REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACIÓN OFICIAL LEGISLATURA ORDINARIA SESION 39ª, en miércoles 3 de septiembre de 1969 Ordinaria (De 16.12 a 21.7) PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TOMAS PABLO ELORZA, PRESIDENTE, Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, VICEPRESIDENTE. SECRETARIOS EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. ÍNDICE: Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS IV.- LECTURA DE LA CUENTA Homenaje a la memoria del Presidente de Vietnam del Norte Ho ChiMinh Situación de la prensa uruguaya Consulta a Comisión de Legislación sobre votación particular de proyecto de reformas constitucionales V.- FÁCIL DESPACHO: Proyecto de ley, en cuarto trámite, que denomina "Regidora Sara Gajardo" a la calle Principal de la Población Juan Antonio Ríos, de Santiago. (Queda despachado) VI.- ORDEN DEL DÍA: Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación. (Se aprueba en general) Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre protección del patrimonio histórico cultural el país. (Se aprueba) Amnistía para obreros de industria Saba Observaciones, en segundo trámite, sobre franquicias de internación para diversas clases de vehículos motorizados. (Quedan despachadas) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, sobre zona y depósito francos para mercancías importadas y exportadas por Paraguay. (Se aprueba) Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que deroga el artículo 15 de la ley Nº 17.154, sobre franquicias tributarias. (Quedan despachadas) VII.- TIEMPO DE VOTACIONES: Permiso constitucional para ausentarse del país. (Se concede al señor Gumucio) Amnistía para obreros de industria Saba. Preferencia Publicación de discursos Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala Petición de desafuero del Intendente de Santiago, señor Jorge Kindermann. (Se rechaza) VIII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios. (Se anuncian) Tabla de Fácil Despacho para la próxima sesión ordinaria. (Se anuncia) Réplica a comentarios del señor Montes sobre últimos acontecimientos ocurridos en el país. (Observaciones de los señores Isla y Lorca) Violación de la autonomía universitaria en Chillán. (Observaciones del señor Baltra) Anexos. DOCUMENTOS: 1.- Observaciones, en primer trámite, al proyecto que establece la tabla aplicable a la revalorización de pensiones dispuesta por la ley Nº 17.147 2.- Informe de las Comisiones de Educación Pública y Defensa Nacional, unidas, recaído en el proyecto que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación 3.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación 4.- Informe de la Comisión de Educación Pública recaído en el proyecto sobre protección del patrimonio histórico cultural del país 5.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto sobre amnistía a obreros de la industria Saba 6.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones al proyecto que deroga el artículo 15 de la ley Nº 17.154, sobre franquicias tributarias 7.- Informe de la Delegación de Senadores que concurrió a la Cuarta Asamblea Ordinaria de] Parlamento Latinoamericano VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. I.- ASISTENCIA Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo; Aguirre Doolan, Humberto; Altamirano Orrego, Carlos; Allende Gossens, Salvador; Aylwin Azocar, Patricio; Baltra Cortés, Alberto; Ballesteros Reyes, Eugenio; Bossay Leiva, Luis; Bulnes Sanfuentes, Francisco; Campusano Chávez, Julieta; Carmona Peralta, Juan de Dios; Contreras Tapia, Víctor; Corvalán Lépez, Luis; Chadwick Valdés, Tomás; Duran Neumann, Julio; Ferrando Keun, Ricardo; Fuentealba Moena, Renán; García Garzena, Víctor; Hamilton Depassier, Juan; Ibáñez Ojeda, Pedro; Irureta Aburto, Narciso; Isla Hevia, José Manuel; Jerez Horta, Alberto; Juliet Gómez, Raúl; Lorca Valencia, Alfredo; Luengo Escalona, Luis Fernando; Miranda Ramírez, Hugo; Montes Moraga, Jorge; Morales Adriasola, Raúl; Musalem Saffie, José; Noemi Huerta, Alejandro; Ochagavía Valdés, Fernando; Olguín Zapata, Osvaldo; Pablo Elorza, Tomás; Palma Vicuña, Ignacio; Papic Ramos, Luis; Prado Casas, Benjamín; Reyes Vicuña, Tomás; Rodríguez Arenas, Aniceto; Silva Ulloa, Ramón; Sule Candía, Anselmo; Tarad Siwady, Rafael; Teitelboim Volosky, Volodia; Valente Rossi, Luis, y Valenzuela Sáez, Ricardo. Concurrió, además, el señor Ministro de Educación Pública. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata. II.- APERTURA DE LA SESIÓN. -Se abrió la sesión a las 16.12, en presencia de 16 señores Senadores. El señor PABLO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS. El señor PABLO (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 37ª, que no ha sido observada. El acta de la sesión 38ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación. (Véase en el Boletín el acta aprobada). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PABLO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensaje. Uno de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que formula observaciones al proyecto de ley que establece la tabla aplicable a la revalorización de pensiones dispuesta por la ley Nº 17.147. (Véase en los Anexos, documento 1). -Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Oficios. Diez de los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas y Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Salud Pública, y del señor Subdirector General de Investigaciones, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (1), Allende (2), Baltra (3), Contreras (4), Morales (5), Silva Ulloa (6), Sule (7) y Valente (8): 1) Construcción de Hospital en Tomé. 2) Pavimentación de camino en Chiloé. 3) Dotación de Investigaciones en Victoria. 4) Inspector en visita en obra de Iquique. 5) Diversas obras públicas en Chiloé y Aisén. Fondos para pobladores damnificados. 6) Alcantarillado en Tocopilla. 7) Personal para retén en Los Lirios. 8) Nivelación de remuneraciones en Ferrocarriles del Estado. Diversas obras públicas en Antofagasta. Informes. Uno de las Comisiones de Educación Pública y Defensa Nacional, unidas, y otro de la de Hacienda recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación. (Véase en los Anexos, documentos 2 y 3). Uno de la Comisión de Educación Pública, recaído en el proyecto sobre protección del patrimonio histórico cultural del país. (Véase en los Anexos, documento 4). Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en una moción de la Honorable señora Campusano y en otra de la misma señora Senadora y de los señores Contreras Labarca, Contreras Tapia, Corvalán y Teitelboim, que conceden amnistía a las personas procesadas en la causa Nº 68.107, del Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. (Véase en los Anexos, documento 5). Uno de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones, en segundo trámite, formuladas al proyecto de ley que deroga el artículo 15 de la ley Nº 17.154. (Véase en los Anexos, documento 6). -Quedan para tabla. Uno de la delegación de Senadores que concurrió a la Cuarta Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. (Véase en los Anexos, documento 7). -Queda a disposición de los seriares Senadores. Mociones. Cinco, de la Honorable señora Campusano y de los Senadores señores Chadwick, Ferrando, Prado y Tarud, con las que inician sendos proyectos de ley que benefician, por gracia, a doña Elcira Pino Díaz, a doña Emma Muñoz viuda de Ani-nat y a los señores Gonzalo Mendoza Aylwin, Humberto Burgos Quinteros y Héctor Tobar Lucci, respectivamente. -Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia. Comunicación. Una del señor Secretario General de la Universidad de Chile, con la que hace ciertos alcances a algunas intervenciones efectuadas en el Senado con motivo de la discusión del proyecto de ley que crea el Senado Académico. -Queda a disposición de los señores Senadores. El señor PABLO (Presidente).- Terminada la Cuenta. El señor MONTES.- Ruego al señor Presidente solicitar el asentimiento del Senado para que se me conceda un máximo de cinco minutos, a fin de pronunciar algunas palabras acerca del Jefe del Estado de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh, fallecido en la mañana de hoy. El señor PABLO (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para acceder a la petición del Honorable señor Montes. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PRESIDENTE DE VIETNAM DEL NORTE, HO CHI MINH. El señor MONTES.- Agradecemos a los señores Senadores la posibilidad que nos brindan para expresar algunas palabras cuando estamos impactados aún por la noticia inesperada de la muerte del Presidente de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh. No hemos tenido tiempo de preparar ni de pensar nada al respecto. Por eso me permitiré, en primer lugar, recurrir a lo que escribió un periodista acerca de la personalidad de ese Mandatario. Se trata de un hecho -una anécdota- ocurrido en París en julio de 1946, oportunidad en que Ho Chi Minh, como Jefe del Estado vietnamita, asistió a las conversaciones con los representantes franceses para poner fin a la dominación colonial de Francia en Vietnam. Ese breve reportaje dice: "En el salón del gran hotel de la "rive droite", un periodista, fresco y sonrosado, acosa desde un cuarto de hora con preguntas insidiosas a un hombre flaco, marcado profundamente por los sufrimientos y privaciones, que se encuentra sentado ante un ramo muy sencillo de rosas encarnadas. "Alrededor, un centenar de reporteros y observadores de todos los países (de todo el mundo): "El periodista: "-Señor Presidente, usted es comunista, ¿no es así? "-El hombre, pacientemente: "-Sí. "-¿Participó en la Resistencia? "-Sí. "-¿Cuánto tiempo? "-Más o menos cuarenta años. "-¡También habrá estado en prisión...! "-Sí. "-¿En cuáles prisiones? "-En muchas prisiones, señor. "-¿Mucho tiempo? "El hombre magro sonríe de un modo especial, mira al periodista fresco y sonrosado: "-Usted sabe que cuando se está en prisión el tiempo es siempre largo. "La respuesta, en francés, llega rápida, precisa, inesperada. ¿Reproche? ¿Ironía? ¿Humor? Lo cierto es que en eso mismo instante, los franceses, los ingleses y los americanos presentes se dan cuenta, sorprendidos, de que la sonrisa que brilla en esa barbilla blanca es al mismo tiempo una sonrisa de París, de Londres y también una sonrisa de Hanoi. La sonrisa de hoy, la sonrisa de los milenios. "¿Qué queríais que dijese al periodista? "En la prisión el tiempo es siempre largo." He querido referirme a esa crónica, con el objeto de representar ante los señores Senadores una parte de la personalidad del Presidente Ho Chi Minh. En otra ocasión podremos remitirnos a otros aspectos. Hoy día -repito-, impactados por la noticia de su muerte, sólo hemos hecho mención de uno de sus rasgos humanos. Por ese motivo, los Senadores comunistas solicitamos que el Senado resuelva enviar un cable de condolencias al Gobierno de Hanoi por el deceso del Presidente Ho Chi Minh. El señor PABLO (Presidente).- El cable referido debe enviarse en nombre de los Comités que lo soliciten. El acuerdo pertinente se recabará con posterioridad, pues algunos señores Comités no se encuentran en la Sala, y supongo que todos manifestarán su adhesión. El señor AGUIRRE DOOLAN.- El Comité Radical adhiere a la solicitud del Honorable señor Montes. El señor JEREZ.- Para nosotros también constituye un hecho lamentable la muerte del Presidente Ho Chi Minh. Esperamos que nuestro Comité acceda a la petición formulada por el Honorable señor Montes. El señor JEREZ.- Señor Presidente, solicito dos minutos para referirme a otra materia. El señor PABLO (Presidente).- Pido el asentimiento unánime del Senado para conceder la palabra al señor Senador por el tiempo señalado. Acordado. SITUACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA. El señor JEREZ.- Señor Presidente, son conocidos el momento por que atraviesa la República Oriental del Uruguay y la política de fuerza que está ejerciendo el Gobierno del Presidente Jorge Pacheco Areco. El 17 de junio fue clausurado el periódico independiente "Extra", a raíz de lo cual hubo una huelga general de solidaridad del gremio de la prensa -ese movimiento duró veinte días- y, al mismo tiempo, un entredicho entre el Ejecutivo y la Asamblea General, que es el cuerpo legislativo de ese país, pues ésta levantó dicha clausura. Con posterioridad, el 7 de julio se clausuró el diario "Democrático". Por último, el semanario "Izquierda" también corrió la misma suerte. En estos momentos hay varios periodistas presos. El Presidente del Colegio de Periodistas de Chile, don Carlos Sepúlveda Vergara, me expresó esta tarde que, después de nuestras festividades patrias, una delegación de ese organismo irá a Uruguay para tomar contacto con los periodistas detenidos e imponerse en forma amplia de la situación crítica que afecta a la prensa de esa nación. Por eso, ruego al señor Presidente recabar el acuerdo unánime del Senado, a fin de expresar a la Asamblea General de Uruguay la preocupación de esta Cámara por esas transgresiones a la libertad de prensa y su respaldo por la defensa que ha hecho del derecho de opinión. El señor PABLO (Presidente).- Al igual que en el caso anterior, solicitaré el asentimiento de los Comités que deseen adherir a la solicitud de Su Señoría. Advierto al Senado que, del mismo modo como sucedió respecto del conflicto entre Honduras y El Salvador, el cable pertinente se enviará en nombre de los Comités que adhieran a la petición del señor Senador. El señor BULNES SANFUENTES.- ¡Otro igual a Checoslovaquia...! El señor PABLO (Presidente).- Su Señoría lo puede plantear. El señor BULNES SANFUENTES.- Pedimos mandar un cable similar a Checoslovaquia. El señor PABLO (Presidente).- Si el señor Senador formula la solicitud respectiva, así se procederá. El señor MONTES.- La petición que yo hice... El señor PABLO (Presidente).- Insisto en que el cable, por las razones dadas en su oportunidad, no puede enviarse en nombre del Senado, sino en el de los Comités que lo soliciten. El acuerdo pertinente se recabará con posterioridad. CONSULTA A COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE VOTACIÓN PARTICULAR DEL PROYECTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES. El señor PABLO (Presidente).- Se han celebrado dos reuniones de Comités encaminadas a lograr un acuerdo respecto de la votación particular del proyecto que modifica la Constitución Política del Estado, pero hasta el momento no ha habido unanimidad de pareceres. Por eso, solicito la autorización del Senado para pedir a la Comisión de Legislación que informe acerca de los detalles de esa votación.' De ese modo podríamos discutir la materia antes de iniciar el estudio del proyecto mencionado. La sugerencia de la Mesa se refiere a la votación particular, ya que para la general no disponemos de tiempo, pues deberá realizarse en la sesión de mañana, de acuerdo con el informe existente. El señor CHADWICK.- Estimo que la proposición de la Mesa tiene un grave inconveniente, pues el proyecto de reformas constitucionales deberá discutirse y votarse en general en la sesión de mañana. En consecuencia, no hay tiempo para que la Comisión de Legislación revise las ideas y, en seguida, el Senado se pronuncie sobre la materia. En esa inteligencia, pido postergar la votación del planteamiento hecho por Su Señoría. El señor PABLO (Presidente).- ¿A qué artículo se acoge, señor Senador? El señor CHADWICK.- A la disposición reglamentaria que me autoriza para solicitar postergación de la votación. El señor PABLO (Presidente).- ¿Su Señoría pide someter a votación el planteamiento de la Mesa? El señor CHADWICK.- Así es. Pido aplazamiento de la votación. El señor SULE.- ¿Qué propuso la Mesa? El señor BULNES SANFUENTES.- ¿La proposición de la Mesa se refiere a la discusión particular del proyecto sobre Reformas Constitucionales? El señor PABLO (Presidente).- Sí, se señor Senador. La petición del Honorable señor Chadwick puede formularse exclusivamente respecto de los asuntos que figuran en Fácil Despacho, y la votación respectiva queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente. Asimismo, queda para la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité. El señor CHADWICK.- ¿Esa es la opinión del señor Secretario? El señor PABLO (Presidente).- Es lo que me ha informado el señor Secretario. El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo 118, a que se refería el señor Presidente, dice: "Cuando se trata un asunto discutido en el tiempo de Fácil Despacho, quedará la votación para el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente, cuando un Comité así lo pida. "Asimismo, quedará para el Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité. "No procederá el derecho que conceden los incisos anteriores cuando su ejercicio pueda perjudicar el cumplimiento de un plazo constitucional, legal o reglamentario establecido para la resolución del asunto." El señor CHADWICK.- Creo encontrarme en el caso general, no en el de excepción. Por lo tanto, pido aplazamiento de la votación de la proposición de acuerdo formulada por el señor Presidente. El señor PABLO (Presidente).- La Mesa estima que el derecho que Su Señoría puede ejercer es solicitar segunda discusión. El señor CHADWICK.- Pido segunda discusión. El señor PABLO (Presidente).- Queda para segunda discusión. V.- FÁCIL DESPACHO. CAMBIO DE NOMBRE A CALLE DE POBLACIÓN JUAN ANTONIO RÍOS, DE SANTIAGO. CUARTO TRAMITE. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley de la Cámara, en cuarto trámite constitucional, que denomina "Regidora Sara Gajardo" a la calle Principal de la población Presidente Ríos. La Cámara aprobó las modificaciones introducidas por el Senado, salvo la que consiste en suprimir el artículo 3º, que dice: "Corresponderá el conocimiento de toda denuncia por infracción al Reglamento del Tránsito, al Juzgado de Policía Local de la comuna cuyo Municipio hubiere otorgado al infractor la respectiva licencia para el manejo de vehículos de cualquiera naturaleza. Para estos efectos, el funcionario denunciante deberá remitir el correspondiente parte y la documentación a dicho Tribunal. "La participación a beneficio municipal de las multas corresponderá al Municipio cuyo Juzgado de Policía Local haya conocido la infracción." -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 61ª, en 12 de septiembre de 1968. En cuarto trámite, sesión 38ª, en 2 de septiembre de 1969. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 24ª, en 5 de agosto de 1969. Discusión: Sesión 28ª, en 12 de agosto de 1969 (se aprueba, en segundo trámite). El señor PABLO (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor AYLWIN.- El Senado debe insistir en su punto de vista, porque la aprobación del artículo 3º significará que una persona cuya licencia para manejar haya sido otorgada en Arica, por ejemplo, que comete una infracción a la Ordenanza del Tránsito en Punta Arenas, deberá ser juzgada en aquella ciudad. Estimo que ello es una monstruosidad. El señor CONTRERAS.- Debe aceptarse la insinuación del Honorable señor Aylwin. Nos parece inconveniente y perjudicial para todo conductor de vehículo el envío de sus documentos desde el lugar donde cometió la infracción a la comuna que le otorgó la licencia para manejar. Ello implica apreciable pérdida de tiempo si las ciudades donde se otorgó la licencia y donde ocurrió la infracción están ubicadas en puntos distantes del territorio, por ejemplo, Arica y Santiago. La situación se agrava aún más si el afectado es un trabajador. A mi juicio, el camino más ajustado a la ley es, simplemente, rechazar el precepto. -Por unanimidad, el Senado insiste en la supresión del artículo 3°, y queda terminada la discusión del proyecto. VI.- ORDEN DEL DÍA. CREACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN. El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer lugar, debiera discutirse el proyecto de la Cámara que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación, cuya urgencia fue calificada de "simple" el 5 de agosto. El plazo constitucional vence mañana 4 de septiembre. Los señores Senadores sólo disponen del informe de las Comisiones de Defensa y Educación, unidas. El de la de Hacienda se está compaginando en estos momentos. El señor SILVA ULLOA.- La urgencia del proyecto vence mañana, como informó el señor Secretario. Tenemos interés en que se despache lo más rápidamente posible. Mañana el Senado se abocará al despacho de las reformas constitucionales. Por eso, y a fin de evitar una sesión especial para no vulnerar el mandato constitucional, propongo discutir la en los últimos treinta minutos del Orden del Día de hoy, incluyendo en la Cuenta el informe de la Comisión de Hacienda, cuya elaboración material debe finalizar de un momento a otro. El señor GARCÍA.- La Comisión de Hacienda se abocó al estudio del financiamiento del proyecto. En ello no hubo problema, salvo en cuanto a una indicación que grava con un impuesto a las entradas liberadas al Estadio Nacional, cuyo número asciende a cuatro mil. Dos mil de ellas son repartidas por el Ministerio de Educación a los alumnos de colegios que visitan a Santiago o a los de la Capital, cuando su presencia es conveniente. Las restantes se distribuyen entre funcionarios públicos, dirigentes del deporte, es decir, personas que pueden pagar el valor de las entradas. Se calculó que los recursos así recaudados podrían destinarse a construir canchas, y que en tan sólo diez reuniones deportivas al año se reuniría dinero suficiente para completar el financiamiento del proyecto. El señor JEREZ.- De esa manera se obtendrían 650 mil escudos. El señor GARCÍA.- Así es, señor Senador. Junto con el Honorable señor Jerez, formulamos esa indicación en la Comisión de Hacienda. El señor PALMA.- Concuerdo con la proposición del Honorable señor Silva Ulloa en cuanto a destinar los últimos treinta minutos del Orden del Día a debatir el proyecto. El financiamiento se estudió hoy detenidamente por la Comisión de Hacienda, aspecto resuelto por completo en los términos primitivamente propuestos, salvo la introducción de algunas modificaciones. La formulada por el Honorable señor García se rechazó por unanimidad en la Comisión, por estimarse que contribuía de manera muy limitada al financiamiento del proyecto, con no más de 21 millones de escudos. El debate sobre el problema financiero será sumamente sencillo. Lo más importante es la modificación de algunos impuestos y la creación de una nueva planta para el servicio respectivo como consecuencia de las nuevas obligaciones que aquél contrae. El señor BOSSAY.- Después de las explicaciones del presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Palma, sólo me resta decir que se dispone de recursos para el total financiamiento de la iniciativa en debate. El problema planteado por el Honorable señor García se resolvió gravando con un pequeño tributo de dos escudos las entradas liberadas al Estadio Nacional, inclusive las de los parlamentarios, pero exceptuando las destinadas a los estudiantes. El proyecto, cuyo informe podremos conocer dentro de unos 10 ó 15 minutos, es muy simple. Por eso, no vale la pena postergar su despacho, tanto más cuanto que se trata de un asunto esperado con enorme interés por una gran cantidad de deportistas de todo el país. Cualquier procedimiento que permita aprobarlo hoy día será bien acogido por nosotros. El señor CARMQNA.- ¿El proyecto está en debate, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente).- No, señor Senador. El señor CARMONA.- Como en pocos momentos dispondremos del informe de la Comisión de Hacienda -y también contamos con la presencia de su presidente, que puede dar las explicaciones del caso-, juzgo adecuada la petición del Honorable señor Silva Ulloa. Así, a partir de las seis de la tarde, podríamos discutir el proyecto. El señor JEREZ.- ¿Por qué ha de ser a una hora determinada, señor Senador, y no de inmediato? El señor CARMONA.- Porque en la tabla figuran numerosos asuntos, y la distribución del informe de la Comisión de Hacienda en cualquier momento significaría interrumpir el despacho de alguno de ellos. El señor PABLO (Presidente).- El proyecto será tratado cuando llegue el informe respectivo. Habrá debate general y particular a 3a vez. Tampoco podrán presentarse indicaciones que alteren el contexto del informe. El señor JEREZ.- ¿El proyecto se discutirá cuando llegue el informe a la Sala? El señor PABLO (Presidente).- Sí, señor Senador. El señor JEREZ.- ¿No se pueden renovar indicaciones rechazadas en la Comisión? El señor PABLO (Presidente).- Deberán ser presentadas directamente en la Sala. Hago esta advertencia, a fin de que posteriormente no haya problemas con el procedimiento. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL PAÍS. El señor FIGUEROA (Secretario).- El proyecto siguiente, relativo a protección del patrimonio histórico cultural del país, se encuentra en la misma situación: tampoco la Comisión de Hacienda ha emitido informe, y en cuanto al de la de Educación, aún no ha llegado a la Mesa el original. Seguramente, deberá acordarse nuevo plazo para tratarlo. AMNISTÍA PARA OBREROS DE INDUSTRIA SABA. El señor AYLWIN.- Deseo referirme a un acuerdo adoptado por la Sala en la sesión del miércoles pasado en el sentido de tratar hoy el proyecto que concede amnistía a obreros de la industria Saba. El miércoles pasado, la Comisión de Constitución se comprometió a informarlo en el día de ayer, a fin de que la Sala lo despachara hoy. La Comisión cumplió con el acuerdo. Entonces, lo más lógico es, sin perjuicio de los asuntos con urgencia declarada o los con tramitación postergada, destinar los últimos diez minutos del Orden del Día para discutirlo. El señor PABLO (Presidente).- Efectivamente, la Sala acordó despachar hoy el proyecto a que ha hecho referencia el Honorable señor Aylwin. Si le parece al Senado, procederíamos a tratarlo de inmediato. El señor MONTES.- Pido la palabra. El señor PABLO (Presidente).- ¿Sobre la misma materia? El señor MONTES.- No, para referirme al proyecto que concede amnistía a los obreros de Saba. Al respecto, deseo hacer una proposición. Estoy de acuerdo con lo señalado por el Honorable señor Aylwin en ese aspecto. El Senado resolvió tratar y despachar hoy el proyecto relativo a los obreros de SABA. Por eso, deseo proponer que más adelante, al promediar la sesión o después del despacho de la iniciativa en referencia, tratemos la que fija normas para la protección del patrimonio histórico-cultural del país, omitiendo el trámite de la Comisión de Hacienda, cuyo informe no es necesario, pues se trata de disposiciones extraordinariamente sencillas. De ahí que me permita sugerir que despachemos este asunto ateniéndonos sólo al informe de la Comisión de Educación Pública, que ya ha sido evacuado. El señor PABLO (Presidente).- Señores Senadores, estamos ante urgencias que están por vencer. Al respecto, consultaré a los Comités. Entretanto, en espera del informe de Comisión -que entiendo estará en la Sala dentro de un cuarto de hora- respecto del proyecto que corresponde tratar en este momento, procederíamos, con la venia de la Sala, a pronunciarnos acerca de la materia que figura en el 8º lugar de la tabla, que se acordó tratar en el día de hoy. El señor OCHAGAVIA.- ¿Por qué? Hagámoslo cuando corresponda. El señor GARCÍA.- ¡Pero si está en octavo lugar! El señor MONTES.- ¿Se acordó tratar y despachar hoy el proyecto de amnistía para los obreros de SABA? El señor PABLO (Presidente).- El acuerdo consistió exclusivamente en tratarlo hoy. De todas maneras, resolveremos más adelante sobre el particular, cuando hayamos tomado una decisión sobre los proyectos que están sin informe. ¿No hay acuerdo para aceptar mi proposición? ¿Su Señoría se opone? El señor OCHAGAVIA.- Sí, señor Presidente, nos oponemos. El señor GARCÍA.- No hay acuerdo. El señor PABLO (Presidente).- Se tratará ese proyecto en el momento oportuno. FRANQUICIAS DE INTERNACIÓN PARA DIVERSAS CLASES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En consecuencia, corresponde tratar las observaciones del Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, informadas por la Comisión de Hacienda, al proyecto de ley que libera de derechos de internación a diversas clases de vehículos motorizados. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 52ª, en 5 de septiembre de 1968. Observaciones en segundo trámite, sesión 28ª, en 12 de agosto de 1969. Informes de Comisión: Hacienda, sesión 62ª, en 13 de septiembre de 1968. Hacienda, (segundo), sesión 1ª, en 4 de junio de 1969. Hacienda (veto), sesión 38ª, en 2 de septiembre de 1969. Discusión: Sesiones 64a, en 13 de septiembre de 1968; 65a, en 17 de septiembre de 1968; 24ª, en 17 de diciembre de 1968 (se aprueba en general); 6ª, en 17 de junio de 1969 (se aprueba en particular). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Palma (presidente), Ballesteros, Bossay y Silva Ulloa, formula las siguientes recomendaciones: Por acuerdo unánime, propone aprobar las observaciones recaídas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 8º y 9º; rechazar las relativas a los incisos primero y segundo del artículo 10, e insistir en el texto del Congreso; y aprobar la recaída en el inciso tercero del mismo artículo. También por unanimidad, recomienda el rechazo de las observaciones a los artículos 11 a 12 e insistir en los preceptos primitivos, y aprobar la formulada al artículo 14. Con una abstención, rechazó la observación al artículo 17, y recomendó insistir. En cuanto a los cuatro artículos nuevos agregados por el Ejecutivo, propone: por unanimidad, aprobar el primero; con una abstención, aceptar el segundo; con tres abstenciones, aprobar el tercero y, con una abstención, aprobar el cuarto. El señor PABLO (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar las observaciones que lo fueron por la unanimidad de la Comisión? El señor OCHAGAVIA.- No. El señor MONTES.- No. El señor PABLO (Presidente).- No hay acuerdo. El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer lugar, la Comisión recomienda aprobar las observaciones recaídas en los artículos 1º y 2° El señor PABLO (Presidente).- En discusión general y particular las observaciones. Tiene la palabra el Honorable señor Va-lente. El señor VALENTE.- Señor Presidente, esas observaciones tienden a eliminar la expresión "la Federación" y sustituirla por otros conceptos que den la posibilidad de que los choferes de taxis sean representados por integrantes de otra organización que pueda crearse. No nos parece beneficioso el método propuesto por el Ejecutivo, pues da lugar a una especie de paralelismo sindical, a que se cree un organismo competitivo de otro ya organizado y reconocido por los propios interesados y por las organizaciones que forman la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxis. A nuestro juicio, en la Comisión Central de que se trata la representación de los choferes debe darse al organismo gremial máximo de que disponen, que es la Federación mencionada. En consecuencia, rechazamos la observación del Ejecutivo. El señor PALMA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente).- Señores Senadores, estamos tratando observaciones del Presidente de la República. De acuerdo con el Reglamento, debo ofrecer la palabra en discusión general y particular a la vez. Propongo dar por agotada la discusión y proceder a votar. Cada señor Senador podría fundar el voto y así exponer sus razones. El señor OCHAGAVIA.- Pido que se aplique el Reglamento, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente).- ¿No hay acuerdo? El señor OCHAGAVIA.- No. El señor PABLO (Presidente).- Continúa la discusión general y particular de las observaciones. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, concurrí a los acuerdos de la Comisión de Hacienda. Por ello, a raíz de la intervención del Honorable señor Valente, debo dar una explicación. Comparto el criterio sustentado por el señor Senador. Pero dado el hecho de que la Cámara aprobó la observación, si el Senado mantuviera ese criterio el precepto resultaría totalmente inconexo. En efecto, la frase respectiva quedaría así: "Por tres representantes de Nacional de Sindicatos Profesionales..." El señor VALENTE.- "... de la Federación Nacional..." El señor SILVA ULLOA.- Honorable colega: las palabras "la Federación" ya están eliminadas. Por lo tanto, reglamentariamente no podemos sino aprobar la observación para que la ley quede redactada en castellano y se entienda. Por eso voté en la forma expresada en el informe, y ahora mantendré mi posición. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, las organizaciones de los choferes de taxi son numerosas. Ellos son gente independiente, libre, que se asocia de acuerdo con la garantía que da la Constitución política del Estado. Y no se ve ninguna razón valedera para que sólo una de esas organizaciones, por importante que sea el organismo que constituye, sea la que asuma la representación de todos los choferes de taxi. Más lógico es que si alguna de tales agrupaciones desea estar representada directamente en la Comisión Central del Registro Nacional de Conductores Profesionales de automóviles de alquiler, no se la inhabilite para ello. Por ese motivo, aprobaremos la observación de Su Excelencia el Presidente de la República. El señor PALMA.- Ya han explicado los señores Senadores que han intervenido en el debate las razones por la cual la Comisión votó por unanimidad a favor de esta observación: porque se trata de un peto sustitutivo que elimina las palabras "la Federación" y las sustituye por "una organización", con el fin de dar la posibilidad, tanto a la Federación como a otras organizaciones de choferes de taxi, de ser representadas en el organismo que controlará sus actividades. Por tal razón y porque -como ya se ha dicho-, de no aprobarse el veto, la frase quedaría sin sentido, en la Comisión, considerados el problema de fondo y el accidental, hubo unanimidad para recomendar que se aprobara la observación. A mi entender, el Senado debe proceder en esta forma, porque es el deseo de todos nosotros que los choferes de taxis tengan representación en el organismo que controlará sus intereses. El señor CONTRERAS.- Convengo en que es sólido el argumento que exponen los señores Senadores: que el veto es sustitutivo, y que, de rechazarlo el Senado, la disposición quedaría trunca, prácticamente desaparecería. Pero, a mi juicio, lo importante en ello es que tanto en la Cámara como en el Senado se dio una representación de tres personas a la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxi. Así aprobamos nosotros la disposición en la Comisión de Trabajo, porque somos partidarios de la organización única de los trabajadores. Seguimos sosteniendo que no es la mejor práctica la de sustituir la palabra "Federación" por el vocablo "organización". Estamos acostumbrados a que, en determinado momento, se creen organizaciones llamadas comúnmente "callampas", y 'a que en muchas ocasiones se les dé representación, aun cuando se sabe que no son las más representativas del gremio respectivo. Repito que, a nuestro juicio, las explicaciones que se han dado pueden ser valederas en un aspecto; pero no constituyen un argumento sólido en cuanto a la organización única que deben tener los trabajadores. Por eso, votaremos por mantener la disposición como la aprobó el Congreso, aun cuando nuestra decisión no surta efecto. El señor PABLO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación las observaciones a los artículos 1° y 2º. - (Durante la votación). El señor BALLESTEROS.- Sí, por la razón dada por el Honorable señor Palma. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 13 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 3 abstenciones. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta: ¿el voto del Honorable señor Acuña se consideró? El señor FIGUEROA (Secretario).- Sí, señor Senador. Votó que no. Está computado ese voto. En seguida, la Comisión, por unanimidad, recomienda aprobar la primera de las observaciones recaídas en el artículo 3°, que consiste en suprimir el inciso segundo. Debo advertir que la Cámara de Diputados aprobó esta supresión y que, en consecuencia, cualquiera que sea la resolución del Senado, no surte efecto jurídico. -Se aprueba, con los votos, contrarios de los señores Senadores comunistas. El señor FIGUEROA (Secretario).- La siguiente observación, que incide en el mismo artículo 3º, consiste en agregarle un nuevo inciso, que diga: "En caso de empate decidirá el Presidente de la Comisión". Por unanimidad, la Comisión recomienda aprobarla. La resolución del Senado surte efecto jurídico. -Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Las observaciones recaídas en los artículos 4º, 8º y 9º fueron tratadas en conjunto por la Comisión. Ella recomienda, por unanimidad, aprobarlas. El acuerdo del Senado no surte efecto en este caso, pues 3a Cámara aprobó el veto. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ante todo deseo saber qué se suprime en el artículo 49: si el resto del inciso segundo o el resto del artículo. El señor SILVA ULLOA.- El resto del inciso. El señor GARCÍA.- ¿Quedan vigentes, entonces, los incisos tercero y cuarto? El señor PABLO (Presidente).- Sí, señor Senador. ¿Su Señoría se refiere al artículo 4º? El señor GARCÍA.- Sí, señor Presidente. Desde donde dice: "el padrón del vehículo". De ahí en adelante. El señor BALLESTEROS.- En la Comisión de Hacienda se dejó expresa constancia de lo que advierte Su Señoría. El señor FIGUEROA (Secretario).- Lo único que se suprime en el inciso segundo del artículo 4º es la frase que viene a continuación de la palabra "vehículo", hasta el final del mismo. En cuanto a los incisos tercero y cuarto, éstos se mantienen. El señor GARCÍA.- Está bien. -Se aprueban las observaciones a los artículos 4º, 8º y 9º. El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto del artículo 10, que el Ejecutivo proponen suprimir, la Cámara acordó rechazar la observación e insistir respecto de los dos primeros incisos. La Comisión, por unanimidad, recomienda también rechazarla e insistir. En cuanto al inciso tercero, propone aprobarlo, también por unanimidad. El señor PABLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el informe de la Comisión. El señor VALENTE.- Que se vote. El señor GARCÍA.- Que se vote. El señor PABLO (Presidente).- Voy a poner en votación los dos primeros incisos. ¿Habría acuerdo para rechazar el veto e insistir? El señor OCHAGAVIA.- Que se vote. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, sólo quiero hacer presente que en el informe de la Comisión de Hacienda se dejó expresa constancia de que el hecho de proponer el rechazo de la observación e insistir no significa suprimir los servicios extraordinarios de locomoción -fuera de los horarios y recorridos normales- en los días de elecciones ordinarias o extraordinarias, porque el Ejecutivo, al fundar su observación al artículo, expresó que, durante los días de comicios electorales, es necesario alterar o modificar los recorridos ordinarios. Entonces, observó el precepto a fin de que pudieran modificarse los recorridos. La Comisión de Hacienda, por su parte, estimó preferible mantener la norma, pues ella no obstaba a que pudieran establecerse también servicios especiales de locomoción durante el proceso eleccionario. En ese entendido y con el alcance señalado, voto por rechazar el veto e insistir en el criterio del Congreso. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, si se entiende lo que el artículo no dice, voto que sí. En todo caso, sería indispensable aclarar qué se quiere significar cuando se dice que los servicios de locomoción colectiva no podrán suspender sus recorridos normales. ¿Quiere decir que se pueden mantener o alterar dichos recorridos? A mi juicio, que se pueden alterar. El señor BALLESTEROS.- Yo he dicho que no obsta. Y al decirlo así, quiero expresar lo uno y lo otro. Este es el sentido que he dado al precepto. El señor GARCÍA.- Está bien, entonces. -Se acuerda rechazar la observación e insistir respecto de. los incisos primero y segundo del artículo 10. -Se aprueba el veto al inciso tercero del mismo artículo con los votos en contra de los Senadores comunistas. El señor PABLO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para hacer votación económica, a fin de acelerar la tramitación del proyecto? El señor OCHAGAVIA.- No hay acuerdo. El señor PABLO (Presidente).- ¡No hay acuerdo para nada...! El señor OCHAGAVIA.- Las aclaraciones anteriores han demostrado la conveniencia de la discusión. El señor FIGUEROA (Secretario).- En cuanto al artículo 11, la Comisión sugiere rechazar el veto e insistir. La observación consiste en suprimir el artículo. La Cámara también la rechazó e insistió en la mantención del precepto citado. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, se ha propuesto rechazar la observación e insistir porque los fundamentos que el Ejecutivo dio no correspondían realmente a los hechos. En efecto, se sostuvo que el artículo 2º transitorio de la ley 16.426 no existía; pero la verdad es que esa disposición transitoria existe, pues habría sido agregada por una legislación posterior. Por eso, en la Comisión de Hacienda el Subsecretario de Transportes concordó en que era conveniente rechazar la observación e insistir, en virtud de las razones que he dado. -Se rechaza la observación (22 votos por la negativa, 3 abstenciones y 2 pareos) y, con la misma votación, se acuerda insistir. El señor FIGUEROA (Secretario).- En cuanto al artículo 12, la Comisión recomienda rechazar la observación e insistir en la aprobación del artículo. La Cámara también rechazó el veto e insistió en el precepto aprobado por el Congreso. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor BALLESTEROS.- La Comisión de Hacienda recomendó el rechazo del veto e insistir en la disposición primitiva, porque de lo contrario no habría ley sobre la materia, en vista del pronunciamiento de la Cámara. Como se desea otorgar este beneficio al personal de taxistas jubilados, se acordó proceder de la manera indicada. El señor MUSALEM.- El Ejecutivo habría vetado el precepto en razón de que, según parece, en el Departamento Jurídico de la Subsecretaría de Transportes se entendió que la norma podría aplicarse con efecto retroactivo. Nosotros estamos rechazando el veto e insistiendo en la disposición despachada por el Congreso, en el bien entendido de que en la Comisión se dejó constancia de que la norma legal respectiva no tiene efecto retroactivo. Es decir, no será necesario revisar la entrega de taxis hecha con motivo de las selecciones efectuadas con anterioridad al despacho de esta ley. -Se acuerda rechazar el veto e insistir. El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto del artículo 14, la Comisión, por unanimidad, recomienda aprobar la observación. La Cámara también la aprobó. -Se aprueba el veto. El señor FIGUEROA (Secretario).- En cuanto al artículo 17, la Comisión sugiere rechazar el veto, con una abstención. Debo advertir que el acuerdo que adopte el Senado sobre el particular no surte efectos jurídicos. Además, la Cámara no insistió. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, el artículo 17 del proyecto otorgaba un plazo de 180 días al Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización para entregar títulos de dominio a los actuales ocupantes de las poblaciones levantadas en terrenos loteados por dicho departamento en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, aun cuando los sitios no reúnan los requisitos de frente mínimo y superficie establecidos en la legislación vigente. Soy autor de esta disposición. En la Comisión de Trabajo la aprobamos ateniéndonos a la gran cantidad de pobladores que en ambas provincias, aun cuando están en posesión material de sus sitios desde hace doce años -muchos de ellos lo están desde hace más de diez años, como es el caso de los de la población El Ancla, de Antofagasta-, hasta este instante no han podido recibir sus títulos de dominio. En reiteradas oportunidades se ha pedido al Departamento de Bienes Nacionales otorgar dichos títulos. Por desgracia, un criterio a mi juicio errado de las autoridades del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ha determinado que no se acceda a esta petición, con el argumento de que una norma de la ley que creó dicha Secretaría establece que los sitios entregados por Bienes Nacionales deben tener un mínimo de ocho metros de frente. En mi concepto, lo procedente habría sido conceder títulos a los pobladores a quienes se hubiese asignado sitios antes de dictarse esa ley. Desafortunadamente, no ha sucedido así. Es el caso, por ejemplo, de la población "Prat", de Antofagasta, compuesta aproximadamente de 800 sitios, todos los cuales tienen sólo siete metros. ¿Qué solución se propone para este problema? La Corporación de Mejoramiento Urbano, lisa y llanamente, propone erradicar a algunos pobladores, con el objeto de completar el metraje que exige la ley para los restantes, es decir, 160 metros. Para los funcionarios es fácil idear esta solución. Están acostumbrados a medir las necesidades del pobre de acuerdo con los bolsillos de quienes disponen de recursos para construir. Por eso, es lógico que los pobladores pongan resistencia cuando llega el momento de aplicar a la realidad medidas de esta naturaleza, porque a costa de muchos sacrificios han logrado levantar un rancho cualquiera, ya que no podemos hablar de una casa. En todo caso, se trata del fruto de sus esfuerzos. Yo pregunto a los funcionarios de CORMU: ¿Adónde llevarán a los pobladores que piensan erradicar? ¿Qué se les entregará en compensación por el destrozo de sus modestas habitaciones? ¡Absolutamente nada! ¿Acaso no saben estos funcionarios que la gente que ha, construido una casa de madera -si es que se les puede llamar casas- se encuentra, al cabo de diez años, dado el clima del norte del país, con que está totalmente apolilla-da y al desarmarla no es posible obtener material alguno? Por otro lado, si algún poblador ha logrado construir un tabique de cemento, tampoco le será posible trasladarlo a otro lugar. Frente al apremio de que me hace objeto el señor Presidente para expresar en pocos minutos mi opinión sobre un problema social tan importante, debo manifestar que, aparte esta disposición -a mi juicio la observación que la suprime es injustificada, pues, si las autoridades a cargo de la redacción del veto no la estimaban conveniente, lo correcto hubiera sido modificarla-, está pendiente de la consideración de la Comisión de Obras Públicas otro proyecto sobre la materia. En consecuencia, solicito oficiar al presidente de dicha Comisión en nombre del Comité comunista, pidiéndole que, en vista de que la Cámara de Diputados no ha contado con el quorum suficiente para rechazar la observación e insistir en el criterio del Congreso, despache la disposición ahora objetada, con el fin de resolver un problema que afecta no a veinte o treinta personas, sino a tres mil o cuatro mil habitantes de la provincia de Antofagasta, que hasta el momento llevan, como he dicho, más de doce años sin lograr obtener sus títulos de dominio. Con ello se corregiría la injusticia que se ha cometido mediante esta observación. Voto por el rechazo de ella y por la insistencia en el criterio del Congreso, porque lo considero equitativo. El señor OLGUIN.- Estimo que la disposición observada resolvía un grave problema de la zona de Tarapacá y Antofagasta. Concuerdo con las expresiones del Honorable señor Contreras. Sin embargo, el artículo -me informan que, lamentablemente, la resolución del Senado no producirá efecto-, en mi opinión, es incompleto, porque además de terrenos fiscales, existen otros, de municipalidades y particulares, que son ocupados por pobladores sin títulos de dominio. En consecuencia, según mi criterio, debe reemplazarse esta disposición por otra que considere el problema más ampliamente y establezca medidas que solucionen las diversas dificultades -que son muchas y gravísimas- que enfrentan los habitantes de ambas provincias. Voto favorablemente, pero creo que en el futuro podríamos estudiar, en otro proyecto de ley, un precepto que permitiera regularizar la situación de los pobladores que ocupan terrenos municipales y particulares sin título de dominio. El señor SILVA ULLOA.- Voto en contra de la observación del Ejecutivo consciente de que, cualquiera que sea el pronunciamiento del Senado, no surtirá efecto alguno, en virtud de la resolución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, deseo expresar que comparto los juicios emitidos por los Honorables señores Contreras y Olguín. El fundamento de la observación en referencia, consignado en el boletín de que disponemos, señala exclusivamente lo siguiente: "En el plazo señalado es imposible dar cumplimiento por falta de medios". Si es así, el Senado podría adoptar de inmediato acuerdo para aprobar la disposición en otro proyecto, separado, eximido del trámite de Comisión, ampliando el plazo actual de 180 días a un año. Con ello se salvaría la objeción hecha presente por el Ejecutivo y se resolvería, por lo menos en gran parte, el problema que afecta a los pobladores de Tarapacá y Antofagasta, que tienen en su poder, entregados por el departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, lotes de terrenos que no reúnen los requisitos exigidos por la ley que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en cuanto a las dimensiones mínimas de frente y superficie. En estas circunstancias, ya que el fundamento del veto se refiere exclusivamente a lo perentorio del plazo, sugiero que el señor Presidente recabe en su oportunidad el acuerdo de la Sala para consignar este precepto en forma separada y liberar al proyecto pertinente del trámite de Comisión con la salvedad anotada. Voto en contra de la observación. El señor REYES.- Estoy pareado y no puedo votar. Sin embargo, debo señalar, como presidente de la Comisión de Obras Públicas -en la cual, según ha informado el Honorable señor Contreras, se encuentra un proyecto relativo a esta materia-, que me preocuparé, a pesar de los muchos problemas pendientes de su consideración, de que se aboque a la materia a la brevedad posible. A mi juicio, proceder en la forma sugerida por el Honorable señor Silva Ulloa, para suprimir toda limitación relativa a frente y superficie, podría conducir a aberraciones muy grandes, por lo que no me parece aconsejable discutir la nueva disposición sin informe de Comisión y sin un análisis racional. El señor NOEMI.- Estimo que el problema no es sólo de plazo. Tal vez el artículo observado lesionaba facultades de la CORMU para la remodelación de un sector de la ciudad. En el caso de Antofagasta, de otorgarse los títulos de dominio, no se podría proceder a ninguna remodelación. Por ello, sería mucho más factible erradicar a la gente y darle una vivienda en otro lugar, para cumplir con los planes que puede haberse trazado la COR-MU. El señor CONTRERAS.- ¡Qué problema es ése, cuando estos pobladores están en los extramuros! El señor NOEMI.- No participé en el estudio del proyecto en la Comisión; pero me parece que el problema es como lo planteo, y podría solucionarse estudiando una iniciativa que compensara a las personas perjudicadas con el traslado, con una vivienda en otro lugar. Voto por la afirmativa. El señor CONTRERAS.- Lo que sucede es que a esos pobladores se les trata como a trastos viejos. -Se rechaza la observación y se acuerda insistir (20 votos por la negativa, 3 por la afirmativa y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, por unanimidad, la Comisión recomienda aprobar el primer artículo nuevo agregado por el Ejecutivo. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la, votación). El señor PABLO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que puedan fundar con preferencia sus votos los Honorables señores García, Palma y Va-lente. Acordado. El señor GARCÍA.- Yo no deseo fundar mi voto, sino pedir una aclaración a los miembros de la Comisión. El artículo propuesto por el Ejecutivo suprime la letra "y" del número 3º del inciso quinto del artículo 146 del Código del Trabajo. Tengo a la mano un ejemplar de dicho Código y en la disposición citada no aparece la letra "y". El señor BALLESTEROS.- Me parece que Su Señoría está en un error, pues no se propone suprimir la letra y) sino la expresión "y". El señor GARCÍA.- Desde luego; pero no aparece esa expresión en mi ejemplar del Código. El señor BALLESTEROS.- Existe la conjunción "y", pero no lo letra y). El señor GARCÍA.- No existe ni la conjunción ni la letra. El señor PALMA.- ¿Qué ejemplar del Código tiene Su Señoría? El señor GARCÍA.- Uno que me proporcionó la Corporación. El señor PALMA.- El que tengo en mi poder también es del Senado, y en él aparece la expresión "y". El señor GARCÍA.- ¿De qué año es la edición a que se refiere el señor Senador? El señor PALMA.- De 1958. El señor GARCÍA.- La mía es de 1966. No podemos modificar leyes que no existen. El señor VALENTE.- ¡Modifiquemos, entonces, la edición de 1958! El señor PABLO (Presidente).- Con el asentimiento de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Palma, para aclarar el problema planteado por el Honorable señor García. El señor PALMA.- Cualesquiera que sean las circunstancias respecto de las diversas ediciones del Código del Trabajo -seguramente el abogado que redactó el veto se basó en una edición que contenía la expresión "y"-, el precepto propuesto por el Ejecutivo tiende a legalizar una situación de hecho que afecta en la actualidad todos los contratos colectivos celebrados por las empresas de utilidad pública que explotan servicios similares de locomoción colectiva. Efectivamente, se trata de agregar una disposición al artículo 146 del Código del Trabajo, que fija las gratificaciones y, en algunos casos, el monto mínimo de ellas. Con tal objeto se introduce un número nuevo a los ya existentes, para incluir a las empresas que exploten el servicio público de locomoción colectiva, o a las asociaciones o agrupaciones de tales empresas, las que estarán obligadas a dar una gratificación mínima de dos sueldos vitales, situación que, por lo demás, hoy día rige virtualmente en todos los convenios suscritos por ese tipo de empresas. De manera que, no obstante el error de cita de la respectiva edición del Código, se resuelve un problema que era conveniente afrontar. El señor GARCÍA.- Quisiera que el Honorable señor Ballesteros nos diera satisfacción sobre esto. El señor BALLESTEROS.- En realidad, después de confrontar el texto de las disposiciones de ambos Códigos, parece tener razón el Honorable señor García, porque mediante la ley 16.464, de 25 de abril de 1966, dictada con posterioridad al Código que tuvo a la vista la Comisión, se modificó el artículo pertinente de tal Código, para agregarle un número 4º. Con esa agregación, se suprimió la palabra "y", que ahora figura a continuación del número 4º, no del 3º. En este caso, tiene razón el Honorable señor García. Por lo tanto, por lo menos en esta aclaración formal, concordamos. Propongo facultar a la Mesa para hacer el cotejo del caso. Creo que es lo mejor, pues el asunto no tiene mayor importancia. El señor PABLO (Presidente).- Señores Senadores, se trata de una observación del Ejecutivo. No estamos en un segundo informe, de modo que no podemos corregir absolutamente nada. Debemos decir "si" o "no". El señor BALLESTEROS.- Suprimamos la conjunción "y". El señor PALMA.- Creo que no está en la razón el Honorable señor García, y que lo propuesto por el Ejecutivo es razonable desde el punto de vista formal, en cuanto plantea la supresión de la "y" en el número 3º del inciso quinto del artículo 146 del Código del Trabajo. Existe la necesidad de suprimirla, porque en la actualidad existe un inciso cuarto. Lo que se agrega ahora es un inciso quinto. La proposición del Ejecutivo consiste en suprimir al final del número 3º la palabra "y"; agregar esa expresión en el inciso cuarto y, a continuación de ella, un número 5º, en el cual se fija la gratificación mínima que percibirán los choferes pertenecientes a empresas que exploten el servicio público de locomoción colectiva. El señor BALLESTEROS.- Facultemos a la Mesa para resolver la cuestión, porque en el texto del Código que tuvo a la vista la Comisión no figura la palabra "y"; en cambio, en el que tengo a la mano, sí. Autoricemos a la Mesa para que vea cuál es el texto que corresponde. El señor PABLO (Presidente).- El problema es muy claro. Tengo en mi poder el texto oficial del Código y en él no figura la palabra "y" que se propone suprimir. El señor PALMA.- Pero en el que tengo en mi poder, sí. El señor PABLO (Presidente).- El que tiene Su Señoría es anterior y está modificado. Por lo tanto, la Mesa no puede modificar nada. En la votación, sólo cabe pronunciarse por la afirmativa o la negativa. En votación la letra a). El señor VALENTE.- Denantes, hubo acuerdo para que pudiera fundar el voto. El señor PABLO (Presidente).- Podría dividirse la votación. El señor VALENTE.- La modificación que se introduce al inciso quinto del artículo 146 del Código del Trabajo no nos satisface y, por lo tanto, nos abstendremos de votar. Si bien es cierto aclara, en el nuevo Nº 5, que las gratificaciones corresponden también a los empleados de las asociaciones de microbuseros o agrupaciones de empresarios, en la práctica liquida una conquista que ya tiene el gremio de choferes de la locomoción colectiva particular y que no ha sido reconocida por la tolerancia del Gobierno con los empresarios. En la actualidad, esos empresarios, siempre que tengan un capital pagado superior a Eº 40.000 -que es la inmensa mayoría de los casos, porque un solo vehículo de movilización colectiva vale más-, deben pagar como mínimo dos sueldos vitales anuales de gratificación. Si el capital pagado es superior a ochenta mil escudos -y hay bastantes casos de esa especie-, deben pagar como mínimo una gratificación de seis sueldos vitales. Hay más, existe un dictamen de la Contraloría en virtud del cual se establece que los empresarios de la movilización colectiva están obligados a pagar seis vitales como mínimo de gratificación. Pero el Gobierno no ha sido capaz de imponer a los empresarios su cumplimiento y, por el contrario, los ha amparado en sus tropelías. Ahora, pretende borrar todo lo que se ha andado y establecer como mínimo una gratificación de seis vitales, como manera de burlar la ley. Y en esto sabemos que ha andado la mano del señor Ibáñez King, a quien el Gobierno presta amplios oídos. Se pretende que todos los empresarios -los pequeños, los que tienen uno o dos vehículos, y los grandes, que tienen 20 ó 30 máquinas- paguen una gratificación igual. Igual a la gratificación más baja que en estos momentos están percibiendo los choferes. Esto es un escándalo y una manera de hacer el juego a los empresarios. El Ejecutivo, a nuestro juicio, debió aclarar la ley, diciendo que también deberá entenderse que son empleados de las empresas de utilidad pública que explotan el servicio de movilización colectiva, aquellas personas que prestan servicios en tal calidad a las agrupaciones y asociaciones de empresarios, tales como inspectores, personal de garitas, etcétera. Y debió reafirmar la idea de que el artículo 146 es plenamente aplicable a la locomoción colectiva particular, que algunos han pretendido desconocer. Ahora por lo menos se garantiza un mínimo de dos vitales; pero, en todo caso, tenemos el deber de denunciar la jugada del Gobierno en beneficio de los empresarios y reiterar nuestra opinión en el sentido de que el artículo 146 del Código del Trabajo, tal como rige en este instante, debe aplicarse a los trabajadores de la movilización colectiva; y que más adelante formularemos indicaciones o materializaremos un proyecto de ley para restituirles la conquista que ahora se les arrebata con el veto. En consecuencia, nos abstendremos de votar, porque no estamos de acuerdo. El señor PABLO (Presidente).- Se establece una gratificación mínima. El señor VALENTE.- No, no dice nada. El señor PALMA.- Lo dice el texto. El señor BALLESTEROS.- Quiero contestar las observaciones formuladas por el Honorable señor Valente. El artículo 146 del Código del Trabajo garantiza una gratificación mínima. De manera que, si las utilidades de la empresa son superiores, se pagará de acuerdo con dicho monto superior. Y, según anota el Honorable señor Palma, si los convenios establecen montos distintos, habrá que atenerse a ellos, como es lógico. Por lo tanto, no es exacta la aseveración del Honorable señor Valente. Por estas razones, voto por la afirmativa. El señor VALENTE.- ¡Hay que revisar el Código de Comercio...! ¡A lo mejor, la cita está mal hecha! El señor BALLESTEROS.- Lea bien, señor Senador. El señor PALMA.- Para despejar la duda del Honorable señor Valente, leeré el fina] del inciso quinto. Dice, refiriéndose a las agencias informativas extranjeras y empresas que por su giro principal explotan servicios de utilidad pública: "...estarán obligadas, en todo caso, a distribuir anualmente a su personal una gratificación del monto mínimo siguiente", y en seguida hace la enumeración. El monto mínimo está fijado para cada una de las empresas. Ahora se agrega un número 5º, según el cual el monto mínimo de gratificación en las empresas de locomoción colectiva será de dos sueldos vitales. Si acaso en los convenios con estas líneas o empresas figura otra situación, ésta será la que rija, porque no contradice el hecho de que se fije un monto mínimo. -Se aprueba el artículo (12 votos por la afirmativa, 4 por la negativa, 4 abstenciones y 2 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto del segundo artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo, la Comisión, con una abstención, recomienda aprobarlo. -Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- En cuanto al tercer artículo nuevo del Ejecutivo, la Comisión, con tres abstenciones, recomienda aprobarlo. El señor PABLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará con los votos contrarios de los Senadores comunistas. El señor BALLESTEROS.- Y mi abstención. El señor PABLO (Presidente).- En votación. -(Durante la votación). El señor PALMA.- El objeto de la disposición propuesta por el Gobierno es financiar los gastos derivados del aumento de la planta en la Subsecretaría de Transportes, materia que ya fue aprobada en el Senado. Se trata de un gravamen por una cantidad ínfima, cuando algunas empresas de transporte hacen servicios, en especial los fines de semana, a las playas u otros lugares. La tarifa que se cobra actualmente es un décimo de sueldo vital, es decir, cincuenta escudos, lo que significa más o menos un escudo por pasajero. El señor VALENTE.- Más el pasaje. El señor PALMA.- No se trata de una cifra extraordinaria. En cambio, permite cubrir un gasto que en la actualidad carece de financiamiento. El señor GARCÍA.- Este impuesto sólo afectará a la gente más modesta, que sale, no digo a veranear, sino a pasear; porque sabemos que los omnibuses de recorrido ordinario dentro de la ciudad, no salen fuera del radio urbano para llevar a personas importantes. El señor JEREZ.- Como las de Fiducia. El señor GARCÍA.- Claro, como las de Fiducia, donde hay también bastantes pobres. El señor MONTES.- ¡Pobres de espíritu, sí! El señor GARCÍA.- ¿Por qué les duele tanto Fiducia -es una de las cosas que quisiera saber-, inclusive tratándose de un asunto que interesa mucho a la gente modesta? Quisiera saber si los señores Senadores que aquí se dicen defensores de las personas de escasos recursos de Chile creen justo gravar con un impuesto la salida de microbuses con pasajeros que van de paseo. El señor VALENTE.- Eso es distinto. El señor GARCÍA.- ¡Cómo, si aquí lo dice el artículo! "Las autorizaciones que otorga la Subsecretaría de Transportes, o las Juntas Reguladoras del Tránsito en su caso, para que los vehículos de locomoción colectiva particular, salgan de sus recorridos habituales, en viajes especiales, pagarán un impuesto...". ¿En qué consisten estos viajes especiales? Son los que realizan equipos de fútbol, deportistas, sindicatos y campesinos. Gravar con 50 escudos esos viajes es aplicar un impuesto muy alto a dichas personas. Aquí se dijo que era un impuesto mínimo. En realidad, no es así, porque tal vez puede llegar hasta dos escudos por persona; vale decir, más alto que el valor del pasaje. Por lo expuesto, nos oponemos a este gravamen y votamos que no. El señor CONTRERAS.- Votaremos negativamente esta disposición por los motivos que pasaré a explicar. En verano todos los medios de movilización se hacen insuficientes. Sabemos lo que significa para la gente de escasos recursos, especialmente para los habitantes de la ciudad de Santiago, viajar a los balnearios vecinos. Este impuesto equivale a aumentar el costo de la locomoción, como aquí se ha dicho, en una suma en apariencia insignificante: mil pesos. Pero no olvidemos que en nuestro país existe todavía un salario mínimo de ocho escudos cincuenta centésimos. Además, debemos considerar que muchas municipalidades, especialmente en la costa, cobran peaje a los omnibuses. Tenemos el caso, por ejemplo, de las Municipalidades de El Quísco y Algarrobo, que en algunas temporadas de verano cobran 50 escudos por cada vehículo. O sea, si se suma al impuesto el valor del peaje, se concluye que los pasajeros deberán pagar, además de! pasaje, un gravamen de cien mil pesos. A nuestro juicio, hay que tratar de dar facilidades a la gente que se moviliza, en especial hacia los balnearios. Si los Ferrocarriles del Estado contaran con los medios necesarios, encantados; estaríamos felices de ello. Pero la realidad que vivimos sobre todo los habitantes de Santiago es otra. Por estas razones, votamos en contra de la disposición. -Se rechaza el artículo (14 votos contra 8 y 2 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión, con una abstención, recomienda aprobar el 4º artículo nuevo, que empieza diciendo: "Facúltase al Presidente de la República, para que a contar desde el 1? de enero de 1970...". El señor PABLO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar esta observación? El señor VALENTE.- Sí, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente).- Aprobada. El señor BALTRA.- ¿Cómo, señor Presidente? El señor MIRANDA.- Su Señoría pide la venia del Senado, pero, en lugar de dirigir la vista a la Sala, mira hacia abajo. En consecuencia, no puede darse cuenta de nuestra oposición. El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra. El señor PABLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor OCHAGAVIA.- Ya está aprobada la observación, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente).- En realidad, no miré a la bancada radical. Es efectivo lo dicho por el Honorable señor Miranda. El señor OCHAGAVIA.- Entonces, Su Señoría concede la palabra al Honorable señor Silva Ulloa con la venia de la Sala. El señor PABLO (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa. El señor SILVA ULLOA.- Nosotros votamos afirmativamente este artículo propuesto por el Ejecutivo, porque lo faculta para nivelar las remuneraciones de la Subsecretaría de Transportes con aquellas de que goza el personal de la Dirección General de Obras Públicas. En verdad, esta disposición es justa, porque las remuneraciones de los funcionarios de dicho servicio no se fijaron con relación a las del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debido a que antes dependían del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Con las modificaciones introducidas a la ley, pasaron a depender del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y lo justo es que se nivelen sus rentas con las establecidas para el personal del Ministerio al cual pertenecen ahora. El señor NOEMI.- Creo que con la explicación dada por el señor Senador podemos aprobar por unanimidad la observación del Ejecutivo. -Se aprueba el artículo y queda terminada la discusión del proyecto. CONVENIO SOBRE ZONA Y DEPOSITO FRANCOS PARA MERCADERÍAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS POR PARAGUAY. El señor PABLO (Presidente).- Se ha solicitado de la Mesa preferencia para tratar el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, que figura en el decimoquinto lugar de la tabla, que aprueba el convenio para el establecimiento en Antofagasta de un depósito franco y zona franca para las mercaderías importadas o exportadas por Paraguay, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para este proyecto de acuerdo. ¿Habría acuerdo para tratarlo en los últimos diez minutos del Orden del Día? El señor SILVA ULLOA.- Para votarlo sin debate. El señor VALENTE.- Sin debate. El señor PABLO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para tratarlo sin debate? El señor OCHAGAVIA.- Pero con una explicación. El señor IBAÑEZ.- Un miembro de la Comisión podría dar una explicación al respecto y en seguida votaríamos. El señor PABLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se someterá a discusión el proyecto de acuerdo y un Senador, que podría ser el Honorable señor Silva Ulloa, dará una explicación sobre el particular. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Relaciones Exteriores, en informe suscrito por los Honorables señores Musalem (Presidente), Juliet y Reyes, recomienda a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, Sesión 24ª, en 5 de agosto de 1969. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 38ª, en 2 de septiembre de 1969. El señor SILVA ULLOA.- En realidad, el tratado comercial con la República del Paraguay está rigiendo y es indispensable establecer una zona franca y un depósito franco para los artículos de importación y de exportación del Paraguay, a fin de que pueda operar en mejores condiciones. Ya se han tomado todas las medidas del caso, pero el comercio con Paraguay, que beneficia especialmente a la provincia de Antofagasta, la cual sería el vínculo con el resto del país, no ha podido realizarse en su totalidad debido a la falta de pronunciamiento del Congreso Nacional sobre este proyecto de acuerdo. Debo hacer presente que la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad. El señor OCHAGAVIA.- ¡Muy elocuente la explicación del Honorable Silva Ulloa! Estamos satisfechos. -Se aprueba el proyecto de acuerdo. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL PAÍS. PREFERENCIA. El señor PABLO (Presidente).- El señor Ministro de Educación Pública, presente en la Sala, ha pedido a la Mesa dar preferencia al proyecto de la Cámara de Diputados que figura en segundo lugar de la tabla, sobre normas para la protección del patrimonio histórico cultural del país. El informe de la Comisión se encuentra en la Sala. El señor AGUIRRE DOOLAN.- No hay acuerdo. El señor PABLO (Presidente).- Hay oposición. CREACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde tratar en seguida el proyecto de la Cámara de Diputados que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación, que tiene trámite de urgencia. La discusión de este proyecto fue postergada, no obstante encontrarse en el primer lugar de la tabla, a fin de dar tiempo para repartir a los señores Senadores los informes de la Comisión de Hacienda y de las Comisiones de Educación Pública y de Defensa Nacional, unidas. Las Comisiones recomiendan aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados con las enmiendas señaladas en sus respectivos informes. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 16ª, en 9 de julio de 1969. Informes de Comisiones: Educación y Defensa, unidas, Sesión 39ª, en 3 de septiembre de 1969. Hacienda, Sesión 39ª, en 3 de septiembre de 1969. El señor PABLO (Presidente).- En discusión general. El señor CARMONA.- Pido la palabra. El señor PABLO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CARMONA.- ¿Hasta qué hora durará el Orden del Día? El señor PABLO (Presidente).- Hasta despachar el proyecto. Además, hay un acuerdo de los Comités para tratar en los últimos diez minutos el proyecto que modifica el artículo 15 de la ley Nº 17.154, sobre franquicias tributarias. El señor CARMONA.- Señor Presidente, el proyecto en debate, iniciado por el Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, donde actuó de Diputado informante el señor Carlos Morales. Las Comisiones de Educación Pública y de Defensa Nacional, unidas, estudiaron en forma exhaustiva el proyecto en más o menos diez sesiones. Se analizaron cada una de sus disposiciones y se llegó a la conclusión de que era una iniciativa de extraordinaria conveniencia; que era una de las bases más positivas para impulsar el deporte y, al mismo tiempo, manteniendo una estructura en cuanto a la acción del Estado, para el desarrollo de las organizaciones deportivas privadas. La filosofía del proyecto está contenida en el artículo 1°, donde se modificó la redacción aprobada por la Cámara de Diputados. Dice este artículo: "El deporte y la recreación serán estimulados por los organismos públicos conforme a las disposiciones de esta ley, con la cooperación de las organizaciones deportivas, cuya autonomía es respetada y garantizada por el Estado. "La política de deportes y recreación en el país y la coordinación de las organizaciones deportivas y de las instituciones de recreación que se relacionen con el Gobierno estarán a cargo de la Dirección General de Deportes y Recreación." Los objetivos de esta iniciativa han sido impulsados por el Ejecutivo principalmente por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y de la Dirección de Deportes del Estado, actualmente a cargo del señor Marco Antonio Rocca, quien concurrió a todas las reuniones y dio las explicaciones del caso sobre los propósitos de esta iniciativa. Como saben los señores Senadores, la legislación vigente sobre la materia ha quedado atrasada y realmente inservible frente a las necesidades actuales de desenvolvimiento del deporte y, en especial, para estimular un plan de recreación como el que se pretende impulsar mediante estas disposiciones. Por tales razones, las Comisiones unidas aprobaron por unanimidad el proyecto, que se suma a diversas iniciativas que dirigentes y parlamentarios de diversos sectores políticos del país habían propuesto anteriormente. Recuerdo haber suscrito uno de los primeros proyectos sobre la materia, hace varios años, cuando era Diputado, pero en esa oportunidad no pudimos obtener su despacho. Iniciativas similares presentadas por los Honorables señores Allende y Aguirre Doolan, que tampoco tuvieron la suerte de ser aprobadas por el Congreso Nacional, también tenían el propósito de dar impulso al deporte nacional. Tal como fue despachado el proyecto por las Comisiones de Educación y Defensa Nacional, unidas, significa en cierto modo una modificación fundamental de los propósitos que tuvo en vista la Cámara. La iniciativa despachada por esa rama del Parlamento consignaba normas sobre educación física, deporte escolar y recreación. Las Comisiones unidas prefirieron dejar de lado algunos aspectos y dedicarse exclusivamente al deporte en sí y a los fines de recreación señalados en diversas disposiciones. Estimamos que algunas normas sobre educación física y deporte escolar debían ser reglamentadas por las respectivas universidades, para lo cual se las deja en plena libertad y autonomía de adoptar las resoluciones y acuerdos que estimen del caso sobre la materia, a mi juicio, importantísima para el desarrollo de la educación física y la práctica de los deportes en el sector universitario. Por otro lado, en lo referente a la educación básica y media, se consideró preferible entregar al Ministerio de Educación Pública la regulación de estos aspectos. Al respecto, se otorga al Presidente de la República facultad para orientar tales actividades, dejando la libertad suficiente para que el reglamento de estas normas esenciales tenga la ductibilidad necesaria y no se recurra al Congreso Nacional cada vez que sea necesario modificar los planes o las prácticas o actividades deportivas desarrolladas en la educación media y básica. Este proyecto crea la Dirección General de Deportes y Recreación y concede a las organizaciones deportivas privadas una participación fundamental en ella al establecer una Comisión Nacional Asesora de la Dirección de Deportes del Estado, tanto en el plano nacional como en el regional, con los organismos deportivos correspondientes a ese nivel geográfico. Dentro de las finalidades y objetivos a que me estoy refiriendo, para no centralizar y estatizar todas las actividades deportivas, la iniciativa reconoce y respeta la autonomía de las organizaciones deportivas privadas y sólo reglamenta, a través de la Dirección de Deportes del Estado, algunas actividades que interesa específicamente impulsar. Un título especial consagra el reconocimiento de las organizaciones deportivas existentes, como el Comité Olímpico, entidad destinada a establecer y mantener las relaciones deportivas de carácter internacional, y el Consejo Nacional de Deportes, organismo que agrupa a las federaciones deportivas privadas del país. Se considera a este último el organismo rector de las federaciones adheridas a él. Al mismo tiempo, se permite que las organizaciones deportivas existentes a lo largo del país, por sus actividades, funciones y especialidades, se agrupen nacionalmente en federaciones. Desde el punto de vista geográfico, se reconoce el funcionamiento de actividades deportivas dentro de un plano fundamental, que es la comuna. Al respecto, se establece que en cada comuna debe haber un Consejo Local de Deportes. Muchos de ellos cuentan en la actualidad no sólo con el reconocimiento, sino también con el respaldo oficial. La iniciativa prevé inclusive ¡a posibilidad de que dentro de las comunas -donde suele haber poblaciones distantes unas de otras- existan varios Consejos Locales, los cuales podrán agrupar a todas las entidades deportivas de la comuna y, a la vez, organizar una dirección provincial, formando el Consejo Provincial de Deportes, que existirá en cada una de las provincias del país. Esta organización -basada más o menos en el sistema actualmente vigente al respeto- no impide al legislador admitir la existencia de otras actividades deportivas u organizaciones, respetándose así el derecho natural de asociación que tienen los ciudadanos. Me refiero a las organizaciones de barrios y muy especialmente a la ANDABA (Asociación Nacional de Aficionados de los Barrios), a la cual se da plena validez y respaldo. En lo relativo al fútbol -el deporte más popular en la actualidad-, se establece una diferencia clara y categórica entre el deporte profesional y el "amateur", reconociéndose las federaciones correspondientes y los clubes y asociaciones que forman parte de ellas, como también las asociaciones de barrios que no han tenido cabida en las organizaciones privadas a que me estoy refiriendo, y que inclusive han constituido la Asociación Nacional de Barrios. En otra de sus partes, el proyecto faculta al Presidente de la República para dictar normas especiales referentes al deporte profesional y principalmente el fútbol, respecto del cual se consignan disposiciones específicas que previamente fueron consultadas con las organizaciones respectivas, mediante la Dirección de Deportes del Estado. Se establece también -quizás por primera vez- la posibilidad de que la Dirección de Deportes del Estado tenga ingerencia directa en esta materia, con el propósito de impulsar y, al mismo tiempo, fiscalizar en cierto modo a esta actividad deportiva, que in-dudablemente es la de mayor difusión en Chile. El artículo 14 faculta al Primer Mandatario para dictar, dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de vigencia de la ley, un estatuto de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñen actividades anexas y presten servicios a un club o empresario. Como podrán apreciar los señores Senadores, esta materia dice relación, principalmente, con las actividades del fútbol profesional. El proyecto crea, además, un organismo denominado Corporación de Construcciones Deportivas. En esta parte se reemplaza la disposición despachada por la Cámara, que establecía un fondo de construcciones deportivas. Después de intenso debate, en el cual destacaron las observaciones vertidas por el Honorable señor García, se consideró más conveniente crear una corporación u organismo de derecho público con cierta elasticidad, no sometido a todas las normas administrativas relacionadas con las entidades fiscales, como es el caso de la Dirección de Deportes del Estado, para llevar adelante un plan de construcciones deportivas a lo largo del país; aprovechar los recintos y canchas en todo el territorio nacional e impulsar las actividades de este carácter. Para este efecto, se hace más expedito el procedimiento de cesión de terrenos des-tinados a la práctica de deportes en ellos. Todo este conjunto de disposiciones permitirá, por conducto de una Corporación con dirección, autonomía y patrimonio propio, que se dote a Chile, a lo largo de todo el territorio, de los campos y construcciones deportivas que la opinión pública reclama actualmente para la práctica de los deportes y la recreación. El proyecto contiene otros preceptos que no creo del caso analizar y que han sido suficientemente estudiados por las Comisiones de Educación y de Defensa Nacional, unidas. Sobre esta materia, hemos elaborado un informe en el cual -el Senado puede confiar en ello- se han tomado en cuenta tanto las aspiraciones de la ciudadanía en lo relativo a la recreación y la práctica de deportes, como la acción que pueda desarrollar el Estado sobre todas y cada una de dichas actividades. El señor PABLO (Presidente).- Debo advertir a Su Señoría que ha terminado el Orden del Día. En conformidad al Reglamento debería cerrarse el debate y pro-cederse a votar, pero como a continuación del Honorable señor Carmona están inscritos los Honorables señores Jerez, Va-lente, Aguirre Doolan y Palma... El señor MIRANDA.- ¿No existe acuerdo para despachar en los 10 últimos minutos del Orden del Día un veto del Ejecutivo? El señor PABLO (Presidente).- Esa materia se tratará con posterioridad, señor Senador. ¿Habría acuerdo para prorrogar la hora de término del debate, a fin de que puedan intervenir, por cinco minutos, todos los Senadores inscritos? El señor PALMA.- Solicité una interrupción al Honorable señor Carmona. El señor JEREZ.- Solicito diez minutos, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente).- Acordado. El señor CARMONA.- Al término de mis observaciones, concederé una interrupción al Honorable señor Palma. He ocupado cierto tiempo la atención del Senado, por haber tenido el honor de presidir la Comisión de Defensa Nacional y, junto con el Honorable señor Ferrando, de dirigir las sesiones de las Comisiones unidas, todo lo cual explica mi interés en la materia. Debo agregar que esta iniciativa del Ejecutivo ha contado con la aceptación unánime de todos los sectores representados en el Congreso Nacional. Existe consenso de parte de las colectividades políticas para desarrollar el deporte y la recreación en la forma que la opinión pública reclama. La Comisión de Hacienda estudió el proyecto desde el punto de vista de su financiamiento, y en algunos momentos más el Honorable señor Palma se referirá en detalle a este tema. Quisiera terminar manifestando que este proyecto será una base importantísima para el desarrollo del deporte en Chile. Todos los sectores de la nación han concordado en la necesidad de despacharlo cuanto antes. Estimo que esta iniciativa no sólo impulsará las actividades deportivas del país, sino, además, fomentará en especial el rubro que he señalado: la recreación, que está definida en la ley en proyecto. En cierto modo, ello se puede interpretar, no como la práctica del deporte, sino como la asistencia de los aficionados a espectáculos de esta índole en carácter de simples observadores. Puede haber una seria confusión sobre el particular. No obstante, se trata de diversificar actividades que, a mi juicio, permitirán a la nación desarrollar una política en materia deportiva, todo lo cual, en el día de mañana, redundará en beneficios para Chile, especialmente para su juventud. He concedido una interrupción al Honorable señor Palma. El señor PABLO (Presidente).- Su Señoría puede usar de la palabra por cinco minutos. El señor PALMA.- Seré muy breve. El señor GARCÍA.- Le pido que no lo sea tanto, señor Senador, y nos explique en qué consisten las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda al proyecto en debate. El señor PALMA.- Señor Presidente, este proyecto -uno de los más importantes que hemos estudiado en la actual legislatura- tiende a organizar en forma definitiva las actividades deportivas y recreativas de nuestro país. En algunas naciones, por la importancia que se da a aquéllas, existen inclusive Ministerios de Deportes y de la Juventud. En Chile se creó, durante el Gobierno de don Gabriel González Videla -en 1948-, un departamento de deportes dependiente del Ministerio de Defensa. Las disposiciones de esta iniciativa implican la creación de ciertos organismos - algunos compuestos por funcionarios "full time"; otros, exclusivamente por voluntarios-, entre ellos uno muy especialísimo: la Corporación de Construcciones Deportivas. Todo este conjunto de normas necesitaba, lógicamente, un financiamiento adecuado. La Comisión lo aprobó en forma unánime -asciende a 28 millones de escudos-, sobre las siguientes bases: aumento en pequeña proporción del porcentaje del impuesto aplicado al alcohol potable; recargo en el precio de las entradas a los espectáculos del fútbol profesional ; aumento del gravamen a los premios mayores de la Lotería de Concepción y Polla Chilena de Beneficencia; un aporte del presupuesto, fijado para este año en 8 millones de escudos, y que en los siguientes será mayor, y una cuarta parte del producto del impuesto a los vinos licorosos, que hoy día se destina a gastos generales de la nación. Se obtiene de esa manera un financiamiento cercano a 28 millones de escudos, recursos que, de acuerdo con la información proporcionada en la Comisión por el Director de Deportes del Estado, permitirán financiar en buena forma el plan detallado de manera tan completa por el Honorable señor Carmona. En cuanto a los organismos señalados en la iniciativa de ley, se trata de los ya existentes. Sólo se aumenta el número de funcionarios y, de manera muy reducida, sus actuales remuneraciones. Por ejemplo, la Dirección de Deportes del Estado incrementa su planta en solamente 8 personas. Como es evidente, el costo sube, porque los empleados tendrán otra categoría: todo el personal que se contratará será asimilado a las respectivas categorías de la Administración Pública. También se incluye dentro de él a quienes administran al Estadio Nacional, dependiente del Ministerio de Educación, que, para los fines de esta ley en proyecto y de la política general en materia deportiva, será incorporado al organismo creado en virtud de la futura legislación. A mi juicio, el financiamiento aprobado por la unanimidad de la Comisión permitirá el desarrollo de la actividad deportiva en las condiciones que está exigiendo la ciudadanía. Creo que todos los Senadores hemos recibido comunicaciones de los organismos deportivos de la nación, mediante las cuales apoyan entusiastamente la iniciativa en debate. Por lo tanto, debido al escaso tiempo de que disponemos y a que todas las normas relativas al financiamiento se acogieron por unanimidad en la Comisión pertinente, estimo que la Sala podría adoptar igual criterio y aprobarlas de inmediato. El señor JEREZ.- Señor Presidente, las explicaciones dadas por los Honorables señores Carmona y Palma me ahorran una exposición detallada acerca del proyecto en debate. Esta iniciativa, como señaló el Honorable señor Palma, contó con el apoyo y la cooperación de todos los señores Senadores en las Comisiones de Defensa Nacional y de Educación, unidas. Aun cuando no se trata de un conjunto perfecto de disposiciones, contribuirá a racionalizar la práctica del deporte, financiará de manera más adecuada los organismos estatales que deben darles su tuición y, al mismo tiempo, permitirá mayor participación de los sectores populares en las actividades de esa índole. Por tales motivos, en esta oportunidad me referiré tan sólo a dos indicaciones que presentamos en la Comisión. Una de ellas interesa a los deportistas -por lo menos, a los aficionados al fútbol- y la otra está relacionada con la situación de los parlamentarios y demás personas que gozan de entradas liberadas a los recintos deportivos dependientes de entidades públicas, como es el caso del Estadio Nacional. La primera se refiere a las transferencias de futbolistas chilenos a entidades extranjeras. En Chile, el deporte del fútbol ha comprometido el interés de amplias capas de la opinión ciudadana. Mediante esa indicación pretendemos poner término a una práctica bastante lesiva para el interés de nuestro fútbol y del aficionado. A raíz de la valoración que experimentan algunos jugadores por su gran categoría como deportistas, muchas instituciones de otros países se interesan por sus servicios y los contratan, con lo cual se resiente la capacidad de nuestro seleccionado nacional. Por ejemplo, con motivo de las eliminatorias para el campeonato mundial, el equipo chileno no pudo contar con la participación de dos o tres destacados jugadores que actúan en equipos extranjeros, quienes, aun cuando por tal causa no se encontraban en actividad -el fútbol nacional estaba suspendido en casi todos los países-, se vieron imposibilitados para defender los colores de Chile. Por lo tanto, hemos propuesto que, en todos los contratos celebrados por clubes chilenos que transfieran jugadores a instituciones futbolísticas extranjeras, se consigne una cláusula obligatoria, en virtud de la cual se establezca que los deportistas en esas condiciones quedarán a disposición de los equipos seleccionados chilenos cuando lo requiera el interés de nuestro fútbol nacional. La segunda indicación tiende a suprimir las entradas liberadas. No tengo muchas ilusiones en cuanto a que pueda ser aprobada, porque algunos señores Senadores me expresaron que no son masoquistas en tan alto grado. Personalmente, no analizo el problema en forma ligera. Cuando tengo tiempo voy al fútbol. Voy al estadio siempre que hay un encuentro internacional, clásicos universitarios y, en especial, cuando actúa el club Colo Colo, que es el equipo de mis preferencias. No hemos podido obtener una cifra concreta acerca del número de entradas liberadas en el Estadio Nacional. Se nos dice que son dos mil, dos mil quinientas o tres mil, y de ellas hacen uso los parlamentarios -que tenemos una tribuna especial-, funcionarios públicos, dirigentes deportivos y, en algunas oportunidades, estudiantes, dirigentes deportivos de provincias y personas modestas aficionadas al deporte, pero que carecen de dinero para pagar su ingreso a ese campo deportivo. Estamos conscientes de que con esta indicación no solucionaremos el problema de financiamiento del deporte en Chile, pero presentaremos una imagen purificada del Congreso. A nuestro juicio, los parlamentarios gozamos de algunas franquicias justificadas -pasajes liberados en LAN y en Ferrocarriles del Estado-, pues tienen atinencia con el cumplimiento de nuestro mandato; no obstante, existen otras, como aquella a que se refiere la indicación, que carecen de relación con el cumplimiento de nuestras funciones legislativas y que, en el fondo, contribuyen a horadar el prestigio del Parlamento, haciendo aparecer a los congresistas como disfrutando de una serie de granjerias que, ante la opinión ciudadana, desprestigian el ejercicio del cargo. Por esa razón, primero en compañía de los Honorables señores García y Carmona, y luego junto a ellos y al Senador señor Olguín, reiteramos ante la Comisión de Hacienda la indicación destinada a suprimir las entradas liberadas, no sólo de los parlamentarios, sino de todos los funcionarios públicos y demás personas que gozan de ellas. En algunas oportunidades, esta concesión ha dado origen a críticas por organismos de prensa y por la opinión pública en general. Aún más: ni siquiera liquidamos de raíz el problema, pues establecemos un derecho a opción para los parlamentarios y demás usuarios, a fin de que, cuando deseen presenciar un espectáculo deportivo, puedan reservar sus entradas y pagarlas de acuerdo con un convenio celebrado con la administración del Estadio Nacional, que será muy fácil de establecer. Pero no deseamos que ocurra lo que en la actualidad. Yo mismo, que me intereso por el deporte -especialmente por el fútbol-, no siempre voy al estadio. Entonces, ¿quién usa mi entrada y las de muchos parlamentarios que tenemos ese derecho generalizado? Los parientes, los amigos, la gente que viene de provincias, el portero del edificio donde uno vive, personas que, en definitiva, carecen de derecho para hacerlo. Así, ellos gozan de una franquicia que se nos otorga en virtud de un acuerdo existente con el Estadio Nacional, por benevolencia del Ministerio de Educación, organismo de quien depende ese campo deportivo. Por razones que está de más explicar, exceptuamos el palco asignado al Presidente de la República. Por último, en la indicación planteamos que los recursos que se obtengan por concepto de entradas que usamos hoy día en forma liberada se destine por partes iguales a la Dirección General de Deportes y Recreación -entidad que se crea mediante esta ley en proyecto-, al Consejo Nacional de Deportes, a los consejos locales de deportes del país y al fomento del deporte en la población escolar. En presencia del Director de Deportes del Estado -persona que conoce la materia-, calculamos que por tal concepto se recaudarían aproximadamente 650 mil escudos al año, suma no despreciable si consideramos que se trata de fomentar la práctica del deporte, que hasta ahora ha contado con notoria escasez de recursos. Por eso, diez parlamentario insistimos en la referida indicación, que se rechazó primero, por empate, en las Comisiones de Defensa Nacional y de Educación, unidas, y después, por mayoría de votos, en la de Hacienda. Nos parece que la indicación contribuye, en primer lugar, a que concurran al Estadio las personas poseedoras de este tipo de entradas, como los parlamentarios y funcionarios que realmente tengan interés en el deporte, y pagando su entrada. Asimismo, terminará con la corruptela de que este beneficio favorezca a personas sin derecho alguno para ello. Por último, creemos que ayudará a recaudar recursos para el deporte, cuya escasez es una de las razones por las cuales sus actividades no se han desarrollado en forma adecuada en el país, impidiendo su necesaria expansión. El señor VALENTE.- El proyecto de ley que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación, contiene una serie de normas destinadas a reglamentar e impulsar las actividades deportivas, de la educación física y de la recreación, fijando una política de desarrollo y estímulo de estas disciplinas y coordinando la labor de las organizaciones a cuyo cargo están esas actividades. Se crean y se otorgan amplias facultades a la Dirección General de Deportes y Recreación, como las de fomentar las actividades deportivas nacionales de aficionados y profesionales, ejercer la fiscalización de ellas, distribuir los subsidios y recursos que se otorguen al deporte nacional, fiscalizando su inversión; fomentar y realizar planes de recreación que permitan a la ciudadanía el sano aprovechamiento de las horas libres en actividades de contacto con la naturaleza y otras que procuren el descanso y contribuyan a enriquecer el perfeccionamiento físico y su desarrollo cultural y cívico; participar en el otorgamiento de personalidad jurídica a las instituciones deportivas, administrar los campos de juego, gimnasios, piscinas, y otros establecimientos destinados a la práctica de deportes; controlar y fijar las normas y condiciones de salud a las que debe sujetarse la práctica de los deportes y dictar las normas para el control médico periódico de los deportistas; autorizar las giras de delegaciones deportivas al extranjero y promover la venida al país de grupos de igual índole; otorgar premios, organizar certámenes y concursos nacionales o locales para estimular el uso útil del tiempo libre en actividades recreativas y, en general, realizar todo tipo de estudios, planes y programas que propendan al desarrollo y fomento de estas actividades. El proyecto también da vida a la Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación en la que se ha dado representación a los más vastos sectores de la actividad deportiva, de la educación física y de las actividades conexas. Preside esta Comisión el Director General de Deportes y Recreación, y la integran representantes del Departamento de Educación Física del Ministerio de Educación, de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, los directores de las escuelas o institutos docentes de nivel superior de educación física y deportes; de los profesores de educación física; del Comité Olímpico, del Consejo Nacional de Deportes; de las federaciones deportivas nacionales, de los consejos provinciales de deportes, de las federaciones deportivas escolares, del fútbol "amateur"; de la Asociación Central de Fútbol, de la Asociación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios (ANDABA), de los periodistas, de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y de la Sociedad Chilena de Sicología, de la Central Única de Trabajadores, de las municipalidades, etcétera. Podemos decir que es un consejo representativo, ya que todas las instituciones relacionadas con estas actividades podrán hacer oír sus opiniones y planteamientos dentro de este organismo. Las modificaciones que se introdujeron al Consejo en las Comisiones unidas del Senado ampliaron considerablemente esta representatividad. El proyecto también reglamenta la actividad y las atribuciones de las diversas organizaciones deportivas, como el Comité Olímpico, el Consejo Nacional de Deportes, las federaciones deportivas nacionales, los consejos locales de deportes, los clubes deportivos, y determina, asimismo, la coordinación de estos organismos con las municipalidades, juntas de vecinos, sindicatos y todas aquellas organizaciones comunitarias y de trabajadores. También se aborda la situación del deporte profesional, aunque sin incorporar al texto del proyecto los artículos correspondientes. La iniciativa se limita a otorgar facultades al Presidente de la República para dictar el Estatuto del Deportista Profesional y las normas especiales por las que deberán regirse esas actividades. Cabe mencionar como uno de los aspectos sobresalientes del proyecto, las disposiciones que establecen las relaciones entre los deportistas y trabajadores profesionales del deporte con los clubes deportivos y empresarios contratantes, como asimismo, la incorporación de los deportistas y los trabajadores del deporte al régimen de previsión social, del que hasta ahora carecían. Se dispone en su articulado el reconocimiento del tiempo servido en las actividades a que se referirá el Estatuto del Deportista Profesional, para todos los efectos y beneficios previsionales, lo que constituye una positiva conquista de los deportistas profesionales, especialmente. Se crea, además, la Corporación de Construcciones Deportivas, que tendrá a su cargo la adquisición de terrenos, la construcción, arrendamiento, habilitación, reparación de edificios e instalaciones destinados a la práctica del deporte, y de las actividades recreativas. Se aborda también la situación del personal de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas, incorporándose la planta del personal al proyecto en virtud del párrafo 6° de la iniciativa, y se reconoce su condición jurídica, régimen previsional y económico y su asimilación a la calidad de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. Por último, se plantea el financiamiento sobre la base del aumento de algunas tasas de impuestos, del aporte de las municipalidades del país, de carreras extraordinarias del Hipódromo Chile y Club Hípico de Santiago, del aumento del valor de las entradas a los espectáculos deportivos y de aportes estatales o de otra procedencia. Discrepamos con el financiamiento dado al proyecto, pues debió buscarse otras fuentes de recursos menos onerosas para la generalidad de la población que dispone de menores recursos. En general, nos parece un proyecto bueno, mejorado substancialmente en su trámite por el Senado; democratizado en la representatividad del Consejo y de los organismos básicos; notablemente más coordinado que el proyecto despachado por la Cámara, con disposiciones que constituyen verdaderas conquistas y aspiraciones de los deportistas profesionales y "amateur", como es el caso de la previsión social, de los contratos y convenios entre el deportista profesional y su club o el empresario, y el indispensable control médico permanente y periódico, que hasta ahora ha estado ausente en las prácticas deportivas, con grave perjuicio para la salud del deportista por el descontrol, indisciplina e improvisación que hoy día se advierte en estas vitales actividades. Los Senadores comunistas votaremos a favor del proyecto en general. Las observaciones que nos merecen muchas de sus normas las haremos presentes en la discusión particular. Al respecto, cabe dejar constancia de que hemos formulado las indicaciones correspondientes para mejorar la iniciativa. El señor AGUIRRE DOOLAN.- El proyecto en discusión dispone una serie de medidas muy interesantes y novedosas que constituyen el punto de partida de una legislación sobre deporte, educación física y recreación. En él se condensan, como lo manifestó el Honorable señor Carmona, que actuó como Senador informante, las ideas de otras iniciativas, como la del mismo Honorable colega, la presentada por el Senador que habla en 1962 y una patrocinada con posterioridad por el Honorable señor Allende. El Supremo Gobierno las ha acogido en su mayor parte, ya que favorecen ampliamiento al deporte nacional. Mediante la iniciativa en debate se rinde un homenaje a las actividades deportivas de todos los niveles, a la labor de la Dirección General de Deportes y al Comité Olímpico. Recuerdo que en 1962, al presentar el proyecto a que me referí -muchas de cuyas normas fueron acogidas por la iniciativa del Ejecutivo y han sido estudiadas en forma minuciosa por las Comisiones de Defensa y Educación, unidas, y por la de Hacienda-, se subrayó la necesidad de que los parlamentarios dedicaran sus mejores esfuerzos a satisfacer un anhelo de la ciudadanía nacional, en especial de los deportistas. En vista del interés que el proyecto ha despertado en todo el país y de que las intervenciones anteriores coinciden plenamente con el criterio de los Senadores radicales sobre el deporte nacional, lo votaremos afirmativamente en general. Cabe hacer presente, sin embargo, que, por desgracia, los recursos asignados para ponerlo en marcha son insuficientes. Con posterioridad podrán formularse indicaciones tendientes a otorgar más fondos a la Dirección General de Educación Física y Recreación, a fin de que su labor se extienda a todos los sectores. Los Senadores radicales expresamos nuestra satisfacción porque el proyecto, en el hecho, ayuda y respalda a todos los que dirigen las actividades deportivas o participan en ellas con entusiasmo y, en especial, a la Dirección General de Deportes y al Comité Olímpico. Tanto el Honorable señor Morales, en la Comisión de Defensa, como el señor Bossay, en la de Hacienda, estuvieron atentos a prestar su apoyo al despacho del proyecto. El señor GARCÍA.- Hago mías las expresiones de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. El importante proyecto en debate ha contado con la ayuda de todos los sectores del Congreso. Me referiré a los puntos que han merecido alguna discusión. En primer lugar, pido que el Senado medite antes de votar la indicación que presenté en compañía del Honorable señor Jerez. Nuestro propósito es suprimir la gratuidad de dos mil de las cuatro mil entradas liberadas al Estadio Nacional; mas para ello, el Senado y sus miembros deben ser los primeros en desprenderse de ese privilegio. Es decir, deben correr la misma suerte que los demás favorecidos. Espero que las palabras del Honorable señor Jerez hayan influido en el ánimo de los señores Senadores. Con los 650 mil escudos así recaudados se pueden construir canchas, por ejemplo. ¡Esa es la cantidad que se obtendrá, según los cálculos hechos en la Comisión, por la venta de ese tipo de entradas! El segundo problema a que deseo referirme concierne a la exención de la parte fiscal del impuesto territorial a los predios baldíos que sus dueños faciliten gratuitamente a la Dirección General de Deportes y Recreación. De esta manera en los barrios, en los pueblos pequeños, en los lugares apartados, los futbolistas, los basquetbolistas, en fin, los deportistas en general, tendrán oportunidad de practicar sus deportes predilectos en terrenos abandonados. Esta norma, contenida en el artículo 40, tiende a hacer efectiva una honda aspiración de los clubes de fútbol de los barrios: aprovechar esos predios para desarrollar sus actividades deportivas. Con tal objeto se establece todo un sistema de estímulos para las personas que faciliten los terrenos, consistente en eximirlos del pago de la parte fiscal del impuesto a los bienes raíces, al mismo tiempo que se les da oportunidad de recuperar esos terrenos después de tres años a fin de destinarlos a los fines para los cuales fueron primitivamente adquiridos. Sin embargo, considero inexplicable la supresión de estas palabras en el precepto: "...mientras sean ocupados por la misma o por clubes deportivos...". Yo quisiera que el señor presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Palma, me explicara por qué la Comisión de Hacienda suprimió las palabras "o por clubes deportivos" en el inciso del artículo 40 que exime de la parte de beneficio fiscal del impuesto territorial a los predios, o de la parte proporcional de ellos, que se faciliten gratuitamente a la Dirección General de Deportes, mientras ésta los ocupe o los entregue a clubes deportivos. ¡Si para eso los necesita la Dirección de Deportes del Estado! El señor SILVA ULLOA.- ¿Me permite, Honorable colega? El señor PALMA.- Esa supresión tiene por objeto evitar una redundancia. La frase decía: "Clubes deportivos o entidades deportivas". Clubes o entidades son lo mismo. El señor GARCÍA.- Quedo perfectamente satisfecho con la explicación. Así, pues, los clubes de barrio podrán ocupar esos terrenos, siempre que se les entregue la Dirección de Deportes. Eso es todo, señor Presidente. Me alegro mucho del ambiente con que ha recibido el Senado este proyecto de ley. El señor SILVA ULLOA.- En forma muy breve quiero hacer presente que nosotros votaremos favorablemente el proyecto, al igual que procedimos en la Cámara de Diputados y como lo hemos hecho en las Comisiones unidas de Educación y Defensa, y en la de Hacienda, porque es nuestro propósito entregar a las actividades deportivas del país un instrumento legal que les signifique un estímulo. Estamos conscientes de que no se trata de una legislación completa, pues tiene vacíos que la práctica nos enseñará cómo deben corregirse, y de que carece de financiamiento adecuado para toda la actividad deportiva que debe desarrollarse en el país. Pero conscientes también de que, en este momento, no pueden imponerse mayores sacrificios de orden tributario, hemos optado por entregar nuestros votos favorables a una iniciativa que, a nuestro juicio, debe convertirse en ley cuanto antes. En las exposiciones de motivos de los diferentes informes elaborados con relación al proyecto, queda testimonio fehaciente de cómo hemos aportado, al igual que los demás Diputados y Senadores que en él han intervenido, todo nuestro interés para convertirlo en realidad. Me parece una feliz coincidencia que el Senado despache esta tarde, en segundo trámite constitucional, esta iniciativa, porque hace pocos días -el 29 del mes pasado- Chile ha alcanzado una distinción unánime en el concierto del deporte panamericano: nuestra patria será sede de los Juegos Panamericanos de 1975. Ello merece también el reconocimiento de este poder público. Por eso, aprovecho la oportunidad para solicitar que todos los Comités que lo deseen -entiendo que ésta es la práctica en el Senado- dirijan una nota de felicitación al Consejo Nacional de Deportes y al Comité Olímpico de Chile por el éxito alcanzado en la reunión celebrada hace pocos días en Cali, que significa, para nosotros, la responsabilidad de organizar un torneo de tanta importancia. El señor PABLO (Presidente).- Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, daré por aprobado en general el proyecto. Acordado. Señores Senadores, han llegado quince indicaciones. El plazo para despachar la iniciativa vence mañana. Por lo tanto, citaré al Senado a sesión para mañana, a partir de las ocho de la noche, a fin de despacharlo en particular, en atención a que ya conocemos las modalidades de la iniciativa, con informe de Comisión o sin él. El señor SILVA ULLOA.- Que pase sólo a la Comisión de Hacienda. El señor JEREZ.- Como el proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad en las diferentes Comisiones que lo han estudiado, y como, por lo demás, muchas de sus disposiciones contienen conceptos de carácter general, me permito sugerir a la Mesa que se sirva recabar el asentimiento de la Sala para que se voten solamente las indicaciones y, en seguida, los artículos respecto de los cuales se pida votación, y que los demás se den por aprobados. El señor PABLO (Presidente).- Mañana, al iniciarse la discusión particular, someteré a la Sala la proposición de Su Señoría. El señor JEREZ.- ¿Y si no preside Su Señoría? El señor PABLO (Presidente).- Quien me reemplace cumplirá con su deber. El señor ALLENDE.- ¿Qué ocurrirá, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente).- Mañana se despachará el proyecto, porque se le han formulado quince indicaciones. Para que la Comisión pueda informar, deberíamos autorizarla a reunirse paralelamente con la Sala. El señor CARMONA.- ¿A cuál Comisión se enviará el proyecto? ¿A las de Educación y Defensa unidas? El señor PABLO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para autorizar a las Comisiones unidas para trabajar simultáneamente con la Sala durante el día de mañana? El señor LUENGO.- Mañana no. Se vota la reforma constitucional. El señor PABLO (Presidente).- Pero sólo se discutirá en general. El señor PALMA.- ¿De qué tipo son las indicaciones? El señor CARMONA.- ¿No hay indicaciones sobre financiamiento? El señor MONTES.- No hay ninguna. El señor JEREZ.- Ninguna incide en el financiamiento. El señor PABLO (Presidente).- Parece que no. Son muy largas, pero, al parecer, ninguna se refiere a financiamiento. ¿Habría acuerdo para que mañana se reunieran las Comisiones unidas simultáneamente con la Sala mientras ésta discute en general la reforma constitucional? Acordado. El señor NOEMI.- Señor Presidente, el Honorable señor Silva Ulloa ha solicitado enviar sendas comunicaciones al Consejo Nacional de Deportes y al Comité Olímpico, felicitándolos por el éxito logrado al obtener que Chile sea designado sede de los Juegos Panamericanos de 1975. Adhiero a esa felicitación y le solicito, señor Presidente, que requiera el asentimiento de la Sala... El señor PABLO (Presidente).- Se enviará la solicitud a los Comités. El señor LUENGO.- Mi Comité también adhiere. El señor GARCÍA.- También nosotros. El señor PABLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviarían las comunicaciones en nombre de los distintos Comí-tés del Senado. El señor ALLENDE.- De todos. El señor PABLO (Presidente).- Acordado. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DEL PAÍS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse en el estudio del proyecto de ley de la Cámara de Diputados, cuya urgencia vence el 6 de septiembre, que fija normas para la protección del patrimonio histórico cultural del país. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 54ª, en 6 de mayo de 1969. Informe de Comisión: Educación, Sesión 39ª, en 3 de septiembre de 1969. El señor PABLO (Presidente).- En votación general el proyecto. El señor JEREZ.- ¿No hay discusión? El señor PABLO (Presidente).- No, señor Senador. Se cerró el debate. Si a la Sala le parece, lo daré por aprobado. Aprobado. El señor FIGUEROA (Secretario).- Hasta este momento, se ha formulado una sola indicación, que debe tratarse de inmediato. La firma el Honorable señor Jerez y tiene por objeto agregar al artículo 12, como inciso segundo, el siguiente: "Para el solo efecto de esta disposición, se considerará monumento histórico toda construcción o edificio fiscal, municipal o particular cuya construcción date con anterioridad al año 1900". El señor JEREZ.- ¿Podría explicarla, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra por cinco minutos al Honorable señor Jerez. El señor JEREZ.- Señor Presidente, el artículo 12 dice lo siguiente: "Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas". ¿A qué voy, señor Presidente? Por desgracia, nuestro patrimonio cultural artístico e histórico es muy escaso: ha sido prácticamente descuidado. Celebro esta iniciativa porque permitirá poner término a una situación caótica y vergonzosa respecto de lo que es la verdadera tradición de Chile, de lo que vale la pena conservar. Vemos, por ejemplo, cómo Santiago se está remodelando: se destruyen edificios que son el último recuerdo de épocas arquitectónicas que a los chilenos no conviene perder en su totalidad. Estoy pensando en las casas antiguas de los fundos. Cualesquiera que sean la política agraria que se aplique y el destino social que debe darse a la tierra, debe tenerse el criterio sereno para entender que tales conceptos no se oponen a la conservación de las construcciones antiguas, que sólo fueron patrimonio de los patrones, de los señores feudales, y que hoy día, a nuestro juicio, han de pasar a ser patrimonio nacional para ser gozadas por el pueblo, por la gente que tenga verdadero interés en contemplar esas reliquias de nuestra tradición. ¿Qué puede ocurrir si en este momento no se agrega la disposición que propongo? Que cualquier propietario de inmueble antiguo lo enajene, modifique, destruya o demuela. Mi propósito es que se prohiba actuar así; no se trata de que toda construcción que date de 1900 o de fecha anterior sea declarada monumento histórico, sino que así se considere para el solo efecto del artículo 12, con el objeto de que se pida la autorización correspondiente al organismo que se crea, de modo que ningún propietario -sea el inmueble fiscal, particular o municipal- destruya o modifique lo que a la larga puede ser un elemento del patrimonio cultural que debemos conservar. Ese es el sentido de mi indicación, que me parece conveniente aprobar porque complementa el proyecto en uno de sus aspectos más importantes. El señor PACHECO (Ministro de Educación Pública).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al señor Ministro. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor PACHECO (Ministro de Educación Pública).- Señor Presidente, hace un momento el Honorable señor Jerez me dio a conocer su indicación. He estado analizándola y me parece que, aunque de contenido profundo, resulta bastante delicada en su alcance, de modo que debe pesarse serenamente antes de pronunciarse sobre ella. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de Monumentos Nacionales podrá intervenir impidiendo que tos inmuebles sean destruidos, transformados o reparados, en virtud de que ellos son monumentos nacionales. Pero según la indicación del Honorable señor Jerez, deberá considerarse para ese efecto -para que no pueda destruirse, transformarse o enajenarse sin previa autorización del Consejo- cualquiera propiedad que haya sido construida antes de 1900. En consecuencia, dicho Consejo tendría tuición sobre la totalidad de los inmuebles construidos antes de 1900, y el trabajo que le significaría estar dando o denegando la autorización de que se trata sería de tal magnitud que excedería las posibilidades de un organismo eminentemente técnico como ése, lo cual entrabaría enormemente su trabajo y la puesta en práctica de tal disposición. Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 7º y del Título III, existe la posibilidad de que el Consejo de Monumentos Nacionales actúe de oficio o, inclusive, a petición de cualquier particular, para declarar monumentos nacionales aquellos inmuebles que realmente tengan valor arquitectónico. Para esos casos especialísimos regiría la norma del artículo 12, pero no en carácter general. El señor PABLO (Presidente).- En votación la indicación del Honorable señor Jerez. El señor MONTES.- Señor Presidente, de la lectura de la indicación del Honorable colega, no he logrado captar su exacto alcance, pero tengo entendido que su propósito es que todos los edificios o construcciones que daten del año 1900 ó de antes estén bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, para los efectos de que se autorice o rechace su demolición. No sé si esa indicación, que me parece interesante, podría modificarse en el sentido de dar al Consejo de Monumentos Nacionales la atribución de realizar una especie de encuesta acerca de ese tipo de edificios, con el objeto de que en plazo determinado -uno o dos años- pueda declarar cuáles edificios serán considerados monumentos históricos. Esa podría ser una fórmula para precisar las atribuciones del Consejo en el aspecto abordado por el señor Senador. Si pudiera concretarse de esa manera la idea del Honorable señor Jerez, me parecería aceptable. De otro modo, estimo que podría traer confusión y crear más dificultades que dar solución al problema, toda vez que en el texto del proyecto se establecen determinadas normas que permiten al Consejo declarar monumento nacional determinadas obras a solicitud de cualquier organización o persona. Por otra parte, observo que en el Título II se habla del "Consejo de Monumentos Nacionales". Creo que debería decir ''Consejo para Monumentos Nacionales", porque eso parece ser y no un "consejo de monumentos". No sé si será posible formular indicación para modificar la forma. En concreto, propongo enmendar la indicación formulada por el Honorable señor Jerez, en el sentido de dar atribuciones al Consejo de Monumentos Nacionales y otorgarle un plazo de doce meses para establecer qué edificios, de los que existían con anterioridad a 1900, pueden ser declarados monumentos nacionales. Me abstengo. El señor JEREZ.- En el deseo de no crear al señor Ministro más problemas de los que ya tiene, estoy dispuesto a retirar la indicación, aun cuando me parece que valdría la pena considerar la idea planteada por el Honorable señor Montes y facultar a la Mesa para redactar una indicación, juntamente con el señor Ministro de Educación, que permita recoger el contenido de lo que yo he señalado -perdónenme los señores Senadores que lo diga-, que es valioso, pues tengo la absoluta seguridad de que, si no se procede de ese modo, en algunas oportunidades se llegará tarde cuando se pretenda declarar monumento nacional determinado edificio, ya que la gente dispondrá libremente de él. Para obviar el debate, si fuera aceptada por la Sala mi proposición, creo que lo conveniente sería facultar a la Mesa para dar al precepto la redacción adecuada, conforme al espíritu de lo planteado por el Honorable señor Montes. El señor PABLO (Presidente).- Su Señoría debe votar a favor o en contra de la indicación. El señor Ministro puede acoger la idea sugerida y proponer en el veto lo que estime pertinente, sobre la base de un mayor estudio. El señor PALMA.- Retire la indicación, Honorable colega. El señor PABLO (Presidente).- El señor Ministro considerará las ideas señaladas. El señor REYES.- Que intervengan las municipalidades en el estudio, pues son ellas las que disponen de los edificios. El señor JEREZ.- No tengo inconveniente en retirar la indicación siempre que el señor Ministro, en la reglamentación correspondiente, consigne la idea expuesta, con el objeto de aplicarla. El señor PABLO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder al retiro? Acordado. Terminada la discusión del proyecto. DEROGACIÓN DEL ARTICULO 15 DE LA LEY Nº 17.154 SOBRE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- De conformidad con el acuerdo de Comités, corresponde tratar un informe de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que deroga el artículo 15 de la ley Nº 17.154, que estableció un nuevo requisito para la importación de determinados artículos. La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Palma (presidente), Ballesteros, Bossay y Silva Ulloa, recomienda a la Sala adoptar los acuerdos contenidos en el boletín respectivo. La mayoría de los acuerdos fue adoptado por la unanimidad de los miembros asistentes. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones eme se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 15ª, en 8 de julio de 1969. En cuarto trámite, sesión 21ª, en 23 de julio de 1969. Observaciones en segundo trámite, sesión 37ª, en 27 de agosto de 1969. Informes de Comisión: Hacienda, sesión 17ª, en 15 de julio de 1969. Hacienda (segundo), sesión 18ª, en 16 de julio de 1969. Hacienda (veto), Sesión 39ª, en 3 de septiembre de 1969. Discusión: Sesión 17ª, en 15 de julio (se aprueba en general); 18, en 16 de julio (se aprueba en particular), y 21ª, en 23 julio de 1969 (se aprueba en cuarto trámite). El señor PABLO (Presidente).- En discusión genera] y particular las observaciones del Ejecutivo. El señor MIRANDA.- Señor Presidente, los primeros artículos observados tuvieron origen en una moción de la Honorable señora Campusano, de los Honorables señores Silva Ulloa y Chadwick y del Senador que habla, formulados como indicación a esta iniciativa que deroga el artículo 15 de la ley 17.154. Respecto del artículo 1º, hubo acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, de modo que pasa a ser ley. En los artículo 2º, 3º y 4º se estatuyen normas de carácter genera] destinadas a condonar intereses penales, multas y recargos que gravan diversos impuestos y contribuciones adeudadas al Fisco o a las municipalidades al 30 de junio del año en curso. El veto establece normas respecto de la aplicación de dichas disposiciones y sobre las facilidades que mediante ellas se otorgan a los contribuyentes, según sea el plazo en que deban pagarse las contribuciones adeudadas. El veto al artículo 2º establece una norma de excepción para Atacama, Coquimbo, Maule, el departamento de Petorca, de la comuna de Putaendo, en la provincia de Aconcagua, y para la comuna de Puchuncaví, en la provincia de Valparaíso: el derecho a acogerse al 100% de la condonación de los intereses, recargos, sanciones y multas de cualquiera especie devengados a la fecha de la suscripción del convenio, siempre que los contribuyentes se atengan a ciertas condiciones señaladas en el inciso 2º. Tal beneficio es absolutamente justo, porque, como es sabido, las zonas señaladas en el precepto han sido afectadas por una prolongada sequía, situación que ha hecho caer en mora a los contribuyentes. No deseo entrar en mayores detalles en torno de esta disposición, pues el tiempo de que disponemos para el debate es breve. El inciso siguiente consigna un beneficio similar al anterior, consistente en otorgar facilidades a los deudores de imposiciones a las diversas cajas de previsión. Por desgracia, el Ejecutivo observó también el artículo 5º del proyecto despachado por el Congreso, en virtud del cual, por iniciativa de los Senadores mencionados, se otorgaba un préstamo de carácter extraordinario y excepcional a los imponentes de las provincias de Atacama y Coquimbo, afectadas por la sequía, y a los jubilados y beneficiarios de montepío que acrediten domicilio en dichas provincias durante el último año. Tal préstamo sería dos meses de sus remuneraciones, incluidas las asignaciones familiares. El Gobierno -repito- vetó la disposición y propuso sustituirla por la que figura en el texto correspondiente. La Cámara rechazó el veto, pero no reunió el quorum necesario para insistir y, en consecuencia, cualquiera que sea la determinación del Senado al respecto, ella no producirá efectos jurídicos. Deploro la actitud del Ejecutivo, pues priva a los imponentes de esas provincias de una justa expectativa en esta materia. Lo deploro, en especial, porque en oportunidades anteriores, cuando se produjeron situaciones semejantes, se legisló de manera similar. Los préstamos fueron otorgados en las mismas condiciones que establecía este proyecto; se pagaren en forma oportuna, con el interés señalado, y sirvieron' para paliar en sectores modestos las consecuencias derivadas de la sequía. Somos partidarios de aprobar las observaciones del Ejecutivo, pues hasta el artículo cuarto, inclusive, tienden a otorgar un beneficio que las provincias mencionadas están reclamando y que, a nuestro juicio, es perfectamente justificado. Se trata de disposiciones de carácter más amplio, que benefician a los contribuyentes morosos de todo el país. Pero lamentamos que el Gobierno no haya tenido la comprensión necesaria para otorgar el beneficio requerido por los imponentes de las provincias de Atacama y Coquimbo. En general, hay otras observaciones que nos merecen un breve comentario, como son aquellas que consignan disposiciones destinadas a favorecer a los funcionarios de Tesorería. A nuestro entender, la Comisión ha procedido bien al aceptar lo sugerido al respecto por el Gobierno. El mismo criterio tenemos en torno de algunos artículos que tienen por objeto otorgar ciertas facilidades o franquicias al observatorio Aura, que está ubicado, como se sabe, en el departamento de Elqui, en la provincia de Coquimbo. En general, aceptamos las observaciones, y en cada caso particular planteare-mes nuestra posición, por lo menos votando el precepto pertinente. El señor BOSSAY.- Deseo recordar, en forma muy breve, algunas de las palabras que pronuncié al debatirse esta iniciativa en su tramitación en el Senado. En aquella oportunidad fui autor de una indicación que tenía por objeto consolidar las deudas de los contribuyentes morosos, otorgando a éstos plazo para el pago, previa cancelación de un interés en forma escalonada, como recordarán los señores Senadores. El Senado aceptó mi indicación en dos ocasiones: en la primera, por unanimidad; en la segunda, por trece votos. Pero la Cámara la rechazó, pues algunos parlamentarios de esa rama del Congreso, según parece, estimaron que en Chile no era necesario otorgar este tipo de ayuda al deudor moroso. Quiero expresar públicamente en esta sesión que la materia contenida en el inciso 1° del artículo 2º propuesto por el Ejecutivo en su veto, no estaba incluida en el proyecto, y que tal observación no hace sino confirmar, por la fuente más autorizada para conocer la realidad del pago de contribuciones en el país, que el Senador que habla tenía razón cuando presentó su indicación. Por eso, los Honorables Diputados que la estimaron innecesaria y que ahora la han votado favorablemente deberán aceptar, con honradez, que la indicación en referencia obedecía a una realidad de nuestra patria: la existencia de innumerables contribuyentes morosos y la necesidad imprescindible de legislar para darles una salida. Sigo pensando que era macho mejor permitir que los tributos pudieran pagarse per plazos determinados. Indudablemente, también es una buena fórmula la sugerida por el Gobierno, pues ella permite pagar intereses, recargos, sanciones y multas de cualquiera especie devengados a la fecha del pago, reducidos en 75 % si se cancelan en 60 días, y en 50%, si se cancela dentro de 120 días. En razón de algunas expresiones vertida en la Sala, quería darme la pequeña satisfacción de decir, en esta parte del debate, que presenté una indicación justa y que ella representaba en tal forma la realidad chilena que el Ejecutivo se vio en la necesidad de hacerla suya, dándole otra forma, para convertirla en ley. Ahora, los contribuyentes morosos del país tienen una salida. En la misma forma, quiero expresar mi satisfacción -creo que ella es compartida por todos los Honorables colegas de Valparaíso y Aconcagua- frente a la inclusión en el veto de otra indicación que presenté, tendiente a dar al departamento de Petorca, de la provincia de Aconcagua, y a la comuna de Puchuncaví, de la provincia de Valparaíso, un trato similar al otorgado a las provincias de Atacama, Coquimbo y Maule. Creo que se obra con mucha justicia respecto de estos contribuyentes. Por eso, confirmando lo adelantado por mi Honorable colega señor Hugo Miranda, votamos favorablemente estas observaciones. El señor PALMA.- Se ha señalado que la mayor parte de las observaciones planteadas por el Ejecutivo fueron aprobadas por unanimidad y que, en algunos casos, la Comisión y la Sala no tuvieron otra posibilidad que aceptar el criterio aprobado por la Cámara de Diputados, con el objeto de que en esas materias hubiera ley. Es efectivo que se han introducido algunas modificaciones importantes a las proposiciones primitivas; pero todas ellas tienden a dar el mismo tipo de facilidades que se concedieron, aunque regulando de manera amplia la situación de iodos .los contribuyentes morosos. Es decir, el espíritu del Ejecutivo es muy distinto del que se observó en los artículos originales que concedían facilidades de pago exclusivamente a determinados contribuyentes, según el monto de sus deudas. El Gobierno, recogiendo las ideas expuestas en el debate anterior, ha propuesto extender el beneficio a todos los contribuyentes que se encuentran en determinada situación, permitiéndoles pagar sus tributos pendientes con rebajas sustanciales en cuanto a las multas, intereses y contribuciones mismas. Ello no sólo rige para los contribuyentes de las provincias de Atacama y Coquimbo, sino para los de todo el país. En el caso de los del sector agrícola, inclusive se extiende el beneficio a aquellos que eventualmente hubiesen suscrito convenios y que, por cualquier circunstancia, no hayan podido cumplir. En lo concerniente a las provincias de Coquimbo y Atacama, al departamento de Petorca y a la comuna de Putaendo, de Aconcagua, y a la comuna de Puchuncaví, de la provincia de Valparaíso, la actitud del Ejecutivo, como aquí se ha dicho, ha sido mucho más amplia, pues se trata de regiones que están sufriendo una de las sequías más graves de los últimos veinte años. En cuanto a las disposiciones contenidas en el proyecto despachado por el Congreso, que concedían préstamos a las personas acogidas a los institutos de previsión, fue necesario proceder en la forma indicada en la observación del Ejecutivo, pues bien saben Sus Señorías que muchos organismos previsionales, como el Servicio de Seguro Social, por ejemplo, están en crítica situación económica. Inclusive, dicha institución tendrá dificultades para cumplir con el pago de las pensiones a que está obligada, de no aprobar nosotros algunas disposiciones que oportunamente propondrá el Gobierno. Por desgracia, en la Cámara de Diputados no se logró quórum para insistir en la norma que concedía préstamos a los imponentes que se encuentran cesantes. Los parlamentarios de las zonas afectadas -y, seguramente, los de todo el país- esperamos insistir, dentro de un proyecto separado, en dicha norma, con el objeto de dar alguna facilidad o ayuda a las personas que se encuentran sin trabajo en las regiones afectadas por el fenómeno climático. Vale la pena destacar que el Ejecutivo está extraordinariamente preocupado de la situación de esa zona y ha elaborado un plan de inversiones extraordinarias del orden de los 26 millones de escudos, con el cual se están poniendo o se pondrán en marcha obras públicas de diversos órdenes, para absorber la cesantía existente en la región, reemplazando los factores de actividad económica que en la actualidad están afectados por la sequía. En especial, el Ejecutivo procura dar estabilidad a algunos centros de la zona, transformándolos en polos de actividad industrial, para lo cual -concretamente, es el caso de La Serena y Coquimbo- se ha realizado toda una programación o planificación, a fin de establecer allí numerosas fuentes de ocupación, inclusive industrias automotrices importantes, que darán la estabilidad deseada en el plano económico, ya que se trata de una región cuyos ciclos agrícolas naturales, a raíz de los fenómenos climáticos, exigen buscar otro tipo de actividades aparte la agrícola, y que, especialmente en Coquimbo, da trabajo a cerca de 45 mil personas, en períodos normales. Esa gente atraviesa hoy día, como es lógico suponer, por situaciones sumamente aflictivas. En otro orden de cosas, la Comisión de Hacienda despachó todo lo relacionado con la modificación de la planta del Servicio de Tesorerías de la República. Con ello se cumple un compromiso adquirido en marzo de 1968 con los funcionarios de la repartición, destinado en especial a incorporar a la planta a todo el personal que hoy día se desempeña a contrata o a jornal. En la práctica, esta reestructuración no significará aumentar el número de servidores. Se trata sólo de un nuevo ordenamiento, de una nueva distribución del servicio, con los mismos funcionarios de que hoy dispone. Desde luego, con motivo de la incorporación de dicho personal a la planta, deberán producirse algunos cambios de grados, para lo cual en la disposición correspondiente se dan las normas que deberán aplicarse. Dichas normas garantizan al personal el goce de sueldos y beneficios de que actualmente disfruta en las respectivas situaciones. En ningún caso se desea crear problemas o conflicto alguno con los funcionarios pertenecientes a tan importante servicio. Por otra parte, como ya se explicó, se concede a los funcionarios de centros internacionales especializados en astronomía -ciencia que está pasando a ser muy relevante en las actividades mundiales y que en nuestro país también ha tomado mucho valor- el mismo tipo de facilidades que se ha otorgado a los organismos similares establecidos en el país con posterioridad y que, por lo tanto, gozan de mayores franquicias y beneficios transitorios, que en este caso se hacen más definitivos. Igualmente, entre los artículos nuevos propuestos por el Ejecutivo, algunos prorrogan las franquicias de que gozan los funcionarios de algunas fundaciones internacionales que durante los últimos años han trabajado en la agricultura nacional, de acuerdo con convenios suscritos entre Chile y dichas fundaciones. Como se han agotado los planes de actividad agrícola y los funcionarios pasan a desempeñarse en otro tipo de labores, es necesario incluir estas normas con el fin de permitirles seguir gozando de las franquicias de que hasta hoy día disfrutan en virtud de dichos convenios. Por último, en las observaciones se incluyen algunos otros preceptos: por ejemplo, el que permitirá terminar la construcción de la Embajada de Chile en Argentina, obra que se ha venido realizando desde hace algún tiempo y que, como señalaron funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, es urgente terminar; y el que resuelve la situación de algunas instituciones autónomas que cada año tienen dificultades para la aprobación de sus plantas de funcionarios. Concretamente, es el caso de la Empresa de Comercio Agrícola, que todos los años debe aprobar su planta. Por lo general, se han producido conflictos con la Contraloría General de la República, porque debido al lapso que media hasta la tramitación de las resoluciones pertinentes, la planta entra en vigencia después de la fecha en, que debe comenzar a regir, es decir, a principio de año. La observación del Ejecutivo consagra una norma de carácter general que resuelve definitivamente el problema. Por lo tanto, ya que la decisión adoptada por el Senado en nada modificará la situación, pues el veto ha sido aprobado por la Cámara de Diputados; y ya que se trata de disposiciones tendientes a encarar problemas importantes de algunos servicios públicos, como la Tesorería General de la República, Empresa de Comercio Agrícola y otros, me parece que el Senado debe proceder como lo hizo su Comisión de Hacienda, que en la práctica aprobó todas las observaciones por mayoría y, en muchos casos, por la unanimidad de sus miembros. El señor PABLO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación las observaciones. ¿Habría acuerdo para aprobar aquellas observaciones acogidas por unanimidad en la Comisión? El señor SILVA ULLOA.- Antes, quisiera aclarar una duda, señor Presidente. Por ejemplo, respecto del artículo 8º, la Comisión acordó por unanimidad aprobar la sustitución de su inciso primero y rechazar la del inciso segundo, insistiendo en mantener este último precepto. Entiendo que la proposición del señor Presidente da por rechazada la observación recaída en el inciso segundo y supone el acuerdo para insistir. El señor PABLO (Presidente).- Sí, siempre que la resolución haya sido adoptada por unanimidad, señor Senador. El señor SILVA ULLOA.- Este es el caso. El señor PABLO (Presidente).- Estaría dentro del acuerdo, señor Senador. Si le parece a la Sala, se procederá en la forma propuesta por la Mesa. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- En conformidad al acuerdo recientemente adoptado, procede votar el segundo artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor SILVA ULLOA.- En la Comisión, voté contra este artículo nuevo, conducta que mantendré en la Sala, porque modifica la ley de Presupuestos y da por aprobado el Séptimo Convenio sobre Excedentes Agrícolas respecto de la disponibilidad de fondos, en circunstancias de que no ha sido estudiado ni por la Cámara de Diputados ni por el Senado. Nos parece que el Gobierno va demasiado lejos con este tipo de disposiciones, que, cuando faltan pocos meses para el término del año, consagran ese convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, materia en la cual tenemos actitudes discrepantes muchos parlamentarios de diferentes colectividades políticas. De este modo, cuando se propusiera la aprobación del respectivo proyecto de acuerdo, nos encontraríamos con el hecho consumado de haber autorizado ya la provisión y gasto de los fondos derivados de ese convenio. Por estas consideraciones, voté en contra del artículo en la Comisión y lo hago de nuevo en la Sala. El señor PALMA.- Es absolutamente necesario aprobar este artículo, que fue rechazado en la Comisión después de un doble empate. ¿Por qué votaré favorablemente? Porque el rendimiento de los excedentes agrícolas sirve para financiar parte del Presupuesto nacional, en los rubros que tienen el carácter de excedibles. ¡ Tan importantes son los excedentes agrícolas! Evidentemente, no se sabe qué monto ni qué volumen tendrán ellos; pero a ninguno de los señores Senadores puede serle indiferente el hecho de que el país sufrió el año pasado una sequía extraordinaria, cuyos efectos -entre otros el encarecimiento de los productos agrícolas- se están sintiendo este año. Por lo tanto, ha debido el Ejecutivo proceder con extrema rapidez en materia de adquisición de productos agrícolas. Lo ha hecho por la vía de dichos convenios, que, como es bien sabido, se pagan con enormes facilidades, entiendo que a 40 años plazo. Antes, los convenios de excedentes agrícolas eran suscritos entre el Gobierno chileno y el norteamericano. El señor SILVA ULLOA.- Pero eran aprobados por ley. El señor PALMA.- Efectivamente. Sin embargo, en la actualidad no sucede así. Sobre el particular estuvimos mal informados en la Comisión: hoy día los convenios sobre excedentes agrícolas los suscribe la Empresa de Comercio Agrícola con instituciones norteamericanas similares. De manera que, en realidad, no es imprescindible su aprobación por el Congreso. Ha tenido que precederse así, entre otras razones, por las circunstancias que el país ha vivido y porque, sin duda, en esta forma se puede actuar con mucho mayor serenidad, ya que -digámoslo también- no hay implicancias de carácter político: simplemente se trata de una situación económica que hay que enfrentar y resolver por esa vía. Por este motivo, a mi juicio, si no se quiere agravar los problemas de financia-miento de obras públicas, pago de pensiones y aportes previsionales, resulta del todo conveniente la aprobación del precepto, tanto más cuanto que los convenios sobre excedentes agrícolas han sido celebrados por el Ejecutivo de acuerdo con las facultades que posee y en atención a la necesidad de girar con cargo a los fondos que aquéllos significan. Por lo dicho, creo imprescindible aprobar lo propuesto por el Ejecutivo. El señor BOSSAY.- En la Comisión, estuvimos en contra de este artículo, por estimar muy mala práctica que dichos convenios -aun cuando sean aprobados por la ECA- se usen sin estar definitivamente consolidados como medio de financiamiento del Presupuesto de la nación. Si los señores Senadores observan en detalle la redacción del precepto, podrán apreciar que ratifica la aprobación de estos convenios, en circunstancias de que en muchas oportunidades ellos han dado motivo a discusiones extraordinariamente delicadas en el Congreso Nacional. Incluso, muchos Senadores democratacristianos, en esas ocasiones, se pronunciaron en contra. Insisto en que estableceríamos una muy mala práctica y un pésimo precedente si en forma indirecta procediéramos a la ratificación legal de dichos convenios. Por astas consideraciones; nuestros votos serán contrarios al artículo. El señor ALLENDE.- Señor Presidente, diversos colegas han reiterado que en todas las oportunidades en que se ha discutido en el Congreso la aprobación de los convenios sobre excedentes agrícolas, ha habido, tanto en la Cámara como en e¡ Senado, opiniones divergentes y vastos sectores se han opuesto a ellos. Lo han hecho, sobre todo, considerando que por este medio se permite la utilización por parte de una Embajada, la americana, de dineros nacionales, que usa para intervenir directamente en muchos aspectos de la vida nacional. He oído con deferencia e interés al Honorable señor Palma. Lamentablemente no ha citado la disposición que permitiría al Gobierno no cumplir con el trámite que la Constitución establece. Tampoco sabemos el monto que esto representa. Me parece irregular en grado máximo que, sin conocer la disposición legal que facultaría al Gobierno para realizar estos convenios que siempre fueron aprobados por ley, podamos aceptar que lo haya hecho una entidad que, como la ECA, indudablemente desarrolla o debe desarrollar -no tengo por qué dudarlo- una labor de interés nacional; pero que, en este caso, no ha podido proceder sin sujeción a una norma legal que la autorice o que dé valor a lo que ya puede haber acordado. Por otra parte, considero monstruoso que el Senado apruebe este artículo sin conocer la cuantía de los recursos que envuelve. Por estas razones, voto que no. El señor BALLESTEROS.- Las informaciones sobre esta materia nos han llevado a la evidencia de que están en vigor las disposiciones legales que permiten a la ECA suscribir directamente estos convenios, sin necesidad de recurrir a la intervención y aprobación del Parlamento. De manera que el artículo sometido a la consideración del Senado sólo autoriza para aprovechar o disponer de los recursos. Si no se tiene facultad legal para efectuar los convenios, mal podría hacerse uso de los beneficios que ellos representan. De manera que, a través de esta vía indirecta, creemos que realmente se logra el objetivo perseguido. En realidad, lamento no poder señalar al Honorable señor Allende las disposiciones legales en virtud de las cuales la ECA ha procedido de esta manera. Supongo que su ley orgánica le permite celebrar estos convenios con entidades privadas o públicas norteamericanas; pero en ningún caso con el Gobierno de los Estados Unidos. El veto trata de que los recursos provenientes del convenio -que debe estar suscrito en la forma legal correspondiente- puedan ser usados en la forma debida y para los fines ya señalados -no necesito insistir en ellos- por el señor Palma. Voto favorablemente. El señor OCHAGAVIA.- Por medio del expediente de la importación de excedentes agrícolas, el Gobierno ha obtenido un medio indirecto para financiar el Presupuesto de la nación. Quiero recalcar el efecto negativo de esta política fundada en la necesidad de suplir los déficit de alimentos que se producen en el país. Desgraciadamente, esto tiene una contrapartida muy seria para las políticas que todo Gobierno aplica en materia agrícola. Resulta que el Gobierno de Chile, enfrentado a los déficit de producción agropecuaria, debe llegar al mercado internacional para suplir la carencia de productos. Se encuentra con que los países productores tienen una política de sustentación de precios para el mercado interno y bonifican los excedentes que no son capaces de consumir. Castigan los precios y trasladan la pérdida o al presupuesto o en una forma indirecta, para evitar el perjuicio que significaría para su producción interna. En cambio, nuestro país tiene una política de puertas abiertas para recibir estos excedentes bonificados. El señor PALMA.- Eso dejó de practicarse. El señor OCHAGAVIA.- Todos los señores Senadores conocen la situación de deterioro que, por desgracia, está viviendo la agricultura en Chile. El proceso de reforma agraria que se está realizando en el país permite también a los campesinos, enfrentados ahora a la actividad productora, apreciar la mala rentabilidad de las empresas agrícolas. Desde luego, tampoco pueden quedar marginados, a pesar de los esfuerzos que hace el Estado, de la compra de su producción a precios bonificados por la Empresa de Comercio Agrícola. Quiero señalar nuestra oposición a que por un procedimiento subrepticio se pretenda financiar el Presupuesto nacional, sin estudiar a fondo la cuantía de las necesidades del abastecimiento interno del país, ni adoptar medidas de resguardo de la producción nacional. Inclusive, en esta forma se estimula el interés de todos los Gobiernos por realizar este tipo de importaciones, pues, al comprar con créditos a largo plazo, dejan a las Administraciones posteriores la herencia de tener que servirlos; entretanto, realizan la venta de los productos que importan -léase trigo, maíz u otros granos- prácticamente al contado. De este modo, el Estado contabiliza un ingreso por la comercialización de los productos importados, cuyo pago difiere por veinte o treinta años. Es de imaginar, entonces, el interés que cualquier Gobierno tiene por aplicar este tipo de política. Somos absolutamente contrarios a financiar el Presupuesto en esta forma, impidiendo al país enfrentarse a una política realista en materia agropecuaria. Preferimos que esto se estudie en forma exhaustiva y que lo que se importe corresponda estrictamente a los déficit internos, creando los incentivos para que la producción nacional pueda enfrentarse a la difícil situación que ha vivido el país por razones climáticas y por el proceso que ha debido sufrir, que todos los señores Senadores conocen. Por lo dicho, mi voto es contrario al artículo. El señor FERRANDO.- Junto con dar mi voto favorable, deseo recoger sólo dos observaciones formuladas por el Honorable señor Ochagavía. En primer lugar, debo hacer presente la necesidad de que el Gobierno, mediante la Empresa de Comercio Agrícola, tenga las reservas necesarias para hacer frente a las necesidades del país en casos especiales, como el que se presentó el año pasado, cuando disminuyó bastante la producción, no por razones técnicas o sociales, sino de clima. El país tenía que estar preparado para satisfacer la demanda interna. ¿Qué ocurriría si ante esa demanda no existieran los recursos necesarios para satisfacerla? Entonces se criticaría el no haber tenido la preocupación de adquirir los productos indispensables. Por eso, creo que se procede bien en la adquisición de estos excedentes agrícolas, porque ellos permiten satisfacer la demanda interna en momentos como los que vivió el país el año pasado con motivo de la sequía. En segundo lugar, en ningún caso estas importaciones perjudican los intereses del agricultor ni los precios de los productos agrícolas, porque inclusive los mismos representantes de las sociedades agrícolas, los agricultores más conocidos, mediante publicaciones como la oficial de la Sociedad Nacional de Agricultura, "El Campesino", declaran que nunca han tenido mejores precios que ahora en la leche, la carne y el trigo, que son los productos básicos de la producción agraria nacional. Por lo tanto, no entiendo cómo puede sostenerse que han sido mal precedente estas adquisiciones y que la agricultura no está favorecida en los momentos actuales en cuanto a precios. Como digo, la política de precios en materia agraria ha sido extraordinariamente favorable en estos últimos tiempos. El señor OCHAGAVIA.- ¿Cómo están los agricultores de su zona, señor Senador? El señor NOEMI (Vicepresidente).- Estamos en votación. El señor FERRANDO.- A mi juicio, si están recibiendo alrededor de sesenta y cinco escudos por quintal de trigo y más de un escudo por litro de leche, ello significa que su situación ha mejorado notablemente. Por eso están en un gran proceso de producción lechera en toda la zona, como bien sabe Su Señoría. Por las razones señaladas, voto que sí. El señor JULIET.- Hace un instante, las palabras del Honorable señor Allende despertaron mi preocupación acerca de la inconstitucionalidad de este precepto, y pido a los señores Senadores que sólo mediten un minuto para entender lo que estamos votando. La disposición dice como sigue: "Reemplazar en los tres incisos "6º Convenio" por "6º y 7º Convenios". Veamos los tres incisos. El primero dice: "Inversión en la ley de Presupuesto, 6º Convenio". El segundo expresa: "Para desarrollar programas de inversión en conformidad al 6º" -ahora "y 7º"- "Convenio de excedentes agrícolas suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica". El tercer inciso es semejante. Es un convenio respecto del cual no ha tenido conocimiento el Congreso Nacional; un convenio que compromete los recursos del Estado. Nadie puede hablar de la ECA. Es un convenio suscrito, y subrayo el término "suscrito". Advertida la inconstitucionalidad del precepto, la Mesa debió declararlo inadmisible. No puede alegarse que la ECA suscribió el convenio, porque se habla del 7º Convenio suscrito con el Gobierno de Estado Unidos. En seguida, sabemos muy bien, porque ya hemos tratado seis convenios, que en ellos se establece cualquier plazo o cualquier interés, el que se convenga, para el pago del préstamo proporcionado mediante los excedentes agrícolas. En consecuencia, acuso de inconstitucionalidad a este precepto. Además, no se puede financiar la ley de Presupuestos con recursos que no existen. Ella se financia con recursos existentes, permanentes y calculados, pero no con convenios que no tienen la rentabilidad necesaria para financiar los ítem. Por lo tanto, concuerdo con la acusación de inconstitucionalidad hecha por el Honorable señor Allende, especialmente después de leer la forma como viene la disposición propuesta en el veto, en coincidencia con la redacción que tiene el Presupuesto. -Se rechaza el artículo (13 votos por la negativa; 10 por la afirmativa y 3 por negativa, 10 por la afirmativa y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- El quinto artículo nuevo fue aprobado en la Comisión por mayoría de votos. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, daré por aprobada la observación. El señor OCHAGAVIA.- Pido que se lea, señor Presidente. El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo propuesto por el Ejecutivo dice como sigue: "Créase en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, en moneda extranjera convertida a dólares, el siguiente ítem: 06/02/01.090 Construcciones Públicas US$ 250.000. Para este efecto traspasase la cantidad de US$ 250.000 del ítem 12/03/02.034.001 Empresa de los Ferrocarriles del Estado". El señor NOEMI (Vicepresidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor VALENTE.- La norma que se está tratando crea en el presupuesto en moneda extranjera del Ministerio de Relaciones Exteriores un ítem nuevo para construcciones públicas por 250 mil dólares, y tiene por objeto financiar la construcción de un nuevo edificio para la Embajada de Chile en Buenos Aires. A nuestro juicio, esta inversión es totalmente injustificada. Según las informaciones que recibimos en la Comisión de Hacienda, no es de esencial importancia construir ese nuevo edificio, porque el existente satisface perfectamente las necesidades de nuestra representación diplomática. En consecuencia, estimamos que este artículo debe rechazarse. Voto que no. El señor PALMA.- Tengo entendido que el edificio ya está en construcción. El señor CONTRERAS.- Son atendibles las explicaciones que aquí se han dado, en el sentido de que ya está en construcción un nuevo edificio para la Embajada chilena en Buenos Aires, Pero resulta que el traspaso de 250 mil dólares corresponde al ítem de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. No sé si es más urgente resolver el problema de la Embajada en Buenos Aires o el de las finanzas y la necesidad de modernización de todas las instalaciones, especialmente del material rodante, de los Ferrocarriles del Estado. Voto que no. El señor JEREZ.- En verdad, uno de los servicios que aparece mal calificado desde el punto de vista del exceso de gastos, muchos de ellos superfluos, es precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, votaré favorablemente esta disposición, sólo atendiendo al hecho de que la construcción del edificio de nuestra Embajada ya se ha iniciado, y me parece que el país no quedaría en buen pie al dejar inconcluso algo que ya empezó. Voto que sí. El señor BALLESTEROS.- La afirmación del Honorable señor Jerez corresponde a la realidad. No sólo se ha iniciado la construcción del edificio de la Embajada chilena en Buenos Aires, sino que está en su fase final, y estos 250 mil dólares serán el complemento indispensable para darle término. En segundo lugar, estos recursos se obtienen mediante traspaso desde un ítem correspondiente a Ferrocarriles del Estado. No se trata de restar fondos a dicha empresa, sino de utilizar divisas que ella no ocupará este año. Por lo tanto, no se le sustraen recursos. Simplemente se usan fondos que no serán empleados por los Ferrocarriles del Estado, en la fase final de la construcción de nuestra sede diplomática. Voto que sí. El señor OCHAGAVIA.- He escuchado con atención las opiniones respecto del artículo en debate. En realidad, desconozco la magnitud de la obra que se está construyendo para nuestra Embajada en la República Argentina. Pero si su terminación requiere una suma de 250 mil dólares, me parece que incurriríamos en un verdadero tropicalismo. Ignoro el valor total de la construcción y me agradaría saber si los miembros de la Comisión tuvieron en cuenta ese antecedente. Me parece que el tropicalismo que pareciera imperar en algunos miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores inclina a algunos señores Senadores a justificar esta clase de inversiones, en circunstancias de que el país atraviesa por graves problemas, en especial en sus zonas más pobres -una de las cuales represento en este Senado-, motivo por el cual voto negativamente. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 11 votos por la afirmativa, 11 por la negativa y 2 pareos. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Hay que repetirla. El señor ALLENDE.- Dé la por repetida. El señor PABLO.- Que se vote. El señor NOEMI (Vicepresidente).- En votación. -Se aprueba el artículo (11 -votos por la afirmativa, 10 por la negativa, y 2 pareos). El señor NOEMI (Vicepresidente).- Terminada la discusión del proyecto. VII.- TIEMPO DE VOTACIONES. PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAÍS. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor Gumucio solicita la autorización constitucional necesaria para ausentarse del país por más de 30 días. -Se aprueba. AMNISTÍA PARA OBREROS DE INDUSTRIA SABA. PREFERENCIA. El señor LUENGO.- Entiendo que debía tratarse el proyecto que concede amnistía a los obreros de Saba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Hubo acuerdo de la Sala para hacerlo, señor Senador, pero el tiempo destinado al Orden del Día ha llegado a su fin. Se requeriría acuerdo de la Sala para tratarlo de inmediato. El señor LUENGO.- Habría acuerdo para despacharlo ahora. El señor NOEMI (Vicepresidente).- No hay acuerdo, señor Senador. El señor PABLO.- La Mesa citará a sesión especial para tratar dicha materia el martes de la próxima semana. No fue posible incluirla en la tabla debido a que había proyectos con urgencia. PUBLICACIÓN DE DISCURSOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Se ha formulado indicación para publicar "in extenso" el homenaje rendido por los Honorables señores Montes y Jerez con motivo del fallecimiento del Presidente de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh. -Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicaciones del Comité Nacional para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Ochagavía en Incidentes de la sesión del martes 2, e insertar en la versión el documento a que hizo referencia. -Se aprueban. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Valente para publicar "in extenso" la intervención del Honorable señor Montes en esa misma sesión. -Se aprueba. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo del Senado con el objeto de autorizar a la Comisión de Salud Pública para sesionar simultáneamente con la Sala el día de mañana, de 16 a 18. Acordado. PETICIÓN DE DESAFUERO DEL INTENDENTE DE SANTIAGO, DON JORGE KINDERMANN. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde votar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la petición de desafuero en contra del Intendente de Santiago señor Jorge Kindermann, solicitada por don Juan Ahuad Gazali. La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Aylwin (Presidente), Bulnes Sanfuentes, Fuentealba, Luengo y Sule, recomienda, por unanimidad, rechazar el desafuero. -Se rechaza el desafuero (21 balotas blancas y 1 roja). VIII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. -Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Baltra: FONDOS PARA AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANGOL (MALLECO). "Al señor Ministro del Interior, solicitando la intervención de esa Secretaría de Estado para que se proporcione a Angol los dineros necesarios para ampliar la red de distribución de energía eléctrica en dicha ciudad, para lo cual hay un presupuesto presentado por la Empresa Eléctrica "La Frontera" S. A. Se han hecho múltiples gestiones, sin resultado alguno, e incluso viajó a la ciudad un Delegado de Servicios Eléctricos. La Empresa referida ha hecho una rebaja superior a los 50 mil escudos, a petición del Alcalde de la Comuna. Las necesidades de la población estiman de suma urgencia la realización de los trabajos de ampliación." REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN 21 DE MAYO, DE LOS ANGELES (BIO-BIO). "Al Ministerio del Interior solicitándole se instruya a la Intendencia de Bío-Bío, a fin de que preste ayuda a la Junta de Vecinos de la Población "21 de Mayo" de la ciudad de Los Angeles, la que está pidiendo con urgencia materiales para arreglar los techos y cercos de las 105 viviendas de dicha población y que se encuentran en evidente mal estado, creando serios problemas de salud a los habitantes de ese sector de pobladores. Piden 200 tapas de pino, 4.200 fonolitas y clavos para proceder ellos mismos a los trabajos de reparación." LIMPIEZA DE RÍOS PUYUHUE Y DONQUIL, EN LASTARRIA (CAUTÍN). "Al Ministerio de Obras Públicas, solicitándole se ordene la realización de trabajos de limpieza de los ríos Puyuhue y Donquil, en la localidad de Lastarria. Los habitantes, agricultores y comerciantes de Las Vegas y Quitratúe, de la Comuna de Gorbea, Departamento de Pitruf-quén, están vivamente interesados en que se dé solución a este problema por cuanto se están perdiendo aproximadamente 1.800 hectáreas de terrenos de primera calidad, aptos para plantaciones de betarraga azucarera y crianza de animales." CONSTRUCCIÓN DE GRUPO HABITACIONAL EN SANTA BARBARA (BIO-BIO). "Al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole la construcción de un Grupo Habitacional en la ciudad de Santa Bárbara por parte de la Corporación de la Vivienda, ya que el problema habitacional de esa zona es muy grande. Desde el año 1962, no se ha entregado a la ciudad ninguna nueva población y la descentralización del Ministerio de la Vivienda no ha logrado, hasta estos momentos, formular un plan de construcciones de viviendas populares para las comunas pequeñas de los Departamentos de Bío-Bío." FONDOS PARA TERMINACIÓN DE CÁRCEL DE LOS ANGELES (BIO-BIO). "A la Subsecretaría de Justicia, informando acerca de la Cárcel de Los Angeles, la cual no puede cumplir con su normal trabajo, por cuanto hay muchos detalles de terminación no concluidos hasta la fecha. Especialmente los cierros metálicos. El edificio nuevo fue entregado hace varios meses, pero la población penal debe seguir viviendo en patios y celdas que son sumamente estrechas. Como existen problemas de seguridad, se ha debido tapiar y enrejar ventanas y emparejar, por otra parte, los patios. Se solicita a esa Subsecretaría que se destinen los fondos necesarios para, la terminación de las obras en el recinto carcelario referido." LIMPIEZA DE CAMINO ENTRE MULCHEN Y RIO RENAICO (BIO-BIO). "A la Dirección de Vialidad, informándole que existe grave peligro en el camino longitudinal, entre Mulchén y el río Renaico, por los aromos que bordean esta ruta. La existencia de este tipo de árbol dificulta mucho la visibilidad de los conductores, razón por la cual el Gobernador ha solicitado a Vialidad que se ordene talar dichos árboles por cuanto hay numerosos reclamos de los agricultores de la zona, por accidentes producidos por la falta de visibilidad. Se solicita, por lo tanto, se ordene la ejecución de los trabajos señalados, por parte de Vialidad de la provincia de Bío-Bío." REPARACIÓN DE CAMINO ENTRE NACIMIENTO Y SANTA JUANA (CONCEPCIÓN Y BIO-BIO). "A la Dirección de Vialidad, solicitando se den las instrucciones del caso para reparar el tramo de camino comprendido entre Nacimiento y Santa Juana, en el límite de las provincias de Bío-Bío y Concepción, a la altura del vado Los Gansos. Por el momento se ha construido un terraplén, que no es la solución definitiva, ya que ha sido destruido por la lluvia." CONFLICTO LABORAL EN HACIENDA LAS CANTERAS (BIO-BIO). "A la Directora del Servicio de Seguro Social, solicitando su personal intervención en el conflicto que tienen los trabajadores de la Hacienda "Las Canteras" de la provincia de Bío-Bío, y que dicen relación con el reconocimiento del Sindicato de Obreros Industriales de dicha Hacienda, propiedad del SSS. y, además, la petición de la salida del Administrador, lo que ha provocado serias divergencias entre obreros y el Servicio. Es necesaria una pronta intervención en este asunto, ya que los trabajadores están dispuestos a continuar su conflicto si no se logran soluciones satisfactorias." De la señora Campusano: EDIFICIO PARA ESCUELA BÁSICA DE HUASCO (ATACAMA) "Al señor Ministro de Educación, don Máximo Pacheco Gómez, pidiendo confirmar la solución de un problema planteado reiteradamente por el Centro de Padres y autoridades locales de Huasco, departamento de Freirina, provincia de Atacama. Se trata de la construcción del edificio de la Escuela Básica de esa localidad, que en la actualidad cuenta con 18 cursos sin disponer de las condiciones mínimas para su buen funcionamiento. Se ha dicho que rápidamente este problema quedará solucionado y que se llamará a propuesta pública para resolverlo en el mes de octubre próximo. Ruego al señor Ministro confirmar la solución de este problema y dar la seguridad de que en el mes de octubre próximo se llamará a propuesta pública para construir el edificio de la Escuela Básica de Huasco." CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN PUERTO DE HUASCO (ATACAMA). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, don Sergio Ossa Pretot, a fin de pedirle considere favorablemente la petición que en nota del 24 d e agosto del año en curso le hiciera el Sindicato Profesional de Obreros Marítimos de Huasco. Esta petición se refiere a la construcción, a la brevedad posible, de un muelle en el puerto de Huasco, departamento de Freirina, provincia de Atacama. En la actualidad, las exportaciones de mineral de hierro y, en general, todo el movimiento de carga se realizan por el puerto de Coquimbo, con el consiguiente recargo por concepto de flete. La construcción del muelle en Huasco, además de paliar en parte la aguda cesantía de esa zona, daría salida a los productos del Valle y permitiría el normal abastecimiento de mercaderías. Por las razones expuestas, pido al señor Ministro considerar favorablemente la petición del Sindicato Profesional de Obreros Marítimos de Huasco." NECESIDADES HABITACIONALES DE EMPLEADOS PARTICULARES DE COQUIMBO Y LA SERENA. "Al señor Vicepresidente de la Caja Nacional de Empleados Particulares a fin de reiterarle una petición formulada ya en otras oportunidades. Se trata de la compra de casas habitaciones para los empleados particulares. En Coquimbo y en La Serena en la actualidad se está construyendo toda una serie de poblaciones, donde es perfectamente posible que la Caja Nacional de Empleados Particulares compre casas para ofrecerlas a sus imponentes. Sería ésta una forma de paliar la aguda crisis habitacional que afecta a la ciudadanía de esas ciudades. Por lo tanto, solicito al señor Vicepresidente de la Caja Nacional de Empleados Particulares considerar la compra de casas para sus imponentes en Coquimbo y La Serena". Del señor Jerez: REPARACIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO ITATA (ÑUBLE). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes en los siguientes términos: "Hace dos meses, debido a un accidente ocurrido en el puente Itata, el cual une la Provincia de Ñuble con la de Concepción, se cortó a través de 18 metros de longitud, quedando incomunicadas una de otra. Dicho tramo está pronto a ser reparado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. "Al respecto, la Dirección de Vialidad informó que una vez arreglado el tramo afectado por un accidente carretero, sólo se permitirá el paso de camiones que pesen menos de 3.000 Kgs. (incluida la tara), lo cual constituye un grave peligro para la economía de la Provincia de Ñuble, dado que impedirá el paso de camiones que transportan sus productos ya sea a Concepción, como el transporte que se efectuará en el futuro a Santiago por el camino que unirá Concepción con la capital, vía Tomé, Coelemu, Quirihue y San Javier. "Ahora bien, para buscar una solución a este problema se constituyó un comité dirigido por el Alcalde y el Subdelegado de Coelemu, quienes me han pedido interceder ante el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, para solicitarle se sirva tener a bien disponer se vea ¡a posibilidad de reforzar todos los tirantes del puente Itata, lo que permitiría el paso a vehículos de hasta 10 tons. de carga, quedando así solucionada en parte esta difícil situación. Por lo expuesto, agradeceré al señor Ministro se interese en estudiar el caso en referencia para poder dar fin al problema que afecta tanto a las provincias abastecidas como a las abastecedoras de variados productos, los cuales son todos de primerísima necesidad". CALIDAD DE EMPLEADOS PARA DETERMINADOS OBREROS DEL MINERAL DE LOTA-SCHWAGER (CONCEPCIÓN). "Al señor Presidente de la Junta Clasificadora de Obreros y Empleados, en los siguientes términos: "Por oficio Nº 598 fechado el 29 de julio próximo pasado, el Inspector Departamental del Trabajo de Coronel-Lota, envió al Presidente de la Junta Clasificadora de Obreros y Empleados el Expediente de Clasificación de 56 obreros que se desempeñan como Celadores en el establecimiento de Schwager, dependiente de la Compañía Carbonífera Lota-Schwager S. A., los cuales solicitan ser clasificados como empleados. "La nómina de dichas personas es la siguiente: Perfecto Peña Peña, Julio Faúndez Molina, Juan B. Abarzúa Catalán, Domingo Arias Toledo, Luis R. Martínez Rivas, Víctor Crespo Vásquez, Fortunato Garrido Reyes, José D. Ferreira Reyes, Bernardino Robles Ramírez, José R. González González, José Higura Muñoz, Renato Medel Peña, Artemio Urra Avila, José R. Alarcón Vargas, Julio Contreras Cabezas, Osvaldo Ceballo Fuentes, José L. Belmar Rojas, Luis A. Torres Monsalves, Antonio González Tiznado, Pedro Martínez Díaz, Juan B. Catril Ortiz, Benedicto Vergara Burboa, José A. Lara Gutiérrez, Oscar Sierra Fierro, Rosamel Quiroz Vega, Manuel Salgado Montecino, José Ruiz Villegas, Leonel F. Lober-Matamala, Juan Pinillas Ponrroz, Luis A. Yévenes Rivera, Miguel Salgado Prado, Nibaldo Moreno Beltrán, Juan Barrazo González, Fernando Lozano Lorca, Antonio Rojas Díaz, Juan Salgado Tardones, Julio Valdebenito Toborquez, Juan Molina Avila, Julio Gutiérrez Parra, Amoldo Salazar Díaz, Ramón Medel Peña, José Fernández Burgos, Humberto Machuca Vergara, Juan Ortega Ortega, Arturo Galdames Arriagada, Juan Viveros Romero, Amador Zúñiga Acevedo, Elias Reyes Dosew, Fernando Nourdin Palma, Anselmo Rivera Monsalves, Rafael Torres Cid, Hugo Venegas Cisternas, Antonio Millahuaique Ñanculef, Alberto Castro Moreno, Mario Barra Zapata, Próspero Luna Leal. Ahora bien, los obreros mencionados me han pedido interceder ante el señor Presidente de la Junta Clasificadora de obreros y empleados para solicitarle que, en lo posible, se acceda a su petición, dado que las funciones que ellos desempeñan son acordes a lo establecido por el cuerpo legal en referencia, para ser clasificados como empleados. "Por lo tanto, agradeceré al señor Pre sídente estudiar los expedientes de los 56 obreros de la Compañía Carbonífera Lota-Schwager a fin de poder dar una respuesta definitiva a lo que me solicitaron las personas citadas en la nómina". Del señor Teitelboim: CIERROS DE ESCUELA Nº 62 DE POBLACIÓN CLARA ESTRELLA (SANTIAGO). "Al señor Ministro de Educación, reiterándole peticiones formuladas por otros parlamentarios y por los padres y vecinos de la Población Clara Estrella, en el sentido de que se vaya a la urgente solución del problema del cierro de la Escuela Nº 62 de ese sector. Tal establecimiento posee en la actualidad una muralla de adobe semiderrumbada, que constituye un peligro para los niños. Además, por los forados penetran en forma habitual delincuentes que hurtan los escasos útiles de la escuela. Los padres y profesores se encuentran alarmados por la demora en solucionarse esta situación, a raíz de la cual puede producirse una desgracia, si sobreviene un derrumbe cuando los escolares se hallen jugando en el patio. Por otra parte, esta escuela no tiene hasta hoy luz eléctrica, pese a estar en plena ciudad de Santiago, y ello aumenta la inseguridad del establecimiento en la noche. Este parlamentario hace suya la inquietud de los padres, vecinos y maestros, y estima plenamente justificada sus peticiones en pro de una solución rápida y efectiva". RECONSTRUCCIÓN DE LICEO COEDUCACIONAL DE LIMACHE (VALPARAÍSO). "Al señor Ministro de Educación, solicitándole tomar las medidas necesarias para la urgente reconstrucción de los dos pabellones destruidos por un incendio en el Liceo Coeducacional de Limache, en mayo del presente año. Esta situación ha obligado a ocupar como salas comunes de clase los Talleres, Comedor, Biblioteca y Sala de Profesores, sin que hasta ahora se haya conseguido la reposición del material y salas perdidas. La comunidad de Limache ha reunido la suma de Eº 40.000 como aporte para la reconstrucción y reparación, pero esa cantidad no permite, naturalmente, emprender las obras respectivas. Mientras tanto, la marcha del Liceo no puede ser regularizada. Se hace, pues, de gran urgencia ir a la iniciación de las obras respectivas". Del señor Valente: REGLAMENTO DE LA LEY Nº 17.009, SOBRE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL SECTOR LABORAL. "Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en los siguientes términos: "Con fecha 6 de noviembre de 1968 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 17.009, que modifica la Comisión a que se refiere el inciso 2º del artículo 2º de la ley Nº 12.858. "En la nueva ley se establece que el Presidente de la República deberá dictar el reglamento que determinará la forma de elegir al representante del sector laboral, dentro de 90 días de la publicación de la ley. "En vista de que han transcurrido diez meses de la dictación de la ley y no ha sido dictado el reglamento, que es fundamental para la operabilidad de la ley, me permito solicitar al señor Ministro se sirva disponer que el mencionado decreto reglamentario sea publicado en el Diario Oficial a la brevedad". ELIMINACIÓN DE ARSÉNICO DEL AGUA DE TOCONCE (ANTOFAGASTA). "Al señor Ministro de Salud Pública y al señor Contralor General de la República, en los siguientes términos: "La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Antofagasta (ANEF) ha expuesto a esa Contraloría General de la República numerosos antecedentes relacionados con el tratamiento seguido para eliminar el arsénico del agua de Toconce, con la distribución del agua de Siloli y las consecuentes derivaciones de este problema. "En resumen, los hechos dados a conocer por la ANEF., de Antofagasta, son los siguientes: "1.- A raíz de la gravedad causada por la acción del agua arsenicada en la población de la provincia de Antofagasta, especialmente infantil, el Delegado Zonal de Obras Públicas de esa ciudad señor Enrique Humeres Verdugo decidió estudiar la aplicación de diversas medidas que permitieran reducir la cantidad de arsénico del agua proveniente de Toconce, mientras se buscaban soluciones definitivas. "Las experimentaciones fueron iniciadas con la participación de tres químicos, los señores Carlos Latorre, Lino Yelpi y Osear Peña, los dos primeros enviados desde Santiago y el tercero en su calidad de jefe del Laboratorio Zonal de la Dirección de Obras Sanitarias. Consecuencia de estas investigaciones fue un informe que en carácter de confidencial se entregó al Intendente de la Provincia señor Joaquín Vial Izquierdo. El ingeniero zonal de Obras Públicas había viajado al extranjero para realizar la adquisición de la planta de filtros. "El informe evacuado por los tres profesionales químicos fue dado a la publicidad por el diario "El Mercurio" de Antofagasta, en su edición del 13 de agosto de 1968, y expresa que el arsénico puede ser eliminado en un 50%, pero recomendando, a su vez, que no debe enviarse a la ciudad agua con flóculos en suspensión "sin las comprobaciones pertinentes" porque su acumulación en los estanques de distribución implica un riesgo. "A pesar de la advertencia de los técnicos especialistas, el señor Enrique Humeres de regreso en el país y en funciones, desestimó este informe y decidió poner en marcha bajo su responsabilidad el proceso de coagulación y decantación. "Como consecuencia de esta situación, parece obvio que, al ponerse en marcha este último proceso, el Ingeniero Zonal de Obras Públicas desestimó las comprobaciones pertinentes poniendo en grave riesgo la salud de la población. Esto se desprende por dos razones: a) la carencia de elementos de juicio probatorios de haberse seguido la recomendación de los tres especialistas químicos; y b) las consecuencias que ha causado en la salud de los habitantes de Antofagasta la contaminación del agua. "Más aún. Se contrató a la empresa constructora Slachewsky para la aplicación del proceso de reducción de la tasa arsenical sin que esta empresa tuviera la especialización y experiencia en estos procesos técnicos. Pareciera que la preferencia demostrada por el señor Humeres en favor de esta firma se debió a que había realizado muchas obras de envergadura en la instalación de agua potable, alcantarillado, trabajos de construcción para la Dirección de Obras Sanitarias, etcétera. Es preciso señalar que el técnico contratado por la firma para poner en marcha el proceso escogido por el señor Humeres fue don Jorge Pastén, socio, a su vez, de la firma y hermano de don Carlos Pastén, segundo jefe de la Dirección de Obras Sanitarias y encargado de fiscalización y comprobación de los trabajos. "2.- A los dos meses de iniciado el tratamiento de reducción arsenical en el agua, comenzaron a aparecer los primeros indicios de la acumulación arsenical en los fió-culos en suspensión. Los análisis efectuados por el Laboratorio Bromatológico del Servicio Nacional de Salud en muestras tomadas en la ciudad acusaban disconformidades con los resultados analíticos diarios del Laboratorio de la D. O. S. en muestras tomadas a la entrada de la ciudad, antes de ingresar a los estanques de distribución. "Otro de los indicios observados era la excesiva turbiedad y aspecto lechoso del agua en las llaves domiciliarias y los residuos blanquecinos de los estanques de los silenciosos. Posteriormente se tuvo conocimiento de obstrucciones en trazos de cañerías y recrudecimientos extraordinarios de las obstrucciones de los medidores registradores del consumo domiciliario, todo lo cual constituye una clara demostración de que lo advertido por los químicos especialistas se estaba cumpliendo. "El lavado regular y periódico de los estanques de distribución fue ordenado solamente después que se tomó conocimiento de los primeros signos de deposición de los flóculos y después de transcurridos varios meses de iniciado el tratamiento. "De nuevo resalta el desinterés y despreocupación del Delegado de la D..0 S. frente al problema que comenzaba a vislumbrarse: no adoptó ninguna medida de resguardo y ni siquiera dispuso que se efectuaran análisis de los sedimentos de los estanques. "Los 350 miligramos de arsénico encontrados en cada litro de barro procedente del lavado del estanque del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (empresa que distribuye el agua potable) fue preocupación y obra exclusiva del químico del Servicio, quien, desde los comienzos, había sugerido el periódico y frecuente lavado de los estanques. No fue escuchado. Este hecho se desprende del texto del oficio Nº 273 del 6 de mayo de 1969 de la D. O. S., que lleva la firma del Administrador señor Guillermo Tamblay y la del químico de la D. O. S., y se reafirma en el oficio 342 de 4 de junio de 1969, redactado y firmado por el químico del Servicio. "En ambos oficios se menciona la existencia del nocivo elemento en muestras tomadas en llaves en cantidades de 10 miligramos de arsénico por litro de agua. "Otro informe que dice relación con estos altos valores de arsénico detectados, es el memorándum N° 146 de la D. O. S., que incluye el Boletín Nº 2 de Análisis. "La indiferencia demostrada por el señor Enrique Humeres se demuestra, además, por otro hecho, cual es la demora de más de veinte días entre el primer informe-análisis del barro y el segundo. El estanque de Mejillones se vació y lavó, no con intención de eliminar el barro arsenical sino porque existía una epidemia de hepatitis en esa localidad, lo que aprovechó el químico para solicitar una muestra de los fangos. Muy posteriormente se vaciaron y lavaron los estanques de Cerro Moreno y el particular del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, de Playa Blanca. Esto, sin considerar que los barros de los dos primeros lavados del estanque fiscal se perdieron porque nadie tomó esas muestras. Sin embargo, el señor Jefe Zonal se limitaba a enviar órdenes por oficios, basadas en lo que se descubría sin su menor empeño, en vez de suspender el tratamiento por ineficaz. "El Boletín Nº 260 con análisis de los duplicados de los sedimentos de los estanques, enviados al Laboratorio Central de Santiago, de la D. O. S., es otra revelación de los hechos. "Es notable la forma como el Delegado Zonal, haciendo uso de una abundante publicidad, propagó la reducción del arsénico del agua tratada a 0,4 y menos ocultando a les consumidores la gravísima contaminación de los fangos de los estanques y medidores que tenían un alto grado de arsenicación. "3.- Otra de las medidas adoptadas para paliar los estragos del arsenicismo fue la distribución de agua de Siloli, no contaminada, en puestos o estanques de distribución, localizados en diferentes puntos de la ciudad. "El Delegado Zonal, dando muestras de una preferencia inusitada, dispuso por su cuenta que la concesión en la distribución de esta agua la hiciera un ex funcionario de la Dirección de Obras Sanitarias, situación que fue resistida por el Departamento Contable de la Dirección Zonal que exigió órdenes escritas para cursar les pagos. Se simuló un llamado a propuestas públicas con requisitos preparados ex profeso en favor del funcionario o ex funcionario de la Dirección de Obras Sanitarias, el cual, antes de la decisión, contaba con camiones cisternas en las condiciones de la propuesta. Se adjudicó la propuesta a razón de Eº 10 por metro cúbico de agua transportada. "Antes de esta propuesta el transporte del agua fue ejecutado por otro contratista, don Walter Terrazas, a quien se pagaban Eº 5 por metro cúbico. "Al ex funcionario favorecido con la propuesta, se le entregaron diversos elementos y materiales de propiedad fiscal, en calidad de arriendo, corno estanques, madera, bombas, mangueras, etcétera. No hay constancia de que se hayan cancelado los valores correspondientes a los arriendos. "Otro cargo que se advierte en contra del Director Zonal es la entrega de la construcción de los estanques de fierro utilizados para la distribución del agua de Siloli a la empresa constructora Metal-Tala, cuyo dueño, el señor Tala, tiene o tuvo múltiples lazos comerciales con el Delegado Zonal. "4.- El Consejo de la Agrupación de Empleados Fiscales ha hecho un cálculo estimativo del costo del tratamiento de coagulación con sulfato de aluminio, en las condiciones en que se ha operado en Toconce. El consumo de este coagulante fluctúa entre dos y media y tres toneladas diarias, cuyo valor puesto en Toconce alcanza a 900 escudos aproximadamente, por tonelada. Trabajan como promedio, doce operarios de la empresa que, según los cálculos, ganan 30 escudos promedio cada uno incluyendo leyes sociales. El sueldo del químico incluidas las leyes sociales es de unos seis mil escudos. En resumen, el costo del proceso de coagulación y lavado de los estanques de sedimento sería: 90 toneladas mensuales de coagulante Eº 81.000.12 operarios a Eº 900 mensuales c/u 10.800.1 químico 6.000.Total Eº 97.800."La ANEF asegura, por la revisión de los estados de pago, que los valores pagados por estos trabajos alcanzan a los 200 mil escudos mensuales, el doble de lo real. "Por otra parte, la Directiva Provincial de la ANEF ha sido informada de que un informe evacuado en relación con las labores de eliminación o reducción del arsénico y de distribución del agua de Siloli, revela las siguientes conclusiones: "a) caducidad del contrato de distribución al ex funcionario de la Dirección de Obras Sanitarias, señor Adaros; "b) transferencia al Fisco del personal destacado en Toconce por la firma Slachewsky, incluyendo al químico. "La investigación fue efectuada por los señores Isaías Marticorena, Jefe del Departamento de Explotación de la Dirección de Obras Sanitarias, Víctor Villarroel, Administrador del Servicio Santiago Sur de la Dirección de Obras Sanitarias; José Rodríguez, Jefe de Movilización en Santiago. Por otra parte, el Contador Zonal de Obras Públicas en Aniofagasta don Víctor Sermeño, estaría en condiciones de entregar numerosas informaciones respecto a la inversión de fondos que se ha realizado sobre este problema. "5.- En virtud de los antecedentes mencionados, el Consejo Directivo Provincial de la Agrupación de Empleados Fiscales formula los siguientes cargos al señor Enrique Humeres Verdugo, Delegado Zonal de Obras Públicas de Antofagasta: "a) Entrega de la aplicación de un proceso químico vital para resguardar la salud de la población, a una firma no especialista, contrariando el informe de tres químicos especializados y destacados especialmente por el Ministerio; "b) Fracaso del proceso de coagulación impuesto por el señor Humeres cuya aplicación agravó el problema de la arsenicación del agua potable de Antofagasta; "c) Ingentes gastos innecesarios en perjuicio del Fisco, como consecuencia de las actuaciones de este funcionario; "d) Pagos excesivos a contratistas y despilfarro de recursos fiscales. "El suscrito hace suyos los cargos formlados por la ANEF., al señor Delegado Zonal don Enrique Humeres Verdugo y se permite solicitar al señor Contralor General una investigación exhaustiva de estos hechos para establecer responsabilidades." TABLA DE FÁCIL DESPACHO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente anuncia que en la tabla de Fácil Despacho de la sesión del próximo martes figurarán los siguientes asuntos: Proyecto de ley originado en moción de los Honorables señores Foncea y Gormaz que autoriza a la Municipalidad de Talca para adquirir y explotar el Matadero Maule, con informe de la Comisión de Gobierno. Proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Foncea que modifica la ley 17.162, sobre conmemoración del centenario de la ciudad de Parral, con informe de la misma Comisión. Informe de la Comisión de Obras Públicas que propone recabar el asentimiento de la Cámara para enviar al Archivo el proyecto que destina recursos para obras de pavimentación en Pichilemu. Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Paillaco para contratar empréstito. Proyecto de ley de la Cámara sobre venta de determinados terrenos de la Municipalidad de Chillan a la Corporación de Servicios Habitacionales. El señor NOEMI- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Honorable señor Isla. REPLICA A COMENTARIOS DEL SEÑOR MONTES SOBRE ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL PAÍS. El señor ISLA.- Señor Presidente, en la sesión de ayer el Honorable señor Montes pronunció un encendido discurso para referirse a la posición asumida por la Derecha política y económica de este país frente a los últimos acontecimientos que conoce la opinión pública y a la actuación que ha cabido en ellos al Gobierno. No vacilo en calificar de curiosa dicha intervención y de absolutamente inexacta en todos sus conceptos. En dos o tres oportunidades, solicité interrupciones al Honorable señor Montes, pero, debido probablemente a lo limitado del tiempo de Incidentes, no me las concedió. Con plena responsabilidad -y no con frivolidad, como manifestó ayer el señor Senador- deseo hacer, tal como se estila en los seminarios universitarios, una glosa o algún comentario a los conceptos del Honorable señor Montes. En una parte de su intervención, dijo que "por el camino de la conciliación con los adversarios del pueblo y por la aplicación de una política antipopular, sucede que los reaccionarios pasan a la ofensiva, algunos de los que confiaron limpiamente se desorientan, y también hay quienes miran las cosas de frente, honestamente, acercándose a. las posiciones populares". En este párrafo, se refería indudablemente al partido de Gobierno. Después continuó en la siguiente forma: "A nuestro juicio, al dejar intactos los privilegios e intereses de la oligarquía y continuar incrementando los del imperialismo, el Gobierno democratacristiano del señor Frei se ha deslizado más y más a posiciones conservadoras, ha entrado en conflicto más y más con los intereses y las luchas del pueblo y se ha mostrado en los hechos como un régimen francamente reaccionario, muchas de cuyas medidas más sustantivas son aplaudidas y apoyadas por los reaccionarios que políticamente se expresan en lo que ellos llaman Partido Nacional y que más justamente debiera denominarse Partido Antinacional". Agregó: "Hay que decir que mientras muchos democratacristianos se declaran contrarios al capitalismo, incluido el candidato presidencial señor Radomiro Tomic, el Gobierno del señor Frei actúa como gendarme del régimen burgués". Más adelante expresó que este Gobierno ha caído en esta posición reaccionaria y al servicio de la reacción y del imperialismo, porque no ha cumplido con el programa que ofreció. En verdad, al analizar con serenidad tales expresiones, es difícil explicarse cómo algunas veces el apasionamiento político -no creo que éste sea el caso, pues el Honorable señor Montes es hombre tranquilo y buen comunista, y seguramente practica la enseñanza de Lenin: "La cabeza fría y el corazón caliente"- llega a tales extremos. Creo que eses conceptos no son fruto de una motivación pasional, sino de una larga proyección. Como parlamentario de Gobierno, tengo la obligación de destruir de inmediato la tesis aquí planteada. ¿Es posible afirmar que el Gobierno del Presidente Frei no ha dado cumplimiento a los postulados programáticos ofrecidos al pueblo? Existe conciencia en el país de que esta Administración ha sido la primera -y lo digo sin ambages- que, a lo largo de la historia, ha llevado a la práctica celosamente todos aquellos puntos que conformaron su programa, llamado "Programa de Septiembre". Para contener la campaña desatada por todos los sectores de Oposición, quienes, siguiendo tal vez un viejo sistema pedagógico, incitan y golpean, me veo obligado a usar el mismo método, ya que no hay otro recurso: repetir una vez más lo que tantas veces hemos expresado en la tribuna parlamentaria, en nuestras campañas electorales, a través de todos los medios de difusión -órganos de prensa, foros- y donde fuere necesario, para destruir en su base las afirmaciones destinadas a dar a entender que no hemos cumplido. Es necesario recordar que en este Gobierno -no en aquellos en que participó el Partido Comunista en algunos Ministerios, el Socialista u otra colectividad que hoy esté en la Oposición-, bien, regular o mal -me pongo en la posición más generosa para calificar-, se está llevando adelante el proceso de reforma agraria; por primera vez se abordó a fondo, desde el punto de vista más sustantivo, la reforma educacional y la construcción de establecimientos de esta índole; en el plano habitacional, se ha realizado un esfuerzo que, con seguridad, supera todos los anteriores, impulsándose una labor de la cual están conscientes todos los chilenos proletarios: la Operación Sitio, que, junto a otro tipo de construcciones habitacionales, permite a cualquier ciudadano modesto del país tener un techo propio; por primera vez se ha hecho un intento serio, transformando en leyes de la República proyectes presentados por el actual régimen, por el partido que lo sustenta y por parlamentarios de estas bancas, para lograr una justa redistribución de la renta nacional; se llevó a cabo la chilenización del cobre y, últimamente, la nacionalización de Anaconda; se estableció por primera vez el salario mínimo agrícola, que corresponde a la legítima condición que debe tener el trabajador del campo; se consagró la sindicación campesina; ha habido estímulo y efectivo fomento de las exportaciones, como se ha demostrado en los hechos después de cinco años de Gobierno; se ha regularizado el servicio de nuestra deuda externa; se han establecido relaciones con todos los países del mundo; se ha limitado –es oportuno señalarlo esta tarde, porque se trata de uno de los argumentos más socorridos en los foros y cuando se endilgan ataques en contra nuestra- lo que se llama "burocracia", respecto de lo cual daré un antecedente que no puede ser desmentido: en virtud de disposiciones emanadas del Presidente de la República, en la actualidad se controla el ingreso a la Administración Pública mediante altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, lo que implica la. existencia de casi 8 mil vacantes en ese sector, que no han sido llenadas, lo que echa por tierra -es fácilmente demostrable- cuanto se ha dicho en el sentido de que se habría abusado en el área de la administración para pagar servicios electorales, como tradicionalmente se ha hecho en nuestra nación. En este Gobierno se han dictado, además, leyes fundamentales que satisfacen viejas aspiraciones, las cuales, a pesar del transcurso del tiempo, no se cristalizaban. Por ejemplo, la legislación sobre medicina curativa, antiguo anhelo de los empleados particulares. Recuerdo que, hace más de veinte años, se hablaba de ello en los pliegos reivindicativos y en todas las concentraciones gremiales pero nunca hubo una ley que lo hiciera realidad. La ley de Accidentes del Trabajo, que prevé los graves problemas de las enfermedades profesionales, era un antiguo proyecto que dormía en el Parlamento: esta Administración lo ha hecho realidad. El Registro Nacional de Comerciantes representa una gran conquista para el gremio -importante, numeroso y respetable-, que a veces no ha sido adicto a nosotros. Es necesario decirlo esta tarde, del mismo modo como lo lie expresado en mi provincia a grupos de comerciantes con quienes tengo contacto, En un plano distinto -normalmente; no hacemos mención de ello-, mediante el Ministerio de la Vivienda se ha puesto en marcha en todas las ciudades do Chile un plan de remodelación de incuestionable importancia para el futuro del pueblo y, por ende, del país. Durante esta Administración se ha efectuado el esfuerzo más serio para detener el terrible flagelo de la inflación. En los últimos días el Parlamento ha discutido importantes iniciativas: la que modifica el sistema vigente de las sociedades anónimas, por ejemplo, la que reforma la Constitución Política del Estado, que esta Corporación deberá despachar en general en la sesión de mañana, etcétera. Por otra parte, la ley de Juntas de Vecinos ha resuelto un gran problema de nuestros pobladores, respecto del cual nunca se hizo un esfuerzo serio. Se ha despachado un proyecto que establece un estatuto definitivo, acorde con los tiempos modernos -al respecto, se contó con la colaboración de todos los miembros del Congreso-: el que crea el Senado Académico e instituye el Consejo Superior Provisional de la Universidad de Chile, Hoy día, sin ir más lejos, el Senado aprobó en general la iniciativa que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación. Podría hacer una larga enumeración para demostrar, ante las afirmaciones formuladas en la sesión de ayer por el Honorable señor Montes, que es inadmisible aseverar en forma simple que el actual Gobierno no ha cumplido su programa -de allí parece derivar su pensamiento-, que ha entregado el país al imperialismo, a la extrema Derecha y a los sectores capitalistas. El señor Senador destacó más adelante, refiriéndose al problema político, que el Partido Comunista está haciendo esfuerzos destinados a unir las fuerzas populares y formar una base para enfrentar le próxima elección presidencial. No participo del optimismo de Su Señoría, pues la situación de la política nacional, vista desde cualquier ángulo, está demostrando que esa unidad popular no existe en el hecho y que será muy difícil consumarla. No ahondaré al respecto, aun cuando la materia da lugar a un extenso análisis Tan sólo señalo que no participo del optimismo del Honorable señor Montes. El señor MONTES.- No le conviene. El señor ISLA,-En seguida, el señor Senador expresó que en muchas oportunidades se ha violado la autonomía universitaria. También me referiré en forma somera a este problema, acerca del cual se ha hablado tanto en el país. Como es indudable, este Gobierno ha sido, es y será respetuoso de esa autonomía. Sin embargo, incuestionablemente, tiene el deber de defender -ésta puede parecer una frase burguesa, pero es responsabilidad primaria de todo Gobierno- el orden público, las instituciones, la vida y el honor de los ciudadanos. Para ello recurre al procedimiento que señalan nuestra Constitución y el sistema institucional. Cuando se cometen excesos como los que está viviendo Chile en estos momentos, se apela al sistema establecido en nuestra Carta Fundamental y en las leyes y se entrega a los responsables de los hechos a los tribunales de justicia. No es el Gobierno, sino los tribunales del país quienes sustancian los procesos respectivos, dictan órdenes de detención y, en definitiva, condenan a los culpables. Sorprenden las afirmaciones formuladas ayer -igual que las hechas en todos los órganos de prensa y en las tribunas-, que pretenden inculpar al Ejecutivo de todo cuanto sucede. Esto se hace siempre. Ahora se desea echar el fardo de la responsabilidad de la conmoción nacional al Gobierno de la República y, por lo tanto, al partido que lo sustenta. Sobre el particular, no cabe eluda de que existe un estado como el descrito y un plan de sedición cuyas proporciones es difícil calcular en toda su magnitud. Pero no son los carabineros, ni el Ministerio del Interior ni el partido de Gobierno los causantes y, por ende, los responsables de ello. Cuando se oyen discursos como el pronunciado ayer en la Corporación; cuando se leen diarios como "El Siglo" y "Las Noticias de Ultima Hora", ésa es precisamente la imagen que se proyecta. Los culpables son quienes provocan tales hechos, que el Gobierno y las autoridades deben reprimir; son aquellos que están predicando la violencia como método político, situación que era desconocida hasta ahora en nuestro país. Es aquí, precisamente, donde carecemos de responsabilidad. Algunos partidos, clarificando su posición ante la opinión ciudadana, seguramente dirán la última palabra al respecto. Deseo señalar al Honorable señor Montes la actitud equívoca en que se ha colocado el vocero del Partido Comunista, el diario "El Siglo", para calificar los hechos conmocionales que vive la nación. Como encuentro muy acertado el enfoque hecho en ese periódico para demostrar que no ha habido una política clara, apelo, por ser más fácil, a la crónica aparecida hoy en el diario oficialista "La Nación". Estudiando y analizando la posición de algunos periódicos -"El Siglo", especialmente, y "Las Noticias de Ultima Hora"-, señala, refiriéndose al primero de ellos: "El "mea culpa" comunista. "La primera página del diario "El Siglo" fue convertida por los comunistas en un muro de lamentaciones. En un recuadro de su primera plana de la edición de ayer martes, bajo el título, para darle mayor responsabilidad, viene un "mea culpa" que no es el primero en su historia de contradicciones. Lo titula "Es como mucho" y en él arrasa contra "Ultima Hora", vespertino socialista y uno de los pilares periodísticos de la "unidad popular". "Señala que "los dirigentes del grupo que encabezan los hermanos Enríquez, Luciano Cruz y otros, se han dado a la tarea de presentar como acciones revolucionarias y comienzo de la revolución los asaltos al Mercado Portofino y al Banco Londres". "Luego de dar a conocer que el diario se había abstenido en estos días de condenar políticamente "en la forma que se merece, las acciones aventureras del MIR o avaladas por él", indica que esta "actitud nuestra no significará contemporización alguna con quienes tratan de elevar a la categoría de héroes populares a los asaltantes del mercado Portofino y de meter de contrabando, en el seno del pueblo, los métodos que han puesto en práctica y que no hacen más que favorecer los peores designios de la reacción." Después hace un análisis -personalmente, califico de poco clara la actitud del órgano periodístico del Partido Comunista- acerca de cuál es su posición definitiva ante la conmoción que vive el país en estos momentos. Y señala: "Es interesante después del "mea culpa" comunista, que "El Siglo" publicó ayer, examinar los altos y bajos de la línea que su vocero asumió para dar a conocer el asalto al Mercado Portofino. "El martes 26, al día siguiente del atraco, el diario "El Siglo" recurrió a un título cauteloso, políticamente exploratorio: Golpe de mano en un supermercado. La policía sindica militancia mirista a uno de los detenidos. Al día siguiente, miércoles 27, realiza su primer esfuerzo por minimizar el comportamiento delictual del detenido. En su página 7, un título a sólo 4 columnas:" -con letra cursiva negrita y mayúscula- "no reconocen a Jorge Silva como autor de otros asaltos". "En jueves 28 el diario comunista se muestra desorientado. Dedica sólo una información a dos columnas de su página siete a la marcha del proceso por el atraco, como si el suceso hubiera perdido todo interés periodístico, cuando en realidad éste alcanzaba bombásticas proyecciones. Pero en la cabeza de dicha página titula: "Un Pretexto para la Represión", en un esfuerzo de confundir causa y efecto. Según el diario la magnificación del asalto no es otro que "más que golpear al MIR que ya parece destrozado, el Gobierno aguarda la oportunidad para descargar la represión sobre todo el movimiento progresista". Rechaza la gravedad que le atribuyen las autoridades y agrega que esto serviría como argumento para perseguir a cualquiera organización de Izquierda, arguyendo complicidad con los asaltantes. "Para el diario comunista, el jueves 28, no tiene importancia que los asaltantes hayan tirado a matar, que el cajero Carlos Pino, un asalariado como los que "El Siglo" dice defender esté gravemente herido a bala. "El viernes 29 el suceso continúa relegado a la página policial del diario comunista. El título es: "Tres Estudiantes Incomunicados en el Asalto al Supermercado" y aparece como importándole más el comportamiento policial con los asaltantes que el de los detenidos en los delitos que investiga la justicia. "En su primera plana del viernes "El Siglo" acentúa sus esfuerzos por transferir el interés público hacia otros sucesos, los que aparece inflándolos. A ocho columnas titula en su primera página: "Numerosos Heridos a Bala. Siete Graves". El resto de los titulares (Agoniza Víctima, Conmoción por Violencia Policial, Grupo Móvil de Santiago Baleó a Estudiante de La Serena) acompañados de fotografías truculentas muestran idénticos esfuerzos". No deseo continuar leyendo la versión dada por este periódico, porque los datos ya proporcionados evidencian una contradicción: por una parte, se imputa al Gobierno, al Grupo Móvil, la responsabilidad de los sucesos, y por otra, se resta toda importancia a la acción delictual de jóvenes que asaltan bancos y supermercados, que hieren o pueden matar, como seguramente sucederá, a ciudadanos modestos que cumplen de manera normal sus actividades cotidianas y que caen víctimas de un nuevo sistema político. En este sentido, la posición de les partidos populares es absolutamente contradictoria, por los hechos que estoy analizando, e injusta, por lo siguiente. Pregunto al Honorable señor Montes: ¿qué haría un Gobierno comunista, un régimen socialista, si en ese país sucedieran los hechos acaecidos en estos instantes en Chile? ¿Qué pasaría si los estudiantes se tomaran las universidades y salieran a la calle a disparar a matar, como lo están haciendo algunos jóvenes universitarios y otros no tan jóvenes? El señor MONTES.- ¿Me permite una interrupción? El señor ISLA.- Se la concederé con mucho gusto más adelante. ¿Habría la conmiseración exigida aquí por los parlamentarios y políticos que sustentan ideas que apoyan a esos regímenes? La historia de los últimos tiempos -no voy a entrar en detalles- está demostrando lo contrario: tal vez en esos países la represión es mucho más violenta; no hay tribunales ni aplicación del recurso de amparo ni abogados que defiendan a los inculpados y que puedan desempeñar su profesión libremente, como sucede en Chile, sin sufrir molestias personales de ningún tipo. Su Señoría lo puede comprobar en el edificio de los Tribunales de Justicia ubicado frente al Congreso. Lo anterior debe ser objeto de meditación por parte del Honorable señor Montes. A nuestra democracia se exige un rigor, un cuidado y una conmiseración que, indudablemente, no existen en esos países. Es lógico que el primer y más elemental deber de un Gobierno como el nuestro, como decía al comienzo, sea defender la familia, los ciudadanos, la honra de hombres, mujeres y jóvenes. Concedo una interrupción al Honorable señor Montes. El señor MONTES.- El Honorable señor Isla utiliza un método curioso para hacer sus aseveraciones. Primero, para lograr una respuesta del Senador que habla, echa mano a una serie de argumentaciones absolutamente controvertibles y discutibles acerca de lo que ocurriría en los países socialistas. El señor LORCA.- De lo que ocurre, Honorable colega. El señor MONTES.- Pero si Su Señoría me pregunta cuál es el pensamiento del Senador que habla respecto de los sucesos nacionales y de los hechos que mencioné en mi discurso, puedo responderle de manera muy directa y concreta. En la misma línea de argumentación, confieso que no se me ocurriría preguntarle a un parlamentario democratacristiano por qué suceden tales o cuales hechos en la República Federal Alemana o en Italia, donde gobierna la Democracia Cristiana. Probablemente tengan una respuesta para tales hechos. Pero resulta que los sucesos en discusión se produjeron la semana pasada en nuestro país, y acerca de ellos tenemos una interpretación y una posición muy clara. No comparto las apreciaciones del Honorable señor Isla respecto de ciertos fenómenos sociales que estarían ocurriendo en los países socialistas, porque sé que ello no es efectivo. Pero no quiero entrar en un debate de este tipo. En cuanto al problema planteado por el Honorable señor Isla, quiero señalar fundamentalmente -lo dije en mi discurso de ayer- que los hechos policiales gravísimos ocurridos en el país, que afectaron a trabajadores en la provincia de Coquimbo y a estudiantes en Santiago y Chillan, se produjeron por no haberse tomado las medidas necesarias para resolver de manera expedita y rápida los problemas que afectaban a aquellos sectores. Por otra parte, hemos acusado al Grupo Móvil, y lo seguiremos acusando, de seguir perpetrando hechos como los ocurridos la semana recién pasada. Denuncié casos concretos que parlamentarios vieron y que comprobé personalmente. Expresé que ante esa brutalidad innecesaria exhibida por el Grupo Móvil, a los gobernantes actuales les está ocurriendo lo que al aprendiz de brujo -así lo dije- que crea fantasmas o monstruos que después no es capaz de dominar. En efecto, muchas acciones de este tipo escapan al control civil. Ayer llamé la atención sobre estos hechos. Afortunadamente, está presente el Honorable señor Baltra, que puede ratificar mis palabras, pues con él pude comprobar algunos de ellos. Lo ocurrido a los estudiantes de Chillan, víctimas del atropello y vejamen del Grupo Móvil, no puede ser ajeno a la sensibilidad de un Gobierno, sobre todo si está consciente - también lo expuse ayer- de que no sólo hecha leña a la hoguera, sino bencina al fuego. El señor ISLA.- Es curiosa la posición del Honorable señor Montes. Le formulo una pregunta, y me responde que ella no es atinente, que la contestaría si se tratara de hechos ocurridos en Chile y no en otros países. El señor MONTES.- ¡Qué quiere que le responda...! El señor ISLA.- Hace tres o cuatro días, el Honorable señor Teitelboim, en presencia del Honorable señor Montes, ocupó largo tiempo de la hora de Incidentes para referirse a lo acontecido en la Conferencia Internacional de Partidos Comunistas y Obreros realizada en Moscú, con el propósito de señalar las grandes líneas y la orientación del régimen soviético. El señor MONTES.- Del comunismo internacional. El señor ISLA.- Efectivamente, del comunismo internacional, lo que es mucho más importante y trascendente aún. ¿Por qué, entonces, se extraña el Honorable señor Montes, que es comunista, cuando le formulé la pregunta, que repito? ¿Qué pasaría en esos países, o en el nuestro, de ocurrir los hechos que señalé? Personalmente, comprobé que en todos esos países los regímenes son iguales, como si estuvieran copiados con papel de calco: sus instituciones son idénticas. El señor MONTES.- ¡No, señor Senador; es una simple apreciación suya! El señor ISLA.- Es una apreciación personal que compartieron otros parlamentarios, que eran hombres de Izquierda, marxistas: en todos esos países se repiten los mismos sistemas y estructuras... El señor MONTES.- China y Cuba son distintos. El señor ISLA.- ...llámense asamblea popular o soviet. Esta organización es igual en Corea del Norte, China, Checoslovaquia o en cualquier otro país comunista. Por eso, no es efectiva la aseveración del señor Senador. Además, Su Señoría atenúa ahora un poco el rigor de los cargos que formuló. El señor MONTES.- No atenúo nada. El señor ISLA.- No ha advertido Su Señoría que inconscientemente los está atenuando. El señor Senador protesta contra el Grupo Móvil. Es decir, ya no ataca de manera franca al Gobierno o a sus hombres. El señor MONTES.- El Grupo Móvil depende del Gobierno, y de sus acciones es responsable el Ministerio del Interior. El señor ISLA.- Voy a citar las siguientes palabras de don Luis Figueroa, Presidente Nacional de la CUT, aparecidas en el diario "El Siglo" del domingo último, relativas a todo este tipo de actos que han producido conmoción nacional: "Ante la gravedad de la situación, la CUT considera que los luctuosos sucesos de ayer en la capital, no constituyen un hecho aislado, sino que son la expresión de toda una política de mano dura en contra de los trabajadores y de las fuerzas progresistas. La escalada represiva del Gobierno, iniciada con las masacres de ¡os mineros de El Salvador y los pobladores de Puerto Montt, ha recrudecido con la llegada al Ministerio del Interior de Patricio Rojas, cuyos antecedentes fascistas son de todos conocidos". O sea, a juicio de ese dirigente, los sucesos acaecidos conforman una acción concatenada, organizada y da a conocer tal acusación a la opinión pública para influir en ella. Esos hechos señalados por el señor Figueroa pueden ser analizados con mayor profundidad. Al respecto, sólo quiero señalar un hecho, a manera de ejemplo, para demostrar que el Gobierno no provoca este tipo de conmociones. La Comisión formada para investigar los sucesos de El Salvador estableció que un parlamentario socialista instó a los obreros a lanzarse contra la fuerza pública. También se determinó que antes de producirse materialmente los hechos ese parlamentario desapareció. El señor MONTES.- ¡Siempre para justificar las masacres aparecen agitadores...! ¡También los hubo en Puerto Montt...! El señor ISLA.- O sea, los obreros quedaron entregados a su propia suerte. En Puerto Montt también hubo un personaje que intervino. Durante mucho tiempo ha sido procesado por los tribunales de justicia y, en definitiva, tendrá que ser condenado, pues incitó de manera permanente a los pobladores para alzarse en contra de las autoridades del Ministerio de la Vivienda. El señor LORCA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? Cuando se pregunta al Partido Comunista acerca de lo que haría si llegara al poder en Chile, no cabe ninguna duda de que sólo nos puede responder con palabras y programas. Pero resulta que en otros países hay partidos comunistas que gobiernan y, por lo tanto, es posible pensar que esa sería la modalidad que aplicaría en Chile, a no ser que el Honorable señor Montes, como chileno no acepte esos ejemplos. El señor MONTES.- ¿Por qué? No he dicho eso. El señor LORCA.- Cuando en Checoslovaquia hay masacres, se culpa a los provocadores, al imperialismo norteamericano, a los saboteadores o espías que agitan al pueblo y se afirma que si éstos no intervinieran, habría paz, y como justificación plantean la necesidad de defender el régimen comunista. ¿Cómo explicaría el Honorable señor Montes esas masacres sin culpar a los agitadores? Pero en Chile, cuando se producen movimientos de la juventud, de carácter pacífico, cuando los jóvenes salen a la calle y no lanzan piedras -lo he comprobado en muchos "mítines"-, no hay muertos. Y no los hay, porque no. hay violencia, porque esas veces la juventud es controlada, o porque, como diría el Honorable colega señor Montes, no hay agitadores, o no hay quinta columna, o no hay miristas que provoquen los hechos. En Chile... El señor MONTES.- Su Señoría no interpreta lo que yo digo. El señor LORCA.- Lo señalo porque Su Señoría, siempre que ocurren masacres en países socialistas echa la culpa a los provocadores. Cuando se producen movimientos de masas o de juventud, surgen problemas cuando hay provocación. Que cada miembro del Grupo Móvil tenga el demonio en su persona, que piense que debe matarse, liquidarse porque sí, eso sólo pueden aceptarlo quienes creen en cuentos de brujas, como dice el Honorable señor Montes. La verdad es que en Chile durante el Gobierno del Presidente Frei, no se habría suscitado ninguno de los hechos dolorosos ocurridos en los últimos cinco años si no se hubiera producido la agitación que, en determinado momento, provocó los sucesos ante los cuales la policía, para defenderse debió reaccionar como lo hizo. Ahora bien, si me permite el Honorable colega, quiero agregar lo siguiente: para el Partido Comunista, que es técnico en analizar la vida de otros partidos, en juzgarlos y ver divisiones por doquier, es una tragedia la que está viviendo. Habla de la unidad popular, cree que es necesario juntar socialistas con radicales y comunistas, y como esa unidad no prospere, se dedica a atacar por atacar de repente. El Honorable señor Montes cita al Honorable señor Baltra, aquí presente, como testigo de los hechos denunciados ayer o anteayer,... El señor MONTES.- Estábamos juntos en Chillan. El señor LORCA.- ...pero al mismo tiempo el señor Senador habla tanto en contra del Gobierno de Videla como del de Alessandri, de todos. Y ataca a un Gobierno del que formó parte su testigo, porque fue Ministro de Videla. El señor PALMA.- Se llama González Videla. El señor LORCA.- El pueblo acostumbraba llamarlo por su segundo apellido. Interpreto al pueblo cuando digo "Videla". El señor Senador califica al señor González Videla de reaccionario, entregado al imperialismo, masacrador, y habla de campos de concentración. A eso conduce -dice el Honorable colega señor Montes- esta política de ataques al Partido Comunista; pero al mismo tiempo busca la unidad con el partido a que pertenece el señor Baltra. El Partido Comunista habla de unidad popular, pero simultáneamente, dentro de esa tragedia que vive, trata a los miristas -en "El Siglo" de ayer, por ejemplo-, que asaltan bancos, que roban, que son rateros, que son imbéciles -por usar una expresión típicamente comunista-, de estar equivocados por creer que cambiarán el régimen capitalista robando bancos o asaltando. Pues bien, esos imbéciles, por medio de sus líderes, acuden a un acto en el cementerio, en un momento triste como el que se vio ayer. Y ese líder del MIR, que critica el Partido Comunista, se da el lujo de aprovechar la democracia para pronunciar un discurso violentísimo, para decir a comunistas y radicales que este país no tiene solución sino por la revolución armada, y agradecer la colaboración de los socialistas. Más aún, nombra a varios Diputados y a un Alcalde socialistas, los que han encabezado el cortejo que acompañó al compañero fallecido en los hechos que comentamos. Es la tragedia del Partido Comunista la de vivir hablando de unidad y de estar viendo en otros partidos el problema que él tiene con sus aliados. Al respecto, termino con un artículo del Diputado señor Millas.... El señor MONTES.- Usted no sabe qué está diciendo. El señor LORCA.- Pido a Su Señoría que sea respetuoso. No hago sino repetir sus palabras. Le he dicho que es chileno, y lo he dicho como homenaje a su persona. No veo por qué violenta mis palabras Su Señoría, que es un hombre sereno. Quiero referirme también a lo que escribe en "El Siglo" de hoy el señor Orlando Millas respecto de Bernardo Leighton, que a mi entender es uno de los valores morales con que cuenta el país. Ese valor moral, desde que llegó al Poder, como Ministro del señor González Videla en el Gobierno de "sensibilidad social" - fue Ministro de Estado conjuntamente con el Honorable señor Palma-, no aplicó la ley de Defensa de la Democracia, como lo dijeron muchas veces los Diputados comunistas y muchas veces después en la Cámara. Bernardo Leighton, con ese sentido de gratitud que tienen los chilenos, y porque es sentimental, expresó gran admiración por don Jorge Alessandri, que fue Ministro de Hacienda y colega del Honorable señor Baltra en el Gobierno de González Videla. Y expresó al señor Arturo Alessandri Palma, de quien fue Ministro cuando era joven: tenía 24 ó 25 años. Y manifestó en la televisión una opinión diferente de la del Partido Comunista refiriéndose al Grupo Móvil: dijo que, como Ministro del Interior del señor Frei, había dado todos los pasos conducentes a darle las armas necesarias -armamento, podría decirse- para defender el régimen constitucional. Cuando Orlando Millas critica, se extraña de que se den armas a las fuerzas de Carabineros. Dice: "¿Qué significa esto?" A propósito recuerdo que, cuando estuve en Cuba y tuve el honor de conversar con Fidel Castro al poco tiempo de asumir él el Poder, le pregunté por qué tantas armas, si todo estaba en calma. Y era lógica mi pregunta, pues yo llegaba de un país esencialmente democrático, en donde hay libertad absoluta para vivir, para expresar ideas, para llegar a la Cámara o al Senado, o a la Presidencia de la República. Y Fidel Castro me respondió: "¿Armas, aquí? ¡Ahora! Después de ninguna manera: para eso tenemos al pueblo". Pero la verdad es que las estadísticas demuestran que, antes de la invasión de Estados Unidos, Cuba estaba más armada que todos los países sudamericanos juntos. Y me pregunto qué ocurrirá cuando llegue al Poder el Partido Comunista. Ellos creen que pueden llegar mediante la unidad popular, en 1970. Otros, creemos que el año dos mil. Es cuestión de apreciación... El señor MONTES.- En 1970. El señor LORCA.- Cuando ellos lleguen al Poder, ¿les dirán a las Fuerzas Armadas que guarden las armas, que las entierren? ¿No habrá milicias populares? Todos los fusiles, todas las escopetas, ¿los esconderán? ¿Puede producirse ese milagro que no ha ocurrido en ningún país del mundo? El señor MONTES.- No vamos a esconder las armas. El señor LORCA.- Hoy día es imposible. Si uno supiera que el Partido Comunista, llegado al poder, a gobernar, nos permitiera decirle: "No queremos que ustedes sigan gobernando; llamen a una elección", y se tuviera la seguridad de que accedería, no tendría ningún temor de que ese partido asumiera el mando por seis años. Pero tengo miedo a la teoría de la "soberanía limitada" de la Unión Soviética. Si el Partido Comunista gobierna por seis años, ¿habrá, después, elección popular? A quien lo pretendiera, se le diría que el pueblo quiere ese gobierno con dictadura. Y si se le replicara: "¿Y si el pueblo quisiera expresarse?" contestaría: "¡Ah, no! Eso sería contrarrevolucionario, y si nuestra actitud fuera violenta, vendrían a salvarlo, como han salvado los soviéticos al Gobierno comunista en Checoslovaquia". Como pretenden salvar, si se salen de madre, a los rumanos, en nombre de esa "soberanía limitada" que han descubierto, de ese imperialismo ideológico, que no es comercial. Nosotros siempre tendremos esas dudas, pues comparamos a los comunistas con lo que se hace en otros países en que su partido gobierna: es una experiencia que se ha vivido. Si supiéramos que después de triunfar permitirán elecciones; si triunfara el Honorable señor Corvalán, por ejemplo,... El señor MONTES.- Lo va a comprobar. El señor LORCA.- ...y si el señor Corvalán fuera Presidente de Chile y pudiera levantarse de candidato al señor Baltra o a otro, seis años después, nuestra actitud sería otra. ¡Pero después no hay elección! El señor BALTRA.- ¿Cómo que no? El señor LORCA.- Porque después diría que pedir elecciones es contrarrevolución y que debe seguirse con el gobierno que se expresa, primero, por medio del pueblo, y, después, por las armas, para defender su régimen "democrático". Y todos los que pensáramos de modo distinto seríamos contrarrevolucionarios. El señor PABLO (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Isla. El señor MONTES.- ¡No he entendido nada del charquicán! El señor ISLA.- El Honorable señor Montes me decía que era impertinente la pregunta de qué sucedería en un gobierno socialista o comunista... El señor MONTES.- No dije eso. El señor ISLA.- Que no era una pregunta oportuna, que no era adecuada, que no estaba en condiciones de contestarla... El señor MONTES.- Tampoco. El señor ISLA.- Entonces, no entendí lo que quería decir. Que era una pregunta incómoda, me apunta el Honorable señor Hamilton... El señor MONTES.- Tampoco. El señor ISLA.- ¡Déme alguna facilidad Su Señoría! Señor Presidente, yo sé lo que sucedería. Y no voy a invocar, haciendo un esfuerzo de imaginación, lo que podría ocurrir en cualquiera de los países que menciono. Puede suponerse, sobre todo cuando, por desgracia para nuestros adversarios ideológicos, se han producido ciertos hechos que nos señalan su actitud. Hace poco, precisamente -dos o tres días-, con motivo de los disturbios que tuvieron como sensible consecuencia la muerte de un funcionario de la Municipalidad de San Miguel, tuvo lugar allí un incidente violento del cual alguna prensa dio cuenta. Se celebró una sesión antes de que ese funcionario falleciera; entiendo que después de los hechos ocurridos en San Miguel. Uno o dos regidores de nuestro partido estaban presentes en esa reunión. Uno de ellos, don Carlos Moreno, se sintió en el deber de defender a su Gobierno y a su partido, que eran atacados en forma violentísima -incluso, lo era la persona del Presidente de la Re-pblica-, con adjetivos que, por cierto, no vamos a repetir aquí. ¿Qué le sucedió a ese regidor? ¿Hubo el diálogo propio de nuestra democracia, de nuestros partidos, del sistema chileno? No, señor. Hubo puntapiés, bofetadas, golpes a mansalva, no de uno, sino de veinte, treinta o cuarenta personas: regidores, alcalde, espectadores, mirones que estaban presentes. Y el señor Moreno fue conducido a la posta más cercana, la del Hospital Barros Luco, como resultado de esa intervención en la cual él creía que habría diálogo. Estoy seguro de que la actitud de ese regidor es la que habría tenido la inmensa mayoría de los chilenos. Pero les sucede; lo que a él le ocurrió cuando gobiernan muchos -no diré todos- de los que tan duramente critican a este Gobierno porque se defienden en forma elemental, como decía, por medio de Carabineros, del Grupo Móvil, del Servicio de Investigaciones y de todas aquellos elementos y organismos que el Estado tiene para defenderse. Antes de terminar, quiero señalar otro hecho. Se hace mucha cuestión de que el Gobierno está empeñado en una escalada de violencia para imponer -se dice en los discursos, en todas partes- nuevamente una ley represiva, una "Ley Maldita" en este país. Quiero recordar una vez más, como lo hemos recordado tanto, que fuimos nosotros, nuestro partido, muchos de los que estamos en este recinto y otros que entonces eran parlamentarios, quienes derogaron la Ley Maldita. No la aplicamos, sino, por lo contrario, la derogamos. Luego, tenemos la autoridad moral y política suficientes para decir -y esas fueron mis palabras al comenzar este discurso- que son totalmente injustificadas e inexactas todas las imputaciones que se nos hagan en ese sentido. Porque el hecho que señalo está avalando toda una conducta política y moral de nuestro partido y, por lo tanto, del actual Gobierno. Otro hecho quiero recalcar a propósito de las palabras del Honorable señor Montes, entre todas las inconsecuencias que -sin duda, con fines políticos- se está tratando de llevar a la mente de la ciudadanía: existe una organización, que indudablemente está dirigida por el Partido Comunista, llamada "Comando Nacional de Acusación al Régimen y al Imperialismo". ¡De acusación al régimen! No voy a insistir, porque ya lo dije al comenzar mi intervención. ¿Qué actuaciones de este régimen pueden hacer necesario tomar la medida de formar un comando nacional de acusación contra el régimen? ¿De qué se lo acusa? ¿De no respetar las leyes? ¿Acaso los tribunales no funcionan, como lo decía hace un instante? ¿Acaso no existe aquí el "habeas corpus", la garantía constitucional que señala nuestra Carta Fundamental? ¿Acaso los detenidos, esos que disparan a mansalva, no son entregados a los tribunales de justicia, como decía hace un momento? Creo que no vale la pena insistir sobre el particular. Ahora, respondiendo a las palabras del Honorable señor Montes y a las de todos quienes hacen afirmaciones semejantes a las suyas, quiero decir que, en estos momentos de seria conmoción que vive el país, es preciso acordarse también de las víctimas de esos jóvenes terroristas, de la gente que, como ha sucedido, sufre las consecuencias de quienes no sólo asaltan bancos y supermercados, sino también negocios, como la botillería Málaga, que me tocó conocer de cerca. De acuerdo con las informaciones proporcionadas por la prensa, en este hecho policial, en que también estarían implicados los jóvenes del MIR, resultó herido un hombre modesto, que fue atacado por uno de los asaltantes. Acordémonos -repito- de estas personas. También quiero manifestar al Honorable señor Montes que los carabineros... El señor MONTES.- Hirieron a los asaltantes. El señor ISLA.- Su Señoría condena la violencia del Gobierno, y yo estoy defendiendo a éste. Por consiguiente, mis palabras están dirigidas a todos los que hablan contra la violencia del Ejecutivo. Los carabineros también tienen familia; mujeres, hijos, hermanos, e igualmente son víctimas del terrorismo;... El señor MONTES.- De las órdenes que les imparten. El señor ISLA.- ...víctimas de estos jóvenes -y de otros que no lo son-, de estos revolucionarios. Es necesario, también, acordarse de ellos. Finalmente, a propósito del discurso pronunciado ayer por el Honorable señor Montes, quiero hacer una afirmación. Tengo la convicción más profunda de que, a pesar de todo el aparato propagandístico de la Oposición y de los sectores que atacan al Gobierno; a pesar de todo este esfuerzo que se hace para tratar de socavar y desprestigiar la base de sustentación del Ejecutivo, hay un hecho claro: la opinión pública, los ciudadanos que no gritan en las calles, el hombre de trabajo, el padre de familia, el joven que estudia, todos aquellos que están comprobando día a día estos hechos, esta violencia -no es un misterio, pues basta salir a la calle y conversar con ellos-, condenan esas manifestaciones y defienden y sostienen la acción del Gobierno. Incluso hay quienes creen que éste no es suficientemente severo, pues están convencidos de que esa nueva modalidad repugna a la tradición del país y de que, detrás de aquel río revuelto, hay muchos pescadores...Ello está en la conciencia de todos los chilenos. El señor MONTES.- Efectivamente, así es. El señor ISLA.- Por eso, termino diciendo que nosotros estamos tranquilos. Como dije al empezar mis palabras, ofrecimos un programa; hemos tratado de cumplirlo totalmente, y ahora, en estos momentos tan difíciles para el país, se están tomando, con serenidad, decisión, energía y prudencia, las medidas necesarias para defender la vida, honra y seguridad de los chilenos. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Al Comité Demócrata Cristiano le restan diecisiete minutos. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Radical. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Baltra. VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN CHILLAN. El señor BALTRA.- Señor Presidente, el jueves 28 recién pasado recibí desde Chillan una llamada telefónica de dirigentes universitarios, quienes denunciaban que la fuerza pública, sin motivo alguno, había penetrado en la sede que la Universidad de Chile mantiene en esa ciudad, causando destrozos materiales y violando, una vez más, la tradicional autonomía universitaria, la cual, aun cuando no está consagrada en la leyes, ha sido siempre reconocida a los centros de enseñanza superior. A petición de estudiantes y docentes, me trasladé a Chillan, y allí, junto con el Honorable señor Montes, tuve oportunidad de imponerme de los hechos ocurridos y de participar en la concentración pública con que la comunidad chillaneja exteriorizó su protesta. Ante los sucesos que conmovieron a la opinión regional, la Asociación de Académicos, Investigadores y Extensores, ADIEX, la Federación de Estudiantes, FECH, y la Asociación de Funcionarios, APEUCH, de esa sede universitaria, emitieron una declaración que, en lo sustancial, dice lo siguiente: "1.- Durante la jornada académica de hoy jueves 28 de agosto y mientras se realizaban dichas actividades con absoluta normalidad, la seda universitaria fue sorpresivamente atacada de hecho por fuerzas policiales, sin su placa de identificación, y especialmente por carabineros de civil que invadieron los techos y las aulas ubicadas en el sector posterior del Teatro Municipal, a la vez que lanzaren piedras y bombas lacrimógenas hacia el interior de las salas y laboratorios con el consiguiente desconcierto por parte de alumnos y profesores, resultando, además, numerosos lesionados. "2.- Ante este repentino y violento atropello, que interrumpió la labor académica, una comisión de profesores, estudiantes y funcionarios se hizo presente en la oficina del señor Intendente de la provincia, Roberto Casanueva de la Barrera, planteándole los acontecimientos señalados y dejando constancia formal de su protesta y solicitando garantías para la Universidad. El Intendente se hizo responsable de los hechos y garantizó el retiro de las fuerzas policiales del frontis de la Universidad y de los techos; añadiendo que no había intención de violar la autonomía universitaria. "3.- A pesar de la aclaración del Intendente, los mismos acontecimientos se repitieron en el instante en que dicha comisión informaba a la comunidad universitaria de sus gestiones con la primera autoridad de la provincia. En ese momento el profesor expositor recibió el golpe de una bomba, el que le ocasionó un serio hematoma. "4.- La comunidad universitaria de esta sede, junto con protestar enérgicamente por tales hechos, da su más amplio apoyo a la lucha estudiantil que constituye una de las fuerzas más importantes en el movimiento social de nuestro país, y plantea que éste está destinado a denunciar los profundos problemas que viven los sectores despojados dentro de los cuales el problema estudiantil es uno más. La represión sufrida hoy por los estudiantes no es un hecho aislado, sino que refleja la permanente respuesta .de este sistema a los sectores sociales que se rebelan en demanda de mejores condiciones de vida. La comunidad universitaria sostiene que, en la medida en que la lucha estudiantil se integra a la de los obreros, campesinos y otros sectores postergados, se podrá conformar un frente capaz de responder a la violencia reaccionaria." Los incidentes a que me refiero se iniciaron con la ocupación de la Escuela Técnica, dependiente del Ministerio de Educación Pública, por parte de los alumnos, en un esfuerzo por obtener de las autoridades educacionales algún mejoramiento de las pésimas condiciones en que se desarrolla la enseñanza a causa de las deficiencias materiales. El señor ISLA.- ¿Tenían armas los estudiantes? El señor BALTRA.- Por otra parte, creo que sería útil dar a conocer un editorial del diario "La Discusión" de Chillan, el cual, comentando los incidentes,... El señor MONTES.- ¡Escuche! ¡Eso le sirve mucho, Honorable señor Isla. .. ! El señor ISLA.- ¿No estaban armados los estudiantes? El señor BALTRA.- ...en su edición del 29 de agosto dice: "Los hechos ocurridos ayer por el enfrentamiento registrado entre los estudiantes y las fuerzas policiales, permiten hacer diversas consideraciones que corresponden a fenómenos sociales controvertidos. "Desde luego, no cabe duda que todo ello está revelando la profunda inquietud que vive la juventud de hoy, anhelosa de encontrar nuevos caminos, más justos y adecuados, para su propio y eficaz desarrollo. Nadie puede ignorar -porque así lo han señalado los propios gobernante- que es indispensable introducir nuevos cambios en las viejas estructuras que, por su obsolescencia, ya no responden a las exigencias de un mundo cada vez más científico y tecnificado y, al mismo tiempo, con más legítimos derechos a una vida más plena y fecunda. "La juventud ha señalado en más de una ocasión que la pesada máquina burocrática existente en el país se ha quedado atrás y que, de consiguiente, para movilizarla, sólo corresponde emplear sistemas que la conmocionen y agilicen. Sin embargo, importantes sectores de la vida nacional, conscientes del problema, rechazan los métodos empleados por las implicancias violentas que tienen, por el deterioro de tradicionales normas de jerarquía y juridicidad y, por último -y no por ello menos significativo- por la pérdida de clases que el proceso envuelve. "No se trata aquí de buscar responsables, sino de lamentar los hechos ocurridos ayer, que dejaron un saldo numeroso de heridos, por ambos grupos, y dañada, innecesariamente, la autonomía universitaria, cuando la Universidad de Chile-Chillán cumplía normalmente sus actividades académicas. "Será necesario cifrar ahora las mayores esperanzas en orden a que tanto las autoridades como los estudiantes puedan encontrar las fórmulas más adecuadas para salvar las impases que existen respecto de las necesidades de algunos establecimientos educacionales y, de nuevo, puedan normalizarse las actividades docentes de la ciudad, como, sin duda, todos lo esperan." Creo que la actuación de la fuerza pública en el episodio que comento es reveladora de los días que vivimos. En efecto la violencia se hace sentir en Chile proyectada desde todos los ángulos. Por una parte, movimientos tal vez generosos, pero desconectados de la realidad y de la verdadera conveniencia de una auténtica Izquierda, pretenden apresurar los cambios sociales haciendo uso de la agresión y del ataque material; por otra, el Gobierno y su aparato policial reprimen esas actuaciones con rigor que nada justifica. Y lo que es más absurdo, grupos de la extrema Derecha procuran contener procesos inevitables y necesarios Como el de la reforma agraria, apelando también a la violencia con inconcebible olvido de que ese recurso, fatalmente, se vuelve en contra de sus posibilidades de subsistir. Frente a esto, a la democracia sólo se presenta como posible un camino: el que pueden encontrar las fuerzas de la Izquierda organizada, las cuales, mediante su unidad, ofrezcan al pueblo de Chile la solución de los problemas que motivan la inquietud social y, por consiguiente, la violencia, que es expresión de la insatisfacción y desesperación de quienes viven de su trabajo. He dicho. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se levanta la sesión. -Se levantó a las 21.7. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. DOCUMENTOS: 1.- OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA TABLA APLICABLE A LA REVALORIZACIÓN DE PENSIONES DE LA LEY Nº 17.147. Por oficio Nº 286, de 7 de agosto del año en curso. V. E. ha tenido a bien comunicarme que el Honorable Congreso Nacional ha aprobado un proyecto de ley que modifica el inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 17.147. Además de esa modificación, y de otras disposiciones, el citado proyecto, en su artículo 39, autoriza a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para pagar horas extraordinarias a su personal con el solo objeto de efectuar la revalorización de las pensiones ordenada por la ley Nº 17.147 y realizar otras labores. Los trabajos señalados por el artículo 3º forman parte de las tareas ordinarias que debe efectuar el personal de la Caja de Previsión de Empleados Particulares y, por consiguiente, no se justifica que ellas se ejecuten en horas extraordinarias. Por tal razón, en uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en vetar el artículo 3º del proyecto de ley en referencia y propongo su supresión. En uso de la misma atribución, vengo en proponer las siguientes adiciones al citado proyecto: 1°-El artículo 25 de la ley Nº 10.475 establece el sistema de reajuste de las pensiones de jubilación y montepío otorgadas por la Caja de Previsión de Empleados Particulares y dispone que las pensiones o la parte de ellas inferiores a dos sueldos vitales gozarán de un porcentaje de aumento igual al de los sueldos vitales; la parte comprendida entre dos y cuatro sueldos vitales, del 50% de ese aumento; y la parte superior a cuatro sueldos vitales, del 25% del mismo porcentaje. Como consecuencia de la aplicación de esta escala, la mayoría de las pensiones sufrió una pérdida de su poder adquisitivo, ya que la parte de ellas superior a dos sueldos vitales no ha sido reajustada en el mismo porcentaje en que lo ha sido dicha remuneración, que, como es sabido, aumenta todos los años en el mismo porcentaje de aumento del índice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Esta situación fue remediada por la ley Nº 17.147, al devolver a esas pensiones el deterioro que habían tenido hasta el 31 de diciembre de 1968; pero, al aplicarse el próximo año la disposición del artículo 25 de la ley Nº 10.475, volverá nuevamente a producirse el mismo inconveniente antes señalado. Para obviarlo, propongo agregar al proyecto de ley aprobado por el Honorable Congreso nacional el siguiente artículo nuevo: Artículo...- Reemplázase, a contar desde el 1° de enero de 1970, el artículo 25 de la ley Nº 10.475 por el siguiente: "Artículo 25.- La Caja y los organismos auxiliares reajustarán anualmente en el mismo porcentaje en que aumente el sueldo vital, escala a), del departamento de Santiago, a contar del 1° de enero de cada año, las pensiones a que se refiere el artículo 8º, que tengan un año de vigencia." 2º.- Entre las instituciones de previsión que deben revalorizar las pensiones de jubilación y montepío concedidas en conformidad a las disposiciones de la ley Nº 17.147, se cuenta la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile. El estatuto que rige esta institución estableció, al igual que existía para los demás organismos que atienden el sistema previsional banca-rio, el Fondo Extraordinario de Pensiones, con el objeto de atender al reconocimiento del total de los años servidos por los empleados del Banco del Estado de Chile y los reajustes de las pensiones. A estos objetivos, que son comunes con los asignados a ese Fondo, el estatuto de la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, le agregó la obligación de financiar en gran parte la asignación familiar de los jubilados, que, en todas las demás Cajas de Previsión, se costea con los recursos establecidos por las leyes 7.295 y 12.401. Esta innovación pone a la Caja de Previsión y Estímulo del Personal del Banco del Estado de Chile en situación de inferioridad para po der atender la revalorización de pensiones ordenada por la ley Nº17.147: y no parece razonable que los ingresos del Fondo Extraordinario de Pensiones sean desviados a fines distintos para los cuales fue creado ese Fondo en el sistema previsional bancario. Propongo, en consecuencia, agregar al proyecto de ley a que se refiere este oficio el siguiente artículo nuevo: "Artículo...- ntrodúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2252, del Ministerio de Hacienda, de fecha 27 de febrero de 1957, publicado en el Diario Oficial de 13 de marzo del mismo año: a) Derógase el Nº 6 del artículo 15; b) Suprímese en el penúltimo inciso del artículo 21 la frase final que expresa "y, en la parte que corresponda, el beneficio establecido en el artículo 24"; c) Reemplázase el artículo 24 por el siguiente: "La asignación familiar a los pensionados se pagará con cargo a los recursos indicados por el artículo 17 de la ley Nº 12.401 y sus modificaciones". d) Reemplázanse en el artículo 69 las palabras "30 de junio" por "31 de diciembre". 3º.- Para facilitar el pago de las imposiciones, el Servicio de Seguro Social ha encomendado en algunos casos, la venta de las estampillas con que ellas se pagan a instituciones intermedias, lo cual lo ha hecho principalmente en localidades en que no tiene oficinas el Servicio. Como este procedimiento, a todas luces ventajoso, ha merecido algunos reparos por no estar expresamente autorizado por la ley, propongo agregar los siguientes artículos nuevos: "Artículo...- Intercálase en el artículo 58 de la ley N° 10.383, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso: "Con acuerdo de su Consejo Directivo y aprobación de la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio podrá también y en casos especiales, encomendar a otras personas, naturales o jurídicas, la venta de estampillas a comisión, pero conservando siempre el control y la responsabilidad de tales ventas." "Artículo...- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, se declaran válidos, para todos los efectos legales, los convenios celebrados con anterioridad a esta ley por el Servicio de Seguro Social sobre la misma materia." 4º.- El artículo 101 de la ley Nº 16.735 autorizó a la Caja de Previsión de Empleados Particulares para destinar el excedente producido en el Fondo de Asignación Familiar en el año 1967 a diversos fines señalados por la misma disposición. Como ha merecido dudas la facultad que tendría esa Caja para construir edificios o adquirir edificios ya construidos destinados a cumplir aquellos fines; como, asimismo, que las obras autorizadas puedan favorecer también a los pensionados, se hace necesario aclarar la disposición del citado artículo 101 de la ley Nº 16.735. Con este objeto, propongo agregar el siguiente artículo nuevo: "Artículo...- Declárase, interpretando el artículo 101 de la ley 16.735, que la facultad conferida al Consejo Directivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares por la citada disposición, modificada por el artículo 97 de la ley N° 16.840, comprende la de construir directamente y la de adquirir también edificios ya construidos que sean adecuados a los fines a que esas disposiciones legales se refieren; la de efectuar las reparaciones o transformaciones de ellos; la de financiar su alhajamiento e instalación y la de adquirir los bienes necesarios para su equipamiento comunitario. Se declara, asimismo, que estas obras favorecerán tanto a los imponentes activos como a los pensionados y que ellas podrán efectuarse en bienes o terrenos que se adquieran para estos efectos o que la Caja aludida poseyere con anterioridad. En el último de estos casos, se efectuará una tasación del o de los inmuebles respectivos por la Corporación de la Vivienda y la cantidad que ella arroje se girará con cargo a la cuenta Excedentes de Asignación Familiar, ley 16.735, a fin de abonarla a los fondos generales de dicha Caja de Previsión. Un reglamento especial que el Presidente de la República dictará en el plazo de 180 días contados desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, fijará el estatuto jurídico a que estarán sujetos estos bienes y las construcciones que en ellos se realicen particularmente en lo concerniente a su dominio y a los órganos o personas encargados de su administración. 5º.- El artículo 136 de la ley Nº 16.840 facultó a la Comisión Revalorizadora de Pensiones para fijar las condiciones en que debían ser restituidas por los beneficiarios las cantidades indebidamente percibidas con cargo al Fondo Revalorizador de Pensiones y para remitir la obligación de restituirlas en casos calificados. La experiencia ha demostrado que muchas veces se producen, de buena fe y por errores, pagos indebidos de prestaciones por parte de las Instituciones de Previsión, cuya restitución debe exigirse de inmediato a los interesados, imponiéndoles un gravamen considerable, por la ausencia de facultades para otorgarles facilidades. De aquí la conveniencia de conceder a la Superintendencia de Seguridad Social las mismas atribuciones dadas a la Comisión Revalorizadora de Pensiones respecto de las prestaciones indebidamente percibidas de aquellas Instituciones. Propongo, en consecuencia, agregar el siguiente artículo nuevo: "Artículo...- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136 de la ley N° 16.840 publicado en el Diario Oficial de 24 de mayo de 1988, corresponderá exclusivamente al Superintendente de Seguridad Social resolver, a petición expresa de cada interesado, que las Instituciones de Seguridad Social sometidas a su fiscalización otorguen facilidades para la restitución y pago de las sumas que hayan percibido por concepto de prestaciones erróneamente concedidas. Asimismo, podrá remitir la obligación de restituir las cantidades referidas en el inciso anterior cuando, a juicio del Superintendente, circunstancias calificadas así lo justifiquen. Dios guarde a V. E., (Fdo.): Eduardo Frei Montalva.- Eduardo León Villarreal. 2.- INFORME DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN PUBLICA Y DE DEFENSA NACIONAL UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE CREA EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. Honorable Senado: Vuestras Comisiones de Educación Pública y de Defensa Nacional Unidas tienen el honor de informaros acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, con urgencia calificada de "simple", que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación. En el debate habido en el seno de las Comisiones Unidas participaron el Honorable Senador señor Valente; los Ministros de Educación Pública, señor Máximo Pacheco y de Defensa Nacional, General Tulio Marambio, respectivamente, y contamos con la permanente y eficaz colaboración del Director de Deportes del Estado, señor Marco Antonio Rocca. Además, se oyó a las siguientes personas: don Sabino Aguad, Presidente del Consejo Nacional de Deportes y del Comité Olímpico de Chile; don Enrique Millán, Presidente Nacional de los Consejos Locales de Deportes; don Alberto Calvo, Director por la Zona Norte del Comité Nacional de los Consejos Locales de Deportes; don Fermín Lazo, Presidente de la Agrupación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios; don Alberto Palma, Director del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, y don Sergio Navarrete, miembro del Comité Ejecutivo permanente de los Consejos Locales de Deportes. 1.- Generalidades. Vuestras Comisiones Unidas realizaron un acucioso y detenido estudio de esta iniciativa de ley a través de diez largas sesiones. No obstante, la premura del tiempo, ya que sólo hemos terminado la discusión de sus 52 artículos permanentes y 5 transitorios hoy día lunes 1° de septiembre en curso después de las 18 horas y este informe deberá estar a disposición en la Sala pesado mañana miércoles 2 del presente, nos obliga a reducirnos tanto en este acápite que contiene consideraciones generales sobre el asunto, como en el resto de ellos que tratan de la discusión en torno a cada uno de sus preceptos. La legislación vigente sobre la materia está contenida en el DFL. Nº 761, de 28 de julio de 1948, que creó la actual Dirección de Deportes del Estado. Tal texto legal se ha hecho insuficiente y, en alguna parte anacrónico, para posibilitar la solución a los múltiples y crecientes problemas del deporte nacional. A partir del año 1953, surgieron varias iniciativas parlamentarias para establecer nuevas normas legales. Son dignas de especial mención la patrocinada por el actual Senados -Diputado en aquel entonces- don Juan de Dios Carmona; siguió la proposición de que fue autor el Honorable Senador señor Humberto Aguirre Doolan; la más reciente es obra principalmente del Honorable Senador señor Salvador Allende. El proyecto de ley en informe legisla sobre el deporte y la recreación. Estas actividades han tenido un considerable desarrollo en las últimas décadas y el interés que ellas despiertan en amplios sectores de la población, constituye hoy en día un fenómeno universal. A grandes rasgos, podría decirse que las actividades deportivas y recreativas guardan relación con un fenómeno de carácter sociológico, cual es el progresivo aumento del tiempo libre unido a las peculiares formas de vida que la sociedad industrial y urbana imponen a la mayoría de la población. Por otra parte, el deporte y la recreación se encuentran vinculados también al concepto del mejoramiento físico y mental de los ciudadanos y, en forma más particular, al de educación física. Pero como, en todo caso, el deporte y la recreación constituyen una parte muy especial de la educación física y, en gran medida tal vez, son las actividades menos sistemáticas dentro de ese concepto, vuestras Comisiones Unidas han estimado pertinente fijar claramente el ámbito de la ley, específicamente en lo que se refiere a la organización y fomento del deporte y la recreación. Lo anteriormente expuesto significa que esta proposición de ley se preocupa de las actividades deportivas y recreativas que realizan hombres y mujeres fuera de su horario escolar o de trabajo, con lo cual queda en claro que no se desatienden las necesidades de niños, jóvenes, trabajadores o cualquier otro sector de la población, ya que el campo de aplicación de estas normas es muy amplio. Solamente no se ha hecho referencia a la organización de las actividades escolares en lo que se refiere al desarrollo de la educación física, dentro de los planes de estudio y de la concepción de la política educacional del país. En efecto, se ha estimado después de oír al Ministro de Educación Pública y al Director del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, que éstas son materias propias de la política educacional general y que deben ser reglamentadas por el Ministerio respectivo. El deporte propiamente tal, aunque aquí no se define expresamente por estimarse innecesario, considerado como la actividad humana practicada voluntariamente, sometida a ciertas reglas pre- establecidas que incluyen el carácter competitivo de los eventos, y en los cuales se combinan destreza, conocimientos y habilidades, tanto físicos como intelectuales. La recreación, en cambio, es considerada, conforme a su acepción actual, como un conjunto de actividades que se realizan voluntariamente durante las horas libres, sea o no en contacto con la naturaleza, con fines de obtener descanso, entretenimiento o un perfeccionamiento personal. Tales actividades, vale decir, las recreativas, unidas por un estrecho vínculo a las deportivas, no tienen sin embargo, carácter competitivo y su reglamentación, cuando existe, es en términos generales, más flexible que la de los deportes. En consecuencia, el proyecto de ley con las enmiendas introducidas por vuestras Comisiones Unidas teniendo en cuenta las opiniones vertidas en su seno y también, por cierto, aquellas de carácter crítico, intenta organizar las actividades deportivas y recreativas del país sobre la base de la autonomía de las instituciones constituidas con estos fines y, al mismo tiempo, conciliar esta idea con la necesidad de un apoyo por parte del Estado y de las Municipalidades. Esto último sin perjuicio del papel centralizador, directivo y coordinador de aquél, como se puntualizará en seguida al iniciarse el estudio del articulado, el cual se hará siguiendo el orden de cada uno de los párrafos en que se agrupan las respectivas disposiciones dentro de su contexto. 2.- De la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Comisión Nacional Asesora. El Párrafo 1° del proyecto que os proponen vuestras Comisiones Unidas y que titulamos "De la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Comisión Nacional Asesora", tiene cinco artículos que corresponden a algunas de las disposiciones consultadas en los primeros cinco artículos de la iniciativa de la Honorable Cámara de Diputados. Decimos algunas porque hubo supresiones que obedecen al criterio de dejar todo lo concerniente a la Educación Física al margen de esta ley, inspirado en el propósito de vuestras Comisiones Unidas de no legislar sobre esta materia en la presente oportunidad. Por tal razón rechazamos el artículo 2º de la Cámara de origen, que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación. Además, a otros de estos preceptos se les dio una nueva ubicación en el contexto del proyecto, por razones de método. Nuestro artículo 1° es una declaración de principios, producto de una acuciosa labor de pulimiento realizada en el seno de las Comisiones Unidas. Tales principios son los siguientes: el estímulo del deporte y la recreación será preocupación del Estado; el respeto y garantía, por parte de éste, de la autonomía de las organizaciones deportivas; la institución de un organismo estatal, centralizador y directivo que señalará la política y coordinará las actividades deportivas y recreacionales en el país, y, por último, la participación en estas labores de las organizaciones deportivas en el papel de cooperadoras. El artículo 2º de la proposición de vuestras Comisiones Unidas es prácticamente el artículo 3º del proyecto aprobado en primer trámite, con un reordenamiento de conceptos. Esta disposición establece que la actual Dirección de Deportes del Estado pasará a denominarse Dirección General de Deportes y Recreación y será un servicio funcionalmente descentralizado dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra. El Director General será designado por el Presidente de la República y será funcionario de su exclusiva confianza. Las funciones de la aludida Dirección General están señaladas en el artículo 3º de nuestro proyecto, que corresponde al artículo 5º de la iniciativa objeto de este informe. En síntesis, se podría resumir diciendo que se le otorgan todas las necesarias para orientar, estimular y coordinar las actividades deportivas y recreacionales del país. Destacamos sobre el particular el precepto consultado en la letra n) que, en general, la autoriza para dictar normas conducentes a la consecución de sus fines. Las enmiendas introducidas inciden en la supresión de letras redundantes o imprecisas que tácitamente están contenidas en la regla general recientemente referida. Se acordó dejar constancia que estas supresiones, sugeridas por el Honorable Senador señor Silva Ulloa, no significan una reducción de las facultades de la Dirección General, sino que un mejor método de ordenamiento. Además, se completó el precepto concerniente a la atribución para aplicar sanciones. El artículo 4° del proyecto en estudio, que corresponde a los artículos 4º y 5° del nuestro, crea una Comisión Nacional Asesora al nivel del Director General de Deportes y Recreación que tiene por objeto prestar a éste su colaboración en la formulación y planeamiento de su política. Es obligación de esta Comisión reunirse a lo menos dos veces al año. En cuanto a la composición de esta entidad, cabe hacer presente que fueron suprimidas aquellas personas que la formaban que están bajo la dependencia del Director General de Deportes y Recreación, porque se estimó que éste tiene facultad para hacerse asesorar por aquéllos aunque la ley nada diga y para concurrir con ellos a las sesiones de la Comisión. Además, se elevó la representación de las organizaciones deportivas con el propósito de contar con la más amplia gama de opiniones en esta labor asesora. Por último, con el solo voto favorable de su autor, se rechazó una indicación del Honorable señor García para suprimir en la composición de este organismo la representación de la Central Única de Trabajadores. 3.- De las organizaciones Deportivas. Los artículos 14 a 19 del proyecto de la Cámara de origen fueron agrupados en un solo párrafo, bajo el epígrafe "De las Organizaciones Deportivas", que abarca los artículos 6º a 13 del proyecto que os recomendamos. El deporte en nuestro país queda estructurado conjugando dos criterios fundamentales: uno vertical o por especialidad deportiva y otro horizontal o geográfico. En ambos casos las células básicas están constituidas por los Clubes Deportivos. En virtud del primero de los referidos criterios, los Clubes se agrupan en Asociaciones o Ligas por especialidad deportiva. Así por ejemplo, existen Ligas de fútbol, Asociaciones de basquetbol, etc. Las Asociaciones de una misma especialidad constituyen una Federación Deportiva Nacional. Si seguimos avanzando en esta pirámide vemos que las Federaciones se suman para formar el Consejo Nacional de Deportes. Paralelamente al Consejo Nacional de Deportes existe otro organismo, cual es el Comité Olímpico de Chile, que reúne en su seno las organizaciones deportivas que cultivan algunas de las especialidades que participan en los Juegos Olímpicos. Por otra parte, volviendo a lo anterior, hay que decir que un importante número de las Ligas, especialmente las de fútbol, forman parte de la Agrupación Nacional de Deportitas Aficionados de los Barrios (ANDABA). Las Ligas no están afiliadas a Federaciones. Queda de esta manera explicada la estructura concerniente al primero de los criterios enunciados, vale decir el vertical o por especialidad deportiva. Resta, en consecuencia, referirnos al segundo de los criterios antedichos, esto es, el horizontal o geográfico. Desde este punto de vista, las Asociaciones de una comuna -y muchas veces también las Ligas- se agrupan en los Consejos Locales de Deportes. Por regla general existe uno de dichos Consejos en cada comuna; ellos son organismos cooperadores de la función del Estado en el fomento del deporte y coordinadores de las actividades deportivas locales. Constituyen además un nexo entre las autoridades y las bases deportivas. Siguiendo con el esquema territorial, cabe hacer presente que existirán también Consejos Provinciales de Deportes, formados por los Presidentes de los Consejos Locales de la respectiva provincia, cuya función es la de coordinar y fomentar las labores de estos últimos. Vuestras Comisiones Unidas consultaron una innovación importante en lo relativo al analizado esquema territorial, cual es el precepto consignado en el inciso segundo del artículo 5º, que dispone que la planificación regional de las actividades deportivas para todo el país se hará con el concurso de los Consejos Provinciales de Deportes. Como anexo al presente informe agregamos un organigrama analítico que dará mayor luz sobre la materia. No abundaremos en mayores explicaciones dada la claridad de la letra de los preceptos que os recomendamos. Cabe referirnos a otras de las enmiendas que introdujeron vuestras Comisiones Unidas al cuerpo de artículo que agrupamos bajo el epígrafe que estamos comentando. Se suprimió, al tratar del Consejo Nacional de Deportes y del Comité Olímpico de Chile, las referencias a su personalidad jurídica, a fin de que no cupiera una interpretación en orden a que constituirían personas jurídicas de derecho público. Con la intención también de evitar interpretaciones equívocas, se precisa que el Consejo Nacional de Deportes es sólo la máxima autoridad de las Federaciones Deportivas que lo forman. Por último, a indicación del Honorable señor Ferrando, se incorporó una disposición que define el concepto de Club Deportivo, que resulta esencial para la estructura orgánica del deporte nacional. 4.- Normas especiales aplicables al Deporte Profesional. Están consultadas en los artículos 14 a 17 del proyecto de las Comisiones Unidas y corresponden a los artículos 22 a 28 del de la Honorable Cámara de Diputados. Ellas se refieren a la totalidad del deporte rentado y fueron tomadas del informe emitido por la Comisión especial de esa Corporación que estudió todos los asuntos relacionados con la crisis producida en las actividades del fútbol profesional. Lo sustancial de este acápite es una delegación amplia de facultades que se hace al Presidente de la República para reglamentar esta materia. Os hacemos presente que aquí se entrega a la Dirección General de Deportes y Recreación la facultad de supervigilar a las organizaciones del deporte rentado, en el aspecto financiero. Concierne en especial al fútbol una enmienda consultada en el inciso tercero del artículo 15 de nuestra proposición, que tuvo origen en una indicación del Honorable Senador señor Jerez, que dispone que será obligatorio contemplar en los contratos de transferencia o préstamos de jugadores profesionales de fútbol a entidades extranjeras, una cláusula que permita a esos jugadores integrar la representación chilena en los campeonatos internacionales. 5.- La Corporación de Construcciones Deportivas Este nombre se le dio a la entidad que el proyecto de la Cámara de origen denomina "Fondo de Construcciones Deportivas" y que está contenido en los artículos 7º a 13 de dicha iniciativa. Vuestras Comisiones Unidas se refieren a tal organismo en los artículos 18 a 24 y lo conciben como una corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, cuyas finalidades son adquirir terrenos y construir, arrendar, habilitar o reparar edificios e instalaciones para prácticas deportivas o de recreación, así como equipar éstas y aquéllos. Con todo, cabe advertir desde luego que las facultades conferidas a la Corporación de Construcciones Deportivas no menoscaban la esfera de competencia que pudiera corresponder al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En efecto, la Corporación en referencia sólo podrá ejecutar por sí misma algunas obras menores, como se desprende de la atribución a ella conferida en los artículos 21, inciso segundo, y 22 de nuestra proposición, siempre que no emplee a este efecto recursos provenientes de las Municipalidades y de las organizaciones deportivas. La creación de esta Corporación obedece a la necesidad de facilitar el uso de los recursos que proporcione esta ley, ya que de ser ellos entregados a la Dirección General de Deportes y Recreación, que participa de la personalidad jurídica del Fisco, se verían disminuidas las posibilidades de una acción eficaz y oportuna en el campo de las construcciones deportivas. A indicación del Honorable Senador señor Ferrando se aprobó una enmienda que consulta un precepto que autoriza a la Corporación de Construcciones Deportivas para efectuar aportes a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales a fin de financiar la ejecución de gimnasios, canchas de basquetbol o recintos deportivos en los planteles de educación, básica, media y normal. Se acordó dejar expresa constancia de que esta norma específica no importa una restricción de la capacidad de la Corporación para actuar en el orden patrimonial, sino que obedece a la necesidad de consagrarla como precepto de excepción frente al principio rector de esta iniciativa, que no dice relación con el deporte escolar. Obedeciendo siempre a los propósitos esenciales de la iniciativa en estudio, se impone a las Corporaciones dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la obligación de considerar en sus programaciones un porcentaje del área destinada a construcciones habitacionales, para recintos deportivos y de recreación. Por último, vuestra Comisiones Unidas rechazaron una disposición consultada en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que declaraba de utilidad pública y autorizaba a expropiar todos aquellos terrenos que durante los últimos cinco años hayan sido usados como campos deportivos. Al adoptar tal pronunciamiento estimamos que era obvio que un precepto tan amplio traería como consecuencia que los propietarios se abstendrían de facilitar el uso de sus predios para prácticas deportivas. 6.- Disposiciones Varias. El proyecto de la Cámara de origen agrupa en este párrafo sus artículos 29 a 39, lo que en nuestra proposición corresponde a los artículos 25 a 41. Dentro del método de ordenamiento en que han encausado su labor vuestra Comisiones Unidas, trasladamos a este epígrafe algunos preceptos que figuraban diseminados en los anteriores. No nos detendremos a indicarlos dado que algunos de ellos ni siquiera eran artículos, sino que incisos o parte de ellos, que fueron trasladados o refundidos. Las materias más importantes consultadas en este párrafo son las que se indican en seguida, con expresa mención de su origen cuando hayan nacido en vuestras Comisiones Unidas. Primeramente, en lo que concierne a exenciones tributarias: a) La más amplia y comprensiva es la que libera de toda clase de impuestos fiscales y municipales a la Dirección General de Deportes y Recreación y la Corporación de Construcciones Deportivas; b) La exención de impuesto territorial en favor de los inmuebles que sean de propiedad de las organizaciones deportivas y estén dedicados a actividades deportivas o recreacionales, y c) La exención sólo de la parte fiscal de la contribución de bienes raíces de aquellos predios, o parte de ellos, que fueren dados en comodato a la Dirección General de Deportes y Recreación con el objeto de destinarlos a finalidades deportivas. El respectivo artículo tuvo origen en una indicación del Honorable Senador señor García y fue adicionado por los Honorables Senadores señores Carmona y Silva Ulloa. En definitiva ella fue aprobada con el voto en contra del Honorable Senador señor Montes. En seguida se consultan preceptos que permiten a los deportitas aficionados y escolares obtener rebaja en los pasajes de la Línea Aérea Nacional y de ferrocarriles cuando deban viajar dentro del país para participar en determinados campeonatos. A indicación de los Honorables Senadores señores Carmona, Olguín, Silva Ulloa y Valente, y del Honorable Senador señor Morales, se agregó en el inciso segundo de esta disposición las provincias de Tarapacá y Antofagasta y de Chiloé, respectivamente. Vuestras Comisiones Unidas hicieron extensivas estas rebajas a los miembros de la Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación, en los casos en que les corresponda asistir a las sesiones de ésta. Más adelante se establece el derecho de los deportitas y dirigentes que sean empleados y obreros del Estado y de las Municipalidades, que participen en campeonatos nacionales o internacionales, a un permiso especial con goce de sueldo hasta por 30 días hábiles cada año. Similar disposición se consulta para los dirigentes y expertos en actividades de recreación, con un límite de 7 días hábiles anuales. Como complemento de lo anterior se determina que los empleados y obreros del sector privado tendrán iguales derechos y garantías, abarcando la conservación del empleo, el goce de su remuneración y la obligación patronal de efectuar imposiciones por el respectivo lapso. El correspondiente procepto fue complementado por el Honorable Senador señor Silva Ulloa. Al tratar de esta materia se acordó dejar expresa constancia en el presente informe que el término "participar" que se emplea en esta parte de la proposición de ley no significa sólo la actuación del deportista en la prueba misma, sino que comprende, además, el período que dure el traslado y el de adiestramiento que le precede, siempre que este último sea indispensable para competir. Después se consigna un precepto que sienta las bases para resolver el asunto relativo a la educación física, el deporte y la recreación escolar, dejándolo entregado a las normas que dicte el Presidente de la República. Cabe analizar, a continuación, los artículos que disponen que desde el 1° de enero de 1970 el Estadio Nacional de Santiago, dependiente de la Subsecretaría de Educación Pública, pasará a depender de la Dirección General de Deportes y Recreación. Especificamos que tales artículos son los signados con los números 30, 31, 32 y 33 del proyecto que os proponemos. El Ejecutivo formuló indicación en el seno de vuestras Comisiones Unidas para suprimir todos los preceptos concernientes a esta materia que no figuraban en el Mensaje y que fueron agregados por la Cámara de origen. En votación la mencionada indicación del Ejecutivo, ella fue rechazada por la unanimidad de vuestras Comisiones Unidas. Adoptamos tal pronunciamiento, no porque estimáramos que el Estadio Nacional había sido mal administrado por la Subsecretaría de Educación Pública, sino que en razón, principalmente, de que la dependencia de la Dirección General de Deportes y Recreación se aviene más a uno de los principios que inspiran a la iniciativa de ley, cual es, la institución de un organismo estatal centralizador y directivo que señalará la política y coordinará las actividades deportivas y recreativas del país. Por otra parte, la circunstancia de que se establezca que los ingresos provenientes del uso y explotación del Estadio Nacional incrementarán exclusivamente los fondos de la citada Dirección General, la que los depositará en una cuenta con la mención especial de "Estadio Nacional", permitirá a aquélla cumplir con su propósito de realizar dentro del Estadio obras de gran provecho para el deporte. Una de ellas es la construcción de un estadio de atletismo para 5.000 personas, de modo que los espectáculos de fútbol profesional no impidan que se haga deporte escolar ni se vea interferido por éste. De los antecedentes proporcionados, además, sobre el particular a vuestras Comisiones Unidas, subrayamos las siguientes: En los países más avanzados en materia de deportes, están separados los estadios de atletismo y los coliseos de fútbol, el que además de ser un deporte representa, en Santiago, la recreación en oportunidades de un número superior a 70.000 personas. La actual situación del Estadio Nacional en lo que concierne a su dependencia, se debe exclusivamente a motivos históricos, ya que cuando fue construido, en 1938, no existía la Dirección de Deportes del Estado. Dicho Estadio tiene aproximadamente 64 hectáreas en el centro de la comuna de Ñuñoa, de las cuales más o menos 24 permanecen como sitios eriazos. Aún no se ha terminado la piscina olímpica ni el "court" central de tennis. Por lo demás, el deporte escolar no se verá menoscabado por este cambio de dependencia, por cuanto el Ministerio de Educación tendrá participación en el Consejo de Administración, de tal manera que tendrá voz y voto en la planificación de las actividades del Estadio. En lo que respecta a la situación del personal del Estadio Nacional, cabe agregar que él quedará garantizado en sus derechos, incluso la Subsecretaría de Guerra ha aceptado que dicho personal pueda optar por afiliarse a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Por último, cabe hacer presente en este epígrafe, que resultó reglamentariamente rechazada una indicación de los Honorables Senadores señores Carmona, García y Jerez, que consultaba un precepto que suprimía las entradas liberadas al Estadio Nacional, con la excepción del Palco del Presidente de la República. 7.- Del personal. En el proyecto de la Cámara de origen la Planta del personal de la Dirección General de Deportes y Recreación y de lo que denominamos Corporación de Construcciones Deportivas, está tratada en los artículos 40 a44. En nuestra proposición está contenida en los que llevan los números 42 a 46. Se consulta también en estos preceptos otras normas relativas a dicho personal. Las Comisiones Unidas agregaron a su artículo 43 una referencia al artículo 64 del Estatuto Administrativo. Esta última disposición establece que se perderá el derecho al sueldo del grado superior cuando el cambio de Categoría o Grado que experimente un empleado esa consecuencia de una modificación de carácter general de la Planta. Lo añadido por las Comisiones significa que el encasillamiento que en este proyecto de ley se establece no será considerado ascenso y no hará perder, en consecuencia, el derecho contenido en los artículos 59 y 60 del aludido Estatuto Administrativo. En seguida, al precepto de la iniciativa de la Honorable Cámara de Diputados que consulta una gratificación para el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas que sea destinado a prestar servicios en los organismos a que se refiere este párrafo, vuestras Comisiones Unidas agregaron un inciso que hace extensivo tal beneficio al personal en retiro. Finalmente, se dispone que las remuneraciones que perciba el personal a que nos venimos refiriendo serán compatibles con las pensiones de jubilación, retiro y montepío de que ellos estén gozando, con el límite de la renta máxima establecida en el artículo 1° del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones. 8.- Del Financiamiento. Se ocupan de esta materia los artículos 45 a 52 de la iniciativa en informe. En la proposición de vuestras Comisiones Unidas los preceptos respectivos llevan los números 47 a 52. Os daremos a conocer, enseguida, las principales enmiendas que introdujimos al financiamiento. En primer lugar figura la destinación del impuesto al alcohol potable. Las Comisiones Unidas lo aceptaron aclarando y reordenando el precepto. Más adelante la Cámara de origen consultaba la autorización para que el Hipódromo de Chile, el Club Hípico de Santiago y el Valparaíso Sporting Club establecieran la apuesta del tiercé o terceto, en combinación con los hipódromos centrales, fuera de las oficinas o dependencias de estos hipódromos. El mismo artículo fijaba los porcentajes conforme a los cuales se distribuirán las utilidades entre los organismos y entidades a que se refiere este proyecto de ley. La respectiva disposición, que llevaba el número 46, fue rechazada por vuestras Comisiones Unidas fundándose en la inconveniencia de seguir facilitando la práctica de los juegos de azar. En lugar de esta fuente de recursos consultamos el establecimiento de un recargo de Eº 1 en el precio de las entradas de galería, tribunas no numeradas y similares, y de Eº 2 en el precio de las entradas de tribunas numeradas o de preferencia, en los espectáculos de fútbol profesional de Primera División y de la División de Ascenso, sean nacionales o internacionales. Según informaciones proporcionadas por el Director de Deportes del Estado, dicho recargo se había estado solicitando como erogación voluntaria en fechas anteriores de la competencia profesional, con la denominación "Bono Canchas para Chile", a manera de experimentación, lo cual permite augurar el éxito del rendimiento. Sobre la base de una indicación del Honorable Senador señor Hamilton, perfeccionada por el Honorable Senador señor Silva Ulloa, se aprobó un precepto que destina el 40% de los fondos obtenidos por este concepto a los Clubes afiliados a la Asociación Central de Fútbol, en proporción al ingreso producido en la respectiva reunión. Este mismo precepto dispone que los Clubes beneficiados deberán invertir dicho 40% exclusivamente en la construcción de recintos deportivos, imponiéndose la obligación de contar con cancha propia para prácticas y entrenamientos dentro del plazo de 3 años. En seguida, vuestras Comisiones Unidas aprobaron el artículo de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza como fuente de recursos la realización de carreras extraordinarias en días no festivos, en los dos hipódromos de Santiago. Las enmiendas que introdujimos consistieron en reducir a una reunión semestral en lugar de tres en cada uno de los aludidos recintos, extendiendo la autorización hasta el 31 de diciembre de 1971. Consultamos más adelante otra fuente de recursos que es original de vuestras Comisiones Unidas, consistente en aumentar del 2% al 4% el gravamen establecido en el artículo 245 de la ley Nº 16.464, sobre el monto de los premios mayores de la Lotería de Concepción y de la Polla Chilena de Beneficencia. Finalmente, rebajamos la destinación que una norma de la Cámara de origen obligaba a hacer a las Municipalidades para el fomento del deporte amateur en sus respectivas jurisdicciones, del 0,5% de los ingresos ordinarios al 0,3%. Por último, con el voto en contra del Honorable Senador señor Carmona, se rechazó el artículo 52 del proyecto en análisis que autorizaba la internación y liberaba de derechos aduaneros respecto de las mercaderías que importen las Federaciones de Automovilismo Deportivo, de Motociclismo y de Go-Kart de Chile. 9.- De los artículos transitorios. Los 5 artículos transitorios que figuraban en el proyecto en informo aumentan a 12 en el de vuestras Comisiones Unidas. Ello se debe a que trasladamos a este párrafo preceptos que tenían este carácter y que figuraban en el cuerpo de disposiciones permanentes, además de otros que agregamos en este estudio. Estos artículos tiene principalmente por objeto solucionar las situaciones que pudieran producirse al personal por los cambios de plantas y encasillamiento y los concernientes a las reglamentaciones de diversas situaciones que requieren textos específicos en este ámbito. La proposición de ley en referencia debe pasar a la Comisión de Hacienda para los efectos del artículo 38 del Reglamento de la Corporación. Con el mérito de las consideraciones anteriores, vuestras Comisiones Unidas tienen el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones: Agregar a continuación de la expresión "Párrafo 1º", el siguiente epígrafe: "De la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Comisión Nacional Asesora.". Artículo 1°. Sustituirlo por el siguiente: "Artículo 1°.- El deporte y la recreación serán estimulados por los organismos públicos conforme a las disposiciones de esta ley, con la cooperación de las organizaciones deportivas, cuya autonomía es respetada y garantizada por el Estado. La política de deportes y recreación en el país y la coordinación de las organizaciones deportivas y de las instituciones de recreación que se relacionen con el Gobierno estarán a cargo de la Dirección General de Deportes y Recreación.". Artículo 2°. Suprimirlo. A continuación, suprimir el epígrafe "Párrafo 2º". Artículo 3º. Ha pasado a ser artículo 29, redactado como sigue: "Artículo 2º.- La Dirección General de Deportes y Recreación será un Servicio dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, cuyas funciones se le asignan en la presente ley y que, para los efectos de lo establecido en el Título III del D.F.L. Nº 47, de 4 de diciembre de 1959, deberá considerarse como un servicio funcionamiento descentralizado. El Director General de Deportes y Recreación será nombrado por el Presidente de la República y será funcionario de su exclusiva confianza. Dependerá de la Dirección General de Deportes y Recreación el Departamento de Tiro Nacional. La aviación civil no comercial y privada continuarán bajo la tuición de la Federación Aérea de Chile en su aspecto administrativo y de coordinación y de la Dirección de Aeronáutica en lo técnico.". Artículo 4°. Suprimir su letra c). La letra d) pasa a ser c), sin modificaciones. Suprimir las letras e) y f). La letra g) pasa a ser d), sin modificaciones. Suprimir la letra h). Las letras i), j), k), 1) y m), pasan a ser e), f), g), h) e i), respectivamente, sin modificaciones. La letra n) pasa a ser j) con las enmiendas que se expresan a continuación: Sustituir el numeral "Cuatro" por "Seis", y agregar al final, reemplazando el punto y coma (;) por una coma (,), la siguiente frase: "excluyendo a la Federación de Fútbol;". La letra ñ) pasa a ser k), reemplazando el numeral "Cinco" por "Ocho". La letra o) pasa a ser 1), con el siguiente texto: "1) Los presidentes de las Federaciones Deportivas escolares del nivel medio y de la enseñanza general básica reconocidas como tales por el Ministerio de Educación Pública y por la Dirección General de Deportes y Recreación;". La letra p) pasa a ser m), reemplazándose su texto por el siguiente: "m) Un representante de la Asociación Central de Fútbol y un representante de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur;". A continuación, agregar la siguiente letra n), nueva: "n) Un representante de la Agrupación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios ("ANDABA");". La letra q) pasa a ser ñ), con el texto siguiente: "ñ) Dos representantes de Instituciones Nacionales de Recreación designados anualmente en la forma que determine el Reglamento;". Las letras r) y s) pasan a ser o) y p), respectivamente, sin modificaciones. Suprimir la letra t). La letra u) pasa a ser q) sin modificaciones. La letra v) pasa a ser r), con la sola enmienda de sustituir el numeral "Dos" por "Un". Suprimir la letra w). El inciso final pasa a ser artículo 5º, reemplazando su texto por el siguiente: "Artículo 5º.- La Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación será un organismo asesor del Director General de Deportes y Recreación en la formulación y planificación de la política de la Dirección General y se reunirá por lo menos dos veces al año. El Director General de Deportes y Recreación se reunirá con los Presidentes de los Consejos Provinciales de Deportes, a lo menos una vez al año, a fin de considerar la planificación regional de las actividades deportivas.". Artículo 5°. Pasa a ser artículo 3º, con las siguientes modificaciones: Suprimir la letra a). La primera oración del párrafo primero de la letra b), pasa a ser letra a), suprimiendo lo que está a continuación del punto y coma (;). La segunda y tercera oración de dicho párrafo, subsisten como párrafo primero de la letra b), con la sola enmienda de reemplazar, al final de la tercera oración la expresión "o cualquier otro" por "u otro". La cuarta oración de dicho párrafo, pasa a ser artículo 35 sin otra modificación. El párrafo segundo, reemplazarlo por el siguiente: "Cada año la Dirección dará publicidad a la distribución de los subsidios otorgados al deporte nacional, con especificación de los montos o beneficios y de las entidades que los perciban;". La letra c) pasa a ser letra g), con las siguientes enmiendas en la primera oración: Reemplazar la conjunción "o" que va entre las expresiones "locales" y "establecimientos,", por la conjunción "y". Agregar la preposición "de" a continuación de la expresión "a la práctica de deportes o". Suprimir la coma (,) y la conjunción "y" que aparecen a continuación de la expresión "actividades de recreación". Reemplazar el punto final (.) por un punto y coma (;). La letra d) pasa a ser e), con las siguientes modificaciones: Reemplazar la expresión ", como asimismo", por la conjunción "y". Suprimir la forma verbal "obtener" que precede a la expresión "la formación y perfeccionamiento". Agregar, en punto seguido, la siguiente oración: "Todo esto sin perjuicio de las atribuciones que tienen en estas materias las Universidades;". La letra e) pasa a ser letra h), con las siguientes modificaciones: En el párrafo primero, sustituir el punto y coma (;) por un punto seguido (.) y comenzar con mayúscula la oración que sigue a continuación, reemplazando la palabra "estas" que precede a "normas" por el vocablo "dichas". En el párrafo segundo, agregar una coma a continuación de "Recreación"; sustituir la forma verbal "fija" por "señala", y reemplazar el punto final (.) por un punto y coma (;). En la letra f), suprimir la coma (,) que está a continuación de "deportivas del país", y reemplazar el punto final (.) por un punto y coma (;). La letra g) pasa a ser i), con las siguientes modificaciones: En el párrafo segundo agregar la expresión "los respectivos" a continuación de "de otorgar" y sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;). La letra h) se suprime. El primer párrafo de la letra i) pasa a ser c) sin otra modificación. El segundo párrafo pasa a ser letra d), con las siguientes modificaciones: Reemplazar la palabra "estas" que está a continuación de la expresión "por objeto", por el artículo "las", y agregar a continuación de!, vocablo "actividades", lo siguiente: "definidas en la letra anterior". En el párrafo final, sustituir la forma verbal "establecerá" por "establezca" y reemplazar el punto final (.) por un punto y coma (;). En la letra j), suprimir su párrafo primero, y en el segundo, sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;). Suprimir la letra k). La letra 1) pasa a ser k), sin modificaciones. La letra m), que pasa a ser 1), se reemplaza por la que sigue: "1) Sancionar la falta de observancia de las disposiciones de la presente ley y de su reglamento. Podrá, asimismo, solicitar a los Servicios Públicos o a las organizaciones deportivas que apliquen las sanciones que sean de su respectiva competencia. Podrá, en conformidad a lo que determine el Reglamento, ordenar la suspensión de un espectáculo deportivo o la clausura de un local o establecimiento destinado a la práctica de los deportes y requerir el auxilio de la fuerza pública de la autoridad administrativa que corresponda, para el cumplimiento ele las órdenes que imparta, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tienen las Municipalidades, el Servicio Nacional de Salud y otros Servicios Públicos, De las resoluciones que en conformidad a esta letra dicte la Dirección General de Deportes y Recreación podrá reclamarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, ante el Ministro de Defensa Nacional, reclamo que se substanciará breve y sumariamente.". La letra n), pasa a ser m) con la sola enmienda de intercalar entre "estudios," y "programas", la expresión "planos y". Artículo 6º Pasa a ser artículo 24, redactado como sigue: "Artículo 24.- Cuando las Corporaciones dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo programen la construcción de núcleos habitacionales o efectúen expropiaciones en conformidad a sus atribución legales, reservarán, atendida la densidad de la población, un porcentaje del área destinada a construcciones habitacionales para recintos deportivos y de recreación. Estos porcentajes serán fijados por Decreto Supremo de acuerdo con las circunstancias. Los terrenos así reservados serán destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación para sus fines propios. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o sus organismos dependientes podrán, dentro del plazo de 60 días contado desde la publicación de esta ley, transferir, ceder o destinar a la Dirección General de Deportes y Recreación los terrenos actualmente destinados a recintos deportivos, estén o no construidos.". A continuación, sustituir el epígrafe "Párrafo 3º Del Fondo de Construcciones Deportivas", por el siguiente: "Párrafo 4? De la Corporación de Construcciones Deportivas". Artículo 7º Pasa a ser artículo 18, con las siguientes enmiendas: Su inciso primero, refundido con el inciso primero del artículo 9º, queda redactado del modo que se señala a continuación: "Artículo 18.- Créase una Corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, domiciliada en Santiago, denominada "Corporación de Construcciones Deportivas", que tendrá a su cargo la adquisición de terrenos por expropiación u otro medio, la construcción, arrendamiento, habilitación o reparación de edificios e instalaciones destinados a la práctica de actividades deportivas o de recreación, como asimismo al equipamiento de las mismas. Se relacionará con el Gobierno y los Servicios Públicos a través de la Dirección General de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.". En el inciso segundo se reemplaza la expresión "El Fondo" por "La Corporación" y se suprime la frase ", cualesquiera que sean sus propietarios". Artículo 8º Suprimirlo. Artículo 9º Su inciso primero, como se expresó en su oportunidad, pasa refundido con el inciso primero del artículo 7º, a constituir el inciso primero del artículo 18, con el texto ya señalado. El inciso segundo pasa a ser inciso primero del artículo 19, con las siguientes modificaciones: Sustituir la expresión "El Fondo", por "La Corporación" y la palabra "administrado" por "administrada". Agregar a continuación de la denominación "Director General de Deportes y Recreación", la siguiente frase: ", quien actuará como su representante legal". Intercalar, antes de la expresión "el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto", lo que se indica a continuación: "el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Director de Equipamiento Comunitario del Ministerio de la Vivienda,". El inciso tercero pasa a ser inciso segundo del artículo 19, con las enmiendas que siguen: Sustituir la expresión "del Fondo" por "de la Corporación". Reemplazar "confianza exclusiva" por "exclusiva confianza". Sustituir la frase final, a continuación del punto seguido (.), por la siguiente: "Por el solo hecho de su nombramiento pasará a formar parte del Consejo Nacional de la Vivienda.". Su inciso cuarto, que pasa a ser inciso tercero del artículo 19, queda redactado de la manera que se señala a continuación: "Los miembros del Consejo de la Corporación de Construcciones Deportivas tendrán derecho a una remuneración equivalente al monto de medio sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago por cada sesión a que asistan, con un máximo mensual de un sueldo vital de la naturaleza indicada.". Artículo 10 Pasa a ser artículo 20, con las enmiendas que se expresan: Sustituir su encabezamiento por el siguiente: "El patrimonio de la Corporación de Construcciones Deportivas estará formado por:". En la letra e), suprimir la coma (,) que figura después de la frase: "con personalidad jurídica". En la letra g), que pasa a ser f), suprimir la frase: "corporaciones que se disuelven o de". La letra g), pasa a ser f) en los siguientes términos: "f) Las donaciones que hagan las personas jurídicas o naturales, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.". Artículo 11 Pasa a ser artículo 21, con las siguientes modificaciones: Sustituir la expresión "al Fondo" por "a la Corporación". Agregar una coma (,) a continuación de la palabra "habilitación" y otra después de la expresión "a título gratuito". Suprimir la coma (,) que sigue a las palabras "de recintos deportivos". Reemplazar la conjunción "o" que precede a la frase "de organizaciones deportivas.", por una coma (,). Intercalar, antes de la expresión "instituciones de recreación", la preposición "de". En la segunda oración, suprimir la forma verbal "autorizará" que antecede a los vocablos "la ejecución" y agregarla a continuación de la frase "El Presidente de la República". La última oración de este artículo, que comienza: "Cuando el costo total..." pasa a ser inciso segundo del artículo 21, reemplazada por la siguiente: "Cuando el costo total de las obras sea inferior a 10 sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago, la inversión será autorizada por resolución de la Dirección General de Deportes y Recreación. Además, la Corporación de Construcciones Deportivas podrá ejecutar directamente las obras a que se refiere este inciso, siempre que no emplee en ellas los recursos consultados en las letras d) y e) del artículo 20 de esta ley.". Artículo 12 Pasa a ser artículo 22, con las enmiendas que se señalan a continuación: Sus incisos primero y segundo, quedan redactados como sigue: "Artículo 22.- La Corporación de Construcciones Deportivas podrá ejecutar por sí misma, conforme al Reglamento respectivo, las tareas descritas en el artículo 18, o bien encargar su ejecución a los Ministerios de Obras Públicas y Transportes o de la Vivienda y Urbanismo, traspasándoles los fondos respectivos. La Corporación de Construcciones Deportivas podrá formar o integrar sociedades que tengan como fin alguno de los señalados en el artículo 18 y la administración de los recintos ahí mencionados, con el Consejo Nacional de Deportes, las Federaciones Deportivas Nacionales, los Consejos Locales de Deportes, las Asociaciones, Ligas y Clubes Deportivos, las Instituciones de Recreación y los Clubes de Tiro con personalidad jurídica, las Municipalidades y, en general, con personas naturales o jurídicas. Asimismo, podrá otorgar créditos a las instituciones señaladas en este inciso en la forma que determine el Reglamento.". En el inciso tercero se reemplazan los vocablos "El Fondo" por "La Corporación". A continuación, agregar el siguiente inciso, nuevo: "La Corporación de Construcciones Deportivas podrá efectuar aportes a la Sociedad Constructora de Establecimiento Educacionales S. A., en forma directa o a través de la suscripción de acciones, para financiar la ejecución de gimnasios, canchas de basquetbol o recintos deportivos en los planteles de educación básica, media y normal. Las obras se ejecutarán conforme a las normas que regulan las actividades de dicha Sociedad, contando los proyectos con la aprobación de la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares.". En el inciso cuarto, que pasa a ser quinto del artículo 22, sustituir las palabras "el Fondo" por "la Corporación". Artículo 13 Pasa a ser artículo 23, con la siguiente redacción: "Artículo 23.- La Corporación de Construcciones Deportivas transferirá al Fisco el dominio, o la cuota o acciones que posea, de los recintos terminados y en condiciones de uso y en cuya habilitación haya participado, los que deberán ser destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación.". A continuación, sustituir el epígrafe "Párrafo 4º Del Comité Olímpico de Chile" por "Párrafo 2º De las Organizaciones Deportivas". En seguida, consultar el siguiente artículo 6º, nuevo: "Artículo 6º-Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección General de Deportes y Recreación y a la Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación, se reconoce a las organizaciones deportivas su carácter autónomo, sujetas a los preceptos estatutarios que las rigen y a las disposiciones consultadas en los artículos siguientes.". Artículo 14 Pasa a ser artículo 7º, con las modificaciones que en seguida se expresan: En su inciso primero, suprimir la frase: "es una Institución con personalidad jurídica y con domicilio en Santiago.". En su inciso segundo, iniciar con minúscula las palabras "Deportistas Chilenos" y "Regionales", y reemplazar la frase "patrocinadas por el Comité Olímpico de Chile", por "que él patrocine". Su inciso cuarto, refundido con el inciso tercero del artículo 15, pasa a ser artículo 41, redactado en los siguientes términos: "Artículo 41.- Los bienes raíces de propiedad del Consejo Nacional de Deportes y los del Comité Olímpico de Chile estarán exentos del impuesto territorial, cuando estén dedicados a finalidades deportivas. De igual beneficio gozarán las canchas, estadios y demás recintos dedicados a prácticas deportivas o recreacionales que pertenezcan a las otras organizaciones deportivas descritas en la presente ley, o a otras instituciones deportivas o de recreación que tengan personalidad jurídica, previo informe favorable de la Dirección General de Deportes y Recreación, el que deberá ser fundado y estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento.". En su inciso quinto, sustituir las palabras "las denominaciones" por "la denominación". Suprimir los vocablos "Olimpíada y". Agregar sendas comas (,) a continuación de las palabras "Internacional", "Olímpicos", "exclusivamente" y "República". Suprimir su inciso sexto. En seguida, suprimir el epígrafe "Párrafo 5º Del Consejo Nacional de Deportes". Artículo 15 Redactar sus incisos primero y segundo de la manera que a continuación se señala: "Artículo 15.- Las normas especiales que se dicten establecerán las bases que deberán regular los convenios, contratos y acuerdos y las relaciones laborales o de otra índole, entre los deportistas y trabajadores profesionales del deporte y los clubes o empresarios contratantes, como asimismo su régimen previsional. Las normas especiales contendrán también disposiciones para el establecimiento de sindicatos de personas dedicadas a la actividad deportiva profesional y determinarán el procedimiento para su existencia legal.". El inciso tercero de este artículo, como se dijo en su oportunidad, pasó junto con el inciso cuarto del artículo 14, a formar parte del artículo 41, cuyo texto se consignó anteriormente. Artículo 16 En las letras a), b) y c), sustituir el punto final (.) por un punto y coma (;). En la letra d), agregar sendas comas (,) a continuación de las palabras "Promover" y "Nacionales" y un punto y coma (;) luego de la denominación "clubes deportivos". La letra e) pasa a ser f), sin modificaciones. En la letra f), que pasa a ser e), reemplazar la conjunción "y", que está antes del vocablo "especialmente" por una coma (,) y la expresión "al Fondo" por "a la Corporación". En la letra g) inician con minúsculas las palabras "Deporte Extraescolar". Luego, suprimir el epígrafe: "Párrafo 6º De las Federaciones Deportivas Nacionales". Artículo 17 Pasa a ser artículo 10, con las siguientes modificaciones: Redactar el inciso primero del modo que se indica: "Artículo 10.- En cada especialidad deportiva existirá, una sola Federación Deportiva Nacional.". Agregar al final del inciso segundo, en punto seguido, lo siguiente: "Sin perjuicio de lo anterior, para todos los demás efectos legales, la Dirección General de Deportes y Recreación podrá reconocer una actividad como especialidad deportiva.". El inciso tercero pasa a ser cuarto y el cuarto pasa a ser tercero, sin otras modificaciones. Artículo 18 Suprimirlo. A continuación, suprimir el epígrafe: "Párrafo 7º De los Consejos Locales y Provinciales de Deportes". Artículo 19 Ha pasado a ser artículos 11, 12 y 13, sustituyéndose su texto pollos que a continuación se indica: "Artículo 11.- En cada comuna habrá un Consejo Local de Deportes, a no ser que por razones fundadas, debido a la extensión de la comuna o porque en ella haya varios centros urbanos distantes, sea aconsejable crear otro u otros Consejos Locales; en todo caso, cuando así fuere necesario, su creación autorizada por la Dirección General de Deportes y Recreación, con informe favorable de la Municipalidad respectiva y del Consejo Local de Deportes de la ciudad cabecera de comuna. Los Consejos Locales de Deportes son organismos cooperadores del Estado en la función de fomentar el deporte y tendrán a su cargo la coordinación de las actividades deportivas locales; la administración de recintos deportivos que le encomiende la Dirección General de Deportes y Recreación u otros organismos; mantendrán la armonía entre sus afiliadas, y representarán a las autoridades deportivas nacionales las necesidades generales del deporte local, con excepción de las que sean de exclusiva incumbencia de las Federaciones. Club Deportivo es un organismo que agrupa a personas para practicar, organizar y desarrollar una o varias actividades deportivas. Ningún Club podrá recibir subvención municipal, del presupuesto nacional o de la Dirección General de Deportes y Recreación, sin previo registro y comprobación de su existencia efectiva por el Consejo Local do Deportes respectivo, por otra de las organizaciones deportivas creadas por esta ley o por la propia Dirección General. El Reglamento establecerá una forma permanente de coordinación con las Municipalidades respectivas, las que tendrán acceso a la confección del plan anual de trabajo de los Consejos Locales de Deportes. Establecerá, asimismo, sistemas de coordinación entre los Consejos Locales de Deportes y las Juntas de Vecinos, organizaciones comunitarias y de trabajadores. Artículo 12.- La Dirección General de Deportes y Recreación podrá crear Consejos Provinciales de Deportes que tendrán como función principal la de coordinar el trabajo de los Consejos Locales de Deportes de sus respectivas provincias y fomentar sus actividades, sin perjuicio de las atribuciones de las Federaciones Deportivas Nacionales. Los Consejos Provinciales de Deportes estarán formados por los Presidentes de los Consejos Locales de Deportes de la respectiva provincia y serán presididos por quien aquéllos elijan. Artículo 13.- Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la Dirección General de Deportes y Recreación, con cunsulta a las instituciones interesadas, propondrá al Presidente de la República, quien tendrá 90 días para dictarlo, un Reglamento especial relativo a la organización, atribuciones y funcionamiento de los Consejos Provinciales y Locales de Deportes. Este Reglamento deberá establecer la más amplia participación en los Consejos mencionados de instituciones deportivas, especialmente de los clubes, asociaciones y ligas de carácter territorial o funcional, asociaciones deportivas escolares y otras.". En seguida, suprimir el epígrafe: "Párrafo 8º. De la Educación Física, el Deporte y la Recreación pre-escolar y escolar". Artículo 20 Ha pasado a ser artículo 39, con las siguientes enmiendas: Sustituir la primera oración, que termina en "... de la presente ley.", por lo que se señala a continuación: "Artículo 39.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que esta ley empiece a regir, normas sobre el fomento de la educación física, el deporte, la educación extraescolar y la recreación en los establecimientos de enseñanza general básica y media, así como respecto de los preescolares; sobre las funciones y organización de los servicios del Ministerio de Educación Pública encargados de su ejecución, y sobre las modalidades de coordinación y operación de programas y actividades que, sobre dichas materias, estos servicios acuerden o deban realizar conjuntamente con la Dirección General de Deportes y Recreación.". Suprimir la oración final, después del punto seguido, que comienza: "En todo caso,...". Artículo 21 Ha pasado a ser artículo 11 transitorio, redactado en los siguientes términos: "Artículo 11.- Las Universidades deberán dictar, dentro del plazo de 120 días desde que empiece a regir esta ley, un reglamento especial de educación física, deportes y recreación, que se aplicará a sus alumnos. Un ejemplar de dichos reglamentos será enviado a la Dirección General de Deportes y Recreación, tan pronto como entre en vigor.". A continuación, en el epígrafe "Párrafo 9º", reemplazar el ordinal "9º" por "3º". Artículo 22 Pasa a ser artículo 14, intercalando entre las expresiones "de 180 días" y "un Estatuto", lo siguiente: "contado desde que entre en vigencia la presente ley,". Artículo 23 Pasa a ser artículo 15, con las siguientes modificaciones: Redactar su inciso primero en la siguiente forma: "Artículo 15.- Las normas especiales que se dicten establecerán las bases que deberán regular los convenios, contratos y acuerdos y las relaciones laborales o de otra índole, entre los deportistas y trabajadores profesionales del deporte y los clubes o empresarios contratantes, como asimismo su régimen previsional.". A continuación del inciso segundo, agregar el siguiente, nuevo: "En el contrato de transferencia o préstamo de un jugador profesional de fútbol a una institución extranjera, deberá establecerse una cláusula por la cual dicho jugador quedará a disposición de Chile para integrar los equipos que participen en todas las etapas de los Campeonatos Sudamericanos, Panamericanos y mundiales.". En el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, suprimir las palabras "Facúltase también", iniciando el vocablo "el" que figura en seguida, con mayúscula. Además, suprimir la preposición "para" la primera vez que aparece, sustituyendo luego la forma verbal "fijar" por "fijará". Artículo 24 Pasa a ser artículo 6° transitorio, redactado en los siguientes términos: "Artículo 6°.- Una vez dictado el Estatuto de los Deportistas Profesionales y trabajadores asimilados a actividades conexas a que se refieren los artículos 14 y 15 de esta ley, una Comisión Especial propondrá al Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días contado desde su constitución, el texto de un Reglamento referente a las actividades del fútbol profesional. Esta Comisión Especial se constituirá en los 10 días siguientes a la publicación del Estatuto de los Deportitas Profesionales y estará integrada por: a) Cinco representantes designados por el Presidente de la República, uno de los cuales la presidirá; b) Dos personas designadas por el Sindicato Profesional de Futbolistas Profesionales y una por la Asociación de Entrenadores, y c) Tres personas designadas por la Asociación Central de Fútbol de Chile. Los servicios públicos, instituciones semifiscales o autónomas pondrán a disposición de la Comisión los antecedentes que solicite y prestarán la colaboración que sean procedentes, pudiéndose designar en comisión de servicio, por todo el tiempo que duren sus funciones, a los funcionarios que se juzgue conveniente. El desempeño en esta Comisión no dará derecho a remuneraciones de ningún tipo.". Artículo 25 Pasa a ser artículo 16 redactado como se expresa a continuación: "Artículo 16.- Las Corporaciones Deportivas Profesionales y sus clubes afiliados están obligados a presentar a la Dirección General de Deportes y Recreación una memoria anual de sus actividades, a remitirle sus balances y a proporcionarle toda clase de informes que ésta estime necesarios para velar por el cumplimiento de los respectivos Estatutos.". Artículo 26 Pasa a ser artículo 17, con la siguiente redacción: "Artículo 17.- Las personas a que se refiere este Párrafo, que hayan desempeñado actividades reconocidas por el Estatuto de los Deportistas Profesionales y que no hubieren hecho las correspondientes imposiciones podrán, para los efectos provisionales, reconocer el tiempo servido en dichas actividades. Las imposiciones serán de cargo de los interesados. Se faculta a las Cajas de Previsión para otorgar préstamos a quienes soliciten los beneficios acordados en este artículo." Artículo 27 Pasa a. ser artículo 7º transitorio, sustituyendo su inciso primero, por el siguiente: "Artículo 7°.- La Asociación Central de Fútbol de Chile y las demás Corporaciones Deportivas Profesionales que señale el Estatuto de los Deportistas Profesionales, tendrán un plazo de 120 días, contado desde la publicación del Reglamento a que se refiere el artículo 6º transitorio, para proponer la reforma de sus estatutos sociales en conformidad a los artículos 14 y 15 de esta ley, previo informe de la Dirección General de Deportes y Recreación.". Artículo 28 Suprimirlo. A continuación, sustituir en el epígrafe "Párrafo 10º" el ordinal "10º" por "5º". Artículo 29 Pasa a ser artículo 25, reemplazando las palabras "el Fondo" por la Corporación". Artículo 30 Pasa a ser artículo 26, con la siguiente redacción: Artículo 26.- Las adquisiciones que hagan la Dirección General de Deportes y Recreación y la Corporación de Construcciones Deportivas, dentro del territorio nacional o en el extranjero, estarán sujetas al régimen vigente para las adquisiciones hechas por las Fuerzas Armadas.". Artículo 31 Pasa a ser artículo 27, con las enmiendas que se indican a continuación: Sustituir su inciso primero, por el siguiente: "Artículo 27.- Los deportistas aficionados que participen en campeonatos nacionales o zonales organizados por las Federaciones o Asociaciones debidamente reconocidas por el Consejo Nacional de Deportes, o por aquellas instituciones deportivas de carácter nacional reconocidas para estos efectos por la Dirección General de Deportes y Recreación, tendrán la rebaja que determina la ley N° 12.525.". En su inciso segundo, intercalar entre la expresión "provincias de" y el nombre "Aisén", lo siguiente: "Tarapacá, Antofagasta, Chiloé,". Sustituir su inciso tercero, por el siguiente: "Del mismo beneficio contemplado en este artículo gozarán los miembros de la Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación, cuando deban viajar dentro del país para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º de esta ley, y los deportistas que concurran a campeonatos escolares, nacionales o zonales, de acuerdo al Reglamento que se dicte.". Redactar su inciso cuarto en los siguientes términos: "La Dirección General de Deportes y Recreación certificará al respaldo de cada orden de pasaje la naturaleza de la competencia que se realiza, con el fin de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Línea Aérea Nacional y los Ferrocarriles particulares hagan el descuento correspondiente, en los casos de los incisos anteriores.". Artículo 32 Pasa a ser artículo 28, con las siguientes enmiendas: Reemplazar la palabra "responsables" por "competentes". Intercalar entre la conjunción "y" y los vocablos "sean empleados u obreros", la palabra "que". Iniciar con minúsculas las expresiones "Fiscales", "Semifiscales", "Fiscales de Administración Autónoma", "Autónomas" y "Municipales". Sustituir los vocablos "para su participación" por "con el objeto de participar". Agregar una coma (,) a continuación del sustantivo "torneos". Luego, consultar un inciso nuevo, cuyo texto es el siguiente: "De igual derecho gozarán los dirigentes y expertos en actividades de recreación que asistan a eventos nacionales o a cursos patrocinados por la Dirección General de Deportes y Recreación, hasta por 7 días hábiles anuales." Sustituir los incisos segundo y tercero, por el siguiente: "Las instituciones o empresas privadas deberán conservar la propiedad del empleo de los obreros y empleados que deban concurrir, en las mismas condiciones, a los campeonatos mencionados en el inciso primero de este artículo, y deberán efectuar, de su cargo, la totalidad de las imposiciones patronales y personales en la respectivas Institución de previsión social sobre la base de la última remuneración imponible percibida por el obrero o empleado, durante todo el períoro que dure su concurrencia a tales campeonatos. Este lapso se considerará como tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales.". Artículo 33 Pasa a ser artículo 29, redactado como sigue: "Artículo 29.- Sustitúyese en el inciso tercero del artículo único de la ley Nº 16.217, publicada en el Diario Oficial de 27 de marzo de 1965, el guarismo "50.000" por "200.000".". Artículo 34 Pasa a ser artículo 30, sustituido por el que se expresa a continuación: "Artículo 30.- A contar del 1º de enero de 1970 el Estadio Nacional, de Santiago, dependiente de la Subsecretaría de Educación Pública, pasará a depender de la Dirección General de Deportes y Recreación.". Artículo 35 Su inciso primero pasa a ser inciso primero del artículo 31, redactado de la siguiente manera: "Artículo 31.- Estadio Nacional estará regido por una Junta de Administración integrada por el Director General de Deportes y Recreación, que la presidirá, por el Jefe del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación del Ministerio de Educación Pública y por el Administrador del Estadio Nacional.". Su inciso segundo, refundido con el artículo 39, pasa a ser artículo 8º transitorio, con el texto que se señala a continuación: "Artículo 8º.- Dentro del plazo de 30 días, contado desde la entrega del Estadio Nacional, la Junta de Administración deberá someter a la consideración del Presidente de la República un Reglamento sobre uso, concesión y funcionamiento del establecimiento, el que contendrá, además las funciones y deberes del personal.". Su inciso tercero pasa a ser inciso segundo del aludido artículo 31, sustituido por el que se transcribe en seguida: "La Junta de Administración deberá fijar los programas periódicos de trabajo en el Estadio Nacional, con audiencia de la Directiva de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física.". Artículo 36 Suprimirlo. A continuación, incorporar el siguiente artículo nuevo, con el número 32: "Artículo 32.- El Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación del Ministerio de Educación Pública conservará el uso de las dependencias del Estadio Nacional que actualmente ocupa. En igual forma, dicho Ministerio conservará el uso de los terrenos que ocupa la Escuela Pública Nº 331.". Artículo 37 Pasa a ser artículo 33, sin modificaciones. Artículo 38 Suprimirlo. Artículo 39 Como se dijo antes, pasó a formar, conjuntamente con el inciso segundo del artículo 35, el artículo 8º transitorio. A continuación contemplar, con los números 34, 35, 36, 37, 38 y 40, los siguientes artículos, nuevos: "Artículo 34.- Los ingresos provenientes del uso y explotación del Estadio Nacional incrementarán exclusivamente los fondos de la Dirección General de Deportes y Recreación. La Dirección depositará estos fondos en el Banco del Estado de Chile, en una cuenta subsidiaria de la Cuenta Única Fiscal, la que se denominará "Cuenta de la Dirección General de Deportes y Recreación - Estadio Nacional". La Dirección podrá girar contra esta cuenta corriente sólo para cumplir los fines para los cuales ella fue creada y para atender a los gastos de administración, funcionamiento y explotación que demande el referido Estadio Nacional. Al término de cada año calendario estos fondos no ingresarán a rentas generales de la Nación. Artículo 35.- Los servicios públicos, las Municipalidades y los particulares deberán informar a la Dirección General de Deportes y Recreación de la asignación de recursos que hagan a las organizaciones deportivas o instituciones de recreación. Artículo 36.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 3º, la obtención de personalidad jurídica por parte de los clubes deportivos se sujetarán al procedimiento establecido en la ley Nº 16.880. Artículo 37.- Con el fin de facilitar lo dispuesto en el artículo 3º, las Municipalidades, las Intendencias y el Ministerio del Interior proporcionarán bimestralmente a la Dirección General de Deportes y Recreación copia de los Registros a que se refieren los artículos 5º y 35 de la ley Nº 16.880. Artículo 38.- Autorízase a la Fundación de Conmemoración Histórica "Bernardo O'Higgins", creada por la ley Nº 12.666, cuyo domicilio es la ciudad de Chillán, para vender, ceder o permutar los predios de su propiedad ubicados en la Manzana 1.036 del Plano Regulador de Chillán. Estos predios serán destinados al Parque Estadio de Chillán Viejo. Artículo 40.- Exímese de la parte de beneficio fiscal del impuesto territorial a los predios, o la parte proporcional de ellos, que sus dueños faciliten gratuitamente a la Dirección General de Deportes y Recreación, mientras sean ocupados por la misma o por Clubes deportivos o entidades deportivas que cuenten con la autorización de dicha Dirección. El comodato que este artículo autoriza tendrá una duración mínima de 3 años y se renovará automáticamente por un período igual de tiempo, si los dueños de los terrenos no lo hacen cesar dando aviso a la Dirección General de Deportes y Recreación a lo menos con 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento. El Presidente de la República reglamentará la aplicación de esta disposición dentro del plazo de 90 días contado desde la publicación de esta ley.". Luego, sustituir en el epígrafe "Párrafo 11" el ordinal "11" por "6º" Artículo 40 Pasa a ser artículo 42, con las siguientes enmiendas: En el encabezamiento del inciso primero, reemplazar la expresión "del Fondo" por "de la Corporación". Redactar el inciso segundo como sigue: "En el caso de los Oficiales Administrativos del Estadio Chile, no les será exigible el requisito contemplado en el inciso primero del artículo 14 del D.F.L. Nº 338, de 1960, modificado por el número III del artículo 114 de la ley Nº 16.250, publicada en el Diario Oficial de 21 de abril de 1965.". En el inciso tercero, suprimir la frase "A contar desde la fecha de vigencia de la presente ley," e iniciar con mayúscula la palabra "suprímese" que figura a continuación. Artículo 41 Pasa a ser artículo 43, con las modificaciones que se indican: En el inciso primero, suprimir la expresión "serán clasificados y" y reemplazar el vocablo "vigentes" por "vigente". Agregar al final del inciso segundo, sustituyendo el punto (.) por una coma (,), lo que sigue: "especialmente para el caso del artículo 64 del D.F.L. Nº 338, de 1960.". Artículo 42 Pasa a ser artículo 44, modificado como se expresa a continuación: Sustituir la expresión "del Fondo", por "de la Corporación". Agregar una coma (,) luego de la denominación "Fuerzas Armadas", la segunda vez que ésta aparece mencionada. Reemplazar los términos "se aplicarán" por "se le aplicará". Eliminar las palabras "a su respecto". 4 Artículo 43 Pasa a ser artículo 45, con las enmiendas siguientes: Agregar en el inciso primero, antes de la forma verbal "gozará", la frase: "o en la Corporación de Construcciones Deportivas,". Reemplazar la palabra "ella" por "ellas". Eliminar el término "porcentaje". Sustituir el vocablo "afecto" por "afecta". A continuación, agregar un inciso nuevo del siguiente tenor: "De la misma gratificación gozará el personal a que se refiere el artículo 244 del D.F.L. Nº 1, de 1968, que sea destinado a la Dirección General de Deportes y Recreación o a la Corporación de Construcciones Deportivas sin formar parte de las respectivas Plantas contenidas en esta ley."Redactar el inciso segundo, que pasa a ser tercero, como se expresa en seguida: "La gratificación a que se refiere este artículo será pagada con cargo a los recursos establecidos en la presente ley.". Artículo 44 Pasa a ser artículo 46, con las modificaciones que se consignan en seguida: Sustituir las palabras "del Fondo" por "de la Corporación". Agregar una coma (,) después de la expresión "estos mismos funcionarios". Reemplazar la frase: "por el artículo 172 del Estatuto Administrativo" por "en el artículo 172 del D.F.L. Nº 338, de 1960". En seguida, sustituir en el epígrafe "Párrafo 12" el ordinal "12" por "7º". Artículo 45 Pasa a ser artículo 47, con las siguientes modificaciones: Redactar los incisos primero, segundo y tercero del modo que se expresa a continuación: "Artículo 47.- Sustituyese en el artículo 74 de la ley Nº 17.105, los guarismos "Eº 0,030" por "Eº 0,40"; "Eº 0,015" por "Eº 0,20" y'"Eº 0,025" por "Eº 0,35". A contar de la fecha de publicación de esta ley, el producto del impuesto establecido en los artículos 74 y 80, inciso tercero, en concordancia con el artículo 41, de la ley Nº 17.105, de 14 de abril de 1969 y a contar del 1° de enero de 1970, los ingresos que produzca el artículo 106 de la misma ley, se destinarán de acuerdo con la siguiente fórmula: Un 60% a la Dirección General de Deportes y Recreación, la que destinará al menos una cuarta parte de esta suma al fomento del deporte y la recreación de la población escolar; Un 20% a la Corporación de Construcciones Deportivas, y Un 20% al Consejo Nacional de Deportes. El producto de dicho impuesto deberá ser depositado por el Tesorero General de la República, dentro de los 90 días siguientes a su recaudación por el Fisco, en la cuenta especial de la Dirección General de Deportes y Recreación.". Suprimir el inciso cuarto. Artículo 46 Suprimirlo. Artículo 47 Pasa a ser artículo 48, redactado como sigue: "Artículo 48.- Las Municipalidades destinarán anualmente un mínimo del 0,3% de sus ingresos ordinarios al fomento del deporte amateur en sus respectivos territorios, de acuerdo con los Consejos Locales de Deportes de su jurisdicción.". Artículo 48 Pasa a ser artículo 49, con las enmiendas que en seguida se especifican: Redactar sus incisos primero y segundo en los términos que se consignan a continuación: "Artículo 49.- Autorízase al Hipódromo Chile y al Club Hípico de Santiago para realizar semestralmente una reunión extraordinaria de carreras cada uno, en días no festivos, a partir del 1º de julio de 1969 y hasta el 31 de diciembre de 1971. El producto de ellas se entregará a la Dirección General de Deportes y Recreación para que lo destine a la terminación y habilitación del Estadio Techado del Parque Cousiño. El Hipódromo Chile y el Club Hípico de Santiago podrán, de común acuerdo con la Dirección General de Deportes y Recreación, acordar la realización de una o más de las reuniones a que se refiere este artículo en cualquiera de estos recintos, indistintamente. Del producto de estas reuniones se destinará a la mencionada Dirección General lo que se recaude por concepto de entradas de boletería que en ellas perciban los hipódromos y el total de la comisión de apuestas mutuas, simples y combinadas que rijan en el momento en que ellas se verifiquen, sin más descuentos que los contemplados en los artículos 2?, números 1 y 2 y 5?, letras e), f) y m) del Decreto de Hacienda Nº 1995, de 23 de septiembre de 1966.". Suprimir su inciso tercero. Artículo 49 Suprimirlo. Artículo 50 Suprimirlo. Artículo 51 Pasa a ser artículo 9º transitorio, redactado como se expresa en seguida: "Artículo 9º.- Autorízase la internación, liberada del pago de derechos de internación, así como de la obligación de efectuar depósitos previos en el Banco Central de Chile, de cinco buses destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación, y de dos buses destinados al Consejo Nacional de Deportes, pudiendo hacer uso de créditos directos con las fábricas.". Artículo 52 Suprimirlo. A continuación, consultar tres artículos nuevos, signados con los números 50, 51 y 52, cuyos textos son los que siguen: "Artículo 50.- Auméntase a un 4% el gravamen establecido en el artículo 245 de la ley Nº 16.464, cuyo producto se distribuirá en la siguiente forma: a) Un 65% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la que destinará un 15% del total del producto del Impuesto establecido en este artículo al fomento del deporte y la recreación de la población escolar ; b) Un 15% para proyectos que los Consejos Locales de Deportes realicen conjuntamente y que cuenten con la aprobación de la Dirección General de Deportes y Recreación, según la distribución que anualmente haga el Director, y c) Un 20% para el Consejo Nacional de Deportes. Artículo 51.- Autorízase a contar de la fecha de publicación de la presente ley el establecimiento de un recargo de Eº 1 en el precio de las entradas de galería, tribunas no numeradas y similares, y de Eº 2 en el precio de las entradas de tribunas numeradas o de preferencia en los espectáculos de fútbol profesional de Primera División y de la División de Ascenso, nacionales o internacionales. A las entradas liberadas, con excepción de las de los escolares, les será aplicable este precepto como si se trataran de tribunas de preferencia. Este recargo estará exento de todo impuesto fiscal o municipal, del pago del derecho a uso del estadio o de cualquiera otra deducción que no sea necesaria para cubrir los gastos que demande su percepción. Estos fondos se depositarán en una cuenta corriente del Banco del Estado de Chile que se denominará "Dirección General de Deportes y Recreación - Canchas para Chile" y sólo podrán ser utilizados para la adquisición, habilitamiento, construcción o reparación de recintos deportivos. La Dirección General de Deportes y Recreación transferirá el 40% de estos fondos a los clubes afiliados a la Asociación Central de Fútbol, en proporción al ingreso producido en la respectiva reunión. Los clubes invertirán estos recursos exclusivamente en la construcción de recintos deportivos y todo procedimiento en contrario se reputará delito de estafa, del que serán responsable los representantes legales de dichos clubes. La Dirección, de común acuerdo con la Asociación Central de Fútbol, invertirá el 10% del ingreso a que se refiere este artículo para los fines señalados en el mismo. Los clubes de fútbol profesional cuyos equipos participen en cualesquiera de las competencias organizadas por la Asociación Central de Fútbol deberán contar, dentro del plazo de 3 años contado desde la fecha de publicación de la presente ley, con cancha propia para prácticas y entrenamientos, dotada del equipamiento necesario. La Dirección General de Deportes y Recreación fijará las condiciones mínimas que deberán cumplir estos recintos. Los clubes que no cumplan con el requisito establecido en este inciso no podrán acogerse a los beneficios que establece el presente artículo. Artículo 52.- La Dirección General de Deportes y Recreación, al invertir los fondos que le proporciona la presente ley, destinará un 2% del producto de los artículos 47 y 50 al fomento del deporte y la recreación universitarios.". Artículo 1° transitorio. Agregar sendas comas (,) después de las palabras "referidas" y "ley". Artículo 2º transitorio. Reemplazar los términos "del Fondo", las dos veces que aparecen empleados, por "de la Corporación". Artículo 3º transitorio. Suprimir la coma (,) que está después del vocablo "ley". Sustituir las palabras "del Fondo" por "de la Corporación". Agregar una coma (,) a continuación de la frase: "para todos los efectos legales". Artículo 4º transitorio. Suprimir las comas (,) que siguen a las expresiones "nuevas Plantas", "no podrán" y "en caso alguno". Sustituir las palabras "la vigencia" por "entrada en vigor". En seguida, agregar un inciso segundo nuevo, del tenor que se señala a continuación: "El ejercicio de las facultades que este artículo confiere no podrá significar eliminación de personal, disminución de su sueldo ni de planilla suplementaria, ni detrimento de su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficios que le otorgan los artículos 59 y 60 del D.F.L. N° 338, de 1960.". Artículo 5º transitorio. Redactarlo del modo que se indica en seguida: "Artículo 5º.- El Director General de Deportes y Recreación dictará un Reglamento para regular las relaciones entre las instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y las no afiliadas a ella, previa consulta a una Comisión Mixta formada por la ANFA, por la Agrupación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios (ANDABA) y por dos representantes de la Federación de Fútbol de Chile, dentro del plazo de 180 días contado desde que entre en vigencia la presente ley. Dicha Comisión Mixta podrá incorporar a su trabajo a representantes de las Ligas y de otras organizaciones deportivas que estime conveniente.". A continuación, agregar como transitorios, con los números 10 y 12, los siguientes artículos, nuevos: "Artículo 10.- Autorízase a la Dirección General de Deportes y Recreación para destinar a la Corporación de Construcciones Deportivas la suma de Eº 8.000, con cargo a los fondos provenientes de las reuniones extraordinarias celebradas en el Club Hípico y en el Hipódromo Chile de conformidad con lo dispuesto por la ley Nº 16.728. Artículo 12.- La Dirección General de Deportes y Recreación transferirá, de los fondos que perciba por la aplicación de la presente ley durante el año 1970, la suma de Eº 300.000 a la Universidad del Norte de Antofagasta, para la construcción del gimnasio de la Escuela de Educación Física de dicha Corporación. Esto sin perjuicio de los aportes especiales que con este fin pueda hacer la Dirección General dentro de su planificación anual.". En mérito a las modificaciones antedichas, el proyecto de ley aprobado por vuestras Comisiones Unidas queda como sigue: Proyecto de ley: Párrafo 1° De la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Comisión Nacional Asesora. Artículo 1º.- El deporte y la recreación serán estimulados por los organismos públicos conforme a las disposiciones de esta ley, con la cooperación de las organizaciones deportivas, cuya autonomía es respetada y garantizada por el Estado. La política de deportes y recreación en el país y la coordinación de las organizaciones deportivas y de las instituciones de recreación que se relacionen con el Gobierno estarán a cargo de la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 2º.- La Dirección General de Deportes y Recreación será un Servicio dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, cuyas funciones se le asignan en la presente ley y que, para los efectos de lo establecido en el Título III del D. F. L. Nº 47, de 4 de diciembre de 1959, deberá considerarse como un servicio funcionalmente descentralizado. El Director General de Deportes y Recreación será nombrado por el Presidente de la República y será funcionario de su exclusiva confianza. Dependerá de la Dirección General de Deportes y Recreación el Departamento de Tiro Nacional. La aviación civil no comercial y privada continuarán bajo la tuición de la Federación Aérea de Chile en su aspecto administrativo y de coordinación y de la Dirección de Aeronáutica en lo técnico. Artículo 3°.- La Dirección General de Deportes y Recreación ejercerá en especial las siguientes funciones: a) Fomentar las actividades deportivas nacionales de aficionados y profesionales y ejercer la superintendencia e inspección de dichas actividades en los términos establecidos en la presente ley; b) Distribuir los subsidios que se otorguen al deporte nacional y fiscalizar su inversión. Podrá, igualmente, fiscalizar y revisar los ejercicios contables de las organizaciones deportivas e instituciones de recreación del país y empresarios o promotores deportivos, y exigir las rendiciones de cuentas de los dineros percibidos por éstas por cualquier concepto, sean de origen fiscal, municipal, particular u otro. Cada año la Dirección dará publicidad a la distribución de los subsidios otorgados al deporte nacional, con especificación de los montos o beneficios y de las entidades que los perciban; c) Fomentar y realizar planes de recreación que permitan a la población el sano aprovechamiento de las horas libres en actividades de contacto con la naturaleza y otras de tipo recreativo que le procuren descanso o que contribuyan a enriquecer su perfeccionamiento físico y su desarrollo cultural y cívico; d) Cooperar con las instituciones de recreación, que son las que tienen por objeto las actividades definidas en la letra anterior, prestarles asistencia técnica y otorgarles subsidios y fiscalizar su inversión. Sólo podrán recibir subsidios las instituciones de recreación que acrediten reunir los requisitos que establezca el Reglamento; e) Fomentar y realizar planes de formación y perfeccionamiento de técnicos y entrenadores de las diversas especialidades deportivas; organizar cursos, publicar textos u otorgar becas con el fin antes señalado y para la formación técnica y perfeccionamiento de los deportistas de selección Podrá ejecutar iguales tareas para la formación y perfeccionamiento de técnicos en recreación y de personal especializado para sus propios servicios. Todo esto sin perjuicio de las atribuciones que tienen en estas materias las universidades; f) Informar al Ministerio de Justicia sobre los antecedentes relativos a la concesión de personalidad jurídica a las corporaciones deportivas del país y solicitar su cancelación por incumplimiento de sus finalidades o de la presente ley; g) Administrar los campos de juego, gimnasios, estadios, piscinas y demás locales y establecimientos de dominio fiscal destinados a la práctica de deportes o de actividades de recreación que no se encuentren bajo la tuición del Ministerio de Educación Pública, de la Universidad de Chile, de la Universidad' Técnica del Estado o de alguna otra repartición del Ministerio de Defensa Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, podrá convenir la delegación de la administración de algunos de estos recintos en otros Servicios Públicos, Instituciones Semifiscales o de Administración Autónoma, Consejos Locales y Municipalidades; h) Fijar las normas mínimas de prevención de la salud a las que debe sujetarse la práctica de los deportes y dictar las normas necesarias para el control médico periódico de los deportistas y su registro. Los aspectos científicos y técnicos de dichas normas deberán ser aprobados por resolución del Servicio Nacional de Salud, previo informe de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte. El cumplimiento de estas normas es obligatorio y su inobservancia será sancionada por la Dirección General de Deportes y Recreación, según las atribuciones que le señala la presente ley; i) Autorizar la gira de delegaciones deportivas al extranjero y la venida al país de delegaciones extranjeras de igual índole. El Servicio de Identificación exigirá, antes de otorgar los respectivos pasaportes, que se acredite el cumplimiento del requisito a que se refiere esta letra; j) Otorgar premios, organizar certámenes y concursos nacionales o locales para estimular el uso útil del tiempo libre en actividades recreativas y realizar o encargar estudios sobre los problemas derivados de la utilización del tiempo libre; k) Transferir recursos al Fondo de Construcciones Deportivas; 1) Sancionar la falta de observancia de las disposiciones de la presente ley y de su reglamento. Podrá, asimismo, solicitar a los Servicios Públicos o a las organizaciones deportivas que apliquen las sanciones que sean de su respectiva competencia. Podrá, en conformidad a lo que determine el Reglamento, ordenar la suspensión de un espectáculo deportivo o la clausura de un local o establecimiento destinado a la práctica de los deportes y requerir el auxilio de la fuerza pública de la autoridad administrativa que corresponda, para el cumplimiento de las órdenes que imparta, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tienen las Municipalidades, el Servicio Nacional de Salud y otros Servicios Públicos. De las resoluciones que en conformidad a esta letra dicte la Dirección General de Deportes y Recreación podrá reclamarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, ante el Ministro de Defensa Nacional, reclamo que se substanciará breve y sumariamente. m) En general, realizar todo tipo de estudios, planes y programas y dictar las normas que sean necesarias para el fomento del deporte y la recreación en el país. Artículo 4º.- Existirá una Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación de la cual formarán parte: a) El Director General de Deportes y Recreación, que la presidirá; b) El Jefe del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación del Ministerio de Educación Pública; c) Un representante de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile, designados por los respectivos Comandantes en Jefe, o por el General-Director, en su caso; d) El Jefe del Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación Pública; e) Los Directores de las Escuelas o Institutos Docentes de nivel superior de Educación Física y Deportes; f) Un representante de los Profesores de Educación Física; g) Un representante de cada uno de los Centros de Alumnos de Educación Física y Deportes; h) El Presidente del Comité Olímpico de Chile; i) El Presidente del Consejo Nacional de Deportes; j) Seis Presidentes de Federaciones Deportivas Nacionales designados anualmente por el Consejo Nacional de Deportes, excluyendo a la Federación de Fútbol; k) Ocho Presidentes de Consejos Provinciales de Deportes designados anualmente por ellos mismos; 1) Los Presidentes de las Federaciones Deportivas escolares del nivel medio y de la enseñanza general básica reconocidas como tales por el Ministerio de Educación Pública y por la Dirección General de Deportes y Recreación; m) Un representante de la Asociación Central de Fútbol y un representante de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur; n) Un representante de la Agrupación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios ("ANDABA") ; ñ) Dos representantes de Instituciones Nacionales de Recreación designados anualmente en la forma que determine el Reglamento; o) El Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos; p) El Presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y el Presidente de la Sociedad Chilena de Psicología Deportiva; q) Un representante de la Central Única de Trabajadores, y r) Un representante de la Confederación Nacional de Municipalidades. Podrán también asistir, con derecho a voz, los funcionarios estatales que para cada caso designe el Director General de Deportes y Recreación. Artículo 5?-La Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación será un organismo asesor del Director General de Deportes y Recreación en la formulación y planificación de la política de la Dirección General y se reunirá por lo menos dos veces al año. El Director General de Deportes y Recreación se reunirá con los Presidentes los Consejos Provinciales de Deportes, a lo menos una vez al año, a fin de considerar la planificación regional de las actividades deportivas. Párrafo 2º De las Organizaciones Deportivas. Artículo 6°.- Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección General de Deportes y Recreación y a la Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación, se reconoce a las organizaciones deportivas su carácter autónomo, sujetas a los preceptos estatutarios que las rigen y a las disposiciones consultadas en los artículos siguientes. Artículo 7º.- El Comité Olímpico de Chile tiene la representación del deporte chileno ante el Comité Olímpico Internacional. Corresponde especialmente al Comité Olímpico de Chile organizar la participación de los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos Panamericanos y otras competencias regionales que él patrocine, clasificar a los atletas como amateurs o profesionales para los efectos de la participación en dichas competencias y difundir el concepto de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico de Chile se regirá por sus propios Estatutos. El uso del emblema del Comité Olímpico Internacional, así como de la denominación Juegos Olímpicos, queda reservado exclusivamente, en todo el territorio de la República, al Comité Olímpico de Chile. Artículo 8º.- El Consejo Nacional de Deportes es una institución integrada por las Federaciones Deportivas Nacionales que se encuentran afiliadas a él y es la máxima autoridad de estas Federaciones. En lo no consultado en la presente ley, el Consejo Nacional de Deportes se regirá por sus propios Estatutos. Artículo 9º.- al Consejo Nacional de Deportes: a) Facilitar las relaciones Corresponde entre las Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas y los Poderes Públicos y asumir su representación respecto de aquellas materias que las afectan de manera general; b) Coordinar y promover las actividades de las organizaciones deportivas nacionales de carácter extraescolar; c) Organizar, de acuerdo con las Federaciones respectivas, campeonatos especiales, cuando intervengan dos o más de ellas; d) Promover, de acuerdo con las Federaciones Deportivas Nacionales, la progresiva afiliación a asociaciones y ligas de los clubes deportivos; e) Construir, habilitar y administrar campos deportivos y hacer aportes a sociedades que se constituyan con este fin, especialmente a la Corporación de Construcciones Deportivas; f) Elaborar una memoria anual de las actividades deportivas realizadas por las Federaciones afiliadas, y g) En general, realizar programas de fomento del deporte extra-escolar en todas sus ramas. Artículo 10.- En cada especialidad deportiva existirá una sola Federación Deportiva Nacional. Se considerará especialmente deportiva todas aquellas reconocidas por el Consejo Nacional de Deportes, correspondiente a una Federación Nacional cuya afiliación haya sido aceptada por este organismo. Sin perjuicio de lo anterior, para todos los demás efectos legales, la Dirección General de Deportes y Recreación podrá reconocer una actividad como especialidad deportiva. Las Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas al Consejo Nacional de Deportes que tengan personalidad jurídica serán las únicas instituciones que podrán tener la representación de las organizaciones internacionales afines. Las Federaciones Deportivas Nacionales estarán compuestas por asociaciones o ligas que podrán tener una base territorial o funcional. Artículo 11.- En cada comuna habrá un Consejo Local de Deportes, a no ser que por razones fundadas, debido a la extensión de la comuna, o porque en ella haya varios centros urbanos distantes, sea aconsejable crear otro u otros Consejos Locales; en todo caso, cuando así fuere necesario, su creación será autorizada por la Dirección General de Deportes y Recreación, con informe favorable de la Municipalidad respectiva y del Consejo Local de Deportes de la ciudad cabecera de comuna. Los Consejos Locales de Deportes son organismos cooperadores del Estado en la función de fomentar el deporte y tendrán a su cargo la coordinación de las actividades deportivas locales; la administración de recintos deportivos que le encomiende la Dirección General de Deportes y Recreación u otros organismos; mantendrán la armonía entre sus afiliadas, y representarán a las autoridades deportivas nacionales las necesidades generales del deporte local, con excepción de las que sean de exclusiva incumbencia de las Federaciones. Club Deportivo es un organismo que agrupa a personas para practicar, organizar y desarrollar una o varias actividades deportivas. Ningún Club podrá recibir subvención municipal, del presupuesto nacional o de la Dirección General de Deportes y Recreación, sin previo registro y comprobación de su existencia efectiva por el Consejo Local de Deportes respectivo, por otra de las organizaciones deportivas creadas por esta ley o por la propia Dirección General. El Reglamento establecerá una forma permanente de coordinación con las Municipalidades respectivas, las que tendrán acceso a la confección del plan anual de trabajo de los Consejos Locales de Deportes. Establecerá, asimismo, sistemas de coordinación entre los Consejos Locales de Deportes y las Juntas de Vecinos, organizaciones comunitarias y de trabajadores. Artículo 12.- La Dirección General de Deportes y Recreación podrá crear Consejos Provinciales de Deportes que tendrán como función principal la de coordinar el trabajo de los Consejos Locales de Deportes de sus respectivas provincias y fomentar sus actividades, sin perjuicio de las atribuciones de las Federaciones Deportivas Nacionales. Los Consejos Provinciales de Deportes estarán formados por los Presidentes de los Consejos Locales de Deportes de la respectiva provincia y serán presididos por quien aquéllos elijan. Artículos 13.- Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la Dirección (General de Deportes y Recreación, con consulta a las instituciones interesadas, propondrá al Presidente de la República, quien tendrá 90 días para dictarlo, un Reglamento especial relativo a la organización, atribuciones y funcionamiento de los Consejos Provinciales y Locales de Deportes. «Este Reglamento deberá establecer la más amplia participación en los Consejos mencionados de instituciones deportivas, especialmente de los clubes, asociaciones y ligas de carácter territorial o funcional, asociaciones deportivas escolares y otras. Párrafo 3° Normas especiales aplicables al Deporte Profesional. Artículo 14.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro del plazo de 180 días contado desde que entre en vigencia la pre-senté ley, un Estatuto de los Deportistas Profesionales y trabajadores que desempeñen actividades conexas, que presten sus servicios a un club o empresario. Artículo 15.- Las normas especiales que se dicten establecerán las bases que deberán regular los convenios, contratos y acuerdos y las relaciones laborales o de otra índole, entre los deportistas y trabajadores profesionales del deporte y los clubes o empresarios contratantes, como asimismo su régimen previsional. Las normas especiales contendrán también disposiciones para el establecimiento de sindicatos de personas dedicadas a la actividad deportiva profesional y determinarán el procedimiento para su existencia legal. En el contrato de transferencia o préstamo de un jugador profesional de fútbol a una institución extranjera, deberá establecerse una cláusula por la cual dicho jugador quedará a disposición de Chile para integrar los equipos que participen en todas las etapas de los Campeonatos Sudamericanos, Panamericanos y mundiales. El Presidente de la República fijará normas especiales respecto de los requisitos que deberán cumplir las Corporaciones Deportivas Profesionales para obtener personalidad jurídica. Artículo 16.- Las Corporaciones Deportivas Profesionales y sus clubes afiliados están obligados a presentar a la Dirección General de Deportes y Recreación una memoria anual de sus actividades, a. remitirle sus balances y a proporcionarles toda clase de informes que ésta estime necesario para velar por el cumplimiento de los respectivos Estatutos. Artículo 17.- Las personas a que se refiere este Párrafo, que hayan desempeñado actividades reconocidas por el Estatuto de los Deportistas Profesionales y que no hubieren hecho las correspondientes imposiciones podrán, para los efectos provisionales, reconocer el tiempo servido en dichas actividades. Las imposiciones serán -de cargo de los interesados. Se faculta a las Cajas de Previsión para otorgar préstamos a quienes soliciten los beneficios acordados en este artículo. Párrafo 4º De la Corporación de Construcciones Deportivas. Artículo 18.- Créase un Corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, domiciliada en Santiago, denominada "Corporación de Construcciones Deportivas", que tendrá a su cargo la adquisición de terrenos por expropiación u otro medio, la construcción, arrendamiento, habilitación o reparación de edificios e instalaciones destinadas a la práctica de actividades deportivas o de recreación, como asimismo al equipamiento de las mismas. Se relacionará con el Gobierno y los Servicios Públicos a través de la Dirección General de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. La Corporación de Construcciones Deportivas llevará un catastro de todas las instalaciones deportivas y para la recreación que existan en el país. Artículo 19.- La Corporación de Construcciones Deportivas será administrada por un Consejo que será presidido por el Director General de Deportes y Recreación, quien actuará como su representante legal y estará integrado, además, por el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Director de Equipamiento Comunitario del Ministerio de la Vivienda, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección General de Deportes y Recreación, él Presidente del Consejo Nacional de Deportes, un Consejero designado por el Presidente de la República y un Gerente General. El Consejo tendrá un Secretario Abogado. El Gerente General de la Corporación de Construcciones Deportivas será designado por el Presidente de la República por un período de tres años y será funcionario de su exclusiva confianza. Por el solo hecho de su nombramiento pasará a formar parte del Consejo Nacional de la Vivienda. Los miembros del Consejo de la Corporación de Construcciones Deportivas tendrán derecho a una remuneración equivalente al monto de medio sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago por cada sesión a que asistan, con un máximo mensual de un sueldo vital de la naturaleza indicada. Artículo 20.- El patrimonio de la Corporación de Construcciones Deportivas estará formado por: a) Los aportes fiscales que se le asignen en la Ley Anual de Presupuestos; b) Los fondos que se le destinen en la presente ley o que se le asignen en leyes especiales; c) Los aportes que reciba de la Dirección General de Deportes y Recreación, de otros Servicios Públicos y de Instituciones Semifiscales o de Administración Autónoma; d) Los aportes que reciba de las Municipalidades; e) Los aportes que reciba del Consejo Nacional de Deportes, de las Federaciones Deportivas Nacionales, de los Consejos Locales de Deportes, de las Asociaciones, Ligas o Clubes Deportivos, instituciones de recreación y clubes de tiro con personalidad jurídica y de personas jurídicas o naturales con el fin de destinarlos a alguna obra deportiva o de recreación determinada; f) Las donaciones que hagan las personas jurídicas o naturales, las que estarán exentas del trámite de la insinuación, y g) Los fondos provenientes de legados que se destinan a deportes sin hacer mención expresa de ninguna institución. Artículo 21.- La Dirección General de Deportes y Recreación podrá destinar recursos a la Corporación de Construcciones Deportivas para ejecutar o contratar la reparación, ampliación y habilitación, a título gratuito, de recintos deportivos o para la recreación que sean de propiedad municipal, de organizaciones deportivas o de instituciones de recreación reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional. El Presidente de la República autorizará la ejecución de las mencionadas obras, por Decreto Supremo, siempre que el total de la inversión fiscal anual de cada una de ellas no sea superior a 30 sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago. Cuando el costo total de las obras sea inferior a 10 sueldos vitales anuales, escala A), del departamento de Santiago, la inversión será autorizada por resolución de la Dirección General de Deportes y Recreación. Además, la Corporación de Construcciones Deportivas podrá ejecutar directamente las obras a que se refiere este inciso, siempre que no emplee en ellas los recursos consultados en las letras d) y e) del artículo 20 de esta ley. Artículo 22.- La Corporación de Construcciones Deportivas podrá ejecutar por sí misma, conforme al Reglamento respectivo, las tareas descritas en el artículo 18, o bien encargar su ejecución a los Ministerios de Obras Públicas y Transportes o de la Vivienda y Urbanismo, traspasándoles los fondos respectivos. La Corporación de Construcciones Deportivas podrá formar o integrar sociedades que tengan como fin alguno de los señalados en el artículo 18 y la administración de los recintos ahí mencionados, con el Consejo Nacional de Deportes, las Federaciones Deportivas Nacionales, los Consejos Locales de Deportes, las Asociaciones, Ligas y Clubes Deportivos, las Instituciones de Recreación y los Clubes de Tiro con personalidad jurídica, las Municipalidades y, en general, con personas naturales o jurídicas. Asimismo, podrá otorgar créditos a las instituciones señaladas en este inciso en la forma que determine el Reglamento. La Corporación de Construcciones Deportivas y las Sociedades de que forma parte podrán contratar créditos tanto en el país como en el extranjero. La Corporación de Construcciones Deportivas podrá efectuar aportes a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S. A., en forma directa o a través de la suscripción de acciones, para financiar la ejecución de gimnasios, canchas de basquetbol o recintos deportivos en los planteles de educación básica, media y normal. Las obras se ejecutarán conforme a las normas que regulan las actividades de dicha Sociedad, contando los proyectos con la aprobación de la Comisión Técnica del Plan Nacional de Edificios Escolares. El Presidente de la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que obtenga directamente la Corporación de Construcciones Deportivas. Artículo 23.- La Corporación de Construcciones Deportivas transferirá al Fisco el dominio, o la cuota o acciones que posea, de los recintos terminados y en condiciones de uso y en cuya habilitación haya participado, los que deberán ser destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 24.- Cuando las Corporaciones dependientes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo programen la construcción de núcleos habitacionales o efectúen expropiaciones en conformidad a sus atribuciones legales, reservarán, atendida la densidad de la población, un porcentaje del área destinada a construcciones habitacionales para recintos deportivos y de recreación. Estos porcentajes serán fijados por Decreto Supremo de acuerdo con las circunstancias. Los terrenos así reservados serán destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación para sus fines propios. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o sus organismos dependientes podrán, dentro del plazo de 60 días contado desde la publicación de esta ley, transferir, ceder o destinar a la Dirección General de Deportes y Recreación los terrenos actualmente destinados a recintos deportivos, estén o no construidos. Párrafo 5° Disposiciones Varias. Artículo 25.- La Dirección General de Deportes y Recreación y la Corporación de Construcciones Deportivas estarán exentos de toda clase de impuestos o contribuciones fiscales y municipales. Artículo 26.- Las adquisiciones que hagan la Dirección General de Deportes y Recreación y la Corporación de Construcciones Deportivas, dentro del territorio nacional o en el extranjero, estarán sujetas al régimen vigente para las adquisiciones hechas por las Fuerzas Armadas. Artículo 27.- Los deportistas aficionados que participen en campeonatos nacionales o zonales organizados por las Federaciones o Asociaciones debidamente reconocidas por el Consejo Nacional de Deportes, o por aquellas instituciones deportivas de carácter nacional reconocidas para estos efectos por la Dirección General de Deportes y Recreación, tendrán la rebaja que determina la ley Nº 12.525. Tratándose de los deportistas aficionados de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Chiloé, Aisén y Magallanes, esta franquicia se hará extensiva a los viajes que realicen por Línea Aérea Nacional con el fin de concurrir a dichos campeonatos. Del mismo beneficio contemplado en este artículo gozarán los miembros de la Comisión Nacional Asesora de Deportes y Recreación, cuando deban viajar dentro del país para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º de esta ley, y los deportistas que concurran a campeonatos escolares, nacionales o zonales, de acuerdo al Reglamento que se dicte. La Dirección General de Deportes y Recreación certificará al respaldo de cada orden de pasaje la naturaleza de la competencia que se realiza, con el fin de que la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Línea Aérea Nacional y los Ferrocarriles particulares hagan el descuento correspondiente, en los casos de los incisos anteriores. Artículo 28.- Los deportistas y dirigentes que sean designados por las instituciones competentes para representar al Deporte Chileno en eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano, mundial u olímpico y que sean empleados u obreros de Instituciones fiscales, semifiscales, fiscales de administración autónoma, autónomas o municipales, tendrán derecho, con el objeto de participaran dichos torneos, a un permiso especial con goce de sueldo, previo informe favorable de la Dirección General de Deportes y Recreación, con un máximo de 30 días hábiles anuales. De igual derecho gozarán los dirigentes y expertos en actividades de recreación que asistan a eventos nacionales o a cursos patrocinados polla Dirección General de Deportes y Recreación, hasta por 7 días hábiles anuales. Las instituciones o empresas privadas deberán conservar la propiedad del empleo de los obreros y empleados que deban concurrir, en las mismas condiciones, a los campeonatos mencionados en el inciso primero de este artículo, y deberán efectuar, de su cargo, la totalidad de las imposiciones patronales y personales en la respectiva Institución de previsión social sobre la base de la última remuneración imponible percibida por el obrero o empleado, durante todo el período que dure su concurrencia a tales campeonatos. Este lapso se considerará como tiempo efectivamente trabajando para todos los efectos legales. Artículo 29.- Sustituyese en el inciso tercero del artículo único de la ley Nº 16.217, publicada en el Diario Oficial de 27 de marzo de 1965, el guarismo "50.000" por "200.000". Artículo 30.- A contar del 1º de enero de 1970 el Estadio Nacional de Santiago, dependiente de la Subsecretaría de Educación Pública, pasará a depender de la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 31.- El Estadio Nacional estará regido por una Junta de Administración integrada por el Director General de Deportes y Recreación, que la presidirá, por el Jefe del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación del Ministerio de Educación Pública y por el Administrador del Estadio Nacional. La Junta de Administración deberá fijar los programas periódicos de trabajo en el Estadio Nacional, con audiencia de la Directiva de la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física. Artículo 32.- El Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación del Ministerio de Educación Pública conservará el uso de las dependencias del Estadio Nacional que actualmente ocupa. En igual forma, dicho Ministerio conservará el uso de los terrenos que ocupa la Escuela Pública Nº 331. Artículo 33.- La Planta del personal del Estadio Nacional fijada por el artículo 4º de la ley Nº 14.453, de 6 de diciembre de 1960, y sus modificaciones, pasará a formar parte de la Dirección General de Deportes y Recreación, conservando sus empleados y obreros los cargos, remuneraciones, calificación jurídica y régimen previsional vigentes a la fecha de publicación de la presente ley. Artículo 34.- Los ingresos provenientes del uso y explotación del Estadio Nacional incrementarán exclusivamente los fondos de la Dirección General de Deportes y Recreación. La Dirección depositará estos fondos en el Banco del Estado de Chile, en una cuenta subsidiaria de la Cuenta Única Fiscal, la que se denominará "Cuenta de la Dirección General de Deportes y Recreación - Estadio Nacional". La Dirección podrá girar contra esta cuenta corriente sólo para cumplir los fines para los cuales ella fue creada y para atender a los gastos de administración, funcionamiento y explotación que demande el referido Estadio Nacional. Al término de cada año calendario estos fondos no ingresarán a rentas generales de la Nación. Artículo 35.- Los servicios públicos, las Municipalidades y los particulares deberán informar a la Dirección General de Deportes y Recreación de la asignación de recursos que hagan a las organizaciones deportivas o instituciones de recreación. Artículo 36.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 3º, la obtención de personalidad jurídica por parte de los clubes deportivos se sujetará al procedimiento establecido en la ley Nº 16.880. Artículo 37.- Con el fin de facilitar lo dispuesto en el, artículo 3º, las Municipalidades, las Intendencias y el Ministerio del Interior proporcionarán bimestralmente a la Dirección General de Deportes y Recreación copia de los Registros a que se refieren los artículos 5º y 35 de la ley Nº 16.880. Artículo 38.- Autorízase a la Fundación de Conmemoración Histórica "Bernardo O'Higgins", creada por la ley Nº 12.666, cuyo domicilio es la ciudad de Chillán, para vender, ceder o permutar los predios de su propiedad ubicados en la Manzana 1.036 del Plano Regulador de Chillan. Estos predios serán destinados al Parque Estadio de Chillan Viejo. Artículo 39.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que esta ley empiece a regir, normas sobre el fomento de la educación física, el deporte, la educación extraescolar y la recreación en los establecimientos de enseñanza general básica y media, así como respecto de los preescolares; sobre las funciones y organización de los servicios del Ministerio de Educación Pública encargados de su ejecución, y sobre las modalidades de coordinación y operación de programas y actividades que, sobre dichas materias, estos servicios acuerden o deban realizar conjuntamente con la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 40.- Exímese de la parte de beneficio fiscal del impuesto territorial a los predios, o la parte proporcional de ellos, que sus dueños faciliten gratuitamente a la Dirección General de Deportes y Recreación, mientras sean ocupados por la misma o por Clubes deportivos o entidades deportivas que cuenten con la autorización de dicha Dirección. El comodato que este artículo autoriza tendrá una duración mínima de 3 años y se renovará automáticamente por un período igual de tiempo, si los dueños de los terrenos no lo hacen cesar dando aviso a la Dirección General de Deportes y Recreación a lo menos con 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento. El Presidente de la República reglamentará la aplicación de esta disposición dentro del plazo de 90 días contado desde la publicación de esta ley. Artículo 41.- Los bienes raíces de propiedad del Consejo Nacional de Deportes y los del Comité Olímpico de Chile estarán exentos del impuesto territorial, cuando estén dedicados a finalidades deportivas. De igual beneficio gozarán las canchas, estadios y demás recintos dedicados a prácticas deportivas o recreaciones que pertenezcan a las otras organizaciones deportivas descritas en la presente ley, o a otras instituciones deportivas o de recreación que tengan personalidad jurídica, previo informe favorable de la Dirección General de Deportes y Recreación, el que deberá ser fundado y estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento. Párrafo 6° Del Personal. Artículo 42.- La Planta del Personal de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas será la siguiente: Planta Directiva, Profesional y Técnica Insertar imagen pag. 3380, 3381 En el caso de los Oficiales Administrativos del Estadio Chile, no les será exigible el requisito contemplado en el inciso primero del artículo 14 del D.F.L. Nº 338, de 1960, modificado por el número III del artículo 114 de la ley Nº 16.250, publicada en el Diario Oficial de 21 de abril de 1965. Suprímese la letra E del artículo 220 del D.F.L. Nº 1, de 1968. Artículo 43.- Los cargos de las Plantas a que se refiere el artículo anterior tendrán el régimen de remuneraciones vigente para la Administración Civil del Estado. El encasillamiento derivado de la aplicación de la presente ley no será considerado ascenso para ningún efecto legal, especialmente para el caso del artículo 64 del D.F.L. Nº 338, de 1960. Artículo 44.- Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el personal de las Plantas de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas tendrá la calidad de Empleado Civil de las Fuerzas Armadas; gozará de los mismos beneficios de atención médica, dental, hospitalaria y ambulatoria de que goce el personal en servicios activo de las Fuerzas Armadas, y se le aplicarán las disposiciones de la ley Nº 12.856, modificada por la ley Nº 15.448. Artículo 45.- El personal destinado por las Fuerzas Armadas a prestar servicios en la Dirección General de Deportes y Recreación, o en la Corporación de Construcciones Deportivas, gozará durante su permanencia en ellas, además de la remuneración que le corresponde, de una gratificación de 10% que se aplicará sobre los sueldos imponibles, la que no estará afecta a imposiciones de carácter previsional. De la misma gratificación gozará el personal a que se refiere el artículo 244 del D.F.L. Nº 1, de 1968, que sea destinado a la Dirección General de Deportes y Recreación o a la Corporación de Construcciones Deportivas sin formar parte de las respectivas Plantas contenidas en esta ley. La gratificación a que se refiere este artículo será pagada con cargo a los recursos establecidos en la presente ley. Artículo 46.- Las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas son compatibles con las pensiones de jubilación, retiro y montepío de que gocen estos mismos funcionarios, en los términos establecidos en el artículo 172 del D.F.L. Nº 338, de 1960. Párrafo 7° Del Financiamiento. Artículo 47.- Sustituyese en el artículo 74 de la ley Nº 17.105 los guarismos "Eº 0,030" por "Eº 0,40"; "Eº 0,015" por "Eº 0 20" v "Eº 0,025" por "Eº 0,35". A contar de la fecha de publicación de esta ley, el producto del impuesto establecido en los artículos 74 y 80, inciso tercero, en concordancia con el artículo 41, de la ley Nº 17.105, de 14 de abril de 1969 y, a contar del 1° de enero de 1970, los ingresos que produzca el artículo 106 de la misma ley, se destinarán de acuerdo con la siguiente fórmula: a) un 60% a la Dirección General de Deportes y Recreación, la que destinará al menos una cuarta parte de esta suma al fomento del deporte y la recreación de la población escolar; b) un 20% a la Corporación de Construcciones Deportivas, y c) un 20% al Consejo Nacional de Deportes. El producto de dicho impuesto deberá ser depositado por el Tesorero General de la República, dentro de los 90 días siguientes a su recaudación por el Fisco, en la cuenta especial de la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 48.- Las Municipalidades destinarán anualmente un mínimo de 0,3% de sus ingresos ordinarios al fomento del deporte amateur en sus respectivos territorios, de acuerdo con los Consejos Locales de Deportes de su jurisdicción. Artículo 49.- Autorízase al Hipódromo Chile y al Club Hípico de Santiago para realizar semestralmente una reunión extraordinaria de carreras cada uno, en días no festivos, a partir del 1º de julio de 1969 y hasta el 31 de diciembre de 1971. El producto de ellas se entregará a la Dirección General de Deportes y Recreación para que lo destine a la terminación y habilitación del Estadio Techado del Parque Cousiño. El Hipódromo Chile y el Club Hípico de Santiago podrán, de común acuerdo con la Dirección General de Deportes y Recreación, acordar la realización de una o más de las reuniones a que se refiere este artículo en cualquiera de estos recintos, indistintamente. Del producto de estas reuniones se destinará a la mencionada Dirección General lo que se recaude por concepto de entradas de boleterías que en ellas perciban los hipódromos y el total de la comisión de apuestas mutuas, simples y combinadas que rijan en el momento en que ellas se verifiquen, sin más descuentos que los contemplados en los artículos 2º, números 1 y 2 y 5º, letras e), f) y m) del Decreto de Hacienda Nº 1.995, de 23 de septiembre de 1966. Artículo 50.- Auméntase a un 4% el gravamen establecido en el artículo 245 de la ley Nº 16.464, cuyo producto se distribuirá en la siguiente forma: a) un 65% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la que destinará un 15% del total del producto del impuesto establecido en este artículo al fomento del deporte y la recreación de la población escolar; b) un 15% para proyectos que los Consejos Locales de Deportes realicen conjuntamente y que cuenten con la aprobación de la Dirección General de Deportes y Recreación, según la distribución que anualmente haga el Director, y c) un 20% para el Consejo Nacional de Deportes. Artículo 51.- Autorízase a contar de la fecha de publicación de la presente ley el establecimiento de un recargo de Eº 1 en el precio de las entradas de galería, tribunas no numeradas y similares, y de Eº 2 en el precio de las entradas de tribunas numeradas o de preferencia en los espectáculos de fútbol profesional de Primera División y de la División de Ascenso, nacionales o internacionales. A las entradas liberadas, con excepción de las de los escolares, les será aplicable este precepto como si se trataran de tribunas de preferencia. Este recargo estará exento de todo impuesto fiscal o municipal, del pago del derecho a uso del estadio o de cualquiera otra deducción que no sea necesaria para cubrir los gastos que demanda su percepción. Estos fondos se depositarán en una cuenta corriente del Banco del Estado de Chile que se denominará "Dirección General de Deportes y Recreación -Canchas para Chile" y sólo podrán ser utilizados para la adquisición, habilitamiento, construcción o reparación de recintos deportivos. La Dirección General de Deportes y Recreación transferirá el 40 Jo de estos fondos a los clubes afiliados a la Asociación Central de Fútbol, en proporción al ingreso producido en la respectiva reunión. Los clubes invertirán estos recursos exclusivamente en la construcción de recintos deportivos y todo procedimiento en contrario se reputará delito de estafa, del que serán responsables los representantes legales de dichos clubes. La Dirección, de común acuerdo con la Asociación Central de Fútbol, invertirá el 10% del ingreso a que se refiere este artículo para los fines señalados en el mismo. Los clubes de fútbol profesional cuyos equipos participen en cualesquiera de las competencias organizadas por la Asociación Central de Fútbol deberán contar, dentro del plazo de 3 años contado desde la fecha de publicación de la presente ley, con cancha propia para prácticas y entrenamientos, dotada del equipamiento necesario. La Dirección General de Deportes y Recreación fijará las condiciones mínimas que deberán cumplir estos recintos. Los clubes que no cumplan con el requisito establecido en este inciso no podrán acogerse a los beneficios que establece el presente artículo. Artículo 52.- La Dirección General de Deportes y Recreación, al invertir los fondos que le proporciona la presente ley, destinará un 2% del producto de los artículos 47 y 50 al fomento del deporte y la recreación universitarios. Artículos transitorios. Artículo 1º.- Las referencias que las leyes y otras normas vigentes hacen a la Dirección de Deportes del Estado se entenderán referidas, a partir de esta ley, a la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 2º.- Los fondos que correspondan a las remuneraciones y asignaciones familiares del personal de la Dirección de Deportes del Estado que estén considerados en el Presupuesto de la Subsecretaría de Guerra, serán traspasados al Presupuesto de la Dirección General de Deportes y Recreación o de la Corporación de Construcciones Deportivas, para los efectos del financiamiento de los gastos originados en el encasillamiento de dicho personal en las Plantas de la Dirección General de Deportes y Recreación y de. la Corporación de Construcciones Deportivas. Artículo 3º.- Al personal señalado en la presente ley que sea encasillado en las Plantas de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas le será válido, para todos los efectos legales, el tiempo servido en sus actuales empleos. Artículo 4º.- Las remuneraciones de los funcionarios de la Dirección de Deportes del Estado que sean encasillados en las nuevas Plantas no podrán en caso alguno ser inferiores a las de que gozaban a la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Las diferencias que por este concepto se produzcan se pagarán por planillas suplementarias. El ejercicio de las facultades que este artículo confiere no podrá significar eliminación de personal, disminución de su sueldo ni de planilla suplementaria, ni detrimento de su actual categoría o grado, régimen previsional o beneficios que le otorgan los artículos 49 y 60 del D.F.L. Nº 338, de 1960. Artículo 5°.- El Director General de Deportes y Recreación dictará un Reglamento para regular las relaciones entre las instituciones afiliadas a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y las no afiliadas a ella, previa consulta a una Comisión Mixta formada por la ANFA, por la Agrupación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios (ANDABA) y por dos representantes de la Federación de Fútbol de Chile, dentro del plazo de 180 días contado desde que entre en vigencia la presente ley. Dicha Comisión Mixta podrá incorporar a su trabajo a representantes de las Ligas y de otras organizaciones deportivas que estime conveniente. Artículo 6º.- Una vez dictado el Estatuto de los Deportistas Profesionales y trabajadores asimilados a actividades conexas a que se refieren los artículos 14 y 15 de esta ley, una Comisión Especial propondrá al Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días contado desde su constitución, el texto de un Reglamento referente a las actividades del fútbol profesional. Esta Comisión Especial se constituirá en los 10 días siguientes a la publicación del Estatuto de los Deportistas Profesionales y estará integrada por: a) Cinco representantes designados por el Presidente de la República, uno de los cuales la presidirá; b) Dos personas designadas por el Sindicato Profesional de Futbolistas Profesionales y una por la Asociación de Entrenadores, y c) Tres personas designadas por la Asociación Central de Fútbol de Chile. Los servicios públicos, instituciones semifiscales o autónomas pondrán a disposición de la Comisión los antecedentes que solicite y prestarán la colaboración que sean procedentes, pudiéndose designar en comisión de servicio, por todo el tiempo que duren sus funciones, a los funcionarios de se juzgue conveniente. El desempeño en esta Comisión no dará derecho a remuneraciones de ningún tipo. Artículo 7º.- La Asociación Central de Fútbol de Chile y las demás Corporaciones Deportivas Profesionales que señale el Estatuto de los Deportistas Profesionales, tendrán un plazo de 120 días contado desde la publicación del Reglamento a que se refiere el artículo 6º transitorio, para proponer la reforma de sus Estatutos sociales en conformidad a los artículos 14 y 15 de esta ley, previo informe de la Dirección General de Deportes y Recreación. En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el inciso anterior, el Presidente de la República podrá cancelar la correspondiente personalidad jurídica. Artículo 8º.- Dentro del plazo de 30 días contado desde la entrega del Estadio Nacional, la Junta de Administración deberá someter a la consideración del Presidente de la República un Reglamento sobre uso, concesión y funcionamiento del establecimiento, el que contendrá, además, las funciones y deberes del personal. Artículo 9º.- Autorízase la internación, liberada del pago de derechos de internación, así como de la obligación de efectuar depósitos previos en el Banco Central de Chile, de cinco buses destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación, y de dos buses destinados al Consejo Nacional de Deportes, pudiendo hacer uso de créditos directos con las fábricas. Artículo 10.- Autorízase a la Dirección General de Deportes y Recreación para destinar a la Corporación de Construcciones Deportivas la suma de Eº 8.000, con cargo a los fondos provenientes de las reuniones extraordinarias celebradas en el Club Hípico y en el Hipódromo Chile de conformidad con lo dispuesto por la ley Nº 16.728. Artículo 11.- Las Universidades deberán dictar, dentro del plazo de 120 días desde que empiece a regir esta ley, un reglamento, especial de educación física, deportes y recreación, que se aplicará a sus alumnos. Un ejemplar de dichos reglamentos será enviado a la Dirección General de Deportes y Recreación, tan pronto como entren en vigor. Artículo 12.- La Dirección General de Deportes y Recreación transferirá, de los fondos que perciba por la aplicación de la presente ley durante el año 1970, la suma de Eº 300.000 a la Universidad del Norte de Antofagasta, para la construcción del gimnasio de la Escuela de Educación Física de dicha Corporación. Esto sin perjuicio de los aportes especiales que con este fin pueda hacer la Dirección General dentro de su planificación anual. Sala de la Comisión, a 1° de septiembre de 1969. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (presidente), García, Jerez, Olguín y Silva Ulloa; y en sesiones de fechas 10 de julio de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), Carmona, García, Montes, Olguín, Silva Ulloa y Valenzuela; de 21 de julio, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), Carmona, García y Silva; de 28 de julio, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), Carmona, García, Jerez y Morales; de 31 de julio, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando, (Presidente), Carmona, García, Jerez y Montes; de 12 de agosto, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), Carmona, García y Morales; de 25 de agosto, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), Morales, Olguín y Silva Ulloa, y de 26 de agosto, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), García, Montes, Olguín y Silva. (Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario. 3.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE CREA EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea el Consejo Superior de Educación Física, Deportes y Recreación. A la sesión en que se estudió esta iniciativa concurrió, también el señor Director de Deportes del Estado, don Marco Antonio Rocca. Dado que vuestra Comisión terminó de analizar la iniciativa de ley en informe dos horas antes de la sesión en que la Sala del Senado la discutirá, nos referiremos muy brevemente a los acuerdos adoptados. En primer lugar, y por unanimidad, se aprobaron las siguientes disposiciones: artículo 2°, inciso tercero del artículo 11, artículo 18, inciso tercero del artículo 19, artículos 20, 25, 26, 41, 43; 44; 2? transitorio y 10 transitorio, en los mismos términos en que constan en el Informe de las Comisiones Unidas y por las razones que en él se expresan. En seguida y con la misma votación se aprobó el artículo 21 con enmiendas de redacción y suprimiendo la limitación para que la Corporación de Construcciones Deportivas pueda ejecutar directamente las obras que le corresponden, debido a que las demás normas del artículo contienen suficientes limitaciones. A continuación, y por unanimidad, se aprobó el artículo 22, modificando parte do su redacción; suprimiendo la autorización a las sociedades que forme la citada Corporación con organismos deportivos para contratar créditos, debido a que en ellas el sector público puede estar en minoría y porque los empréstitos que contrate la mencionada Corporación pueden concederse como aporte a las referidas sociedades; estableciendo como requisito de los préstamos que contrate la referida Corporación la autorización previa del Ministro de Hacienda, y preceptuando que los aportes que efectúe a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales se realicen sólo mediante la suscripción de acciones, para evitar que se disminuya el financiamiento del proyecto. Al respecto, se acordó dejar constancia de que la Corporación de Construcciones Deportivas podrá formar sociedades con la entidad Constructora citada. Luego, y por unanimidad, se aprobó el artículo 27, limitando la rebaja de pasajes en la Línea Aérea Nacional a los deportistas, al establecer que se requerirá autorización previa de la Dirección General de Deportes y Recreación, para evitar que se abuse de la franquicia referida. A continuación, se aprobó el artículo 28 con sólo enmiendas de redacción. Seguidamente, y por unanimidad, se aprobó el artículo 29, que aumenta de US$ 50.000 a US$ 200.000 el monto anual de las internaciones que pueden efectuar las entidades deportivas afiliadas al Consejo Nacional de Deportes sin depósito previo. Al estudiarse este precepto, el Honorable Senador señor Silva formuló indicación para que los elementos que importen con franquicias las Federaciones Deportivas, con autorización de la Dirección General del ramo, puedan transferirse a sus asociados debido a que tal es precisamente su finalidad. Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación. En seguida, se consideró una indicación del Ejecutivo que fija la planta del personal del Estadio Nacional, sustituyendo el artículo 33. El precepto propuesto aumenta en un cargo la planta administrativa; da una organización piramidal al Servicio, y sustituye el actual régimen previsional de los funcionarios por el de las Fuerzas Armadas, debido a que la referida entidad pasa a depender del Ministerio de Defensa Nacional. La indicación aumenta el gasto anual por este concepto de Eº 644.000 a Eº 724.000. Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación. Luego, se debatió una indicación del Ejecutivo para sustituir el artículo 42 del proyecto, que fija la planta de la Dirección General de Deportes y Recreación. La indicación aumenta de 81 a 94 los cargos de la planta Directiva Profesional y Técnica; disminuye de 46 a 41 los de la Administrativa, y de 37 a 31 los de la de Servicios. El señor Director de Deportes expresó que el Servicio a su cargo había estudiado la estructura de la planta con el fin de adaptarla a las necesidades de la Dirección. Agregó que el gasto del precepto en relación a las plantas de la actual Dirección de Deportes, significa aumentar de Eº 1.263.000 a Eº 3.328.704. Vuestra Comisión, tácitamente aprobó la indicación. Seguidamente, se discutió el artículo 45, que establece una gratificación del 10% de sus remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas, activo o pasivo, que pase a prestar servicios en los organismos que se crean. El fundamento de este precepto es igualar las rentas del personal civil y militar del Servicio, y su costo es ínfimo porque se refiere a sólo 18 personas. Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto. A continuación, se debatió el financiamiento del proyecto. El artículo 47 aumenta el impuesto aplicable al alcohol potable, destina a los fines del proyecto los recursos que se obtienen, provenientes del impuesto a los vinos licorosos y la multa aplicable a los alcoholes que caen en comiso. Las referidas normas producen un rendimiento de Eº 4.250.000; Eº 28.800.000, y Eº 2.000.000, respectivamente. El Ejecutivo formuló indicación para suprimir las dos últimas fuentes de financiamiento. Al respecto hay que tener presente que los dos primeros impuestos pasan a rentas generales de la Nación y el último al Servicio Agrícola y Ganadero. El artículo 50 aumenta de un 2% a un 4% la tasa del impuesto a los premios mayores de las Loterías, lo que produce un rendimiento de 2 millones de escudos, y el artículo 51 recarga los precios de las entradas al fútbol profesional, lo que produce Eº 4.320.000. Asimismo, el traspaso de la administración del Estadio Nacional a la Dirección General de Deportes y Recreación le producirá un ingreso de Eº 2.200.000 anuales. Según las informaciones proporcionadas a vuestra Comisión, el cumplimiento de las finalidades del proyecto requiere un financiamiento de Eº 28.000.000. Por ello, aprobó sin modificaciones los diversos preceptos que destinan recursos a tal objeto, salvo el artículo 47, en el cual rebajó a un 25% del producto del impuesto a los vinos licorosos la participación que corresponderá a la Dirección y suprimió el tributo que tiene por objeto financiar el Servicio Agrícola y Ganadero. En seguida, aprobó por unanimidad y sin enmiendas los artículos 49, 50, 51 y 52. Luego, aprobó el artículo 49 transitorio, con una indicación del Ejecutivo que asegura la situación funcionaría del personal del Estadio Nacional, y el artículo 9º transitorio con sólo enmiendas de redacción. A continuación, por unanimidad, aprobó una indicación del Honorable Senador señor Palma, que dispone que la Dirección de Deportes del Estado deberá efectuar un aporte de Eº 80.000 a la sede de Copiapó de la Universidad Técnica del Estado para la construcción de un gimnasio, y otra de los Honorables Senadores señores Bossay, Carmona, Ferrando y Silva para que el mismo organismo destine recursos en favor de los Institutos de Educación Física. Con igual votación, se aprobó una indicación de los señores Ministro de Hacienda y Defensa Nacional para agregar un artículo nuevo que obliga a la Dirección de Deportes a entregar fondos al Círculo de Periodistas Deportivos. En seguida, con los votos de los Honorables Senadores señores Bossay y Silva y la abstención del Honorable Senador señor Palma, se rechazó una indicación de los Honorables Senadores señores García y Jerez para suprimir las entradas liberadas a los recintos deportivos del sector público. Por último, se aprobó una indicación del Honorable Senador señor Silva que deroga el artículo 4º de la ley Nº 16.247, que autorizó la expropiación de un terreno en la comuna de Quinta Normal, para la construcción de un recinto deportivo, debido a que no es necesario utilizarlo para dicho fin. En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto contenido en el informe de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Defensa Nacional, con las siguientes enmiendas: Artículo 21 Sustituirlo por el siguiente: "Artículo 21.- La Dirección General de Deportes y Recreación podrá destinar recursos a la Corporación de Construcciones Deportivas para que ésta ejecute o contrate la reparación, ampliación y habilitación de recintos deportivos o para la recreación que sean de propiedad municipal, de organizaciones deportivas o de instituciones de recreación reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional. Estas obras podrán ser donadas total o parcialmente a las citadas entidades. El Presidente de la República autorizará por decreto supremo la ejecución de las mencionadas obras, cuando el total de la inversión que efectúe la referida Corporación, en cada una de ellas, no sea superior a treinta sueldos vitales anuales, escala a), del departamento de Santiago. Cuando la citada inversión sea inferior a diez sueldos vitales anuales, escala a), del departamento de Santiago, ésta podrá ser autorizada por resolución de la Dirección General de Deportes y Recreación." Artículo 22 Reemplazar sus incisos segundo y tercero, por los siguientes: "La Corporación de Construcciones Deportivas para el cumplimiento de las finalidades señaladas en el artículo 18 o la administración de los recintos ahí mencionados, podrá formar o integrar sociedades con el Consejo Nacional de Deportes, las Federaciones Deportivas Nacionales, los Consejos Locales de Deportes, las Asociaciones, Ligas y Clubes Deportivos, las Instituciones de Recreación y los Clubes de Tiro con personalidad jurídica, las Municipalidades y, en general, con personas naturales o jurídicas. Asimismo, podrá otorgar créditos a las instituciones señaladas en este inciso en la forma que determine el Reglamento." "La Corporación de Construcciones Deportivas, previa autorización del Ministro de Hacienda, podrá contratar créditos en el país y en el extranjero.". En el inciso cuarto eliminar las palabras "en forma directa o". Artículo 27 Reemplazar su inciso segundo por el siguiente: "Tratándose de los deportistas aficionados de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Chiloé, Aisén y Magallanes, la rebaja establecida en la ley Nº 12.525 se aplicará también a los viajes que realicen por la Línea Aérea Nacional con el fin de concurrir a dichos campeonatos, previa autorización de la Dirección General de Deportes y Recreación.". En su inciso tercero, suprimir la coma (,) que sigue a la palabra "escolares". Artículo 28 En su inciso tercero, intercalar después de los vocablos "en las mismas condiciones" los siguientes: "y plazos". Artículo 29 Agregar el siguiente inciso final: "Los artículos que importen las instituciones deportivas con franquicias de internación podrán transferirse a terceros asociados, previa autorización de la Dirección General de Deportes y Recreación. Artículo 33 Sustituirlo por el siguiente: "Artículo 33.- Sustituyese la planta del personal del Estadio Nacional fijada por el artículo 4º de la ley Nº 14.453, de 6 de diciembre de 1960, y sus modificaciones posteriores, a partir del 1º de enero de 1970, por la siguiente: Planta Directiva, Profesional y Técnica. 5ª Cat. Administrador 1 6ª Cat. Subadministrador 1 2 Planta Administrativa. 5ª Cat. Jefe de Adquisiciones 1 6ª Cat. Jefe de Control 1 7ª Cat. Administrativo 1 Grado 1° Administrativo 1 Grado 2º Administrativo 1 Grado 3º Administrativo 1 Grado 4º Administrativo 1 Grado 5º Administrativo 1 Grado 6º Administrativo 1 9 Planta de Servicios. Grado 5º Auxiliares 4 Grado 6º Auxiliares 10 Grado 7º Auxiliares 18 Grado 8º Auxiliares 16 Grado 9º Auxiliares 15 Grado 10º Auxiliares 10 73 Los cargos de estas plantas tendrán el régimen de remuneraciones vigente para la Administración Civil del Estado. Salvo lo dispuesto en el inciso anterior el personal de estas plantas tendrá la calidad de empleado civil de las Fuerzas Armadas; gozará de los mismos beneficios y atención médica, dental, hospitalaria y ambulatoria de que goce el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y se le aplicarán las disposiciones de la ley Nº 12.856, modificada por la ley Nº 15.448. El encasillamiento derivado de la aplicación de la presente ley no será considerado ascenso para ningún efecto legal, especialmente para el caso del artículo 64 del D. F. L. Nº 338, de 1960." Artículo 34 En su inciso tercero, suprimir la palabra "para" la tercera vez que aparece. Artículo 40 En su inciso primero, eliminar las palabras "o por clubes deportivos". Artículo 42 Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 42.- La Planta del Personal de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas será la siguiente: Planta Directiva Profesional y Técnica. Insertar imagen pag 3392, 3393. Planta Administrativa Total 5ª Cat. Administrativos 5 6ª Cat. Administrativos 5 7ª Cat. Administrativos (7). Administrativo Estadio Chile (1) 8 Grado 1° Administrativos (5). Administrativo Estadio Chile (1) 6 Grado 2º Administrativos 6 Grado 3º Administrativos 5 Grado 4º Administrativos 2 Grado 5º Administrativos 2 Grado 6º Administrativos . 2 41 Planta de Servicios Grado 5º Auxiliares 2 Grado 6º Auxiliares 3 Grado 7º Auxiliares 8 Grado 8º Auxiliares 14 Grado 9º Auxiliares 4 31 En el caso de los oficiales administrativos del Estadio Chile, no les será exigible el requisito contemplado en el inciso 1° del artículo 14 del D.F.L. Nº 338 de 1960, modificado por el número III del artículo 114 de la ley Nº 16.250, publicada en el Diario Oficial de 21 de abril de 1965. El personal de la Planta Directiva Profesional y Técnica de la Dirección General de Deportes y Recreación y de la Corporación de Construcciones Deportivas, no forma escalafón. Suprímese la letra e) del artículo 220 del D.F.L. Nº 1 de 1968." Artículo 47 Reemplazar el primer párrafo de su inciso segundo por el siguiente: "A contar de la fecha de publicación de esta ley, el producto del impuesto establecido en el artículo 74 de la ley Nº 17.105, y desde el 1° de enero de 1970, el 25% de los ingresos que produzca el inciso tercero del artículo 80 de la misma, se destinarán de acuerdo con la siguiente fórmula:". A continuación, agregar los siguientes artículos 53 y 54, nuevos: "Articulo 53.- La Dirección General de Deportes y Recreación entregará anualmente como subvención al Círculo de Periodistas Deportivos de Chile una suma equivalente a cinco sueldos vitales anuales de la Escala A) del departamento de Santiago. Artículo 54.- Derógase el artículo 49 de la ley Nº 16.247.". Artículo 4º transitorio Intercalar, a continuación de la palabra "Estado", las siguientes: "y del Estadio Nacional". Artículo 9º transitorio Intercalar, después de la palabra "internación", las siguientes: "y de cualquier otro gravamen que se perciba por intermedio de las Aduanas". Artículo 12 transitorio Intercalar, a continuación de la palabra "Corporación", las siguientes: "y de Eº 80.000 a la sede de Copiapó de la Universidad Técnica del Estado para la construcción de un gimnasio". En seguida, consultar el siguiente artículo 13 transitorio, nuevo: "Artículo 13.- La Dirección General de Deportes y Recreación transferirá, de los fondos que perciba por la presente ley durante el año 1970, la suma de Eº 80.000 a la Universidad de Chile para la construcción del Casino del Instituto de Educación Física, Deportes y Kinesiterapia, Eº 20.000 a esta misma Universidad para mejoramiento de los locales del Instituto de Educación Física de Valparaíso y Eº 20.000 a la Universidad Católica de Valparaíso para el mejoramiento de los locales del Instituto de Educación Física.". Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1969. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Bossay y Silva Ulloa. (Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario. 4.- INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE FIJA NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HIS-TORICO-CULTURAL DEL PAÍS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, con urgencia calificada de "simple", que fija normas para la protección del patrimonio histórico-cultural del país. A la sesión en que se trató esta materia asistieron, además de sus miembros, el señor Ministro de Educación Pública, don Máximo Pacheco, y el Asesor Jurídico de este Ministerio, señor Adolfo Azolas. Debido a los diversos asuntos que vuestra Comisión tenía en tabla, todos ellos también con urgencia, sólo en la tarde de hoy ha podido abocarse al estudio de esta iniciativa legal. Apremiada por el plazo de la urgencia y habida consideración de la consecuencia de tratarse de un proyecto de carácter técnico, que ha sido elaborado por especialistas en la materia y cuyas finalidades son ampliamente compartidas por los diversos sectores de opinión, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes y también lo fue en particular sólo con las modificaciones que a continuación se indican. A indicación del señor Ministro de Educación, se aprobó la agregación de las dos siguientes letras nuevas al artículo 2?: "r) De un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología, y s) De un miembro del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.". Como consecuencia de la aprobación de esta indicación, se suprimió, en la letra p) de este artículo, la conjunción "y" con que termina, y la coma (,) que la precede se reemplazó por un punto y coma (;). En seguida, a indicación del señor Montes, se modificó el inciso final de este mismo artículo, quedando redactado en los siguientes términos: "El Presidente de la República designará, cada tres años, a los miembros del Consejo, a propuesta de las respectivas instituciones, a excepción del cargo de la letra o), que será propuesto por el Ministerio de Educación Pública, y del de la letra p), que será designado a propuesta en terna de las dos entidades que allí se mencionan.". Seguidamente y también a indicación del señor Ministro, se acordó sustituir, en el inciso final del artículo 22, el punto final por una coma (,) y agregar la siguiente frase: "sin perjuicio del decomiso de los objetos que se hubieren obtenido de dichas excavaciones.". A continuación y asimismo a indicación del señor Ministro, se acordó sustituir el inciso segundo del artículo 24 por los siguientes: "Cuando las excavaciones o hallazgos hubieren sido hechos por particulares, a su costo, éstos deberán entregar la totalidad del material extraído o encontrado al Consejo, sin perjuicio de las facilidades que obtuvieran para el estudio de dicho material en la forma que lo determine el Reglamento. El Consejo deberá entregar al Museo Nacional de Historia Natural una colección representativa de "piezas tipo" de dicho material y los objetos restantes serán distribuidos en la forma que determine el Reglamento.". En seguida, a indicación de los Honorables Senadores señores Montes y Olguín, se acordó sustituir el inciso primero del artículo 25 por el siguiente: "Artículo 25.- El material obtenido en las excavaciones o hallazgos realizados por misiones científicas extranjeras, autorizadas por el Consejo, podrá ser cedido por éste hasta en un 50% a dichas misiones, reservándose el Consejo el derecho a la primera selección y efectuando su distribución según lo determine el Reglamento.". Finalmente, a indicación del Honorable Senador señor Montes, la Comisión aprobó sustituir, en el artículo 39, la frase que dice: "serán suspendidos de sus cargos por el término de uno a seis meses", por la siguiente: "estarán sujetos a las medidas disciplinarias de carácter administrativo que procedan". Todos los acuerdos anteriores fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes, señores Ferrando, Montes, Olguín y Silva Ulloa. Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1969. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), Montes, Olguín y Silva Ulloa. (Fdo,): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN DOS MOCIONES DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES SOBRE AMNISTÍA A LOS RESPONABLES DEL DELITO DE INCENDIO DE LAS INSTLACIONES DE LA INDUSTRIA SABA, Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca de dos Mociones, una de la señora Campusano y los señores Contreras Labarca, Contreras Tapia, Corvalán y Teitelboim (Boletín Nº 24.528) y otra, de la señora Campusano (Boletín Nº 24.656), por las que inician sendos proyectos de ley de amnistía en favor de las personas procesadas en la causa Nº 68.107, del 7? Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, por incendio de las instalaciones de la industria SABA. A la sesión en que se consideró esta materia concurrieron, además de los miembros de vuestra Comisión, los Honorables Senadores señores Lorca y Montes. Relación de los hechos a que se refiere la amnistía. Del examen de los antecedentes y actuaciones que forman el expediente de la causa Nº 68.107, consultados directamente por la Secretaría de la Comisión, y revisados, también, personalmente, por el Honorable Senador señor Aylwin, los hechos a que se refiere el epígrafe son, en síntesis, los siguientes: A principios de junio de 1968, los obreros de la Empresa Wagner Stein, S. A. C. (SABA), se declararon en huelga legal, ante la negativa de la parte patronal a aceptar un pliego de peticiones económicas presentado por el Sindicato respectivo. Entre los días 22 y 23 de julio, al parecer con el objeto de impedir el retiro de materiales del interior de la fábrica, que pretendía hacer la parte patronal, los obreros hicieron acto de ocupación de las instalaciones industriales de la empresa, ubicadas en la calle Piloto Lazo Nº 120 de la Comuna de Maipú. El 22 de julio fue puesto este hecho en conocimiento de la justicia del crimen, denunciándose la comisión del delito de usurpación. El 7º Juzgado del Crimen de Santiago inició el proceso respectivo. Según declaraciones del Teniente Coronel de Carabineros, señor Orestes Salinas, Jefe del Grupo Móvil, en cumplimiento de instrucciones del Ministro del Interior, el día 29 de julio, a las 18.45 horas, se dirigió, comandando efectivos de esa institución, al lugar en que está ubicada la fábrica, con el objeto de desalojar a las personas que ocupaban el local de la industria. Tanto Carabineros como obreros declaran que, estos últimos, no permitieron la entrada de la Policía al recinto, argumentando que se encontraba ausente la Directiva sindical. Luego de una espera prudencial, el Jefe Policial, según su propia declaración, tras haber conminado por megáfono a los trabajadores que desalojaran el recinto, ordenó a las fuerzas bajo su mando ingresar a la industria, siendo las 20.15 horas. Según la misma declaración, antes de materializarse la entrada pudo verse el aparecimiento de fuego y humo en diversas partes de las construcciones. Hizo presente el Jefe Policial que Carabineros no usó bombas lacrimógenas ni ningún otro disuasivo químico en esta acción. Ante el hecho de que se estaría produciendo un incendio, las fuerzas de Carabineros apresuraron su entrada, y aparte cooperar con efectivos del Cuerpo de Bomberos en la extinción del siniestro, habrían procedido a detener "en el interior de la industria", a 13 personas de las que huían por murallas y techos. Según se comprobó posteriormente, cuatro de estas personas eran simples paseantes o curiosos, sin relación alguna con la industria, aprehendidos en el exterior de la misma, razón por la cual fueron dejados en libertad incondicional. El resto de los detenidos en la noche del 29 de julio, fue puesto inmediatamente a disposición del 7º Juzgado del Crimen, ante el Magistrado del cual prestaron la declaración indagatoria en la mañana del día siguiente. En líneas generales, reconocen el hecho de haber ocupado la fábrica, y ocho de ellos declaran que se habían distribuido materiales inflamables por las distintas secciones de la misma y a algunos de los obreros ocupantes. Expresan, asimismo, que esta última acción sólo tenía por objeto "impresionar a los Inspectores del Trabajo" y, a través de ellos, a los industriales, sin que realmente tuviesen la intención de provocar un siniestro. En el informe del Laboratorio de Policía Técnica que rola en autos se afirma, como conclusión principal, que el incendio habría tenido las características de intencional, porque aparte un foco principal ubicado en la parte posterior de la industria, se encontraron otros tres focos secundarios, en otras secciones de la misma, y porque la causa del incendio fue la inflamación de gasolina y diluyente ocasionada por un cuerpo portador de llamas dejado o lanzado en los lugares indicados como focos. Un informe posterior del mismo Laboratorio y las declaraciones del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, reiteran la conclusión de que el incendio habría sido intencional. El día 1º de agosto de 1968 la I. Corte de Apelaciones de Santiago designó Ministro en Visita para que se hiciera cargo del proceso, al señor Guillermo Novoa J., quien se constituyó en el 7º Juzgado al día siguiente. En diligencias posteriores, fueron aprehendidos otros obreros de la industria, algunos de los cuales en sus declaraciones, sindicaron como principal instigador y autor material de la distribución de especies inflamables y de la preparación de las condiciones materiales para un incendio, al Presidente del Comité de huelga, don Patricio Cortés Díaz. Otras declaraciones de procesados afirman que las fuerzas de Carabineros dispararon bombas lacrimógenas y que el incendio pudo haberse provocado por chispas producidas en las explosiones o a raíz del impacto de los mismos o, simplemente, por caso fortuito. Cabe señalar que entre las declaraciones figura la formulada, por oficio, por la Honorable Diputado señora Laura Allende, presente en el lugar de los hechos cuando éstos ocurrieron, quien afirma que las fuerzas de Carabineros hicieron uso de bombas lacrimógenas. Asimismo, consta en el proceso la declaración del sereno de una Planta vecina, afirmando que el incendio se habría producido después de escucharse ruidos de detonaciones y luego de que Carabineros había ingresado a la fábrica. Declaraciones posteriores de otros obreros sindican como una de las principales responsables en la acción de distribuir materiales inflamables, a la obrera Gladys Pinto Barrera, que no ha sido habida, y que se encuentra en calidad de inculpada rebelde en el proceso. Con fecha 6 de enero de 1960, 160 días después de iniciado el sumario, éste se declaró cerrado, dictándose el auto acusatorio el 14 del mismo mes, contra las personas y por delitos que se señalan: I.- Incendio, usurpación y violación de domicilio. Luis Alberto Catalán Varela Luis Roberto Guerra Olguín Patricio Estanislao Cortés Díaz. II.- Incendio y usurpación. Raúl Cornejo Fariña José Chavarría Castillo Juan Luis Jaque Grandón Mario Carrasco Briones Juan Enrique González Mardones Roberto Avalos González Sergio Cárter Báez Antonio Alberto Mejías Fuentes Pedro Pablo Canales Chaparro Juan Francisco Tobar Rojas José Victoriano Cárter Báez Héctor Riquelme Vargas Segundo Rafael Ortega Rosett. III.- Incendio. Pedro Armando Rosales González Hernán Claudio Sandoval Araneda Roberto Enrique Muñoz Martínez. IV.- Usurpación. Teresa del Carmen Guerra Olguín Juan Manuel Pizarro Marín Jaime Tórtoli Campos Germán Humberto Palavicino Ramírez. Cabe hacer notar, además, que a la fecha de dictación del auto acusatorio se encontraban sobreseídas parcial y temporalmente las siguientes personas: Hilario Contreras Candía Emilio Alejandro González Blanco, y Adolfo Segundo Alvarado Gangas. Fueron declarados inculpados rebeldes, en la oportunidad procesal correspondiente, los siguientes implicados en los hechos investigados: Jacinto Rioseco Larenas Gladys Pinto Barrera Rosa Guerra Oiguín Luis Pereira Carrasco Lucía Zúñiga Ortiz Jorge Cretton Arriaza Alfredo Cretton Arriaza Juan Manuel Guerra Oiguín Luis Cornejo Rivera Jaime Ramírez Elias Acuña Phan Juan Fernández Sepúlveda, y Benedicto Cáceres González. El delito de violación de domicilio por el cual se acusa a tres de los procesados, cabe hacer notar que se habría cometido con ocasión de la ocupación de la fábrica, al irrumpir algunos de los obreros en la casa habitación del cuidador, de apellido Hahn, a fin de exigirle las llaves. En su escrito de adhesión a la acusación, los querellantes particulares hacen presente al señor Ministro en Visita, que los acusados deben ser condenados, proponiendo elevadísimas penas, entre otras razones, por el hecho de haber ocasionado pérdidas en perjuicio de la industria, por medio de incendio, de aproximadamente 3.500.000 escudos. Hacen presente, además, que era tan notoria la determinación de provocar el siniestro que, por medio de carteles fijados en los accesos al recinto de la fábrica, los obreros ocupantes habían anunciado, públicamente, que en caso de desalojo, incediarían las instalaciones de la industria. Estaría también acreditado, afirman los querellantes en su escrito de adhesión a la acusación fiscal, el hecho de que, pevia fractura de las entradas de los talleres y bodegas, los acusados habían tomado más de 500 litros de combustibles diversos para rociar diferentes puntos del recinto de la industria. Por su parte, la defensa del grupo más numeroso de procesados, contestando la acusación, hizo presente, solicitando se absolviera a los reos, entre otras, las siguientes argumentaciones. La tensión laboral venía gestándose a partir del mes de enero de 1968, época en que el Sindicato presentó pliego de peticiones, fracasando, luego de largas negociaciones, toda gestión de avenimiento entre las partes. La causa de la huelga legal que se inició a partir del l? de junio de 1968 sería, sin lugar a dudas, a juicio de la defensa de los acusados, la negativa permanente de la parte patronal para convenir un reajuste de remuneraciones a lo menos digno de ser considerado por los trabajadores. En seguida, la defensa de los obreros procesados hace notar que la ocupación de la fábrica, que se efectuó entre los días 22 y 23 de julio, tuvo, como único objeto, impedir que la parte patronal burlara los efectos de la huelga legal, mediante el retiro o ingreso de materiales desde o hacia el interior de la industria paralizada. Estima, a continuación, que la orden de desalojo de los ocupantes de la fábrica, impartida personalmente por el Ministro del Interior, señor Edmundo Pérez Z., habría sido ilegal ya que, a juicio de la defensa, a partir del día 22 de julio anterior, la investigación del supuesto delito de usurpación se encontraba radicada en el 7º Juzgado del Crimen de Santiago. En lo relativo a las causas precisas del siniestro que afectó las instalaciones de la industria, el señor Abogado defensor de los obreros acusados sostiene que, los representantes patronales, los Inspectores del Trabajo y las fuerzas policiales conocían la existencia en el lugar de importantes partidas de parafina, nitrocelulosa, diluyentes, pinturas, pantallas de televisión y otras materias o elementos inflamables o explosivos. En seguida, prosigue, conociendo la presencia de estos peligrosos materiales en el interior de la fábrica, Carabineros procedió a desalojar a los ocupantes, lanzando bombas lacrimógenas y otros elementos o disuasivos químicos, lo que estaría perfectamente acreditado, a juicio siempre de la defensa, por las declaraciones de numerosos testigos de los hechos. El fuego, según se sostiene en el escrito de contestación de la acusación, se habría originado, precisamente, por las chispas que, al explotar o hacer impacto, produjeron los disuasivos policiales. A continuación, el escrito a que nos hemos venido refiriendo, analiza con detenimiento el parte policial corriente a fs. 8 del expediente, el que fue corroborado íntegramente por el Teniente Coronel, señor Orestes Salinas, Jefe del Grupo Móvil; dicho parte policial afirma que los detenidos que se ponían a disposición del Juez del Crimen, lo fueron en el interior de la industria. Esta aseveración de Carabineros, expresa la defensa, con el mérito de las declaraciones de numerosos testigos, incluso las de funcionarios policiales que actuaron directamente en los hechos, quedaría totalmente desvirtuada por ser del todo inexacta. Confirmaría esta apreciación del señor Abogado defensor, la particular situación de personas no vinculadas a la industria, meros transeúntes, que, con la sola excepción de uno de ellos, aparecen siendo detenidos en el interior de la industria. Cabe hacer notar, además, que dichas personas fueron puestas en libertad por falta de méritos en su contra. Otro antecedentes que tuvo en cuenta vuestra Comisión al informaros, dice relación con el informe pericial contable, que rola a fs. 825 y siguientes de los autos y que fuera ordenado por el señor Ministro en visita. Concluye dicha pericia que, por la solvencia patrimonial de la industria, las utilidades que arrojan sus balances y el orden y claridad de su sistema contable, un siniestro no le reportaría beneficio de ninguna especie. Señala, además, que a la fecha de ocurrir el incendio existían seguros comprometidos por la suma de Eº 11.770.000.- y que las existencias de la industria estaban avaluadas en la suma equivalente a E? 7.117.105,16. En cuanto a confesiones de los obreros procesados, es posible constatar que, si bien es cierto que respecto de los delitos de usurpación la mayoría de los acusados se encuentran confesos, no lo es menos que, relativamente a la acusación de ser autores del delito de incendio, ninguno de los procesados lo está. Con todo, constan de los autos, diversas diligencias (declaraciones, careos, etcétera) en que algunos obreros responsabilizan a otros de haber sido los autores materiales o instigadores en la comisión del delito de incendio. Rola en autos un breve informe emitido por una sección especializada del Ejército, a requerimiento del señor Ministro en Visita, que afirma que, luego de las pruebas periciales correspondientes, se ha comprobado que las bombas del tipo de las usadas por Carabineros, no producen chispas al explotar. Finalmente, cabe hacer presente que, respecto del tiempo que permanecieron en prisión preventiva los obreros procesados, no es posible, por la premura del tiempo, entregar un detalle exacto, caso por caso, pero puede afirmarse que, un grupo numeroso de trabajadores procesados, permaneció privado de libertad entre el 30 de julio de 1968 y el 16 de mayo de 1969 esto es, durante 9 y medio meses. Se trata, evidentemente, de sólo una parte de ellos y es aquél el plazo máximo de prisión preventiva que se registra en el proceso. Vuestra Comisión discutió larga y detenidamente acerca de los antecedentes que tuvo a la vista y de las proposiciones contenidas en las Mociones a que se refiere este informe. Ambas Mociones proponían otorgar una amplia amnistía, tanto en relación a todas las personas que aparecieren comprometidas en los hechos, cuanto a los delitos de que pudieren ser responsables. Esta generalidad y amplitud no pareció conveniente a la mayoría de vuestra Comisión. ES Honorable Senador señor García hizo notar que en la parte expositiva de una de estas Mociones, la única razón que se alega para otorgar el beneficio es una de carácter humanitario, vinculada al sufrimiento que se habría ocasionado a los procesados y a sus parientes por el largo tiempo que los primeros estuvieron sujetos a presión preventiva, situación que en todo caso es la misma respecto de todos los procesados por delitos comunes, y de sus parientes. Por esta última razón no se justifica alegar la sola razón de humanidad en este caso particular. Por otra parte, de los antecedentes del proceso se desprende que la causa ha sido tramitada con diligencia y rapidez, por parte del Magistrado que la tiene a su cargo, siendo de notar que ella ha llegado al estado de acusación y luego al de sentencia en un plazo mucho más breve que el común de las causas por incendio. Advirtió el mismo señor Senador que en parte alguna las Mociones han pretendido alegar el carácter de inocentes o de no responsables, que pudiere favorecer a los procesados. En cambio, del proceso surgen con claridad numerosos antecedentes en contra de ellos, que los harían aparecer como responsables, a algún título, del delito de incendio, siniestro que, por lo demás, aparte haber producido cuantiosos daños materiales, aparece cometido en circunstancias que le asignan especial gravedad. Por ello, la amnistía que se pudiera otorgar a su respecto podría sentar un precedente de incalculables proyecciones, alentando la repetición de estos hechos ante la posibilidad cierta de una futura impunidad. El señor Aylwin manifestó que había hecho un total y detenido examen de los autos respectivos, para formarse una opinión fundada sobre el particular. Por ello puede afirmar que no es posible sostener que se han cometido irregularidades o que ha habido demoras en la tramitación del proceso, por una parte. Por otra, este examen le ha permitido concluir que existen presunciones bastante graves en el sentido de que los procesados puedan haber provocado el incendio. Hizo notar un hecho a su juicio revelador: la juventud de la mayor parte de los inculpados, cuya edad promedio no sobrepasaba los 20 años. Ello le ha hecho suponer que estos jóvenes, impulsados por su vehemencia e inexperiencia, realmente optaron por provocar el incendio, lo que estaría corroborado por las declaraciones de los mismos, en cuanto a los preparativos que se hicieron en tal sentido. El señor Senador hizo luego una detallada exposición de parte de las declaraciones más importantes que, al respecto, constan en autos. Por estas razones, estima de gravedad que se otorgue la amnistía en la forma que proponían las Mociones, aunque estaría dispuesto, atendida la juventud de los protagonistas, a propiciar un indulto en su favor, una vez que la justicia del crimen ponga término a su labor. El Honorable Senador señor Sule manifestó que del proceso no se desprendía con claridad la responsabilidad que en el delito de incendio pudieran tener los inculpados. A su juicio, no puede aún descartarse la posibilidad de que el siniestro haya sido producido, directa o indirectamente, por los elementos disuasivos utilizados por Carabineros, respecto de cuyo uso en la oportunidad conocida, hay numerosos antecedentes en autos. Sin embargo, otros antecedentes parecerían gravitar en contra de los procesados, todo lo cual hace imposible formarse un juicio cabal, en este momento, acerca de la procedencia de la amnistía. En similares términos opinó el Honorable Senador señor Luengo, a juicio del cual no es fácil convencerse de que los obreros hayan tenido realmente la intención de provocar un incendio, atendidas las numerosas circunstancias económicas y de otro orden que, en caso contrario, obrarían en su contra. Estimó el señor Senador, que todavía es prematuro adelantar una opinión a favor o en contra, razón por la cual se abstendría en lo que se refiere a la amnistía por el delito de incendio. El Honorable Senador señor Fuentealba expresó que la extensión del proceso, los numerosos aspectos involucrados en el mismo y los antecedentes respectivos, convierten en una tarea muy difícil la de decidir si procede o no la amnistía por el delito de incendio. Pero, agregó, hay algunas situaciones ya bien claras, que permiten considerar la posibilidad de otorgar un tratamiento especial a los inculpados. Una de esas situaciones sería la de la actitud intransigente de la parte patronal, que agravó un conflicto colectivo y exacerbó los ánimos de los obreros, justificando, en cierto modo, que éstos llegaran a la ocupación de la fábrica para presionar en favor de una solución. Por la razón recién expresada, opinó Su Señoría que sería procedente otorgar amnistía por los delitos de usurpación y violación de domicilio, concediendo ésta en forma nominativa en favor de los que aparecen responsables de esos delitos. En lo que se refiere al delito de incendio, en cambio, no acogería en esta oportunidad la amnistía, sin perjuicio de otorgarla, una vez que la justicia del crimen haya adoptado decisión al respecto. Por último, concretó su opinión en una indicación. El señor García, haciéndose cargo de la indicación formulada por el señor Fuentealba, expresó que aunque la juventud de los implicados lo inclinaba a dar la amnistía en esa forma, y aún reconociendo que hubo responsabilidad del sector patronal, la gravedad general de los hechos, que por características caían en el ámbito de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado, lo obligaba a votar en contra. Concedida en los términos propuestos, la amnistía sería un aliciente para que los obreros siguieran ocupando los lugares de trabajo en cada conflicto colectivo, agravando éstos y dando margen a más numerosas situaciones de violencia y de siniestros. Los Honorables Senadores señores Fuentealba, Sule y Luengo opinaron, al respecto, que la legislación vigente otorga derecho a los trabajadores en huelga para adoptar medidas destinadas a impedir el acceso al lugar de trabajo. Aunque la ocupación de la fábrica no es la forma normal de adoptar estas medidas, es dable admitir, sin embargo, que mientras dicha ocupación se limite a impedir que se debilite o quiebre el movimiento, respetando la existencia y condiciones de operación de la misma, al no causar daños o deterioros, tiende a convertirse en otro medio de defensa de la huelga legal. Por lo demás, la solución del conflicto colectivo borra, en la práctica, a través de cláusulas más o menos cansagradas, la responsabilidad delictiva que podría derivarse de las ocupaciones. Cerrado el debate, vuestra Comisión adoptó las siguientes resoluciones con las votaciones que se indican: a) No otorgar amnistía por el delito de incendio; por tres votos y dos abstenciones. Se abstuvieron los señores Luengo y Sule. b) Otorgar amnistía por delitos de usurpación y violación de domicilio, por cuatro votos contra uno. Votó en contra el Honorable Senador señor García. El señor Aylwin fundó su voto expresando que votaba favorablemente porque se trató de un caso de huelga legal, en que existió grave intransigencia de la parte patronal para permitir una solución, y por las circunstancias especiales del caso, y sin el ánimo de sentar un precedente en el sentido de que pudiera estimarse legítima la ocupación de fábricas o lugares de trabajo por los obreros en huelga. Agregó que también votaba favorablemente porque, de no otorgarse la amnistía por estos delitos, la aplicación de las reglas sobre concursos penales podría resultar en la imposición de elevadísimas penas privativas de la libertad. c) Otorgar la amnistía a las personas en favor de las cuales se dictó sobreseimiento temporal, y a aquéllas que se encuentran acusadas por los delitos de usurpación y violación de domicilio, nominativamente, por cuatro votos contra uno. Votó en contra el Honorable Senador señor García; y d) Otorgar también amnistía a los inculpados declarados rebeldes en el proceso, nominativamente, por tres votos contra dos. Votaron en contra los señores Aylwin y García. Por último, cabe señalar que, aunque la penalidad singularmente asignada por el Código Penal a los delitos de usurpación y violación de domicilio, es de escasa gravedad, la importancia del beneficio que se concede ha de entenderse, como lo hizo notar en su fundamento de voto el señor Aylwin, en relación con las normas que pudieren resultar aplicables por la pluralidad de delitos. En efecto, corresponderá al sentenciador decidir si se trata de un concurso material o ideal de delitos o de la reiteración de delitos de la misma especie -ya que todos están ocmprendidos en el mismo Título del Código Penal-, y cualquiera de estas situaciones es susceptible de ocasionar la agravación de la pena en uno, dos o tres grados, aparte la agravación resultante de haber actuado en los hechos personas menores de edad. Por las razones expuestas, vuestra Comisión tiene a honra proponeros la aprobación de las Mociones en informe, en los siguientes términos Proyecto de ley "Artículo único.- Concédese amnistía, por los delitos de usurpación y de violación de domicilio, a las siguientes personas procesadas en la causa Nº 68.107, que se sustancia ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía del departamento de Santiago: Raúl Cornejo Fariña; José Chavarría Castillo; Luis Alberto Catalán Várela; Juan Luis Jaque Grandón; Mario Carrasco Briones; Juan Enrique González Mardones; Roberto Avalos González; Sergio Cárter Báez; Antonio Alberto Mejías Fuentes; Pedro Pablo Canales Chaparro; Juan Francisco Tobar Rojas; Luis Roberto Guerra Olguín; Patricio Estanislao Cortés Díaz; José Victoriano Cárter Báez; Héctor Riquelme Vargas; Segundo Rafael Ortega Rosett; Teresa del Carmen Guerra Olguín; José Manuel Pizarro Marín; Jaime Tórtoli Campos, y Germán Humberto Palavicino Ramírez. Concédece igual amnistía a las siguientes personas sobreseídas parcial y temporalmente en dicha causa: René Hilario Contreras Candía; Emilio Alejandro González Blanco, y Adolfo Segundo Alvarado Gangas. La misma amnistía que otorga el inciso primero beneficiará a las siguientes personas, declaradas inculpados rebeldes en el mismo proceso: Jacinto Ríoseco Larenas; Gladys Pinto Barrera; Rosa Guerra Olguín; Luis Pereira Carrasco; Lucía Zúñiga Ortiz; Jorge Cretton Arriaza; Alfredo Cretton Arriaza; Juan Manuel Guerra Olguín; Luis Cornejo Rivera; Jaime Ramírez; Elias Acuña Phan; Juan Fernández Sepúlveda, y Benedicto Cáceres González.'. Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1969. Acordado en sesión de fecha 2 de septiembre de 1969, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aylwin (Presidente), Fuen-tealba, García, Luengo y Sule. (Fdo.): Jorge Tapia Valdés, Secretario. 6.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL ARTICULO 15 DE LA LEY N° 17.154, QUE ESTABLECIÓ UN NUEVO REQUISITO PARA LA IMPORTACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que deroga el artículo 15 de la ley Nº 17.154, que estableció un nuevo requisito para la importación de determinados artículos. A la sesión en que se consideró esta iniciativa concurrió, además de los miembros de vuestra Comisión, el Subsecretario de Hacienda señor José Florencio Guzmán. Los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del proyecto observado concedían los siguientes beneficios a deudores morosos de contribuciones, a empleadores y patrones e imponentes de instituciones de previsión: A.- Deudores morosos de contribuciones. Como norma general disponían que los mencionados contribuyentes que tuvieran una deuda inicial máxima de hasta Eº 25.000, pagarían sólo el 25% de los intereses, multas y recargos, cuando cumplieren con sus obligaciones tributarias pendientes en el plazo de 180 días, y un 50% de las mencionadas sanciones, cuando pagaran sus impuestos en diez mensualidades. Se exceptuaba a las personas que hubieren sido condenadas por delitos establecidos en las leyes tributarias o que adeudaren impuestos de retención. Como regla excepcional, condonaban los impuestos y contribuciones, :on sus intereses respectivos, adeudados al 30 de junio del año en curso, por los contribuyentes -salvo los de la Gran Minería del Cobre y de la mediana minería- de las provincias de Atacama, Coquimbo, Colchagua y Maule, del Departamento de Petorca y de la comuna de Putaendo que tengan un patrimonio declarado para los efectos del impuesto a la renta mínima presunta no superior a Eº 150.000, y sólo las sanciones para los que tuvieran un patrimonio superior. Estas normas se aplicaban también a las personas sujetas a convenios. Se autorizaba, además al Presidente de la República para extender estos beneficios a los contribuyentes de otros departamentos que hubieren sido afectados por la sequía. B.- Consolidación de obligaciones de previsión. Consolidaban las obligaciones mencionadas de los patrones y empleadores de las provincias, departamento y comuna indicados anteriormente, pendientes al 30 de junio de 1969, y condonaban las sanciones respectivas. Las deudas consolidadas se pagaban en 36 mensualidades. Autorizaban, también, al Presidente de la República para extender este beneficio a los patrones y empleadores de otros departamentos afectados por la sequía. C.- Préstamos a imponentes. Obligaban a las instituciones de previsión a otorgar a los imponentes de las citadas provincias, departamento y comuna, préstamos equivalentes a dos meses de sus remuneraciones, autorizando al Presidente de la República para extender tales beneficios a otros departamentos afectados por la sequía. El Ejecutivo propuso sustituir los preceptos anteriores por los siguientes: A.- Deudores morosos de contribuciones. Como regla general, reducir las sanciones de los referidos contribuyentes a un 75% si cumplen con sus obligaciones tributarias dentro del plazo de 60 días y en un 50% si lo hacen en 120 días. Como norma excepcional, condonar íntegramente las sanciones a los contribuyentes de las provincias de Atacama, Coquimbo y Maule, del Departamento de Petorca y de las Comunas de Putaendo y Puchuncaví, siempre que en el plazo de 180 días paguen el 10% del impuesto neto adeudado y el saldo en 24 cuotas mensuales iguales, mensualidades que empezarán a correr un año después de la fecha de publicación del proyecto. Para los contribuyentes del sector agrícola de la zona comprendida entre las Provincias de Aconcagua y Ñuble, se condonan en un 50%' las sanciones, siempre que paguen el 10% de los impuestos adeudados al contado, y el saldo en cuotas mensuales iguales hasta el mes de agosto del año próximo, con un interés del 15% anual. B.- Condonación de sanciones de obligaciones previsionales pendientes. Se condonan en un 100% las sanciones de obligaciones previsionales pendientes de los empleadores y patrones de las provincias indicadas en el segundo párrafo de la letra anterior, siempre que dentro del plazo de 90 días comprueben que no tienen deudas de imposiciones retenidas y que paguen las cantidades pendientes en cuotas mensuales hasta el mes de diciembre de 1970. C.- Préstamos a imponentes de instituciones de previsión. Se faculta a las instituciones de previsión para conceder a sus imponentes de las provincias, departamentos y comunas citadas en la letra anterior, que se encuentren cesantes, un préstamo especial de hasta un mes de sus últimas remuneraciones imponibles. Para la aplicación de los beneficios indicados en las tres letras anteriores, se dispone que los contribuyentes y los empleadores y patrones celebrarán convenios con las Tesorerías e instituciones de previsión correspondientes, fijándose las normas que regularán dichos convenios. Asimismo, se sanciona su incumplimiento con la pérdida del beneficio. Por otra parte, se conservan los preceptos relativos a exceptuar de estas franquicias a las empresas de la Gran Minería del Cobre y de la Mediana Minería y se permite acogerse a ellas a los contribuyentes sujetos a convenios. La Honorable Cámara de Diputados aprobó las referidas sustituciones, salvo la relativa a préstamos a imponentes de determinadas regiones que rechazó, pero sin insistir en la aprobación del texto primitivo. El Honorable Senador. Ballesteros manifestó que era partidario de conceder rebajas en las sanciones a los deudores morosos de las provincias, departamentos y comunas expresamente antes citadas, porque habían sido afectadas por la sequía, pero que se oponía a establecer un privilegio de carácter general. Agregó que, por ello, y debido a que el beneficio concedido por la observación es más restrictivo que el aprobado por el Congreso Nacional, se abstendría de votar. Vuestra Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Ballesteros respecto del reemplazo del artículo 2º, aprobó las sustituciones de los artículos 2º, 3º, 4º y 6º. Al respecto hay que tener presente que un acuerdo diferente producirá como efecto que no se apruebe ninguna norma sobre la materia. En relación al artículo 5º, cuya observación fue rechazada por la Cámara de Diputados, sin insistir en la aprobación del texto primitivo, vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma y la oposición del Honorable señor Silva, acordó recomendaros que la aprobéis. Luego, se debatió la observación al artículo 7º. Este precepto destina un 1 por mil de la parte fiscal de la contribución territorial de las Comunas de Valparaíso y Viña del Mar a la Empresa Municipal de Desagües de las mencionadas ciudades. El Ejecutivo propone que este cambio en la destinación se efectúe a contar del 1° de enero del año próximo. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. La observación se fundamenta en que dichos recursos constituyen este año un ingreso presupuestario. Vuestra Comisión, tácitamente, acordó recomendaros que la aprobéis. Seguidamente, se consideró la observación al artículo 8°. Esta disposición declara, en su inciso primero, que los vehículos embarcados en su puerto de origen antes del 9 de mayo de 1969, por los transportistas inscritos y autorizados por la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y cuya importación haya sido autorizada por el Banco Central de Chile, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley Nº 14.824, -que concede liberación aduaneras a diversas mercaderías que se internen al departamento de Arica- gozarán de las franquicias establecidas en dicho precepto; y en su inciso segundo que la internación y primera transferencia de los autobuses que atienden recorridos de 150 kilómetros y más, han gozado de los beneficios y exenciones aduaneras y tributarias establecidas en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 16.426, aunque los referidos servicios no tengan el carácter de interprovinciales, siempre que la internación haya sido aprobada por la Subsecretaría de Transportes y que los autobuses hayan sido embarcados en su puerto de origen antes del 30 de junio de 1969. La observación sustituye el inciso primero proponiendo que la fecha a considerar para los efectos del mantenimiento de la franquicia no sea la de embarque en su puerto de origen antes del 9 de mayo de 1969, sino aquella en que el Banco Central haya dado curso antes del 10 de junio del presente año; y en cuanto a los transportistas, que tal calidad se acreditará con el registro como tales en el Servicio de Impuestos Internos, en lugar de la inscripción en la Subsecretaría de Transportes. La Honorable Cámara de Diputados aprobó la observación sustitutiva del inciso primero. En cuanto al inciso segundo, la observación declara que la expresión "autobuses de servicio interprovincial" a que se refiere la letra c) del artículo 2º transitorio de la ley Nº 16.426, comprende a los vehículos que circulan por más de una provincia dentro del país, en recorridos de más de 50 kilómetros de longitud -limitación que no existe en la actualidad- y a los que sirviendo dentro de una misma provincia, exceden de 100 kilómetros de recorrido, con lo que rebaja el tope mínimo aprobado por el Congreso. La Honorable Cámara de Diputados rechazó la observación sustitutiva del inciso segundo, e insistió en la aprobación del texto primitivo. El Honorable Senador señor Silva Ulloa señaló que en el interior de la provincia de Antofagasta existen recorridos de autobuses de 200 y 300 kilómetros de longitud, sin que haya transporte ferroviario de importancia. Primitivamente, dijo, estos vehículos se encontraban acogidos a las disposiciones de la ley Nº 16.426, sin que hubiera objeciones al respecto. Luego, el Servicio de Aduanas estimó que como no se trataba de recorridos interprovinciales no procedía la concesión de la liberación del referido cuerpo legal, por lo que procedía la requisición de los buses señalados y su remate, dejando a la provincia sin movilización interurbana, hecho que por ser absurdo ha hecho que la repartición aludida suspenda administrativamente las resoluciones correspondientes. La Subsecretaría de Transportes, agregó, quiso solucionar no solamente el problema de la provincia de Antofagasta, reduciendo los recorridos provinciales a 100 kilómetros, sino también introducir una disposición que estableciera que los interprovinciales debían tener una longitud mínima de 50 kilómetros, porque, por ejemplo, en las provincias de O'Higgins y Colchagua éstos pueden ser de 10 kilómetros. En consecuencia, solicitó se adoptara respecto del artículo 8º iguales acuerdos que los de la Honorable Cámara de Diputados, pues de otro modo no habrá ley sobre la materia. Vuestra Comisión, unánimente, resolvió recomendaros que adoptéis los mismos acuerdos que la Honorable Cámara de. Diputados. A continuación, se estudió la observación al artículo 9º, que declara bien invertidos los subsidios en dinero por viáticos y las cantidades por concepto de trabajos extraordinarios cancelados con cargo a fondos de particulares a los Diplomados en Ciencias Políticas y Administrativas, con especialidad en Administración Aduanera, pertenecientes al Servicio de Aduanas, durante su desempeño en funciones de Vistas o de Aspirantes a Vistas, siendo o no titulares del empleo de Aspirantes a Vista. La observación consiste en agregar un inciso que dispone que el precepto no se aplicará en los casos en que haya incurrido en duplicidad de cobro o en los que se haya efectuado pagos sin que se haya realizado el trabajo correspondiente. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. El señor Subsecretario de Hacienda sostuvo que el inciso propuesto tiene por único objeto aclarar la disposición en el sentido de que en ningún caso su dictación significa sanear situaciones irregulares. El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que los casos regulados por la observación eran prácticamente imposibles, debido a que estos pagos a los funcionarios se realizan por medio del Servicio de Aduanas y que, en consecuencia, las irregularidades que pudieran existir serían imputables a éste y no a aquéllos. Agregó que, sin embargo, para despejar toda duda que pudiera existir en este punto, votaría favorablemente el precepto. Vuestra Comisión, tácitamente aprobó la observación. En seguida, se discutió la observación que agrega un primer artículo nuevo, que aumenta la Planta del Servicio de Tesorerías. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. El cuadro siguiente compara la actual Planta con la propuesta por la observación: 2.- Creación de cargos. Actual Proyecto Aumento Directiva Profesional y Técnica 1271 1400 129 Departamento Jurídico 38 38 - Relaciones Públicas 1 1 - Asistentes Sociales - - 5 5 Administrativa 1036 1093 57 Servicios menores 211 281 70 Centro de Procesamiento de Datos 48 2605 86 2904 38 299". Al respecto hay que tener presente, en primer término, que la disposición en informe incorpora 219 cargos a contrata a las Plantas del Servicio. El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la creación de los cargos de Director de la Escuela de Capacitación (1), de Jefes de Bienestar y de Inspección (2), de Jefes de Inspección Provincial (3), de Tesoreros Comunales (2), de Técnico Estadístico (1) y de Asistentes Estadísticos (4) en la Planta Directiva Profesional y Técnica, se fundamenta en la necesidad de reflejar en ella la estructura orgánica del Servicio, y la de Inspectores (6), Supervisores (9) y Ayudantes de Contabilidad (119), está basada en que es indispensable hacer plenamente operantes algunas funciones que no podían cumplirse integralmente por falta de personal. La creación de la planta de Asistentes Sociales y el aumento del personal administrativo y del Centro de Procesamiento de Datos tienen por objeto, exclusivamente, la incorporación de personal a contrata a las plantas. En cuanto al aumento en 70 cargos de la planta de Servicios Menores, manifestó que 42 están actualmente desempeñándose a contrata o a jornal, y que su aumento en 28 cargos tiene por finalidad proveer al Servicio de un número suficiente de choferes para los vehículos en uso y completar las necesidades de este tipo de empleados. Agregó que las disposiciones contenidas en la letra E) del artículo que modifica el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, modernizando su estructura, y de la letra F), que regulan la forma en que se designarán los funcionarios en los cargos que se crean, permitiendo hacer operable el precepto, cuentan con el apoyo de los empleados del Servicio. Por último, expresó que el mayor gasto que significa la norma en informe se imputará al ítem de reajuste del sector público del Presupuesto vigente, que tiene algún excedente. Agregó que, sin embargo, el financiamiento requerido es pequeño, debido a que se incorpora a las plantas a funcionarios a contrata, cuyos sueldos están actualmente consirados en el presupuesto del Servicio. La unanimidad de los miembros de vuestra Comisión concordó con la norma en informe, pero con igual votación resolvió rechazar la letra b) contenida en la letra E) del precepto, debido a que estimó inconveniente la dictación de disposiciones que permitan dejar reservadas a postulantes de un concurso para ingreso al Servicio, las vacantes que se produzcan posteriormente, porque ello significa crear presiones para establecer nuevos cargos o la designación en dichas vacantes de postulantes no idóneos. A continuación, se consideró la observación que agrega el segundo artículo nuevo, que incluye en el ítem sobre inversión de Convenios de Excedentes Agrícolas, al Séptimo que se suscribe con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. El señor Subsecretario de Hacienda expresó que la enmienda del referido ítem es necesaria, porque se hace menester girar los recursos que se van acumulando por tal vía para efectuar programas de inversión. Agregó que los mencionados Convenios no requieren aprobación del Congreso Nacional porque en la actualidad son suscritos directamente por la Empresa de Comercio Agrícola. El Honorable Senador señor Silva Ulloa sostuvo que era absolutamente inconveniente que el Congreso Nacional aprobara por medios indirectos Convenios Internacionales cuyo alcance exacto no conocía. El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para suscribir los Convenios sobre excedentes agropecuarios es inconstitucional, ya que luego de su suscripción los tratados internacionales requieren de la aprobación del Congreso Nacional y de la ratificación por el Presidente de la República. Agregó que el medio que actualmente utiliza el Gobierno para aprobar las referidas obligaciones que contraía un organismo autónomo del Estado infringe el espíritu y la letra del artículo 43 de la Constitución Política, que establece entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional la aprobación de los Convenios Internacionales antes de su ratificación; añadió que el expediente de comprometer en ellos a un servicio descentralizado del Estado era un pretexto. El Honorable Senador señor Palma manifestó que ahora más que nunca, debido a la sequía, es indispensable aprobar la inversión de los fondos del Convenio. Vuestra Comisión, después de un doble empate, rechazó la observación. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Palma y Ballesteros y por la negativa los Honorables Senadores señores Bossay y Silva Ulloa. Luego, se discutió la observación que agrega un tercer artículo nuevo, que concede a los funcionarios extranjeros de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA), las mismas franquicias de internación de que gozan los miembros de la Organización Europea para la Investigación Astronómica del Hemisferio Austral (ESO). La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que el mencionado personal tenía en la actualidad un trato discriminatorio, porque sólo podía importar bienes según el régimen de internación temporal, a pesar de que funcionarios de entidades similares gozaban en esta materia de las mismas exenciones que los empleados de los organismos internacionales. Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el precepto. En seguida, estudió la observación que agrega un cuarto artículo nuevo, que prorroga y extiende las franquicias de internación y las exenciones de impuesto de que goza la Fundación Rockefeller. Según la ley Nº 12.061, la Fundación Rockefeller y sus funcionarios gozan de los mencionados privilegios, pero sólo para la aplicación de su programa de investigaciones agrícolas, según el Acuerdo Básico que suscribió con nuestro Gobierno en el año 1955 y que venció el 30 de junio del año en curso. La disposición en informe prorroga la franquicia para el desarrollo de los programas de investigación, docencia y extensión que la Fundación efectúe en el país. Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición. A continuación, se debatió la observación que agrega un quinto artículo nuevo, que traspasa del presupuesto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado al del Ministerio de Relaciones Exteriores la cantidad de US$ 250.000. El señor Subsecretario de Hacienda dijo que el artículo propuesto tenía por finalidad terminar la construcción del edificio de nuestra Embajada en Buenos Aires, y que la citada Empresa no necesitaba tales recursos durante el presente año. El Honorable Senador señor Silva manifestó que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado requería de la mayor cantidad de fondos posible, por lo que parecía inconveniente el traspaso indicado. El Honorable Senador señor Palma sostuvo que debía terminarse la construcción del edificio de la Embajada en Buenos Aires. Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros y Palma y la oposición del Honorable Senador señor Silva aprobó la disposición. Seguidamente, se debatió la observación que agrega un sexto artículo nuevo, que dispone que las plantas y remuneraciones del personal de la Empresa de Comercio Agrícola regirá a contar del 1? de enero de cada año. La Honorable Cámara de Diputados la aprobó. El señor Subsecretario de Hacienda manifestó que la referida Empresa fija anualmente las plantas y remuneraciones de su personal, pero que debido al lapso que demora la tramitación de las resoluciones respectivas, habitualmente éstas tienen vigencia con posterioridad a la fecha indicada. Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó la disposición. Luego, se estudió la observación que agrega un séptimo artículo nuevo. Esta disposición declara que las pensiones de jubilación del personal de los servicios de Hacienda concedidas por el artículo 78 de la ley Nº 15.575, se reajustarán en un 20% a contar del 1° de enero del año en curso. El señor Subsecretario de Hacienda expresó que los citados ex funcionarios jubilaron compuntando la asignación de estímulo, que constituía el 50% de sus remuneraciones. Debido a la aplicación del artículo 99 de la ley Nº 16.617, que fijó en un 70% la imponibilidad de las remuneraciones de la mayor parte del personal del sector público, los mencionados jubilados no han tenido reajustes de sus pensiones en el año en curso. Agregó que el gasto estaba considerado en el ítem sobre reajuste contenido en la ley de presupuestos actualmente vigente. Vuestra Comisión, tácitamente, aprobó el artículo. En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que adoptéis los siguientes acuerdos respecto de las observaciones en informe. Artículos 2º, 3º y 4º Aprobarlas, por unanimidad, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Artículo 5º Aprobarla, por mayoría de votos, (el acuerdo del Senado no produce efectos jurídicos). Artículos 6º y 7º Aprobarlas, por unanimidad, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Artículo 8º Por unanimidad, aprobar la sustitución del inciso primero y rechazar la del inciso segundo, insistiendo en la mantención de este último precepto, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Artículo 9º Aprobarla, por unanimidad, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Primer artículo nuevo (páginas 41 a 48 del Boletín Nº 24.660). Por unanimidad, aprobar las disposiciones del artículo, salvo la letra b) del párrafo E). (El acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Segundo artículo nuevo (página 48 del mismo Boletín). Rechazarlo, después de un doble empate, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Tercer y Cuarto artículos nuevos (páginas 49 y 50 del Boletín referido). Aprobarlos, por unanimidad, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Quinto artículo nuevo (primero de la página 51 del citado Boletín). Aprobarlo, por mayoría de votos, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Sexto y Séptimo artículos nuevos (segundo de la página 51 y único de la página 52 del mismo Boletín). Aprobarlos, por unanimidad, (el acuerdo del Senado produce efectos jurídicos). Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1969. Acordado en sesión de fecha de ayer con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros, Bossay y Silva. (Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario. 7.- INFORME DE LA DELEGACIÓN DE SENADORES QUE CONCURRIÓ A LA IV ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO. Honorable Senado: La Delegación de Senadores que, en nombre de las respectivas colectividades políticas, concurrió a la IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en Bogotá, Colombia, entre el 4 y al 7 de agosto en curso, tiene a honra informaros acerca de su desempeño en dicha reunión, en los términos siguientes. El Acuerdo LXV de la III Asamblea Ordinaria, realizada en Brasilia en 1968, designó a Bogotá como sede de la siguiente Asamblea Ordinaria, de conformidad con el sistema rotativo que, para la elección de sede, impone el Estatuto del Parlamento Latinoamericano. En la misma citada III Asamblea Ordinaria se designó Presidente del Parlamento Latinoamericano al Honorable Representante Dr. Ramiro Andrade Terán, Presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, y Presidente sustituto al Honorable Senador señor Hugo Escobar Sierra, también de Colombia, reeligiéndose en el cargo de Secretario General al Dr. Andrés Townsend Escurra, a la razón Presidente de la Cámara de Diputados del Perú. A esta Directiva correspondió promover y organizar la realización de la IV Asamblea Ordinaria, y proponer el temario de la misma. El temario básico estaba constituido por cuatro puntos: 1°.- Bases para un proyecto de Tratado de Integración Económica Latinoamericana; 2°.- Crisis y riesgos de la democracia representativa en América Latina; 3°.- Diálogo América Latina-Europa (con la Delegación de observadores del Consejo de Europa), y 4°.- Diálogo América Latina-Estados Unidos de Norteamérica (con la Delegación de observadores del Congreso Norteamericano). Se eligió como fecha para realizar la IV Asamblea una cuyo término coincidía con la celebración del sesquicentenario de la batalla de Boyacá, circunstancia que permitió dar especial realce a aquella Reunión. La Delegación de Senadores estuvo formada por el señor Presidente del Senado, don Tomás Pablo Elorza y por los Honorables Senadores señores Francisco Bulnes Sanfuentes, Rafael Agustín Gumucio Vives y José Isla Hevia, actuando como Secretario de la misma el Secretario de Comisiones, don Jorge Tapia Valdés. La Delegación chilena estuvo formada, además por los Honorables Diputados señores Eduardo Clavel Amión, Luis Guastavino Córdoba, Carmen Lazo Carrera, Fernando Maturana Erbetta, Sergio Merino Jar-pa y José Monares Gómez. Secretario de la Delegación de Diputados fue el Secretario de Comisiones señores Fernando Parga Santelices. En reunión conjunta de Senadores y Diputados, se acordó elegir como Presidente de la Delegación chilena al Honorable Senador señor Tomás Pablo Elorza, y como Jefe Alterno de la misma a la Honorable Diputado señora Carmen Lazo Carrera. La Delegación de Senadores arribó a Bogotá en las primeras horas de la tarde del 1º de agosto. A las 17 horas de ese día concurrió a la sede del Parlamento colombiano para constituir, junto con otras Delegaciones, las Comisiones de Integración Política y de Integración Económica, Unidas. Estas Comisiones habían sido convocadas en forma previa a la iniciación de la IV Asamblea Ordinaria, para continuar el estudio del proyecto de bases para un Tratado de Integración Económica Latinoamericana, cuyo estudio se había iniciado en la III Asamblea Ordinaria, de Brasilia, y continuado en la sesión que estas mismas Comisiones celebraron en Managua, entre el 15 y 17 de mayo del año en curso. Cabe dejar constancia que el documento que sirvió de base a las deliberaciones de estas Comisiones fue íntegramente preparado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y específicamente por la Escuela Latinoamericana de Ciencias Políticas y Administración Pública, correspondiendo en ello un papel preponderante y desfasadísimo al Profesor Alberto Rioseco Vásquez. El Profesor señor Riose-eo fue invitado por el Parlamento Latinoamericano, en calidad de Asesor, a las reuniones de Managua y de Bogotá. En la sede de Bogotá las Comisiones Unidas se constituyeron eligiendo como Presidente al Honorable Representante señor Gilberto Avila Bottía, (Colombia), como Vicepresidente al Doctor Ignacio Hidalgo Villavicencio, (Ecuador), como Relartor al Dr. Luis Lacorte, (Venezuela) y como Secretario al Dr. Ignacio Laguado Moneada, (Colombia). Las Comisiones Unidas celebraron un total de cuatro sesiones, los días 1°, 2 y 3 de agosto, poniendo término a su funcionamiento en las últimas horas de la noche del domingo 3, sin que alcanzaran a concluir su labor. En dichas reuniones participaron activamente los Honorables Senadores señores Pablo y Gumucio, aparte del Secretario de la Delegación. El Honorable Senador señor Bulnes, que también concurrió a las sesiones, se abstuvo de participar, dejando constancia de su abstención respecto de los acuerdos adoptados, por estimar que no están dadas las condiciones para proyectar la constitución de un Mercado Común Latinoamericano. El hecho de que las Comisiones no dieran cima a su labro, se explisa por la doble circunstancia de la extensión y prolijidad del documento de trabajo y por la complejidad de las materias debatidas. A raíz de ello y sin perjuicio de preparar el informe pertinente en la parte del proyecto de bases que alcanzó a ser considerada, se acordó proponer a la asamblea Plenaria la constitución, en forma especial, de las mismas Comisiones, durante el desarrollo de la IV Asamblea, a fin de que se pudiera avanzar en el estudio del documento, proposición que fue acogida en la forma y con los resultados de que os damos cuenta más adelante. Cabe agregar que la forma en que el proyecto antes mencionado fue debatido por las Comisiones derivó de una proposición hecha al respecto por la Delegación chilena, que estuvo consciente, desde el primer momento, de la imposibilidad de estudiar la materia en su totalidad. Por ello, le pareció recomendable centrar el estudio en la parte orgánica del Tratado, concerniente a la integración, funcionamiento y facultades de los Organismos de la proyectada Comunidad Económica Latinoamericana. La IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano se constituyó e inició sus trabajos el día lunes 4 de agosto, a las 11 A. M., luego de la presentación de credenciales y del depósito de ofrendas florales en los monumentos a los proceres Simón Bolívar y José de San Martín. En la reunión inaugural, hicieron uso de la palabra el señor Presidente del Parlamento Latinoamericano, Dr. Ramiro Andrade Terán y el Excmo. señor Carlos Lleras Restrepo, Presidente de la República de Colombia. En la tarde del mismo día se constituyeron y dieron comienzo a sus trabajos las Comisiones, que en lo que a la Delegación chilena se refiere, estuvieron integradas en la siguiente forma: Comisión de Integración Política: Honorable Senador señor Francisco Bulnes, elegido como Vicepresidente de la misma y Honorable Diputado señor Luis Guastavino. Actuó como alterno del señor Bulnes el Honorable Diputado señor Fernando Maturana. Comisión de Integración Económica: Honorable Senador señor Rafael Agustín Gumucio y Honorable Diputado señora Carmen Lazo. Comisión de Integración Cultural y de Educación: Honorables Diputados señores José Monares y Eduardo Clavel. Comisión de Coordinación Legislativa, Estatuto y Reglamento: Honorable Diputado señor Sergio Merino. Se constituyó, además, una Comisión Especial para el estudio del proyecto de Bases para un Mercado Común Latinoamericano, en la que participó el Honorable Senador señor Tomás Pablo. El amrtes 5, la IV Asamblea continuó sus trabajos dedicando la mañana y parte de la tarde al Diálogo Europa-América Latina, mientras simultáneamente trabajaban las diferentes Comisiones. Las Comisiones continuaron sus actividades el día siguiente, miércoles 6, mientras los Jefes de Delegación celebraban una reunión con los dos únicos representantes del Congreso Norteamericano que asistieron. En la tarde del mismo día, la Asamblea Plenaria escuchó primeramente, un extenso discurso del Excmo. señor Presidente de la República de Venezuela, Doctor Rafael Caldera, y a continuación, una intervención del señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Gabriel Valdés. El discurso del señor Valdés, reproducido in extenso en la parte de Anexos, fue largamente aplaudido y motivó elogiosos comentarios de parte de todas las Delegaciones concurrentes, por la forma clara y decidida en que planteó el problema de las relaciones de comercio internacional entre las naciones latinoamericanas y los Estados Unidos de Norteamérica. La sesión del día 6 concluyó con el informe rendido por el Secretario General del Parlamento Latinoamericano, Doctor Andrés Townsend Ez-curra, que se reproduce íntegramente en la parte de Anexos. Finalmente, el día jueves 7 el Parlamento Latinoamericano celebró la Asamblea Plenaria de clausura, que, iniciada a las 11 A.. M., no concluyó sino a las 0.30 del día siguiente, con breves períodos de suspensión, lo que puede resultar ampliamente demostrativo del intenso trabajo desarrollado por las Comisiones y de la seriedad y profundidad de los debates que tuvieron lugar. Os damos cuenta a continuación de los principales aspectos sustantivos de la IV Asamblea del Parlamento Latinoamericano, de acuerdo con el temario de la misma, sin perjuicio de una síntesis acerca de otros acuerdos adoptados por la Plenaria a proposición de las respectivas Comisiones. Estudio de las bases para un proyecto de Tratado de Integración Económica Latinoamericana Este documento, a que ya hicimos referencia, tuvo su origen en la llamada Resolución XX, adoptada por la II Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrado en Montevideo en 1967. No se trata de un proyecto sobre Comunidad Económica Latinoamericana, sino del estudio previo y necesario de las bases en que debería fundarse tal proyecto. Se pretende dar una expresión concreta e integral a las aspiraciones integracionistas, para lograr un pensamiento y un lenguaje común en el medio latinoamericano en lo que se refiere a la aspiración de establecer un Mercado Común. El estudio de estas bases ha tenido y tendrá como consecuencia la difusión de los principios, reglas e instituciones que deban presidir la estructuración de una Comunidad Económica, elevándose el conocimiento del nivel de las formulaciones generales al de las precisiones técnicas. Como se comprende, el estudio de tal materia tiene el valor de un verdadero proceso educativo, a través del cual puede madurar y difundirse el ideal integracionista. El anteproyecto de bases consta de un preámbulo y cinco partes desarrolladas conforme al siguiente esquema: PREÁMBULO Primera Parte: Nombre, sede, objeto, principios y órganos. Segunda Parte: Instituciones de la Comunidad Económica Latinoamericana. I.- El Consejo de Gobierno. II.- La Comisión Ejecutiva. III.- El Parlamento Latinoamericano. IV.- La Corte Latinoamericana de Justicia. V.- Sistema de Resoluciones. Tercera Parte: Programa de Liberación. I.- Liberación de la circulación de mercaderías y tarifa externa común. II Libre circulación de personas, Servicios y capitales, y derecho de establecimiento. III.- Normas especiales respecto de países de menor desarrollo económico relativo y de mercado insuficiente. IV.- Cláusulas de salvaguardia. Cuarta Parte: Políticas comunes y armonización legislativa. I.- Política de Desarrollo Económico. II.- Política Industrial. III.- Política Comercial. IV.- Política Financiera y Monetaria. V.- Política Social. VI.- Normas especiales de Política Agraria, de Transportes y de Energía. VII.- Normas sobre competencia leal. VIII.- Armonización de las Legislaciones. Quinta Partes: Disposiciones Generales y Finales. I Personalidad Jurídica. II Inmunidades y previlegios. III.- Responsabilidad de la Comunidad y sus funcionarios. IV.- Firma, ratificación y entrada en vigor. V.- Adhesión de nuevos miembros. VI.- Tratados y acuerdos de la Comunidad con terceros. VII.- Duración de la Comunidad. VIII.- Retiro de algunos de los miembros de la Comunidad. IX.- Modificaciones al Tratado. X.- Aplicaciones de la teoría de los Poderes Implícitos. XI.- Excepciones de carácter general. El trabajo previo de las Comisiones de Integración Política y de Integración Económicas, Unidas, se centró en el preámbulo y en las partes primera y segunda, indudablemente las más importantes por contener la definición de los objetivos, finalidades y medios de la Comunidad. La Asamblea Plenaria aprobó el informe respectivo, cuyo texto consta en los Anexos, como asimismo la proposición de dichas Comisiones en el sentido de materializar la creación, bajo la tuición de la Secretaría General, de un Departamento Técnico de Integración Latinoamericana, con sede en Caracas. A dicho Departamento Técnico corresponderá, fundamentalmente, terminar el estudio de las bases para un Tratado y elaborar un proyecto definitivo para instituir una Comunidad Económica Latinoamericana. Para ello, se consultarán las opiniones de las Comisiones respectivas de los Parlamentos Nacionales y se contará con la asesoría de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública, que funciona en Santiago de Chile, y de otros organismos técnicos internacionales. Este departamento deberá constituirse e iniciar sus actividades el 1° de diciembre1 próximo, y deberá presentar el resultado de sus estudios a la V Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. Diálogo América Latina-Europa. Especialmente invitada, concurrió a la IV Asamblea del Parlamento Latinoamericano una Delegación de 11 miembros de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, creado el 5 de mayo de 1949, agrupa a 18 países de ese continente: Alemania Occidental, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, lslandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía. Su objetivo básico es buscar los medios para asegurar una unión más estrecha de los países europeos. Cabe diferenciarlo del Parlamento Europeo, institución encargada de controlar la actividad de la Comisión de las Comunidades Europeas, integrada solamente por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. El diálogo contenido en el temario de la IV Asamblea Ordinaria fue la continuación de uno ya iniciado en 1968, con motivo de la invitación formulada por el Consejo de Europa a ocho Parlamentarias latino americanos, entre los cuales figuró el Honorable señor Tomás Pablo Elorza. En aquella oportunidad se celebró en la sede del Consejo, en Estrasburgo, un provechoso intercambio de ideas en torno a las relaciones económico-culturales entre Europa y América Latina, como conclusión de la cual los Parlamentarios latinoamericanos formularon una declaración que, en su parte sustancial, se pronuncia "en favor de una nueva política europea respecto de América Latina, que tenga por objeto establecer vínculos que contribuyan -a través de contactos entre Organizaciones regionales globales y parciales- al progreso económico y social de nuestros pueblos. Esta nueva política debe tender a la eliminación de todas las barreras artificiales y de todas las medidas discriminatorias que constituyan una separación entre ambos continentes.". En el segundo diálogo entre parlamentarios latinoamericanos y europeos, se procedió primeramente a escuchar intervenciones, previamente preparadas, de los señores Joseph de Grauw, Senador belga, y Bertrand Flornoy, de Francia, y de los parlamentarios colombianos señores Diego Uribe Vargas y Hernán Jaramillo C. Con posterioridad, los delegados europeos formularon una serie de preguntas sobre aspectos de la realidad económico-social latinoamericana, las que fueron respondidas por miembros de las diferentes delegaciones, entre ellos, en Honorable Senador señor Tomás Pablo, a quien le correspondió referirse al tema de la integración subregional andina y de la CORFO Andina. El interés y utilidad de este nuevo encuentro entre Parlamentarios de ambos continentes quedó de manifiesto en los términos de la declaración que la delegación del Consejo de Europa formuló al término del mismo, manifestando su convencimiento de que Europa debe estrechar lo más posible sus relaciones con América Latina en todos los ámbitos -finalidad en favor de la cual la acción mutua de los Parlamentarios debe pesar con gran fuerza- y dejando constancia de su interés de que el diálogo pueda renovarse periódicamente, para profundizar los temas comunes. La Asamblea Plenaria, además, aprobó una ponencia de la Comisión de Cordinación Legislativa, Estatuto y Reglamento conducente a facultar a la Directiva del Parlamento Latinoamericano para constituir una Comisión Permanente integrada por Parlamentarios de nuestro continente y miembros de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. Diálogo América Latina-Estados Unidos de Norteamérica. El Congreso Norteamericano, en respuesta a la invitación cursada por el Parlamento Latinoamericano para que Parlamentarios de esa Nación concurrieran a la IV Asamblea Ordinaria, designó como sus únicos representantes a los miembros de la Cámara de Representantes señores Dante P. Fascell, Presidente de la Subcomisión para Latinoamérica de la Comisión de Asuntos Exteriores, y William S. Mailliard, miembro de la Comisión antes nombrada. En una reunión de los Jefes de Delegación, tuvo acogida la opinión del Honorable Senador señor Pablo, en el sentido de que no parecía adecuado a las circunstancias que representantes de la mayoría de los Parlamentos latinoamericanos, entre los cuales figuraban Senadores y Diputados y Presidentes de varias Corporaciones legislativas, aparecieran interviniendo en un diálogo con sólo dos representantes parlamentarios de los Estados Unidos de Norte América, cuya gravitación en el medio nacional respectivo no era suficientemente representativa. Por esta razón, en la reunión que tuvo lugar con dichos señores Representantes, el Presidente del Parlamento Latinoamericano les reiteró el interés de esta parte del Continente de dialogar con delegados del Congreso norteamericano, y luego de escuchar breves intervenciones de los dos parlamentarios norteamericanos, les manifestó que, en esta oportunidad, las Delegaciones latinoamericanas se abstendrían de plantear cuestiones conducentes a un intercambio de opiniones respecto de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Consideración del tema crisis y riesgos de la democracia representativa en América Latina. El tema fue objeto de varias ponencias formuladas en las Comisiones de Integración Política y de Coordinación Legislativa, Estatutos y Reglamentos, todas ellas ampliamente debatidas, y posteriormente aprobadas por la Asamblea Plenaria, en la forma que más adelante se especifica. Reseña de otras Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por la Asamblea Plenaria. Aparte los temas a que antes se ha hecho referencia, la Asamblea Plenaria consideró y aprobó, a proposición de las Comisiones que se indica, las siguientes Resoluciones y Recomendaciones. De la Comisión de Integración Política. 1.- Acuerdo sobre repudio de los Gobiernos de facto y apoyo a los movimientos populares que luchan por el derrocamiento de esos Gobiernos; 2.- Acuerdo sobre solidaridad con los Legisladores cuyos Parlamentos han sido disueltos y de repudio a las medidas de fuerza que han privado de su legítima representación a los respectivos países. En relación con esta materia se acordó modificar el artículo 3º del Estatuto del Parlamento Latinoamericano para establecer que en caso de disolución de un Parlamento Nacional, los representantes acreditados por dicho Parlamento ante la Asamblea del Parlamento Latinoamericano conservarán su calidad de tales, debiendo preverse los fondos necesarios para facilitar su concurrencia a las sesiones de este organismo; 3.- Acuerdo contrario a la Enmienda Hickenlooper, la Ley Azucarera y demás instrumentos legales similares, por considerarlos actos de agresión económica a las naciones latinoamericanas; 4.- Acuerdo que aconseja que los distintos problemas de límites entre las Repúblicas latinoamericanas se resuelvan en la Corte Internacional de La Haya; 5.- Acuerdo propiciando el cumplimiento, por parte de Gran Bretaña, de la resolución de las Naciones Unidas que auspicia negociar la descolonización de Gibraltar; 6.- Acuerdo sobre recomendación para que en los planos nacionales se adopten estatutos jurídicos que garanticen la existencia y participación de los grupos minoritarios y de oposición en la actividad político-social; 7.- Acuerdo que proclama la soberanía de las Naciones latinoamericanas para rescatar sus riquezas básicas de manos extranjeras, rechazar las sanciones económicas o políticas del Gobierno norteamericano contra cualquiera de estos Gobiernos, y respaldar la lucha de los pueblos de América Latina contra los imperialismos. Este voto fue aprobado, en su última parte, con la abstención de los Parlamentarios chilenos señores Luis Guastavino y Carmen Lazo, entre otros, y 8.- Acuerdo recomendando la creación, a nivel nacional, de organismos Parlamentarios y Gubernamentales destinados a concretar las resoluciones o acuerdos del Parlamento Latinoamericano. De la Comisión de Integración Económica. 1.- Acuerdo sobre aprobación de las bases para la creación de una Corporación Andina de Turismo; 2.- Acuerdo recomendando la aprobación de normas comunes para regular la inversión de capital extranjero en los países de América Latina; 3.- Acuerdo para denominar "Bolívar" a la posible moneda latinoamericana a que daría lugar la creación de una unión monetaria latino-americana; 4.- Acuerdo recomendando la reglamentación nacional de la pesca en el litoral marítimo y hasta las 200 millas contadas desde el límite del ¡mar territorial respectivo. Este acuerdo fue adoptado con reservas por parte de las Delegaciones de Paraguay y Bolivia; 5.- Acuerdo sobre mejoramiento de los términos del intercambio comercial de las naciones latinoamericanas con otras potencias; 6.- Acuerdo recomendando el perfeccionamiento y aceleración de los procesos de reforma agraria en el continente, y 7.- Acuerdo recomendando a la Comisión Especial nombrada por el Presidente Nixon para evaluar las restricciones de importación de petróleo a los Estados Unidos, la eliminación del trato discriminatorio que actualmente otorga el producto venezolano. De la Comisión de Integración Cultural y de Educación. 1.- Acuerdo propiciando el establecimiento de nuevos y más amplios programas para la elevación del nivel cultural y capacitación de la población del continente, especialmente del área rural, y para erradicar definitivamente el analfabetismo; 2.- Acuerdo recomendando a los organismos internacionales pertinentes financien investigaciones y programas que permitan participar a las naciones latinoamericanas, aportando conceptos, informaciones y elementos culturales propios, en los sistemas mundiales de telecomunicaciones audiovisual; 3.- Acuerdo solicitando la pronta y definitiva redacción del anteproyecto de Tratado de Comunidad Cultural Latinoamericana; 4.- Acuerdo recomendando la adopción de normas para evitar el éxodo de los científicos y técnicos latinoamericanos a otras naciones; 5.- Acuerdo sobre la creación de una Comisión Legislativa Latinoamericana de Salud Pública, y de las bases en que deberá fundar su acti-vidad, y 6.- Acuerdo recomendando que las Naciones Unidas propicien la formación de un fondo mundial para la investigación espacial, que evite la pérdida de recursos que supone la multiplicidad y paralelismo de los programas espaciales de diferentes países. De la Comisión de Coordinación Legislativa. Estatuto y Reglamento. 1.- Acuerdo sobre aprobación del proyecto de Ley Uniforme de Títulos-Valores para América Latina, preparada por el Instituto para la Integración de América Latina, a petición del Parlamento Latinoamericano; 2.- Acuerdo facultando a la Directiva del Parlamento Latinoamericano para estudiar la formación de una Comisión Permanente, integrada por Parlamentarios Latinoamericanos y miembros de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa; 3.- Acuerdo sobre modificación del Estatuto, que atribuye un carácter fundamentalmente técnico a la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano, estableciendo que el Secretario General Sustituto deberán ser Parlamentarios o ex Parlamentarios, y 4.- Acuerdo exhortando al Gobierno de la Unión Soviética a que dé curso efectivo a la promesa de permitir a los judíos que viven en ese país reunirse con sus familiares en otros Estados. Proposiciones y actuación de la Delegación chilena. 1º.- Como ya se expresó, correspondió al Honorable Senador señor Bulnes la Vicepresidencia de la Comisión de Integración Política, debiendo presidir la mayor parte de sus sesiones. En esta Comisión presentó una ponencia el Honorable Senador señor Gumucio, sobre perfeccionamiento de la organización institucional de la democracia representativa, que pese a haber dado lugar a un amplio y extenso debate, no logró ser aprobada, por discrepancias respecto de la redacción del documento. A la misma Comisión se presentó un voto, del que fue coautor principal el Honorable Diputado señor Luis Gusatavino, acerca de la necesidad de aplicar una política independiente y soberana que rescate las riquezas naturales de las naciones de Latinoamérica del dominio y control extranjeros. Esta moción originó una extensa polémica, especialmente a raíz de que sus autores la referían de manera fundamental a los capitales norte americanos. La Comisión acordó designar una Subcomisión, de la que formó parte el señor Guastavino, que en definitiva propuso una redacción, aprobada por la Comisión y por la Asamblea Plenaria, cuya parte resolutiva expresa: "1°.- Proclamar que las Naciones Latinoamericanas son soberanas para adelantar medidas de rescate de sus riquezas básicas de manos de cualquier monopolio extranjero. 2°.- Declarar que la penetración de los consorcios capitalistas extranjeros, ha deformado y perjudicado nuestras economías. 3°.- Rechazar enfáticamente las sanciones económicas o políticas del Gobierno Norteamericano, contra cualquier Gobierno de América Latina que adopte una actitud nacionalizadora, como en el caso de la amenaza de aplicación de la enmienda Hickenlooper respecto del Gobierno Peruano, o de cualquier otro Gobierno de América Latina. 4°.- Repudiar una vez más, la política que pretende que el Gobierno de los Estados Unidos, o cualquier otro país tiene el derecho de intervenir unilateralmente en los asuntos internos de los países latinoamericanos. 5.- Respaldar a los pueblos de América Latina en su lucha contra los imperialismos y reclamar la libertad de los presos políticos que distintos gobiernos de Latinoamérica mantienen encarcelados.". En el debate de la Plenaria, aparte otros oradores, intervinieron en esta materia los Diputados señores Luis Guastavino, Carmen Lazo y José Monares, dando origen con sus discursos a una extensa y viva polémica acerca del significado y consecuencia del imperialismo norteamericano en América Latina. Como ya se expresó, el punto 5º de la parte resolutiva antes transcrita se aprobó con la abstención de los Diputados señores Guastavino y Carmen Lazo. 2º.- En la Comisión de Integración Económica, la Delegación de Bolivia obtuvo la aprobación de un voto declarando "que la integración latinoamericana debe comprender la solución del problema relativo a la mediterraneidad de la República de Bolivia para la consecución de sus fines en el desarrollo armónico y equilibrado de la Sub-región Andina y del continente.". El texto de esta proposición contravenía los términos del artículo 4º del Acuerdo sobre Integración Subregional Andina, aprobado con la aquiescencia del Gobierno boliviano, precepto según el cual, "para la mejor ejecución del presente acuerdo, los países miembros realizarán los esfuerzos necesarios para buscar soluciones adecuadas que permitan resolver los problemas derivados de la mediterraneidad de Bolivia.". Como se puede comprobar con la mera lectura, mientras este último texto no afecta al principio, internacionalmente sostenido, de la no revisibilidad de los Tratados libremente adoptados, el voto aprobado a instancias de la Delegación boliviana suponía recomendar la revisión del Tratado vigente entre esa Nación y Chile. Por este motivo, luego de un debate en que cupo participación principal al Honorable Senador señor Pablo, la delegación chilena solicitó y obtuvo la reapertura del debate en el seno de la Comisión. Obtenida esta decisión, en el debate siguiente la Delegación paraguaya propuso una fórmula que aproximaba las posiciones de ambos países, pero que fue rechazada por la Delegación boliviana. En el debate pertinente intervinieron el Honorable Senador señor José Isla y los Diputados señores José Monares y Sergio Merino. Ante la falta de acuerdo, la Comisión acordó no adoptar resolución sobre ninguno de los votos presentados, remitiendo ambos a la Asamblea Plenaria para que resolviera al respecto. Cabe anotar que, simultáneamente, la Delegación boliviana presentó otro voto conducente al mismo propósito, en la Comisión de Integración Política, redactado en los siguientes términos: "Declarar que para que los propósitos de integración signifiquen una evolución armónica y equilibrada, consideran que los países de América, en fraterna expresión de solidaridad, deben convenir en aunar esfuerzos para lograr que se resuelva, en primer término, el enclaustramiento de Bolivia, mediante la recuperación de su soberanía marítima en el Pacífico.". La aprobación de una cuestión previa formulada por la delegación de Uruguay, para colocar este voto en el último lugar de la tabla, fundada en que originaría una lata discusión, impidiendo la consideración de muchas otras materias pendientes, tuvo por consecuencia que en definitiva no se tratara la proposición boliviana, debido al término de la hora de sesiones de la Comisión. En el debate que sobre esta materia se produjo en la Asamblea Plenaria, intervino por parte de la Delegación boliviana el Senador señor Tomás Guillermo Elios y por parte de la Delegación chilena el Diputado señor Fernando Maturana. Este último, en una bien documentada exposición, hizo notar que la aprobación de votos como el propuesto por la delegación de Bolivia, aparte de significar una discriminación en contra de un país determinado, ponía en jaque principios esenciales del Derecho Internacional y era susceptible de originar una serie de conflictos en Latinoamérica entre todos aquellos países que habían solucionado sus problemas de límites en virtud de Tratados libre y soberanamente aprobados. A esta altura del debate, el Delegado de Colombia Senador Hugo Escobar planteó la cuestión previa de si, debiendo aplicarse supletoriamente a las reuniones del Parlamento Latinoamericano el Reglamento de la Asamblea Legislativa en que estuviere sesionando, podía traerse a debate un asunto respecto del cual la Comisión respectiva no había adoptado resolución, hecho prohibido en el Reglamento de la Cámara de Representantes de Colombia. Puesta en votación esta cuestión previa, se resolvió, con el solo voto en contra de la Delegación boliviana, que no procedía entrar a considerar el voto propiciado por esta última. Posteriormente, a raíz de una intervención del Delegado de Bolivia Diputado señor Ambrosio García, que suscitó una reacción en cierto modo emotiva de parte de la Asamblea Plenaria, se acordó designar una Comisión integrada por tres países, para que estudiara una fórmula de solución de este impasse y la presentara a la consideración de la V Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. Cabe hacer presente, por último, que la Delegación chilena contó, respecto de esta materia, con la eficaz colaboración del personal de la Embajada chilena en Colombia. 3°.- En la Comisión de Coordinación Legislativa, Estatuto y Reglamento, correspondió al Diputado señor Sergio Merino el cargo de Relator. En ella, debió sostener el voto presentado por una parte de la Delegación chilena, destinado a modificar el Estatuto en el sentido de otorgar a la Secretaría General un carácter eminentemente técnico, y para establecer que el cargo de Secretario General podría ser ocupado tanto por un Parlamentario como por un ex Parlamentario. La modificación referida, aprobada por la unanimidad del Plenario, permitió reelegir en el cargo de Secretario General al señor Andrés Town-sed Ezcurra, quien se ha desempeñado en esas funciones desde la constitución del Parlamento Latinoamericano. 4º.- A proposición del Presidente de la Delegación chilena, Senador señor Tomás Pablo, y en virtud de un documento cuyo original quedó depositado en la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano, las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela acordaron constituir, dentro del marco del Parlamento Latinoamericano, un Sub-grupo parlamentario, con el propósito de celebrar reuniones periódicas en cada uno de los países concurrentes, a invitación del respectivo Parlamento Nacional, para conocer y discutir conjuntamente las condiciones económicas y sociales que presenta cada una de sus Naciones en relación con el esfuerzo integrativo. 5º.- Correspondió al Presidente de la Delegación chilena pronunciar, a nombre de las Delegaciones concurrentes, el discurso de clausura de la IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. En una improvisación de quince minutos, el Senador Pablo Elorza señaló la importancia de la reunión, derivada de la dignidad y representatividad de muchos de los intervinientes, del interés sustantivo de los acuerdos y recomendaciones adoptadas y de la preeminencia otorgada a las ideas sobre integración latinoamericana. Designación de Sede para la siguiente Asamblea Ordinaria y Elección de Directiva. Por acuerdo unánime, se designó a Caracas como sede de la V Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, que deberá celebrarse en 1970. De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto, se eligieron las personas para los cargos de Presidente y Presidente Sustituto del Parlamento durante el período 1969-1970, entre los miembros de la Delegación del país sede de la próxima Asamblea Ordinaria, resultando designados, respectivamente, el Diputado señor Jorge Dager, Presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, y el Senador señor Luis A. Lacorte. Como Secretario General se reeligió al Dr. Andrés Townsed Ezcurra. Además, se fijaron como sedes para el funcionamiento de las Comisiones Permanentes, las que siguen: De la Comisión de Integración Política, la ciudad de La Paz; De la Comisión de Integración Económica, la ciudad de Tegucigalpa; De las Comisiones de Integración Política y de Integración Económica, Unidas, la ciudad de Quito; De la Comisión de Integración Cultural y de Educación, la ciudad de Montevideo, y De la Comisión de Coordinación Legislativa, Estatuto y Reglamento, la ciudad de Asunción. No podemos terminar este informe sin señalar que en esta oportunidad el Parlamento Latinoamericano demostró ser un verdadero, efectivo y prometedor foro del pensamiento político de Latinoamérica. Contribuyeron a formar esta imagen, indudablemente, las intervenciones de dos Presidentes de Naciones Latinoamericanas, los Excmos. Carlos Lleras Restrepo y Rafael Caldera, de Colombia y Venezuela, respectivamente, y la del Canciller chileno, señor Gabriel Valdés. La trascendencia de las opiniones que ellos expresaron en el seno del Parlamento, lleva implícito el reconocimiento de que es él la asamblea que en forma más amplia y legítima representa la opinión de los pueblos latinoamericanos. A la misma conclusión conduce la consideración de otras intervenciones, como las del Presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, señor Carlos Sanz de Santa María, y del Delegado observador de la ALALC, señor Carlos González Naranjo. Al margen de estas circunstancias, cabe considerar también las múltiples opiniones vertidas por Delegados de todos los países concurrentes en el sentido de que es necesario buscar e implantar los medios que aseguren la realización de los acuerdos y recomendaciones por el Parlamento y den positividad a sus resoluciones. Por otra parte, la naturaleza de los debates producidos tanto en Comisiones como en sesiones plenarias, con polémicas directas y abiertas respecto de muchos temas de gran trascendencia continental, permitió palpar ya no el mero germen de una institución parlamentaria, sino un Parlamento en acción, preocupándose de los problemas comunes y planteando soluciones desde los distintos ángulos ideológicos o nacionales de los participantes. No puede dejarse de lado, al respecto, la consideración de que el Parlamento Latinoamericano ha sido organizado no sobre la base de un Tratado o como consecuencia de un acuerdo directo entre naciones y que en documento alguno oficial se le señalan facultades, prerrogativas, privilegios, ni menos otorgan medios jurídicos o materiales, para poder realizar una labor efectiva y de resultados inmediatos y tangibles. Toda su estructuración y mantenimiento descansa sólo en el idealismo, espíritu de sacrificio y valoración optimista del futuro de América Latina, que tuvieron sus creadores, y que mantienen vivo los Parlamentarios de los distintos países de nuestro continente. Sólo cuando se institucionalice el Parlamento Latinoamericano, y se le dé existencia jurídica oficial, asignándole un papel determinado dentro de una eventual Comunidad Económica Latinoamericana, podrá enjuiciarse su funcionamiento y eficacia, en los mismos términos críticos, normalmente exagerados, que se aplican a los Parlamentos Nacionales. En todo caso, el Parlamento Latinoamericano ha permitido a los Parlamentarios Nacionales de Latinoamérica un conocimiento recíproco que nunca antes existió, y que favorece la concertación de políticas comunes en las materias que interesan al continente. El argumento de algunos sectores pesimistas o escépticos, en el sentido de que instituciones como éstas son meramente retóricas, inoperantes frente a la solución de los problemas latinoamericanos y dispendiosas para los respectivos países, no tiene mayor seriedad que la que puede exhibir la opinión de quienes no conocen el organismo y no sienten el anhelo de llegar, en alguna oportunidad, a consolidar la unidad de América Latina. Finalmente, nos sentimos obligados a dejar expresa constancia del agradecimiento de la Delegación chilena a los funcionarios de la Embajada de nuestro país en Bogotá. Dirigida la Delegación, durante los primeros días de sesiones, por el Ministro Consejero señor Hernán Gutiérrez L., y luego por su titular, señor Javier Lira Merino, la Delegación chilena encontró siempre en ella oportuna y sacrificada colaboración técnica, y cordial compañía de compatriotas. Los funcionarios antes nombrados, como asimismo los demás integrantes de la Embajada, señores Tomás Amenábar V., Consejero; Coronel Horacio Ortiz, Agregado Militar; Leopoldo Duran, Segundo Secretario -designado attaché de la Delegación Parlamentaria-, Agustín Moran, Cónsul, y Guillermo Letelier, Agregado Agrícola, comprometieron la gratitud de vuestros Senadores y Diputados. Santiago, 26 de agosto de 1969. (Fdo.) : Jorge Tapia, Valdés, Secretario de la Delegación. I.- DELEGACIONES ACREDITADAS ANTE LA IV ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO. BOGOTÁ, AGOSTO DE 1969. Delegación de Solivia Tomás Guillermo Elios Senador, Presidente de la Delegación Carmelo Córdoba Pérez Senador. Luis Zurita Rodríguez Senador. Lucio Alvestegui Diputado. Ambrosio García Diputado. Félix Pinto Saucedo Diputado. Grover Villegas Diputado. Delegación de Colombia Principales. Eduardo Abuchaibe Senador. Jesús María Arias Senador. Germán Bula Hoyos Senador. Hugo Gómez Hurtado Senador. Carlos Monroy Reyes Senador. Saúl Pineda Senador. Diego Uribe Vargas Senador. Hernando Agudelo Villa Representante. Gilberto Avila Botia Representante. Castor Jaramillo Arrubla Representante. Hernán Jaramillo Ocampo Representante. Jorge Restrepo Potes Representante. Jaime Serrano Rueda Representante. Gabriela Zuleta Alvarez Representante. Alternos. Nelson Amaya Senador. Fernando Gómez Martínez Senador. Carlos Holmes Trujillo Senador. Manuel Mosquera Garcés Senador. Jaime Posada Senador. Ovidio Sarmiento Díaz Senador. Héctor Charry Samper Representante. Alberto Dangond Uribe Representante. Indalecio Lievano Aguirre Representante. Mario Montoya Ocampo Representante. Virgilio Vargas Pino Representante. Luis Villar Borda Representante. Delegación de Costa Rica Rodrigo Garazo Odio Diputado. Jefe de la Delegación. José Antonio Bolaños Diputado. Roberto Chacón Murillo Diputado. Matilde Marín de Soto Diputado. Manuel Patiño Troyo Diputado. Carlos Luis Rodríguez Diputado. Alfredo Vargas Hernández Diputado. Delegación de Chile Tomás Pablo Elorza Presidente del Senado y Jefe de la Delegación. Francisco Bulnes Sanfuentes Senador. Rafael A. Gumucio Vives Senador. José M. Isla Hevia Senador. Jorge Tapia Valdés Secretario de la Delegación del Senado. Carmen Lazo Carrera Diputado. Jefe Alterno de la Delegación. Eduardo Clavel Amión Diputado. Luis Guastavino Córdoba Diputado Fernando Maturana Erbetta Diputado Sergio Merino Jarpa Diputado José Monares Gómez Diputado Fernando Parga Santelices. Secretario de la Delegación de la Cámara de Diputados. Delegación del Ecuador Capitán Luis Arias Guerra Carlos Arizaga Vega Ignacio Hidalgo Villavicencio Felipe Abbud Dumani Pedro José Arteta Rene de la Torre Pío Osvaldo Cueva José Intriago Zambrano Luciano Lasso Ortega Julio César Trujillo Senador. Senador. Senador. Diputado. Diputado. Diputado. Diputado. Diputado. Diputado. Diputado. Delegación de Guatemala. Donaldo Alvarez R. Alejandro Maldona A. Oscar Ramírez R. Jorge A. Villatoro H. Delegación de Honduras Hostilio Lobo Cáliz Presidente de La Delegación Orlando Gómez Sisneros Luis Mazzoni Obando. Delegación de Nicaragua Orlando Montenegro Medrano Presidente de la Cámara de Diputados y Jefe de la Delegación Víctor Manuel Talavera Presidente del Senado Cornelio H. Hueck Senador Constantino Mendieta Rodríguez Senador Carlos José Solorzano Senador Luis Felipe Hidalgo Diputado Edmundo Paguagua Irias J. Diputado David Zamora Diputado. Delegación de Paraguay Carlos A. Saldívar Jefe de la Delegación Darío Castagnino Senador. Diputado Nacional. Atilio R. Fernández Diputado Nacional Bonifacio Irala Amarilla. Diputado Nacional. Delegación del Uruguay Luis Riñon Perret Jefe de la Delegación Humberto Gigalda Diputado Héctor Gutiérrez Ruiz Diputado Alberto Rapetti Carrera Diputado Carlos Rodríguez Cal Diputado Raúl Silva. Diputado. Isaac Benasus Secretario General Delegación de Venezuela Enrique Azpurva Germán Borregales David Brillemborurg Erwin Burguera Félix Cordero Falcón Amado Conjeles Luis A. Lacorte Jorge Dager José Díaz Martínez Ramón Echegaray Edilberto Escalante Francisco Faraco Jesús 0. González Ovidio González Rafael Clarencio González Otto Herna Arturo Hernández Crisanti Alejandro Isaguirre Braulio Jattar Elpidio La Riva Ladames Larrazábal Hermógenes López Jesús Manso Núñez Diputado Nacional. Leonardo Montiel Ismael Ordaz César Rondón Lovera Miguel Romero Antoni José Rojas Contreras Ornar Rumbos Armando Sánchez Bueno Juan M. Sucre Domingo Urbina Raimundo Verde Rojas Ángel Zerpa Mirabel José Vicente Zerpa. II.- OBSERVADORES ASISTENTES A LA IV ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.- BOGOTÁ, AGOSTO 1969. Asamblea Consultiva del Conseja de Europa. Kaj Bjork Joseph de Grauw Per Federspiel Bertrand Flornoy Geoffrey de Freitas N. G. Geelkerken Rene Radias Gunther Serres Finn Moe S. G. Sforza David Mardell Suecia Bélgica Dinamarca Francia Gran Bretaña Países Bajos Francia República Federal Alemana Noruega Miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa (Soc. Dem.). Presidente de Comisión de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo (P.L.P). Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo. Miembro de la Asamblea Consultiva de] Consejo Europeo (U. D.R.). Miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo y ex Presidente de la Asamblea (Laborista). Miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo (Anti-revolucionario). Vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo (U.D.R.). Presidente de Comisión de la Asamblea Consultiva del Consejo Europeo (C.D.U.C.S.U.). Miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. Secretario General Adjunto del Consejo de Europa. Funcionario de la Dirección de Información y Prensa del Consejo Europeo. Asociación Interamericana Pro Democracia y Libertad. Germán Zea Hernández Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Organización de Estados Americanos. José Barzelatto Asistente Especial de la Comisión Ejecutiva del Consejo Interamericano Cultural (CECIC) y Representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Organización Mundial de la Salud. Norberto Espinosa. Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Florencio R. Maya C. Corresponsal ORIT en Colombia. Aulo G. Centeno Otros observadores. Dr. Raúl Eduardo Arbeláez Empresa Colombiana de Turismo Rubén M. Blanco Ex Presidente del Parlamento Latinoamericano. Argentina. Dr. Ornar Botero Paramo Departamento Planeación. Dr. Jorge Cárdenas Gutérrez Gerente Federación Nacional de Cafeteros. Rubén Carpio Castillo Representante de la Unión ínter Parlamentaria Mundial. Diputado. Carlos del Cholam Miembro de la Academia de Estudios. Argentina. Dr. José Joaquín Gory Observador Planeación Nacional. Luis F. León Ex Presidente del Parlamento Latinoamericano. Argentina. Dr. William Jaramillo Delegado de la Presidencia de la República. Alvaro Madero L. Representante del Centro Interamericano de Promoción de Exportadores. Colombia. Guillermo Núñez Vergara Asociación Bancaria de Colombia. Alberto Rioseco Director de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administrativa Pública de FLAOSO. Rubén E. Rodríguez Mir Presidente Mundial de la Academia de Estudios. Argentina. Dr. Jorge Valencia Jaramillo Super Comercio Exterior. Asociación Latinoamericana Libre Comercio, Carlos González Naranjo ALALC (Alianza Latinoamericana de Libre Comercio). Venezuela. Banco Interamericano de Desarrollo. César Chaparro B.I.D. Comité Interamericano Alianza para el Progreso. Carlos Sanz de Santa María Presidente CIAP. Embajada España. Vicente Fernández Freyes . Secretario Genera] Embajador. Arturo Rey Egaña Agregado de Prensa. Congreso de los Estados Unidos. Dante P. Fascell Representante. Presidente de la Subcomisión para América Latina de la Comisión de Relaciones Exteriores. William S. Mailliard Representante. Marian Czarnecki Asesora. F.A.O. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Pedro Moral López Representante Regional adjunto para. América Latina. Norberto Sánchez Director en Colombia. Naciones Unidas. Raymond Gauthereau Observador N. U. Franklin Kozik Director del Centro de Información de las Naciones Unidas. Fabio Contreras Asistente Adjunto del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. III IV.- ASAMBLEA ORDINARIA Bogotá, Colombia, 4-7 agosto de 1969. Capitolio Nacional. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DESIGNADA POR LA IV ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO PARA ESTUDIAR EL ANTEPROYECTO DE BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TRATADO QUE INSTITUIRÁ LA COMUNIDAD ECONÓMICA LATINOAMERICANA. De conformidad con lo resuleto por la Asamblea Ordinaria, celebrada en Brasilia, del 20 al 23 de junio de 1968, las Comisiones de Integración política y de integración Económica y Social comenzaron su trabajo en la ciudad de Managua, el día 15 de mayo de 1968, bajo la Presidencia del Doctor Orlando Montenegro Medrano (Nicaragua), Vicepresidencia del Doctor Pedro José Arteta (Ecuador) y como Relator el Doctor Luis La Corte (Venezuela), y a la cual asistieron los siguientes Parlamentarios: Delegación de Ecuador: Licenciado Pedro José Arteta. Doctor Julio César Trujillo. Doctor Pío Oswaldo Cueva. Doctor Luciano Laso. Don José Intriago Zambrano. Delegación de Colombia: Senador Doctor Carlos Holmes Trujillo. Senador Doctor Eduardo Abuchaibe. Representante Doctor Jaime Serrano Rueda. Representante Doctor Gilberto Avila Bottía. Representante Doctor Mario Montoya Hernández. Representante Doctor Alfonso Arbeláez. Delegación de Guatemala: Diputado Doctor Donaldo Alvarez. Diputado Doctor Jorge Luis Schaenfler. Diputado Doctor Jorge Arístides Villatoro. Delegación de Venezuela: Diputado Doctor Jorge David Brillembourg. Diputado Doctor Luis La Corte. Delegación de El Salvador: Doctor Antolín de J. Castillo. Licenciado Julio Adolfo Rey Prendes. Doctor Luis Beltrán Duarte. Delegación de Nicaragua: Doctor Constantino Mendieta R. Doctor Salvador Castillo Selva. Doctor Ernesto Chamorro Pasos. Delegación de Honduras: Doctor José María Herrera Reglado. Doctor Orlando Lozano Martínez. Asesor del Parlamento Latinoamericano: Profesor Alberto Rioseco. El objeto fundamental de esa reunión conjunta de las referidas Comisiones, que concluyó el 17 de mayo último, fue la de iniciar el estudio y consideración del Anteproyecto de Bases para la elaboración del Prot-yecto de Tratado que instituirá la Comunidad Económica Latinoamericana, y el cual había sido preparado por la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO). Esta Escuela que tiene su asiento en Santiago de Chile, había ofrecido' su colaboración desinteresada a la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano en el sentido de elaborar las bases, como ya se dijo, del Proyecto de Tratado de Comunidad Económica Latinoamericana, previsto en la Resolución XX de nuestro Parlamento, correspondiente a su II Asamblea Ordinaria celebrada en Montevideo, República Oriental del Uruguay. El trabajo estuvo a cargo del Profesor señor Alberto Rioseco. En la referida reunión conjunta de las Comisiones de Integración Política e Integración Económica y Social, se estudiaron el Preámbulo del citado Documento, así como las bases correspondientes a la Primera Parte del Estudio, o sea la que se refiere al "Nombre, Sede, Objeto y Principios" del Tratado. En esa oportunidad de la reunión de Managua, y dada la brevedad del plazo en que se disponía para la realización de la misma, no fue posible entrar al Análisis de la Segunda Parte del Estudio, relativa a las Instituciones de la Comunidad", habiéndose aprobado solamente su enunciado. Teniendo en cuenta el mandato que la III Asamblea Ordinaria le había dado a las Comisiones de Integración Política e Integración Económica y Social, fue por lo que en la reunión de Managua se acordó suspender dichas deliberaciones para proseguirlas en Bogotá, durante los días 1, 2 y 3 del presente mes de agosto. En esta reunión, mediante un, intenso trabajo, las Comisiones pudieron analizar la Segunda Parte del citado Estudio, que establece las ¡bases que servirán como marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica Latinoamericana. Esta reunión se efectuó bajo la Presidencia del Doctor Gilberto Avila Bottía (Colombia), Vicepresidencia del Doctor Ignacio Hidalgo Villavicencio (Ecuador), Relatoría del Doctor Luis La Corte (Venezuela) y la Secretaría del señor Ignacio Laguado Moncada (Colombia). Las Comisiones, después de algunas modificaciones, supresiones y adiciones, aprobaron lo relativo a los órganos fundamentales y operacionales de la Comunidad, contemplados en la Resolución XX, que sancionara la II Asamblea Ordinaria del Parlamento. Se aprobaron las bases relativas al Consejo de Gobierno; a la Comisión Ejecutiva; y al Parlamento Latinoamericano, terminando con esta última materia sus deliberaciones el día 3 del presente mes a las nueve de la noche. En conocimiento la Mesa Directiva de la presente Asamblea Ordinaria, del estado en que había quedado el trabajo de las Comisiones antes citadas y con el propósito de que en esta oportunidad se dejaran elaboradas las bases concernientes a los órganos de la Comunidad, procedió a designar una Comisión Especial a la ¡que se le señaló la mencionada finalidad. Instalada ésta, eligió su Mesa Directiva así: Presidente, Doctor Gilberto Avil Bottía (Colombia), Vicepresidente, Doctor Pedro José Arteta (Ecuador); Relator, Doctor Luis La Corte (Venezuela) y Secretario señor Ignacio Laguado Moncada (Colombia). Esta Comisión Especial inició sus deliberaciones con lo referente a la Corte Latinoamericana de Justicia contemplada en la Segunda Parte del Estudio. Las materias correspondientes a las Partes Tercera, Cuarta y Quinta que tratan de lo relativo al "Programa de Liberación", a las "Políticas Comunes y Armonización Legislativa" y a las "Disposiciones Gene-rales y Finales" respectivamente, juzgó la Comisión que, por tratarse de asuntos altamente especializados y de rigorismo técnico, fueran remitidas a un organismo permanente que, como el Departamento Especializado creado por la Resolución XLVI de la II Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, disponga del tiempo suficiente para que le dé la debida fundamentación documental a sus investigaciones y realice consultas ante organismos técnicos internacionales, debiendo informar del avance de dicho trabajo a través de la Secretaría General del Parlamento Latinoamericano, a cada una de las Comisiones Multipartidarias que habrán de funcionar en cada Parlamento Nacional de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Lili de la III Asamblea Ordinaria celebrada en Brasilia, en junio del año pasado. Teniendo en cuenta la necesidad de organizar el Departamento Especializado Permanente dependiente de la Secretaría General, previsto por el Parlamento Latinoamericano, la Delegación venezolana propuso se escogiera a Caracas como sede permanente de la misma, a fin de que el Congreso Nacional de Venezuela asumiera los gastos de instalación y funcionamiento del referido Departamento especializado. De conformidad con lo antes expuesto, la Comisión resolvió, por lo tanto, concluir sus deliberaciones, presentando a la Plenaria del Parlamento, las siguientes proposiciones concretas: Primera: Acoger en la elaboración del proyecto de Tratado que instituirá la Comunidad Económica Latinoamericana, las bases aprobadas por estas Comisiones y las cuales se anexan al presente Informe; Segunda: Encomendar a la Secretaría General que proceda a la designación de los integrantes del departamento especializado permanente, creado por Resolución XLVI de la II Asamblea Ordinaria celebrada en Montevideo, el que en adelante se denominará Departamento Técnico de Integración Latinoamericana; Tercera: Designar la ciudad de Caracas como sede permanente del Departamento Técnico de Integración Latinoamericana fijándose el 1° de diciembre próximo como fecha para su instalación. Dicho Departamento tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, elaborar el proyecto definitivo que instituirá la Comunidad Económica Latinoamericana, después de consultar, a través de la Secretaría General, a las Comisiones Multipartidarias de cada Parlamento Nacional, y una vez obtenida la opinión o asesoramiento de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública, como asimismo, el de otros organismos técnicos internacionales. El proyecto así elaborado deberá ser presentado a la V Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano; y Cuarta: Insistir ante los Parlamentos Nacionales, acerca de la conveniencia de crear una Comisión Multipartidaria en cada uno de ellos, a fin de que vayan estudiando los trabajos que les remita el Departamento de Integración Latinoamericana dependiente de la Secretaría General, y emitan sus opiniones. Bogotá, D. E., agosto 5 de 1.969. Gilberto Avila Bottía, Pedro José Arteta, Presidente. Vicepresidente. Luis La Corte Ignacio Laguado M. Relator. Secretario. IV PARLATINO. DOCUMENTO Nº 10. PREÁMBULO. 1°.- La convicción de las partes contratantes en cuanto a la necesidad de impulsar la unidad económica y política de los países de la Región Latinoamericana y de estrechar los lazos de amistad y solidaridad de nuestros pueblos. 2°.- Latinoamérica unida será un factor determinante en la realización de los ideales de paz, justicia, democracia y libertad. 3°.- La integración económica tendrá por finalidad una aceleración del proceso de desarrollo económico, social y cultural, como medio de asegurar a los pueblos de América Latina mejores niveles de vida en todos sus aspectos. 4°.- La integración económica se basará en el principio de reciprocidad y en la determinación de obtener un desarrollo armónico y equilibrado de las economías latinoamericanas, considerando especialmente los distintos grados de desarrollo de los países. 5°.- Un proceso así concebido, requerirá una concentración y armonización de las políticas nacionales de desarrollo, hasta llegar a formular un plan coordinado latinoamericano que contemple adecuadamente los intereses de cada uno de los miembros y esté destinado a lograr el mejor aprovechamiento de sus recursos de cada una de las partes y la comple-mentación e integración de sus economías. 6°.- Su determinación de realizar una política comercial común frente a terceros países y presentarse unidos en las reuniones internacionales de carácter económico, y simultáneamente propiciar relaciones cada vez más justas y más estrechas con todos los países del mundo. 7°.- Su resolución de establecer, en forma gradual y progresiva un mercado común, asimismo la uniformidad de sus políticas económicas, financieras, monetarias y sociales, y de armonizar en cuanto sea necesario sus legislaciones, con el objeto de asegurar el proceso de integración. 8°.- La determinación de crear un organismo institucional, con las facultades (competencias) necesarias para llevar a cabo estas finalidades, y con una representación adecuada de los gobiernos nacionales y la comunidad latinoamericana. PRIMERA PARTE. Nombre, Sede, Objeto y Principios. Por el presente Tratado las Partes Contratantes instituyen la Comunidad Económica Latinoamericana, en adelante denominada "Comunidad", cuya sede es la ciudad de…………………………………………….. La misión fundamental de la Comunidad es promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo económico, social y cultural de las partes contratantes y la progresiva complementación e integración de sus economías. Para la realización de los fines indicados en el artículo anterior, las partes contratantes se comprometen a perfeccionar un mercado común latinoamericano, dentro de un plazo de quince años a contar de la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado. Dentro del plazo señalado, la Comunidad realizará, en la forma gradual "y progresiva que en este Tratado se indica, las siguientes tareas mínimas : a) Eliminación de los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación y exportación de productos de los territorios de las partes contratantes. b) Establecimiento de un Arancel externo común, coordinación de las políticas comerciales y adopción de actitudes comunes ante terceros países y organismos internacionales. c) Libre circulación de personas, servicios y capitales entre los estados miembros. d) Coordinación de las políticas sociales, culturales, económicas, financieras y monetarias de los Estados miembros y concertación y armonización de los planes nacionales de desarrollo, y la formulación de un plan latinoamericano de desarrollo, especialmente en el campo de las inversiones industriales, mineras y agrícolas, de infraestructura y de investigación científica y tecnológica. e) Armonización de las legislaciones, en cuanto sea necesario para asegurar el proceso de integración latinoamericana. f) Crear condiciones equitativas de competencia entre los países miembros y fortalecer las empresas de capital latinoamericano. g) Lograr una distribución equitativa de los resultados del proceso de integración, para lo cual se tendrá especial consideración de los distintos grados de desarrollo de los países. h) Establecer un sistema que dé por resultado la estabilidad monetaria de los países miembros y, en definitiva, la creación de la unión monetaria latinoamericana. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de carácter general o particular adecuadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente Tratado, que deriven de las resoluciones adoptadas por las instituciones de la Comunidad, dentro del campo de su competencia, y las que provengan del principio de reciprocidad y de desarrollo armónico y equilibrado que inspira este Tratado. Los Estados miembros facilitarán a las instituciones comunitarias el cumplimiento de sus tareas y se abstendrán de adoptar cualquier medi-. da que pueda comprometer las finalidades previstas en el presente Tratado. Las normas del presente Tratado y las que legítimamente adopten las instituciones comunitarias prevalecerán sobre las disposiciones legales de los Estados miembros. Es principio fundamental de este Tratado que, en el campo de la libre circulación de bienes, personas, servicios, capitales y derechos de establecimiento, salvo las excepciones expresamente contempladas en él, está prohibida toda discriminación que tenga como base la nacionalidad. Son compatibles con el Tratado todas aquellas medidas de excepción adoptadas por la Comunidad que tiendan a la realización del principio de desarrollo armónico y equilibrado de los países miembros, sean éstas de carácter comercial, económico, financiero, de cooperación técnica o de otro orden. Son igualmente compatibles con el Tratado la concertación de acuerdos de complementación agro industrial y de acuerdos subregionales. Los acuerdos subregionales podrán tener regímenes de desgravación internos y armonización de tratamientos hacia terceros, en forma más acelerada que los compromisos generales y que sean compatibles con el objetivo de la integración regional. Las desgravaciones subregionales no se harán extensivas a países no participantes en el Acuerdo Subregional, ni crearán para ellos obligaciones especiales. Las medidas a que se refiere este Artículo tendrán como duración máxima el plazo señalado para el perfeccionamiento del Tratado, en el Artículo Tercero y Décimo Segundo. Durante el período de perfeccionamiento del Mercado Común, las Partes Contratantes se comprometen a no crear nuevas restricciones al comercio entre los países latinoamericanos, salvo los casos excepcionales debidamente aprobados por el Consejo, que se refieran a los procesos de equiparación arancelaria y de otros instrumentos de política comercial, o que guarden relación con la necesidad de asegurar la iniciación o expansión de ciertas actividades productivas en los países de menor desarrollo económico relativo. Mientras se perfecciona el arancel externo y la política comercial comunes, los Estados se comprometen a establecer, por medio de una reducción arancelaria un otras medidas equivalentes, un margen de preferencia dentro de la región, para todos los productos originarios de los países latinoamericanos, teniendo en cuenta los diferentes grados de desarrollo de los países. Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por una Parte Contratante en relación con un producto orignario de, o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de, o destinado al territorio de las demás Partes Contratantes. Quedan exceptuados del tratamiento establecido en el Artículo 10 las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieren en virtud de convenios entre Partes Contratantes y terceros países, a fin de facilitar el tráfico y la integración fronterizas. Además se exceptúan las ventajas que se concedan a países de menor desarrollo relativo y los que se establezcan según las normas de los acuerdos Subregionales y de los de complementación. La constitución del Mercado Común Latinoamericano y la consecución de las demás finalidades señaladas en los artículos anteriores, se realizarán progresivamente, en el curso de un período transitorio de quince años. En el texto del Tratado se indicarán las acciones y medidas que deberán entrar en vigencia en cada uno de esos períodos. El Consejo de Gobierno, actuando por unanimidad, podrá anticipar o posponer la entrada en vigencia de algunas de esas normas. V SEGUNDA PARTE. IV.- ASAMBLEA ORDINARIA. Instituciones de la Comunidad Económica Latinoamericana. Base 13.- Las Instituciones fundamentales, mediante las cuales la Comunidad llevará a cabo sus funciones y tareas, son las siguientes: 1.- El Consejo de Gobierno, 2.- El Parlamento Latinoamericano, 3.- La Corte Latinoamericana de Justicia; y 4.- La Comisión Ejecutiva. Habrá además, órganos operacionales y un órgano consultivo denominado Consejo Económico y Social Latinoamericano dependiente de la Comisión Ejecutiva. 1.- El Consejo de Gobierno. Base 14.- Función dentro de la Comunidad. El Consejo estará encargado de la conducción superior de la Comunidad. A él corresponderán las funciones resolutivas y la labor de coordinación de las políticas económicas, de inversión financiera y social, conforme al presente Tratado. Base 15.- Composición. El Consejo de Gobierno estará integrado por los Presidentes y los Jefes de Gobierno de las Repúblicas Latinoamericanas y por los Jefes de Gobierno de otros países de la Comunidad. Base 16.- Atribuciones. Son atribuciones del Consejo: a) Formular la política económica social de la Comunidad. b) Dictar normas generales que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos del presente Tratado, y en especial, las que tiendan a acelerar armónicamente el proceso de desarrollo e integración económica y social de los países miembros. c) Coordinar la política económica y formular el plan latinoamericano de desarrollo de los países miembros. d) Dictar normas necesarias para la complementación y aplicación del presente Tratado y de sus protocolos. e) Resolver sobre las proposiciones que lo formulen conforme a este Tratado la Comisión Ejecutiva y el Parlamento Latinoamericano. f) Examinar los resultados de las tareas cumplidas por la Comunidad e impartir instrucciones de la Comisión Ejecutiva para la mejor ejecución del Tratado y de las demás resoluciones de la Comunidad. g) Delegar en la Comisión Ejecutiva la facultad de tomar decisiones en aquellas materias específicas que estimen conveniente. h) Encomendar al Comité de Representantes permanentes el estudio y consideraciones de determinadas materias. i) Designar los Miembros de la Comisión Ejecutiva. j) Fijar las normas básicas que regulen las relaciones de la Comunidad con terceros países. Asociaciones regionales, Organismos o Entidades Internacionales. k) Proponer reformas y enmiendas al presente Tratado en los términos que en el mismo se expresan. 1) Modificar el sistema de votaciones, para lo cual se requerirá mayoría de los dos tercios sin voto negativo; debiendo la decisión ser adoptada a proposición de la Comisión Ejecutiva y previo dictamen favorable del Parlamento Latinoamericano. m) Establecer su propio reglamento, el del Comité de Representantes y el de la Comisión Ejecutiva, a proposición de ésta. n) Aprobar el Presupuesto anual de gastos de la Comunidad y fijar las contribuciones de cada Parte Contratante. o) Aprobar el programa anual de trabajo de la Comisión Ejecutiva a proposición de ésta. p) El Consejo podrá delegar en el Comité de Representantes Permanentes la facultad de adoptar decisiones en cuestiones meramente administrativas, entendiéndose por tales aquellas que deban aprobarse por simple mayoría de miembros presentes, así como la aprobación del Presupuesto de la Comunidad. q) En general, conocer y resolver sobre todo aquellos asuntos que interesan a la Comunidad y que no hayan ido atribuidos a otros órganos de la misma. Base 17.- Funcionamiento. A) Presidencia. El Consejo de Gobierno tendrá un Presidente cuyo mandato será de un año, correspondiendo sucesivamente tal función a cada uno de los Representantes según orden alfabético de los países. Podrá variarse este orden por acuerdo tomado por mayoría de dos tercios de los miembros. El primer Presidente se designará por sorteo, siguiéndose aparte de éste el orden alfabético por país. Base 18.- Sesiones. El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos, una vez al año, pudiéndolo hacer extraordinariamente cuando así lo acuerde el propio Consejo de Gobierno o cuando sea convocado por el Presidente a petición de la Comisión Ejecutiva o de la mitad, por lo menos, de las partes Contratantes. Las reuniones se celebrarán en la sede la Comunidad; pero los miembros del Consejo de Gobierno podrán, por mayoría absoluta de votos, disponer que ellas se realicen fuera de la sede en cualquier oportunidad que lo estimen conveniente. Base 19.- C. Quorum de Sesiones. El Consejo de Gobierno sólo podrá sesionar con la presencia de por lo menos dos tercios de las partes contratantes. Base 20.- Sistema de votaciones. 1.- Mayoría absoluta. Para las cuestiones meramente administrativas el Consejo de Gobierno adoptará sus decisiones por la mayoría absoluta de los Miembros presentes. 2.- Mayoría de dos tercios. El Consejo de Gobierno adoptará sus decisiones con el voto afirmativo de los dos tercios de los países presentes; se exceptúan de esta norma general las decisiones relativas a aquellas materias para las cuales se estipule expresamente en el tratado la exigencia de una mayoría diferente señalada en esta forma. 3.- Mayoría de dos tercios sin voto negativo. Se requerirá la mayoría de los dos tercios de los países miembros sin voto negativo para la adopción de resoluciones sobre las siguientes materias: a) Admisión de nuevos miembros a la Comunidad, previa propuesta de la Comisión Ejecutiva. b) Conclusión de tratados entre la Comunidad y otros Estados y Organismos internacionales, previa propuesta de la Comisión Ejecutiva. c) Aprobación del plan latinoamericano del desarrollo económico. d) Designación de los miembros de la Comisión Ejecutiva. f) Modificación de las propuestas de la Comisión Ejecutiva, en f) Modificación de las propuestas de la Comisión Ejecutiva, en los casos en que el Tratado establezca que el acto del Consejo de Gobierno deba tener su origen en la referida Comisión. 4.- Mayoría de dos tercios de los países miembros sin voto negativo adoptadas a proposición de la Comisión Ejecutiva y previo dictamen favorable del Parlamento Latinoamericano. Se requerirá para las siguientes decisiones: Adopción de disposiciones destinadas a alcanzar el logro de finalidades del presente Tratado en el caso de que en el mismo no se haya previsto los medios necesarios. Reformas o enmiendas al presente Tratado. 5.- A partir del sexto año, las mayorías de dos tercios sin voto negativo se sustituirán por la mayoría de tres cuartos de los miembros, sin derecho de voto. 6.- El Comité de Representantes Permanentes. Un Comité de Representantes Permanentes de los Estados Miembros, será órgano dependiente del Consejo de Gobierno, tendrá como misión fundamental la preparación de los trabajos de éste, y las tareas que podrá delegar el Consejo de Gobierno según el literal o) referente a materias de simple carácter administrativo y lo concerniente a la elaboración del presupuesto de la Comunidad. (En el grupo sobre Parlamento Latinoamericano). Base 21.- Para los efectos de las votaciones en las Asambleas del Parlamento Latinoamericano, las delegaciones se agruparán en la siguiente forma: Grupa A.- Países de mayor desarrollo industrial y mercado amplio 12 votos Grupo B.- Países en desarrollo industrial y mercado Insuficiente 9 votos Grupo C.- Países de menor desarrollo económico relativo 6 votos Grupo D.- Países de menor desarrollo relativo y población escasa 3 votos. La determinación del grupo a que pertenece cada país se hará por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Ejecutiva, Al emitir' este informe, la Comisión Ejecutiva considerará una serie de indicadores: como, población, producto nacional, ingreso per cápita, comercio exterior, balance de pagos, grado de industrialización, etc. Podrá modificarse esta resolución cada vez que se acredite que ha habido un cambio en las circunstancias que determinaron la inclusión de un país en determinado grupo. ANEXO Nº 3 II.- La Comisión Ejecutiva. Base 22.- Función dentro de la Comunidad. La Comisión Ejecutiva será el órgano ejecutivo técnico representante de la Comunidad y el encargado de promover el proceso de integración hacia los objetivos determinados en el Tratado. Le corresponderá cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Gobierno. Base 23.- Composición. La Comisión Ejecutiva estará formada por personalidades latinoamericanas de reconocida capacidad y prestigio, que serán designadas por el Consejo de Gobierno. Deberán ser ciudadanos de alguno de los países de la Comunidad y no podrá haber en la Comisión Ejecutiva más de un miembro de cada nacionalidad. Su número será de cinco, siete o nueve según lo que decida el Consejo de Gobierno y su mandato tendrá un período de cinco años pudiendo ser reelegido. Los miembros de la Comisión Ejecutiva ejercerán sus funciones con entera independencia de los gobiernos y de toda otra organización internacional pública o privada. Sus miembros serán responsables ante el Parlamento Latinoamericano. Base 24.- Atribuciones. Para asegurar el funcionamiento del presente Tratado la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno. b) Velar por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado y de las resoluciones de los órganos comunitarios. c) Formular al Consejo de Gobierno proposiciones dentro de los límites del presente Tratado, destinadas a promover el desarrollo armónico y la integración efectiva de las economías de los países miembros de la Comunidad. d) Participar con derecho a voz a través de su Presidente o de quien haga sus veces en las reuniones del Consejo de Gobierno. e) Examinar y evaluar los resultados de la aplicación del Tratado, y prestar especial atención al cumplimiento del principio de distribución equitativa de los beneficios del proceso de integración entre los países miembros, proponiendo los mecanismos o procedimientos correctivos en los casos pertinentes. f) Efectuar los estudios técnicos que le encomiende el Consejo de Gobierno y aquellos que estime conveniente realizar. g) Ejercer la competencia delegada que le confiere el Consejo de Gobierno. h) Elaborar su reglamento y someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno. i) Representar a la Comunidad ante terceros países, Asociaciones Regionales, organismos o entidades internacionales. j) Desempeñar las funciones de Secretaría permanente de la Comunidad. k) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno el presupuesto anual de la Comunidad. 1) Presentar un informe anual de sus actividades al Parlamento Latinoamericano. m) Someter su programa anual de trabajo a la aprobación del Consejo de Gobierno. n) Designar o contratar el personal que deba desempeñar los cargos y funciones consignados en la estructura orgánica y en el presupuesto anual. o) Decidir sobre aquellas materias que expresamente estipule el presente Tratado. p) Dirigir las actividades de los órganos operacionales y consultivos de la Comunidad. Base 25.- Funcionamiento. A.- Presidencia. El presidente de la Comisión Ejecutiva será elegido conforme lo disponga su propio reglamento. B.- Sesiones. Se requerirá un quórum de dos tercios de sus miembros para reunirse. Adoptará sus resoluciones por mayoría de los presentes. Base 26.- Órganos, Operaciones y Consultivos. Dependiendo de la Comisión Ejecutiva funcionarán los órganos operacionales y consultivos. Son órganos operacionales: El de planificación que tendrá a su cargo la elaboración del plan de desarrollo económico y los planos sectoriales, en todos los cuales deberá primar un criterio regional. El comercial que trataría todo lo referente a la actividad mercantil y especialmente lo que se relaciona con los sistemas aduaneros, desde estos dos ángulos: la supresión de las tarifas intrazonales u otras restricciones cuantitativas existentes, así como la uniformidad gradual de las tarifas del área con respecto a terceros países. El financiero y de inversiones que entre sus estudios tendrá lo relativo a la creación de una Corporación de Inversión y Desarrollo Latinoamericano y lo referente a un estatuto general sobre inversión extranjera. El Monetario, que se ocupará preferentemente de la orientación y coordinación de la política monetaria realizada por los bancos nacionales de la Comunidad y el que estudiaría asimismo la posibilidad de promover la creación de un Banco Común Latinoamericano. 5) El Social, que tendría a su cargo la coordinación de las políticas Laborales, Educativas y de Salud Pública en el ámbito de la Comunidad. Base 27.- Será órgano consultivo. El Consejo Económico, Social y Cultural de la Comunidad, el cual tendrá las Comisiones siguientes: a) Comisión Laboral b) Comisión Empresarial c) Comisión Científico-Cultural y Educacional Integradas por Representantes de los Estados miembros, sectores del capital y el trabajo e instituciones profesionales y culturales. Sus conclusiones se adoptarán en reunión conjunta de las Comisiones. Dictar a proposición de la Comisión Ejecutiva las normas necesarias para poner en marcha los órganos operacionales de la Comunidad. III.- El Parlamento Latinoamericano. Base 28.- Función dentro de la Comunidad. El Parlamento Latinoamericano será el órgano de deliberación y control de la Comunidad. Participará asimismo en poder normativo de la Comunidad, proponiendo proyectos y dando su dictamen sobre los proyectos sometidos a la consideración del mismo. Impulsará asimismo la tarea de armonizarción legislativa y tendrá las demás atribuciones que le encomiende el Tratado. Base 29.- Composición. El Parlamento Latinoamericano es un organismo permanente y unicameral, cuyos miembros son los Parlamentos nacionales de los Estados de América Latina, constituidos en la actualidad que hayan sido elegidos por sufragio popular y que manifiesten su voluntad de integrarlo. Cada Parlamento Nacional elegirá de su seno los Representantes al Parlamento Latinoamericano los cuales duran en su representación el tiempo de su mandato nacional. En caso excepcional, cuando la representación de un Parlamento dejare de serlo por motivos contrarios al sistema representivo, la Comunidad seguirá considerando como Representante a aquellos Parlamentarios que venían ejerciendo esa representación, hasta el momento en que termine su mandato o sea restablecida la normalidad democrática y ratificada su filiación a la Comunidad. Cada delegación reflejará proporcionalmente las tendencias políticas actuantes en el respectivo Parlamento Nacional. En una etapa posterior, cuando el Parlamento Latinoamericano lo estime oportuno, propondrá al Consejo de Gobierno la adopción del sistema de representación por sufragio universal y directo para los miembros del Parlamento Latinoamericano. El Consejo de Gobierno deberá pronunciarse por mayoría de dos tercios de sus miembros. Base 30.- Funcionamiento. Para los efectos de las votaciones en las Asambleas del Parlamento Latinoamericano, las delegaciones se agruparán en la siguiente forma: Grupo A.- Países de mayor desarrollo industrial y mercado amplio 12 votos Grupo B.- Países en desarrollo industrial y mercado insuficiente 9 votos Grupo C.- Países de menor desarrollo económico relativo 6 votos Grupo D.- Países de menor desarrollo relativo y población escasa 3 votos. La determinación del grupo a que pertenece cada país se hará por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Ejecutiva. Al emitir este informe, la Comisión Ejecutiva considerará una serie de indicadores, tales como población, producto nacional, ingreso per cápita, comercio exterior, balance de pagos, grado de industrialización, etcétera. Podrá modificarse esta resolución cada vez que se acredite que ha habido un cambio en las circunstancias que determinaron la inclusión de un país en determinado grupo. Base 31.- Atribuciones. A.- De deliberación. Serán atribuciones del Parlamento Latinoamericano aquellas que le encomiende el presente Tratado sin perjuicio de las que le correspondan conforme su estatuto. Debatir y resolver en forma de acuerdos, recomendaciones o resoluciones sobre cualquier asunto, moción o proyecto que tenga relación con la integración de América Latina o con problemas de interés común a la región. ANEXO Nº 4. Continuación de la reunión conjunta de Managua celebrada en mayo del presente año y de la de Bogotá Distrito Especial en los días 1, 2 y 3 de agosto. Base 31 B.- Co.- Normativas. 1.- El Parlamento Latinoamericano tiene la facultad de proponer proyectos de resoluciones comunitarias y de directivas al Consejo de Gobierno, a través de la Comisión Ejecutiva. 2.- El Parlamento Latinoamericano deberá ser consultado previamente, por el Consejo de Gobierno, respecto de las siguientes materias: a) Las que incidan en la conducción política superior de la Comunidad Económica. b) Las que se refieren a la planificación regional y, especialmente, al Plan Latinoamericano de Desarrollo. c) En aquellas otras materias que el presente Tratado establezca. 3.- El Parlamento Latinoamericano podrá ser consultado en aquellas materias que los organismos competentes estimen conveniente. Base 32 C.- De Control. Discutir en sesión pública los informes anuales de la Comisión Ejecutiva, aprobando o rechazando dicho Informe. El rechazo del informe por mayoría 2/3 equivaldrá a una Moción de Censura y determinará la cesación en sus funciones de los miembros de la Comisión. Solicitar al mencionado Organismo los informes relacionados con las materias objeto de la integración que considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones de control. Base 33 D.- Relativas a la armonización legislativa. Especial tarea del Parlamento Latinoamericano será preparar proyectos de armonización legislativa que faciliten el proceso de integración. Propugnar las reformas estructurales de carácter económico-social que tiendan a agilizar el proceso de desarrollo mediante la incorporación de la población marginada de la América Latina. 4.- Sede. El Parlamento Latinoamericano deberá tener su sede en una ciudad de América que se determinará en el Tratado. ANEXO Nº 5. Continuación de la reunión de la Comisión Especial que siguió el estudio iniciado por la Comisión Conjunta en la Ciudad de Managua en mayo del presente año y de la de Bogotá, D. E., los días 1, 2 y 3 de agosto.. IV.- La Corte Latinoamericana de Justicia. Base 34.- Composición: La Corte Latinoamericana de Justicia estará compuesta por cinco juristas de conocido prestigio, que serán designados por el Parlamento Latinoamericano en Pleno. La Corte procederá a llenar interinamente las vacantes que se produjeren mientras se realice nueva reunión plenaria del Parlamento Latinoamericano. A petición de la Corte Latinoamericana de Justicia el Parlamento Latinoamericano en sus reuniones plenarias podrá aumentar el número de los miembros de dicha Corte. Los miembros de la Corte Latinoamericana de Justicia deberán ser ciudadanos de algunos de los países de la Comunidad, no podrá haber en este organismo más de un miembro de cada nacionalidad. Base 35.- Funciones: Asegurar el respeto al derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y de las normas comunitarias. Tendrá a su cargo la resolución de los conflictos que deriven de la aplicación de éstas. Base 36.- Atribuciones: Resolver sobre legalidad de los actos normativos y administrativos de las autoridades comunitarias. Resolver sobre la legalidad de las acciones u omisiones de los Estados Miembros, y de los conflictos en relación con los tratados y normas comunitarias. Resolver sobre la legalidad de los actos de particulares de los Estados Miembros en relación con el Tratado y normas comunitarias. La interpretación uniforme del Tratado y de las normas comunitarias. Las demás facultades que le otorga este Tratado o que contemplen en otros convenios internacionales. IV ASAMBLEA ORDINARIA Bogotá, Colombia, 1-7 agosto de 1969 Capitolio Nacional. PARLAMENTO LATINOAMERICANO Informe del Secretario General a la IV Asamblea Ordinaria Bogotá, 4-7 de agosto de 1969. IV PAULATINO DOCUMENTO Nº 12. Bogotá, agosto 4-7/69. Bogotá, 3 de agosto de 1969. Señor Presidente del Parlamento Latinoamericano Representante Ramiro Andrade Terán. Ciudad. Señor Presidente. En cumplimiento de la obligación que aparece en el artículo 48 del Reglamento, me es honroso presentar a Ud., y por su elevado intermedio a la IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, el Informe correspondiente a las actividades de la Secretaría General, en el período comprendido entre el 25 de junio de 1968 y el 3 de agosto de 1969. El Acuerdo LXV de la III Asamblea Ordinaria reunida en Brasilia, designó a Bogotá como sede de la IV, de conformidad con el sistema rotativo de capitales que establece nuestro Estatuto. Con posterioridad a la consulta de práctica con el Honorable Congreso de Colombia, la Junta Directiva determinó que la Asamblea se reuniera del 4 al 7 de agosto, con un programa posterior de invitaciones, a diversas ciudades y regiones del país. Es importante señalar, y así lo han apreciado los diversos parlamentos miembros, que la fecha de clausura de nuestras deliberaciones coincidirá con el sesquicentenario de la batalla de Boyacá. Este aniversario, de profunda resonancia continental y bolivariana, presenciará un nuevo esfuerzo de los representantes populares de nuestra América por proseguir, actualizada y modernizada, su doctrina de unidad latinoamericana. 1.- Comisiones Permanentes. El mismo citado acuerdo señaló la forma en que quedaban integradas las Comisiones Permanentes. Para las Comisiones de Integración Política y de Integración Económica se señaló como sedes, de dos reuniones, a Managua y a Lima. Por circunstancias conocidas, Lima no pudo servir de sede a la reunión conjunta. En cambio, concurrieron a Managua, los días 15 a 17 de mayo del presente año, para debatir el tema que se les había fijado en Brasilia, delegados de 7 parlamentos miembros en la forma que se señala a continuación: Delegación del Ecuador: Lic. Pedro J. Arteta Dr. Julio César Trujillo Dr. Pío Oswaldo Cueva Dn. Luciano Laso Dn. José Intriago Zambrano. Delegación de Colombia: Senadores: Dr. Carlos Holmes Trujillo Dr. Eduardo Abuchaibe Ochoa Representantes: Dr. Jaime Serrano Rueda Dr. Gilberto Avila Bottía Dr. Mario Montoya Hernández Dr. Alfonso Arbeláez Delegación de Guatemala: Diputados: Dn. Donaldo Alvarez Dn. Jorge Luis Schannfler Dn. Jorge Arístides Villatoro Delegación de Venezuela: Diputados: Dn. Jorge David Brillembourg Dn. Luis La Corte Delegación de El Salvador: Dn. Antolín de J. Castillo Lic. Julio Adolfo Rey Prendes Dr. Luis Beltrán Duarte Delegación de Nicaragua: Dr. Constantino Mendieta Dr. Salvador Castillo Selva Dr. Ernesto Chamorro Pasos Delegación de Honduras: Dr. José María Herrera Regalado Dr. Orlando Lozano Martínez Igualmente estuvieron presentes el Presidente, representante Ramiro Andrade Terán y el Secretario General, diputado Andrés Townsend Ezcurra. Las deliberaciones de esta reunión conjunta contaron con la amplia y cordial acogida del Congreso de Nicaragua, del gobierno y del pueblo de este país. Fueron elegidos para integrar la Mesa Directiva los siguientes parlamentarios: Presidente: Dr. Orlando Montenegro (Nicaragua) Vicepresidente: Dr. Pedro José Arteta (Ecuador) Relator: Dr. Luis La Corte (Venezuela). Concurrió, por especial invitación y en calidad de asesor, el jurista chileno Dr. Alberto Rioseco, quien presidiera la Comisión técnica encargada por FLACSO y su Escuela de Ciencias Políticas, de preparar el anteproyecto de Tratado Multilateral de Integración, conocido inicial-mente en la asamblea de Brasilia. Este Proyecto de Tratado, así como diversas mociones que le fueran presentadas por los delegados concurrentes, fueron objeto de las deliberaciones de Managua. En tres reuniones de trabajo, y tras amplios debates, se aprobaron, con las modificaciones que aparecen en el texto del anexo I del presente Informe, doce artículos del Tratado, que constituyen la primera parte del anteproyecto, así como el artículo 13, que es el primero de la parte segunda del mismo documento. Para el estudio detenido del articulado restante, las comisiones resolvieron, unánimemente, recomendar una nueva reunión conjunta que se efectuaría en Bogotá, del 1? al 3 de agosto, en vísperas de la IV Asamblea. En la fecha fijada, se reunieron las delegaciones de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Se eligió como Presidente al Representante Gilberto Avila Bottía, (Colombia), como Vicepresidente al Dr. Ignacio Hidalgo, (Ecuador), ratificándose como relator al Dr. Luis La Corte (Venezuela). La Secretaría General se permite llamar la atención de los señores parlamentarios sobre este anteproyecto y su trascendencia. Propuesta por los pensadores, reclamada por los economistas, respaldada por movimientos políticos, sindicales, empresariales o cívicos, la integración latinoamericana no ha conseguido hasta la redacción de este proyecto, una concreción exacta. El Parlamento Latinoamericano comprendió, desde 1966, la necesidad de plasmar, en un proyecto de instrumento internacional, los Untamientos, básicos y precisos, de una Comunidad Latinoamericana de Naciones y de sus organismos dirigentes y operacionales. Consideró urgente pasar de la generalidad a la precisión. En un acuerdo de la Asamblea de Montevideo (abril de 1967), el que lleva el número XX, el Parlamento dio las normas esenciales de una Comunidad y de sus órganos. Los técnicos a quienes encomendó esta tarea la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, de Santiago, cuyo desinteresado concurso merece nuestro agradecimiento, redactaron bajo la dirección del Profesor Rio-seco, el texto conocido en Managua. Este forma el punto primero de la agenda de la IV Asamblea. Los delegados concurrentes a Bogotá podrán decir, con toda razón, que tienen ante sí el diseño de un instrumento internacional llamado a tener la importancia que para la Comunidad Económica Europea tienen los Tratados de Roma. Este proyecto, en su forma acabada, es el primero de su tipo que se elabora en América Latina y el primero, asimismo, que es sometido al elevado pronunciamiento de los parlamentarios de nuestros países. Si, como es de esperarse, el Parlamento completa en la IV Asamblea Ordinaria su estudio y aprobación, será posible que los gobiernos de nuestros países tenga la certeza de contar con suficiente respaldo en sus repectivos Congresos o Asambleas llegado el caso de que decidieran concertar un Tratado general de Comunidad Económica. El Parlamento Latinoamericano habría tomado, de este modo, una iniciativa que le honra y que concuerda perfectamente con los objetivos señalados en la Declaración de Lima y en su Estauto. La Secretaría General quiere subrayar que, en el curso del año transcurrido, los Ejecutivos de América Latina han dado pasos considerables en el sentido de presentar un sódo frente regional unido. Esta nueva actitud -en cuyos orígenes doctrinarios y movilización popular ha cabido al Parlamento Latinoamericano indudable papel pionero- se reflejó singularmente en el llamado "Consenso de Viña del Mar", cuyo contenido comunicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, en compañía de los Embajadores Latinoamericanos, al Presidente de los Estados Unidos. A la unidad de ideas y propósitos que han venido forjando el Parlamento Latinoamericano sucede ahora el hecho auspicioso de una clara coordinación de los Ejecutivos en torno a posiciones concretas. 3.- Crisis y riesgos de la democracia representativa en Latinoamérica. La Junta Directiva resolvió señalar, como segundo punto de la agenda de la IV Asamblea, el problema de la democracia representativa en América Latina. Es inocultable que nuestra Organización se reúna este año después de un período anual en que se han registrado sucesos notoriamente adversos al orden democrático y a la institución parlamentaria. El 3 de octubre de 1968, un golpe militar disolvió las Cámaras Legislativas del Perú, que habían sido las que propiciaran la fundación del Parlamento Latinoamericano. Con la dación de un llamado "Estatuto Revolucionario", quedó en suspenso la Constitución del Perú y los poderes legislativos fueron asumidos por la Junta Militar. El recinto del Congreso fue capturado por un batallón de "Rangers" y se encuentra, desde entonces, bajo intervención militar. Este atentado contra la democracia representativa fue censurado en todos los países de América Latina. El Presidente del Parlamento y diversos congresos nacionales hicieron llegar a las directivas del Senado y la Cámara de Diputados del Perú su solidaridad fraternal. Pocos días después, la Guardia Nacional de Panamá dio un golpe de Estado y ocupó, clausuró e intervino la Asamblea panameña. A estos actos de violencia se agrega la prisión, más o menos prolongada, de algunos legisladores de Panamá, que acababan de ser electos por mandato mayoritario de su pueblo. Finalmente, en diciembre, el Poder Ejecutivo del Brasil a raíz de una votación adversa registrada en la Cámara de Diputados, promulgó una "Acta Institucional", recesó las Cámaras y procedió a privar de su representación parlamentaria a un grupo de Senadores y Diputados, tanto del partido de gobierno como de la oposición. El caso del Congreso del Brasil promovió un parecido movimiento de solidaridad en los cuerpos representativos de América. El Poder Legislativo empero, aunque privado de algunos de sus caracterizados miembros, no desapareció en el Brasil. Los legisladores conservaron su inmunidad y esperamos que para la IV Asamblea sea posible que este parlamento nacional, vinculado a nuestra organización desde sus orígenes y bajo cuyos auspicios se realizó la Asamblea plenaria anterior, pueda concurrir a Bogotá y brindarnos sus luces y su respaldo. La situación del parlamento argentino, el primero de los que fue disuelto por un golpe de Estado, siguió siendo la misma en el año transcurrido desde la reunión de Brasilia. Sin embargo, debe anotarse que los proyectos del gobierno del General Onganía, en el sentido de eliminar la representación nacional, suplantándola por un tipo de estado Corporativo, llamado "de participación", encontraron una enérgica repulsa de la opinión pública del país hermano. Los sucesos de Rosario y Córdova, registrados en mayo y junio, liquidaron las tendencias corporativistas. Se ha abierto la posibilidad, que el año pasado parecía muy lejana, de un retorno de la patria de San Martín a la comunidad democrática latinoamericana. L gravedad de lo ocurrido, desde 1966, en cuatro países de nuestra América, y la ofensiva notoria de que es víctima la institución parlamentaria en otros países, donde por fortuna, mantiene su existencia y ejerce su soberanía, no pueden ser ignoradas por la institución que representa a todos los congresos y asambleas de nuestros pueblos. Ely artículo 5º del Estatuto señala como uno de los propósitos cardinales del Parlamento Latinoamericano: "Sustentar el pleno imperio de la libertad, la justicia social y el ejercicio efectivo de la democracia representativa", así como "Velar por el respeto absoluto de los derechos humanos". Es evidente que estos ideales, y las instituciones en que ellos se encarnan -particularmente el Parlamento- han sido objeto de un violento y concertado ataque de fuerzas dictatoriales que, con igual o diverso signo, sostienen el descrédito del Poder Legislativo, afirman crear fórmulas nuevas de representación y de hecho mantienen a sus países sin ninguna garantía auténtica de libertades democráticas. Se ha registrado, como fenómeno nuevo, la tendencia, en estos golpes y en los regímenes que nacen de su éxito, a postular una actitud desarrollista y a sostener que la emancipación económica y social de nuestros pueblos sólo es posible mediante la actuación de fuerzas armadas que actúan al frente del Estado, con poderes prácticamente ilimitados, sin plazo de gestión gubernamental, y poseídos de una suerte de mesianismo castrense. Semejante actitud plantea un nuevo desafío a la democracia latinoamericana, a sus partidos políticos -en cuyas funciones pretenden substituirse las Fuerzas Armadas- y al Parlamento en particular. La cita de Bogotá ofrece la oportuna coyuntura para que los Parlamentarios de Latinoamérica examinen con franqueza, sinceridad y espíritu constructivo esta nueva y lamentable situación. Es hora adecuada para que el parlamentarismo latinoamericano revise su ejecutoria, consume su autocrítica y señale las líneas renovadas de una acción creadora y vigorosa que lo ponga a salvo de nuevos desastres. Pero es, sin duda, la oportunidad para afirmar la solidaridad principista con los parlamentos intervenidos, recesados o disueltos, tal como fuera aprobado por la reunión conjunta de Managua, en la segunda de sus recomendaciones al plenario. Cuando se anunció que podrían aplicarse al Perú, con motivo de la expropiación de una zona petrolera, la llamada "Enmienda Hickenlooper" el Parlamento Latinnoamericano, por intermedio de su Presidente y su Secretario General, formuló en Lima una declaración, ampliamente difundida por la prensa, rechazando todo tipo de presión imperialista lesiva a la soberanía de nuestros pueblos. Para hacerlo, la Presidencia se fundó en claros acuerdos y resoluciones de la II y III Asambleas y en la letra y espíritu de la Declaración de Lima y del Estatuto. 4.- Reanudación del diálogo Europa-América Latina iniciado en Estrasburgo. En oportunidad del 19? Período de Sesiones, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, aprobó su Resolución 354 (1967) tras de recordar los lazos históricos que unen a Latinoamérica con Europa y la necesidad de promover el establecimiento de una política europea común frente a América Latina, manifestó su deseo de establecer contactos a nivel parlamentario con nuestros cuerpos representativos y particularmente con el Parlamento Latinoamericano. Debe señalarse al Diputado francés y conocido americanista, señor Bertrand Flornoy el decidido interés que puso en defensa de esta iniciativa. Formuladas las invitaciones, compareció en Estrasburgo un grupo de legisladores latinoamericanos, todos ellos pertenecientes a parlamentos miembros de nuestra organización. Fueron los siguientes: Brasil: Diputado Ulises Guimaraes (Ex Presidente del Parlamento Latinoamericano). Colombia: Senador Diego Uribe Vargas. Costa Rica: Diputado Rodrigo Carazo. Chile: Senador Tomás Pablo Elorza. El Salvador: Diputado Benjamín Interiano. Perú: Diputado Andrés Townsend Ezcurra. Uruguay: Senador Héctor Grauert. El día 25 de septiembre de 1968 en el curso de la 14ª sesión del 20° Período de Sesiones, fueron recibidos oficialmente los parlamentarios latinoamericanos por sus colegas europeos. El debate se centró en torno a los informes que sobre los aspectos políticos de las relaciones Europa-América Latina había preparado el Diputado Flornoy y sobre los fines y medios de cooperación con América Latina, en los campos de la enseñanza, la tecnología, el suministro de capitales, el crédito y la apertura de mercados había elaborado el Senador De Graw. Ambos documentos de la mayor seriedad e importancia. En la discusión participaron todos los parlamentarios invitados, y, posteriormente, se pasó a una sección de preguntas y repuestas, en la que participaron parlamentarios de diversos países. Los textos completos de este Intercambio se encuentran en el libro que sobre el particular y en versión castellana ha editado la Secretaría General. Las ediciones originales, en francés e inglés, han sido publicadas por la Asamblea Consultiva. Debo destacar la cordialidad de la acogida por parte de los colegas europeos, la calidad de los informes e intervenciones y la decisión, plasmada en la Resolución 390 (1968) de mantener relaciones regulares con el Parlamento Latinoamericano y aceptar la invitación a estar presentes en nuestra Asamblea de Bogotá. Es en esta virtud, que por primera vez el Parlamento Latinoamericano tendrá la oportunidad de recibir en su seno a los personeros de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, reanudando un diálogo del cual podrán extraerse los más positivos resultados. Me es satisfactorio señalar que la intervención del señor Presidente del Parlamento, en el curso de su visita a Francia, después del primer encuentro de Estrasburgo, contribuyó, de modo decisivo a asegurar la realización de estas nuevas conversaciones. 8.- Relaciones con el Congreso de los Estados Unidos. En acatamiento a las resoluciones aprobadas en Montevideo y Brasilia, que propiciara un diálogo hemisférico a nivel parlamentario con representantes del Congreso de los Estados Unidos, el señor Presidente, durante su viaje a Washington sostuvo entrevistas sobre el particular con los Presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos. A raíz de estas conversaciones, esperamos recibir en Bogotá la visita de una delegación de observadores parlamentarios de ese país; la Secretaría General considera la oportunidad propicia para que se converse con ellos en torno a la proyectada reunión ¡hemisférica, a su agenda y a sus métodos de trabajo. 10.- Unión Interparlamentaria Mundial En septiembre de 1968 se realizó en Lima la Asamblea plenaria de la Unión Interparlamentaria Mundial. Su Presidente, el Senador señor Luis Alberto Sánchez, que fuera uno de los fundadores del Parlamento Latinoamericano, de acuerdo con la Mesa de dicha organización, invitó al Secretario General a brindar un informe sobre los objetivos, historia y propósitos del Parlamento. Así tuve oportunidad de hacerlo, en la sesión del 14 de septiembre. El texto de mi intervención aparece en el libro editado en Ginebra, por la Secretaría General de la UPI, y que contiene los textos de los discursos pronunciados en dicha oportunidad. Fue grato anotar la presencia, en la Asamblea de la Unión, de delegados que han participado activamente en los trabajos propios del Parlamento Latinoamericano. 11.- Nuevos miembros. A raíz de la visita a La Paz del Secretario General Adjunto, Senador señor Saúl Pineda, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de Bolivia ratificaron su voluntad, ya expresada anteriormente, de ingresar al Parlamento. Aguardamos a sus representantes en la presente Asamblea. De igual modo, confiamos en que el Congreso de la República Dominicana asista a la reunión de Bogotá. A fines del año pasado, el señor Presidente se entrevistó en México con los presidentes de las Cámaras mexicanas, los que anunciaron su deseo de enviar observadores. La Junta Directiva expresó, por intermedio del Presidente, el vivo y permanente deseo que alentamos de contar con la valiosa cooperación del Parlamento mexicano. 12.- Actividades de la Secretaría General. a) Sede. El 27 de julio de 1968 tuve el honor de ser electo Presidente de la Cámara de Diputados del Perú por el voto mayoritario de mis colegas. Desde la presidencia, renové mi promesa de apoyar los trabajos del Parlamento y sus altos ideales de integración y democracia. En el curso del mes de agosto, inmediatamente posterior a mi elección, me fue grato invitar oficialmente al señor Presidente en su doble calidad latinoamericana y colombiana, a visitar Lima, donde fue objeto de cordial recepción por todos los sectores políticos. Producido el golpe militar del 3 de octubre, fui despojado, como los demás parlamentarios peruanos, de la investidura que nos diera el pueblo. Desaparecieron diversas facilidades que nos ofrecían las Cámaras de mi país. En enero, la Secretaría General, por razones de economía, trasladó sus oficinas a la actual dirección, que es: calle Chota Nº 969, oficina 202, Lima, manteniéndose la dirección postal del Apartado 6041 y la cable-gráfica de PARLATINO, LIMA. El personal administrativo, por las mismas razones de economía, tuvo que reducirse. La falta de fondos obligó, asimismo, a una reducción de la actividad epistolar y cablegráfica. b) Publicaciones. Se editaron y distribuyeron entre los Parlamentos miembros, 2.000 ejemplares del folleto que contiene los Acuerdos, Resoluciones y Recomendaciones de la III Asamblea ordinaria, realizada en Brasilia, el mismo que será nuevamente entregado a los asistentes a la Asamblea de Bogotá. El Secretario General de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, señor S. Sforza, propuso a la Secretaría General que corriera con la edición, en castellano, del libro relativo al Intercambio de opiniones, celebrado en Estrasburgo. Por considerarlos de alto interés, y congruente con sus planes de difusión, la Secretaría General aceptó este encargo. En consecuencia, se han editado en Lima, 2.000 ejemplares del citado libro. El Consejo de Europa, por su parte, publicó, en francés y en inglés, la misma obra, que ha sido circulada entre los Parlamentos nacionales que integran la Asamblea Consultiva. Señaló el interés de esta edición, que es la primera que haya aparecido bajo el doble auspicio del Consejo de Europa y del Parlamento Latinoamericano. c) Viajes del Secretario General. En el desempeño del cargo, el Secretario General ha debido recorrer la mayoría de los países de Latinoamérica. En enero de 1969, asistió especialmente invitado al seminario organizado en Costa Rica por el Centro de Educación Democrática Latinoamericana (CEDAL), para exponer puntos de vista sobre integración y sus relaciones con los movimientos populares del continente. En esa oportunidad, la Asamblea de Costa Rica me honró recibiéndome en su seno. En febrero, se me invitó a Quito, para dictar una conferencia y participar en el ciclo organizado en la capital del Ecuador sobre el tema de la integración económica y política de nuestros pueblos. Este ciclo de conferencias, en la que participaron economistas, parlamentarios y representantes de organismos internacionales, se cumplió en oportunidad de celebrarse el Congreso de Facultades de Ciencias Económicas de América Latina. En mayo, y de conformidad con el plan trazado en Lima, a raíz de una visita especial del Presidente del Parlamento, me constituí en Bogotá para de allí partir a Centroamérica en compañía del Dr. Andrade. Visitamos en ese recorrido los Parlamentos de Guatemala, El Salvador y Honduras, concluyendo nuestro recorrido en Nicaragua, para asistir a la reunión conjunta de las Comisiones Permanentes de Integración Económica y Política, sobre la cual se ha informado anteriormente. Tanto en Guatemala, como en Tegucigalpa, San Salvador y Managua fuimos recibidos por los Presidentes de sus respectivos Congresos o Asambleas, y me tocó secundar al señor Presidente en el planteamiento de las iniciativas relativas a la reunión de Bogotá. Todos los Parlamentos visitados comprometieron su asistencia. En junio, y reanudando el plan trazado, acompañé al señor Presidente en una visita a Santiago, Montevideo y Río de Janeiro. En todas estas capitales se celebraron satisfactorias entrevistas con los señores Presidentes de los Cuerpos Legislativos y con los Vicepresidentes y Secretarios Regionales del Parlamento Latinoamericano. En Brasil, además de la entrevista con los colegas, el señor Presidente tuvo una entrevista con el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Magalhaes Pinto, quien, como vocero del Poder Ejecutivo, le anunció que el Congreso brasileño sería convocado antes de la inauguración de nuestra Asamblea. En Buenos Aires tuvimos el agrado de entrevistarnos con el ex Presidente del Parlamento, Dr. Luis A. León, quien, junto con el ex Secretario Regional, Dr. Rubén V. M. Blanco, anunció su propósito de asistir como observador a Bogotá. En la Asamblea de Brasilia se acordó, como es sabido, que los ex Presidentes de la organización tenían derecho a participar con voz y sin voto aun después de haber cesado en su mandato parlamentario. Estas visitas tuvieron un amplio eco de prensa y contribuyeron a divulgar los propósitos y la actividad de la organización. Sus gestiones fueron brillantemente completas por el nuevo recorrido que de las mismas capitales del sur hiciera en julio, el Secretario General Adjunto, Senador señor Saúl Pineda. Es evidente que nuestra joven organización requiere de estos esfuerzos constantes para mantener los lazos que nacen del trabajo común en las Asambleas y en las reuniones de las Comisiones Permanentes. 13.- Presupuesto. Las cifras que corresponden a la ejecución del Presupuesto 1968-1969 se presentan a consideración de la Asamblea en una hoja anexa al presente informe. Se nota, de inmediato, la reducción exagerada de los ingresos, que deriva, en primer término, de los atrasos en el envío de las cuotas de los Parlamentos miembros. Esta limitación de ingresos, que aumentó el déficit, obligó a considerables economías en los gastos variables. Para remediar, parcialmente, la falta de liquidez, se han utilizado como ingresos las reservas fijadas en el Presupuesto anterior para la edición de los Diarios de Debates de las anteriores Asambleas. La Secretaría General solicita de los señores delegados, por su digno intermedio, que comprendan la penuria que padece la institución e interpongan sus buenos oficios, acerca de los Parlamentos miembros, para que estos procuren ponerse al día en sus erogaciones. En tal sentido, tanto la Presidencia, como la Secretaría General cumplieron, en su momento, con transmitir esta solicitud a todos los Congresos y Asambleas. La pérdida de las cuotas del Perú y Panamá y hasta ahora la del Brasil, han contribuido a agravar este cuadro, que demanda urgente y atenta consideración de los Parlamentos miembros. 14.- Fin del mandato del Secretario General. Señor Presidente: Pocos días después de ocurrido el golpe militar que disolvió el Congreso del Perú y de luego de que los cables transmitieron el texto de sus declaraciones de generosa solidaridad parlamentaria con el Congreso del Perú y de preocupación por la libertad de sus integrantes, quiso Ud. testimoniarnos el respaldo del Parlamento, haciendo una visita especial a Lima. En esa coyuntura le manifesté que, habiendo sido privado por la fuerza de mi representación parlamentaria, ponía la Secretaría General a disposición de la directiva. Con amplio espíritu democrático, me respondió Ud. que, a juicio del Parlamento, mi mandato duraba hasta que se extinguiera en la fecha fijada en el momento de mi elección como Diputado. Agradecí la confianza y la deferencia y he continuado, por ese motivo, actuando en la Secretaría General, para la cual he tenido la honra inapreciable de haber sido elegido y reelegido en tres asambleas anuales. La situación ahora es diferente. El 27 de julio del presente año concluyó mi mandato parlamentario y, conjuntamente con ella, mi período presidencial en la Cámara de mi país. El artículo 14 del Estatuto señala que el Secretario General y el Secretario General Sustituto "pertenecerán a la representación en cuyo país funcione la Secretaría General". Este país, por mandato del mismo artículo, ha sido el Perú. En la actualidad no existe representación parlamentaria en el Perú. La IV Asamblea debe determinar la medida que considere más adecuada para asegurar el funcionamiento de su Secretaría. A la persona a quien la Asamblea designe, me será grato entregarle los archivos del Parlamento y todos los documentos pertinentes y poner a su disposición el caudal de experiencias recogidas durante cuatro años de existencia de la institución. Me separo de las actividades del Parlamento con inocultable pesar. He procurado servir a esta institución y a la causa que ella representa con toda lealtad y con todas mis capacidades. Las sucesivas reelecciones han sido para mi un motivo inolvidable de gratitud, por lo que ellas suponen de estímulo y confianza. Alejado de la vida parlamentaria hasta que en mi país se devuelva al pueblo su derecho a gobernarse así mismo, no dejaré, en modo alguno, de servir a la causa de la integración en los planes de la política,, del periodismo o de la universidad en que me toque actuar. El patriotismo de nuestro tiempo en Latinoamérica lleva un nombre y ese nombre es Integración. Al concluir finalmente el mandato, quiero expresar a usted, señor Presidente, mi profundo agradecimiento por todas las muestras de solidaridad y confianza de que me hizo objeto en momentos de dificultad y prueba. Reitero a Ud. mi fe indeclinable en la unidad de nuestros pueblos y en el alto destino del Parlamento Latinoamericano. Atentamente: Andrés Townsend Ezcurra, Secretario General. VII DISCURSO DEL SEÑOR CANCILLER DE CHILE, DOCTOR GABRIEL VALDES. Señor Presidente, Señores Parlamentarios: Es con honda satisfacción que os agradezco el honor que me habéis conferido de invitarme a esta Asamblea del Parlamento Latinoamericano. Los pueblos tienen muchas maneras de manifestarse política y culturalmente, pero ninguna es tan privilegiada como la que representan los Parlamentos. Y no podría encontrarse mejor oportunidad para una manifestación política de esta magnitud que en la conmemoración de Boyacá, que fue impulso definitivo para nuestra primera independencia. Y en Bogotá, cuna de tantas resoluciones de trascendencia histórica para nuestros pueblos. No cabe duda que los últimos años han demostrado que los diagnósticos que se nos venían ofreciendo por organismos de estudio económico y social correspondían a realidades que no fueron muchas veces advertidas por quienes tenían, en América Latina, la capacidad de adoptar decisiones. Los últimos años han estado demostrando que los problemas son profundos, las crisis institucionales perdurables y las tensiones son muy agudas. Es por ello que se precisa analizar más a fondo la raíz de nuestras realidades para no resbalar en la superficie de los hechos. Desde un punto de vista cultural, América Latina que es parte de Occidente, trata de aplicar los valores occidentales a una realidad diferente causando así las agudas tensiones que todos nuestros pueblos experimentan. Los valores de Occidente emanan de una tradición milenaria cuya fertilidad creadora se asienta en construcciones culturales, políticas, y económicas sucesivas, válidas y eficaces. América Latina es distinta. Es una espacio con una dimensión excesiva para el hombre europeo acostumbrado a vivir superpoblado y en gran densidad de historia humana. Es un ámbito donde la naturaleza ha sido más fuerte que la civilización, donde el tiempo tiene un sentido de permanencia en la soledad de las inmensas distancias. El sistema colonial, del cual no estamos aún liberados en lo profundo, no nos permitió desarrollar nuestra imaginación para conquistar nuestro propio suelo y sus riquezas, porque durante siglos a los latinoamericanos no nos fue posible mirar y estudiar nuestra propia natura*-leza humana y geográfica. La estructura productiva, completamente periférica, impidió la conquista del interior, a diferencia de Estados Unidos que encontró en la penetración de su espacio geográfico la gran palanca de su progresó. Nuestro sentido periférico generó a su vez un haradianismo cultural, político y económico. Por ello nos acostumbramos a ser objetos de ideologías y doctrinas creadas en otros continentes, de inversiones destinadas a vitalizar otras economías produciendo para otros mercados, satisfaciendo las necesidades políticas de otras potencias. La dependencia económica produjo la subordinación psicológica al exterior -la forma más seria de dependencia-, la pasividad y con ella la regresión. Así quedamos abiertos a los imperios. Debemos admitir en estas condiciones que no estamos construyendo aún etapas culturales superiores. Estamos reforzando o modificando los cimientos sociales tomando como medida, no la tradición, aunque ésta tiene valores definitivos, sino a este ser desgarrado, el hombre americano. Nuestro verdadero desafío es la creación en América Latina de ámbito a la medida del hombre, para su libertad, para su cultura, para su seguridad. Por ello es que necesitamos autonomía en el pensamiento e independencia en las decisiones. Poco o nada puede llegarnos útilmente de fuera, ya que nos presentan como soluciones dogmáticas las experiencias realizadas en otro contexto histórico. Sin embargo, el desarrollo de América Latina necesita de un gran esfuerzo tecnológico para el cual requerimos de una cooperación internacional sobre nuevas bases, pero sobre todo debe ser un acto político nuestro que nos permita modelar con nuestras propias manos formas de Comunidad justas y eficaces que sean capaces de poner en valor nuestras gigantescas riquezas. Para encontrar la medida del hombre americano requerimos unirnos. Durante décadas, los ideales de integración han permanecido vivos en muchos intelectuales, en políticos y también en el pueblo, en el hombre común que, amando a su patria, muchas veces ha tenido la intuición de que los conceptos de soberanía absoluta y de autarquía económica han sido pretextos para encubrir privilegios de grupos o apetitos de poder. Y cuán costoso ha sido para nuestros pueblos el proceso de industrialización realizado a escalas nacionales. Desunidos hemos dificultado la asimilación de la técnica, que requiere grandes espacios económicos; al evitar nuestra interdependencia hemos consolidado nuestra dependencia de los grandes centros foráneos; encerrados en pequeñas soberanías, no tenemos ni voz ni voto en las decisiones históricas. Pero hay que reconocer que hemos avanzado en los intentos organizados para poner en común nuestras economías. ALALC ha hecho su camino, aunque lento y con las dificultades propias de los desniveles que existen entre sus miembros. Un grado mucho más compromitente -y por lo tanto capaz de resultados rápidos y perceptibles- es el Pacto Andino, que realmente significa la decisión política de planificar en común los desarrollos de los países andinos para crear condiciones que permitan la recepción de técnica moderna en economías de escala, la creación de nuevas fuentes de trabajo, la distribución equitativa, el esfuerzo, la presentación de una sola política respecto de las inversiones extranjeras, y la proyección en común del interés de la región hacia el exterior. El Pacto Andino es el hecho político internacional más importante que en perspectiva han realizado los países que lo forman desde la independencia, abriendo con él una nueva etapa histórica. Pero no es suficiente. Ni siquiera esta integración, aún la más completa y eficaz de las integraciones, pueden llegar a tener significado real si no eliminamos a la vez los obstáculos externos a nuestro desarrollo. La integración es difícil, la lucha contra los obstáculos externos es más difícil. Ambos esfuerzos deben ser simultáneos. Sólo con decisión política podremos cumplirlos. En el Siglo XIX y hasta principios de éste, América significaba tierra libre, lugar privilegiado y único en el mundo para la mezcla racial, refugio de la justicia y la igualdad, donde el hombre no le preguntaba al hombre de dónde venía, de qué color era, cuáles eran sus creencias. Pero hoy estas preguntas ya no son posibles. No sólo porque las respuestas son difíciles y ambivalentes, sino porque la pregunta misma estaría mal formulada. América ya no es una. Existen dos Améri-cas. Una ha llegado al máximo de poder conocido hasta ahora. La otra se agita bulliciosamente sin ningún avance comparativo en los últimos 50 años. Para tender un puente entre estas dos realidades que tienden progresivamente a separarse, se han hecho toda clase de intentos: políticos, jurídicos, económicos. No todos los esfuerzos han sido inútiles. Los esquemas jurídicos y políticos en una medida importante han servido el interés de América Latina de protegerse a través de la no intervención y la libre determinación, aunque todavía estos principios esperan ser llevados a sus últimas y efectivas consecuencias. Pero hay que reconocer que los mecanismos de la paz de América acaban de demostrar una eficiencia suficiente, que puede ser exhibida como ejemplo a otras entidades regionales y a las Naciones Unidas, al detener en pocos días una guerra. Con todo, en el terreno económico y del desarrollo, que es el campo en que se juega hoy la vida y la muerte de las naciones, el desnivel financiero, comercial y tecnológico es tan grande que los intentos realizados están muy lejos de reducir las distancias. Los intentos incumplidos terminan siendo, por el contrario, estupefacientes que facilitan la aceptación de la distancia, y permiten su aumento acelerado. Así se da la paradoja de que, apareciendo América Latina como el Continente al cual muchas instituciones, programas y potencias ayudan, las cifras prueban que las riquezas siguen escurriéndose de nuestras manos en beneficio de los centros de poder, y en especial de aquellos que más interés expresan en la cooperación al desarrollo, como los Estados Unidos. Podemos afirmar como ya lo hemos hecho, que son mayores los montos que América Latina envía al exterior que aquéllos que América Latina recibe. A este respecto cabe recordar las siguientes cifras: a) Entre 1950 y 1967 las nuevas inversiones directas en América Latina procedentes de Estados Unidos ascendieron a US$ 7.473 millones. En el mismo período las utilidades y dividendos remitidos por esas inversiones fueron de US$ 12.819, que sumados a las utilidades reinvertidas alcanzan a US$ 16.079 millones. Fuente: El financiamiento externo para el desarrollo de América Latina, cuadro III-4, CÍES, mayo 1969. b) De acuerdo con el estudio efectuado por fuentes bancarias norteamericanas, del total de las inversiones norteamericanas en el exterior, alrededor de un 10% se encuentra en América Latina. Sin embargo, del total de las utilidades que sé remesan a Estados Unidos provenientes del extranjero, cerca de un 26% provienen de América Latina. Fuente: Informe del National City Bank, enero 1969. c) En el período 1965-1967 el aporte neto de los fondos extranjeros, autónomos y compensatorios, fue negativo para América Latina en cerca de US$ 1.900 millones. Fuente: Estudio Económico de América Latina, cuadro 1-54, CEPAL, marzo 1969. d) En el período 1963-1968 la balanza de pagos de América Latina con Estados Unidos ha sido negativa arrojando en ese lapso un déficit acumulado de cerca de US$ 2.400 millones. Fuente: Problemas y perspectivas del desarrollo económico y social, cuadro III-2, mayo 1969. La justificación central de esta situación radica en los montos realmente gigantescos que egresan de nuestro continente por concepto de utilidades de la inversión directa extranjera. Son estas consideraciones, estas cifras y estas realidades, las que han motivado las reuniones y la acción de CECLA. Por primera vez en nuestra historia nos fue dable intentar una acción conjunta en defensa de nuestros intereses básicos frente a Estados Unidos que esperamos repetir también frente a Europa y a los países socialistas. El proceso de unidad de América Latina, dificultado como está por el lastre de los elementos históricos que he señalado, tienen que ser fortalecidos por la conciencia de que somos todos víctimas del imperialismo exterior. Que hemos sido siempre objeto de decisiones ajenas, frente a las cuales la capacidad de defensa y de negociación ha sido mala, porque no hay defensa contra un gran poder al nivel de cada una de las naciones. En cambio sí hay poder de defensa, de negociación y de entendimiento, al nivel único y conjunto de toda América Latina. ¿Por qué hemos empezado por Estados Unidos? Entre América Latina y Estados Unidos hay una comunidad geográfica, hay una tracción de valores jurídicos, y de valores políticos. Hay organizaciones. Hay experiencias satisfactorias y experiencias traumáticas. No es nuestro ánimo en este momento hacer crítica de todo ello. Solamente anunciar algunas realidades. No son habitualmente mencionadas. Operan por omisión; pero son tremendas omisiones. Estados Unidos, potencia mundial que ha llegado al más alto nivel de civilización, de riqueza y de poder, tiene naturalmente exigencias de seguridad para proteger esas conquistas que su pueblo ha conseguido en un esfuerzo constructivo admirable. Con aplauso sincero hemos contemplado atónitos su última y nunca igualable hazaña. El interés fundamental de los Estados Unidos es la seguridad. Lo respetamos, lo comprendemos. Pero en cambio el interés fundamental de América Latina es el desarrollo. El desarrollo, no la seguridad. La liberación de su economía, la protección de un bienestar que aún no ha alcanzado. Los de Estados Unidos y los de América Latina no son pues intereses idénticos. Es inútil seguir confundiéndonos sin abrir los ojos a las realidades. Es más, hemos visto y vemos a través de las cifras que he señalado, (y hay muchas otras que lo confirman), que en un sector amplio, los intereses de América Latina y los de Estados Unidos son intereses contradictorios. En América Latina es muy poco lo que podemos conservar porque prácticamente todo tenemos que construirlo. Y ni siquiera podemos imitar los métodos ni las fórmulas, los medios ni las técnicas económicas que en su época -ya superada- crearon la grandeza fundamental de Estados Unidos, de Europa y de la URSS. Hay que estar conscientes de que esas contradicciones no tienen por qué colocarnos en posiciones antagónicas. Subsisten y pueden agudizarse en cuanto los países industrializados persiguen exclusivamente sus intereses, su seguridad política, militar y económica. Han admitido que nuestro desarrollo es asimismo un elemento de su seguridad; pero no podemos aceptar que sea un elemento que puedan administrar según los requerimientos inmediatos de una seguridad basada en el poder que da la tecnología, sino que debemos nosotros manejar de acuerdos a las necesidades racionales y justas de nuestro desarrollo. Las formas de aparente coexistencia hasta el momento han fracasado. Incluso los términos en que fue planteada la exigencia de seguridad de los países desarrollados se ha ido modificando con los avances tecnológicos. Antes de la segunda guerra mundial, América Latina era simplemente productora de materias primas. Después de ella, al crearse todo un instrumental financiero y político para la reconstrucción de las zonas devastadas, el subdesarrollo no existía ni como concepto ni como objetivo. Sólo al extenderse y endurecerse la guerra fría las grandes potencias se abrieron a la preocupación de lo que pasaba en el mundo en desarrollo. Fue una preocupación genuina pero teñida de intenciones alienadoras, diferentes a las que deban informar al desarrollo natural de los pueblos. No se modificaron las instituciones, ni los métodos, ni la mentalidad del sistema financiero y económico internacional. No se condicionaron al desarrollo ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional ni ninguna de las instituciones y mecanismos nacidos en Bretton Woods, bajo el concepto de "reconstrucción" y no de "desarrollo". Ello coincide por lo demás con el frustrador proceso de UNCTAC, que expresa el ningún interés real de los países industrializados por modificar las estructuras de financiamiento, las del comercio, las tarifas y el traspaso de la tecnología. Precisamente por efecto de los nuevos avances tecnológicos, sobre todo en materia de discusión militar y política, vemos hoy que se abandona aún ese distorsionado interés en los países en desarrollo. No vamos nosotros, latinoamericanos, a desviar el curso del pasado. Es llegado en cambio el momento de crear nuestro interés, y no esperar a que se despierte, por algún milagro tecnológico o por algún movimiento interno en el seno de las Naciones Industriales, algún interés ocasional en nuestro destino, el cual será siempre ficticio y podrá ser tan perjudicial como algunos del pasado. Crear nuestro propio interés significa tomar decisiones políticas. Tenemos que hacer de nuestros países actuando en conjunto una necesidad para las potencias mayores, una necesidad y un riesgo. Desunidos no somos importantes. Unidos podemos ser indispensables. La decisión de actuar en conjunto está en nuestra órbita de acción natural y legítima. No nos puede ser impedida. Nada sacamos con reclamar del imperialismo. Nada obtenemos con lamentarnos o indignarnos o vituperar a otros porque han enriquecido o se enriquecen a costa nuestra. Lo que se requiere es que nos propongamos, nosotros terminar con esta situación. Eso es lo que implica el consenso Latinoamericano de Viña del Mar, el motor básico de una acción concertada, persistente, política. CECLA es el primer paso que dimos con seriedad y con dignidad y que representa una iniciativa de significativa trascendencia. Demostró al mundo, y quizás mucho más importante aún, nos demostró a nosotros mismos que América Latina era capaz de presentar una voz unánime y unitaria frente a quien más influencia externa ejerce en nuestro Continente y más poder tiene para modificar nuestra situación de dependencia: los Estados Unidos de Norteamérica. Pero de la misma manera es necesario definir nuestro interés y proponernos metas y objetivos conjuntos frente a las demás áreas desarrolladas. Frente a la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, en donde a pesar de que se ha producido un considerable aumento en nuestro volumen de exportaciones, nuestra participación porcentual en dicho mercado ha bajado entre 1958 y 1968 de 10% a un 7,8%, y en donde el porcentaje de aumento anual de nuestras exportaciones es el más bajo de todas las áreas que comercian con la comunidad. Por otra parte, del total de los créditos que la Comunidad Europea ha otorgado al mundo en desarrollo sólo el 14.9% ha sido destinado a los países latinoamericanos, contra un 25.1% destinado a los países asiáticos y un 50% a los africanos. Y han existido claras tendencias a crear vinculaciones verticales con las excolonias que distorsionan el comercio mundial con perjuicio neto para nuestros países. Y esta situación es más injusta si se tiene presente que desde la creación del Mercado Común Europeo las importaciones latinoamericanas desde la Comunidad han aumentado a un ritmo anual del 6.3%, que es el doble del promedio anual de las importaciones norteamericanas desde la Comunidad. Además, las proyecciones autárquicas del plan agrícola europeo crean naturales y legítimas preocupaciones en países de nuestro continente que basan gran parte de su capacidad exportadora en abastecer el Mercado Europeo en productos alimenticios. Felizmente se advierten reacciones positivas, como la adoptada hace pocos días por la Comisión Ejecutiva de la Comunidad Económica Europea al convocar el establecimiento de una Comisión permanente para estudiar una cooperación más estrecha en los campos comercial, técnico y financiero con los países latinoamericanos y para canalizar la ayuda financiera de la Comunidad a través de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Igualmente necesario es plantear nuestros objetivos con el Japón, país clave del Asia, en donde las importaciones de América Latina a pesar de crecer en volumen lo han hecho a una tasa mucho más baja que las demás áreas que comercian con ese país, y en donde nuestra participación en el mercado ha disminuido en el período de 1935-57 el período de 1965-67 de 9.4% a 6.4%. Respecto de estos países y del mundo desarrollado en general, debemos definir ciertos principios que han de regir nuestras relaciones económicas internacionales y perseguir medidas concretas que han de adoptarse para poner en ejecución esos principios, parar o seguir siendo desplazados. A este respecto, como tuve el honor de expresar al Presidente Nixon cumpliendo el acuerdo de la reunión de Ministros de CECLA, el Consenso Latinoamericano de Viña del Mar señaló que: 1.- Debe aceptarse como irreversible y legítima la emergencia de un creciente nacionalismo que persigue una afirmación de la personalidad latinoamericana con pensamiento, valores y moldes de organización propias. 2.- Deben tenerse presente los principios de igualdad de los Estados, de no intervención en los asuntos internos o externos de otros Estados mediante cualquier forma que atente contra la personalidad del Estado y los elementos políticos, económicos y culturales que los constituyen; del respeto a la validez de los Tratados; del derecho soberano de cada país de disponer libremente de sus recursos naturales; de que la cooperación económica no puede supeditarse a condiciones políticas o militares. Igualmente, la norma de que ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado con el fin de obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza y, por el contrario, debe hacerse todo esfuerzo a fin de evitar la adopción de políticas, acciones y medidas que pongan en peligro el desenvolvimiento económico y social de otro Estado. 3.- La cooperación al desarrollo de América Latina no puede estar condicionada a la aceptación por nuestra parte de un determinado modelo político, social y económico. 4.- La inversión privada extranjera no debe considerarse como asistencia ni computarse como parte de la cooperación financiera para el desarrollo. 5.- La cooperación debe responder a las necesidades y prioridades que señalen los propios países interesados. En todos estos principios, tal vez el más crítico en este momento es el relativo a las inversiones extranjeras. Se nos amenaza con que no presentamos un cuadro de confianza para las inversiones extranjeras. Hemos visto, en cifras, los resultados negativos de la política de capitales. ¿Quiénes lo dicen? Muchos de los que desconfían han visto en una sola generación destruidas dos veces todas las riquezas, sus valores políticos, su moneda, sus ciudades, su confianza, todo. No aceptamos el argumento de la "desconfianza". Incluso puede ser dudoso el interés en "dar confianza" cuando ella se pida para obtener beneficio a costa de nuestro desarrollo o para mantenernos al margen de las decisiones y del conocimiento tecnológico. Se nos piden "reglas de juego" que ni siquiera son propias del mundo de la abundancia como lo comprueban los espectaculares avances tecnológicos que obligan a modificar continua y radicalmente los sistemas productivos y a adoptarlos a nuevas exigencias de la competencia. El proceso de recuperación para nuestra soberanía de las fuentes de nuestra riqueza y de los centros de decisión de nuestra vida económica, es una de las reglas de juego para las inversiones competitivas y justas en América Latina. No solamente no debe esta situación ser criticada, sino mirarse, al contrario, con interés positivo. Porque el desarrollo industrial moderno es solidario y no puede basarse en la dependencia sino en la competencia, a riesgo de destruir mercados potenciales indispensables para la propia economía de los plenamente desarrollados. Nuestro desarrollo integrado y sostenido es la propia garantía para las sociedades más avanzadas del mundo. Debemos mantener con el resto del mundo, como dijo el Presidente Lleras en la reunión de Presidentes de Bogotá, en 1966, "normales relaciones económicas y libertad para el movimiento de capitales; pero no economías de tipo colonialista, cualquiera que sea la apariencia de prosperidad que ofrezcan. Por eso hemos sostenido la necesidad de una política sobre la inversión extranjera que combine, armoniosa y justamente, los legítimos intereses de ésta con la permanente de nuestras naciones, con lo que queremos y debemos ser." El tiempo corre en contra de América Latina. No podemos combatir separadamente los elementos de la dependencia económica, esperando que con ello se diluirá la subordinación psicológica y disminuirá luego la cultural. No hay tiempo para ello. La conciencia de que debemos ser plenamente independientes tiene que ser simultánea a la acción que persigue y lograr esa independencia. Cuando el acto de conciencia coincide con la acción realizadora, eso se llama acción política. Acuerdos políticos entre unos y otros países Latinoamericanos: integración económica, comercio bilateral justo, integración física, rechazo absoluto al uso de la fuerza. Actos conjuntos respecto de otros Continentes, de otras potencias, de las metrópolis. Esta es una época de decisiones en América Latina, pero no una de ideologismos. Precisamente porque estamos más allá de los estériles y divisorios doctrinarismos es que podemos tomar conscientemente actitudes políticas. No estamos en época de rechazar a ningún país de América Latina para este esfuerzo. La más alta legitimidad moral y política en América Latina se manifiesta en la búsqueda conjunta de la independencia. Este pluralismo latinoamericano es también un valor occidental básico. La capacidad de negociación de cada uno de nuestros países, aislados, es tan pequeña que hemos quedado impotentes frente a la permanente excusa diplomática de las grandes potencias de que hechos circunstanciales como la devaluación, la crisis del oro, la balanza de pagos, los problemas bélicos, las múltiples dificultades internas que ellas sufren, incluso las divergencias entre sus poderes públicos, impiden resolver los asuntos que nos interesan. Se nos ha pedido paciencia, mesura y diálogo. Después de 20 años de haber seguido ese camino, los resultados son dramáticamente negativos. No hemos tenido éxito en esta estrategia. Pero hay una alternativa. El sistema latinoamericano, que consiste en un conglomerado de propósitos, de medidas, de valores y de legitimidad netamente latinoamericano, permitirá nuestra salvación histórica como un conjunto y por lo tanto, la de cada uno de los países que lo forman. El sistema que traduce en la afirmación de la personalidad internacional de América Latina, en la presencia latinoamericana en todas y cada una de las grandes cuestiones que nos afectan, y que no podrían ser responsablemente resueltos sin una creciente y decisiva participación latinoamericana. Se trata de un sistema continental de relación con los países Industrializados, especialmente con los Estados Unidos; de un sistema que promueve los esfuerzos de integración económica regional; pero se trata también de un sistema de relaciones políticas entre los propios Estados latinoamericanos. El sistema Latinoamericano involucra una concepción superior a la pluralidad de ideologías políticas que se enfrentan en el seno de cada una de las naciones latinoamericanas; dichas ideologías y las organizaciones que las sustentan se apoyan en una conciencia naciente de la realidad latinoamericana, viendo en ella, más o menos confusamente, un plano de nueva vida colectiva. La originalidad del sistema Latinoamericano, su realidad propia, había sido anticipada por Bolívar hasta plantearse en términos que anuncian los de hoy aunque no lleguen a coincidir exactamente con ellos, porque el desarrollo económico de la producción, el desarrollo técnico de los transportes, el desarrollo político de la democracia, el desarrollo social de la sociedad de masas, no había alcanzado el nivel en que ahora se sitúa: como elección de un modo de existencia social conjunta que, desde dentro de cada país, se proyecta sobre la común esfera latinoamericana, para fortalecer desde ésta la situación interna de cada una de las sociedades nacionales partícipes en esa más amplia sociedad común. El sistema Latinoamericano, como expresión de nuestra condición común de países en desarrollo, aparece estrechamente ligado con dos tareas que impone esa condición específica a las naciones Latinoamericanas: desarrollo económico-social e integración. En el primer aspecto es necesario tener presente que los fenómenos de transformación operados en el plano de los grupos o sociedades nacionales y los que se llevan a cabo en el plano de la sociedad continental son mutuamente interdependientes y complementarios. Transformar nuestra América Latina implica reorganizar las comunidades nacionales latinoamericanas desde una perspectiva latinoamericana. Ocurre lo mismo en el proceso de la integración latinoamericana regional y subregional, en que todos y cada uno de los actores y grupos comprendidos en el fenómeno de integración advierten con claridad meridiana que no podrían conseguir la forma de vida que proyectan y que se esfuerzan en alcanzar, por sí solos, de manera que necesitan insertarse bajo un sólido nexo, en un único sistema. El proceso de constitucionalización de ese sistema, su transformación en auténtica comunidad, vendrá después y sólo una miopía histórica impedirá verlo ya en marcha. El sistema Latinoamericano determina que lo que hace cada uno y la forma en que quiere vivir depende de lo que los demás hagan y de la forma en que vivan; el programa de acción latinoamericano se ha interiorizado en un "Consenso" y su unidad incorpora desde dentro de sus pueblos a una vida conjunta. Por eso, el consenso entre países vinculados por toda clase de intereses y memorias, como son los latinoamericanos, tienen una facultad creadora en el sentido político internacional y nacional. El consenso latinoamericano crea la legitimidad de los postulados comunes. Señores Miembros del Parlamento Latinoamericano: Ustedes conviven a diario y son mandatarios de las angustias más heterogéneas de los habitantes de nuestros países, vuestra participación en el ámbito de las instituciones latinoamericanas, es desde ya una contribución decisiva a la intensa y rica variedad de asociaciones que deben unirnos. Podéis configurar de acuerdo a vuestra voluntad política los sistemas económicos, los ordenamientos jurídcios, los ámbitos culturales y más aún la vida cotidiana. Nada es insignificante para unirnos y desarrollarnos. Foros como este Parlamento producen fructuosos contactos que permiten ubicar de un modo más preciso nuestros propios problemas peculiares. Desarrollan provechosos contactos que hacen más productivos los intercambios económicos, más intensivos los éxitos de las diversas experiencias sociales de nuestros pueblos, extienden la base de la creación artística y reaniman los contactos más rutinarios como el turismo y reasignan a las formas de comunicación social como el deporte y el folklore su verdadero sentido de amistad. Pero no hay un naturalismo integracionalista, pues ni los contactos personales ni el pasado eternamente recordado ni los vínculos funcionales que se organizan serán capaces por sí mismos, de hacer crecer el sentido de una misión federada. Los intereses comunes pueden aumentar la eficacia pero no serán capaces de sostener, en definitiva, una experiencia dinámica y de integración pacífica y consensual. ¿De qué manera América Latina llegará a ser una? No por la fuerza de la espada ni por la retórica de la palabra. Son los innumerables actos cotidianos y las decisiones compartidas en el proceso de integración, son las actitudes conjuntas en la batalla por una relación económica y comercial justa frente a las potencias desarrolladas, es la tenacidad de los gobiernos en un camino árido y la comprensión de los pueblos frente a las tareas complejas y duras lo que unirá a América Latina. La voluntad política debe aplicarse hoy en materias que en el pasado aparecían como secundarias en la relación de amistad de los pueblos. Las formas que tomó en el pasado la relación especial de todos los países latinoamericanos entre sí, relación única en el mundo, por su persistencia, son reemplazadas o más bien revitalizadas por la acción conjunta en materia económica, financiera, comercial y tecnológica. Si antes ya lo hicimos con generosidad, ¿por qué no realizarlo ahora? La amistad entre Chile y Colombia ha sido ejemplar y fecunda desde nuestra independencia pero particularmente durante las Presidencias de dos estadistas, los Excelentísimos Señores Frei y Lleras, que han entregado sus mejores energías a la unidad entre nuestros pueblos y de toda América Latina. Oportuno es recordar que hay para ello un fundamento histórico ejemplar. En 1922 Chile y Colombia firmaron un Tratado llamado de Amistad, Liga y Confederación que no solamente comprometió entre ambas naciones una buena amistad sino una amistad perpetua, pero ese tratado fue más allá al crear entre ellas un completo Mercado Común. Esta historia y esta realidad presente expresan una relación especial Latinoamericana que supera en profundidad la de cualquiera de nuestros países con cualquier país no latinoamericano. No eran vanas palabras las del pasado y no lo serán las del presente. Los hechos son el lenguaje que mejor se comprende. Y estamos expresando nuestra perpetua amistad con hechos. Hace tres años el Presidente Freí lo dijo: "Muchos pensarán que esto es un sueño. Muchos dejarán oír su voz de escepticismo. Muchos seguirán sembrando la desconfianza; pero aquí, en Bogotá, está viva la sombra de un hombre que luchó por estos ideales y que fue capaz de hazañas que aún nos estremecen". Exposición del ingeniero Carlos Sanz de Santamaría, Presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), ante la IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el día 5 de agosto de 1969. En Lima, hace poco menos de cinco años, tuve la satisfacción de asistir a una de las reuniones de la Asamblea Constitutiva del Parlamento Latinoamericano, cuando fui invitado como Presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), a presentar algunas observaciones sobre el desarrollo de nuestro continente. Desde esa reunión de Lima, a ésta que hoy nos congrega, en Bogotá, son muchos los acontecimientos que han tenido influencia decisiva en el trascendental proceso del desarrollo y de la integración económica de América Latina, al cual este Parlamento ha vinculado, primordialmente, la razón de ser de sus labores. Para mí, nacido en tierra colombiana, en esta ciudad a la cual tanto debo, es motivo de profunda satisfacción volver a ella en funciones del cargo internacional que transitoriamente ocupo. Aquí, en este mismo recinto, compartí con distinguidos parlamentarios que hoy asisten a esta reunión, las labores de buscar mejores rutas para la transformación de nuestra sociedad. Volver al Parlamento colombiano por unos pocos minutos y distraer la atención de mis antiguos compañeros en los debates parlamentarios y de las importantes delegaciones latinoamericanas y de otros sectores del mundo que aquí se encuentran, constituye para mí un señalado honor. Pienso que el Parlamento Latinoamericano, institución nacida de una idea feliz, es un órgano valioso en esta hora, en la que aceleramos los esfuerzos que desde hace un siglo realizan los países de América Latina para volver a encontrar su unidad, perdida al día siguiente de la Independencia. En la antigua Colonia éramos, por lo menos, una comunidad espiritual, si no un mercado común, tal como ahora lo entendemos. Luego fuimos islas incomunicadas, y pasamos mucho tiempo construyendo murallas y cavando zanjas entre nosotros. Verdad es que, siguiendo el pensamiento de Bolívar, estadistas e intelectuales en cada país luchaban por volver a la antigua comunidad, y ese pensamiento, mantenido a través de los años, es el que ahora comienza a dar frutos. Uno de ellos es este Parlamento Latinoamericano. La Alianza para el Progreso es otro fruto de esa constante y fecunda línea de pensamiento, y a su lucha por el desarrollo y a la necesidad de asentar su sistema sobre bases sólidas,, están vinculados los Parlamentos de América Latina, desde que aprobaron el Protocolo de Buenos Aires. A la hora de su nacimiento, la Alianza despertó en nuestros pueblos esperanzas demasiado grandes. La realidad difícil ha demostrado la distancia que hay de esos sueños hasta ella, y en nuestros países han surgido desengaños y frustraciones. Sin embargo, creo que estos años jalonados de escasos triunfos, han sido útiles. Mucho hemos aprendido en su curso. Nuestros países saben ya planear, se conocen mejor a sí mismos y evalúan mejor sus recursos y necesidades. Cada vez son más los convencidos de la imprescindible necesidad del desarrollo y de la integración. Y cada vez estamos más seguros de que solamente la decisión y el trabajo internos y la mutua colaboración de nuestros países puede asegurar un progreso continuado y autónomo. Sin duda, ha sido igualmente útil para Estados Unidos, que es la otra parte de la Alianza. A través de ella ha tomado contacto directo con la realidad de América Latina. El hecho de que Estados Unidos haya sabido recoger puntos de vista latinoamericanos, que en ciertos instantes le parecieron muy alejados de los suyos, muestra también cuan valiosa es la experiencia que se ha ganado en estos años en ambas partes de la Alianza. Las conclusiones a que acaba de llegar el Subcomité de Asuntos Interamericanos del Congreso de los Estados Unidos, expresadas por su distinguido Presidente, señor Dante B. Fascell, quien se encuentra aquí con nosotros, lo demuestran también. En el informe sobre "nuevas orientaciones para la estrategia del desarrollo interamericano en la década de los setentas" presentado hace dos semanas, se expresa muy acertadamente "que si la marcha del progreso de América Latina debe acelerarse en la nueva década, de manera que produzca los resultados que con urgencia esperan los pueblos de este Continente, es indispensable conformar e instrumentar una nueva estrategia de desarrollo" y específicamente que para lograr ésos resultados, "es necesario intensificar el ritmo de las reformas internas; concebir métodos nuevos y más viables de la cooperación interamericana y cambiar las modalidades de asistencia externa, más bien que su volumen". En el deseo de conformar esa nueva estrategia, el Presidente Nixon, en el discurso que pronunciara el 14 de abril, manifestó el propósito del Gobierno de los Estados Unidos, de trabajar conjuntamente con los latinoamericanos sobre programas y proyectos, y luego decidió el envío a América Latina de la misión presidida por el Gobernador Nelson Rockefeller. Atendiendo a esa sugerencia del Presidente Nixon, los países latinoamericanos formularon el "Consenso de Viña del Mar", importante documento que el Canciller de Chile, don Gabriel Valdés, puso en manos del Jefe del Ejecutivo norteamericano. Ese documento tiene, a mi modo de ver, dos ventajas principales: haber reunido la voluntad de todos los países latinoamericanos en una expresión de común solidaridad; y sintetizar en breves términos los aspectos más importantes de la posición latinoamericana en sus relaciones con los Estados Unidos, recogiendo experiencia acumulada en muchos años. El intercambio de informaciones que hemos señalado anuncia una nueva etapa de importantes decisiones, en la estrategia para establecer los objetivos comunes a los países de este hemisferio. Es útil reiterar, que no son los objetivos los sometidos a revisión. Ellos señalan eficientemente las metas para el bienestar de nuestros pueblos. Se trata ahora de encontrar la vía más rápida y segura para lograrlas. Es indispensable que esta nueva etapa se caracterice por el acierto en la aplicación de modalidades, mecanismos, ritmos de acción, análisis de problemas y programas para solucionarlos, dentro de un clima de cordiales términos de negociación con los Estados Unidos. En estas circunstancias, nada más oportuno que la reunión del Parlamento Latinoamericano, en cuyo seno los representantes democráticamente elegidos por nuestros pueblos pueden trazar las líneas generales para una colaboración adecuada, que permita a los Parlamentos nacionales realizar ajustes de legislación destinados a facilitar el cumplimiento de las metas de la Alianza, que debe ser ahora más realista y eficaz. Enfocar la visión de los parlamentarios, del horizonte doméstico a los amplios horizontes continentales y establecer contactos con los demás países, es dar al legislador latinoamericano una visión panorámica que antes no estaba tan cercana, pues le faltaba este órgno que hoy aparece cómo indispensable: el Parlamento Latinoamericano. Por eso califiqué de feliz la idea que dio lugar a su institución, y por eso auguro que sus reuniones serán cada vez más fructíferas para la gran tarea de restablecer la unidad latinoamericana, básica para lograr el desarrollo económico-social que es el objeto de la Alianza. Estabilizar el comercio de productos básicos, diversificar la producción, facilitar la exportación de productos semimanufacturados y manufacturados a los mercados mundiales, dar paso a la realización de obras multinacionales, movilizar a fondo los recursos humanos, mejorar las condiciones injustas en que transcurre la vida de las mayorías, exigir el cabal cumplimiento de las obligaciones que comporta la Alianza a ambas partes del Tratado y multilateralizar el financiamiento externo, he aquí algunas de las grandes tareas de ayer que se proyectan al futuro, y en las cuales, con frecuencia, los Parlamentos deberán colaborar, desde su esfera de acción, al tomar medidas legislativas que le permitan a cada país realizar su parte dentro del esfuerzo común. Pese a todas las críticas adversas y a todos los fracasos, en la primera década de la Alianza, los países latinoamericanos han demostrado -en diversa medida, unos más que otros, pero cada cual según su circunstancia- que son capaces de realizar las transformaciones sociales y económicas a que se comprometieron en Punta del Este. A esta empresa han consagrado un volumen de ahorros públicos evidentemente superior a lo que se esperaba en 1961. América Latina ha demostrado su capacidad para incrementar el esfuerzo propio. La Alianza representa predominantemente la gran acción política de nuestro tiempo: la revolución del desarrollo. Esperamos que en los Estados Unidos y en el resto del mundo industrial esto sea bien comprendido. Y lo esperamos también de parte de los países latinoamericanos, cuyos pueblos están representados en los Parlamentos Nacionales. América Latina ha venido perdiendo participación constantemente en los mercados mundiales -incluidos los de Estados Unidos- y a causa de ello se ha visto afectada por una angustiosa inestabilidad en sus ingresos de exportación, provenientes en su mayoría de productos básicos, a los cuales se da con frecuencia trato discriminado. El fenómeno, extremadamente inquietante, exige una solución a corto plazo, que bien podría obtenerse con la modificación de políticas proteccionistas, lo que no siempre exige reformas estructurales. A largo plazo, América Latina tiene que liberarse de la servidumbre de los productos básicos, diversificando sus exportaciones, no sólo con el fin de sustituir importaciones, sino con el competir en los mercados mundiales. Para ello habrá de realizarse una doble acción coordinada, creando condiciones favorables para esa transformación dentro de cada país y buscando en los mercados mundiales una recepción equitativa y firme a la nueva forma de participación latinoamericana. En esta labor, que es ardua e imprescindible, tienen su tarea los Parlamentos Latinoamericanos. Están aquí presentes, observadores de países europeos y de otros continentes, cuyas relaciones económicas y políticas con los países latinoamericanos señalan también la necesidad de ampliar las grandes posibilidades del desarrollo con beneficio para toda la comunidad de naciones. Creo que es oportuno señalar aquí, por ejemplo, que el Sistema Monetario Internacional, en la forma como opera y es manejado por las grandes naciones, no favorece las necesidades urgentes de financiamiento que requieren los países en vías de desarrollo, ni las condiciones en que se otorga. Entre ellas, las tasas de interés que son ya demasiado elevadas para las inversiones en el desarrollo. Más aún, la vinculación estrecha de nuestras monedas con las llamadas "duras" hace que una etapa inflacionaria en algunos de aquellos países, tenga repercusiones severas en los precios internos de los nuestros. Hace diez días los países miembros del Fondo Monetario Internacional aprobaron modificaciones del Convenio de Bretton Woods, entre las cuales una autoriza el establecimiento de los "derechos especiales de giro", llamados también "oro-papel". Buena noticia. Sin embargo, es importante que nuestros países contribuyan a que esa nueva forma de ampliar la liquidez monetaria internacional, sea puesta en vigencia en el menor término posible, a fin de evitar mayores restricciones en la ya grave escasez de capital de los países en desarrollo. Además, debemos continuar gestionando conjuntamente que una parte de esos derechos especiales de giro llegue a estar destinada directamente al financiamiento del desarrollo de los países no plenamente industrializados todavía. Lo que los latinoamericanos hemos dado en llamar "los términos de intercambio" en el comercio internacional, cobija varios aspectos; uno de ellos fue señalado por el Presidente de Colombia hace pocos días, en una exposición que hiciera en los Estados Unidos al dar este sencillo y tajante ejemplo; en 1954, el precio del café era de 0.80 centavos de dólar la libra y en el mismo año un "jeep" tenía un precio de US$ 1.367, o sea, dicho en otras palabras, 14 bultos de café compraban un "jeep". .. Hoy, el precio de un "jeep" es de US$ 2.264 y el del café es de 0.40 centavos de dólar la libra: por consiguiente, se necesitan 43 bultos de café para comprar un "jeep". El camino recorrido hasta ahora en el difícil programa de la integración económica latinoamericana, señala claramente que no se trata de un acontecimiento, sino de un proceso largo y difícil; pero, a mi modo de ver, indispensable y, por fortuna para nuestros pueblos, quizás irreversible. Las características de ese proceso, más difíciles aún que las de otras regiones, señalan que es preciso tomar decisiones políticas cuando ellas sean necesarias y continuar un diálogo en negociaciones permanentes para la organización, creación y mantenimiento del mercado común. Será necesaria imaginación y decisión para que muchos de los problemas que se presentan y se presenten en el futuro tengan solución adecuada. Viendo la lentitud con que este proceso se desarrolla, a pesar de la indudable buena voluntad, nos preguntamos si estamos yendo por los mejores caminos a la práctica de los preceptos de Punta del Este, y no podemos menos que pensar que no los encontraremos si no conseguimos llegar cierto grado de integración que desdibuje las arduas fronteras regionalistas, no en los mapas, sino en los espíritus que nos permita contemplar y vivir un esbozo de la unidad latinoamericana. Para ello, será necesario un esfuerzo en el que entren todos, y en el que los Parlamentos tienen reservado un alto papel. El trasladarnos del nacionalismo que hace de cada país una fortaleza o una isla al nacionalismo que ve a América Latina como la Patria Grande, es la meta a la que todos debemos dirigirnos, y para conseguirla no hay ayuda externa posible: solamente nosotros podemos ser los artífices de esta transformación. Las realidades del mundo moderno imponen a América Latina para superar la etapa del aislamiento. Cuando Bolívar, hace 143 años, envió a los Presidentes de América Latina su invitación para que asistieran al Congreso de Panamá, les decía: "Si Vuestra Excelencia no se digna adherir a él, preveo retardos y perjuicios inmensos, a tiempo que el mundo todo lo acelera, pudiendo acelerarlo en nuestro daño". El movimiento del mundo que todo lo acelera, como lo previo el Libertador, ha acelerado en nuestro daño; se han producidos los "retardos y perjuicios inmensos", que él temía, porque fracasó su esfuerzo para restablecer la unidad latinoamericana después de la Independencia. Ese es el daño que hemos de reparar y la tarea se presenta inmensa. Para vencer ese retraso será menester que el pueblo latinoamericano deje de ser espectador y pase a ser vigoroso actor. Las ideas que precedieron a los esfuerzos actuales y que impulsan los futuros, deben salir de los gabinetes de estadistas e intelectuales creadores, para hacerse camino en la voluntad popular, pues solamente de ella puede venir el impulso definitivo. Los aumentos en la productividad regional y aún el mejoramiento sustancial del ingreso por habitante en cada uno de nuestros países, si bien indican que hay progreso, poco representan para los pueblos, si continúan existiendo grupos marginales muy numerosos, que no se incorporan a la vida nacional. Para ello no solamente será menester mejorar la educación y aumentar la ocupación productiva, sino la creación de un nuevo espíritu, colectivo, una nueva mística, una solidaridad mayor que los mueva socialmente a ser los promotores del bienestar nacional y regional. ¿Estamos produciendo ese efecto con los instrumentos que ha perfeccionado la puesta en marcha de los principios de Punta del Este? Quizás no en la medida necesaria para lograr esa transformación. Pero sé que el genio de América Latina es capaz de lograrla. Estas inquietudes, en ningún caso deben dar asidero al desaliento: muestran la magnitud del desafío que se nos ha hecho y su misma gravedad está enseñando que sólo nosotros podemos encontrar los sistemas adecuados para el desarrollo económico y el progreso social. La integración latinoamericana y proceso de desarrollo económico y social están estrechamente relacionados. Sólo podrá acelerarse ese proceso, si los países se orientan hacia el aprovechamiento del mercado ampliado, la utilización de los recursos naturales comunes, la promoción de proyectos multinacionales y la complementación de industrias, en un impulso común de arbitrar medidas adecuadas para eliminar las trabas geográficas o formales que impiden que América Latina sea el mercado de América Latina. La importancia del Parlamento Latinoamericano en relación con las obras multinacionales y la planificación regional es evidente. Si en sus sesiones se conviene en realizar acciones en estos campos, los legisladores que asisten a ella, al retornar a sus países, podrían cumplir campañas definitivas por su importancia, dentro de sus Parlamentos y en los medios ciudadanos que en ellos confían, y que los han elegido. La reforma del sistema regional, para que éste se adecuara a las nuevas realidades de orden político, económico y social en el ámbito hemisférico y al creciente anhelo de los pueblos latinoamericanos por acelerar su desarrollo y su integración, tuvo el respaldo de una elocuente expresión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano. Asimismo, la consideración y el análisis que las diferentes Comisiones del Parlamento han prestado a un proyecto de Tratado de Comunidad Económica Latinoamericana y a la actividad gremial y sindical en relación con el proceso de desarrollo de América Latina, configuran un movimiento de preparación y orientación de la opinión pública, realizado en circunstancias no siempre alentadoras. El momento habrá de llegar en que una más amplia función representativa sea realidad. Empero, las dificultades actuales no deben disminuir la urgencia y el énfasis de las tareas de hoy. El carácter de foro internacional que tiene el presente Parlamento Latinoamericano, a cuyas reuniones concurren legisladores, miembros autorizados de los Parlamentos Nacionales de los Estados de América Latina, y a las que también asisten, como observadores, representantes de otros cuerpos legislativos y de los organismos internacionales, le permiten desarrollar una labor didáctica de gran trascendencia. Si se me permite señalar un ejemplo -sin ánimo de invadir jurisdicciones muy ajenas a las mías-, diría que un estudio realizado por el Parlamento Latinoamericano, con la presencia y cooperación de representantes del Congreso de los Estados Unidos, acerca del carácter y alcance de las obligaciones asumidas por las partes en la Carta de Punta del Este, en el Protocolo de Reformas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y de la forma de 'hacer más expedito el cumplimiento de esos acuerdos constituiría un aporte de significativa importancia y proyección. El Parlamento Latinoamericano y los Parlamentos Nacionales que por propia voluntad lo integran, pueden ofrecer en sus respectivas esferas de acción la inapreciable contribución de respaldar y fortalecer el carácter multilateral de los compromisos suscritos para acelerar el desarrollo económico y social de América Latina y para complementar el esfuerzo propio que ello implica, con la cooperación financiera y técnica de los Estados Unidos, y de otros países industriales y, sobre todo, con el mejoramiento de las condiciones del comercio internacional. La acción debe adecuarse al tiempo, y el tiempo de hoy exige a los hombres de América Latina empleados en tareas directivas, coordinación y planeamiento y tener una mirada que, abarcando los horizontes nacionales, sea capaz de proyectarse al horizonte de la Patria Grande. Siempre vivió América Latina la conciencia de la unidad, la conciencia de la integración: movilizarla, convertirla en la acción cotidiana, en la dinámica de nuestro tiempo, esa es la gran tarea que han asumido los parlamentarios latinoamericanos, cuya bondadosa atención agradezco. Muchas gracias. Los Jefes de las Delegaciones Parlamentarias de Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela, concurrentes a la IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, Considerando: 1º.- Que la suscripción de los Acuerdos sobre Corporación Andina de Fomento y Mercado Subregional Andino, involucra la puesta en marcha de un esfuerzo común, coordinado y armónico, hacia la integración económica de sus países; 2º.- Que para la mejor y completa consecución de ese propósito es necesario un conocimiento recíproco de las realidades de los países aunados en esa tarea, por parte de los miembros de los Parlamentos Nacionales. En efecto, en la medida en que los parlamentarios están llamados a formar y formarse opinión acerca de los factores que favorecen o dificultan la integración, y a concurrir con su voluntad a la aprobación de los acuerdos multinacionales, resulta de primordial importancia que ellos tengan un conocimiento directo de cada uno de los países y discutan en conjunto sus puntos de vista, Acuerdan: Constituir, dentro del marco del Parlamento Latinoamericano, un subgrupo parlamentario, con el propósito de celebrar reuniones periódicas en cada uno de los países concurrentes, a invitación del respectivo Parlamento Nacional, para conocer y discutir conjuntamente las condiciones económicas y sociales que presenta cada una de sus naciones frente al esfuerzo integrativo. Bogotá, a 7 de agosto de 1969. Tomás Guillermo Elios Bolivia. Ramiro Andrade Colombia. Tovias Pablo Chile. Pedro José Arteta Ecuador. Jorge Dager Venezuela. Bogotá, D. E., 6 de agosto de 1969. Señores Presidente, Secretario General, Legisladores del Parlamento Latinoamericano. Bogotá, Colombia. Distinguidos compatriotas latinoamericanos: Por generosa comprensión de la Dirección del Parlamento Latinoamericano y del Congreso colombiano tenemos el honor y la satisfacción de poder seguir compartiendo con los representantes de nuestra América el esfuerzo integrador a nivel político iniciado en Lima hace cinco años. El Parlamento de nuestro querido país, la República Argentina, aún no funciona. Perdura para nuestra tristeza el tiempo de los comandantes. Perdura victoriosa la sola fuerza sobre nuestras leyes, nuestra soberanía y nuestra libertad. Este es un problema argentino al que estamos abocados darle solución los mismos argentinos. Vivimos seguros de nuestra recuperación, pero mientras ella no llegue manifestamos ante los más directos representantes de nuestros pueblos, que la patria argentina, la de histórica vocación libertaria y democrática está espiritualmente junto a ustedes. Las circunstancias negativas de una anécdota golpista no borran la limpia historia solidaria de Argentina con Latinoamérica. Nuestra muy humilde presencia aquí tiene esa significación y alienta servir esa causa y ese rumbo. La Nación Argentina no está expresada por los dictadores de hoy, sino por su historia de siempre. Con la aspiración de esta afirmación sirva para alentar el esfuerzo conjunto, estamos en Bogotá. Vaya con esa esperanza, el agradecimiento a tanta solidaridad y nuestro fraternal saludo. (Fdo.) : Rubén V. Blanco, (Fdo.) : Luis A. León Ex Secretario Regional del Ex Presidente del Parlamento P. L. (Rep. Argentina). Latinoamericano (Rep. Argentina). Señor Presidente: La delegación fraternal del Perú ante la IV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano expresa su saludo cordial, por su digno intermedio, a las delegaciones hermanas en esta cita de Bogotá. Las circunstancias históricas que rodean el presente certamen constituyen la más alta expresión de los ideales de nuestra organización. Se cumplen 150 años de la epopeya de la libertad. En Boyacá se selló con la independencia de Colombia, el camino de Pichincha, Junín y Ayacucho. Fueron las grandes batallas por la libertad de nuestra América. Y con el genio creador de Bolívar, se inicia este proceso de integración que tuvo en vida del Libertador su más alta expresión en el Congreso de Panamá. Por eso, tenía que ser la tierra de Colombia, que tanto amó Simón Bolívar, y que tanto amamos todos los que hemos nacido en el suelo de América, la sede de esta reunión. Los parlamentarios peruanos del ayer inmediato venimos aquí, señor Presidente, abrumados por la adversidad que se cierne sobre nuestro Parlamento, cuya voz ha sido acallada por la fuerza, pero que se alza vibrante en su afán de restaurar los principios constitucionales de libertad, democracia y justicia social. Creemos que es un episodio luctuoso que ensombrece nuestros cielos. Sin embargo, existe en los corazones peruanos la llama inmarcesible de restaurar lo más pronto los derechos humanos, la paz que nace de la justicia y la unión y solidaridad que conducen a la integración. En el tiempo transcurrido desde la fundación en Lima del Parlamento Latinoamericano, mucho hemos avanzado; empero faltan muchos horizontes que alcanzar. El Perú y su Parlamento tienen un rol prota-gónico en la gigantesca tarea de crear las instituciones representativas de América Latina, sobre la base de los principios rectores de los grandes forjadores de nuestras Patrias. Por eso, nada nos es más satisfactorio que participar en este evento; y agradecer a usted, Presidente, a la Delegación de Colombia, a los hermanos que integran a los varios Parlamentos ante esta reunión, por su hospitalidad y hacer votos por el éxito completo de sus deliberaciones y acuerdos. El mundo espera de nosotros un encausamiento de nuestras instituciones y no solamente que sigamos siendo el mercado de importaciones de bienes de capital y exportadores de materias primas o semielaboradas. Junto con la modificación de los términos del intercambio, entre otros aspectos que se deben enfocar en lo económico, nuestro Gobierno e instituciones representativas, el Parlamento Latinoamericano, así como el Parlamento europeo de la Comunidad Económica y el Mercado Común, tienen una significación extraordinaria en nuestro tiempo. Andrés Townsend Ezcurra, Carlos Manuel Cox, Ex Presidente de la Cámara de Ex Presidente del Senado Diputados del Perú del Perú.