorias. Una es la que se incorporaría a la Constitución Política como decimoquinta, en que se expresa que, mientras no se dicten las leyes complementarias a que se refieren los números 4 y 15 del artículo 10, o sea los relativos a las garantías constitucionales del derecho de reunión y la libertad ambulatoria, seguirán vigentes los reglamentos que se encontraban en aplicación al 1º de octubre de 1970. Debe reparar la Cámara en que esta norma implica, la imposibilidad de que el Presidente de la República modifique, por sí mismo, en el futuro los reglamentos vigentes, los que son elevados, a través de esta disposición, a la categoría y efectos de las disposiciones legales, puesto que será la ley la única que en el futuro, podrá modificar o reglamentar el derecho de reunión y la libertad ambulatoria o de circulación. Igualmente se expresa que, no obstante lo dispuesto en materia de impresión de textos escolares y garantías democráticas para la impresión de estos textos, los que ya se encuentran aprobados al 1º de octubre de 1970, podrán seguir siendo utilizados y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran. Por último, consagrando una cláusula de estilo, siempre incorporada a las reformas constitucionales, se faculta al Presidente de la República para fijar, una vez aprobada esta reforma, el texto definitivo y refundido de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a esta disposición. Esta es, señores Diputados, la importante reforma constitucional que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha reconocido y aprobado, cuya sanción por esta Cámara propone en este instante por mi intermedio. El señor MATURANA.- Pido la palabra. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, El señor MATURANA.- Señor Presidente, nosotros deseamos, en esta oportunidad, enjuiciar un proyecto acordado y redactado por los partidos de la Unidad Popular, por los movimientos que lo integran, y por el Partido Demócrata Cristiano, y, en consecuencia, nuestras opiniones y juicios no pueden estimarse dirigidos a los parlamentarios que, accidental y circunstancialmente, para cumplir con el Reglamento de la Cámara, aparecen firmando el proyecto, como bien pudieron hacerlo cualesquiera otros parlamentarios de esta combinación política. Este proyecto es consecuencia de un acuerdo adoptado por la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, en orden a solicitar a la Unidad Popular garantías constitucionales para dar sus votos en el Congreso Pleno, normas que fueron redactadas por una comisión adhoc. Hasta aquí me atengo exclusivamente a las declaraciones oficiales de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, en orden a que éste fue el procedimiento seguido en este proyecto. Deseo hacer algunas consideraciones generales, ya que otros parlamentarios de mi partido se referirán a algunas disposiciones en particular. El proyecto, a nuestro juicio, no es sino una mera reglamentación de materias que ya estaban contempladas en los actuales artículos 9°, 10 y 23 de la Constitución Política del Estado, y pretende elevar a la categoría de constitucionales ciertas normas legales que dan cumplimiento a las garantías constitucionales. La garantía, a nuestro juicio, es insuficiente, es precaria y es ineficaz. ¿Por qué opinamos así? Porque el proyecto no garantiza la permanencia de las normas que establece al no exigir quorum especiales para su modificación. Salvo en lo referente a los medios de información, no existe exigencia alguna de quorum para la modificación del texto constitucional. Tampoco como ocurre en las Constituciones de otros países del mundo se declaran ciertas causales o se hacen ciertas declaraciones de irreformabilidad de determinadas instituciones que se estiman básicas, mínimas o esenciales. Ni siquiera se hacen excepciones a las garantías constitucionales en su tramitación legislativas. Es más, cuando la disposición constitucional requiere de una ley reglamentaria, ésta queda para estudio posterior y, entretanto, rigen las disposiciones de policía. Consideramos que estas reformas quedarán aprobadas en su primer trámite constitucional probablemente antes del 4 de noviembre, quedando al arbitrio del futuro Jefe de Estado la facultad colegisladora: no dar lugar a urgencias, acumular proyectos diferentes, etcétera. Este proyecto podría muy bien dormir, si no "el sueño de los justos", por lo menos "el sueño de los inocentes" durante un largo período. No olvidemos que se está transando el futuro democrático del país por un mero proyecto de reforma constitucional que puede o no puede concretarse. No olvidemos tampoco que en nuestra Constitución existen preceptos que han sido letra muerta por más de 40 años, como es el caso de los tribunales administrativos, como es el caso de la indemnización a los procesados que, en último término, resultan absueltos por su inocencia. De manera que, aun en el supuesto de que estas garantías lleguen, algún día, a formar parte del texto de la Constitución, pueden no reglamentarse y ser meras declaraciones románticas, o pueden ser desvirtuadas, alterando su intención formal y aparente, en casos como, por ejemplo, el estatuto de los partidos políticos, la libertad de tránsito para permanecer en el territorio nacional o salir de él. Además, a nuestro juicio, se ha olvidado la garantía primitivamente exigida por la Democracia Cristiana en cuanto a las funciones de los tres Poderes del Estado. No hay garantías de independencia del Poder Judicial y, en nuestra opinión, sigue vigente el programa de la Unidad Popular, que pretende generar políticamente un tribunal supremo por la Asamblea del Pueblo o Cámara Unica. Sin tribunales imparciales, independientes y doctos, no hay un tercero ante el cual reclamar los derechos que este proyecto pretende consagrar. Creemos que es ingenuo pedir garantías si no hay ante quien exigirlas, y podría ser actuar hasta de mala fe dar garantías que no se van a poder otorgar por ningún tercero que pudiera refrendarlas. ¿Quién va a garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales? ¿Quién va a impedir la dictación de leyes que vulneren la Carta Fundamental? ¿Quién controlará la potestad reglamentaria, si ni siquiera tenemos tribunales administrativos? Todas las normas contenidas en la reforma constitucional y esta es una experiencia bastante dolorosa y anticipada existen en países de la órbita soviética. Sin embargo, esos pueblos viven en condiciones de libertad individual extraordinariamente difíciles y dolorosas. Baste al respecto simplemente mencionar la dramática situación de los intelectuales que viven en la Unión Soviética. El señor GUASTAVINO.- ¡Este es un debate constitucional!... El señor AMUNATEGUI.- ¡Deje hablar! ¡No interrumpa! -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor MATURANA.- Su Señoría... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor GUASTAVINO.- No merece ser rebajado el debate. El señor MATURANA.- Su Señoría le dará la altura y la jerarquía de su intelecto y de su ingenio, cuando le corresponda intervenir, pero permita que yo modestamente lo haga sólo en la medida cíe mis condiciones. Todas las normas contenidas en la reforma, como digo, existen en otros países y no han sido de ninguna eficacia. Si a estas razones agregamos que toda declaración lírica, sobre libertad de enseñanza, por ejemplo, que han sido tan "cuidadosamente" estudiadas con el objeto de defender la enseñanza particular, o la mantención del poderío de nuestras Fuerzas Armadas, vital para la integridad y el futuro de la nación y su independencia, o de la fuerza de Carabineros, depende, en último término, de que el Gobierno asigne o no los recursos suficientes en la Ley de Presupuestos porque, seamos honestos los que tenemos la experiencia parlamentaria: todo esto es letra muerta si no se asignan los recursos suficientes en la Ley de Presupuesto, tenemos, entonces, que llegar, necesariamente, a la conclusión de que estas garantías son ilusorias, ineficaces e insuficientes. En este orden de consideraciones, deseo expresar, por último, que ni siquiera la subsistencia de este viejo y noble edificio del Congreso Nacional y ni siquiera la circunstancia de que los parlamentarios pudieran seguir siendo elegidos en procesos electorales relativamente libres, garantizarían efectivamente, digamos un Estado democrático, ya que dentro del sistema económico de los países socialistas, una planificación general y centralizada de toda la economía de un gobierno, le da a éste la tremenda posibilidad de restringir, a su arbitrio, todas las libertades individuales. Las personas cuyas opiniones políticas no resulten gratas al gobierno, por ejemplo, podrán no encontrar trabajo, ni crédito, ni divisas, ni materias primas en forma oportuna y suficiente. Basta, por ejemplo, no dar precios suficientes a una industria para llevarla a la quiebra o a la bancarrota, sin necesidad de expropiación, sin derramamiento de sangre, sin quebrantamiento de ninguna libertad. El señor FUENTES (don César Raúl).- ¿Y la Constitución? El señor MATURANA.- Por todas estas razones, los nacionales no hemos querido prestarnos a lo que estimamos una burla cruel, una farsa, que significa hacer creer a un pueblo libre que su dignidad e independencia se garantizan con estos diques de papel. Porque no creemos en la real y eficaz garantía de estas garantías, porque sabemos cómo se fraguaron y cómo se entregó a un país por pequeños intereses de partidos, porque sabemos que se ha entregado la posibilidad de un futuro democrático, recibiendo sólo, en cambio, un mero proyecto de reforma constitucional insuficiente, es por lo que no estimamos necesario referirnos... La señora LAZO.- Solicito una interrupción, señor Presidente. El señor MATURANA.- ...personalmente a ciertas perfecciones formales de artículos... La señora LAZO.- ¿Me permite? El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señor Maturana, la señora Lazo le solicita una interrupción. El señor MATURANA.- Con mucho gusto se la concedo. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción la señora Lazo. La señora LAZO.- Desearía que el señor Maturana puntualizara si cuando él habla de "diques de papel", refiriéndose a las vallas o a las dificultades que habría que ponerle a la Izquierda triunfante, piensa que serían mejor los campos de concentración estilo nazi o la represión que la Derecha está acostumbrada a usar, normalmente, contra los trabajadores. Eso quiero que aclare, porque da la impresión de que los términos "diques de papel" le parecen una blandura con los que realmente son triunfantes en estos momentos. Muchas gracias. El señor MATURANA.- Con mucho gusto, señora Lazo, le contestaré. Quiero decirle que en materia de campos de concentración y medidas de fuerza, Sus Señorías tienen mucho más experiencia que nosotros en los países cuyos regímenes comparten su ideología. El señor PALESTRO.- Lo de la "José María Caro", por ejemplo. El señor MATURANA.- Cuando hablo de dique de papel... El señor PALESTRO.- Lo de la "José María Caro", ¿ese es dique de papel? El señor MATURANA.- Señor Palestro, si la señora Lazo me pide una interrupción y se la concedo, déjeme, por lo menos, contestarle a ella; es su colega, al fin y al cabo. ^-Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego al señor Palestro guardar silencio. El señor MATURANA.- Señor Palestro, ¿la suya es una forma "democrática" anticipada de decir que ustedes aceptarán o no, a gusto de su paladar, lo que nosotros digamos? El señor PALESTRO.- ¡Con los pobladores de la José María Caro la Derecha usó su "democracia"! -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio. El señor PALESTRO.- Los pobladores de la José María Caro... El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señores Diputados, ruego evitar los diálogos. El señor MATURANA.- Señora Lazo, usted me va a perdonar si no le puedo contestar su pregunta, pero su compañero no me deja hacerlo. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- La Mesa sabe como operar, señor Diputado. El señor MATURANA.- Quiero decir que estimamos que esta es una garantía ilusoria; y la llamo "dique de papel", porque es un hecho evidente de que hay inquietud en el país, que hay temor, de que hay desconfianza y de que hay incertidumbre... El señor GUASTAVINO.- ¡En "Chile Joven"! El señor MATURANA.- Y resulta que este proyecto de reforma constitucional es una anestesia para la gente que no conoce realmente lo que va a ser su eficacia, su alcance y su contenido. Por ello lo llamo "dique de papel". Porque es, fundamentalmente la última ilusión que le han vendido al país los grandes vendedores de ilusiones como han sido los democratacristianos durante estos 6 años de gobierno. Quiero decir que las perfecciones formales, de estilo, de lenguaje, en que incluso se llegó a verdaderos preciosismos, en que algunos señores Diputados se convirtieron en maestros del idioma para hacer figuras literarias y una verdadera gimnasia intelectual en algunos artículos de este proyecto de ley, nosotros estimamos que no valen la pena analizarlas en particular; por lo menos yo no lo voy a hacer, porque creo que son absolutamente ineficaces. Quiero hacer presente a la Honorable Cámara y al país que no hemos hecho indicaciones a este proyecto, tanto porque no creemos que sea un instrumento que realmente vaya a garantizar la democracia, si el futuro gobierno quiere o no aceptarlo, porque, en el fondo, estamos claramente conscientes que el futuro de este país depende de lo que el gobierno quiera o pueda hacer... La señora BALTRA.- ¡Va a depender del pueblo! El señor MATURANA.- Va a depender de la unidad, del fortalecimiento y de la capacidad que tenga para darle gobierno a este país. Además, no hemos hecho indicaciones, porque un acuerdo público de los partidos de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, en orden a rechazar toda idea nueva, fuera de las contenidas en el proyecto... El señor SALVO.- Eso no lo dijo el señor Lorca. El señor MATURANA.- ...hacía imposible e inútil este esfuerzo democrático de nuestra parte. Yo he adquirido en el partido el compromiso de hacer este análisis de carácter general y global del juicio que nos merece este proyecto ele reforma constitucional; y en el curso del debate, otros dos señores Diputados, miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se referirán a aspectos particulares. Muchas gracias, señor Presidente. El señor GUASTAVINO.- ¡Muy tibio! El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor César Raúl Fuentes. El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, he concedido una interrupción al Diputado señor Héctor Valanzuela. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Valenzuela. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (Don Héctor).- Señor Presidente, la democracia de nuestro país ha empezado hoy a concretar en la Cámara de Diputados una etapa decisiva y nueva. Frente al hecho evidente de un veredicto popular que otorgó el 4 de septiembre del presente año una mayoría relativa a don Salvador Allende, quien encabeza una combinación política dirigida por los Partidos Comunista y Socialista, e integrada por otras fuerzas, a un tercer lugar obtenido por nuestro candidato, don Radomiro Tomic, el Partido Demócrata Cristiano asumió sin vacilación el deber de adoptar la actitud que le corresponde como partido decisivo en la política chilena, y comprendió la significación moral que tiene el hacerlo a la luz pública. Se dio además la circunstancia de que la Democracia Cristiana fue la única fuerza política que reaccionó virilmente ante este hecho, puesto que la Derecha, a pesar de la gran votación lograda y que la colocó a un distancia de 38 mil votos del presunto vencedor, se desplomó en un instante como un gigante con pies de barro. Por el bien de Chile y de su pueblo, era imperioso impedir un tráfico de especulaciones e incertidumbres que, a partir de la noche del 4 de septiembre, pudo desencadenar contingencias y trastornos gravísimos para nuestra democracia y para la vida de los chilenos, y buscar un cauce democrático a una situación nueva. La estatura de un partido se mide en los momentos difíciles, cuando frente a la adversidad tiene que volver a tocar la esencia misma de lo que es y de allí de su propio seno, extraer la fe y el coraje necesarios para encarar las nuevas realidades. Sólo cuando es capaz de actuar así queda probado que es capaz de dirigir un país. La democracia chilena empieza hoy a vivir una etapa nueva, de franqueza y claridad, cuando luego de un intercambio duro de ideas y planteamientos, pero respetuoso en su forma, mediante el cual la Democracia Cristiana y los Partidos de la Unidad Popular ventilaron a los ojos de todo el pueblo sus respectivos puntos de vista, ponen ahora en movimiento con mutua lealtad este proceso de reformas constitucionales. Por decisión de mis camaradas me corresponde fijar aquí, en el nombre de los Diputados del Partido Demócrata Cristiano, la fundamentación política de las reformas constitucionales que hemos empezado a despachar. Antecedentes de la Campaña Electoral. Trataré de hacerlo siguiendo ese mismo modelo de respeto, que no excluye ni la franqueza, ni la claridad, con que se llevaron las conversaciones a que me he referido. Estimo que es previo fijar un antecedente que se dio en el curso de la reciente campaña presidencial: la división de las fuerzas en pugna ponía en situación de crisis al régimen constitucional del país, tanto porque en el seno de la candidatura de la Derecha se habían enquistado elementos extremistas según ha quedado de manifiesto precisamente en estos mismos días, cuanto porque en la candidatura de la Izquierda marxista estaban presentes también elementos declaradamente antidemocráticos. Fue el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Senador Benjamín Prado, quien, luego de recordar que en la misma noche del 4 de septiembre la Democracia Cristiana admitió el hecho de que se había producido una mayoría limpia e inobjetable en favor del señor Allende, señaló en un discurso radiodifundido al país el 10 de septiembre, que si bien el Senador Allende esperaba que el Congreso Pleno ratificara su triunfo, también la Democracia Cristiana, en cumplimiento de su deber de cautelar del mejor modo posible los intereses de Chile y de su democracia, estaba analizando seriamente los antecedentes que la llevarían a adoptar una decisión definitiva sobre la materia, Y se hizo cargo entonces, interpretando no sólo al Partido Demócrata Cristiano, sino además la inquietud de multitud de chilenos, de un hecho que delineó en forma tajante y sin tapujos, y que cito textualmente: "Las fuerzas políticas que sustentaron la candidatura del señor Allende están integradas, entre otras, por partidos marxistas, y frente a esta realidad se nos hace ineludible prevenir los riesgos de una transformación del sistema democrático chileno, en un régimen en que paulatinamente podría ir negando la existencia misma de las condiciones de libertad y de respeto, a los valores de la persona humana, que caracterizan una sociedad pluralista. Si así ocurriera, Chile tiene que saber que la Democracia Cristiana constituye la única fuerza política democrática, capaz de oponer su solidez ideológica y el respaldo de sus bases, convirtiéndose en el más firme baluarte defensor de la libertad y de las garantías individuales. Que nadie dude que en ese evento nuestro partido estaría en la primera fila de una lucha sin cuartel que sólo podría terminar con la restauración de los valores más sagrados para todo ser humano que nació libre". Producida la mayoría relativa en favor del señor Allende, una realidad objetiva nos señalaba que se produjo en el país, incluso entre elementos allendistas, una sensación de desconcierto y de inquietud acerca de lo que podía significar ese eventual Gobierno. Circunstancias de la campaña habían llevado a la candidatura del señor Alessandri y al Presidente del Partido Nacional a proclamar que debería entregarse el poder a quien ganara por un voto. Nosotros, que no nos dejamos arrastrar pollos alardes publicitarios de esas palabras empeñadas públicamente "con tanto honor", tuvimos no obstante la entereza moral de aceptar ese hecho de la mayoría relativa del Senador Allende. Pero asimismo, en el discurso ya citado del Presidente del Partido, enjuiciamos el carácter político del Gobierno del señor Allende y dijimos que allí nos topábamos con elementos contradictorios: que muchas personas integrantes de la combinación de la Unidad Popular iban a tratar de desarrollar lealmente tal Gobierno según los moldes que los chilenos llamamos democráticos; pero que otros elementos de la misma candidatura hacían temer que por doctrina o por táctica harían, a nuestro juicio, todo lo posible para encaminar al país a un Estado totalitario según modelos conocidos. El señor RIOS (don Mario). ¡Campaña del terror! El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- De este análisis serio surgió la necesidad de que la persona que encabezaba esa primera mayoría fuese confrontada a la obligación de que se comprometiera ante el país a mantener el régimen democrático. La Democracia Cristiana entiende que ello implica no sólo el conjunto de reformas constitucionales que hoy empieza a tratar esta Cámara, que tienen por finalidad aclarar y perfeccionar los valores fundamentales de una sociedad pluralista, sino que también entraña un compromiso de honor que, ante todo el pueblo de Chile y sus instituciones y ante muchos otros pueblos que desde el exterior observan con atención y asombro el proceso electoral de nuestra patria, contrae quien será elegido Presidente de la República y junto a él las fuerzas políticas que lo acompañan y que también compromete en este acto su honor de chilenos. El Partido Demócrata Cristiano: Intérprete de las mayorías. El resultado final de esta patriótica y limpia gestión, ya lo ha reseñado el Diputado informante del proyecto, señor Luis Maira. Sólo me corresponde dejar constancia al respecto de que en dicha gestión el Partido Demócrata Cristiano no sólo se atuvo estrictamente a las instrucciones de su Junta Nacional, sino que también supo interpretar el hondo sentir de una inmensa mayoría de chilenos. Dejo constancia, además, de la formal y leal acogida que tales planteamientos tuvieron de parte del Senador Salvador Allende y de los partidos de la Unidad Popular. Es verdad que el Partido Demócrata Cristiano tuvo en algún momento de esta gestión discrepancias con el señor Allende, porque juzgó que éste no había respondido al método fijado, vale decir, a la aceptación de reformas constitucionales concretas, ni tampoco al espíritu con que ellas fueron propuestas por nosotros, por cuanto el candidato hacía hincapié en la intangibilidad del programa de su candidatura. Para bien de Chile y de los chilenos tales discrepancias fueron superadas gracias al espíritu patriótico de los personeros que llevaron a cabo esta gestión. Dilema nacional: Cómo se avanza. Corresponde a un ineludible deber nuestro dejar expresa constancia, asimismo, en esta oportunidad, que entendemos muy claramente que el país, al término de la patriótica y fecunda labor del Presidente Frei, le señaló al Partido Demócrata Cristiano el camino de la oposición. Aceptamos con modestia y con lealtad este veredicto democrático. Declaramos que el programa del señor Allende, en aquellos aspectos económicos, sociales y políticos que se contrapongan con nuestras propias concepciones doctrinarias, será discutido por nosotros, no con espíritu sectario como en gran parte ocurrió con el programa del Presidente Frei por aquellos que le hicieron oposición. Así lo haremos en el momento en que el señor Allende los traduzca en proyectos de ley o en medidas determinadas. Pero siempre el sello de la oposición democratacristiana será levantada y tendiente a encauzar el proceso de cambios que Chile requiere. Los democratacristianos sabemos que el mundo avanza y vivimos plenamente insertados en este cuadro de cambios. Por eso para nosotros la disyuntiva no se plantea entre avanzar o no avanzar, sino en cómo se avanza. Sabemos también que la única alternativa vigente hoy en nuestra patria está entre el modelo cristiano y el modelo marxista. Allende es uno de los modelos de esta alternativa. Por el bien de Chile, trabajaremos juntos cuando nuestros modelos coincidan, y también por el bien de Chile así lo creemos profundamente lo combatiremos cuando nuestros modelos discrepen. Los planteamiento generales hechos por la Democracia Cristiana y recogidos en este proyecto de reforma constitucional fueron acogidos desde el primer momento con gran expectativa y confianza por la opinión pública y aun por los demás sectores derrotados en la elección. Hemos visto posteriormente que algunos de estos últimos han cambiado de opinión y que pretenden ahora restar validez a estos mismos planteamientos, declarando que no desean "servir de comparsa para esta farándula". En su despecho e inconsecuencia, algunos han llegado a pretender la descalificación de la cultura moral de nuestro camarada Radomiro Tomic ¡a quien sólo puede mirar hacia arriba como tiene que hacerlo un enano! inventando la injuria grotesca de que Tomic habría traicionado a su propio Partido mediante un supuesto pacto que no tiene otro beneficiario que Allende. El señor ARNELLO.- Así fue. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- No necesito yo ni nadie hacer la defensa de Tomic, frente a quienes no han sido capaces de darles a sus vidas otra finalidad que el menguado servicio a bastardos intereses, porque ante ellos y ante el país entero, la figura de Radomiro Tomic se alza, hoy más que nunca, como él es y ha sido siempre: recto como una espada y limpio como un cristal. Tienen el desparpajo de declarar que no hemos obtenido de Allende garantías suficientes para la vigencia en Chile del régimen democrático, precisamente aquellos que empeñaron en forma reiterada ante el país su palabra y muchos creyeron que con honor por intermedio del Presidente del Partido Nacional, Onofre Jarpa, y el propio candidato Jorge Alessandri, en el sentido de que habría que reconocer como triunfador en la elección al candidato que obtuviera un solo voto más de ventaja; los mismos que invocando majaderamente precedentes, cuestionaron aún la facultad del Congreso Pleno de elegir soberana y libremente entre cualquiera de los dos candidatos que hasta él llegaran; los mismos que estaban dispuestos a elegir a Allende si ganaba por un voto, sin haber mencionado jamás que en tal caso exigirían garantías para la vigencia del régimen democrático. ¿Por qué si nosotros lo vamos a hacer, luego de haber obtenido para el país la clarificación que juzgamos necesaria en bien de Chile y de la tranquilidad de la inmensa masa de chilenos, cuestionan nuestra actitud los que declararon que votarían por Allende sin condiciones, por el solo hecho ele que obtuviera un solo voto más? El señor ARNELLO.- Pero ¿aceptaron eso ustedes? El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¡Estos son los que iban a limpiar al país de los politiqueros y los demagogos I ¡ Así engañaron a centenares de miles de ciudadanos aquellos que se autocalificaron de "Catones de la moralidad pública" y que en la hora de la derrota olvidaron que en política la moral es más importante que la estrategia! El señor MATURANA.- ¡A la hora en que viene a acordarse de la moral Su Señoría. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Contra toda aventura golpista o dictatorial. Sin embargo, el informe que ha rendido el Diputado señor Maira deja en plena evidencia, que las esperanzas que en nuestra gestión pusieron los hombres y mujeres honrados de nuestra patria que por suerte son la gran mayoría han sido satisfechas. El Partido Demócrata Cristiano sabe que un texto constitucional no es en ningún caso una garantía absoluta. Pero creemos haber contribuido con el presente proyecto de reforma constitucional a fortalecer la democracia chilena y a dar a todos los habitantes de esta tierra una opción mejor frente a cualquiera tentativa, de cualquiera parte que ella surja, y que pretenda plantearse en el sentido de imponer un gobierno dictatorial en Chile. Corresponde en última instancia a todos los chilenos ejercitar sus derechos de tales, de manera que cualquiera aventura golpista o dictatorial sea rechazada. El Partido Demócrata Cristiano acepta el desafío de ser ante tal esquema, el defensor más leal y combatiente de los derechos que todo hombre tiene en nuestro país. Finalmente, cualquiera que sea el juicio político que tengamos sobre los hechos que motivaron el presente proyecto de reforma constitucional, la Democracia Cristiana reconoce lealmente que los partidos que apoyaron al Senador Allende han hecho en esta breve etapa en que juntos hemos tratado de abrir un camino de tranquilidad para el espíritu de muchos chilenos, una contribución valiosa en este sentido. Un Testimonio. Permítanme los señores Diputados, entregar un último testimonio. Quiso la Providencia disponer las cosas de tal manera que cuando a comienzos de 1968 llegué a la Presidencia de esta Honorable Cámara, quien ocupaba la Presidencia del Senado era Salvador Allende. Al comienzo, hubo dificultades entre ambos. Pero muy luego la responsabilidad con que cada cual desempeñaba sus funciones nos hizo integrarnos en un trabajo común en bien del Congreso Nacional. No pasó mucho tiempo y empecé a valorizar las condiciones humanas de Allende. El tiene ciertamente sus defectos, como yo, como todo ser humano; pero cuando el intenso trabajo en común nos acostumbró a aceptarnos con nuestro humano bagaje de defectos y cualidades, nació entre ambos una verdadera amistad, aquella amistad sincera que puede surgir entre hombres de ideas discrepantes cuando en común se tiene una cosa : el cabal sentido de la lealtad. Por eso, por mi propia experiencia, tengo fe en que Salvador Allende va a ser leal con la palabra de honor empeñada ante Chile de hacer un gobierno en los términos en que tan francamente concertó con la Democracia Cristiana. El desafío de esta hora. Resguardados debidamente por el texto de la Ley fundamental, queda así abierta ahora para la totalidad de los chilenos verdaderamente patriotas la posibilidad de seguir trabajando con tranquilidad por el destino de Chile; por la promoción cada vez más amplia del pueblo a su participación en las decisiones fundamentales de orden social, político, económico y cultural de nuestra Comunidad nacional; en suma, por el bienestar de todos los habitantes de la patria. El Partido Demócrata Cristiano cree tener la autoridad moral suficiente para formular a todos los chilenos un llamado en tal sentido. Un desafío queda planteado con nitidez a la inteligencia, al corazón y al coraje de todos nosotros: trabajar sin desmayo por el engrandecimiento de Chile, y estar dispuestos, a la vez, a hacer respetar intransigentemente con nuestras propias vidas si ello fuere preciso el derecho de todos los habitantes de esta tierra libre a vivir en plena libertad. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar el señor Fuentes, don César. El señor FUENTES (don César Raúl).- He terminado por ahora, señor Presidente. Con posterioridad haré uso de la palabra. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Solicito el asentimiento unánime de la Sala para suspender la sesión hasta las 14 horas. Acordado. -Se suspendió la sesión a las 12 horas 43 minutos. -Se reámalo la sesión a las 14 horas. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Se suspende por 15 minutos. -Se suspendió la sesión. -Se reanudó a las 14 horas 15 minutos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor Salvo. El señor SALVO.- Señor Presidente, quiero expresar en esta intervención nuestra satisfacción por el entendimiento logrado entre la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano para llevar adelante este conjunto de reformas constitucionales, que nosotros estimamos conveniente e indispensable para el normal desenvolvimiento democrático del país. Y queremos decir que no es un hecho circunstancial, o con el objeto de cumplir algunos compromisos contraídos a título personal, como aquí se ha pretendido decir y se ha dicho, el que con posterioridad al 4 de septiembre se esté llevando adelante esta reforma constitucional que solamente eleva, como dijo el señor Maturana, a la categoría de constitucional algunas disposiciones ya existentes en nuestras leyes. Nosotros creemos que no es un hecho casual, sino un hecho político de extraordinaria importancia. En este momento, en Chile y en muchas partes del mundo, diversos sectores de opinión, cristianos, marxistas, socialdemócratas, hombres de diferentes ideas, convergen con su pensamiento en la realización de programas o de hechos políticos que son comunes para el desenvolvimiento de los pueblos. No entender lo que está ocurriendo en América y lo que está ocurriendo en el mundo significa, en este momento, quedarse estático ante la Historia. Creemos que la buena estrella de Chile, lo que ha permitido a este país, durante tanto tiempo, ir avanzando a través del sistema democrático, se expresa de nuevo en este proyecto de reformas constitucionales en que, convergiendo el pensamiento de sectores que fueron opuestos en la última elección presidencial, damos a nuestra Carta Fundamental la posibilidad de englobar un pensamiento común en torno de materias que a todos nos inquietan. Por eso, tiene validez recordar, ahora, que el pacto de la Unidad Popular no es tampoco un hecho circunstancial de la política chilena. Como lo dijimos en el curso de la campaña, la Unidad Popular nació como una expresión mayoritaria de diversos sectores de la opinión pública de Chile que, a través de un programa común y a través de un entendimiento político, querían ir volcando su inquietud con el objeto de mejorar nuestro sistema político, nuestro sistema económico y social. Y ahí nos juntamos socialdemócratas, hombres de pensamiento laico, marxistas, cristianos, personas y grupos que, a lo mejor, teníamos diversos criterios para analizar la vida; pero que, en conjunto, consideramos que es conveniente la unidad para lograr las transformaciones en nuestro país. Es justo reconocer aquí que en el curso de la campaña y por medio de la acción decidida del Partido Demócrata Cristiano, también se fueron reuniendo puntos de convergencia, de unión, en relación a problemas concretos. Y cuando digo esto, no pretendo, en representación del Partido Radical, hacer un halago al Partido Demócrata Cristiano. Lo que estoy diciendo lo manifestó Raúl Rettig en una respuesta a don Alejandro Silva Bascuñán, que se insertó en "El Mercurio" y que voy a leer en esta oportunidad. Dice Rettig: "¿Entre quiénes es posible una comunicación promisoria de acción común y fecunda? ¿Entre quiénes, en cambio, no cabe otro entendimiento que el compromiso reprensible de quienes pactan para distribuirse el mando sin asegurar un plan de realizaciones admisibles y honesto? "Insistamos en que los tres candidatos son demócratas cuando dice esto se refiere al Senador Allende, a don Radomiro Tomic y a don Jorge Alessandri. Siéndolos, ¿qué dijeron antes del 4 de septiembre? ¿No es verdad que entre el representante democratacristiano y el socialista asomó, a cada instante, la afinidad en la crítica al sistema económico vigente y en la negación del capitalismo como método de conservación social y de progreso humano? ¿No es verdad que la candidatura de la Derecha estuvo muy lejos de compartir esa crítica y se empeñó, honradamente, en rebatirla? ¿Es o no efectivo que los planteamientos de la Unidad Popular en lo económico, lindaron muchas veces con los de la Democracia Cristiana, diferenciándose en los matices o en el grado de énfasis con que fueron defendidos? Las respuestas obvias que merecen las preguntas anteriores nos llevan a una muy clara conclusión: por interpretar la mayoría nacional, sólo puede entenderse la decisión de los grupos de intención parecida, en el sentido de unir sus esfuerzos y ungir a aquel de sus personeros que haya obtenido una opción constitucional en la elección directa. En este caso, esas fuerzas de inspiración semejante son la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. Ellas son la mayoría nacional y ésta sólo puede ser obedecida mediante la elección del candidato que está más cerca de interpretarla integralmente o con racional relatividad. "La elección del Senador Allende aparece, así, como un imperativo moral y político, el único que fluye inexorablemente de la propia y elevada reflexión del jefe de la Orden de los Abogados. " Y decimos, entonces, que este proyecto de reforma constitucional resume un pensamiento común, como tan bien lo expuso, en la Comisión y aquí en la Sala, el Diputado señor Maira. También tenemos que asegurar, responsablemente, que ello no significa la transacción en el pacto de la Unidad Popular, ni el deseo nuestro de obtener el gobierno con el sacrificio de las aspiraciones programáticas del pueblo. Dijo muy claramente el Senador Allende, en la respuesta al Partido Demócrata Cristiano, que esas justas peticiones estaban contenidas en el Programa de la Unidad Popular, que es pluralista. Esto lo podemos decir al leer algunas partes del "Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular", que en cierta medida contribuimos a redactar. Expresa, por ejemplo: "El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabras, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes. " Más adelante, agrega: "El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado. " En las disposiciones constitucionales que en este momento estamos discutiendo, ¿no están contenidos estos principios que se señalan como "básicos" en el "Programa de Gobierno de la Unidad Popular?" ¿Es lícito, entonces, que se diga por algunos sectores, que en este momento están cuestionados en el país, en cuanto a su calidad democrática, en cuanto a su profesión de fe democrática, que el Programa de la Unidad Popular no contiene lo que justamente está pidiendo el Partido Demócrata Cristiano? Nosotros podríamos aquí, en el análisis de las reformas constitucionales que en este momento se discuten y en la lectura de este Programa, ir señalando, uno por uno, los puntos de coincidencia que hay entre el texto constitucional que ahora se propone y el Programa de la Unidad Papular. ¿Por qué la Derecha, representada aquí por el Partido Nacional, ofende al pueblo de Chile, que es mayoritario, en su expresión de la Unidad Popular y en su expresión del Partido Demócrata Cristiano, al decir que éstas son reformas mínimas? El señor ARNELLO.- No ofende al pueblo. El señor SALVO.- ¿Es que sólo los proyectos que presenta la Derecha, el Partido Nacional, son los que realmente pueden ser respetados en el análisis en el Congreso? ¡Nosotros obtuvimos la primera mayoría relativa planteando un programa definido, entregado al pueblo, y señalando ahí las garantías democráticas que estimamos convenientes para el país! ¿Y qué decía, sin embargo, la candidatura de Derecha contra el Parlamento? "¡El Parlamento hay que disolverlo!" Y no se disolverá con el objeto de generar un Parlamento que pueda construir mejores leyes, sino un parlamento que sirva al César, al hombre independiente, al hombre que no tenía compromisos con nadie. ¡Era necesario disolver el Parlamento, decapitarse ellos mismos, con el objeto de servir los intereses de aquel que se creía iluminado para determinar él los cambios! Y nosotros decimos lo contrario, que no puede ser así; que este Parlamento debe tener más atribuciones para los efectos de participar en el proceso democrático; que es malo para Chile que el Parlamento quede sojuzgado al pensamiento de un solo hombre y, en este caso muy particular como lo quería la candidatura de Derecha al pensamiento del señor Alessandri. Por suerte, el pueblo no lo quiso así. Y en este momento podemos decir que este entendimiento para llevar adelante reformas constitucionales permite a nuestro país ir viendo cómo el futuro de nuestras instituciones está asegurado, en cuanto a la posibilidad de su desenvolvimiento. ¿Con qué autoridad el señor Maturana decía esta mañana que la Constitución de nada sirve, porque va a ser manejada por la Unidad Popular, en la que hay partidos marxistas? ¿Es que la Constitución vale en Chile solamente cuando la maneja la Derecha? ¿Es que las leyes en Chile valen solamente cuando están destinadas a beneficiar a sectores minoritarios del país? El señor ARNELLO.- ¡No entendió nada Su Señoría! El señor SALVO.- Nosotros aseguramos que no, porque la Constitución de Chile, en la medida en que se vayan entregando las transformaciones, seguirá en su plena vigencia y validez; y porque, indudablemente, no es sólo el simple texto constitucional el que resguarda la democracia. La democracia se resguarda con la participación del pueblo en todas las manifestaciones políticas en el proceso democrático. Si la democracia en Chile está amenazada, no lo está porque Salvador Allende vaya a ser Presidente de Chile, sino porque hay grupos sediciosos, amparados por los que se dicen demócratas, pero que lo único que quieren es corromper nuestras Fuerzas Armadas, desquiciar nuestras instituciones para no permitir el acceso del pueblo al poder. Y lo saben muy bien los que en este momento están en contra de esta posición. No somos nosotros, no son los comunistas, no son los socialistas ni los democratacristianos los que están complotando. El señor GODOY.- ¿Por qué supone intenciones? El señor SALVO.- Los que están complotando son los que el 4 de septiembre recibieron del pueblo una bofetada en el rostro. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor SALVO.- Valoramos este proyecto en cuanto significa darles categoría en la Carta Fundamental a los partidos políticos. La inclusión de un estatuto de los partidos políticos dentro de nuestra ciencia política y del desarrollo de las instituciones del país, es de toda conveniencia. El señor ARNELLO.- Es el único aporte nuevo. El señor SALVO.- Yo le rogaría al señor Amello que me dejara hablar, porque yo siempre lo he escuchado a él con toda atención. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho del señor Salvo. Puede continuar Su Señoría. El señor SALVO.- Decía, señor Presidente, que el estatuto de los partidos políticos, elevado a categoría constitucional, permite, en Chile, la expresión del pensamiento político diferente, que es característica fundamental de nuestro sistema democrático. Y lo decimos con mucha propiedad, porque venimos de un partido centenario, quizás el más antiguo de los que participan en este momento dentro de nuestro proceso democrático. El señor ARNELLO.- Eso es cierto. El señor SALVO.- Y durante la campaña, no fuimos nosotros los que dijimos que los partidos políticos no tenían vigencia dentro de nuestro sistema democrático y que había que reemplazarlos por los independientes. Valoramos el aporte independiente en todo el proceso político, pero creemos que el desenvolvimiento democrático debe hacerse a través de la expresión de los partidos políticos y de los movimientos que alguna expresión tienen de contenido político. De tal manera que en el pacto de la Unidad Popular, el pluralismo político y la responsabilidad política de los partidos está claramente señalada como un resguardo del sistema democrático. No hemos llegado al poder, como podrían haber llegado otros, diciendo que los partidos políticos iban a tenar una posición segunda, última, dentro de la gestación del gobierno, como sucedía con la candidatura de Derecha. Nosotros no hemos escondido nuestro pensamiento ante el país, revistiéndonos con el planteamiento de independientes; muy por el contrario, decimos que éste es un pacto político destinado a realizar las transformaciones que Chile necesita. Valoramos también la elevación a la categoría, de constitucional del derecho al trabajo. En este país, en que grandes sectores se encuentran en tan mala situación por un régimen que es injusto, es importante destacar la enmienda en la parte que dice que los trabajadores tendrán derecho "a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. " ¿Qué significa esto, señor Presidente y señores Diputados? Significa reconocer el derecho que tienen los trabajadores a recibir participación de los beneficios, primer paso de profundas reformas que tendrán que hacerse en este país y en América Latina para que el hombre, que hasta ahora sólo ha sido un instrumento del sector capitalista, reciba también por su trabajo en el proceso productivo la correspondiente participación a que tiene derecho por eso que él ha contribuido a crear. ¿Cómo no va a tener importancia esta reforma constitucional, si se contempla este principio que es justo para los trabajadores, y que el Partido Demócrata Cristiano y la Unidad Popular plantearon como uno de los postulados básicos de la campaña política? Podríamos continuar en un análisis bastante largo de todas las disposiciones; sin embargo, sólo queremos señalar que no estamos haciendo otra cosa que concretar en lo jurídico lo que hemos dicho a través del programa; que nos corresponde a nosotros la profunda satisfacción de decir que estamos conscientes de que nuestro papel en el Gobierno de Chile será el mismo que tendrán los demás partidos de la Unidad Popular; que nadie es más o menos garantía de democracia en este país; que nosotros los chilenos, los que estamos por los cambios y por la participación del pueblo en todas las manifestaciones económicas, sociales y políticas en este país, somos garantías del sistema democrático; que aquellos que en este momento están en contra de este proceso, tendrán que entender que seremos inflexibles en mantener nuestro pensamiento, y. por último, que aquí no habrá ni transacción del programa, ni debilidades para cumplir lo que realmente prometimos al pueblo. Eso es todo. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Se suspende la sesión por 5 minutos. -Se suspendió la sesión a las 14 horas 39 minutos. -Se reanudó la sesión a las 14 horas 44 mimaos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Se reanuda la sesión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Millas. El señor MILLAS.- Señor Presidente, el colega señor Salvo ha expresado un criterio que compartimos plenamente todos los sectores de la Unidad Popular. Voy a agregar algunos conceptos en representación de los Diputados comunistas. El debate de hoy en la Cámara corresponde a una situación política nueva. El ascenso de la clase obrera y de sus aliados, por intermedio de una vasta coalición democrática, al gobierno del país, hace posible un acuerdo para establecer en la Constitución las bases de una ampliación y profundización de los derechos individuales y sociales del pueblo. Este acuerdo se ha concertado por dos grandes corrientes de la opinión pública de Chile, sin que cada una de ellas pierda, por ello, su respectiva significación e individualidad: la Democracia Cristiana, de un lado; la Unidad Popular, del otro. Las fuerzas reaccionarias se han empeñado en crear la imagen falsa de que los comunistas y los demás elementos renovadores seríamos antidemocráticos. Nada más falso. La presente iniciativa de reforma constitucional, en la que participamos, es un hecho más que reitera nuestra invariable vocación democrática. Cuando se abre en Chile un proceso de transformaciones revolucionarias con vistas a pasar del capitalismo al socialismo, reivindicamos un planteamiento muy importante, crucial en su pensamiento, de aquel dirigente popular Vladimir Illich, Lenin, que tanto representa en los procesos sociales de nuestro siglo. El afirmó: "El socialismo es imposible sin la democracia, en dos sentidos: primero, el proletariado no puede llevar a cabo la revolución socialista si no se prepara para ello a través de la lucha por la democracia; y segundo, el socialismo triunfante no puede afianzar su victoria y llevar a la humanidad a la desaparición del Estado sin realizar la democracia completa. " En las condiciones concretas de nuestro país, la lucha social se encuentra planteada, desde hace decenios, en el terreno del combate por las libertades y los derechos del pueblo. La reacción ha querido tantas veces detener por la violencia y con el crimen la emergencia de la clase obrera y del pueblo; pero ha sido incapaz de ahogar el gran impulso ascendente de las masas. Los Diputados que integramos ahora la Cámara hemos vivido los años de la lucha de la humanidad contra el fascismo. Aquí, en los bancos de la Izquierda, estamos los que supimos entregarnos apasionada y decididamente a la gran causa del antifascismo, sin que el decirlo implique un monopolio de tan noble y fundamental posición. Pero no todos los demás pueden decir lo mismo. En la derecha hubo admiradores devotos de Hítler, Mussolini y Franco, y ello no fue casual. El señor AMUNTEAGUI.- ¡Los soviéticos! El señor GODOY.- ¡El pacto nacisoviético! El señor MILLAS.- Se trata nada menos que la delimitación más trascendental de nuestra época. Los comunistas tenemos autoridad moral para hablar contra el totalitarismo, porque lo hemos enfrentado sin tregua. El señor GODOY.- ¡Lo han vivido! El señor MILLAS.- Por lo mismo, la intransigencia antifascista ha sido uno de los rasgos más marcados de nuestra educación política. Combatiendo al fascismo y a los fascistas nos hemos formado como dirigentes populares. Hay quienes han tenido la audacia de acusarnos porque somos demócratas y antifascistas probados. Se ha dicho por algunos teorizantes a la violeta e irresponsables que tales características de los chilenos comunistas significarían acomodo al sistema y olvido de las perspectivas revolucionarias. Pero les hemos contestado con Lenin, quien, al suscitarse frente a él un reproche parecido, afirmó: "Sería un error cardinal pensar que la lucha por la democracia puede desviar al proletariado de la revolución socialista, o empequeñecer o empañar ésta. Muy por el contrario, del mismo modo que no puede haber socialismo triunfante si no realiza la plena democracia, el proletariado no puede prepararse para la victoria sobre la burguesía si no libra una lucha en todos los aspectos, una lucha consecuente y revolucionaria por la democracia. " Conviene, por lo demás, detenerse a recordar las grandes contiendas que han impuesto su sello a la política chilena de los últimos decenios. El Partido Comunista nació, primitivamente con el nombre de Partido Obrero Socialista, como respuesta de la clase obrera a la brutal masacre de la Escuela Santa María de Iquique, para defender el derecho a la organización sindical, a la huelga, a la existencia de prensa proletaria y aun el propio derecho de los trabajadores a la vida. Luis Emilw Recabarren fundó sindicatos y periódicos obreros y los reaccionarios atacaron su obra con asaltos, procesos, cárceles, empastelamientos y masacres. Al establecerse el régimen autoritario de 1927, la única candidatura que se levantó contra él en la contienda presidencial de ese año fue la de Elias Lafertte. Ni las más feroces represiones consiguieron doblegar a los comunistas. En 1938, el Frente Popular amplió las libertades públicas, reconoció derechos obreros e impulsó el desarrollo industrial. Más tarde, volvió a intentarse aplastar a . los comunistas mediante Pisagua y la "Ley Maldita". En una sucesión de episodios que nuestro pueblo no olvidará jamás, la Derecha ha impulsado leyes y represiones antidemocráticas y la Izquierda se ha forjado en un duro batallar por las libertades públicas. De allí que, al concertarse el Pacto de Unidad Popular, que agrupa y compromete a los Partidos Socialista, Radical, Social Demócrata y Comunista, al MAPU y al API, en el Programa Básico de Gobierno, se colocase, como uno de los objetivos más destacados, instaurar un verdadero gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, haciendo realidad, para las masas, los derechos democráticos. Nosotros, comunistas, no consideramos que la democracia sea un asunto abstracto y al margen de las clases sociales. Por el contrario, sabemos que las formas de la democracia han sido diferentes, según las clases sociales que han desempeñado el papel de protagonistas de la historia. En las actuales circunstancias de Chile, planteamos crear formas superiores de democracia; abrir paso a nuevas instituciones que encarnen las condiciones propias de la dirección del país por el pueblo, Ello implica acompañar los cambios en la estructura económica y en las relaciones sociales, con cambios también profundos en la antigua democracia burguesa, hoy insuficiente. De lo que se trata es de que la democracia sea más democrática. Lo que proponemos es que a la mayoría, hasta hoy postergada y a la que sólo se la llamaba a emitir el voto, se le reconozca también el acceso a los puestos de mando democrático del Estado. Lo que pretendemos es eliminar sucesivamente los subterfugios y los procedimientos que, en la práctica, limitan o hacen ilusorio el ejercicio real, por cada hombre y cada mujer del pueblo, de los derechos y de las libertades democráticas. Pudiéramos definir este aspecto de nuestro programa como la tarea de la conquista por la clase obrera y por el pueblo de una efectiva libertad política. Porque éste no es sólo un anhelo nuestro, sino un signo de los tiempos actuales, es que en la concretización de normas jurídicas de tal profundización y ampliación de las libertades y derechos individuales y sociales, ha podido producirse la convergencia de fuerzas diferentes, que de una u otra manera han venido planteando tal perspectiva. El defecto más resaltante de la concepción tradicional de la democracia es su carácter formal, que se expresa en la limitación de su ámbito al de la sola política. En una sociedad dividida en clases antagónicas, con diferencias profundas entre unos y otros individuos, no basta declarar que los desiguales son jurídicamente iguales. De hecho, en esas condiciones prevalece la desigualdad por sobre los formalismos constitucionales y legales, y conduce a la tendencia sostenida de las clases explotadoras dominantes a derogar incluso las normas abstractas y a asfixiarlas con el auge de un autoritarismo fascistizante, Lo novedoso de la reforma constitucional que aprobará hoy la Cámara de Diputados, propuesta conjuntamente por latinidad Popular y la Democracia Cristiana, consiste en que forma parte de un proceso de transformaciones tendientes a establecer una base económico social que haga extensivos los derechos democráticos a todos los aspectos de la vida nacional. Por eso mismo, esta reforma constitucional incorpora a la Carta Fundamental el reconocimiento amplio, preciso y claro ele los derechos de los trabajadores y de la obligación del Estado de remover los obstáculos que hacen ilusorias la libertad e igualdad de las personas y de los grupos sociales. Al participar en este debate, en nombre del Partido Comunista, quiero subrayar que, a nuestro juicio, el gobierno que presidirá el doctor Salvador Allende está llamado a suprimir la enorme distancia que hay entre las expresiones democráticas de la política chilena y las expresiones antidemocráticas de la vida económica y social del país. Porque el conjunto de la labor que corresponderá a este Gobierno debe establecer cimientos económicosociales sólidos para hacer efectivos todos los derechos y cada una de las libertades de los ciudadanos chilenos, es pertinente que dicha obra se inicie aún antes de asumir el doctor Allende la Presidencia de la República ; y mediante el reconocimiento en la propia Constitución de las premisas políticas de esos mismos derechos y libertades. En la legislación chilena han llegado a figurar determinados derechos individuales como categorías históricas, y de eso nos enorgullecemos todos los patriotas. Desde los albores del siglo pasado, con el nacimiento de la independencia nacional se han ido ascendiendo los escalones de tales garantías democráticas y libertades públicas. Cada uno de esos pasos ha correspondido a la lucha de las fuerzas sociales progresistas. No pretendemos ser nosotros el comienzo de tal avance, y reconocemos con satisfacción los aportes de diversos sectores ciudadanos; lo que nos enorgullece es llevar adelante este proceso en forma consecuente, tomándole la palabra a todo aquel que en algún tramo de la historia de Chile haya sido o, al menos, se haya dicho democrático. Para los comunistas, que atribuimos la mayor importancia a la situación económica, social y política concreta del individuo en la sociedad, sus libertades y sus derechos son, a la vez, un punto de partida y un objetivo. Los reaccionarios acuñaron aquella imagen momificada de los comunistas como antidemocráticos, empleando para ello las mentiras del arsenal fascista, propalado ayer por Goebbels, las calumnias en que incurre la grosera propaganda imperialista y los prejuicios propios de los elementos conservadores que observan con pavor el desarrollo de los acontecimientos, en el curso de los cuales se produce su inevitable ocaso. Uno de los castigos que recibirán los impostores de la Derecha va a consistir, lisa y llanamente, en que el conjunto del país pueda cerciorarse, por la práctica misma del Gobierno que presidirá Allende, de la absoluta falsedad de las imputaciones que han tenido la osadía de dirigirnos a la gente de Izquierda. Un señor DIPUTADO. Ojalá. El señor MILLAS.- Comprendemos que, temerosos de ello, algunos personeros de la Derecha muestren una nerviosidad que los lleva a incurrir en dislates. Hasta hace poco tiempo, al menos, los parlamentarios de la reacción se esmeraban por proceder con cierta elegancia. Ahora van perdiendo hasta el estilo y dan la impresión de andar no sólo desesperados, sino completamente fuera de sí. Por ejemplo, debo confesar que no se me hubiese ocurrido que el propio jefe del Comité del Partido Nacional... El señor ARNELLO.- ¡A mí que me registren! El señor MILLAS.- ¡Que lo registren a él, si quieren! .... Diputado Fernando Maturana, iba a llegar al extremo de levantar su voz en el reciente Congreso Interparlamentario Mundial de La Haya para calumniar al doctor Salvador Allende y a los partidos de Izquierda de este país y anunciar al mundo que Chile se convierte, según su imaginación, en un peligro para las libertades ya en el ámbito mundial. Oportunamente solicitaremos que esta Cámara desautorice al Diputado Maturana. Anoche, este mismo Diputado fue protagonista de otra actuación que no indica que anda muy equilibrado. En un programa de televisión de canal 9, "El Juego de la Verdad" dirigido por el periodista Igor Entrala, le correspondió polemizar con los Diputados Carmen Lazo y Jorge Lavandero. A falta de argumento, cuando se vio perdido en la discusión, el Diputado Maturana echó mano de un recurso extremo consistente en asegurar que un ausente habría escrito en artículos periodísticos determinadas cosas. Ese ausente era yo y, para desgracia suya, estaba escuchando el programa. Llamé por teléfono al Servicio de Prensa de canal 9 y solicité que se desafiase al Diputado Maturana, en mi nombre, a decir cuándo y dónde había yo escrito lo que él me suponía. El periodista Igor Entrala tuvo la gentileza de transmitir mi desmentido y mi desafío. ¿Qué contestó el Diputado Maturana? En vez de reconocer hidalgamente que se había ido de la lengua, recurrió a una artimaña. Tengo anotado lo que él expresó. Fue textualmente, dentro de la rapidez con que tuve que tomar las notas, lo siguiente: "Ante el pretendido recado del Diputado Millas, respondo que discutiré esto con él y no me corresponde hacerlo aquí. Insisto en que el Diputado Millas, en un artículo aparecido en "El Siglo", sobre su firma, el domingo pasado, califica de "aguadores profesionales" a los mineros de Chuquicamata". Así procede la Derecha. Esta pertinacia en una falsedad retrata de cuerpo entero a la Derecha. El Diputado Maturana no es un cualquiera, sino el jefe del Comité del Partido Nacional, el parlamentario más representativo de su colectividad. En un programa de televisión fue sorprendido diciendo algo que no era efectivo, atribuyéndome afirmaciones que jamás he hecho, y, en lugar de reconocer que había incurrido en un error, repitió lo que es una mentira pública. Esa es la técnica de Goebbels, consistente en mentir varias veces, hasta que la mentira aparezca como verdad. Como lo puede comprobar quien quiera, en un artículo publicado el domingo en "El Siglo" no mencioné directa ni indirectamente a los trabajadores de Chuquicamata. Ni en ese artículo ni en ningún otro he usado nunca, respecto de ellos ni de nadie, el epíteto de "agitadores profesionales". ¡Todo lo sostenido al respecto por el Diputado Jefe del Comité Nacional es una vulgar impostura. El que haya gente que proceda así, con tanta liviandad irresponsable, desprestigia a las instituciones en las cuales interviene. El Diputado Maturana parece un discípulo aprovechado de aquel candidato presidencial que anunció urbi et orbi su decisión de apoyar al que obtuviese un voto de ventaja en la elección presidencial, porque creía que ese iba a ser él; pero, al triunfar el doctor Allende no por uno sino por cuarenta mil votos, se desdijo e intentó una maniobra de macuquería politiquera. Estos elementos son los que han hecho campaña contra los partidos políticos en Chile. Su autoridad moral no es la mejor. Sin embargo, han logrado impresionar a algunos sectores de la opinión pública mediante una multimillonaria campaña de publicidad. Por nuestra parte, consideramos a los partidos políticos como expresión del espíritu democrático de las masas populares y órganos a través de los cuales dichas masas pueden influir en la solución adecuada de los problemas nacionales. El descrédito de los partidos es un recurso de sectores al servicio del imperialismo para destruir nuestras instituciones democráticas. Los clanes de la oligarquía financiera que contribuyen a respaldar económicamente las campañas contra los partidos quieren desembarazarse del partido de la clase obrera, el Partido Comunista, y de cada uno de los demás partidos democráticos. El que los mismos encargados de las campañas anticomunistas sean majaderos repetidores de consignas contra el conjunto de los partidos políticos demuestra que el secreto del anticomunismo radica en el antidemocratismo. Como respuesta a ello, los partidos democráticos integrantes de la Unidad Popular y el Partido Demócrata Cristiano planteamos la aprobación de esta reforma constitucional en que además de normas sobre la libertad de organización de los ciudadanos en los partidos políticos y los derechos de tales partidos, se contiene el concepto, nuevo en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, del pluralismo. En algún comentario de prensa se ha dicho que estaríamos colocando en la Constitución una palabra no aprobada expresamente por los doctores de la Real Academia Española; que se trataría de un galicismo. La verdad es que es un término absolutamente apropiado. Corresponde a la acepción de "pluralidad" como la "calidad de ser más de uno". Viene del latín "pluralitas". El pluralismo significa que hay tendencias, pensamientos diferentes, y que todos ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho al desarrollo, a ejercer atribuciones; que cada uno de ellos tiene una significación y un relieve en la vida de la nación chilena. Estoy interviniendo en este debate para aclarar, en nombre del Partido Comunista, sin reticencias, todos los asuntos principales relacionados con el régimen democrático. La propaganda mercenaria del imperialismo ha propalado que el marxismo sería incompatible con la existencia de más de un partido y nos atribuye la tesis de la necesidad de un partido único. Esto se dice a pretexto de abusos en la consideración de determinados fenómenos históricos específicos. Pero esto señalado como un principio nuestro es un disparate. En determinadas circunstancias históricas, en algunos países socialistas, los diversos partidos de la burguesía y de la pequeña burguesía se colocaron contra sus pueblos y traicionaron a sus países incluso ante enemigos exteriores y, al ocurrir eso, y no existiendo allí colectividades de la raigambre y significación social que aquí donde, en cambio, tienen toda una historia en la vida de Chile dichos pueblos se agruparon alrededor de sus respectivos Partidos Comunistas, que levantaron en alto la bandera de la revolución y del honor patrio. Así sucedió, por ejemplo, en la Unión Soviética. Se trata de un proceso conocido por toda la humanidad, pero de eso no se puede deducir ninguna norma general ante otras circunstancias históricas. Quien es la voz más autorizada para hablar de la gran revolución soviética, precisamente el propio Lenin, escribió un artículo titulado "Sobre la caricatura del marxismo y el economismo imperialista", en el que leemos textualmente lo siguiente: "La misma diversidad aparecerá en el camino que recorrerá la humanidad desde el imperialismo de hoy habia la revolución socialista de mañana. Todas las naciones llegarán al socialismo, esto es inevitable, pero no llegarán todas de manera absolutamente idéntica. Cada una aportará cierta originalidad en tal o cual forma de la democracia, en tal o cual variedad de la dictadura del proletariado, en tal o cual ritmo en las transformaciones socialistas de los diversos aspectos de la vida social. No hay nada más pobre en el aspecto teórico y nada más ridículo en el aspecto práctico que, en nombre del materialismo histórico, imaginarse el futuro de esta manera, pintado de un uniforme color grisáseo. " Eso fue lo que dijo Lenin, quien, por cierto, entendía de marxismo. Nosotros, chilenos comunistas, hemos participado en la presentación del proyecto de reforma constitucional en debate, y apoyamos decididamente la incorporación en su texto del estatuto de los partidos políticos, por las mismas razones por las cuales intervinimos, en cualquier debate, defendiendo la existencia de tales partidos. No se trata sólo de que desde hace muchos años propiciamos, en el programa de nuestro partido, que el gobierno popular y mañana, en nuevas condiciones históricas, un gobierno socialista que se dé Chile sea pluripartidista. Hay aún más. Al mismo tiempo que combatimos la política de los partidos que sirven a los monopolios, defendemos la existencia de todos los partidos, porque queremos que, junto a la clase obrera, expresen también su voluntad los otros sectores populares que son interpretados por los distintos partidos de la Izquierda y del centro. En cuanto a los partidos de Derecha, tampoco tememos la emulación, si ellos se mantienen en los marcos democráticos, porque confiamos plenamente en el buen criterio del pueblo de Chile. Esa es nuestra palabra clara al respecto. Así como la plataforma anticomunista denota el temor al pueblo, nuestra posición, eminentemente democrática, se basa en que eremos en el pueblo y le tenemos fe. La importancia del proyecto en debate consiste, antes que todo, en que contribuirá a colocar las cosas en su lugar. Poco antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el célebre novelista norteamericano Jack London publicó una obra de imaginación titulada "El talón de hierro", en la cual anticipó visionariamente que, ante el avance de los pueblos, los elementos "ultra" de la oligarquía financiera se organizarían para aplastar la democracia burguesa y establecer la tiranía, mediante la conspiración y el terror. Eso ha sido el fascismo. El actual centro internacional de las conspiraciones y del terror es la tenebrosa C. I. A. En Chile, como una amenaza contra nuestra autodeterminación nacional, se han perpetrado atentados y se preparan crímenes. Para aplastar esos intentos sediciosos, reviste suma importancia que desarrollemos la democracia del pueblo. El gobierno presidido por el doctor Salvador Allende ha sido posible por el grado existente de democracia, en el curso de la lucha por hacerla realidad y perfeccionarla. Sólo se puede concebir este gobierno de avanzada en el marco de este auge democrático. Si se cediese a cualquier tentación de arbitrariedad y antidemocratismo, ello sería fatal y suicida. Por lo mismo, estamos absolutamente ciertos de que el éxito del gobierno de la Unidad Popular como lo sentimos profundamente cada uno de los seis partidos y movimientos que integramos esta coalición el cumplimiento integral de su programa, la solidez y la firmeza con que detente el poder, tendrán su mayor garantía en el afianzamiento y en la práctica real de las libertades públicas para el pueblo, de las garantías individuales y sociales y ele un estilo auténticamente democrático. Por esta razón de fondo, la presente reforma constitucional no es un mero trámite, ni una simple formalidad jurídica, sino mucho más que eso. Y los comunistas la celebramos y apoyamos sin reticencias, sintiéndonos orgullosos de compartir con nuestros aliados de la Unidad Popular y con la Democracia Cristiana, la paternidad de tal reforma. Cuando los fundadores de la Nación chilena plantearon que aquí debía establecerse una república, los reaccionarios de entonces los denostaron, los calificaron de "afrancesados" y, tomando pie de los episodios de la Revolución Francesa, aseguraron que en la plaza de armas se instalaría la guillotina, que en la Sala de la Real Audiencia iba a funcionar el Comité de Salud Pública y que se harían rodar muchas cabezas y se instauraría el terror a la plebeya. Nada de eso sucedió, porque la Historia no copia jamás las caricaturas con que los adversarios de la transformación social quieren colocar en relieve sólo determinados aspectos de los procesos iniciales, a través de los cuales algunos pueblos señeros dan a luz los regímenes nuevos. Chile se dio una república en el marco diferente de su realidad. Tampoco ahora, en nuestra época, tendrá algo que ver el avance de Chile hacia el socialismo con las risibles caricaturas que han puesto en circulación los propagandistas de la "campaña del terror". El paso del mundo al socialismo obedece a leyes del desarrollo social, y los rasgos socioeconómicos de ese proceso cumplen determinadas constantes, poique, a la vez, hay en su curso histórico peculiaridades propias de cada país y, por otra parte, de cada circunstancia nueva en la correlación de las fuerzas de clase. Creemos, señor Presidente, que esta reforma constitucional es un paso más para ir diseñando el rostro de lo que va siendo el Chile, que gente de buena voluntad de diversas tendencias tenemos la tarea histórica de construir, en el curso de esta generación, llevando adelante lo realizado por nuestros antepasados. En esta reforma constitucional, faltan los votos del Partido Nacional. Lo lamentamos, respecto de algunos parlamentarios de esa colectividad a los que conocemos una definición democrática. Nos explicamos, sí, que después de haber sido los partidos conservador y liberal arrastrados tantas veces a leyes como la "Ley Maldita"; de haber sido los partidos que aquí, en la Cámara, trataron de detener la obra del "Bloque de Saneamiento Democrático"; de haber propiciado la "Ley Modaza"; y de haber tenido la paternidad en las facultades extraordinarias, en los estados de sitio y en cuanto acto o proposición de leyes antidemocráticas haya habido en este país; ahora haya habido, creernos, en la directiva del Partido Nacional, una mayoría que se opone a esta reforma constitucional. Pero nos parece extraordinariamente grave que, en las palabras del Diputado Maturana, se haya señalado que ellos no quieren confundirse en esta tarea de acentuar la democratización, de acentuar la profundización de las normas sobre derechos constitucionales, denominando a la Constitución "dique de papel". Esto trae el recuerdo de quienes, con Hitler, consideraban que los tratados internacionales, que las constituciones, que las leyes, eran todos meros papeles. Es lamentable que el Diputado Maturana, no sé. sí interpretando correctamente el pensamiento completo de su colectividad, haya ridiculizado el esfuerzo que se realizó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara, con participación, incluso, de parlamentarios del Partido Nacional, para que el texto constitucional que hoy someternos a la consideración de la Sala tuviese la mayor propiedad jurídica y de lenguaje, como corresponde a artículos de la Carta Fundamental del país. El Diputado Maturana, con un nihilismo, que no sabemos por qué se lanza en estos momentos ante la faz del país, ha sostenido que no importaría que hubiese unas u otras disposiciones vigentes en la Constitución. Ha querido ampararse en que gobiernos de Derecha dejaron sin aplicar algunas garantías y otras disposiciones constitucionales. Pero hay algo más. ¿Cómo es esto de que la Constitución sería simplemente un "dique de papel"? ¿Cómo es esto de que sería ridículo que la Constitución del país estuviese bien redactada? ¿Cómo es esto de que no interesa mayormente qué se diga o qué garantías se establezcan en la Constitución? Señor Presidente, nos llama la atención que así ce hable, después de calumniar a Chile en una tribuna internacional. Y nos llama la atención que esto ocurra cuando agentes enemigos de la autodeterminación de Chile están aquí, conspirando en contra de la libertad de nuestro pueblo; cuando hay una sedición en marcha, cuando se pretende atentar en contra del desarrollo democrático de los acontecimientos y del respeto de la voluntad ciudadana, que se expresó, en primera instancia, el 4 de septiembre, y que se reafirmará, en segunda instancia, el día 24 de este mes por el Congreso Pleno... El señor GODOY.- ¡Qué imaginación! El señor MILLAS.... cuando hay sedición, cuando hay conspiración; cuando hay antiguos dirigentes y militantes del Partido Nacional que dicen que estarían momentáneamente "no participando en sus asambleas", cuando se están preparando atentados criminales; cuando se desarrollan todos los preparativos sediciosos de alto vuelo. Aquí se muestran dos caminos: el de quienes estamos por el desarrollo democrático y por la perfección de la Constitución, a la cual no la creemos "dique de papel", sino norma que resume inquietudes, vida, lucha, aspiraciones del pueblo de Chile; y el ele aquellos otros que conspiran en contra de ella. Seríamos ligeros si sostuviésemos que todos los que militan en el Partido Nacional pudieran estar en una actitud sediciosa ; pero hay gente en Chile que está por la sedición. Esta gente que está por la condición ha recibido, en verdad, un respaldo moral por las palabras que, consciente o inconscientemente, ha lanzado el Diputado señor Maturana, al calificar en esa forma a la Carta Fundamental, al ordenamiento jurídico del país, a las garantías democráticas en Chile. Señor Presidente, nosotros querernos reafirmar que defenderemos en todos los terrenos, con la virilidad que se requiave, con la mayor decisión, las instituciones democráticas. Y si alguien levanta sus brazos en contra de Chile, estamos ciertos de que la sedición será aplastada implacablemente por todos los chilenos, por quienes tienen el deber de hacerlo y en quienes tenernos absoluta y plena confianza, y por todo el pueblo de Chile, que los respaldará. Señor Presidente, está planteado el dilema. Por una parte, la inmensa, la abrumadora mayoría de los chilenos, eme sabemos que observan con atención, que observan con satisfacción el paso que da hoy ésta Cámara al llevar más adelante la afirmación en la Carta Fundamental ele derechos individuales y sociales, de garantías democráticas que nosotros estimamos inseperables del avance progresista ele la Nación chilena. He dicho. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! La señora LAZO.- Pido la palabra. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora LAZO.- Señor Presidente, en nombre del Comité Socialista, deseamos también puntualizar la posición de nuestro partido frente a este proyecto de reformas constitucionales. Para hacerlo, deseamos situarnos en lo que nosotros consideramos que es, en este momento, la realidad que vive nuestro país. Deseamos expresar, asimismo, que queremos partir de un hecho que para nosotros no sólo es lo cierto, sino que es lo importante y lo verdadero del presente. El pueblo de Chile, organizado en sus sindicatos, en sus juntas de vecinos, en sus centros de madres, en sus organizaciones deportivas, en sus organizaciones de la clase media, en sus organizaciones, en fin, en general, no sólo le ha dado una victoria política a Salvador Allende y a la Unidad Popular, sino que ha probado su voluntad de que nunca más nuestro país siga entregando sus riquezas fundamentales al imperialismo extranjero y que nunca más nuestro país siga manejado por una minoría que considera que el Poder le pertenece como un derecho al nacer. El pueblo de Chile, a través de los partidos y movimientos que forman la Unidad Popular, y mucho más allá de eso, a través de las organizaciones que he mencionado, no sólo ha demostrado esa voluntad, sino que está decidido a tomar lo que le corresponde en este momento de la historia que vive nuestro país. Porque lo hemos dicho en muchas ocasiones el 4 de septiembre no hubo en Chile un cambio de Gobierno, sino un golpe de timón que hará que Chile, a partir de 4 de noviembre, camine de otra manera. Por eso, en nombre de los socialistas chilenos, que de una u otra manera, durante mucho más de 30 años, hemos estado luchando con la clase trabajadora de nuestro país, queremos que no se llame a nadie a engaño y que no se piense que Salvador Allende representa a algún continuista. 'Salvador Allende tampoco representa un contubernio político ni una ambición personal. Salvador Allende representa lo que durante mucho tiempo ha querido y ha soñado, por ejemplo, el obrero de las pampas, que vio al salitre, y lo ha visto durante tantos años, partir como un río blanco para enriquecer a otros; y también, contra las opiniones torcidas que se han dado, representa el interés de los obreros del cobre, quienes, a través de su Presidente, que es nuestro camarada y colega Héctor Olivares, y a través de la Confederación de Trabajadores del Cobre, han declarado, hace poco, que ellos están en condiciones, una vez nacionalizada esta riqueza fundamental, de hacerse cargo de esta industria, no sólo con la mano dura del obrero, sino también, con la capacidad de nuestros técnicos, y han manifestado que en el gobierno de la Unidad Popular estarán en condiciones de aumentar la producción de nuestro cobre para que Chile no sólo salga de la enajenación imperialista a que hemos estado sometidos, sino, principalmente, para que Chile pueda solventar aquellas cosas indispensables que nosotros consideramos para la vida del hombre. Salvador Allende también representa el sueño de miles y miles de mujeres de nuestro país que durante tantos años no han tenido otro horizonte que no sea la artesa, el trabajo despreciable y despreciado y la subcondición de mujer, pero en un límite, en un plano doloroso para miles y miles de ellas. Salvador Allende también representa el sueño de la juventud de nuestro país, de esa juventud que no es la que se juntó, hace poco, en un parque para demostrar el cansancio de una raza y de una clase, sino de esa otra juventud, de la que concurre a la Universidad Técnica, de la que concurre a las aulas de la Universidad de Chile y de la Católica, de la juventud que va a los liceos y escuelas de nuestro país. Y, sobre todo, de aquella juventud que, egresada de las universidades, se ve constreñida a vivir una vida distinta de la que le corresponde. Salvador Allende también representa a los miles y miles de campesinos chilenos que se han acostumbrado a saber que ellos no son siervos de la gleba, que se han acostumbrado a saber que ellos no son una parte del migajón de tierra, sino que se han acostumbrado a saber que ellos son compatriotas nuestros, que ellos, con. sus manos y con sus largas jornadas de trabajo, no sólo son capaces de hacer florecer la producción de la tierra, sino que, como clase social, ellos forman parte del conglomerado de nuestro país. Salvador Allende representa el sueño de miles y miles de profesores, de empleados, de trabajadores "de cuello y corbata", de hombres y mujeres de la clase media de nuestro país que han sido utilizados en la feria política y electoral con los "slogans" del engaño y la mentira, pero que han abierto los ojos y que, como clase, comprenden perfectamente bien que nunca más servirán para los intereses mezquinos de la Derecha, de la reacción, sino que tendrán el deber y la obligación de usar en el futuro de su capacidad, sus conocimientos, su inteligencia, su talento y generosidad, para ayudar al pueblo de Chile, para ayudar a los hombres y mujeres que apenas saben leer, para ayudar a las clases que no tienen perspectivas; o sea, para ayudarnos a todos nosotros a sacar a nuestro pueblo del estancamiento en que se encuentra. Salvador Allende representa, en este momento, la aspiración de los hombres que en la estepa magallánica se sacrifican arrostrando los fríos y las inclemencias de un clima duro y que muchas veces tienen que irse de nuestro país a ganarse afuera su pan cotidiano. Por eso, por encima de esta pequeñez de la triquiñuela política, hay cosas que nosotros deseábamos situar esta tarde. Salvador Allende no es el Presidente al que le da el paso la burguesía de turno, para que sirva a los amos internacionales de turno, sino que, por primera vez en la historia de nuestro país, Salvador Allende es el/resumen, podríamos decir el "sumum" de todos los dolores, de todas las lágrimas, de todas las esperanzas y, por qué no decir, también, de todas las decisiones de lucha y de combate que se acuña en el corazón del pueblo chileno. Porque sería necesario que nosotros hiciéramos un poco de memoria. ¿Cómo se ha gobernado a nuestro país? Se le ha gobernado en general, salvo excepciones honrosas que nosotros distinguimos, respetamos y saludamos esta tarde, con el criterio de que Chile es un fundo donde hay una mayoría de inquilinos y donde los patrones tienen derecho, incluso, de robarse el dinero y llevarlo al extranjero. Se ha gobernado a nuestro pueblo pensando que es América Latina una pequeña parcela perdida de la que se sacan muy buenos dividendos y de la que no tienen derecho, o no lo tenían hasta ayer, las grandes mayorías a obtener un beneficio. No sé, señor Presidente, si acaso no estamos de acuerdo todos en que ni ayer, ni hoy, ni el 4 de septiembre, se ha iniciado en Chile un proceso, y ese proceso, colóquesele el "slogan" que se le coloque, en el fondo significa que no estamos dispuestos a retroceder nada y que no estamos dispuestos a ceder nada más. Por eso, señor Presidente, en este momento nosotros, que hemos diferido de la Democracia Cristiana, nosotros que en un momento dado no estuvimos de acuerdo con los convenios del cobre, nosotros, que la ayudamos a hacer un proyecto de reforma agraria, nosotros, que, así como ellos lo anuncian, estuvimos con lo bueno que hizo este Gobierno, nosotros reconocemos que al sembrar por Chile la esperanza de una revolución, aunque fuera con apellido, tenemos conciencia de que a los trabajadores, a los hombres y mujeres que nunca han leído un texto de marxismo, a los hombres y mujeres que no han leído a Maritain, a los hombres y mujeres que no han tomado contacto con el conocimiento de su época, se les dio sin embargo, el embeleco de una palabra nueva. Cuando se discutían aspectos del proyecto de reforma constitucional, unos colegas decían que se estaban incorporando palabras nuevas. ¡Sí, señor! ¡Vivir de una manera nueva, abrir el camino a posibilidades nuevas significa enseñar a la gente a pensar de una manera nueva, y, por qué no decirlo, significa también tratar de formar un hombre nuevo! Algunos se asustan porque ahora se ha incorporado una palabra; pero, hay varias palabras a las que, les guste o no, se van a tener que acostumbrar; y otras de las que se van a tener que despedir, porque así es el curso de la Historia. La Historia no retrocede, la Historia camina hacia adelante, y nosotros caminamos con ella, porque nosotros pertenecemos al pueblo, al pueblo que recién empieza a ver que ha llegado su momento. Señor Presidente, cuando nosotros escuchábamos al Diputado Maturana, pensábamos que él estaba representando, con sus palabras, el pasado de nuestro patria, un pasado que nosotros sabemos que definitivamente está liquidado. Y en este momento casi no nos importa mucho saber quiénes pagan a los "técnicos" que preparan las bombas con las que se pretende mantener el miedo como imperio en nuestro país. No nos interesa mucho, porque sabemos ya quienes son, incluso, los políticos que en las noches en Santiago y en Viña del Mar se reúnen con los "gusanos" y los elementos contratados para tratar de destruir lo que al pueblo tanto le ha costado. Por eso, no nos importa mucho que digan palabras que parecen ofensivas y de desconfianza, porque resulta que el pueblo chileno, en este momento, no tiene ninguna desconfianza ni siquiera les tiene miedo; y no les tiene miedo, porque no sólo los sabe una minoría, sino, porque aprendió a no tenerles miedo a los ricos; le perdió el respeto a la riqueza, y porque el pueblo de Chile sabe ahora que debajo de su suelo, convertido en cobre, en salitre y en carbón, está la riqueza, y que el único que la sabe sacar es él, con sus manos y su trabajo. El pueblo chileno le ha perdido el miedo y el respeto a la Derecha chilena, pero no porque hubiera querido perdérselo, sino porque ella ha hecho mérito para que esto suceda. Señor Presidente, antes, el hombre de nuestro pueblo se inclinaba reverente ante el dueño o el gerente de un banco; ante el dueño de un fundo; o ante el patrón. Pero ahora ya le perdió el respeto, porque sabe que el patrón, durante muchos años, lo estuvo esquilmando y usando políticamente. También deseo expresar, esta tarde, en nombre de los socialistas, que, desgraciadamente para ellos, sabemos los días y las horas en que se reúnen, sabemos quienes son los cabecillas que han estado orquestando esta campaña de terrorismo; pero que nos asusta en nada; porque el pueblo de Chile, sin bravuconerías, sin tomar ninguna decisión teatral, está dispuesto a defender lo que por más de 30 años ha estado persiguiendo. Por eso decía, al empezar estas palabras, lo que Allende representa para nosotros, que entraña todo el respeto, toda la consideración, y también toda la decisión de los trabajadores de nuestro país. Decía un señor Diputado que este proyecto de reforma constitucional era una especie de barrera de papel. Yo deseo decirle que realmente nosotros, los socialistas, no somos técnicos constitucionalistas, corno decía un colega el otro día, pero que, sin eluda alguna, si hemos aceptado, como lo han hecho tocias las fuerzas populares, el juego electoral actual, si hemos aceptado también las instituciones como ellas son, y si a pesar de ser así las instituciones, si a pesar de "El Mercurio", si a pesar de las falsedades, si a pesar de la campaña del miedo, si a pesar de las intrigas, hemos triunfado, quiere decir que nosotros tampoco necesitamos mentores intelectuales para que nos digan cómo el pueblo va mañana a gobernar, cómo el pueblo va a rescatar sus riquezas fundamentales, y no necesitamos, tampoco, que nos vengan a enseñar cómo sacar al país de la miseria, del subdesarrollo y del atraso en que lo han mantenido. Nosotros nunca les dimos consejos a otros cuando iban a tomar el poder y el gobierno. Es verdad que ahora estamos votando estas reformas constitucionales y seguramente mañana, como lo decía el señor Lorca agoreramente en un discurso hace un tiempo atrás, se va a cambiar el estado de derecho. Lo decía el 23 de junio de este año. Resulta, señor Diputado, que en la Rusia zarista, cuando empezó a surgir el movimiento revolucionario había un estado de derecho distinto, y que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en el siglo pasado, cuando su clase advino como clase revolucionaria, había otro estado de derecho. Entonces, esa clase revolucionaria, que era la burguesía, no sólo irrumpió cambiando los moldes de la estructura e infraestructura, sino que irrumpió como consecuencia de eso cambiando las reglas del juego y, por lo tanto, lo que Su Señoría llama el "estado de derecho". Para que sepa y eso lo ha dicho la Unidad Popular y a nadie se lo ha ocultado, de lo que se trata en el Gobierno de la Unidad Popular es que el pueblo sea poder. Tampoco hemos dicho que mañana se va a dictar un decreto que diga : "desde mañana el Gobierno entra a ser poder". Señor Presidente, el 4 de septiembre nos enseñó que en Chile, como caso único, era posible que una combinación política de este tipo llegara al Poder. Nos queda por demostrar, nos queda el desafío de tener que probar que dentro de la institucionalidad burguesa nosotros podemos realizar cambios que van a ser fundamentales para abrir las puertas a un estado de derecho que sea realmente para el pueblo de Chile. Resulta que hay cosas bastante curiosas que queremos anotar. Esta tarde daban a entender algunos señores Diputados como que el hecho del triunfo de Salvador Allende entrañaba un peligro para la democracia, entrañaba un peligro para las instituciones, entrañaba, ayer lo dijo un señor Diputado, un peligro para el Poder Judicial. Nosotros, los socialistas, hace dos años o un poco más, incluso acusamos constitucionalmente a la Corte Suprema. Nunca hemos ocultado que nosotros consideramos que la justicia en nuestro país todavía se hace para los ricos y no para los pobres. ¿Y por qué no vamos a decir que nosotros queremos que un día haya justicia para todos? No sólo para quienes tienen dinero para pagar un abogado caro que pueda mentir por cuenta propia y ajena, sabiendo muy bien que se está burlando a los ojos de todos y pisoteando los más caros y nombrados conceptos de democracia y libertad que tanto se manosean y se cacarean en nuestro país. Sin ir más lejos, yo pregunto: ¿quiénes financian a los abogados que ahora con tanta prontitud sacan a los terroristas de la Derecha que por denuncias del pueblo han estado cayendo detenidos? Resulta que, cuando un estudiante o un obrero cesante comete un delito, se pudre en la cárcel. Y no sé si todos los colegas saben le que pasó, por ejemplo, con los obreros de SABA. Y aquí está Laura Arénele y algunos de los Diputados democratacristianos que visitaron la fábrica, los cuales se dieron cuenta de que era un autoincendio provocado para ocultar robos y depradaciones cometidos en la industria. Sin embargo, ¡cuánto tiempo estuvieron pudriéndose en la cárcel una cantidad de muchachos no mayores de 27 y 28 años! Esa es la justicia que nosotros queremos enjuiciar y que queremos cuestionar, y que nadie se deje engañar. Hoy día me decía una persona vinculada con el Poder Judicial que de los 13 magistrados que integran la Corte Suprema, hay 7 que se van. Le tienen miedo al miedo. Y yo, desde aquí, les digo: "¡Señores, que les vaya bien. Están demasiado viejos, demasiado fuera de la época para que sigan donde están! De los 6 que quedan, hay 4 que tienen más de 30 años en el ejercicio de su cargo, pero se quedan, porque están esperando que se les dé una jubilación "perseguidora", ya que ellos no tienen todavía 65 años de edad. O sea, señor Presidente, no es ni siquiera un problema de conciencia, sino que para estos señores, altos magistrados, altos dignatarios, es un problema de pesos más o de pesos menos, como para un jubilado cualquiera. Nosotros, los que nos llamamos revolucionarios, tendríamos muchas otras cosas que decir, porque lo que sabemos no se nos ha enseñado en un libro, en un folleto o en un discurso, sino que hemos aprendido a través de una experiencia vivida. Por eso decía denantes qué es lo que representa Salvador Allende y cómo representa todo eso, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la esperanza de miles y miles de patriotas; de miles y miles que no pudieron ir a votar, porque no tenían quien los acarreara, como en otros casos, y porque no tenían dinero para trasladarse, les anunciamos que en el futuro vamos a hacer una reforma tal para que el hombre pobre pueda vivir donde vive y donde esté, y no tenga que ser trasladado de una parte a otra del territorio nacional. Les anunciamos también que en el futuro vamos a hacer lo posible para que la educación llegue a todos y no en forma menguada y a gotas, sino una educación en que el hombre y la mujer con su talento puedan llevar hacia adelante su país. Les anunciamos, señores, que vamos a hacer posible que los trabajadores tengan una real participación, no sólo en la fabricación de elementos y en la creación que es necesaria, sino también en las ganancias que hasta ahora sólo han sido para unos pocos y que para los obreros ha significado una larga miseria. Les anunciamos, señores, que vamos a hacer posible que se construyan casas, pero no viviendas miserables y vergonzosas que se llaman mediaguas, donde el hombre pierde su dignidad; sino casas que, sin ser palacios, los haga sentirse que vive con dignidad y con respeto. Les anunciamos muchas cosas, porque estamos decididos a hacerlas. Y el día, señor Presidente, que empecemos a trabajar y téngase bien en cuenta muy unidos con los radicales, con los comunistas, muy unidos con esa gente que nos ha demostrado toda su capacidad y su talento, no nos va a parar nadie, porque nosotros somos como esas máquinas lentas que una vez puestas a funcionar no va a haber fuerza, ni martingala, ni diario "El Mercurio" que pueda detenernos en nuestro camino victorioso. Anunciamos que hay muchas cosas que estamos resueltos a hacer. De manera que quienes ahora se arrastran en las sombras tratando de destruir lo que al pueblo tanto le ha costado, se van a romper los dientes contra nuestra decisión. Hoy buscan al señor Viaux; otro día, a un señor no sé cuanto; un día anterior visitan a un señor no sé cuánto. El señor GODOY.- ¿A quién? La señora LAZO.- Los nombres, direcciones y domicilios los tenemos todos y han sido dados a conocer. El señor GODOY.- ¿Por qué no los da a conocer aquí en la Cámara? La señora LAZO.- Señor Presidente, yo le digo que eso es por nada, que eso es para nada, porque, como denantes, al pueblo ni siquiera le interesa mucho saber esas cosas. Nosotros ahora estamos preocupados de organizamos y de mantener nuestra organización, no para andar buscando las bombas o los cohetes que andan dejando esos "bomberos" locos, ya sea en un canal de televisión, en el aeropuerto de Pudahuel o &n un puente. Estamos preocupados de buscar lo mejor de los intelectuales, lo mejor de los técnicos, lo mejor de los hombres y de las mujeres de nuestro país, para echar a andar todas estas esperanzas tanto tiempo contenidas. Y para que nunca más haya un representante de la Derecha que diga que esto es una martingala. Nosotros, con la Democracia Cristiana, no hemos hecho ninguna martingala. Ayer Tomic, en una declaración, dijo unas palabras que quisiera repetir. No sé si están en este diario. En todo caso, Tomic expresó que lo que ellos habían hecho su partido, la juventud de éste y él personalmente: había sido tender un puente hacia la Unidad Popular para que no hubiera ninguna justificación de una salida totalitaria. Esas fueron, más o menos, sus palabras. El señor ARNELLO.- ¡Para evitar la guerra civil! La señora LAZO.- Eso, señor, es una dedicatoria. Y esa dedicatoria no es para el pueblo de Chile, que nunca ha sido golpista y que jamás ha tenido en su pasado una negra historia de conspiración contra la democracia y contra la libertad. De manera que ahí está la explicación. Tomic y su Partido comprendieron que era en la Unidad Popular donde estaba el concepto de justicia, que era en la Unidad Popular donde estaba la posibilidad de que Chile siguiera progresando. Por eso no existe pacto secreto ni pudo haberlo. Lo que hay son estas reformas constitucionales, que están explicitadas en el programa de la Unidad Popular y que significan reconocer, por el momento, a los trabajadores y a sus organizaciones el carácter que ellos deben tener y también para reconocer a los partidos políticos el derecho a sostener opiniones, porque resulta que siempre se ha dado a entender que somos los marxistas los totalitarios, que somos los marxistas Jos que no queremos que el hombre piense, que somos los marxistas los que no queremos que el hombre hable. No es verdad. Nosotros, los marxistas, queremos que todos hablen, pero esperamos que, algún día, aprendan a decir la verdad. Resulta que para el hombre y la mujer revolucionarios la mentira es un baldón y una vergüenza; en cambio, para los que dominan la clase trabajadora, la mentira es un arma y un argumneto. ¡Esa es la diferencia! Nosotros queremos que existan partidos políticos; nosotros queremos y esperamos que existan hombres y mujeres que se organicen como quieran. Lo que no deseamos es que, como los ratones o los buhos, se oculten en madrigueras para atentar contra nuestra país. Los socialistas queremos expresar que hemos concurrido a aceptar estas reformas constitucionales, porque ellas no lesionan en nada los principios que tanto ha conocido el pueblo chileno. Nosotros, como lo han hecho los comunistas, los radicales, el MAPU y los movimientos que forman la Unidad Popular, no habríamos podido aceptar ningún compromiso que significa estafar al pueblo de Chile. Cualquiera de nosotros tiene una vida entera formada luchando y sacrificándonos y no la vamos a vender por un entendimiento de pasillo. Nosotros, por cierto, no estamos desvelados pensando en quienes van a ser los Ministros y los Subsecretarios. No estamos desvelados por nada de eso, porque tenemos clara conciencia de que, si mañana nos llaman a construir casas, lo haremos con orgullo y alegría para enseñarles a los desclasados y descastados de nuestra patria cómo debe ser el hombre nuevo que sueña el continente latinoamericano. Muchas gracias, señor Presidente El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Amello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, entro a este debate tratando de plantear los puntos de vista fundamentales que tenemos frente a este proyecto de reformas constitucionales y, especialmente, a las circunstancias políticas que lo han determinado. Creemos que es nuestra obligación transmitir este pensamiento a ese millón de chilenos que acompañaron a nuestro candidato, don Jorge Alessandri, en esta justa electoral. Para hacerme cargo de muchas de las expresiones que aquí se han proferido, directamente en relación con el Partido Nacional, tendría que ocupar un tiempo demasiado amplio, de modo que trataré de hacerlo a medida que vaya desarrollando estas ideas. Estimo que lo que hoy día conoce la Cámara de Diputados y aprobará no es algo lógico, ni claro, ni siquiera obedece a un imperativo de estas naturalezas indicadas, sino a una circunstancia política. El señor OLIVARES.- ¿Esa es la opinión de Chile? La señora LAZO.- De "Chile Joven". El señor ARNELLO.- De modo que el corresponder a una circunstancia política obliga, indudablemente, a analizarlo desde ese punto de vista. No es un proyecto de reformas, que, como pretende creer, al parecer, el señor Olivares, nazca del hecho de que la Cámara de Diputados haya estimado necesario introducir estas reformas después de largos estudios, sino que, como todos sabemos, ellas corresponden a una circunstancia política muy determinada; y así lo han expresado, tanto el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, en un comienzo, como su Consejo, su Junta Nacional, sus sostenedores, en el seno de la Comisión, y aquí mismo los parlamentarios democratacristianos que han usado de la palabra. En consecuencia, este proyecto no es producto de la madurez, sino diría yo de la incertidumbre. No corresponde a la resolución de llevar adelante una reforma constitucional determinada, como sí correspondió, en cambio, la que se aprobara el año pasado, sino a la duda. Es fruto de la duda, de la incertidumbre. Ella lo produjo. Y creo que no clarifica, en consecuencia, el cuadro político nacional, sino que, por su origen, lo confunde, induce a engaño o a errores, y, sobre todo, no marcha con el anhelo del pueblo sino que me atrevo a decir en alguna medida, lo contradice. No estamos, a mi entender, frente a una reforma constitucional que obedezca, en consecuencia, a una elaboración jurídica, que pretenda rectificar nuestro sistema actual en sus errores y en sus vicios, que todas las candidaturas presidenciales señalaron, sino que, por el contrario, pretender afirmarlos y mantenerlos. No es, por lo tanto, marchar con el tiempo y con los cambios, sino que es precisamente abrochar lo que existía, dándole una mayor reglamentación y una mayor clarificación. Todos los cambios que se pretendían realizar por todas las candidaturas, aunque ellos obedecían a planes distintos, tocaban el aspecto constitucional. Sin embargo, ninguno de estos aspectos está contemplado en esta reforma, ni los que señalaba la candidatura de don Jorge Alessandri que era natural que no estuvieran contemplados, ya que nosotros no participamos en la redacción de este proyecto ni tampoco los que señalaba la Unidad Popular en su programa ni lo que señalaba la Democracia Cristiana en el suyo. Es decir, esto revela simplemente que la reforma constitucional no es otra cosa que un acuerdo al cual se ha calificado de subterfugio por mi colega señor Maturana. Nosotros planteábamos rectificaciones de nuestro sistema político, tendientes a darles mayor eficiencia; tendientes a evitar el que pudiera subsistir en determinados aspectos muy específicos, la virtual irresponsabilidad parlamentaria; en la que se pretendía fortalecer el sistema presidencial, de modo de poder dar al Ejecutivo instrumentos de manejo ele la economía del país; en la que se pretendía solidificar y dignificar la posición y los roles de los partidos políticos, de modo que sirvieran de cauce a la conducción política, doctrinaria e ideológica del país, y no se fueran transformando en elementos coadministradores que intervinieran e interfirieran en la administración del Estado. Nada esto digo está contemplado en el proyecto que nos ocupa. Nosotros pensábamos, y seguimos pensando, cualquiera que sea el gobernante de Chile, que es necesario permitir que exista una administración del Estado para todos los chilenos, a fin de que no estén sometidos a un partido ni a un grupo de partidos, ni tampoco al programa o a los programas de ese grupo de partidos. Es lícito que un partido quiera cumplir sus ideas y llevar adelante su programa; pero también es lícito que los otros que no lo acuerdan y no participan en él lo combatan. Y también es lícito que el Estado, frente a las emergencias, frente a las circunstancias, frente al desarrollo de la vida nocional, no esté casado, no esté amarrado con un dogmatismo programático, sino que tienda, fundamentalmente, a defender el interés nacional y el interés de ía comunidad. Yo diría que este proyecto de reforma constitucional, sobre todo por el hecho de que va a estar aprobado antes del 4 de noviembre, no es una reforma constitucional sino que viene a ser, dentro de la terminología que el señor Tomic ha dado a algunos hechos, también una verdadera aclaración de intenciones. Se han aclarado intenciones en este proyecto y valdría la pena ver qué son y cuáles son esas intenciones. Hemos escuchado, tanto al Diputado señor Salvo como al Diputado señor Millas y a la señora Carmen Lazo, que estas intenciones contenidas en este proyecto no contradicen de manera alguna al programa de la Unidad Popular. O sea, como consecuencia, no traen nada nuevo al debate sobre esas intenciones contenidas en el mencionado programa. Que se mantiene integralmente el programa han sido sus palabras textuales, y han insistido, además, en que ese programa no se transa ni se transará. Quiero manifestar que este programa contempla el Gobierno de la Unidad Popular, es decir, el gobierno sobre el país de un tercio del país, de una minoría, de la primera mayoría relativa, diré; pero de una minoría que representa a un tercio del país. Y este gobierno de la Unidad Popular estaría, también, de acuerdo con este programa, supeditado a la conducción política de las comisiones de dichos partidos políticos y movimientos integrantes de la Unidad Popular, y no estaría, en consecuencia, de acuerdo con los términos constitucionales, entregado a la responsabilidad personal del Presidente de la República. Y hay que pensar, señor Presidente, que de acuerdo a nuestra Constitución política y yo, en esto también concuerdo con lo que decía la señora Carmen Lazo sobre lo que para ella representaba don Salvador Allende el millón y tantos de electores que sufragó por don Salvador Allende sufragó pensando elegir a un Presidente de la República responsable de la marcha del Estado y de la conducción de la nación y no supeditado por las comisiones políticas de los partidos integrantes de esa combinación. Creo que quien pueda asumir ese cargo tiene, por la tradición republicana de Chile y aquí no estoy hablando de añejeces, sino que estoy hablando de algo que constituye parte esencial de nuestra vida ciudadana por la tradición republicana de Chile, que tiene poderes y responsabilidades que no se pueden eludir. Pero dice también este programa de la Unidad Popular y la señora Lazo parece Haber justificado y explicado que está en su ánimo y en el de los integrantes de esa combinación política que se ha de rectificar el sistema judicial. Y como criticaba que seis Ministros de la Corte Suprema no quisieran retirarse, porque aún consideraban que no tenían suficientes años de servicio como para hacerlo, ello parece indicar que con este afán de someter al Poder Judicial chileno a la resolución política de una Cámara Unica o Asamblea Popular, que contempla el programa, se llevaría también adelante en la primera oportunidad posible. Y éste es un punto que vale la pena destacar, porque todos comprenderán, y lo comprenderán también los propios integrantes de la Unidad Popular, en la medida en que critican actuaciones injustas, o fallos equivocados o posiciones incomprensibles, por el afán de justicia que pudiera haber en el Poder Judicial actual, cuánto más peligroso, para esta misma justicia, para los derechos de los ciudadanos es un Poder Judicial cuyo origen, cuyo fundamento sea de carácter político y no un fundamento de otra especie. Por último, señor Presidente, existe en este programa de la Unidad Popular, y ello ha sido en cierta medida ratificado por las expresiones de algunos de sus integrantes esta tarde, una concepción ideológica que fatalmente divide al país y que fatalmente enfrenta el país. Es esa concepción clasista, esa concepción, más que eso, de una lucha de clases, que hace que necesariamente tengan que pasar a ser adversarios irreconciliables grupos de chilenos, por el solo hecho de tener un estrato derivado de su nacimiento, de sus actuaciones, diverso del de otros grupos de chilenos. Y en la misma medida en que se ha pretendido en nuestro país ir paulatinamente creando una democracia más perfecta, resulta más incomprensible reiterar esa concepción de lucha y de oposición de clases, que viene a significar la destrucción inevitable de nuestra nacionalidad. Estos hechos, más que otros, son los que han configurado en muchos sectores o personas sentimientos de temor; en otros, de desconfianza. Ninguna de esas dos posiciones son personalmente las mías. Por el contrario, creo que ésta es una ocasión, un incentivo de definición y de clarificación; y me parece que, en un país como el nuestro, es útil que la gente se defina y clarifique su pensamiento. Yo entiendo y no creo ser ni ingenuo ni tampoco generoso o errado en mi juicio yo entiendo que puede haber mucho de esto en el ánimo de la Democracia Cristiana al propiciar esta reforma constitucional, estas garantías constitucionales; pero, no puedo compartir el criterio con que lo han hecho, porque en términos muy simples quisiera expresar que, si la Democracia Cristiana considera que existe peligro para la democracia chilena es un Gobierno del Senador Salvador Allende, someterse a ese peligro iniciando un trámite constitucional que puede, como se decía, quedar empantanado o no cumplirse, lisa y llanamente resulta una ingenuidad o resulta un engaño. Si no existe peligro de que el Gobierno del Senador Salvador Allende conduzca al país a un régimen contrario a la libertad y a la democracia, no me parece lícito imponerle ni exigirle condiciones para otorgarle apoyo. Porque pienso, desde luego, que al hacerlo así se está girando no sólo a cuenta de los votos de la Democracia Cristiana, sino también a cuenta de los votos del Partido Nacional. De modo que no hay autoridad moral para imponer ese tipo de garantías ni para llamarlas de esa manera. Y menos lícita me parece esa pretensión si se piensa, como se ha señalado, y de hecho está reconocido, que hubo un acuerdo anterior a la elección, llámesele pacto o llámesele aclaración de intenciones, pero acuerdo, que establecía algo muy claro y muy preciso: si había esa mayoría de votos, que algunos dicen que era de 5 mil y otros de 30 mil con relación al Senador Allende... La señora BALTRA.- 40 mil. El señor ARNELLO.- ...había, en cambio, con respecto a la mayoría sustancial para reconocer el triunfo de don Jorge Alessandri, una cifra de 100 mil votos, que hasta donde yo sé no ha sido desmentida. En todo caso, el hecho de haber llegado a un acuerdo anterior estaría indicando que no pueden, con posterioridad a las elecciones, girando sobre los votos del Partido Nacional, establecer condiciones si consideran que existe realmente un peligro. Ahora bien, la respuesta del señor Tomic, a que se refería la señora Carmen Lazo, me parece que era otra. No hablaba de evitar el peligro del totalitarismo; hablaba de evitar una guerra civil. Si para evitar la guerra civil, como él dice, se llegó primero a un pacto, a un acuerdo o a una aclaración de intenciones con el candidato de la Unidad Popular y no se llegó a ese pacto ni a esa aclaración de intenciones con el candidato independiente don Jorge Alessandri, quiere decir que para el señor Tomic el único peligro de guerra civil estaba en que no se b reconociera la primera mayoría relativa al señor Salvador Allende, y que no lo había si no se le reconocía la primera mayoría relativa a don Jorge Alessandri, consecuencia lógica de las frases por él dichas, que no vienen sino a introducir mayor confusión aún en todo el cuadro político que circunscribe la acción de la Democracia Cristiana... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Si ese es el cuadro... Hablan varios señores Blindados a la vez. El señor ARNELLO.- Su Señoría debe tener oído muy bueno. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Lea lo que dijo el señor Tomic. El señor IBAÑEZ (Presidente).- ¡Ruego a los señores Diputados evitar los diálogos! El señor ARNELLO.- Si ese es el cuadro y ese es el criterio, no mío, señor Salvo, sino el expresado por el señor Tomic, ¿por qué va a cambiar la situación por el solo hecho de estar aprobadas estas reformas constitucionales en su primer trámite? ¿Es esta circunstancia del primer trámite de una reforma constitucional la que le va a quitar a la Unidad Popular, si lo tiene, su carácter de revolucionaria? ¿Es esto lo que le va a privar de hacer su revolución, si es que quiere hacer esa revolución? No estoy aquí suponiendo nada, sino simplemente planteando la inconsecuencia de una conducta. ¿O es que acaso un revolucionario tiene que hacer la revolución de acuerdo con los artículos de una Constitución? ¿Puede con la Constitución en la mano realizar esa revolución? ¿No sería más fácil que si el ánimo es revolucionario, lisa y llanamente la dejaran de lado? La señora LAZO.- Cómo le gustaría a usted eso! Hablan varios señores Diputados a, la vez. Un señor DIPUTADO. ¡No sabe lo que es revolución! El señor IBAÑEZ (Presidente).- ¡Ruego a los señores Diputados respetar el derecho del orador! El señor ARNELLO.- No se preocupe, señora Lazo, si ya le voy a decir más. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Quiero recoger otra afirmación de la que aquí se han hecho, señor Presidente. Muy breve. La señora LAZO.- Usted quiere la revolución... El señor ARNELLO.- Se dice que el Partido Nacional no ha cumplido con respaldar a quien obtuvo la primera mayoría relativa, en circunstancias que a todo el país le consta que los esfuerzos que se realizaron para que se precisara por las tres candidaturas que sería ratificado quien obtuviera la primera mayoría relativa, fracasaron repetidamente. El Senador señor Allende dijo que él personalmente estaba de acuerdo con esa posición, pero que tenía que definirlo la Unidad Popular... La señora LAZO.- Yo también lo dije en un foro. El señor ARNELLO.- Exactamente, pero también aclaró aquí después que le habían tomado sólo una partecita de su declaración. La señora LAZO.- Así fue. El señor ARNELLO.- Así fue. Yo siempre tengo por norma considerar lo que usted manifiesta. De modo que esa fue la posición de la Unidad Popular. La Democracia Cristiana, por su parte, manifestó que reconocería una mayoría sustancial y, en el momento de la definición, dijo que el concepto de mayoría sustancial lo definiría el partido Demócrata Cristiano después de la elección. Es decir, quedamos en lo mismo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Y como hubo esa aclaración de intenciones con el señor Allende, se demostró... Hablan vatios señores Diputados a la vez. El señor FUENTEALBA (don Clemente).- Haga memoria... El señor ARNELLO.- Es que Su Señoría despierta a ratos no más, colega, y no oyó la primera parte de lo que dije. Hablan vanos señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Se demostró que esa mayoría sustancial era distinta si se trataba del triunfo del señor Allende, a si se hubiera tratado de la primera mayoría relativa del señor Alessandri. Esto quita, a mi juicio, toda seriedad y moralidad a esa afirmación sobre la mayoría sustancial. Estimo, además, que por la vía de sacar consideraciones sobre lo que querían los dos tercios del electorado y lo que no deseaba un tercio, se pueden hacer innumerables combinaciones, porque si algo confundió al electorado fueron, precisamente, los planteamientos de estas tres candidaturas. No creo, en consecuencia, que valga la pena, en homenaje al tiempo, insistir en este capítulo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- ¡Por Dios, señor Presidente, hoy mis colegas han amanecido más porfiados que los de la Unidad Popular, del frente. Risas. El señor ARNELLO.- En homenaje a la verdad, se puede sostener... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Esto es lo que siempre le pasa a los neófitos, que tienen que demostrar más fe que los que ya son viejos convencidos de una posición. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Digo que aquí se han señalado, para darles solidez doctrinaria a estas posiciones, teorías que, en el fondo, están incorporadas no sólo al texto de nuestra Constitución, sino que a la vida de Chile desde muy antiguo. Existen desde que hay hombres que viven en libertad, desde que se le reconoció el libre albedrío al ser humano, todas estas garantías, todos estos afanes que hoy día se indican con el término de pluralismo. Lo que ha habido en Chile, perfeccionándose constantemente en nuestra República es, precisamente, esto: darle camino a la gente para que cree sus posiciones, su pensamiento, lo exprese y desarrolle. También se ha señalado que había un proceso de perfeccionamiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que hay en Chile se perfecciona en la medida en que exista esta conjugación de respeto, de quienes detentan el poder y ejercen la autoridad, a las normas constitucionales que los limitan en el respeto a los derechos de los ciudadanos. Y estas normas que se incorporan en esta declaración de constitución no vienen a alterar, en realidad, lo que existía en el país, sino a condicionar una reglamentación para evitar, diría yo, desconfianza o malos entendidos, Pero el abuso del poder, que es lo que verdaderamente hace que en un país desaparezca su vida democrática en la medida y manera en que todos los movimientos políticos sostienen que lo sustentan, es algo que no depende solamente, ya a eso se refería el señor Maturana, de que esté aprobada en primer trámite una reforma constitucional, sino que depende mucho más de los propósitos, del espíritu, del sentido nacional con que se ejerza esa autoridad y ese poder por quienes han recibido la confianza del pueblo. Yo creo, señor Presidente, que... El señor MUÑOZ BARRA.- Bastante difícil de entender. El señor ARNELLO.- Hay personas que no entienden nunca. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Creo que es otro enfoque que debe hacerse de nuestra realidad política y constitucional. Estimo que no es el texto de nuestra Constitución, que no es la fe democrática de la Carta Fundamental la que está fallando, que no es reiterando los derechos y garantías que ella otorga a los ciudadanos lo que aquí falta, sino que son los hábitos, la actividad política, los defectos del sistema; pero también son los hechos que van configurando un cuadro de cerrada oposición ideológica y dogmática que divide, repito, a los chilenos en ver de unirlos, que rompen la unidad nacional en vez de fortalecerla y que hace que siempre se estén persiguiendo culpables frente a cada problema concreto que se presenta. Este recurso de encontrar culpables es la característica de un sistema antidemocrático, porque los fenómenos de la vida de un pueblo son siempre fenómenos complejos. Cuando alguien acusa, por ejemplo, de que ciertos activista son los que crean un clima de huelgas, siempre he pensado que ello es una ingenuidad; porque si no hay descontento, si no hay protesta, si no hay reivindicaciones, ni el mejor activista logra crear un clima general de huelga. Cuando se piensa que la crisis económica se produce, porque algunas personas la fabrican, se está también faltando a la verdad, y se está creyendo en brujos, porque no hay fuerza capaz alguna, con los mecanismos que hoy día existen, de crear esa sensación de pánico, de confusión y de desconfianza. La señora LAZO.- ¿Me permite una pregunta, señor Presidente? El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señor Amello, la señora Lazo le solicita una interrupción. El señor ARNELLO.- Bueno, bueno. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. La señora LAZO.- Supone Su Señoría, entonces, que, estando Chile en quiebra, el único que podía arreglar la situación económica, porque usted dice que cuando se crea pánico, caos económico esto es lo que estoy entendiendo es porque hay raíces profundas de descomposición en el sistema; y usted pensaba estoy siguiendo el hilo de su pensamiento que el señor Alessandri sí tenía la fórmula para arreglar esta descomposición en la sociedad, en el aspecto económico. Esto es lo que quisiera que usted me contestara. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar el señor Amello. El señor ARNELLO.- Con mucho gusto. Exacto. Yo creo personalmente, y sé que esto no va a ser compartido, aunque sí lo será por más de alguno, si después lo medita podrá ver que algo de asidero tiene, que el proceso que venía siguiendo la economía de Chile en estos últimos tres años era de acelerada paralización en el ritmo de su crecimiento. Y este hecho, a mi juicio y hay posibilidad de estudiarlo en otra oportunidad con más tranquilidad, contando con mayores antecedentes se frenó en el último período por la confianza que la candidatura de don Jorge Alessandri despertó en amplios sectores de nuestro país. Y al salir derrotado, obteniendo el señor Allende la primera mayoría relativa, esa confianza que había logrado mantener una economía que decrecía, se vino de golpe abajo y ha provocado la crisis actual que el país enfrenta. Ese es mi criterio y ésa es mi opinión. El señor CANTERO.- ¡Qué brillante! El señor ARNELLO.- En consecuencia, estos hechos son los que obligan a mirar la realidad de hoy con un concepto mucho más profundo que aquél con el cual se enfrentan las disposiciones que contiene el actual proyecto de reforma constitucional. Yo creo que Chile, efectivamente, y estoy hablando en el buen sentido de la palabra, para evitar tener que aclararlo entra a vivir un proceso revolucionario. Lo creo sinceramente. No temo que en ese proceso se destruyan intereses, ni temo tampoco que en ese proceso se destruya, como lo plantean, el capitalismo. Lo que sí espero es que se mantenga un régimen de libertad, no solamente de opinión y de expresión, sino que un régimen de libertad donde el hombre no dependa de un solo empleador, porque ahí mismo termina su libertad y pasa a estar sujeto a quienes ejercen el poder. La señora LAZO.- ¡A usted le gustarían esos patrones que no hacen imposiciones! A ellos los está defendiendo. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio. El señor ARNELLO.- No los estoy defendiendo, señora Lazo. He dicho bien claro: no temo que se afecten intereses ni temo que se destruya el capitalismo. Lo que no acepto, o no deseo para el país, es que se destruya un régimen de libertad en que los hombres tengan derecho al trabajo sin estar sometidos a un estado totalitario que ahogue totalmente su iniciativa. El señor SALINAS (don Edmundo).- ¡El hombre no debe tener patrón! El señor ARNELLO.- Si lo que se va a realizar, en este sentido, es una revolución chilena, profundamente chilena en sus objetivos y en sus finalidades, justa en sus alcances, que no destruya las posibilidades de los hombres ni tampoco sus derechos, eficaz en su contenido, van a encontrar apoyo en la inmensa mayoría del país. Por el contrario, si por una especie de círculo fatal, como ha sucedido en otras repúblicas, en las que a nadie que se acrecientan las dificultades se va privando a la gente, más y más, de sus libertades y de sus derechos, esa revolución será contraria al interés nacional, caerá en los defectos que se han criticado tantas veces, en lo que ha sucedido en otras repúblicas, y fatalmente, una vez más, el pueblo, los que depositaron sus votos en determinado sentido, verán frustradas sus esperanzas y nuestro país tendrá que lamentar lo que acontezca. Muchas gracias. El señor FUENTES (don César Raúl).- Pido la palabra. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, en verdad, valorando las palabras del señor Amello en lo que tiene de expresión de un pensamiento político, advertimos que tanto en su exposición como en la del Diputado que habló en nombre del Partido Nacional en la mañana de hoy, clon Fernando Maturana, apenas se deslizó una palabra acerca del problema concreto que reúne a la Cámara en el día de hoy: las reformas constitucionales. El país presencia atónito, y con mucho asombro, la actitud del Partido Nacional. Después del 4 de septiembre, el Partido Demócrata Cristiano, a través de las palabras dramáticas de su Presidente Nacional, Senador Benjamín Prado, expone un planteamiento político serio, que el país esperaba con profunda inquietud. Y vemos que no hay un solo comentario de parte del Partido Nacional. Se empiezan a realizar una serie de gestiones de orden político; el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano se reúne en reiteradas ocasiones; los periodistas están, podríamos decir, como al acecho, buscando la última noticia, buscando aquello que todo el país esperaba con profunda inquietud. Y en el Partido Nacional, señor Presidente, un gran silencio. Los editoriales de todos los diarios comentan, glosan, desarrollan las conversaciones que en ese momento se están celebrando entre el Presidente del Partido Demócrata Cristiano y la Comisión designada para estudiar un estatuto de garantías con el candidato que obtuvo la primera mayoría, Senador Salvador Allende. Y en el Partido Nacional, un gran silencio... El señor GODOY.- ¡ s que fuimos derrotados, pero no postergados! El señor FUENTES (don César Raúl).... silencio que dura hasta un mes después del 4 de septiembre, precisamente hasta que se sabe cuál es el criterio adoptado por el Partido Demócrata Cristiano a través de una Junta Nacional, cuya realización esperaba el país con verdadera inquietud. Entonces el Partido Nacional empieza a desarrollar una táctica, la cual se expresa, desde el mismo día que comenzamos a estudiar la reforma constitucional, en la estrategia de desprestigiar el estatuto de garantías que hoy día nos corresponde discutir y votar. Por eso, se extiende una especie de sombra sobre aquello que se está tratando de construir con tanto esfuerzo, y cuando más se le dedica una palabra para decir que estas garantías ya estaban contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Ahí hay toda una estrategia; ahí hay todo un pensamiento político. Por eso nosotros, a través de las palabras del Diputado don Héctor Valenzuela, en la mañana de hoy planteamos cuál fue el punto de vista del Partido Demócrata Cristiano para llegar a este acuerdo con los partidos de la Unidad Popular. Esa posición, de ninguna manera, ha podido ser criticada por los representantes del Partido Nacional que han hablado en la mañana de hoy, porque, cuando más, lo reitero, han deslizado apenas una palabra sobre el problema de fondo que ahora estamos discutiendo. Nosotros, señor Presidente, queremos sucesivamente, a través de la exposición de los Diputados democratacristianos, comentar, aunque dentro de la limitación del tiempo, las garantías que en esta oportunidad son objeto del estudio de la Cámara de Diputados. Por eso, voy a conceder una interrupción al colega Alberto Zaldívar, quien se va a preocupar del primero de los temas de fondo aquí planteados, que se refiere al problema de los derechos políticos. Previamente, quiero advertir a la Mesa sobre un pequeño error, o más bien una falta de precisión, que hay en la primera de las modificaciones que se introduce en este proyecto de reforma constitucional. Expresa: "1) sutitúyese el artículo 8º por el siguiente:". Realmente, están funcionando los artículo 8º y 9º. Debería decir: "1) Sustitúyense los artículos 8° y 9º por el siguiente.". De manera tal que para no dejar este vacío, hago la advertencia a la Mesa para que oportunamente recabe el asentimiento de los señores Diputados, a fin de que este texto constitucional quede redactado en los términos que corresponde, como fue según se me indica oportunamente precisado. Concedo una interrupción al colega Alberto Zaldívar. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Zaldívar. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Señor Presidente, antes que nada, quiero felicitarme de un hecho: de las palabras que he oído a nuestro colega y compañero de distrito, Orlando Millas. Realmente, ellas significan una esperanza para este país, una expresión de un esfuerzo sólido por crear algo nuevo. Pero también deseo manifestar un pesar: que el Partido Nacional esté ausente de esta creación sabiendo que entre sus miembros hay personas que no comparten lo que hoy se ha expresado en esta Sala. El señor ARNELLO.- Yo sé lo mismo respecto del partido de Su Señoría. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- Le voy a dar una interrupción cuando me la solicite, señor Amello. El señor ARNELLO.- Su Señoría no puede concedérmela, porque está haciendo uso de una interrupción. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señores Diputados, ruego a Sus Señorías evitar los diálogos. El señor ZALDIVAR (don Alberto).- La verdad es que también el señor Amello señaló que todo el proceso de las garantías derivaba de una circunstancia, y restó valor a las circunstancias en el orden político. Hoy, que estamos frente a la perspectiva de perfeccionar la democracia en Chile, quiero recordar la circunstancia que hizo posible en Inglaterra el nacimiento de los partidos políticos ingleses. El Duque de York, católico, en el año 1689 quiso ser excluido de la corona. En esa oportunidad y por esa circunstancia, nacieron los "whigs" y los "tories", haciendo petición ambos en torno de esta circunstancia. Tremenda similitud tiene ese hecho años después, hoy día en Chile, frente a un problema que también se califica como circunstancial. Pero no debemos olvidar que las circunstancias y los antecedentes que lo provocan son los elementos más positivos de la creación política. Hoy, en Chile, nosotros, los democratacristianos, hemos querido conservar, a través de nuestra iniciativa frente a estas garantías constitucionales, la esencia de la democracia en Chile; democracia que se manifiesta en la posibilidad de que las mayorías manden con respeto sobre las minorías; democracia que se manifiesta también en la alternación de los partidos en la función de Gobierno. Por eso nos hemos preocupado, especialmente, de destacar en nuestras conversaciones la importancia de establecer en la Constitución Política un estatuto para los partidos políticos, hecho que la Constitución había omitido, quizás por los muchos años de hábito democrático de este país, existiendo solamente una referencia muy imprecisa, en el artículo 25, respecto de la proporcionalidad que deben tener, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, las fuerzas políticas, en cuanto al sistema de votación. Por eso, en una materia tan importante como es la posibilidad de elegir y de difundir doctrinas, teniendo en cuenta que los partidos políticos de hoy tienden a ser partidos de masas y no de líderes, que se forman en torno de algunas figuras o personas, que responde a programas, y actuaciones y a conducción políticas, nosotros hemos querido prevenir en la Constitución el mantenimiento de estas normas. ¿Poiqué? Porque no nos pareció claro que en el Programa de la Unidad Popular estuvieran contenidos estos principios. El colega Salvo ha dicho que estaban contemplados en el pluripartidismo. Si uno lee el programa encuentra que ese pluripartidismo estaba referido a los partidos de gobierno, válido para quienes ejecutaban el gobierno. Y respecto de la Oposición se señalaba que ella sería respetada si actuaba dentro de los marcos legales. Por eso alabamos el esfuerzo de la Unidad Popular, y nos regocijamos del nuestro por dejar establecido, en forma clara, que el pluripartidismo es algo válido, sólido y fundamental en Chile y que la alternancia en el poder es un hecho que estará prevenido en nuestro ordenamiento jurídico. Y a quienes ejerzan el nuevo gobierno corresponderá la responsabilidad de cumplir con lo que hoy aprobemos para hacer real esta posibilidad de que Chile avance por cauces nuevos, manteniendo los principios democráticos. En esto tampoco hemos sido ajenos a algo que nuestra propia experiencia histórica y doctrinaria nos enseña. Muchos de nosotros somos cristianos. Supimos de un medioevo con inquisición, sin partidos, con la fe única, pero que tenía, evidentemente, falta de alternancia democrática y en la cual no había un pluripartidismo, porque había unidad de fe. Comprendemos y entendemos que existan en el mundo movimientos que funcionen a través de una unidad de fe; pero nosotros, dentro de la evolución política de nuestro país, creemos que los planteamientos válido o posibles en otras partes, no lo son para nosotros por el desarrollo político que esta nación ha tenido y tiene. Creemos profundamente que el sistema democrático, en cuanto haya alternancia, libertad de opinión y respeto por la persona humana, será una meta que el hombre deberá alcanzar, entendemos que el socialismo en el mundo ha ido progresando en estos mismos términos. Dentro del plano de esta lealtad, de esta conciencia, y estimando válido lo que ha sido eje del desarrollo en Chile: nuestro derecho y nuestra Carta Fundamental, miramos con fe estas reformas, y emplazamos, desde ya, a quienes van a ejercitar el poder para que den cumplimiento a lo convenido. Y si así no lo hacen, habrá una Democracia Cristiana firme y sólida, que tiene doctrina y partidarios dispuestos incluso a servir al gobierno que se va a iniciar, mediante nuestra propia identificación con el ejercicio de nuestros derechos democráticos, que estará dispuesta a mantener esta posibilidad de pluralismo, que es una cosa que define fundamentalmente nuestra nacionalidad. Por eso estimamos que este texto constitucional es positivo y desearíamos que todas las fuerzas políticas del país lo apoyaran como un testimonio de nuestra fe en el derecho, en la convivencia y en la evolución democrática a que Chile tiene derecho. He dicho. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar el señor César Fuentes. El señor FUENTES (don César Raúl).- Señor Presidente, me referiré a la reforma en materia educacional. El actual artículo 10, número 7 de nuestra Constitución Política, asegura a todos los habitantes de la República la libertad de enseñanza. Establece, al mismo tiempo, que la educación pública es una atención preferente del Estado y consagra normas sobre obligatoriedad de la educación primaria y la Superintendencia de Educación. Esta garantía fue incorporada a la Carta Fundamental, junto con las de reunión, asociación y petición, por la ley dictada en 1874, que reformó la Constitución, y fue mantenida en forma modernizada por la Constitución de 1925. Su consagración en 1874 no significa que no se reconociera en Chile con anterioridad, ya que las garantías constitucionales reconocen derechos fundamentales de la persona humana, que no emanan del Estado, sino de su propia naturaleza. La libertad de enseñanza es expresión de la libertad de pensamiento y opinión, y se relaciona directamente con la libertad de asociación y movimiento, ya que los conocimientos y la verdad que el hombre alcanza, puede y debe transmitirlos, individual o colectivamente; y las personas tienen derecho a educarse o educar a sus hijos en los establecimientos que estimen convenientes. Nadie ha puesto en duda en Chile que, a la luz del actual precepto constitucional, la libertad de enseñanza comprende, por lo menos, las siguientes facultades: abrir y mantener establecimientos educacionales; la libertad de cátedra, es decir, enseñar lo que se estime conveniente; ceñirse a los planes, programas y métodos que se estimen adecuados; escoger los textos que se prefieran; extender diplomas y conferir grados que manifiesten la naturaleza, calidad y jerarquía de la enseñanza obtenida; y elegir los establecimientos en que se va a estudiar. Aún más, reconociendo a todos los habitantes de la República el derecho a enseñar, nuestro ordenamiento jurídico encomienda a la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, la labor educacional, cuando establece en diversos preceptos de la legislación y entre ellos el artículo 222 del Código Civil que toca de consuno a los padres o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la educación de sus hijos legítimos. Con respecto, al Estado, ya he citado el precepto constitucional que establece que la educación pública es una atención preferente de él, con lo que está indicando que debe darle una primacía dentro de la jerarquía de las labores del Estado. Por cierto que el precepto nunca ha querido decir que la educación pública sea una atención exclusiva del Estado, porque de ser así sería contradictorio con la garantía de la libertad de enseñanza, asegurada precedentemente, en el sentido de que la enseñanza es una actividad que puede ser ejercida por todos los habitantes de la República y de que se condena el monopolio educativo. Una enseñanza nacional única es propia de un totalitarismo estatal, pero no de una comunidad pluralista y democrática. Ningún límite señala la Constitución Política a la libertad de enseñanza, y el legislador no ha recibido siquiera el encargo de reglamentarla, como sucede con muchas de las garantías del artículo 10, donde se fijan las bases de las libertades y se encarga a la ley establecer sus límites y reglamentación. A pesar de ser tan claro e indiscutible el precepto vigente del Nº 7 del artículo 10 de nuestra Carta Fundamental, le interesó al Partido Demócrata Cristiano modernizarlo frente a la nueva circunstancia política que vive el país, con el fin de recoger, a nivel constitucional, el desarrollo que ha tenido en la realidad educacional que actualmente existe en Chile, y permitir de esta manera que las modalidades del principio, calcado en la realidad, constituyeran también una garantía real y efectiva para todos los habitantes del país. La modificación que en este momento discutimos, cobra todo su sentido partiendo de la realidad jurídica y práctica de que en Chile existe la libertad de enseñanza, y de que a sus autores les interesa consolidarla y acrecentarla. Por ello es necesario dejar constancia de los documentos iniciales que dieron origen a esta modificación, de donde se desprende el espíritu de obtener una base más sólida para la garantía ya establecida en la Constitución y su progresivo acrecentamiento. El Partido Demócrata Cristiano planteó al Senador don Salvador Allende los siguientes postulados: "La consagración constitucional de un sistema de educación independiente de toda orientación ideológica oficial por medio de la modernización del precepto constitucional del artículo 10, Nº 7, que establece la libertad de enseñanza. "Además de las ideas actualmente contenidas en dicho artículo, que expresan que la educación es una atención preferente del Estado, que la educación primaria es obligatoria y que habrá una Superintendencia de Educación Pública, debe darse un contenido real a la libertad de enseñanza, garantizando : "a) La existencia y funcionamiento de la educación particular y el financiamiento por parte del Estado de aquella que no persiga fines de lucro; "b) La preparación de textos de estudio de diferente orientación, sobre la base de concursos públicos a los cuales tengan acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología, realizándose la selección por organismos técnicos de integración pluralista; la existencia de facilidades equitativas para su impresión y difusión, y la libertad de los establecimientos educacionales para elegir las que se deseen adoptar; "c) La realización del proceso de reformas educacionales en forma democrática, que asegure la libre discusión de ellas en organismos del sistema educacional de composición pluralista y la aprobación de sus conclusiones por la autoridad correspondiente; "d) La exclusión de toda orientación y contenido ideológico o partidista de los planes y programas de estudio. "La consagración constitucional de la autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades y del deber correlativo del Estado de proveer a su adecuado financiamiento de manera que tanto las universidades estatales como las universidades particulares reconocidas por el Estado, puedan existir y desarrollarse plenamente de acuerdo con los requerimientos educacionales, científicos y culturales de una sociedad moderna. "Debe asegurarse continúa el documento de la Democracia Cristiana que el ingreso a las universidades dependerá exclusivamente de la idoneidad de los egresados de la enseñanza media frente a las exigencias objetivas de tipo académico; igual reconocimiento constitucional debe establecerse para garantizar a los profesores e investigadores una auténtica libertad académica para el desempeño de sus funciones específicas y a los estudiantes, el derecho de expresión de sus ideas y opiniones. El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica, se hará tomando sólo en cuenta su capacidad y aptitudes. " Señor Presidente, creo que es conveniente también dejar establecida, en esta parte, la respuesta que sobre esta materia específica entregó el Senador Allende, que fue conocida públicamente, pero que para la historia de este debate es interesante consignar. Dice el señor Allende: "En innumerables discursos, entrevistas e intervenciones frente a educadores, estudiantes, artistas e intelectuales he planteado con absoluta claridad nuestros puntos de vista acerca de la cultura y la educación. "Si hay un ámbito de la vida nacional donde la plena vigencia del pluralismo debe manifestarse más concretamente, éste es el de la educación y la cultura. En el área educacional este principio debe imperar en la estructura, sistemas de admisión, planes de estudio y confección de textos relativos a la enseñanza fiscal y particular". Sigue abundando sobre estos conceptos y yo solicitaría a la Mesa que, con el fin de ahorrar tiempo, se sirviera recabar el asentimiento de la Sala para insertar en la versión la respuesta que el señor Allende dio a la Democracia Cristiana. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Solicito él asentimiento unánime de la Sala para acceder a la petición formulada por el Diputado señor Fuentes, don César. Si le parece a la Sala se accederá. Acordado. El documento cuya inserción se acordó, es el siguiente: "Santiago, 29 de septiembre de 1970. "Señor Senador Benjamín Prado. Presidente del Partido Demócrata Cristiano. Presente. Estimado presidente y amigo: El Partido Demócrata Cristiano me hizo llegar, por su intermedio y de miembros del Consejo Nacional, un documento posteriormente dado a conocer al país que expone la posición de esa colectividad ante la reciente elección presidencial y el próximo Congreso Pleno. Valorizo en alto grado el procedimiento de discutir nuestros puntos de vista de un modo público, porque esto significa un diálogo democrático que, por estar inspirado en nuestra común preocupación por el futuro de Chile, debemos hacer siempre de cara al pueblo. Desearía que, durante mi mandato, el diálogo entre el Gobierno y la Oposición pudiera hacerse siempre con la franqueza y la claridad de hoy. La reiteración que la Democracia Cristiana hace en el documento que Ud. me entregó de su disposición moral de reconocer la primera mayoría que obtuve el 4 de septiembre es, a mi parecer, una actitud plenamente concordante con la conducta ejemplar que ante el país mostró su candidato presidencial, señor Radomiro Tomic, desde la noche misma de la elección. Me parece igualmente importante el significado que su partido otorga al resultado electoral, cuando señala que "es una interpretación de los profundos anhelos de cambio social" que existen en el país. A esto debe agregarse la expresión de que su partido quiere "contribuir a crear las condiciones que aseguren un cauce democrático y libre al proceso de cambios económico sociales que Chile debe continuar". Es significativa la reafirmación que la Democracia Cristiana hace de los postulados que sustentó durante la campaña, al manifestar "su determinación de avanzar a la completa substitución del capitalismo en nuestro país". Este concepto muestra una coincidencia central con el pensamiento básico de las fuerzas sociales y políticas de la Unidad Popular que, a través de mi candidatura señalaron su voluntad de iniciar en Chile la construcción de una nueva sociedad. Por lo mismo, pienso que mi futuro gobierno puede contar, tal como ustedes lo anuncian en su documento, con el apoyo de la Democracia Cristiana para todas las medidas que contribuyan al bienestar del pueblo, sin que esto implique "ni identidad ni total coincidencia en los planteamientos de fondo, ni en las estrategias definidas ante el país". Señalados estos hechos, que se deducen claramente de lo expresado por ustedes, quiero reconocer el legítimo derecho que asiste a la Democracia Cristiana para plantear ante el país sus puntos de vista sobre el futuro Gobierno. Daré, con franqueza igual a la de ustedes, una respuesta a los planteamientos que me han formulado. Lo hago por un deber de conciencia y apreciando las responsabilidades que pesan sobre quien tendrá la obligación de conducir los futuros destinos de Chile por voluntad del pueblo, que no dudo ratificará el Congreso Pleno. Estoy plenamente consciente de mi deber, frente a todos los sectores políticos y sociales del país, de exponer mi pensamiento y mis propósitos de gobierno ante cualquier requerimiento legítimo que se me haga. Concuerdo con ustedes en la necesidad de garantizar la plena subsistencia de un régimen de convivencia democrática y de libertades públicas. El país entero conoce la posición que invariablemente he mantenido en defensa de los principios democráticos, y cómo cada acto de mi vida política ha sido de total consecuencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Creo, por tanto, tener derecho a esperar que mi permanente actitud democrática garantiza de por sí lo que será la futura conducta de mi Gobierno. Puedo afirmar que igual disposición existe de parte de la Unidad Popular y de cada uno de los partidos y movimientos que la constituyen, lo que se expresa tanto en los acuerdos programáticos manifestados ante el país, como en los propósitos que animarán al futuro Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales que lo integrarán. Además de lo anterior, considero que el definitivo y básico aval democrático en Chile ha sido y es el pueblo, expresado en sus trabajadores, sus estudiantes, sus soldados, sus maestros, sus profesionales, los que viven de su propio esfuerzo, hombres, mujeres y jóvenes, que han luchado por generaciones y siguen luchando por mantener y consolidar nuestras libertades. Ha sido el pueblo chileno quien ha conquistado los derechos públicos de que gozamos, quien se ha movilizado en defensa de la autonomía universitaria, quien ha obtenido las garantías sindicales, quien ha combatido por la libertad de pensamiento, de opinión y de prensa. Este mismo pueblo es el que se expresó el 4 de septiembre, dando la mayoría a un conglomerado popular y unitario, generado por la concurrencia de varios partidos y movimientos cabal evidencia de pluralismo democrático, y que fue capaz de entregar a la opinión pública un programa de gobierno que nos proponemos llevar adelante en un régimen que ampliará las libertades públicas, que se encauzará en el orden jurídico, que garantizará el ejercicio de la oposición, y que respetará todas las condiciones que caracterizan nuestra fisonomía nacional. Este pueblo ha tomado la victoria con un ánimo de profunda responsabilidad y ejemplar disciplina, desmintiendo con su conducta reflexiva, serena y alerta todas las especulaciones en el sentido de que su triunfo desencadenaría en el país un clima de caos, desorden y acciones antisociales. Toda la opinión pública ha sido testigo de esta conducta patriótica y moral intachable del pueblo, en notorio contraste con la de un pequeño grupo que recurre al terrorismo tal como se lo expresé a Uds. oportunamente, que ha tratado de minar nuestra economía, sembrar el pánico financiero y la intranquilidad, con fines que nadie puede considerar beneficiosos para el país. En la hora de la victoria, el pueblo ha demostrado su grandeza; la ha recibido sin asomo de soberbia, sabiendo que asume una responsabilidad histórica de la cual debe mostrarse digno. Ella no puede ser empañada por ningún espíritu de desquite ni de prepotencia. Fiel a esta limpia disposición de ánimo, ninguna medida del Gobierno Popular estará alentada por un propósito revanchista o persecutorio, ni en la aplicación de su política general ni en el terreno administrativo, en el que como siempre lo hemos exigido de todos los regímenes, se respetará la carrera funcionaría. Será ese mismo pueblo el que ejerciendo en forma directa y efectiva sus legítimos derechos, se incorporará a la gran tarea nacional que nos espera. Será ese pueblo el que juzgará, soberana, libre y democráticamente a mi Gobierno y que, al final de mi período constitucional, emitirá una vez más su veredicto inapelable. El futuro del país y la orientación de los gobiernos posteriores dependerán de la opinión de ese pueblo acerca de la conducta de cada partido ante los postulados de democracia, libertad y justicia y ante las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía. Nuestro programa expresa textualmente que "el Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo". Y agrega que "la libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que las limitan actualmente las clases dominantes". El pluralismo político e ideológico es consubstancial con el carácter mismo de la Unidad Popular y con nuestro reiterado propósito de que se haga efectivo en todos los ámbitos de la vida nacional, sean éstos institucionales, sindicales, comunitarios, educacionales, culturales, informativos o de cualquier otro tipo. El Programa de la Unidad Popular expresa que el sufragio universal, secreto y directo generará libremente todos los organismos de representación popular. El mismo programa garantiza los derechos de la oposición. Forma concreta de esta garantía es la libre existencia de los partidos políticos, su participación directa en todos los procesos electorales, su derecho a contar con medios propios e inviolables para su funcionamiento y difusión, y la oportunidad de acceso a los medios de comunicación que permitirán dentro del amplio espíritu pluralista de mi Gobierno la expresión de todas las corrientes ideológicas. Por lo demás, personeros de la Unidad Popular tomaron hace ya tiempo la iniciativa parlamentaria para estatuir constitucionalmente los derechos de los partidos políticos. La libre divulgación de las ideas, a través de todos los medios de difusión libros, prensa, radio televisión, etc. ha sido un principio que hemos defendido de forma invariable, como continuaremos haciéndolo. En este campo hemos evidenciado concretamente nuestra posición al tratarse, por ejemplo, el régimen de la televisión nacional, propugnando la consagración de disposiciones que cautelen su rol democrático y no excluyente. Siempre hemos sostenido una real y verdadera libertad de prensa, en conformidad al derecho del pueblo a estar informado amplia, veraz y oportunamente; hemos señalado las actuales restricciones y hemos combatido todo intento liberticida en esta materia. Hemos defendido, igualmente, los derechos de los periodistas y su dignidad profesional. Pero no creemos que la cooperativización de los medios informativos que pudiere ser procedente en algunos casos específicos, según las reivindicaciones de los trabajadores de la prensa y sus relaciones con las respectivas empresas deba ser necesariamente la solución generalizada. Hemos sostenido que todas las transformaciones políticas, económicas y sociales, se harán a partir del orden jurídico actual y con respeto a un Estado de Derecho. Las organizaciones sociales, sean éstas sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, o cualesquiera otras, funcionarán libre, democrática y automáticamente, sin desmedro de las funciones propias y exclusivas de los tres Poderes del Estado. Nuestro programa contempla, por lo demás disposiciones encaminadas a garantizar la independencia de estos Poderes. He señalado insistentemente la limpia tradición patriótica, democrática y profesional de nuestras Fuerzas Armadas y he planteado mi propósito de cumplir con la obligación nacional de facilitarles su perfeccionamiento técnico y respetar su función específica, para hacer cada vez más eficaz su misión de cautelar la soberanía y la integridad territorial del país. Creo que un concepto más moderno de la Seguridad Nacional y de las necesidades de Chile hace aconsejable la integración y el aporte de las Fuerzas Armadas en algunos aspectos básicos de nuestro desarrollo, sin que ello involucre desvirtuar su función profesional ni distraerlas de su papel esencial en defensa de la soberanía. El reconocimiento del rol estrictamente profesional y de la función exclusiva que corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden es un concepto que repetidas veces he expresado. Pero ninguna consideración política me llevará a permitir que se ponga en debate público en este momento las funciones de nuestras Fuerzas Armadas y aspectos internos de su organización. Ello constituiría una falta de respeto a mí mismo y a las tradiciones que representan nuestros institutos armados. Debo expresar, al respecto, que soy intransigente defensor de las prerrogativas del Jefe del Estado. Afirmo que, como Primer Mandatario, ni siquiera la Unidad Popular tendrá derecho a intervenir en la designación de los Altos Mandos, porque esto es una atribución privativa del Presidente de la República, y seré celoso cautelador de mis atribuciones constitucionales. Nunca nadie ha cuestionado la calidad del Generalísimo de las Fuerzas Armadas que por mandato constitucional asume el Presidente de la República. Esa condición, consubstancial a nuestro régimen jurídico, no admite intermediario en las relaciones entre los Altos Mandos y el Jefe del Estado. En innumerables discursos, entrevistas e intervenciones frente a educadores, estudiantes, artistas e intelectuales he planteado con absoluta claridad nuestros puntos de vista acerca de la cultura y la educación. Si hay un ámbito de la vida nacional donde la plena vigencia del pluralismo debe manifestarse más concretamente, éste es el de la educación y la cultura. En el área educacional este principio debe imperar en la estructura, sistemas de admisión, planes de estudio y confección de textos relativos a la enseñanza fiscal y particular. La necesidad de hacer efectiva la preocupación preferente del Estado por la educación, nos lleva a concebir una enseñanza fiscal más amplia, más moderna, más concordante con la realidad y las necesidades del país. No dudamos de que toda la educación, libre y voluntariamente ha de adscribirse al cultivo de ciertos valores comunes inalienables, como los del amor a la Patria y a la humanidad, a la libertad, al pueblo y, por tanto, a una auténtica democracia. Por cierto, se empeñará asimismo en el desarrollo de las más diversas manifestaciones de la cultura nacional, que concebimos abierta a todos los aportes del saber universal, a los avances de la revolución científicotécnica contemporánea y dispuesta a difundir al máximo el conocimiento, el arte y la literatura, las conquistas de lo mejor del espíritu humano, a fin de hacerlos accesibles a nuestra juventud, a las capaz más anchas del pueblo, de la sociedad chilena. El pluralismo ideológico y el respeto a todas las creencias religiosas forman parte de nuestras mejores tradiciones, están incorporados a nuestra convivencia como resultado del esfuerzo y de la lucha del pueblo y son de la esencia de nuestra idiosincrasia. Toda orientación encaminada a desarrollar una cultura y una educación auténticamente nacionales debe contemplar, por lo tanto la plena consagración de estos valores. Los integrantes de la Unidad Popular, y yo personalmente, hemos sido permanentes defensores de la autonomía universitaria expresada tanto en lo académico y lo administrativo, como en lo financiero. Siempre hemos sostenido que las comunidades universitarias, en el ejercicio de sus prerrogativas autónomas, deben cautelar que ninguna contingencia las aparte de su deber de dar cabida a todas las tendencias y expresiones ideológicas. Tuve oportunidad de exponer todas estas ideas en el diálogo cordial y positivo que sostuve recientemente con los miembros del Consejo de Rectores de Universidades, reunidos en Concepción. Me he referido, en las líneas precedentes, a los diveros aspectos tratados en el que ustedes me entregaron, sin adecuar en forma alguna, ni en el fondo ni en la forma, las posiciones que sustentamos a consideraciones de conveniencia política inmediata. Al dar a conocer estos pensamientos,' sólo he ratificado lo que en tantas oportunidades expresara en nombre de la Unidad Popular. Creo, sin embargo, que todo lo anterior sería insuficiente si no lo integrara en la esencia de la tarea que emprenderá mi Gobierno. Para nosotros, no basta la consagración formal en los textos constitucionales o legales de los principios democráticos y libertarios. Interesa por sobre todo que el pueblo, que todos y cada uno de los chilenos, tenga acceso directo al ejercicio real de estos derechos. Y para lograrlo, es necesario realizar un proceso de transformaciones profundas de las estructuras políticas, económicas y sociales, que es el verdadero sentido de una revolución. Pero los conductores y responsables de este movimiento renovador debemos salvaguardar siempre el contenido genuinamente democrático del quehacer revolucionario. La Unidad Popular, como conglomerado que agrupa a cristianos, laicos y marxistas, el programa que hará efectivo, y los principios que alientan su acción y sus procedimientos, son un auténtico reflejo del espíritu nacional, estos conceptos están presentes en las líneas que hemos definido tanto respecto a nuestro sistema institucional como respecto a los fundamentos de nuestra política económica y social. Como lo señala claramente nuestro programa, que se difundió a través de todo Chile, a fin de que cada uno de los que estaban con nosotros o contra nosotros supiera a qué atenerse, el Gobierno Popular se planteó una doble tarea: Por una parte, preservar y hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores. Por otra, transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado, con un nuevo sistema económico, donde el pueblo tenga el real ejercicio del poder. La Reforma Constitucional que impulsará mi Gobierno para llevar a la práctica la transformación de nuestras instituciones, de acuerdo a los planteamientos programáticos expuestos, contendrá la consagración en la Carta Fundamental de los derechos esenciales cuya total vigencia he reafirmado. En muchas de estas ideas hay coincidencia con lo que su partido y su candidato presidencial, señor Radomiro Tomic, plantearon al país durante la reciente campaña. Tanta, que la propaganda derechista intencionadamente presentaba a ambas postulaciones como similares en su significado político con el fin de obtener ventajas para su propio candidato. Pero lo cierto es que el resultado de las elecciones, en que obtuve la primema mayoría y el candidato de la democracia cristiana un número muy significativo de votos, demuestra que un alto porcentaje de los chilenos concuerda con la necesidad de avanzar en el proceso de sustitución del sistema capitalista que impera en nuestro país. Examinando el programa de la democracia cristiana, es posible observar, entre otras materias, claras coincidencias respecto al nuestro en lo relativo a reforma constitucional, organización de un nuevo sistema económico y recuperación de los recursos básicos para Chile. Todo ello nos permite concluir la posibilidad de que nuestros esfuerzos se complementen cuando el Gobierno Popular asuma la responsabilidad ejecutiva y concrete la reforma constitucional basada en los principios anteriormente destacados. Tal esfuerzo puede realizarse en el marco de la independencia que legítimamente sustenta su partido frente a lo que yo represento. Al dar respuesta al documento de la democracia cristiana, soy consecuente con la conducta pública que he mantenido toda una vida y con la dignidad que corresponde a quien tendrá el honor de ocupar el cargo de Presidente de la República. Deseo dejar constancia de la dimensión ética que significó para mí la inmediata actitud de Radomiro Tomic en la misma noche del 4 de septiembre. Por eso, recordando el momento en que hablé desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, mientras jóvenes democratacristianos y jóvenes de la Unidad Popular se confundían en las calles con generosa esperanza, deseo poner énfasis en que comparto las apalabras de Tomic: "Ni un paso atrás; cien adelante". Finalmente, expreso que he puesto este documento en conocimiento de todos los jefes de partidos y movimientos integrantes de la Unidad Popular, quienes lo han ratificado en forma unánime. Me complazco en reiterar la significación moral que tiene este intercambio público de opiniones. Ruego, señor presidente de la democracia cristiana, transmitir mis saludos más cordiales a los miembros de la directiva y a todos los militantes de su partido. Se despide de Ud. atentamente. Salvador Allende". El señor FUENTES (don César Raúl).- El intercambio de estos documentos concluye en un proyecto concreto de reforma constitucional, que parte reafirmando el principio de la libertad de enseñanza, es decir, reconociendo que todos los habitantes de la República tienen el derecho de enseñar, esto es, fundar establecimientos ; enseñar lo que estimen conveniente y por los métodos que consideren adecuados, conformándose a los planes y programas que confeccionen; elegir los textos de estudio que crea convenientes, etcétera. Más adelante establece que la educación es función primordial del Estado, con lo que reafirman con mayor énfasis el principio anteriormente establecido, en el sentido de que el Estado debe dar prioridad a la función educacional dentro de las que le corresponden y no que al Estado corresponda en forma exclusiva o principal esta actividad. Reconoce y consagra esta misma norma que esta función se cumple a través de un sistema nacional que ya existe en Chile, del que forman parte instituciones oficiales o fiscales de enseñanza e instituciones privadas, a las que se garantiza su organización administrativa y la designación de su personal, sin más limitación que el respeto de las leyes sociales. A la luz de los incisos primero y tercero del Nº 7, se reconoce que puede haber instituciones privadas de enseñanza que formen parte y que no formen parte del sistema nacional de educación. Las que formen parte del sistema pueden ser gratuitas o pagadas, pueden perseguir fines de lucro o no pueden perseguir fines de lucro. Tadas ellas tienen la garantía de su existencia y de su funcionamiento. En el inciso quinto se establece una modificación al sistema legal que impera en la actualidad y que, en la práctica, no se cumple. Dispone este inciso que "sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento" y excluye de este beneficio a los establecimientos particulares pagados, que de acuerdo a la legislación vigente tienen derecho a subvención, pero que en los últimos años no la han recibido, con su perfecta tolerancia. El derecho económico que en esta norma se establece debe entenderse, por lo menos, en una amplitud que garantice los gastos de operación de las escuelas, como inversión en sueldos, salarios, mantención de locales, etcétera. Sobre este particular, me remito al informe del Diputado don Luis Maira, que señaló un ejemplo específico de colegios o establecimientos mixtos donde existen educación gratuita y educación pagada. Quedó claramente consignado en la Comisión, por acuerdo unánime de ella, como ha sido señalado en la mañana de hoy por el señor Diputado informante, que en la parte que se refiere a la educación gratuita, tienen derecho al financiamiento total del Estado, aunque el mismo establecimiento tenga educación pagada, y que en la parte de la educación pagada, por cierto, este derecho no existe. En el inciso sexto, se consagran características que, aunque no se expresan, estarían contenidas en el concepto mismo de libertad de enseñanza, ya que es inherente a ella que la educación que se imparta a través del sistema nacional sea democrática y pluralista y no tenga una determinada orientación partidaria. Asimismo, debe entenderse el derecho de los habitantes a elegir para sus hijos o pupilos el establecimiento fiscal o particular en que van a estudiar. Señor Presidente, quisiera haberme referido con más amplitud a esta materia, pero veo que el tiempo se va agotando. Claramente está establecido lo de las universidades, de manera que no me voy a referir en especial a esta materia. Pero no podría dejar de señalar algunas reflexiones sobre afirmaciones, a mi juicio muy graves, hechas en la mañana de hoy por el Diputado don Fernando Maturana acerca del Estado de Derecho. El manifestó, con suma liviandad, restando valor a las garantías constitucionales que ahora se proponen o se amplían, que realmente las normas de derecho tienen un valor extraordinariamente relativo. Esto es lo que no podemos aceptar. A través de las palabras del señor Maturana, creo que se desconoce realmente la eficacia del Estado de Derecho. Desde luego, hay que dejar en claro que el Estado de Derecho recoge, dándole la categoría de deber, la expresión profunda del hombre como ser social que tiene que convivir con los demás ; recoge, como deber, criterios de conducta que forman parte del convencimiento íntimo de una determinada sociedad. Desde este punto de vista, el sistema jurídico descansa sobre el ser mismo de la sociedad. Es paradojal que, en nombre de un Partido que se dice cautela del orden establecido, el señor Maturana se refiera jocosamente a derechos fundamentales de la persona humana que descansan en el consenso de toda la humanidad, reconocidos a través de la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Hago un recuerdo de algo que es fundamental. Las garantías constitucionales reconocen derechos universales, que han sido aceptados por toda la humanidad. No les clan existencia a estos derechos, sino que lisa y llanamente los reconocen. Quisiera recordarle también al señor Maturana que la estructura de la norma jurídica lleva envuelta una determinada consecuencia, que es la sanción jurídica para el caso eventual de su infracción. Así, por ejemplo, si en la situación que él planteaba, el Gobierno quisiera violar la garantía constitucional de la libertad de enseñanza, restando los recursos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos privados, se configuraría una infracción al artículo 10, Nº 7, y la Cámara de Diputados podría perseguir la responsabilidad constitucional del Ministro de Estado e, inclusive, del propio Jefe de la Nación, en conformidad a las causales y procedimientos establecidos en el artículo 39 de la Constitución Política. El sistema jurídico, sin ser suficiente por sí solo, contiene mecanismos que, al perfeccionarse, garantizan en mejor forma la libertad y la democracia. Esto no lo desconoce la inmensa mayoría de los chilenos, que se identifican con el Estado de Derecho, y menos puede desconocerse en esta Cámara por un abogado que pertenece a ella. He concedido una interrupción al Diputado señor Concha. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Concha. El señor CONCHA.- Muchas gracias. Me quiero referir, señor Presidente, en muy pocas palabras, al aspecto social de las reformas contenidas en el proyecto y que para los democratacristianos son de vital importancia, ya que ellas tienen por objeto garantizar los derechos de los trabajadores, garantizar el derecho a la seguridad social y garantizar el derecho de todo chileno a participar activamente en la vida social, con el fin de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación a la comunidad nacional. En lo relativo al trabajo, esta reforma, al mismo tiempo de reiterar la libertad de trabajo y su protección y el derecho de toda persona a una remuneración suficiente que asegure a ella y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana, introduce, como una nueva norma constitucional, el derecho de los trabajadores a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan. Asimismo, se estatuye el derecho de huelga, vigente en nuestra actual legislación del trabajo, pero que ahora se eleva a la categoría de principio constitucional. En lo relativo a la organización de los trabajadores, se establece que los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y acta constitutiva, en la forma y condiciones que establezca la ley. O sea, con esta nueva norma constitucional, las organizaciones sindicales, por el solo hecho de constituirse, obtendrán, de pleno derecho, la legalidad que necesitan para actuar. Pero, sin duda que, en el aspecto social, la nueva disposición constitucional que es más grata a los democratacristianos es la que dice relación con la activa participación del pueblo en la vida social, cultural, cívica, política y económica, con el fin de lograr el desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. Nosotros tenemos el orgullo de haber abierto el surco en este sentido, durante estos últimos seis años, legitimando y dando poder real a organizaciones de base, como juntas de vecinos, centros de madres, sindicatos, cooperativas y demás organizaciones sociales a través de las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las municipalidades. Vemos cumplida nuestra aspiración en esta materia al estatuirse en esta reforma, y quedar consagrado como precepto constitucional, que dichos organismos del pueblo serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por ley les corresponden y para generar democráticamente sus organismos y representantes, mediante el voto libre y secreto de todos sus miembros. Con el objeto de que los citados organismos cumplan su auténtica misión y no pueda desvirtuarse el fin que les corresponde, se establece en esta reforma que en ningún caso esa instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado. Los democratacristianos, señor Presidente, nos sentimos profundamente satisfechos de haber podido elevar a principios constitucionales derechos tan fundamentales para el pueblo chileno y especialmente para los hombres de trabajo en nuestro país. Muchas gracias. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el señor Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, el Partido Democracia Radical participa en este debate consciente de que el trascendental problema que se discute tiene derivaciones históricas para el porvenir de Chile y su limpia tradición democrática. No entraremos a estudiar en detalle las modificaciones que se introducen en nuestra Carta Fundamental. Estamos de acuerdo en todas ellas. Sólo haremos algunas aclaraciones que las complementen y que daremos a conocer más adelante. Quisiéramos, sí, fundamentar nuestra actitud en algunas consideraciones de índole doctrinaria y filosófica. Sostenemos, como principio, que el hombre es el sujeto fundamental de la historia y que él es capaz de enfrentarse a su propio destino, de fijarse propósitos y conseguir su realización con su acción inteligente; pero, al mismo tiempo, el hombre es un ser eminentemente social, que ha conseguido modelar esta conducta social a través de una cadena ininterrumpida de generaciones. En la lucha constante del ser humano por conseguir superiores niveles de vida, no ha podido prescindir de la libertad, don inapreciable del cual no se podrá despojar jamás si quiere hacer compatible su propia dignidad, su propio desarrollo, con el de la comunidad en que vive. En esta etapa histórica de la humanidad, creemos que deben ser coincidentes los intereses de todos los que viven de su trabajo, sea éste físico o intelectual. Debemos trabajar incansablemente por conseguir para todos los mejores niveles de progreso social, intelectual y económico, removiendo todos los obstáculos que lo impidan, hasta lograr, por los medios que nos otorga el libre juego democrático, la integración de todas las clases sociales. Sobre todos los miembros de la comunidad pesa esta obligación de colaborar activamente, como un imperativo, en el proceso del desarrollo económico social, teniendo el Estado el deber y el derecho de intervenir en él, condicionando la empresa privada al interés de la colectividad, para que su impulso creador de riqueza tenga positiva influencia en el progreso, y substituyéndola por la empresa pública allí donde sea necesario para la superior conveniencia del país. Una planificación científica fijará los objetivos prioritarios de acuerdo con las perspectivas de crecimiento armónico, impulsando la economía y los adelantos tecnológicos paralelamente al fomento de la cultura nacional. Defendemos el pleno derecho de asociación. Aspiramos a que el sindicalismo sea libre y democrático, para que alcance a todos los estratos de la comunidad. Ningún hombre o mujer puede renunciar en forma alguna, bajo ningún pretexto, a la libre expresión de su personalidad ni de sus ideas. Defendemos, en consecuencia, el respeto irrestricto a todas las doctrinas filosóficas, religiosas o políticas, y la libre manifestación de ellas, de modo tal que no exista temor ni pueda haber ventajas ni privilegios en profesar una doctrina o religión determinada que pretenda imponerse, ya sea de origen nacional o internacional. Todos los miembros de la colectividad tienen el derecho y el deber de participar, en plenitud, en la vida institucional y política del país. La Democracia Radical sostiene que sólo el régimen democrático representativo, que reconoce la pluralidad de partidos y el derecho a la oposición democrática, asegura el cumplimiento de tales condiciones, y, por lo mismo, se define, enfáticamente, contra todo régimen totalitario y contra todo régimen o sistema que suprima, limite o distorsione la voluntad nacional. Repudia, del mismo modo, todos los imperialismos. Quienes están en contra de sólo uno de ellos es porque apoyan, defienden o están al servicio de otros. Democracia Radical es un partido esencialmente democrático, laico y socialista, esto último dentro del concepto de la social democracia mundial y, en consecuencia, sin renuncios de ninguna especie frente al marxismoleninismo. Para el Partido de la Democracia Radical sólo dentro del respeto irrestricto del orden jurídico las mayorías y minorías ciudadanas, en amplia pugna democrática, pueden obtener la creación de nuevas formas de convivencia social, sin destrucción de los valores fundamentales que constituyen la esencia de nuestra civilización. Condenamos la violencia corno medio de acción política y afirmamos que es obligación de todo gobierno crear los instrumentos legales para defenderse de quienes bajo el amparo de sus libertades pretenden destruirlo. La educación para nosotros es una función pública irrenunciable. El Estado no puede delegar su dirección y control en otras manos y está obligado a darle el primer grado en la jerarquía de sus atribuciones y deberes, ya que el mejoramiento de la educación en todos sus niveles, no sólo en extensión sino también en profundidad, es la primera condición del éxito en los planes para la aplicación de la ciencia y de tecnología al desarrollo. El Estado deberá estar atento a la necesidad de mantener al día la educación, en el sentido de que responda a una realidad en constante evolución, especialmente en la esfera científica y tecnológica. Reconocemos y defendemos la autonomía universitaria, la autonomía académica de la universidad, pero afirmamos que ella no puede extenderse a la extraterritorialidad de los edificios donde funcionan sus escuelas, institutos y dependencias. La educación no podrá constituir un arma de propaganda ni podrá tampoco ser instrumento dogmático y totalitario. Debe garantizar al educando la seguridad de recibir los conocimientos básicos de la cultura, la ética y el conocimiento, impartidos sin ánimo proselitista, es decir, despojados de toda tendencia política o clasista. Reconocemos que el Estado no está en condiciones materiales de absorber la totalidad de las demandas de la educación nacional, en cuanto a creación, organización y número de establecimientos, por lo cual la educación particular o privada cumple una meritoria función social ya sea financiando escuelas y colegios gratuitos u otorgando gran número de becas en colegios pagados y coadyuva efectivamente a la tarea educadora del Estado. Además de servir al desarrollo pleno del espíritu, la tarea educacional debe armonizar este ideal con las enseñanzas para una convivencia armoniosa, amante de la paz y suficiente para trabajar al servicio de todos. Y esta exigencia rige no sólo para la educación que se imparte de manera sistemática, sino también en lo que se refiere a los muchos agentes de educación y cultura refleja que, además de la familia, célula básica y permanente del grupo social, existen en el mundo moderno, tales como la prensa, la radio, la televisión, etcétera, de manera que estén orientados a la preparación de los niños y jóvenes para la vida democrática. Los medios de difusión no pueden ser monopolio de nadie. Anunciamos, desde luego, que haremos indicación para que la ley que se dicte, en lo que concierne al derecho de acceso a los medios de comunicación y publicidad, se establezca la fórmula que permita ejercer ese derecho a los partidos políticos legalmente inscritos que, a la fecha de la promulgación de la referida ley, aún no hubieren participado en una elección popular. En lo concerniente al Poder Judicial, propiciamos la existencia de un Poder Judicial libre, independiente, despolitizado y jurídicamente capaz. Esto supone que debe garantizársele su autonomía económica y administrativa y asegurársele su generación sobre bases estrictamente técnicas y jurídicas, eliminándose la gestación política que, por cierto, afectaría su imparcialidad. No confiamos en la reforma constitucional en discusión como panacea para asegurar la continuidad de nuestra vida democrática; no obstante, la votaremos favorablemente porque creemos útil al país extremar las medidas legales tendientes a preservarla y a restituir la confianza pública en los destinos de Chile, tan menoscabada después del 4 de septiembre. Intervengo en este debate en representación oficial de mi partido, en los momentos en que éste y sus máximos dirigentes sufrimos la peor campaña de difamación pública a través de injurias, sistemáticamente expresada en editoriales, por el más importante diario de la Unidad Popular. Este ha llegado a decir que terroristas y criminales "salen metralleta en mano desde las sórdidas filas de la Democracia Radical, para asesinar carabineros y desparramar el terror en las calles de la capital". ¡Palabras textuales! Otro de los diarios de la Unidad Popular ha llegado a decir del Presidente en ejercicio del partido que es "el presumible capitán de la banda de terroristas que tramaban asesinar al Presidente electo, doctor Salvador Allende". Esta campaña se funda en la acción ejecutada por dos miembros de la juventud de nuestro partido, a quienes el Ministro sumariante dejó en libertad incondicional, lo que implica, frente a la confesión que hicieran los responsables, que el hecho imputado y juzgado según la opinión de ese Ministro, no sería constitutivo de delito. Por nuestra parte, calificamos ese hecho como políticamente inaceptable, y la actitud de esos muchachos como totalmente repudiable. Su juzgamiento definitivo, conforme a nuestra vida interna, de plena democracia, donde nadie puede ser juzgado sin ser oído, fue entregado al conocimiento de nuestro Tribunal Supremo. Para llevar a cabo esta increíble e incalificable campaña de difamación pública, no ha sido obstáculo el hecho de que muchos de los actuales dirigentes del partido hayan participado en una limpia y larga labor política, y que en labores de la más alta jerarquía nacional lo hayan hecho en buena compañía y amistad con el propio Senador señor Allende. Debo dejar constancia ante la Honorable Cámara de que los jóvenes cuya acción ha dado lugar a esta campaña han tenido la rara entereza, en estos tiempos de tan frecuente extravío juvenil, dar públicamente excusas al partido, a sus amigos y al país, como puede leerse en la carta que publicaron en El Diario Ilustrado del día 10 del presente. Señores Diputados: no se sirve a la democracia, sino, por el contrario, se la envilece cuando se trata de llevar cobardemente el desprestigio a los partidos políticos y a sus dirigentes, que están llamados a encauzarla, perfeccionarla y defenderla. Para poner atajo en el futuro a este crimen de lesa democracia presentamos, en representación del partido, una indicación tendiente a considerar como delito dentro del orden público todo acto que importe injuria, calumnia o difamación contra un partido político o sus dirigentes, cualquiera que sea el medio por el cual dicho delito sea cometido. Si el delito se comete con publicidad, ésta será considerada como una circunstancia agravante del hecho delictuoso; y el delito mismo será sancionado con las penas que la Ley de Seguridad Interior del Estado contempla para los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República y otras autoridades del Estado. Honorable Cámara, nuestro partido, aún en la más dura oposición, será siempre un partido democráticamente constructivo, por patriotismo, por convicción doctrinaria, por deseo vehemente de crear para todos los chilenos el más alto nivel de vida material y espiritual. El partido jamás será medio o herramienta para impedir, dificultar o enervar la acción de cualquier Gobierno que procure servir al bien público en la forma democrática que lo entendemos. El Partido Democracia Radical lamenta que el proyecto en debate sea consecuencia de un pacto secreto suscrito entre los señores Allende y Tomic, acordado antes de la elección presidencial. Dicho pacto, por sus términos leoninos, en que a espaldas del pueblo se jugó el destino de Chile entre democracia y marxismo, jamás podrá ser ni explicado ni justificado. Estamos ciertos de que, dada su extraordinaria trascendencia histórica, el solo conocimiento público de él antes de la elección efectuada el 4 de septiembre último habría variado fundamentalmente el resultado electoral. Aun cuando, en definitiva, serán la ciudadanía democrática y la historia las que juzguen a la Democracia Cristiana, nosotros adelantaremos el juicio que a la Democracia Radical le merece: Jamás antes se consumó en Chile un acto político, a espaldas de la opinión pública, de más trascendentales consecuencias para la República. Quiero terminar mi intervención repitiendo algunas palabras del distinguido Senador señor Patricio Aylwin en el Senado de la República el año pasado, porque, según mi manera de pensar, condensan lo que entendemos por democracia: "Toda verdadera democracia se sustenta en una triple fe. En primer lugar, fe en el pueblo, en su capacidad para regir por sí mismo sus destinos, para someterse a organización y disciplina que son indispensables para realizar con éxito cualquier tarea, en la vocación del pueblo para superarse. "En segundo lugar, fe en la razón humana, es decir, en la superioridad de la inteligencia sobre los instintos y las pasiones, en su capacidad para orientar la conducta de los hombres. La democracia, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, supone que el hombre común participe y contribuya a dictar las reglas que han de regirlo. Esto significa un esfuerzo racional, un esfuerzo de diálogo inteligente. "En tercer lugar, fe en los dirigentes. La democracia, salvo en la antigüedad, en muy pequeña escala, no se ha dado nunca como un Gobierno de todos simultáneamente deliberando sobre todo y decidiendo sobre todo. La democracia supone, dentro de la libertad, sobre la base del reconocimiento de la igualdad de todos los hombres para participar, la selección de dirigentes; algunos procedimientos o cauces que permitan que quienes merezcan la confianza del pueblo actúen en nombre de él y tomen las decisiones que el diario acontecer requiere para realizar el bien común y satisfacer las necesidades públicas. Y es menester que el pueblo tenga fe en esos dirigentes, es decir, en su rectitud moral, en la capacidad técnica de quienes son elegidos para cumplir esa función con honestidad y eficacia. "Sin esa triple fe en el pueblo, en la razón humana y en los dirigentes no puede haber verdadera democracia. Cualquier sistema de Gobierno que pretenda actuar de otro modo se resquiebra, se desmorona y termina destruyéndose. " Muchas gracias. El señor CARMINE.- Pido la palabra. El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Carmine, en el tiempo del Comité Nacional. El señor CARMINE.- Gracias. Señor Presidente, he querido molestar muy brevemente la atención de los señores Diputados con el objeto de fundar, en forma muy somera, dos indicaciones que me he permitido presentar al proyecto de reforma constitucional que estamos tratando esta tarde. La primera de estas indicaciones tiene relación con la libertad de expresión o libertad de opinión, que está consagrada en el artículo 10, Nº 3, de la Constitución Política del Estado y que el proyecto de reforma constitucional en discusión pretende mejorar, pretende aclarar, pretende precisar en sus alcances y conceptos. Mi indicación es más bien una indicación de tipo semántico. La señora LAZO.- ¿Semántica? El señor CARMINE.- Semántica, de redacción, porque mira más a la redacción del precepto que al fondo del mismo. Comparto el juicio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de querer precisar y clarificar lo que se entiende por libertad de opinión o por libertad de expresión pero ha agregado a la disposición constitucional una frase, que es la siguiente: "No podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar y difundir cualquiera idea política. " Pero yo me he permitido presentar una indicación parara que se agregue también la expresión "criticar". Porque jamás en Chile podrá ser constitutivo de delito o de abuso criticar cualquier doctrina o sistema político, filosófico o económico. Lo que yo pretendo al proponer esta indicación es que su redacción sea más amplia y más clara pensando precisamente en los periodistas de mi patria; porque no existirá jamás ni libertad de opinión, ni libertad de expresión, si el derecho a crítica no está consagrado, en forma expresa, en la Constitución Política del Estado. Por eso, creo que contaré con el concurso de todos los sectores de esta Honorable Cámara, con el objeto de dar al precepto una redacción que se compadezca, realmente, con la intención del legislador. La segunda indicación que me he permitido presentar es más de fondo. Persigue el propósito de que sea el pueblo, las mayorías nacionales, quienes elijan sus gobernantes. Es lo que, en dos palabras, se ha llamado "segunda vuelta". El señor PARETO.- Ustedes no quisieron. El señor CARMINE.- Durante el curso de la pasada campaña presidencial, dos Senadores, los señores Jerez y Gumucio, presentaron a la consideración del Honorable Senado una moción, destinada a modificar el artículo 64 de la Constitución Política del Estado y suprimiendo su artículo 65, con el fin de sustituir el mecanismo de elección de Presidente de la República para el evento de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de sufragios, que actualmente está entregada al Congreso Pleno, y remitir dicha fundamental resolución al pueblo mismo, mediante una nueva elección circunscrita a los dos candidatos que obtuvieron los dos más altas mayorías relativas. Dicha moción, cuya conveniencia resulta evidente, fue objeto de un amplio y concienzudo estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la que, en definitiva, aprobó dicha moción con los votos de los Senadores señores Fuentealba, Hamilton, Luengo y Sule. Durante su discusión particular, se le introdujeron importantes modificaciones, hasta estructurar un proyecto de reforma constitucional, que satisface plenamente la aspiración de todo demócrata: que sean las mayorías nacionales las que se den el gobierno que regirá sus destinos. Atendida la circunstancia de estarse tramitando ahora en esta Honorable Cámara, con urgencia, un proyecto de reforma constitucional, patrocinado por los mismos sectores políticos que aprobaron en el Senado esta moción de los señores Gumucio y Jerez, he estimado del caso presentar a la consideración de la Honorable Cámara una indicación, destinada a incorporar al texto de este proyecto de reforma constitucional, la misma iniciativa aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con el objeto de satisfacer esta sentida aspiración ciudadana: qué sea el pueblo, en votación directa, quien decida soberanamente acerca de la elección del mandatario supremo de la nación. Es en mérito a esto que me he permitido presentar una indicación que no hace más que reproducir lo que ya ha sido aprobado por el Senado. Y yo apelo al patriotismo y al buen criterio de todos los sectores de esta Honorable Cámara, para que se puedan aprobar estas dos indicaciones, que reflejan el sentimiento general de la ciudadanía chilena. Muchas gracias, señor Presidente. El señor ACEVEDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Silva Solar. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, no cabe duda de que el Partido Nacional, en una actitud, a nuestro juicio, muy negativa y hasta taimada pudiera decirse de agresividad o de "abstención agresiva", como se ha dicho, ha hecho todo lo posible por desprestigiar esta reforma constitucional. Entre otras cosas, ya se habló en la mañana que esta reforma no era más que un "dique de papel", frente a lo que se quería garantizar. Y en la tarde, el Diputado señor Amello ha dicho que "es fruto de una circunstancia". Naturalmente, eso es cierto. La reforma es fruto de una circunstancia política y esto no tiene nada de raro, porque siempre, en política, las cosas son fruto de circunstancias. Los grandes avances se producen en un momento dado y a través de una coyuntura o circunstancia determinada, aun cuando se van gestando a lo largo de mucho tiempo. De manera que no se puede tampoco pretender desprestigiar esta reforma, achacándola o atribuyéndola, simplemente, a una circunstancia. Es una circunstancia que, por diversas razones, en una y otra de las fuerzas que se han puesto de acuerdo, ha permitido legar a concretar un proyecto ampliamente positivo, que significa un avance, que contiene ideas que se perfeccionan y que corresponde a una aspiración de la inmensa mayoría del país. Y, en ese sentido, el hecho de haber llegado a este acuerdo y de haber manejado la situación de una manera patriótica y con buen criterio y velando por los intereses superiores del país, es algo que debe ser destacado; porque, precisamente, cuando se puede llegar a acuerdo y eso no se hace, es, simplemente, por razones subalternas o por razones de sectarismo, que aquí no han existido, afortunadamente, y que no deben existir en un gobierno que no pretende avasallar al país, sino encontrar siempre el acuerdo de otros sectores, cada vez que este acuerdo no signifique una claudicación de sus propias aspiraciones o de su propio programa; como ha ocurrido en este caso, en que de ninguna manera el acuerdo traducido en este proyecto de reforma constitucional ha significado, ni para unos ni para otros, claudicar de ninguno de los puntos fundamentales que han sostenido. Por eso, creemos que esto ha sido ampliamente positivo. Al mismo tiempo, consideramos negativa la actitud del Partido Nacional, ya que, entre otras razones, este acuerdo ha sido beneficioso para calmar la inquietud que en algunos círculos existe, o ha existido, y que no podemos dejar de reconocer, inquietud que ha sido, en gran parte, promovida por la actitud del propio Partido Nacional y de la Derecha... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...en este sentido, no haciendo honor a una promesa y a un compromiso que había asumido ante el país. En lugar de haber disipado esa inquietud, si en el mismo día de la elección hubiera reconocido el triunfo de la primera mayoría, como lo había prometido hacer; creó inquietud al desdecirse y renegar de lo que había planteado, no como un desafío, no como algo que esperaba el acuerdo de los demás, sino como un acto unilateral, al decir públicamente el Partido Nacional y el señor Alessandri que cualquiera que fuese lo que pensaran los otros, ellos, desde ese momento, se adelantaban a decir que eran partidarios de reconocer a aquel candidato que obtuviera la primera mayoría. Por lo tanto, esa actitud no estaba sujeta a un acuerdo con los demás. Sin embargo, después de la elección, y retractándose de esto, plantea su renuncia, en caso de ser designado, para dar lugar a nuevas elecciones ; originando, de ese modo, una de las formas con las cuales se produjo esta inquietud e incertidumbre que puede disipar, en buena parte, el acuerdo a que en este sentido se ha llegado en este proyecto. Pero yo quiero decir, señor Presidente, que las ideas fundamentales contenidas en este proyecto son y han sido aunque no expresadas, naturalmente, en el lenguaje jurídico de un proyecto de reforma constitucional, pero sí en sus conceptos esenciales las planteadas en el programa de la "Unidad Popular". Y sobre esa base y sobre esos conceptos se ha hecho la campaña de la "Unidad Popular", precisamente por una razón: porque aquí no se trata de hacer algo que me pareció entenderle, o que creo haberle entendido claramente al Diputado señor Amello, cuando hablaba, hace un momento, de una revolución que prescindiera prácticamente de la Constitución. Precisamente, éste no ha sido el punto de vista de la Unidad Popular, ni antes de la elección, ni después, ni siquiera antes de haber designado al candidato, porque antes de ello se hizo el programa. Claramente, expresando ese programa el pensamiento común de las fuerzas que allí estaban representadas, se planteó un proceso como se ha ratificado posteriormente, un proceso que se inició con arreglo a las modalidades propias de nuestro país, a través y a partir del desarrollo democrático que ha alcanzado nuestro país y, aún, del desarrollo institucional y legal que ha logrado. Así, por ejemplo, en el texto de este programa se señalaba, en relación a las libertades fundamentales, que "el gobierno popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo", "la libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización...", etcétera. Luego, se señalaba, referente a esto del "pluralismo" de que se ha hablado y que, a nuestro juicio, tan acertadamente ha quedado incorporado en el texto constitucional, del "pleno respeto a todas las ideas" en eso consiste el pluralismo "y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto". Y con respecto a los partidos políticos, se insistía en el mismo concepto, al señalar que "El gobierno popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos" y "movimientos" que lo forman. Y luego, en orden a las fuerzas de oposición, se decía: "El gobierno popular respetará los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de los marcos legales". Indudablemente, no va a poder respetar los actos de oposición que se expresen a través del terrorismo y del sabotaje. Este es el alcance, y no otro, que tiene esta referencia "los marcos legales". Y porque ése es el alcance, no hubo dificultad para lograr el acuerdo de incorporar esta disposición en el proyecto, en el sentido de que nunca se podrá considerar como un abuso o como un acto de ilegalidad el hecho de sostener determinadas ideas políticas, y que no podrá ser configurada una acción delictiva en torno de estas ideas,' aun cuando esto no sería la primera vez que ocurriría en Chile, porque aquí tenemos la experiencia de que se declararon delitos determinadas ideas, durante un período que duró 10 años, y fueron proscritos quienes sostenían esas ideas como partidos políticos por el solo hecho de estar unidos a esa afiliación ideológica. Sin embargo, eso jamás ha estado en la mente o en el pensamiento de la Unidad Popular, respecto a ningún tipo de ideas políticas de Izquierda o de Derecha. Con respecto a estas mismas materias, en cuanto a las elecciones, también se señalaba expresamente en el programa que "la generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos". En consecuencia, no hacía otra cosa que recoger todas estas ideas, expuestas en el lenguaje político propio que correspondía a un programa, cuando, en su carta a la Democracia Cristiana, Salvador Allende ha dicho que nos proponemos llevar adelante un régimen que ampliará las libertades públicas, que se encauzará en el orden jurídico, que garantizará el ejercicio de la oposición y que respetará todas las condiciones que caracterizan nuestra fisonomía nacional. Pues bien, señor Presidente, por eso, porque estas ideas estaban contenidas en el pensamiento común y en el programa, por eso fue posible ponerse de acuerdo tan rápidamente en la traducción de esas ideas en un texto constitucional. Porque aquí, como decía denantes, nadie ha claudicado de nada. Se quería que esto se clarificara más; se quería que esto se precisara más; se quería que esto se introdujera en la Constitución. No había inconveniente para hacerlo. ¿Por qué? Porque en lo fundamental, en lo sustantivo, en el contenido de todo esto se estaba de acuerdo, y se estaba de acuerdo a través de todos los planteamientos que se habían hecho durante la campaña y que se habían expresado en el programa y en la palabra del candidato, de los movimientos y de los partidos que lo apoyaban. Señor Presidente, para algunos y, sobre todo, para aquellos que se autoconvencieron con su propia campaña del miedo campaña que nunca hemos discutido desde el punto de vista de los problemas, del análisis de los problemas que ahí podían estar envueltos, sino que hemos discutido y hemos condenado como una campaña dirigida a la irracionalidad de la gente, una campaña dirigida a aplastar el entendimiento, a despertar el temor, el pavor y la fobia para esos, convencidos, al fin, en este momento no hay garantías ni forma alguna de garantías, en buenas cuentas, porque han ido pasando lista, descalificando y considerando que, prácticamente, no hay ninguna garantía eficaz desde el punto de vista de lo que se quiere preservar. Yo debo expresar, como ya lo han hecho otros colegas de la Unidad Popular, nuestra más absoluta convicción de que, en nuestro país, todo este proceso de cambios sociales, profundos, todo este proceso hacia el socialismo debe tener, indudablemente, las particularidades propias de nuestro propio régimen social, político, cultural, del desarrollo que ha alcanzado nuestra democracia en nuestro país, del desarrollo que ha alcanzado, incluso, el hecho de la convivencia dentro de formas institucionales y dentro de formas jurídicas. Nosotros decimos: si hay medios legales operantes, si hay un desarrollo democrático, como lo existe en Chile, y si ciertas fuerzas sociales y políticas no se cierran tozudamente al proceso del cambio social y no defienden el "statu quo" a través de medios antidemocráticos, porque estas cosas tampoco dependen sólo de quienes están impulsando el proceso, sino también de quienes lo resisten, y es evidente que si la resistencia se organiza no a través de las forma democráticas, no a través de las forma legales, sino que a través de formas antidemocráticas, es evidente que ese factor que está en las fuerzas que no son las que están impulsando, sino resistiendo, es evidente que interviene para deviar el proceso del curso en el cual lo han querido poner y llevar aquellos que lo están promoviendo, si esas fuerzas, que existen, van a sostener sus puntos de vista con todos los derechos democráticos que tengan y que van a mantener, por supuesto, y nadie va a decir nada por esto, si eso es así, haciendo justicia a lo que ha sido nuestro sistema, a lo que ha sido nuestra convivencia, no creemos en forma alguna que el proceso pueda apartarse de este curso democrático y aun de este curso legal. Que hay que cambiar las leyes, que queremos una nueva Constitución se hablaba del Poder Judicial... bueno, para hacer eso, que está en el programa, es necesario reformar la Constitución. Indudablemente, se plantearán reformas constitucionales, se plantearán reformas de las leyes; pero eso se hará a través del propio sistema establecido, como, incluso, se cambió la Constitución durante el Gobierno anterior. Se cambió todo lo relacionado con el derecho de propiedad. De manera tal, señor Presidente, que ese es el problema, y creemos que en este sentido, si las fuerzas, todas las fuerzas que operan dentro de nuestra sociedad, las fuerzas políticas que operan, se ajustan a este sistema, no cabe duda que podremos proseguir dentro de este curso. Porque no tenemos el concepto de que la ley sea un obstáculo, de que sea un inconveniente por el solo hecho de ser ley. ¡Si siempre tiene que haber ley, porque si no hay ley simplemente quedamos entregados a la arbitrariedad ! De manera que la ley también es un instrumento para avanzar, para hacer los cambios y para progresar. Por lo tanto, nosotros creemos que en nuestro país hay condiciones para que esto se produzca en esta forma y creemos que es una posición absolutamente falsa y negativa, incluso, diríamos anticientífica, la de aquellos que vienen a decirnos: "Mire, señor, hay que trasladar mecánicamente lo que ocurrió allá, en ese o en aquellos países, muy lejos de nosotros, hace muchos años, hace mucho tiempo, en otro continente, o en esta u otras circunstancias completamente diferentes de las nuestras". Porque, según ellos, fatalmente, aquí este proceso tiene que darse con las mismas características, en la misma forma, con las mismas modalidades. Ese traslado mecánico es absolutamente falso y está desmentido, incluso, por otros hechos de la Historia, como incluso aquel que señalaba el señor Millas respecto a la lucha por la República y al temor que en ese tiempo se trató de establecer de que aquí la República significaría también la guillotina y todas esas cosas que ocurrieron en la Revolución Francesa. Indiscutiblemente podría señalar muchos otros ejemplos el propio ejemplo del Frente Popular para decir que es absolutamente desprovisto de fundamento y de rigor aquel criterio que pretende establecer mecánicamente todas las vicisitudes y todas las características de estos procesos ocurridos en otros países, procesos que no estamos juzgando aquí, porque también se traen a través, incluso, de caricaturas, a través de versiones bastante deformadas, bastante poco analíticas. Como digo, no estamos juzgándolos aquí, pero, en todo caso, no tiene por qué trasladarse en esta forma, como una simple copia, de una manera mecánica. Creo, por otra parte, que si el conjunto de las fuerzas que en nuestro país están por impulsar los cambios, si ese conjunto de fuerzas como ocurro en nuestro país, es amplio; si su participación es pluralista y reúne a la inmensa mayoría y a la inmensa voluntad del país, es indudable que no se producirán aquellas circunstancias de acosamiento que, en un momento determinado, en un proceso de cambios son las que generan y producen hechos de violencia. Y creemos, por último, que, desde el punto de vista de los conceptos mismos, en principio, no hay un antagonismo, como se pretende hacer creer también, entre socialismo y democracia. El socialismo es la continuación de la democracia, porque, en definitiva, el socialismo es establecer el poder del pueblo y del trabajador en la economía. Establecer ese poder ¿en reemplazo de cuál? De un poder que no es democrático, como es el poder del capitalismo, que no proviene del pueblo, sino que viene del dinero. De manera que socialismo significa avanzar, hacer más auténtica, más plena, más cabal la democracia. Y cualesquiera sean las circunstancias que el proceso socialista haya tenido en diferentes países, ello no significa, de ninguna manera que, necesariamente, este proceso tenga que darse así. Porque, desde el punto de vista de las ideas y las fuerzas que lo promueven, es todo lo contrario: es un proceso que va, no a debilitar, sino a hacer más amplia, más efectiva, más consecuente, la democracia. La democracia es el poder del pueblo; pero el poder del pueblo no sólo en lo político y a través del sufragio solamente, sino también en lo económico y en los distintos niveles de la autoridad social, y se expresan, no sólo a través del voto, sino por medio de una intervención y participación continua y permanente en la toma de las decisiones fundamentales. Por eso, creemos que si aquí, como estoy seguro, en todos los sectores prevalecen las fuerzas y los hombres de conciencia democrática, evidentemente que el Gobierno que se iniciará pronto y los cambios a que dará lugar no constituirán, de ninguna manera, una merma en lo que ya hemos ganado y conquistado, desde el punto de vista legal y democrático. Por el contrario, todo esto se desarrollará y ampliará mucho más. Esta es, por lo menos, nuestra concepción más profunda. Quiero decir, finalmente, con relación a las reformas en particular, que estamos absolutamente de acuerdo con todas ellas, pero que, sin embargo, tenemos una pequeña reserva, por decirlo así, en cuanto se refiere a la educación particular. Realmente, tal como el texto constitucional del proyecto ha quedado, en materia educacional se mantiene un sistema al que le vemos inconvenientes desde el punto de vista del paralelismo entre la educación pagada y la gratuita. No se trata tanto de problemas con la educación particular. La educación particular gratuita, en este sentido, no nos produce inquietud. Pero sí nos produce inquietud la educación particular pagada como un sistema paralelo al de la mayoría de los niños del país y que va constituyendo, desde la base misma, se puede decir, un elemento que, a nuestro juicio, ya resulta abiertamente indeseable para una verdadera democracia y para un país que quiera avanzar en el plano de la igualdad social. Pero creemos que este problema, en el curso de los próximos años, se podrá resolver, porque, paralelamente a nuestro propio pensamiento, también en aquellos que dirigen la educación particular se ha ido abriendo paso esta idea y se ha ido sometiendo cada vez más a crítica este régimen de educación pagada, como quien dice, sólo para el sector pudiente o rico del país. Y, así, la organización de los establecimientos de enseñanza particular, que se llama FIDE, en uno de los últimos congresos o jornadas celebrado el año pasado, aprobó como una de sus conclusiones precisamente ésta, que leo textualmente: "La existencia de colegios pagados aparece como un anacronismo, ya que éstos son uno de los signos más visibles de la desigualdad social. " Nosotros creemos que si así piensan los que están a la cabeza de la educación particular pagada y sabiendo cuál es el pensamiento de las fuerzas de la Unidad Popular en cuanto a ir a un sistema educacional único, planificado y democrático, en la práctica es posible buscar alguna solución que pueda eliminar este factor antidemocrático, que era al que, en definitiva, queríamos apuntar cuando planteamos este problema en el programa de la Unidad Popular. Nada más. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Lorca. El señor LORCA (don Gustavo).- Señor Presidente, la Democracia Cristiana nos ha abocado a la consideración de una iniciativa política que ha denominado "Estatuto de Garantías Constitucionales" y que, para los efectos de poder discutirse en el Honorable Congreso Nacional, ha debido revestir la forma de un proyecto de reformas constitucionales. La verdad es que un estudio circunstanciado de las modificaciones que se proponen introducir a nuestra Carta Constitucional nos demuestra que, más que un proyecto de reformas propiamente tales, el presente es una reiteración de ideas contenidas en el texto constitucional, una aclaración de las mismas o, en el mejor de los casos, la sanción de formas legales y reglamentarias en vigencia, que pasan a tener categoría de preceptos constitucionales. Todo proyecto destinado a introducir reformas o modificaciones a la Constitución Política tiene que obedecer, necesariamente, a una filosofía política o a una concepción jurídica tendiente a imprimir a la organización del Estado características muy determinadas y precisas. Como quiera que las modificaciones que se efectúan a una Constitución pasan a integrar la esencia de la misma, deben ser coherentes con su espíritu y compatibles con su forma, pues de lo contrario serían injertos que desnaturalizarían la concepción política y jurídica sobre la cual descansa la norma constitucional. Por estas razones, el proyecto en estudio carece de la vitalidad de una verdadera reforma constitucional. Se desea establecer en el texto de la Constitución que las diversas garantías individuales consagradas en el artículo 10 no podrán ser vulneradas en su ejercicio, para lo cual se refuerza el tenor literal de ellas o se incorporan al texto vigente ciertas normas legales y reglamentarias que en la actualidad permiten darles cumplimiento. La filosofía de la reforma no se divisa, pues no existe. Podríamos decir que lo verdaderamente trascendente de este proyecto no es lo que establece, sino lo que omite, tomando en consideración el propósito reiterado que se pretendió obtener mediante este Estatuto de Garantías, como se le ha denominado. Para reforzar la plena vigencia y aplicación efectiva de las garantías individuales prescritas en el artículo 10... La señora LAZO.- Señor Presidente... El señor IBAÑEZ (Presidente).- Señor Lorca... El señor LORCA (don Gustavo). No quisiera ser interrumpido, porque tengo muy pocos minutos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- El señor Lorca no desea ser interrumpido. El señor LORCA (don Gustavo).- ....el procedimiento no puede consistir en recalcar su enunciado o desarrollarlo con mayor amplitud, sino en resguardar aquellos mecanismos que, establecidos en la propia Constitución, permitirían hacer valer íntegramente su ejercicio. ¿De qué valen las garantías individuales si el régimen jurídico que las sostiene y hace aplicables desaparece o se desfigura de tal forma que no pueden operar ninguno de los procedimientos previstos para hacer respetar los derechos de los individuos? Todo el imperio de la Constitución Política del Estado que nos rige presupone la existencia de un contexto institucional indispensable para su funcionamiento. La separación de los Poderes del Estado significa que los ámbitos de acción de cada uno de ellos debe ser simultáneo e independiente, ya que la interferencia de uno sobre otro produce de inmediato la paralización del mecanismo institucional del Estado, tal cual está concebido en la propia Constitución. ¿Qué se dice en este proyecto de reformas respecto a la obligatoriedad de la subsistencia del régimen de separación de los Poderes del Estado? No se dice nada, ya que para ello habría que haber establecido explícitamente la improcedencia de cualquier reforma constitucional que significara la alteración de este principio esencial en el esquema constitucional vigente. Lo anterior cobra mayor trascendencia si se considera que el programa de la Unidad Popular declara, textualmente, en el párrafo sobre la organización política, que "se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local, que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder. La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular". -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA (don Gustavo). Esta categórica declaración del programa de la Unidad Popular revela la concepción de un esquema institucional a través del cual se concentra la suma de la soberanía en la "Asamblea del Pueblo, órgano superior de poder", la que generará el Poder Judicial y podrá asimismo, generar mediante procedimientos perfectamente previsibles, al propio Ejecutivo. Frente a este nuevo orden institucional que significa, lisa y llanamente, el reemplazo de toda la concepción jurídica que emana y sostiene la existencia misma de la actual Constitución, ¿qué valor podrán tener, por consiguiente, las garantías que se tratan de ampliar mediante este proyecto? Absolutamente ninguna. Distinto habría sido si expresamente se hubiesen establecido los mecanismos que hicieran imperativa, cualquiera fuesen los esquemas constitucionales planteados en el futuro, la existencia efectiva de un régimen de división de poderes del Estado, conservando cada cual ámbitos de acción autónomos e independientes que aseguraran el libre ejercicio de las atribuciones que les son inherentes. Resulta asombroso e inconcebible, además, que en las reformas propuestas no exista ninguna referencia al Poder Judicial, a su generación, independencia y autonomía. Nada puede subsistir de nuestro actual régimen jurídico sin la absoluta certeza de que el Poder Judicial mantendrá su independencia y su facultad de aplicar las leyes y, por consiguiente, el ejercicio de cada una de las garantías individuales actuales y del sistema institucional que nos rige. Por consiguiente, no sólo la efectividad del ejercicio práctico de las garantías individuales consagradas actualmente en el N° 10 de la Constitución Política, y las ampliaciones de éstas que se introducen por estas reformas, como toda la concepción jurídica e institucional de nuestro régimen de Derecho, se basan en la mantención del principio de la independencia y autonomía del Poder Judicial, respecto del cual no se prevé ningún resguardo que asegure su pleno y cabal conocimiento. Reconocemos que en lo que respecta a la consagración constitucional de la calidad jurídica de los partidos políticos, hay una base positiva, ya que se sanciona la aspiración que expresáramos en la anterior reforma y que no pudo materializarse en esa oportunidad. Decíamos al comienzo, señor Presidente, que esta reforma carece de vitalidad, puesto que no satisface ningún elemento fundamental que emane de la concepción doctrinaria o política que sustenta la vigencia de nuestra actual Carta Fundamental. Con todos sus defectos, que nosotros reconocemos graves y pretendimos corregir sustancialmente, nuestra Constitución consagra de manera categórica un régimen democrático cuyos mecanismos han hecho posible la subsistencia de las garantías individuales y el funcionamiento del Estado, a través de un equilibrio de Poderes que permite la expresión legítima de la soberanía popular en órganos auténticamente representativos. Si se analiza la génesis del denominado Estatuto de Garantías y por consiguiente su consecuencia inmediata, el proyecto de reformas constitucionales que se discute, tenemos que concluir que los objetivos propuestos no sólo no se han alcanzado, sino que ni siquiera se intentaron obtener seriamente. No fue el país quien planteó la necesidad de estas reformas constitucionales. Ellas surgieron como consecuencia del hechos imperativo a que se encontraba enfrentado el Partido Demócrata Cristiano, de tener que reconocer, por circunstancias derivadas de su propio enfoque político, la mayoría relativa del Senador Allende y la eventualidad del futuro gobierno de la Unidad Popular. En efecto, en el discurso pronunciado por el Presidente de esa colectividad, don Benjamín Prado, el día 10 de septiembre, éste reconoció textualmente que: "Las fuerzas políticas que sustentaban la candidatura del señor Allende están integradas, entre otras, por partidos maxistas, y frente a esta realidad se nos hace ineludible prevenir los riesgos de una transformación del sistema democrático chileno en un régimen en que paulatinamente podría ir negando la existencia misma de las condiciones de libertad y de respeto a los valores de la persona humana que caracterizan una sociedad pluralista. " La prevención de los riesgos de la transformación de nuestro régimen democrático por la presencia de los partidos marxistas en el gobierno del señor Allende, tal como lo expresara dramáticamente el señor Prado, no se logra ni remotamente a través de este proyecto de reformas constitucionales. Las garantías constitucionales que se enfatizan, reiteran o se amplían en el texto de la Constitución, no bastan por si mismas. Ellas no tienen concreción positiva o práctica por el mero hecho de enunciarse con mayor o menor énfasis. Para que ello ocurra, es indispensable la preservación de los mecanismos e instrumentos que hagan posible su auténtico ejercicio, y ya hemos visto que en lo sustantivo, no hay ninguna proposición que signifique la mantención del contexto político en que deben necesariamente funcionar. No se reitera el principio de la separación de los Poderes del Estado, no se enuncia siquiera la defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial ni se adoptan los resguardos inminentes que impidan en parte la materialización de la concepción política que el programa de la Unidad Popular declara como condición consubstancial al ejercicio del gobierno, a través de la presidencia del señor Allende y que puede significar la concentración de los tres Poderes en uno. Todo intento de mejorar lo que es bueno será siempre positivo y no puede merecer sino nuestra aprobación. Pero en esta oportunidad no se trata de ejercitar un propósito perfeccionista frente a determinados preceptos constitucionales. El planteamiento inicial del Senador Prado fue evitar la transformación de nuestro régimen democrático en un sistema en que paulatinamente se negara la existencia de la libertad como consecuencia de la. inspiración marxista que él reconoce expresamente en el gobierno del señor Allende, y ante esta realidad, el proyecto de reformas carece de todo contenido práctico. Por tal motivo, los Diputados nacionales, como lo dijo nuestro colega Fernando Maturana, declaramos que este proyecto de reformas constitucionales no cumple el propósito para el cual ha sido elaborado. Más aún, lo califica como un proyecto... El señor IBAÑEZ (Presidente).- Excúseme, señor Diputado. Ha terminado el tiempo del Comité Nacional. Tiene la palabra el señor Maira en su calidad de Diputado informante. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORCA (don Gustavo). Por respeto no le contesto. La señora LAZO.- Su Señoría está tan desesperado que podría traer hasta los "marines". ¿Qué más quiere que le diga? El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio y respetar el derecho del señor Maira. El señor LORCA (don Gustavo).- Podría contestarle respetuosamente, si me lo permiten. Un señor DIPUTADO.- No tiene tiempo. El señor MAIRA.- He concedido una interrupción a la señora Lazo. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. La señora LAZO.- Solamente para recordar que el primer día que sesionó la Comisión, y antes de que se reuniera la Directiva y la Junta de su partido, el Diputado señor Lorca expresó todo lo contrario de lo que se ha visto obligado a decir en esta oportunidad. Allí están las actas de la Comisión, y si el colega lo negara, solicito al señor Secretario que haga traer las actas donde aparece su declaración apoyando las reformas constitucionales. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Puede continuar el señor Maira. El señor MAIRA.- Señor Presidente, quisiera al término de este debate, que ha sido en muchos conceptos provechoso, referirme a algunas afirmaciones y juicios que se han hecho en el curso de él, particularmente por Diputados del Partido Nacional que han impugnado esta iniciativa. Yo, francamente, salgo de este debate con una gran preocupación. Me preocupa que personeros del Partido Nacional desvaloricen los textos constitucionales propuestos y den la impresión de que piden garantías absolutas que exceden el carácter general de toda Constitución Política. Quiero recordar un solo hecho que ya esbozara en el curso del informe. Si se tratara del compromiso adquirido ante el país, por parte del Partido Nacional, no con garantías, sino incondicionalmente, ellos deberían entregar sus votos en favor del señor Allende. En conferencia de prensa ofrecida por el Presidente del Partido Nacional el 29 de agosto del presente año, seis días antes de la elección, el señor Onofre Jarpa expresó textualmente ante los periodistas, al preguntársele si la posición de su Partido incluía el apoyo a Allende en caso que éste fuera primero: ... -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- ..."Cuando un hombre honrado, como yo, afirma que se debe reconocer el primer lugar al candidato que obtenga la primera mayoría relativa, esto significa que si el señor Allende la obtiene, la reconoceré". -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- En último término, nosotros no asumimos esa posición. Pedimos garantías constitucionales; conversamos en torno de un texto concreto. Se obtuvieron estas garantías y los mismos que ayer afirmaban que se debía reconocer sin condiciones al que obtuviera la primera mayoría, en el único acto público conocido por el país y exigible por los chilenos, que es el que el señor Jarpa contrajo con el señor Allende, como antes lo había hecho el señor Alessandri, esta gente, que anticipó su apoyo sin condiciones, sin garantías, hoy encuentra que estas reformas son insuficientes. Yo les voy a demostrar que es falso lo que ellos han afirmado. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MAIRA.- Si fuera cierto lo expresado por el señor Gustavo Lorca, de todos modos, sería un paso positivo el que aquí se reafirmaran garantías y disposiciones vigentes. Toda reafirmación es buena. Pero, además, insisten en que esta reforma es insuficiente en materia de independencia del Poder Judicial. Si la independencia del Poder Judicial está consagrada en el texto constitucional, en los artículos 80 y siguientes; y, a mayor abundamiento, en los textos generales de Derecho Público chileno, en los artículos 3º y 4º. No necesitamos reafirmar lo que existe. Debemos pedir, simplemente, que se respete su vigencia. Respecto de materias nuevas, se dice: "No hay modificaciones nuevas". Yo le menciono al señor Lorca cinco o seis materias fundamentales que se incorporan mediante esta reforma; el estatuto de los partidos políticos, el sistema nacional de educación, la regulación de la autonomía universitaria, el derecho a sindicalización y sus mecanismos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la participación, y otros temas consagrados en el texto del proyecto. ¿Por qué no querer ver lo que el texto de las reformar claramente dispone? ¿Qué intención, qué sentido tiene desvalorizar una reforma que mañana será aplicada a todos los chilenos y, por cierto, también a los hombres del Partido Nacional? ¿Cómo no se dan cuenta que se van quedando solos? Partieron de una posición de reconocimiento del triunfo de Allende, después formaron el movimiento "Patria y Libertad", y resulta que hoy día las organizaciones y los empresarios están dialogando con Allende. En efecto, la Cámara de la Construcción conversa con Allende, la Sociedad de Fomento Fabril conversa con Allende, la Confederación de la Producción y del Comercio conversa con Allende, y, en definitiva, uno ve a un partido, perdónenme la franqueza, de gente que está un poco de espalda a la realidad, tratan de apegarse a viejos conceptos, dando vuelta las palabras que ellos dijeron y borrando con el codo lo que escribieron con la mano. Eso es lo que me preocupa. Yo quiero ser muy sincero y muy franco y manifestar en los escasos segundos que me quedan, que salgo de esta discusión convencido de que a pesar de la reticencia de los Diputados del Partido Nacional, los hechos son más fuertes, el texto es más fuerte, el Derecho Público chileno es más fuerte, la convivencia política del país es más fuerte y esta reforma constitucional será realidad y se aplicará porque su profundo sentido y su valor está en que la palabra de sectores muy amplios está empeñada, en que la palabra del futuro Presidente de Chile está empeñada. Y yo declaro, como democratacristiano, que la palabra del señor Allende y de los partidos que lo acompañan, a mí me interesa y me merecen fe. El señor ARNELLO.- ¿Para qué le pidieron garantías, entonces? La señora ALLENDE.- Para que ustedes se quedaran tranquilos y no sigan asustados. El señor MILLAS.- Pido la palabra. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MILLAS.- Señor Presidente, voy a referirme brevemente a algunas expresiones del señor Carmine. El ha sugerido que se acoja una indicación suya a la proposición de reforma constitucional, en su artículo único Nº 4, que modifica el Nº 3º del artículo 10 de la Constitución, para que, en el primer inciso, se agregue algo a la frase aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propuesta en el proyecto, que dice: "No podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar y difundir cualquiera idea política". Al respecto, lo que se expresa en este texto se refiere concretamente a la libertad de opinión y, por lo lo tanto, a la libertad de sostener una determinada idea política. De ninguna manera se ampara con ello cualquier delito o abuso, por el hecho de que quien cometa un delito o abuso concreto configurado como tal en la definición de la legislación ampararse en el hecho de que él tenga una determinada idea política. Es diferente tener una idea política, sustentar y difundir tal idea política, y otra cosa distinta es incurrir en determinado delito. Se sancionará el delito o el abuso; pero no podrá sancionarse por el hecho de que el delincuente o quien incurra en el abuso tenga una determinada idea política o no la tenga, Y es el sustentar o difundir tal idea política lo que es amparado en forma expresa y terminante por el texto constitucional. El señor Carmine propone que se agregue el mismo amparo a la crítica de ideas políticas. Este es un tema más complejo, en relación con el cual esta Cámara ha aprobado las proposiciones formuladas por la Comisión que investigó las actividades de la campaña del terror que se desencadenó, financiada por organismos extranjeros, durante la reciente contienda presidencial. Este es un asunto que no se puede resolver en el momento de la votación de una reforma constitucional, simplemente con agregar una expresión más. Por lo tanto, creemos indispensable que la proposición del señor Carmine, que versa sobre un asunto diferente al texto estudiado cuidadosamente para su presentación al Congreso y aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde no se formuló dicha indicación, se tramite como un proyecto separado de reforma constitucional, el cual consideraremos con la adecuada atención. La otra proposición del señor Carmine se refiere al establecimiento de un mecanismo diferente del de la actual Constitución para la designación del Jefe de Estado, del Presidente de la República. Sobre esto ha habido un criterio en los redactores de este proyecto de reforma constitucional, que fue compartido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, al informarlo, en el sentido de que ésta debe ser una reforma orgánica, que comprenda lo relacionado con los derechos individuales y con las garantías constitucionales, y considere conexamente con ellas las bases constitucionales de la fuerza pública y los derechos de los ciudadanos, en cuanto a la constitución de partidos políticos y al ejercicio muy amplio de sus derechos propiamente políticos. En estas condiciones, señor Presidente, no hemos sido partidarios, ni lo somos, de que se agreguen a esta reforma constitucional, otras materias, por importantes que ellas sean. En estos momentos, el Senado de la República tiene el informe favorable de su Comisión de Constitución para una reforma constitucional que salva una omisión, un olvido que hubo al entregar el derecho a voto a los mayores de 18 años; o sea, para extender el derecho a sufragio entre los 18 y 21 años, que era la edad señalada anteriormente en el texto constitucional. Se trata de una materia muy clara, respecto a la cual hay unanimidad; y, sin embargo, no nos ha parecido pertinente incluirla en esta otra reforma constitucional, sino que hemos sido partidarios de su despacho paralelo. Esto corresponde, por lo demás, a lo que ahora señala la Constitución, en cuanto a la necesidad de velar celosamente por las ideas matrices de cada proyecto de ley. Y esta reforma constitucional tiene una idea matriz muy clara, y respecto de la cual existe el compromiso ante Chile entero, de parte de las fuerzas que constituyen la Unidad Popular hoy en el Parlamento, mañana en el Ejecutivo y de parte de las fuerzas que apoyaron la candidatura de don Radomiro Tomic o sea, del Partido Demócrata Cristiano, en cuanto a hacer realidad concretamente esta reforma constitucional que, de manera integral, considera la modernización de las disposiciones sobre derechos individuales y garantías sociales. Por eso, señor Presidente, también estaremos por rechazar la indicación del señor Carmine, si él la mantiene, sin perjuicio de considerarla, oportunamente, como es nuestro ánimo, en forma adecuada, como un proyecto de reforma constitucional separado. Quería dar estas explicaciones, señor Presidente, y al terminar mis palabras, debo señalar la satisfacción con que hemos podido observar el hecho de que no se ha formulado ningún reparo jurídico en relación a los intereses de Chile, ningún reparo en relación al contenido democrático y a lo que representa como un un paso positivo en la vida de nuestro país esta reforma constitucional. Se han hecho comentarios de carácter político en relación a ella; pero, de ninguna manera, se han hecho reparos serios en cuanto a su contenido. Esto muestra que fue concebida responsablemente y de acuerdo con los intereses de nuestro desarrollo democrático. He dicho, señor Presidente. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco, la palabra. Señores Diputados, se ha solicitado, por los Comités Demócrata Cristiano y Comunista, la votación nominal para la votación en general del proyecto de reforma constitucional. En votación la petición de votación nominal. Si le parece a 'a Sala, y no se pide votación, se aprobará. Aprobada. Cerrado el debate. El señor Secretario va a informar acerca del quorum que se requiere en las votaciones. El señor LEA-PLAZA (Secretario).- De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Política, para las votaciones se requerirá el voto conforme de setenta y cuatro señores Diputados, en atención a que, en este momento, se encuentran en ejercicio de sus cargos ciento cuarenta y seis señores Diputados. El señor IBAÑEZ (Presidente).- En votación general el proyecto. Durante la votación: La señora ALLENDE.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Excúseme, señora Allende, Su Señoría tiene derecho a fundamentar su voto por dos minutos, si cuenta con la autorización del respectivo Comité. Puede hacer uso de la palabra, hasta por dos minutos, la señora Allende. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en realidad esta reforma, para nosotros, no ha venido a modificar en nada nuestro programa, y tampoco lo habríamos permitido. El pueblo ha demostrado su deseo de cambios y de lucha, y ha comprendido que nosotros lo hemos llamado a gobernar. Sin embargo, hemos aceptado esta reforma, porque comprendemos que hay un número de gente que ha votado por el Partido Nacional, y yo creo que muchas de esas personas lo hicieron atemorizadas. Por eso, necesitaban que nosotros dijéramos, públicamente, que todo ese temor que se les infundió, que todo ese temor con que se les persiguió era infundado. Por esa razón, para tranquilidad de esa gente, nosotros hemos comprendido que era necesario aceptar esta situación. Pero no había necesidad. Salvador Allende lo ha demostrado a través de su programa, en el que se dijo lo que íbamos a realizar. No hemos engañado al pueblo. Sentimos la gran responsabilidad que tenemos, tremenda responsabilidad, y sabremos cumplir, sacrificándonos, entregando nuestras vidas, si es necesario, para que este pueblo deje de sufrir, para que tenga trabajo, para que esos niños de nuestro pueblo tengan un porvenir diferente. Esa es nuestra gran responsabilidad, y sabremos cumplir, señor Presidente. Voto que sí. La señora RETAMAL.- Pido la palabra, El señor IBAÑEZ (Presidente).- Con autorización de su Comité, puede hacer uso de la palabra por dos minutos la señora Retamal. La señora RETAMAL.- Señor Presidente, dado el tiempo de sólo una hora de que dispuso mi Comité, fue imposible hablar en su oportunidad de las reformas relacionadas con la educación. Para los maestros y para los chilenos, lo único que libera a las mujeres y a los hombres, es la educación. Y hoy día estamos asistiendo a la aprobación de reformas que incorporan en la Constitución nuevos conceptos sobre esta importante materia, que es necesario revisar, según mi modesto parecer, en cada oportunidad en que asume un nuevo Presidente, de cualquiera ideología que sea, para defender la libertad y la democracia en nuestro país. He pedido la palabra para referirme especialmente al inciso quinto del número 7º del artículo 10, que dice: "La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes, de composición pluralista. " Hago hincapié, también, señores Diputados, en lo que se refiere a la educación impartida en las universidades, respecto de la cual se dice: "El personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. " Para mí, señor Presidente, tiene mucha importancia no tan sólo que el maestro pueda y deba dar a conocer sus ideas, sino también las ideas discrepantes. Únicamente así habrá democracia y libertad en nuestro país. Voto que sí. Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. Hubo 16 abstenciones. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acevedo, Aguilera, Agurto, Alvarado, Allende, doña Laura; Andrade, Atencio, Aylwin, Baltra, doña Mireya; Barahona, Barrionuevo, Basso, Cabello, Campos, Cantero, Cardemil, Carmine, Carrasco, Cerda, Clavel, Concha, Del Fierro, Espinoza, don Gerardo; Espinoza, don Luis; Figueroa, Frei, don Arturo; Fuentealba, don Clemente; Fuentealba, don Luis; Fuentes, don Samuel; Fuentes, don César; Garcés, Giannini, Guastavino, Huepe, Hurtado, Ibáñez, Iglesias, Insunza, Jaramillo, Koenig, Lacoste, doña Graciela; Lavandero, Lazo, doña Carmen; Leighton, Lorenzini, Magalhaes, Maira,, Marambio, Marín, doña Gladys; Mercado, Merino, Millas, Morales, Mosquera, Muñoz Barra, Naudon, Núñez, Olave, Olivares, Ortega, Páez, Palza, Pareto, Penna, Pontigo, Ramírez, don Pedro Felipe; Ramírez, don Gustavo; Retamal, doña Blanca; Ríos, don Héctor; Robles, RuizEsquide, don Mariano; Saavedra, doña Wilna; Sabat, Salinas, don Edmundo; Salinas, don Anatolio; Salvo, Sanhueza, Señoret, Sepúlveda, Sharpe, Silva, Solís, Soto, Stark, Tavolari, Tejeda, Toledo, doña Pabla; Torres, Tudela, Urra, Valenzuela, Videla y Zaldívar don Alberto. Se abstuvieron de votar los siguientes señores Diputados: Acuña, Alessandri, doña Silvia; Ales sandri, don Gustavo; Amunátegui, Arne lio, Avendaño, Bulnes, don Jaime; Frías, Guerra, Lorca, don Gustavo; Mekis, Riesco, Ríos, don Mario; Tagle, Undurraga Ureta. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. Habiendo el quorum constitucional ne cesado, se declaran aprobados en particular los artículos 1º y 2º, transitorios, del proyecto, en conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Reglamento. Se va a dar lectura a las indicaciones presentadas. El señor LEA-PLAZA (Secretario).- Indicación del señor Carmine, para reemplazar la redacción del Nº 4, inciso primero, del artículo único del proyecto de reforma, por la siguiente: "sutitúyese el N° 3 del artículo 10 por el siguiente: "3º.- La libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad en la forma y casos determinados por la ley. No podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar, difundir o criticar cualquiera idea política, filosófica o económica. " El resto del número se redactaría igual. El señor IBAÑEZ (Presidente).- En votación particular el artículo único, con la indicación del señor Carmine. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 83 votos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Rechazado el artículo con la indicación. En votación particular el artículo en su forma original. Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo en su forma original. Varios señores DIPUTADOS.- Con nuestra abstención. El señor IBAÑEZ (Presidente).- En votación. Efectuada la votación en forma eco nómica, dio el siguiente residtado: por la afirmativa, 89 votos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Aprobado el artículo en su forma original. Se va a dar lectura a otra indicación del señor Carmine. El señor LEA-PLAZA (Secretario).- Indicación del señor Carmine para consultar los siguientes artículos nuevos: "Artículo...- sutitúyese el artículo 63 por el siguiente: "Artículo 63.- El Presidente será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se realizará, en la forma que determine la ley, sesenta días antes de aquél en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente. "Artículo....- sutitúyese el artículo 64 por el siguiente: "Articulo 64.- Si a la elección de Presidente se presentaren más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una nueva elección dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la primera y en la forma que determine la ley, entre los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorías relativas. "Si dos o más candidatos obtuvieren en empate la más alta mayoría relativa, la elección se efectuará sólo entre ellos. Si uno de los candidatos obtuviere la primera mayoría y dos o más en empate la segunda, la elección se realizará entre todos ellos. En cualquiera de estos casos, se proclamará electo al que obtenga la más alta mayoría relativa en la segunda elección. " "Articulo....- sutitúyese el artículo 65 por el siguiente : "Artículo 65. El conocimiento de las reclamaciones que ocurrieren acerca de la votación para Presidente, las rectificaciones, el escrutinio general, el llamado a nueva elección en el caso que prevé el artículo anterior y la proclamación del Presidente de la República electo, corresponderán al Tribunal Calificador. El proceso de calificación deberá quedar afinado dentro del plazo de 50 días contado desde la primera o única elección". El señor IBAÑEZ (Presidente).- En votación la indicación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 82 votos. El señor IBAÑEZ (Presidente).- Rechazada la indicación. Solicito el asentimiento unánime de la Sala con el objeto de facultar a la Mesa para hacer las correcciones de forma señaladas en su oportunidad por el señor Fuentes, don César. Acordado. Terminada la discusión del proyecto. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. -Se levantó la, sesión a las 18 horas 47 minutos. Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones.