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El señor IBAÑEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Hurtado, hasta por cinco minutos.
El señor HURTADO (don Mario).-
Señor Presidente y Honorable Cámara, un respetable Servicio, la Contraloría General de la República, que agrupa a prestigiosos funcionarios de nuestra Administración Civil del Estado, se encuentra a punto de declarar un paro de sus actividades. La adopción de la delicada determinación que analizo deriva de un acuerdo tomado en amplia asamblea efectuada en el día de ayer, en la que, por abrumadora mayoría, se resolvió apelar a este dramático recurso, ante la sostenida negativa del señor Ministro de Hacienda de recibir a la directiva gremial de tan importante sector de servidores fiscales, quienes, en uso de un elemental derecho franqueado por nuestra tradición y práctica democrática, esperaban ser oídos para representarle la inquietud que los moviliza.
En la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, celebrada el día 16 de septiembre del año 1969, el Gobierno, por intermedio del Ministro de Hacienda, según consta en el acta de dicha sesión, adquirió el compromiso con los personeros de la Contraloría en orden a estudiar un sistema de remuneraciones permanentes sobre la base de porcentajes en cada grado del escalafón. En aquella oportunidad el Ejecutivo expresó que, si bien no estaba de acuerdo con la autonomía económica de esa institución criterio que había sido fijado por la casi unanimidad de la Cámara de Diputados al tratarse el proyecto de ley que facultaba a la Contraloría General de la República para fijar anualmente su presupuesto y las remuneraciones de su personal sí consideraba oportuno y conveniente establecer un régimen económico de rentas que asegurara la real independencia de la Contraloría en cuanto a sus facultades fiscalizadoras.
Es necesario hacer presente que actualmente las rentas del personal son fijadas por el Contralor con la aprobación del Ejecutivo. O sea, en el hecho no existe una efectiva autonomía, ya que el Organismo Contralor, siendo una institución fiscalizadora, debe recurrir permanentemente ante el organismo fiscalizado para establecer sus remuneraciones. Esta situación debería superarse con un régimen permanente y automático de fijación de rentas como se ha señalado.
El Gobierno, pese al compromiso adquirido, no le dio cumplimiento y sólo entregó un mejoramiento del orden de un 18%. Enfrentada la Contraloría a este hecho y al deterioro constante de las rentas del personal, el gremio que agrupa a sus funcionarios resolvió, a través de un plebiscito, facultar al Directorio de la Asociación de Empleados para ordenar una paralización parcial o total de funciones. La determinación que se ha adoptado, en razón de la negativa del Ministro de Hacienda de recibir en audiencia a la directiva gremial referida, crea la extraordinaria y grave situación de que el más alto organismo contralor de la nación, en una actitud sin precedentes en su vida institucional, y en gesto sólo comparable con el Poder Judicial, se encuentra en vías de hacer abandono de sus funciones, creando consecuencias imprevisibles para la marcha administrativa del país.
Por las razones expuestas, me permito solicitar del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para enviar, en nombre de los Diputados del Partido Radical, oficios tanto a Su Excelencia el Presidente de la República como al señor Ministro de Hacienda, haciendo traslado de estas observaciones.
Nada más.
El señor IBAÑEZ (Presidente).-
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar los oficios a que ha hecho referencia el señor Hurtado.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
"