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La señora LAZO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MERCADO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Carmen Lazo.
La señora LAZO.-
Señor Presidente, los Diputados socialistas suponernos que entre los hechos y las palabras siempre debe haber, si no una concordancia perfecta, por lo menos, una cierta relación. Y, al formular estas observaciones sobre esta reforma, tenemos que reconocer que, incluso, se debaten en el seno del Partido Demócrata Cristiano corrientes que, de ser sinceras, de ninguna manera podrían aceptar esta delegación de poderes del Parlamento al Presidente de la República. Porque, si los señores Diputados se fijan bien, en la disposición en debate se dice que se autoriza "al Presidente de la República para que dicte disposiciones con fuerza de ley sobre creación, supresión, organización y atribuciones de los servicios del Estado y de las Municipalidades; sobre fijación de plantas, remuneraciones y demás derechos y obligaciones de los empleados y obreros de esos servicios;"
Además, deben tomar en cuenta que, en el último tiempo especialmente, aparte de los sectores que ha señalado el colega Jaque, hemos visto en la calle al personal de la Casa de Moneda; al personal del Ministerio de Tierras y Colonización; al personal del INDAP y la CORA. En general, a casi todos los empleados públicos.
El señor MORALES (don" Carlos).-
Registro Civil e Identificación y el Poder Judicial.
La señora LAZO.-
En este momento lo están también -como me acota el colega- el Servicio de Registro Civil e Identificación y el personal judicial, por una cosa que ha llamado mucho la atención en algunos sectores. Incluso, hace algunos días, estos funcionarios habían amenazado también con una especie de huelga de brazos caídos, de continuar lo miserable de su situación económica. Y nosotros pensamos, entonces, en qué momento van a concordar las palabras con los hechos; porque se ha dado la triste realidad de que cada vez que ha sido necesario sancionar, por medio de una ley, a los personales del Pistado, lo ha hecho una mayoría nítida y clara que, en sus organismos internos ha estado afirmando lo contrario.
Nosotros no deberíamos interesarnos tanto en esto, porque, como aquí también se ha dicho, al sostener ahora una oposición a ciertas reformas constitucionales, no pretendemos parchar un sistema que consideramos decrépito y que esperamos que el avance desinteresado de la juventud, algún día, derrumbe definitivamente. Pero queremos llamar la atención, en este minuto de la historia de nuestro país, que aquellos que se hicieron cargo del poder político de Chile lo alcanzaron, incluso, usando la palabra "revolución"; sin embargo, han hecho el papel de retardatarios y han obligado a sectores de ciudadanos que jamás se habían movido de sus escritorios y, en el caso de los jueces, de sus pupitres, a salir a la calle. Por eso, nos preguntamos: ¿el Parlamento va a sancionar ahora esta aberración? Creemos que esto no puede ser. Aquí se han dado bastantes argumentos para demostrar cómo el Partido de Gobierno tiene una responsabilidad; pero queremos recordarle que, por encima de lo efímero o de lo duradero que pueda ser su mandato, hay una obligación: la obligación de ser concordantes con una conducta y, sobre todo, con las promesas que reiteradamente, se les han hecho a todos los sectores. Sabemos que hay la intención de liquidar prácticamente los municipios. Aquí viene de nuevo, como un presente griego, envuelta esta amenaza para todos los gremios; porque en este precepto se habla de modificación de plantas, de remuneraciones y demás derechos y obligaciones de los empleados y obreros. ¿Dónde quedan los derechos que han conquistado las asociaciones, de ir mejorando la situación de sus personales, de ser oídas y de mantener una cierta seguridad en las plantas? Nosotros no podemos entender a un régimen que se llama "revolucionario" y que, sin embargo, por cuestiones políticas, a veces, levanta, ineptos e incapaces y posterga a gente que ha hecho una carrera y que ha vivido una vida esperanzada en una cierta continuidad de su trabajo. Por estas razones, los Diputados socialistas somos enemigos de que se sancione esta reforma constitucional; porque viniendo de parte del Ejecutivo, de parte de un régimen que, en un principio, se llamó "revolucionario", sencillamente ella los parece una aberración. Por consiguiente, los Diputados socialistas, en ésta y en otras materias que abordarán otros compañeros, no podemos, de ninguna manera, ni siquiera comprender la actitud del partido Demócrata Cristiano.
Nada más.
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