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- rdf:value = " El señor MILLAS.-
Señor Presidente, es indudable que el debate de hoy es un debate de carácter político y social. Se trata de la formulación, ante la Cámara, de una acusación constitucional, la forma más importante de fiscalización política que tenemos derecho a interponer los representantes del pueblo en esta Corporación.
Los comunistas hemos formulado esta acusación constitucional considerando que ella incide en un gran problema social: el derecho del pueblo a la vida, a no ser asesinado, y el derecho del pueblo a la vivienda o a tener siquiera algún modesto pedazo de tierra, o un modesto pedazo de fango, a la intemperie, como en el caso de Puerto Montt, para siquiera allí guarecer a su familia. En relación a este problema, que es el problema de fondo de ésta acusación constitucional, el derecho del pueblo a no ser asesinado a mansalva, criminalmente, en la noche...
El señor TEMER.-
¡Como en Checoslovaquia !
El señor STARK (Vicepresidente).-
¡Señor Temer!
El señor MILLAS.-
¡Aquí estamos hablando de un crimen monstruoso, que afecta a todo Chile, y usted viene a traer otros problemas!
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor STARK (Vicepresidente).-
¡ Señor Temer,
El señor MILLAS.-
Señor Presidente, decimos que este debate incide en el derecho del pueblo a la vida y a la vivienda. Y bien, aquí,...
El señor TEMER.-
¡ Checoslovaquia!
El señor MILLAS.-
. .se ha roto con tantos precedentes, se ha roto con lo que hace pocos días afirmaba el propio representante de ellos en la Comisión que tenía que considerar la acusación: que los antiguos partidos Conservador y Liberal, hoy el Partido Nacional, estimaban que, en materia de acusación constitucional, no correspondía una orden de partido; que estimaban que cada uno de sus parlamentarios tenía que pronunciarse a conciencia. Pues bien, esta vez han roto esa norma. ¿Qué razón tan poderosa han tenido para hacerlo? Lo ha explicado aquí el señor Maturana, Creo que la Cámara tiene muy presentes las palabras del representante del Partido Nacional.
El señor PHILLIPS.-
- No hay orden, colega.
El señor MILLAS.-
Aquí está claro que la política que se está buscando, que la política que derivó en la masacre de Puerto Montt, que la política que amenaza en verdad el orden público, la tranquilidad del país, la vida del pueblo, es, por sobre todo, la tradicional, la clásica política de la derecha chilena: la defensa de sus intereses de clase. Es cierto que el acusado es un Ministro que milita en el Partido Demócrata Cristiano, es cierto que la masacre ha ocurrido bajo un Gobierno que es de responsabilidad de la Democracia Cristiana; pero lo terrible para los bancos de Gobierno, lo terrible para el Partido del señor Pérez Zujovic, es que él está acusado, precisamente, por haber aplicado una política que no está en su declaración de principios, sino que es la política históricamente realizada en Chile por la derecha de este país.
El señor Maturana, explicando la posición del Partido Nacional, dijo que la Democracia Cristiana había ofrecido, a juicio de los bancos del frente, expectativas que no podían cumplir. ¡Ah! ¡Qué grande, qué generosa y desbordante expectativa es para la gente humilde de Puerto Montt el tener siquiera un pedazo de tierra enfangado donde poder levantar su vivienda! ¡Eso para familias de trabajadores chilenos! Nosotros, los comunistas creemos que, en verdad, con esta definición se ha caracterizado el debate de esta tarde en la Cámara.
Ahora bien, el señor Maturana también ha sostenido la tesis de que el señor Ministro del Interior habría sido acusado por respaldar a Carabineros y que el Partido Nacional fueron las palabras del señor Diputado votará contra la acusación para defender a Carabineros. Afirmó el señor Maturana que los comunistas querríamos usar esta vez al señor Pérez Zujovic, al acusarlo, para atacar, a través de él, a Carabineros, para cavar una fosa de odio respecto a Carabineros. Pues bien, de lo que se trata aquí es de una distorsión sediciosa de todo el ordenamiento político del país en relación a esta materia. La fuerza pública es una fuerza obediente. Nosotros sostenemos que defienden el prestigio de Carabineros quienes, teniendo la autoridad política sobre ese cuerpo, le encargan defender la vida de los pobladores, de los habitantes de los barrios amenazados de cogoteo; quienes le encargan ordenar el tránsito, patrullar la frontera, cumplir tareas de interés social. En cambio, atentan contra el prestigio de Carabineros, cavan una fosa de odio en relación a Carabineros, quienes tratan de que sea ampliado, como es la tendencia tradicional de las clases que defienden irritantes e injustos privilegios, para que atente en contra de la vida, de la tranquilidad, de las libertades de la clase obrera, de los campesinos, de los estudiantes, del pueblo de Chile. Así creemos que está planteado el problema, señor Presidente.
Por eso, nosotros denunciamos todo atentado que se perpetra utilizando a la fuerza pública, empleando a quienes tienen otras tareas. Nosotros denunciamos cada atentado que se encarga cometer a la fuerza pública. Cumplimos con el deber de hacer presentes las responsabilidades de quienes ejercen la dirección de esa fuerza obediente y de quienes le han dado instrucciones que han conducido a la masacre de Puerto Montt y que pudieran conducir a tragedias aun más tremendas en la vida de la República.
Para defender la actuación del señor Ministro acusado, aquí se han hecho una serie de disquisiciones pseudojurídicas. I Pero si sobre esto hay tantos precedentes! ¡Si Shylock tenía derecho jurídico sobre los trozos de carne viva de sus víctimas, de sus deudores! Aquí se ha sostenido, a lo Shylock, el derecho para preservar, en abstracto, no cualquier propiedad, sino incluso la gran propiedad territorial de predios yermos, eriazos, sin valor alguno, allá en la zona de la propiedad austral, que la propia ley de la República ha considerado territorio de propiedad constituida en forma inestable y que se trata de ir regularizando y el derecho para defender aquello, de asesinar a la gente. La verdad es, sin embargo, que a diferencia de Shylock, ni siquiera la ley ampara de ninguna manera la teoría de aquéllos que han sostenido que sería legítimo seguir sometiendo crímenes de esta especie, a base de órdenes, de instrucciones que denunciamos como insensatas e inhumanas.
Se ha discutido aquí si habríamos tenido razón o no los comunistas para fundamentar la acusación constitucional, en uno de sus capítulos, en el abuso de poder. Pero está muy claro, en la fundamentación de la acusación y en los hechos que el país conoce y que tienen que estremecer la conciencia de toda mujer y de todo hombre bien nacido, que ha habido abuso de poder, y nosotros lo hemos denunciado en cuanto atropellamiento de las leyes.
El atropellamiento de las leyes y la infracción a la Constitución pueden revestir directamente la forma de un delito, que en caso de ser aprobada la acusación por el Senado debería ser sancionado por los tribunales de justicia, aplicando las penas correspondientes.
Y también la Constitución establece la acusación constitucional para los casos de abuso de poder, para aquellos casos en que haya atropellamiento de la ley, infracción de la Constitución. En este caso, más claro, instrucciones que significan que el Ministro del Interior encarga a Carabineros que opere en reemplazo de los Tribunales de Justicia. Aunque ello no implique que directamente vaya a ser sancionado por el homicidio tiene que ser sancionado políticamente por abuso de poder.
Se ha discutido sobre el carácter de la denuncia que, como mera constancia, formuló el señor Irigoin, propietario presunto de los terrenos; pero ha quedado establecido en la Comisión de que fue formulada por él señalando que lo hacía sólo como constancia y reservándose el derecho a interponer las acciones que le corresponderían ante los Tribunales de Justicia. Pero, en vez de permitir que eso ocurriera, y de acuerdo con las instrucciones que emanan del Ministerio del Interior y de las que es responsable el MinistroPérez Zujovic, Carabineros atropelló a los Tribunales e hizo justicia, en este caso, debiéramos decir, hizo una "cojusticia".
Se ha pretendido aquí, con disquisiciones de carácter seudojurídico, discutir sobre la supuesta permanencia de la flagrancia del supuesto delito de usurpación, en este caso. Es una confusión, un enredo, lo que han querido hacer, primero el colega César Fuentes y, después, el señor Maturana, entre los efectos permanentes de un delito y el carácter permanente que le pretenden atribuir a este caso, que sería el menos indicado para que se le pudiera atribuir tal permanencia a la consumación misma del delito.
Pero veamos, Si fuera cierto lo que dicen los autores de estas disquisiciones legales, de estas tinterilladas de la defensa del Ministro frente a un hecho tan tortuoso como el que estamos considerando, si esa tesis tuviera alguna validez, querría decir, nada menos, que Carabineros estaría autorizado para agredir, para desalojar, para hacer justicia, para hacer injusticia a balas y metralletas en gran parte de los territorios en Chile.
¿No sabemos acaso que aquí, en la provincia de Santiago, gran parte de las poblaciones no tienen saneados sus títulos de dominio?
¿ No sabemos acaso que se ha tenido que dictar la ley 16.741 para tratar de amparar a 100 mil pobladores de Chile, a 100 mil habitantes, como mínimo, que habían sido víctimas de la estafa de los loteos irregulares, que se encontraban ante la situación d'e no poder demostrar jurídicamente ser propietarios de sus terrenos?
A todos ellos, según el señor Maturana, según el señor Fuentes, habría derecho legal para que, en cualquier momento, sin recurrir a tribunal alguno, Carabineros pudiera desalojarlos, metralletas en mano, porque estarían usurpando. ¡ Esa es la situación de los colonos del sur, esa es la situación de una inmensa cantidad de poblaciones que existen a través de Chile!
El señor FUENTES (don César Raúl).-
. ¡Yo no he dicho eso!
El señor MILLAS.-
La gente, por la necesidad humana de amparar a su familia, ha tenido que instalarse en un camino, en cualquier sitio abierto en una población o en algún terreno abandonado de algún particular o servicio público.
¿Cómo se puede hablar de usurpación presunta de esos terrenos? Estos caballeros definen la usurpación pasando por sobre la letra de la ley, por sobre los Códigos, por sobre disposiciones positivas, aunque no haya violencia, aunque no haya resistencia del propietario. Simplemente, ellos tratan de confundir la ocupación, con la usurpación, y pretenden que sería delito flagrante mientras permanecieran allí los pobladores,
Se han hecho también otras disquisiciones seudojurídicas. Aquí hemos escuchado al Ministro del Interior decir que él asumió transitoriamente la responsabilidad de los hechos de Puerto Montt. ¡ Caramba! Si en forma transitoria, de quita y pon, se asumen y se dejan responsabilidades, hay que responder ante los tribunales; y, entonces, para salvar a jefes policiales, asume la responsabilidad el Ministro. Tiene que responder el Ministro, entonces, ante la opinión pública, ante esta Cámara, y el Ministro dice que asumió transitoriamente esta responsabilidad.
Lo cierto, señor Presidente, es que quienes dicen aquellas cosas pueden creerse muy juristas, pero atropellan derechos fundamentales del pueblo. Se ha sostenido que en la acusación no está establecida la responsabilidad del propio Ministro del Interior. Esa responsabilidad la asumió personalmente, en reiteradas oportunidades, ante la opinión pública el señor Pérez Zujovic.
Por lo demás, tengo aquí el parte que consta en el libro de Carabineros, en el cual se dice que se dio cuenta al Intendente subrogantedon Jorge Pérez Sánchez, y él, óigase bien, "efectuadas las consultas necesarias al Ministerio del Interior, dio la orden verbal al señor Prefecto, "en presencia del infrascrito", dice el Comisario, "y del asesor jurídico, de proceder al inmediato desalojo "de los ocupantes en mención."
De modo que se consultó al representante del Ministro, al que conocía su política, al que tenía que aplicarla y, aún más, éste no dio la orden inmediata, consultó al Ministerio del Interior, y en el propio Ministerio del Interior le dieron las instrucciones de efectuar una ilegalidad, de proceder a aquella acción que hubo de conducir a la muerte a todos aquellos chilenos.
Señor Presidente, en este mismo libro de guardia de Carabineros, en la Comisaría respectiva, allá en Puerto Montt, quedó constancia de otros hechos. Por ejemplo, que habían sabido con anterioridad que allí estaban los pobladores, que los había visitado a mediodía el Comisario. A las siete de la tarde declaró el presunto propietario que sólo formulaba la constancia correspondiente, con el fin de reservarse el derecho a interponer acciones ante los tribunales.
Y bien. Se esperó, tal como lo hace el cogotera, que aprovecha la noche para, a mansalva, poder ultimar a sus víctimas sobre seguro, se esperó la noche para aquella acción ilegal, prohibida de acuerdo con las normas vigentes de Carabineros. Aquella acción para la que no hubo notificación previa, aquella acción que a lo más que podía conducir, si hubiera sido legal, habría sido a la detención de los pobladores; pero, según han reconocido el Comisario, el Prefecto y el Intendente subrogante, dieron la orden de hacer una acción ilegal, arbitraria, de verdadero asalto, de desalojo a los pobladores que estaban ahí tranquilamente se vino a realizar después de las 12 de la noche.
Nosotros, señor Presidente, vinculamos esto a muchas cosas que están sucediendo y que pudieran suceder en nuestro país.
Nosotros, señor Presidente, sólo ayer escuchábamos en esta Sala al señor Bernardo Leighton, ex Ministro del Interior. El al recordar la figura de otro Ministro del Interior, don Sótero del Río, decía que había actuado con aquella energía, aquel tipo de energía que era indispensable en ese cargo. No sabemos si nos equivocamos al haber interpretado alguna inflexión en la voz del señor Leighton, aquí presente, en el sentido de que esa energía tiene que aplicarse tanto respecto de ordenar cosas justas, de no ordenar atropellos a la fuerza pública, de velar por que no vengan los desmanes ni de la fuerza pública ni de aquellos que pueden ser afectados por la acción de la fuerza pública.
Y aquí, señor Presidente, hay órdenes ilegales y arbitrarias, atenttorias del sistema jurídico, que afectan al pueblo.
Con liviandad, sin entender los párrafos que leía rápidamente, el señor Amunátegui ha creído mal digerir lo que nosotros decimos, que las fuerzas reaccionarias en nuestra patria muchas veces han tronchado la vida, han derramado la sangre del pueblo. Nosotros decimos que se ejerce, día a día, la violencia contra el pueblo; que hay la amenaza de atentados tan brutales como éste de Puerto Montt.
Nosotros nos honramos de que la organización, la unidad, la conciencia en ascenso de la clase obrera y del pueblo de Chile hayan contribuido a ir forjando, en medio de un derecho que fue ideado contra el pueblo, garantías, derechos de convivencia derechos democráticos, que la clase obrera y el pueblo han ido conquistando. Nosotros decimos que elos son patrimonio de nuestro pueblo y que hay que defenderlo.
Nosotros tenemos presente que los reaccionarios están dispuestos a atentar contra estos derechos, pero cumplimos con un deber superior, como patriotas, como demócratas, como revolucionarios, al exigir el respeto de la vida, al exigir el respeto de aquello que al pueblo tanto le ha costado conquistar.
Y, señor Presidente estas instrucciones que emanan de un Ministerio donde el titular es el señor Pérez Zujovic son las instrucciones según las cuales, si van los estudiantes en un desfile por la calle, se les zahiere brutalmente en vez de notificarlos en vez de conversar con ellos, en vez de buscar la manera de encauzarlos. No se respeta con ellos ese derecho elemental de la Constitución que es el derecho de reunión. Estas instrucciones se manifiestan en choques. Estas manifestaciones de violencia, de poder, están ensambladas con actos de aventurismo irresponsable, con provocaciones, muchas veces perpetradas por agentes policiales de esta violencia desencadenada desde arriba, que sirven precisamente a quienes quieren aplicar la violencia contra el pueblo, porque son como las dos manos de unas tenazas, como los dos brazos con que se pretende ahogar la vida, con que se pretende ahogar el proceso de desarrollo democrático de Chile, para impedir la solución de los problemas nacionales.
Por eso, nosotros, los comunistas, conscientes de que no hay derecho para que en Chile se siga asesinando, así como se hizo en la escuela "Santa María", de Iquique, a comienzos de este siglo; nosotros, que somos gente que en las batallas del pueblo damos la cara, que hemos afrontado la cárcel, la relegación, la lucha por las libertades públicas, que tanto cuestan a nuestro pueblo; hemos cumplido un deber al formular este llamado, no a la conciencia de algunos parlamentarios que representan intereses reaccionarios, sobre la cual tenemos muchas dudas; sino a la conciencia de todos los patriotas que están más allá de este hemiciclo, para que consideremos la necesidad de terminar con la masacre, de terminar con el abuso contra el pueblo, de terminar con el empleo de la fuerza pública para efectuar desalojos, a mansalva y a medianoche, como el de los pobladores de Puerto Montt.
Los comunistas hemos formulado esta acusación. Y hemos comprobado que la responsabilidad que le cabe al Ministro del Interior, aquí no se ha desvirtuado en ninguna forma. Los comunistas, más allá de la acusación, queremos que ella sea el comienzo de un gran proceso de cambios, para preservar en Chile las libertades públicas.
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