-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470/seccion/akn593470-ds16-ds18-ds26
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470/seccion/akn593470-ds16-ds18-ds26-ds30
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470/seccion/akn593470-ds16-ds18-ds26-ds28
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470/seccion/akn593470-ds16-ds18-ds26-ds27
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470/seccion/akn593470-ds16-ds18-ds26-ds29
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdfs:label = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470/seccion/akn593470-ds16-ds18
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/593470
- bcnres:tieneDatosTemporales = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/p_1-1
- bcnres:numero = "6.-"^^xsd:string
- dc:title = "ACTIVIDADES DEL GRUPO ANACONDA EN RELACION CON EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD MINERA EN LOS SALARES DE TARA Y ATACAMA"^^xsd:string
- rdf:type = bcnres:EntidadTemporal
- rdf:type = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/actividad-minera
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/p_1-1
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/grupo-anaconda
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/propiedad-minera
- bcnres:tieneResultadoDebate = http://datos.bcn.cl/recurso/nulo
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/p_1-1
- rdf:value = " 6.-ACTIVIDADES DEL GRUPO ANACONDA EN RELACION CON EL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD MINERA EN LOS SALARES DE TARA Y ATACAMAEl señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-
Por acuerdo de la Corporación, el Orden del Día de la presente sesión se destinará a analizar las actividades del "Grupo Anaconda" en relación con el problema de la propiedad minera en los Salares de Tara y Atacama, para lo cual cada Comité Parlamentario y los señores Diputados sin Comité dispondrán de hasta treinta minutos; podrán cederse sus tiempos entre sí y las interrupciones que se soliciten serán con cargo al tiempo de quien las obtenga.
Está inscrito, en primer término, el señor Irureta.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).-
A continuación, podrá usar de la palabra el señor Pontigo.
El señor IRURETA.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, como recordará la Cámara, hace algunos días, en representación de los Diputados democratacristianos formulamos aquí una denuncia en contra del grupo de compañías Anaconda. Esta denuncia consiste fundamentalmente en el hecho que esta compañía, en virtud de un convenio que celebró, que conoció el Par-
lamento chileno y que llevaba fecha 18 de diciembre de 1964, se obligaba a entregar a una sociedad mixta, que formaría con el Estado chileno, una lista confidencial de descubrimientos mineros que serían explorados en común por el grupo Anaconda y el Estado chileno-Resulta que hasta el día de hoy, este convenio no se lleva a la práctica. Mientras tanto, el grupo Anaconda, valiéndose de una sociedad filial, denominada Compañía Sudamericana Exploradora de Minas Sociedad Anónima, ha seguido haciendo manifestaciones mineras por su cuenta, y últimamente ha efectuado manifestaciones de 75 mil pertenencias en el salar de Atacama y de 4 mil 500 en el salar de Tara, todas ellas en el departamento del Loa, provincia de Antofagasta, y que cubren 397.500 hectáreas de superficie. Esa es una parte de la denuncia.
Yo, a esto quisiera agregar, para rectificar una inserción de la Anaconda que aparece en todos los diarios del día de ayer martes, algunos otros antecedentes. El grupo Anaconda en su inserción sostiene que lo manifestado son pertenencias de cobre únicamente.
Tengo a la vista la solicitud de manifestaciones hechas por la Compañía Sudamericana Exploradora de Minas Sociedad Anónima, filial de Anaconda. No habla de cobre solamente, sino que, recurriendo a una artimaña muy conocida, de los que usan y abusan de las antiquísimas disposiciones del Código de Minería, se dice en estas solicitudes de manifestación que lo que se manifiesta son vetas y mantos minerales de cobre, fierro, manganeso y "otras substancias". Subrayo esta expresión "otras substancias", porque con esa expresión tradicionalmente los manifestantes mineros han logrado apropiarse, no sólo de aquellas substancias mencionadas en sus escritos de manifestación minera de un modo expreso, sino de cualquiera otra substancia, aunque no esté mencionada expresamente en la solicitud, pero que existe en el yacimiento sobre el cual se constituyen estas pertenencias mineras.
Esa expresión "otras substancias", le va a permitir a la Anaconda apropiarse, no sólo del mineral de cobre que pudiera haber en el yacimiento manifestado, como dice en su inserción aparecida en los diarios de ayer; le va a permitir también apropiarse de algunas substancias, que son precisamente minerales del más alto valor. Es un hecho conocido por nuestros técnicos que en el salar de Atacama, en las salmueras del salar, existe el litio, que es un mineral de gran valor, que tiene un precio de seis a ocho dólares por libra en el mercado mundial, y que tiene gran importancia en la fabricación de artefactos espaciales. Esto, por supuesto, no lo dice la Anaconda; pero es un secreto a voces que tras lo que anda no es precisamente del cobre, sino que del litio.
Yo creo que es muy importante, ya que el señor Ministro está presente, y como lo sabemos muy preocupado por la suerte de nuestras riquezas básicas, que no dé antecedentes sobre la materia.
Yo pienso que, a pesar de la imperfección de nuestra legislación minera actualmente vigente, tanto el Servicio de Minas del Estado como el Consejo de Defensa del Estado deben hacerse parte en los expedientes de las manifestaciones mineras de Anaconda para detener definitivamente este verdadero atentado contra la soberanía nacional.
Nosotros hemos redactado un proyecto de ley al que me voy a permitir dar lectura y que ha sido suscrito por señores Diputados de todos los Partidos.
Este proyecto tiene el siguiente articulado:
"Artículo 1º.- Se declara que el sentido de la parte final del artículo 6º de la ley Nº 6.482, publicada en el Diario Oficial del 4 de enero de 1940, es y ha sido desde su promulgación, que no se puede constituir propiedad minera sobre ninguna substancia en yacimientos que tengan carbonato de calcio, fosfatos y sales potásicas ubicadas en tierras fiscales, nacionales, de uso público o municipales.
"Artículo 2º.- Se aplicará a las substancias señaladas en el artículo primero de esta ley, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36 del Código de Minería, en caso de dudas sobre la existencia de las substancias a que se refiere el artículo anterior, el Servicio de Minas del Estado o el Consejo de Defensa del Estado indistintamente podrán exigir por intermedio del Juzgado respectivo que los concesionarios, dentro de un plazo determinado en cada caso practiquen catas en los lugares que se señalan y en número que no exceda de uno por cada cuatro hectáreas, podrán asimismo exigir cualquier otra diligencia que les parezca pertinente al efecto. Estas exigencias podrán formularse en cualquier estado de las gestiones de constitución de pertenencias mineras y serán de costo de la manifestación."
"Vencido el plazo sin que se hubieren efectuado los trabajos o diligencias, se tendrá por no hecha la manifestación.
"Artículo 3º- El Estado, por intermedio del Ministerio de Minería, sólo podrá otorgar concesiones de exploración y explotación sobre yacimientos que contengan carbonato de calcio, fosfatos y sales potásicas ubicados en los terrenos indicados en el artículo primero de esta ley, a la Corporación de Fomento de la Producción o a la Corporación del Cobre. Los concesionarios se harán dueños de todas las substancias minerales que extraigan de dichos yacimientos.
"Artículo 4º- Solamente podrán otorgarse mercedes de agua sobre salmueras que contengan álcalis, o sales potásicas, a la Corporación de Fomento de la Producción o la Corporación del Cobre. Los concesionarios de estas mercedes se harán dueños de todas las substancias minerales que contengan dichas aguas.
Este proyecto tiene por objeto, como se dice en la fundamentación, aclarar -para aquellos que de buena fe o de mala fe no entienden la letra y el espíritu de una ley vigente como es la Nº 6.482 - cuál es la intención y el objeto de que esta ley de texto tan claro, esto es, que reserva para el Estado los yacimientos de carbonato de calcio, fosfatos y sales potásicas en los terrenos en que se encuentren ubicados.
Nosotros esperamos que este proyecto tengan una tramitación rápida, para así poder colaborar desde el Parlamento a la defensa de las riquezas básicas del país.
Pasando a otro aspecto del problema que se refiere a la conducta de la Compañía "Anaconda", nos interesa que el señor Ministro nos dé informaciones acerca de la negativa de esta empresa para entregar cobre para la industria nacional a precios que la Corporación del Cobre, en virtud de las disposiciones legales vigentes, le ha señalado. Todos sabemos que esta compañía se ha negado a hacer estas entregas, por lo cual el Gobierno tuvo que aplicar una multa, la que se discute en los Tribunales de Justicia.
Esto es, en resumen, el fondo del problema al que estamos abocados.
En cuanto al primer aspecto del problema, a esta constitución abusiva de pertenencias mineras hechas por la "Anaconda", creemos que el proyecto, al que he dado lectura, va a determinar que el Estado pueda proceder con prontitud frente a estas pretensiones que hay que detener. En segundo lugar, frente al litigio que existe en la Corte de Apelaciones de Santiago por la multa aplicada a la "Anaconda", me gustaría saber algo más detallado sobre el particular.
La señora LAZO.-
¿Y la nacionalización?
El señor IRURETA.-
En cuanto a la nacionalización a que alude la señora Lazo, puedo informar que los Diputados democratacristianos estamos estudiando este problema y esperamos la autorización de nuestro partido para presentar un proyecto concreto sobre la materia, en el Congreso.
Eso es todo lo que quería decir en este momento.
El señor STARK (Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra el señor Pontigo.
El señor PONTIGO.-
Señor Presidente, la semana pasada, en esta Sala, el Diputado señor Irureta formuló una denuncia de extraordinaria gravedad, ya que ella deja al descubierto las acciones que en contra del interés nacional realiza el grupo Anaconda, uno de los monopolios del cobre más poderosos del mundo.
El señor Irureta, vale la pena recordarlo para dejar constancia Una vez más de ello, dijo: "El grupo Anaconda, usando a la Compañía Sudamericana Exploradora de Minas S. A., ha efectuado manifestaciones mineras que la convertirán prácticamente en dueña de todo el Salar de Atacama y de todo el Salar de Tara, en el departamento de Calama, provincia de Antofagasta.
"En el Salar de Tara ha manifestado 4.500 pertenencias mineras y en el de Atacama 75.000 pertenencias. En total, 79.500 pertenencias de cinco hectáreas cada una, con una superficie de 397.500 hectáreas.
"La Compañía Sudamericana Exploradora de Minas S. A. -agregó- fue autorizada por decreto 3.670, del 17 de agosto de 1945, y sus actuales accionistas son cinco personas con 200 acciones cada una y la Anaconda Company con 29.000 acciones. Es decir, de 30.000 acciones en total, la Anaconda tiene 29.000.
"Cuando se conocieron los Convenios del Cobre..." -señaló- "uno de ellos, que lleva fecha 18 de diciembre de 1964, obligaba a la Anaconda a constituir la Compañía Exploradora Cordillera S. A., en que sería socio el Estado chileno. Esta Compañía descubriría yacimientos y exploraría yacimientos o propiedades mineras y el grupo Anaconda se obligaba a entregar la exclusividad de las exploraciones a la Sociedad Cordillera S. A., y a entregar al Gobierno una lista confidencial de propiedades mineras que estuvieran en vías de exploración. Hasta ahora ese convenio no se ha cumplido, porque la Anaconda ha hecho todo lo posible porque no se cumpla, inventando siempre una razón en conformidad con sus intereses y, por lo mismo, en contra de los intereses del país."
Señor Presidente, no es que nosotros pretendamos defender los Convenios del Cobre; pero, si la Anaconda contrajo este tipo de compromisos, nosotros nos preguntamos, ¿qué gobierno tiene el país, que ha sido incapaz de hacer cumplir sus obligaciones a esta compañía extranjera?
En estos días -dijo el Diputado señor Irureta- la Anaconda se ha negado a pagar la multa que le aplicó la Corporación del Cobre por negarse a entregar cobre para la industria nacional, con lo cual tiende, según se denunció, a destruir el mercado que la industria elaboradora nacional se ha abierto con gran esfuerzo en algunos países latinoamericanos.
¿Quién gobierna este país, se pregunta el pueblo, los trabajadores, nosotros mismos, si una compañía extranjera impone su propia ley?
¿Cómo es posible que la Anaconda actúe impunemente, sin que el Gobierno adopte una actitud firme, patriótica, y apoyado en el pueblo ponga término a tanto atropello, a tanto abuso, a tanta arbitrariedad ?
¿Cómo es posible explicar el hecho que durante años y años la Anaconda haya venido usando de palo blanco, como lo dijo aquí el colega señor Irureta, a su propia Sociedad Exploradora, se apropie de valiosos yacimientos mineros que deben quedar reservados al dominio de la comunidad nacional, so pena de que mañana tengamos que pagar a Anaconda lo que hoy no tenemos que pagarle a nadie porque es nuestro?
Es evidente que sólo la lenidad del Gobierno para defender los intereses nacionales, que sólo la docilidad con que se aceptan las decisiones que imponen a nuestro país estas empresas imperialistas, y a la falta de coraje para enfrentarlas, nos han llevado a la humillante situación que ha sido denunciada aquí en la Cámara.
Todo esto no es nuevo. Ya el año 1962 el DiputadoBernardo Araya Zuleta denunciaba en esta Cámara la gravísima situación que se había producido con motivo de la prospección minera del país que estaba realizando el Instituto de Investigaciones Geológicas, cuyos trabajos eran aprovechados por particulares y no por el Estado chileno.
En aquella época, junto al DiputadoValente, visitó la provincia de Tarapacá, y decía que "en esa visita pudieron comprobar que, pese a que el Estado estaba invirtiendo una elevada suma de dinero en la mantención de una institución destinada, fundamentalmente, a cautelar sus intereses a través de la ubicación y comprobación de todas las riquezas potenciales de nuestro subsuelo, hasta el momento no ha cumplido ni en forma mínima su cometido, toda vez que los sondajes y exploraciones hechas por ese organismo, sistemáticamente, han ido siendo aprovechadas por particulares y, muy especialmente, por las compañías norteamericanas."
Denunció, en aquella ocasión, lo que ocurrió con el yacimiento de cobre "Cerro Mocha", que se estimó que podría ser tan grande como "Algarrobo", y aún más, se dijo, que presenta esta área una solución de continuidad entre los yacimientos conocidos de Chuquicamata, en Chile, y de Toquepala, Guajones y Quellaveco, en el sur del Perú.
Ese descubrimiento hecho por el Instituto de Investigaciones Geológicas fue aprovechado por los señores Alberto Aguirre, Oscar Malagarriga y Amadeo Serega Pertini, los que formaron la "Sociedad Legal Minera Mamiña", suscribiendo un contrato posterior, mediante el cual cedían el 50% de las acciones a los capitalistas norteamericanos, señores James Keighley y Harry Sykes Huber.
Lo mismo ocurrió con el yacimiento de "Cerro Colorado", en Tarapacá. En su reconocimiento actuaron geólogos chilenos, pero luego el dueño de un hotel de Mamiña apareció como dueño del yacimiento recién ubicado y por el mismo procedimiento del caso anterior compró las pertenencias la firma norteamericana "Martin Sykes", vinculada muy estrechamente con la Anaconda Mining Company, la misma compañía que ha sido denunciada aquí por el colega señor Irureta.
En aquella ocasión se pidió una investigación, se enviaron todos los antecedentes a la Contraloría General de la República para que conociera los hechos denunciados, hiciera la investigación, propusiera las sanciones necesarias y, en representación del país, defendiera el interés nacional. Hasta ahora nunca se ha sabido a qué resultados se llegó en esa investigación solicitada.
Esperamos que el debate promovido sobre esta materia en la Cámara, en esta ocasión no caiga en el vacío, a fin de que alguna vez, siquiera, la voz de los imperialistas yanquis deje de ser ley inviolable a los oídos de nuestros gobernantes.
Pero, naturalmente, no se trata sólo del problema relacionado con la Anaconda. El colega señor Irureta, al hacer su denuncia, se refirió a los Convenios del Cobre y al no cumplimiento por parte de la Anaconda, entre otras cosas, de uno de los compromisos contraídos, cual era el de constituir la "Compañía Exploradora Cordillera", la que hasta ahora no se ha constituido.
Poco a poco, señores Diputados, los hechos nos han venido a dar la razón cuando impugnamos esos Convenios, pactados al margen de la opinión pública y de los trabajadores del cobre, que no fueron consultados.
El Convenio con la Anaconda se hizo sobre la base a una pequeña mina: "La Exótica", que fue descubierta por técnicos chilenos y de la que se apoderó la Anaconda, posteriormente.
Esa mina comenzará a producir dentro de tres años según mis informaciones. En ese lapso se harán allí trabajos de excavaciones extracción de tosca y ripio, sin ningún beneficio para el país. En cambio, como se denunció aquí, el Convenio no alcanzó a la mina de Chuquicamata, que es el mineral más grande del mundo y del cual la Anaconda era y es dueña absoluta. Ella no quiso compartir con el Gobierno chileno ese mineral, hecho que constituyó una de las tantas imposiciones del imperialismo yanqui en materia del cobre, a través de esa compañía extranjera.
En el caso del Convenio con la "Cerro Corporation", en relación con el mineral Río Blanco, también demostramos durante la discusión de los Convenios, que este mineral fue descubierto por técnicos chilenos y pudo haber sido adquirido por el Gobierno para explotarlo en beneficio del país, pero se prefirió, en una actitud de dócil entrega, entrar en sociedad con la empresa extranjera.
Y, siguiendo en este breve recordar de la historia de los Convenios, saben los señores Diputados y el país entero, que el pactado con la Braden Copper es, sin lugar a dudas, el más leonino de todos. En este caso, el Estado paga 80 millones de dólares por la mitad de los bienes de la Braden, en circunstancias que nadie tasó esos bienes. Ningún organismo fiscal intervino en esto, ni siquiera se hizo inventario de sus bienes y, de acuerdo con cálculos realizados por técnicos chilenos, entre otros por el economista Mario Vera, esos bienes no representan un valor superior a los 20 millones de dólares.
De acuerdo con estos Convenios, la Braden Copper quedó autorizada para desmantelar los Campamentos de Sewell y Calefones, por lo cual se liberará de la obligación que tiene de proporcionar a sus trabajadores habitación, agua, luz, servicios asistenciales, locales escolares, etcétera.
Se acaba de aprobar la supresión del Hospital de Sewell por una Comisión especial designada por el Servicio Nacional de Salud, integrada por la Braden, y no será construido en Rancagua, como es la vieja aspiración de la provincia de O'Higgins.
Pero lo más grave de todo es que la Sociedad que se formó con el Estado como consecuencia de estos Convenios, sigue siendo dirigida, controlada y administrada por los jerarcas de la Braden Copper, a pesar de que el Estado chileno es el socio mayoritario, ya que es dueño del 51% de las acciones.
Esto no sólo demuestra hasta dónde llega la prepotencia yanqui y hasta dónde es posible doblegar a un Gobierno que no ha tenido ni la valentía, ni el coraje de enfrentarse a estas empresas extranjeras que estrujan nuestra economía, que empobrecen al país y que, por lo mismo, son las principales responsables de la crisis que hoy vivimos.
En toda sociedad comercial, empresa o industria, manda el mayor propietario, pero aquí, para vergüenza de los chilenos, manda el menor pero omnipotente y poderoso norteamericano.
Cuando protestamos en la Comisión de Minería en contra de este hecho atentatorio a la soberanía del país, el Ministro de Minería de esa época don Eduardo Simián, dio como explicación el hecho de que Chile no tiene técnicos capacitados para manejar estas industrias.
Esta fue una injuria gratuita a nuestros técnicos y a la capacidad del país para enfrentar sus responsabilidades.
Pero fue, además, la expresión más evidente de los compromisos contraídos por el Gobierno a espaldas del país para entregar en la forma ignominiosa que lo fueron, a través de esos Convenios, nuestras riquezas cupríferas. Nuestra oligarquía, durante más de siglo y medio, ha venido predicando la incapacidad de los chilenos, con lo cual no persigue otra cosa que pretender inocularnos la idea de una absurda inferioridad para impedir el surgimiento de nuestra verdadera personalidad: nacional, batalladora, libre de complejos, plena de vida y dispuesta a asumir sus responsabilidades con dignidad frente al porvenir.
El 2 de octubre de 1960, se produjo otro hecho que es necesario recordar aquí para demostrar hasta qué punto en nuestro país dominan estas empresas extranjeras. En aquella fecha fue publicada la ley Nº 14.171 que en su artículo 48 estableció la obligación de que las grandes compañías del cobre restituyeran al Fisco chileno, dentro del plazo de noventa días, a contar de la fecha de promulgación de la ley, los beneficios extraordinarios obtenidos por modificación de la tasa de cambios decretada por el Gobierno el 26 de diciembre de 1958.
Quien primero planteó el problema de la devolución fue el entonces DiputadoJuan de Dios Carmona que, el 15 de diciembre de 1959, -cuando la obligación de la devolución se mantenía como un pacto entre caballeros, porque aún no se publicaba la ley,- denunció el incumplimiento por parte de las compañías de este compromiso.
Posteriormente, cuando asumió el Gobierno la Democracia Cristiana, que había dado muestras de querer resolver el problema, y el Partido Comunista se hubo documentado debidamente sobre el mismo, el entonces DiputadoVolodia Teitelboim hizo una presentación al Presidente de la República, el 26 de diciembre de 1965, reclamando del incumplimiento por parte de las compañías de la citada disposición legal.
En virtud de esa ley, el Departamento del Cobre debió determinar el monto de los beneficios y remitir al Senado los antecedentes en que fundara sus cálculos. No dio cumplimiento a tal obligación. Al contrario, el Consejo de la Corporación del Cobre determinó que las empresas de la gran minería no habían obtenido los beneficios extraordinarios referidos. Según parlamentarios democratacristianos, tal actitud se debió a que el primer informe elaborado por el Consejo de Defensa del Estado había determinado que las diferencias habían sido absorbidas por el mayor costo.
Sin embargo, después que el Senador Carlos Contreras insistió ante el Senado sobre los reclamos presentados por Volodia Teitelboim, algunos miembros del Consejo de Defensa del Estado se empezaron a preocupar del problema. Pidieron revisión y después de un acopio de coraje espiritual cambiaron drásticamente su opinión. Todos los miembros del Consejo, salvo uno, estuvieron por interpretar la ley en el sentido de que las compañías debían pagar.
Como en carta pública los comunistas habían solicitado a la Contraloría su pronunciamiento sobre el mismo asunto, y ésta emitió un informe también favorable, no le quedó a la Corporación del Cobre más remedio que empezar a hacer cálculos de lo adeudado.
Sin embargo, la Corporación dilató el asunto hasta donde le fue posible y al final determinó, sin dar a conocer los antecedentes que tuvo en mano para ello, que la deuda era mucho menor de lo denunciado por Volodia Teitelboim.
El Partido Comunista declaró que la deuda ascendía a cuarenta y cuatro millones de dólares, pero, finalmente, las compañías -burlando la ley y usando funcionarios proclives a sus intereses- pagaron alrededor de dos millones y medio de dólares.
El hecho de que haya sido acogido nuestro reclamo es la expresión más clara de la forma abusiva en que han venido actuando estas compañías extranjeras, alentadas por la falta de una autoridad que ponga las cosas en su lugar.
Sólo la falta de una actitud enérgica, no entreguista, ha permitido que se haya producido este nuevo escándalo: que de cuarenta y cuatro millones de dólares se hayan pagado, aproximadamente, dos millones y medio.
El DiputadoJosé Cademártori ha denunciado en esta Cámara, sin que nadie lo haya desmentido, que con los Convenios del Cobre el país, durante el primer año de su vigencia, recibió 100 millones de dólares menos de tributación por ese concepto, y en el segundo, habría recibido 200 millones de dólares menos, como consecuencia de que se bajó la tributación antes de obtenerse un aumento de la producción.
Ahora, la prensa ha informado que desde la iniciación de los Convenios hasta la fecha, la pérdida que ha sufrido el país llegaría a la suma de 800 millones de dólares.
A nosotros nos parece que esto debe ser aclarado por el Gobierno y que debe entregar a esta rama del Congreso un informe exacto de la real situación que existe en este terreno. El país no puede quedar sin una respuesta oficial.
Solicito, señor Presidente, por lo tanto, a pesar de que el señor Ministro de Minería se encuentra presente en esta Sala, que se le envíe un oficio consultándole sobre esta materia y pidiéndole una información sobre el particular, a fin de detener este rumor que tan insistentemente se está extendiendo en el país.
Sobre el problema que nos preocupa, hay mucho que decir, señor Presidente. Consideramos que la situación de la minería deberá producir un debate nacional en profundidad.
El Senador Chadwick denunciaba en 1967 en el Senado la existencia de más de 4 millones de hectáreas mensuradas en el país totalmente inactivas. Este hecho, evidentemente, constituye de por sí una monstruosidad, porque el perjuicio que se causa al país con ello rebasa todas las medidas y, sobre todo, cuando grandes empresas extranjeras, como se ha denunciado aquí, son las principales responsables de esta situación, sin que por ello, naturalmente, se libren de responsabilidad nuestros actuales gobernantes, que, bajo la presión de grandes intereses mineros, han sido incapaces de modificar la situación y han aceptado conservar una legislación absurda y antinacional sobre la materia.
En aquella oportunidad se denunció que en el departamento de Iquique había 66.948 pertenencias con 393.932 hectáreas mensuradas que estaban, y están seguramente, en la más absoluta inactividad. En el departamento de Pisagua, 15 mil hectáreas mensuradas en las mismas condiciones. En la provincia de Tarapacá, en total 73.383 pertenencias mineras que abarcan 392.875 hectáreas en las condiciones de inactividad absoluta.
En la provincia de Antofagasta hay 84.339 pertenencias con 572.097 hectáreas en idénticas condiciones.
En Atacama, 149.876 pertenencias, con 821.234 hectáreas; y en Coquimbo, 154.893 pertenencias, con 847.482 hectáreas.
Los excesos a que se ha llegado en la minería sobre los "derechos" legales para manifestar, sin limitación alguna, grandes extensiones, ya casi nadie puede discutirlos, ni nadie se atrevería, si opina con honestidad, a negar el daño que ello ha causado y causa a la nación. En toda la zona del Norte Chico, que comprende las provincias de Coquimbo y Atacama, existe un clamor generalizado en contra de lo que se ha denominado "latifundios mineros".
El cateador, el pequeño minero, el hombre que recorre la sierra y que va tocando, piedra por piedra, las quebradas y los cerros; el que con un par de cueros de oveja y un poncho como cama, y con algunos pocos víveres, busca el reventón, la veta o el venero; el que descubre, realmente, nuestras riquezas, ya no puede salir en busca del venero que mañana le dará el pan, porque estas poderosas compañías extranjeras le han cerrado todos los caminos a través del procedimiento que aquí denunciamos y al que debe ponérsele término.
Conviene recordar, en esta ocasión - como lo hiciera el Senador Chadwick en el Senado-, que el Código Minero de 1888, si bien puso fin al sistema tradicional de amparo por el trabajo de las minas, estableció condiciones como, por ejemplo, la de que no podía existir ninguna pertenencia minera metálica que abarcara más de tres pertenencias y no podía subsistir sino se pagaba, al año, una patente cuyo equivalente real, en moneda actual -hablaba en 1967- no podría ser inferior a Eº 300 por pertenencia metálica de cinco hectáreas.
Ahora, señores Diputados, ni siquiera una patente equivalente al valor de la explotación de las minas y, menos, equivalente al daño que la inactividad de millones de pertenencias paralizadas hacen al país, pagan estas poderosas compañías extranjeras que, como la Anaconda, usufructúan de un régimen legal que las favorece casi sin limitaciones, mientras cierran al país todas las posibilidades de utilizar, para sí, las riquezas del subsuelo.
Sólo la complicidad de los legisladores del pasado y de los Gobiernos de la época, ha permitido que lleguemos a los extremos que hemos señalado. Ojalá que no sea una nueva complicidad de los actuales legisladores, ni del Gobierno, la que permita mantener una situación de verdadera vergüenza para el país.
¿Qué le ocurre al pequeño minero en la actualidad? Las grandes empresas hacen inmensas, gigantescas manifestaciones y se quedan esperando que algún minero, apremiado por la necesidad de buscar el pan para él y su familia, llegue a las pertenencias de "su propiedad" y haga algún descubrimiento de importancia. Al comienzo las empresas lo dejan trabajar libremente, pero tan pronto se dan cuenta de que el descubrimiento es valioso, se dejan caer con carabineros, lo hacen detener, lo llevan preso, le inician juicio por robo y el pobre minero va a parar con sus huesos a la cárcel, humillado y escarnecido.
Una simple manifestación minera legalizada constituye de hecho propiedad legalizada sobre el territorio nacional.
Si esa propiedad la ejerce una compañía extranjera, nuestro territorio, prácticamente, pasa a ser territorio de otra nación, donde nadie puede intervenir, donde nadie puede meter un dedo, pues en el momento en que se pretenda hacerlo las naciones interesadas comenzarán a hacer las exigencias que ya estamos acostumbrados a conocer.
El problema planteado es tan serio que aquí, querámoslo o no, está en juego el territorio nacional y la soberanía del país.
Es evidente que, como se ha dicho en todos los tonos y como, en general, lo reclaman los pequeños y medianos mineros, debemos crear un régimen de amparo a la propiedad minera sobre la función social que ella debe cumplir, a fin de poner término a las mensuras de grandes extensiones, poner término a la inactividad de las minas y abrir nuestras sierras a la callosa y creadora mano del valeroso y sufrido minero chileno, abandonado hoy a su propia suerte.
Resumiendo, debemos decir, para terminar, que es indispensable ir a la nacionalización de nuestras riquezas cupreras en manos de las compañías extranjeras que han sido denunciadas en esta Sala.
Los comunistas, hace cuatro años, con motivo de la presentación del proyecto enviado por el Gobierno para obtener la aprobación de los Convenios del Cobre, con la firma de sus cinco Senadores, presentamos en el Senado un proyecto de nacionalización de esta riqueza nuestra. Bien podrá servir él, ahora, de base para iniciar la discusión de una ley destinada realmente a nacionalizar el cobre y hacer una realidad la vieja aspiración: el cobre para Chile.
Pero, junto con esto, es indispensable ir a la modificación del Código de Minería. Durante muchos años se ha venido hablando de ello, pero "nadie le pone el cascabel al gato".
El señor Subsecretario de Minería, en la Comisión técnica de esta Cámara, informó, hace algunos meses, que el Ministerio tenía una recopilación completa de toda la legislación minera actual, que se estaban elaborando los materiales para enviar un proyecto al Congreso modificando el actual Código de Minas. Esto, señores Diputados, señor Ministro, no puede esperar más. No se puede aceptar que los esc��ndalos que aquí se han denunciado continúen, no podemos seguir siendo remisos en cuanto a la responsabilidad que tenemos y el Gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos al clamor nacional que exige una modificación de ese viejo Código y de toda la legislación lesiva a los intereses del país en materia minera.
Hay que poner término a las manifestaciones mineras sin límites; hay que limitar los derechos de las empresas extranjeras y de las empresas en que hay capitales chilenos y extranjeros a la vez; que el derecho sobre la concesión minera no se establezca por la patente que se paga, sino por el trabajo que en esa concesión se efectúa, a fin de poner término a la existencia de minas ociosas; toda concesión sobre minas inactivas debe terminar de inmediato. La nueva legislación debe establecer el derecho del descubridor para dar fin a los abusos, la arbitrariedad y los atropellos de que son víctimas los pequeños mineros que descubren alguna riqueza; hay que establecer una nueva molaridad en la aplicación del pago de las patentes mineras, a fin de abrir posibilidades al pequeño minero, dándole toda clase de facilidades y establecer una patente progresiva para las demás empresas, teniendo en cuenta el número de pertenencias que tienen en concesión y la riqueza que contienen. Debemos tender a la propiedad del Estado de toda la riqueza del país, metálica y no metálica. Que se decrete el libre acceso a la explotación de las riquezas mineras.
No se trata, señor Presidente, de vaciar en esta ocasión todas las ideas que deben tenerse en cuenta en la redacción de un proyecto de ley que modifique el actual Código; pero he deseado, en nombre de los parlamentarios comunistas, dejar expuestas las líneas generales de las ideas centrales que, en nuestro concepto, debe contener la modificación que el país reclama para el Código de Minería.
Esperamos que la presencia del señor Ministro en esta Sala, con motivo de este debate, pueda significar un cambio de fondo en favor del porvenir de la minería chilena y de sus mineros y un cambio de fondo, también, en relación con los problemas derivados de las actuaciones del grupo ANACONDA yendo, simple y llanamente a la nacionalización definitiva de esas riquezas.
El señor STARK (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Comité Comunista.
Solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar, en nombre de ella, el oficio solicitado por el señor Pontigo al señor Ministro de Minería.
El señor LORCA (don Alfredo).-
Pero si está aquí el señor Ministro.
La señora LAZO.-
Que se dé por notificado.
El señor STARK (Vicepresidente).-
¿Abría acuerdo para ello?
Acordado.
Se encuentra inscrito para hacer uso de la palabra el señor Luis Aguilera.
El señor AGUILERA.-
Señor Presidente, los Diputados Socialistas, antes de entrar a este debate, queremos recordar algo de lo que nos explicó el Diputado informante señor Irureta el año 1964.
En aquella oportunidad, él planteó tácitamente que había que chilenizar nuestro cobre en beneficio del país y que había que aprobar los convenios que había elaborado el abogado señor Lagarrigue. En aquella fecha, los Diputados socialistas planteamos nuestros puntos de vista y señalamos al Gobierno que debía aprovechar el triunfo electoral, ya que había obtenido un millón 400 mil votos que, sumados al millón de votos que obtuvo la Izquierda, le significaba una mayoría absoluta en Chile. Esto le daba lugar para proceder a la nacionalización, no' tan sólo de nuestros cobre, sino de todos nuestros minerales esparcidos a través del país.
Yo me alegro de que esta tarde, a 4 años de esa fecha, el señor Irureta haya recapacitado en parte, haya presentado un proyecto, y haya denunciado los abusos que, aprovechándose de una ley promulgada hace 20 años...
El señor IRURETA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor AGUILERA.-
... están haciendo las empresas extranjeras al tomar para ellas pertenencias mineras que se les antoja...
El señor STARK (Vicepresidente).-
Señor Diputado, el señor Irureta le solicita una interrupción.
El señor AGUILERA.-
Con todo agrado, siempre que sea con cargo a su tiempo.
El señor STARK (Vicepresidente).-
Exactamente.
Puede hacer uso de la interrupción el señor Irureta.
El señor IRURETA.-
Muchas gracias.
Señor Presidente, yo quisiera aclarar al colega Aguilera que los principios en nombre de los cuales hemos actuado frente a la política del cobre han sido los mismos durante todos los años, y lo que estamos haciendo frente a los abusos de la ANACONDA, está inspirado en esos mismos principios enunciados hace 4 años.
Por eso, yo recordaba las siguientes palabras del PresidenteFrei, pronunciadas cuando anunció su política del cobre: "Nunca le hemos temido a las palabras, ni menos a los hechos. Y si el interés nacional así lo exige, nacionalizaremos el cobre cuando corresponda."
He querido aclarar esto porque aquí no hay un "mea culpa", ni una recapacitación, sino la confirmación de una política. Y lo que hoy hacemos viene a probar que, cuando propiciamos la política de los convenios del cobre, lo hacíamos con la conciencia muy clara de que ésta política no significaría ni una entrega, ni un ablandamiento frente a la riqueza del cobre.
El señor PALESTRO.-
¡Nacionalizar el cobre, lo hemos querido siempre!
El señor AGUILERA.-
Señor Presidente,...
"