REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACIÓN OFICIAL LEGISLATURA 309ª, EXTRAORDINARIA SESION 9ª, en jueves 13 de noviembre de 1969 Especial (De 10.43 a 19.41) PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TOMAS REYES VICUÑA, PRESIDENTE, Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, VICEPRESIDENTE. SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESION III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS IV.- LECTURA DE LA CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA: Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece normas sobre remuneraciones para las Fuerzas Armadas, Carabineros y Servicio de Investigaciones (queda pendiente el debate) Anexos. DOCUMENTOS: 1.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre impuesto en favor de comunas asiento de industrias textiles 2.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre imponibilidad de remuneraciones de trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 3.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre sanciones por incumplimiento de actas de avenimiento o fallos arbitrales 4.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que transfiere los bienes de una herencia yacente a la Corporación de la Reforma Agraria 5.- Segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el proyecto sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones 6.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto sobre previsión para periodistas VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Aguirre Doolan, Humberto; Altamirano Orrego, Carlos; Allende Gossens, Salvador; Ballesteros Reyes, Eugenio; Campusano Chávez, Julieta; Carmona Peralta, Juan de Dios; Carrera Víllavicencio, María Elena; Contreras Tapia, Víctor; Corvalán Lépez, Luis; Chadwick Valdés, Tomás; Duran Neumann, Julio; Ferrando Keun, Ricardo; Fuentealba Moena, Renán; Garcia Garzena, Víctor; Gumucio Vives, Rafael Agustín; Hamilton Depassier, Juan; Ibáñez Ojeda, Pedro; Irureta Aburto, Narciso; Isla Hevia, José Manuel; Jerez Horta, Alberto; Juliet Gómez, Raúl; Luengo Escalona, Luis Fernando; Miranda Ramírez, Hugo; Montes Moraga, Jorge; Morales Adriasola, Raúl; Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro; Ochagavia Valdés, Fernando; Pablo Elorza, Tomás; Palma Vicuña, Ignacio; Papic Ramos, Luis; Prado Casas, Benjamín; Reyes Vicuña, Tomás; Rodriguez Arenas, Aniceto; Silva Ulloa, Ramón; Sule Candía, Anselmo; Tarud Siwady, Rafael; Teitelboim Volosky, Volodia; Valente Rossi, Luis; Valenzuela Sáez, Ricardo, y Von Mühlenbrock Lira, Julio. Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamata. II.- APERTURA DE LA SESION. -Se abrió la sesión a las 10.43, en presencia de 15 señores Senadores. El señor PABLO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS. El señor PABLO (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 7º, que no ha sido observada. El acta de la sesión 8 a queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación. (Véase en el Boletín el Acta aprobada). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PABLO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios. Seis de la Honorable Cámara de Diputados. Con los cuatro primeros, comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en primer trámite, respecto de las observaciones formuladas a los siguientes proyectos de ley: 1) El que establece un impuesto a los productos textiles en beneficio de las Municipalidades en cuyas comunas existen industrias de ese ramo (véase en los Anexos, documento 1). Pasa a la Comisión de Hacienda. 2) El que hace imponibles ciertas remuneraciones anexas del personal de empleados y obreros de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (véase en los Anexos, documento 2). Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso. 3) El que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a sanciones por incumplimiento de acuerdos contenidos en actas de avenimiento, contratos colectivos o fallos arbitrales (véase en los Anexos, documento 3). Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 4) El que autoriza al Presidente de la República para transferir a la Corporación de la Reforma Agraria los bienes quedados al fallecimiento de don Francisco Urrutia (véase en los Anexos, documento 4). Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización. Con los dos que siguen, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado a los proyectos de ley que se indican: 1) El que autoriza al Servicio Médico Nacional de Empleados para convenir con determinadas empresas un sistema de pago de subsidios por, enfermedad, y 2) El que destina recursos para la construcción de viviendas destinadas a determinados funcionarios del Poder Judicial. Se manda archivarlos. Dieciocho de los señores Ministros de Obras Públicas y Transportes y de Salud Pública, y del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señora Campusano (1) y señores Aguirre Doolan (2), Baltra (3), Contreras (4), Duran (5), Jerez (6), Montes (7), Morales (8), OCHAGAVIA (9), Silva Ulloa (10), Sule (11) y Valente (12): 1) Viviendas para funcionarios públicos en Copiapó. Agua potable de Andacollo. 2) Problemas de Hospital de El Carmen. Camino entre Perquilauquén y San Carlos, y alcantarillado de Quirihue. Camino, agua potable y alcantarillado de Chiguayante. 3) Camino entre Pellahuén y Huiñilhue, y canal de regadío Laja Sur. 4) Agua potable y alcantarillado en Pica y Calama. 5) Reparación de camino de Lonquimay a paso de frontera Pino Hachado. Terminación de camino de Pucón a Villarrica. 6) Inversión del pago de peaje de Perquilauquén en Carretera Panamericana, sector San Carlos. 7) Terminación del camino TrehuacoBoca de Itata y arreglo del puente sobre el río Mela, provincia de Ñuble. 8) Reparación de caminos de Cochrane a Bertrand y de Quicaví a Montemar. 9) Obras públicas en las provincias de Aisén y Magallanes. Alcantarillado para Chonchi. 10) Alcantarillado en población Chile, Antofagasta. 11) Ampliación de red de agua potable en San Vicente de Tagua Tagua. Obras públicas en provincias de O'Higgins y Colchagua. 12) Obras públicas en provincias de Tarapacá y Antofagasta. -Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes. Segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para dictar normas relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Servicio de Investigaciones (véase en los Anexos, documento 5). Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en las observaciones, en segundo trámite, formuladas al proyecto de ley que establece normas para la previsión de los periodistas (véase en los Anexos, documento 6). -Quedan para tabla. Moción. Una del Honorable Senador señor Luengo, con la que inicia un proyecto de ley que concede amnistía a don Valentín Alvarez López. Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor PABLO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las demás a que ha sido citada la Corporación para el día de hoy. Acordado. V.- ORDEN DEL DÍA. NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS. El señor PABLO (Presidente).- En discusión particular el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y Defensa Nacional, unidas. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 4º, en 4 de noviembre de 1969. Informes de Comisión: Hacienda y Defensa, unidas, sesión 6º, en 10 de noviembre de 1969. Hacienda y Defensa, unidas (segundo), sesión 9ª, en 13 de noviembre de 1969. Discusiones: Sesión 6º, en 10 de noviembre de 1969 (se aprueba en general). El señor ALTAMIRANO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor PABLO (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Altamirano. El señor ALTAMIRANO.- Quisiéramos que se otorgaran al Comité Socialista unos pocos minutos a fin de pronunciarnos sobre la conducta de la Mesa, que declaró improcedentes ciertas indicaciones, en especial las que tienen relación con la amnistía. Consideramos de importancia pronunciarnos acerca de este problema, razón por la cual pido al señor Presidente recabar el acuerdo respectivo de la Sala. El señor PABLO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para proceder en la forma señalada por el Honorable señor Altamirano. El señor OOHAGAVIA.- Que se dé tiempo a todos los Comités, señor Presidente, no sólo al Socialista. El señor PABLO (Presidente).- Acordado. El señor MONTES.- Pido la palabra. Propongo que, si lo tiene a bien la Corporación, se suspenda la sesión por unos diez minutos, para que podamos terminar de leer el informe de la Comisión, que nos ha sido entregado recientemente. El señor PABLO (Presidente).- Propongo a los señores Senadores tratar de inmediato la conducta de la Mesa, a que desea referirse el Honorable señor Altamirano. Lo preferiría, porque a las once y media debo recibiral señor Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Después podría suspenderse la sesión. El señor ALTAMIRANO.- Después de tratar el asunto previo. El señor PABLO (Presidente).- Tratamos primero la conducta de la Mesa y después suspendemos la sesión. Acordado. Se ha pedido dar tiempo a todos los Comités. ¿Cuántos minutos se otorgarían a cada uno? El señor TARUD.- Diez minutos El señor JEREZ.- Cinco. El señor ALTAMIRANO.- Diez. El señor PABLO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para fijar diez minutos por Comité? El señor AGUIRRE DOOLAN.- Diez minutos. El señor BALLESTEROS.- Cinco. El señor TARIUD.- Ya están otorgados diez al Honorable señor Altamirano. El señor PABLO (Presidente).- El Honorable señor Altamirano no precisó el tiempo. La Mesa ruega al Senado otorgar la palabra por diez minutos al Honorable señor Altamirano. Acordado. El señor OCHAGAVIA.- Accediendo a su gentil petición, señor Presidente. El señor ALTAMIRANO.- A juicio del Partido Socialista, la conducta observada por la Mesa fue absolutamente irregular y reñida con el Reglamento al declarar improcedentes determinadas indicaciones tendientes a conceder amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en los hechos del 21 de octubre y otros anteriores. Entendemos que la idea matriz y fundamental de este proyecto es la de resolver los problemas de las Fuerzas Armadas. Así lo ha estimado también el propio Presidente de la Corporación, Honorable señor Tomás Pablo, al declarar procedentes una serie de indicaciones que no tienen relación específica con el reajuste de remuneraciones. Por ejemplo, se han declarado procedentes y se han estudiado algunas se han aprobado indicaciones, que nada tienen que ver con ese problema, como las relativas a las viviendas para el personal de las Fuerzas Armadas y a la posibilidad de cierto desarrollo industrial de determinadas empresas que están en poder de esos institutos. Por ejemplo, tenemos una presentada por los Honorables señores Jerez, Miranda, Aguirre Doolan, Valente y Chadwick, que dispone que "la Corporación de Fomento podrá otorgar préstamos o celebrar convenios con FAMAE y ASMAR con el objeto de habilitar a estas instituciones para crear o incrementar líneas de producción de materiales y elementos no bélicos". ¿Qué tiene que ver esta indicación con el reajuste? Sin embargo, la Mesa la declaró procedente. Del mismo modo se ha actuado con otras relativas a los problemas de la salud, como aquella que permite a las instituciones del sector público servicios fiscales propiamente tales, descentralizados o empresas autónomas, efectuar donaciones en beneficio del Instituto del Tórax del Hospital Naval "Almirante Nef". Así, pues, han sido admitidas una serie de indicaciones que no tienen relación con lo sustantivo del proyecto, razón ésta que habría inducido al Presidente de esta Corporación a desestimar aquellas que concedían amnistía. Por lo demás, lo lógico habría sido que, si le merecía dudas su procedencia, como debió haberle merecido, las sometiera a la consideración de esta Sala. En vez de ello, y con el objeto de impedir la discusión del tema, por sí y ante sí, utilizando un poder omnímodo que en tal sentido le otorga el Reglamento, declara la improcedencia. Si el señor Presidente hubiera juzgado con igual estrictez el contenido general de la iniciativa, debió declarar improcedente el proyecto mismo, que, como lo manifestamos desde el comienzo, es inconstitucional, porque no tiene financiamiento; atropella abiertamente las disposiciones constitucionales, que establecen que: "no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto". Lo que afirmo es evidente, pues este proyecto autoriza al Presidente de la República para realizar gastos que, según el señor Ministro de Hacienda, en ningún caso han de ser inferiores a los 850 millones ó 900 millones de escudos, en circunstancias de que consigna recursos no superiores a los 200 millones. En consecuencia, el proyecto está desfinanciado en 650 millones ó 700 millones de escudos. Sostener que el financiamiento total se obtendrá posteriormente, mediante otros proyectos, es sentar un gravísimo precedente, porque en igual forma podrían votarse mañana gastos en obras públicas diciendo que los recursos se obtendrán después, según cuál fuere el costo resultante. Y así, podríamos mencionar decenas de ejemplos más. Por lo tanto repito para proceder en forma estricta, el señor Presidente debió haber declarado la improcedencia, por inconstitucional, del proyecto mismo. Los socialistas no nos amparamos en triquiñuelas legales. Dejamos establecida esta situación, pero no hemos hecho cuestión de ella porque nos interesa resolver el problema general de las Fuerzas Armadas y no valemos de recursos más o menos tinterillescos. Por lo demás, todo lo que aquí ha ocurrido es altamente irregular. Venir, pues, a la hora undécima a reparar en el mecanismo reglamentario y de tipo legal resulta grotesco y absurdo. El señor Presidente sabe muy bien que esta iniciativa tiene su causa en una imposición producida a raíz del pronunciamiento militar del 21 de octubre. En esa oportunidad se levantó un acta, que no ha sido desconocida, en la cual se plantean el envío al Congreso de este proyecto y una serie de cosas más. Con el objeto de no alargar mi intervención, puesto que me han limitado el tiempo, me hago eco de lo que escribe un columnista del diario "Clarín", bajo el seudónimo de Lord Callampa, y que manifiesta algo en lo cual nosotros concordamos en forma absoluta. Dice: "Un representante del Presidente de la República se apersona ante los amotinados y parlamenta con ellos, llega a una transacción, suscribe un acta y así pone término a la toma de un regimiento. El acta se publica, nadie la desmiente y, por si quedaran dudas, desde el mismo día en que se firmó comienzan a cumplirse las estipulaciones con una rigurosidad que bien se quisieran los litigantes en un juicio ordinario. Ningún juez podrá dudar de la existencia y validez del acta al comprobar la forma exacta, honesta y estricta como se efectuaron los cumplimientos. "Pero como estamos en Chile y hay que guardar las formalidades legales, se incoa un proceso ante la justicia militar. Me impuse de las alegaciones de los abogados y no encontré en ninguna parte la simple argumentación de que quien pacta con los amotinados se convierte, por ese solo hecho, en coautor o, por lo menos, cómplice del delito. Y si ese personero sostiene actuar en nombre de alguien con mayor jerarquía, ese "alguien" o lo desmiente o pasa a ser también partícipe del acto delictuoso." En otras palabras, aquí se plantea derechamente el asunto de que si el pronunciamiento militar tenía el carácter de acto sedicioso, el Presidente de la República no podía enviar un personero a parlamentar, porque se hacía partícipe de esa acción: Más adelante agrega el articulista: "La justicia militar encarga reo al jefe uniformado por un delito que se sanciona con la pena de muerte; esto después de que un representante del Presidente de la República pacta con él, y tanta sería la razón de la protesta que explotan a la mañana siguiente los Altos Mandos; el día de los alegatos concurren a la Corte Marcial coroneles, capitanes, tenientes, suboficiales y hasta soldados. Si se trata de una subversión o de un motín, bastaría esa asistencia solidaria para que se diera de baja a esos hombres. Nadie piensa en ello, pues todo es disparatado y casi febril. En todo caso no tiene seriedad, es una verdadera farsa, una faramalla en la que nadie cree. Entonces, ¿para qué?, ¿qué objeto tiene seguir con la apariencia de un juicio que estaba terminado mucho antes de iniciarse?". En síntesis, a juicio del Partido Socialista, el señor Presidente de esta Corporación se ha asilado en una simple triquiñuela legal, bastante discutible, para impedir que en el Senado se discuta y analice el problema general de las Fuerzas Armadas y, en especial, lo relativo a la amnistía. Si nos atenemos a los preceptos de nuestra Carta Fundamental, el proyecto es inconstitucional; si nos ceñimos a la práctica y tradición existentes en nuestro país, jamás debió haberse producido la situación planteada, la cual ha motivado que la iniciativa en estudio sea consecuencia de la presión de un sector importante del país, como es el militar. Por eso, a nuestro juicio, no hay ningún fundamento para haber declarado la improcedencia de las indicaciones. Sin duda, lo que ha querido la Mesa, de acuerdo con el Presidente de la República y el Gobierno, es sustraer del debate de esta Alta Corporación un problema sustantivo y fundamental para resolver la situación militar en su conjunto, que implica, entre otras materias, lo referente a la amnistía, en circunstancias de que admitió a discusión, como expresé, asuntos no propiamente relacionados con el reajuste sino ajenos a él, como la salud, la vivienda, el desarrollo de cierto tipo de industrias que interesan y convienen al país y a su defensa y aquellos que dicen relación al empleo de los gastos reservados. Por ejemplo, se aprobó una indicación por la cual se obliga al Poder Ejecutivo a dar cuenta de los gastos reservados. Por eso, nosotros protestamos por esta situación. Creemos que se ha procedido arbitrariamente. Consideramos que se ha transgredido el Reglamento, y si aún no hemos tomado la decisión de censurar a la Mesa, es porque tenemos clara conciencia de que el Partido Nacional la está apoyando. Hay una confabulación para hacer aparecer en pugna a la Democracia Cristiana con el Partido Nacional; pero, en definitiva, sabemos que la Mesa formada por los Honorables señores Tomás Pablo y Alejandro Noemi se mantiene por voluntad de la Derecha. Y por voluntad de la Derecha también ha declarado improcedentes, en forma antirreglamentaria, indicaciones que, sin duda, debieron por lo menos haber sido aceptadas a discusión. El señor OCHAGAVIA.- ¡Eso es falso! ¡Su Señoría está prejuzgando sobre nuestra voluntad! El señor ALTAMIRANO.- ¿Quién eligió a la actual Mesa? El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a otro Comité que desee referirse a la misma materia. Ofrezco la palabra. El señor PABLO.- Me agradaría saber si otros sectores del Senado también van a formular críticas a la actuación de la Mesa, porque deseo responderlas en conjunto, a fin de no tener que ir haciéndome cargo de ellas en forma parcial en los diez que me han concedido. El señor OCHAGAVIA.- Le daremos el tiempo que necesita el señor Presidente; pero respecto de las observaciones que nosotros tengamos que hacer, nos gustaría formularlas después. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Entonces, tendría que declarar cerrado el debate sobre esta materia. El señor PABLO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor PABLO.- Al declarar improcedentes las indicaciones hechas sobre amnistía, he procedido asumiendo la responsabilidad que, a mi juicio, me correspondía como Presidente de la Corporación. Frente a tales indicaciones, debo advertir que ellas no abordan un problema común o sin trascendencia. Creí conveniente que fuera el Presidente del Senado quien decidiera en uso de su derecho reglamentario. El Honorable señor Altamirano ha dicho que yo no he declarado la improcedencia de otras indicaciones que, mirado el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas en forma muy estricta, podrían no decir relación con el proyecto respectivo. Es cierto que no me he pronunciado acerca de todas las indicaciones presentadas. No es usual, dentro de nuestras prácticas parlamentarias, que el Presidente del Senado haga uso de la facultad reglamentaria que le permite, en conformidad al artículo 10, declarar la improcedencia de una indicación durante la discusión general de los proyectos o antes de ser conocidas por las Comisiones. Si mi actuación hubiera obedecido a una orden de partido, pude haber solicitado a la Democracia Cristiana, para no arriesgar la Mesa del Senado, que el presidente de las Comisiones unidas fuera quien declarara la improcedencia. En ese caso no habría quedado yo sujeto personalmente al juicio del Senado y se habría logrado el propósito de igual manera. Pero estimé de mi deber asumir esta responsabilidad. El que no me haya pronunciado en contra de las demás indicaciones no quiere decir que carezca de la facultad de hacerlo durante el transcurso de esta sesión. Tengo esa facultad. Mas actué sólo respecto de las indicaciones de amnistía, fundamentalmente, de algunas otras cuya inadmisibilidad era evidente y de aquellas que contravenían disposiciones constitucionales que me obligaban a remitirlas al Ejecutivo para su patrocinio, como es tradicional en la tramitación de los proyectos. Él Honorable señor Altamirano ha sostenido que debía pronunciarme sobre la inconstitucionalidad de esta iniciativa. En cuanto a este punto, creo que mi Honorable colega está en un grave error: un proyecto aprobado por la Cámara de Diputados no puede ser declarado inconstitucional por la Mesa del Senado. Esto está claro en el Reglamento, y así se ha procedido de acuerdo con nuestras prácticas parlamentarias. Un proyecto despachado ya por la Cámara se aprueba o se rechaza aquí en la Sala, sin que la voluntad del Presidente de la Comisión que conoce de un proyecto o del Presidente del Senado pueda imponer su criterio sobre el de tecla una rama del Congreso. El señor CHADWICK.- Eso no está muy claro. El señor PABLO.- Se dice que habría un compromiso del Gobierno para conceder la amnistía. He actuado como Presidente del Senado y no como agente del Ejecutivo. No he recibido órdenes de mi partido ni tampoco he pretendido actuar cumpliendo la voluntad del Jefe del Estado. Soy militante del Partido Demócrata Cristiano. Me honro en serlo. Pero también sé que, como Presidente del Senado, tengo deberes para con la Corporación, los cuales van más allá de una disciplina partidista. Es cierto que estimé graves esas indicaciones. No lo expresé antes, y perdónenme que lo diga aquí: creo que el 21 de octubre algo pasó en el país. No transcurría todavía un mes, y el Congreso corría a conceder una amnistía que ni siquiera había sido solicitada y sin una investigación acabada. ¿No era conveniente saber primero lo qué pasó? ¿Fue sólo un movimiento gremial o, en cambio, se trataba de un acto sedicioso? ¿Somos o no somos los parlamentarios la expresión del régimen democrático de Gobierno? Si el Congreso algún día ha de ser cerrado, quiero que sus integrantes se encuentren de pie y no de rodillas, porque tengo la convicción de que si así sucediere, será reabierto con mayor rapidez. Si algo ha pasado, averigüémoslo. Algo se ha trizado. La democracia la han garantizado los partidos políticos de Chile; es cierto. La ha garantizado el pueblo chileno. Pero también, y en forma permanente, lo ha hecho la conducta de nuestras Fuerzas Armadas, y eso ha sido un ejemplo para América Latina. Esto es lo que hay que mantener. Quiero el respeto de ellas para esta casa, y él no se gana corriendo. Por eso asumí una responsabilidad que pude haber eludido; por eso también obré en la forma como lo hice. Actué con la más absoluta buena fe; no en cumplimiento de órdenes de partido, sino con una visión propia, que puede ser errada, pero que es honesta. Es más: tan pronto llegué al país, traté de tomar contacto con todos los sectores del Parlamento. Cuando se me insinuó la posibilidad de un proyecto de ley sobre amnistía, llamé a los representantes de todos los partidos políticos, incluso al Honorable señor Tarud. Les dije que respecto de una iniciativa de esa magnitud, a mi juicio era el Congreso como tal quien debía actuar, y que no debía procederse en forma aislada. El señor TARUD.- De eso se trataba. El señor PABLO.- Debido a lo anterior, asumí una actitud de la cual no me arrepiento Si la Corporación estima que ha sido improcedente, tiene el camino reglamentario para censurar mis acciones; pero tengo mi conciencia tranquila. Lo único que quiero decir es que antes que ser Presidente del Senado me interesa estar tranquilo personalmente en cuanto a lo que yo estimo que debe ser la conducción de una Corporación democrática que se respeta y desea ser respetada. El señor CHADWICK.- La inadmisibilidad declarada por el Presidente titular de esta Corporación respecto de las indicaciones sobré amnistía suscita, de manera incuestionable, un problema de fondo y otro de procedimiento. El fondo de la cuestión está en la honestidad esencial de nuestra conducta. No hay ningún señor Senador que ignore que el proyecto en debate es el resultado de los acontecimientos del 21 de octubre. Sabemos que el país entero está informado de que, a consecuencia de esos hechos, fueron removidos de sus cargos el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y prácticamente todos los Altos Mandos. En virtud de tales sucesos, hubo de presentarse este proyecto de ley, manifiesta e inequívocamente inconstitucional, por ser contrario, como lo ha recordado el Honorable señor Altamirano y como lo expresé en una sesión anterior, al tenor literal del artículo 44 de la Carta Fundamental, que en su número 4º establece: "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto." ¡Cómo no iba a ser inconstitucional un proyecto de ley que otorga al Ejecutivo una facultad, sin límite de ninguna especie, para efectuar gastos, a sabiendas de que no se proveen los recursos necesarios! Por boca del señor Ministro de Hacienda, hemos sabido que esos gastos se afrontarán con los recursos previstos en este proyecto y con los que más adelante se incluirán en el presupuesto de la Nación y en la ley general de reajustes. Frente a un proyecto de estas características y precedido por los hechos acaecidos el 21 de octubre recién pasado, era un deber de lealtad para con nosotros mismos dictar una ley de amnistía. Si hemos tomado esta posición, fue porque nos pareció una aberración, algo contrario a la dignidad más elemental de hombres maduros en el ejercicio de nuestros cargos, no reconocer la necesidad de conceder una amnistía amplia, que comprendiera no sólo a los protagonistas de la subversión militar que aquí viene a consagrar sus resultados por medio de este proyecto, sino también a todos los que hayan sido objeto de sanción, procesamiento o mera inculpación por delitos políticos. No es argumento decir que la inconstitucionalidad no puede ser declarada por el Senado, tanto porque esa doctrina no tiene la aceptación pacífica o unánime que presume el Honorable señor Pablo como lo demuestra el hecho de existir un informe pendiente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que resuelve lo contrario como porque la inconstitucionalidad está invocada para demostrar que esta iniciativa tiene su origen en los sucesos a que he hecho referencia. Tampoco es argumento decir que el Presidente del Senado podrá en el curso de la sesión calificar como improcedentes algunas indicaciones, porque él tomó una decisión particularmente peligrosa, de orden personal, sin consultar a la Sala, sin conocer la opinión mayoritaria de la Corporación, para adherir a una doctrina que el Gobierno ha estado sosteniendo y que ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los Senadores democratacristianos: que este proyecto tendría su origen en la libre y espontánea voluntad del Ejecutivo y en manera alguna, habría sido determinada por los últimos acontecimientos. El señor IRURETA.- ¿A qué Senador democratacristiano se refiere Su Señoría? El señor CHADWICK.- Para todo hombre medianamente inteligente, el Honorable señor Fuentealba planteó las cosas en su realidad. Invito a Su Señoría a revisar el discurso del señor Senador, para que compruebe mi aserto, pues me parece que el Honorable colega no estuvo presente en ella. El señor IRURETA.- Leí en su totalidad el discurso del Honorable señor Fuentealba. El señor CHADWICK.- El propio Ministro de Defensa, durante la discusión general de este proyecto, dijo que consideraba de extrema liviandad hacer referencias a algunas situaciones pasadas, porque todavía no estaban dominados los acontecimientos producidos. Hay una evidencia que no necesita de pruebas y que resulta de lo indiscutible del conjunto de hechos que ha conocido la opinión pública. Y cuando el Presidente del Senado pretende hacernos creer que la amnistía es una materia extraña, se alza contra esa realidad, coloca a esta Corporación en una actitud absolutamente inconfortable y hiere el derecho de amplios sectores del Senado que desean un pronunciamiento directo sobre las materias a que se refieren las indicaciones mencionadas. Pienso que el tono de desafío que el Honorable señor Pablo utilizó para incitarnos a una censura, es el resultado de ciertos escrutinios particulares, un tanto clandestinos, que se han hecho con anticipación y que asegurarían su permanencia en la Mesa, con los votos de la Derecha. El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor CHADWICK. Con cargo a otro tiempo, no al nuestro. El señor PABLO.- Seré muy breve, y sólo me referiré a una aspecto abordado por el Honorable señor Altamirano. Deseo dejar constancia de que si hubo un sector que me insistió en la aprobación de la amnistía propuesta por el Honorable señor Tarud, fue el de los Senadores de Derecha, de modo que mi actitud también les ha desagradado. El señor CHADWICK.- Los Senadores de estas bancas sabemos muy bien cómo se desarrollan los conflictos políticos. Es indudable que la Derecha quiere la amnistía limitada al sector militar, pero no desea enfrentarse con la proposición, reconociendo les hechos de nuestra realidad social, de que ella comprenda todos los delitos políticos. La Derecha comprende que, presentada nuestra indicación, no podía sostenerse un criterio discriminatorio absurdo que reservara la cárcel y las sanciones penales para hechos relativamente intrascendentes. El señor OCHAGAVIA.- Se trata de amnistiar a delincuentes comunes. El señor CHADWICK.- Fueron delitos políticos, señor Senador. Si Su Señoría es agrónomo, debe pedir asesoría a los abogados de sus bancas. La indicación estaba limitada exclusivamente a los delitos politices, y es una lástima que Su Señoría incursione en un terreno que no domina. El señor OCHAGAVIA.- Se trata de incendiarios. El señor CHADWICK.- La Derecha sabía que no podía hacer prosperar su amnistía limitada a los sectores militares,. . . El señor NOEMI (Vicepresidente) Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor CHADWICK.- ...y hoy ha venido a sumarse, como lo hace siempre, a las peores actitudes de la Democracia Cristiana. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Quiero decir algunas palabras respecto de las alusiones hechas a mi persona y también sobre el problema de inconstitucionalidad planteado sobre el proyecto en debate. En cuanto a lo primero, es efectivo lo afirmado por el Honorable señor Irureta de que jamás en mi discurso pronunciado hace unos días, dije que el proyecto del Gobierno fue enviado como fruto de la presión que significaron los acontecimientos ocurridos el 21 de octubre. En la parte pertinente de mi intervención, expresé, en forma textual: "Aunque se ha afirmado a nosotros nos consta que es así" me refería a los Senadores democratacristianos, "que existían ya los estudios y el propósito ele enviar los antecedentes al Parlamento y de cambiar los Altos Mandos de nuestras Fuerzas Armadas, el hecho es que, antes de que esos propósitos se concretaran ha habido un movimiento dentro del Ejército que aparece ante la opinión pública como la causa inmediata de las iniciativas adoptadas". A continuación, reconocí honradamente que esto es muy malo para el país, y que es inconveniente que aparezcamos ante la opinión pública, e inclusive ante las Fuerzas Armadas, actuando exclusivamente en virtud de las presiones que significó el movimiento del 21 de octubre. Pero dejé expresa constancia porque en realidad es así de que el Ejecutivo tenía los estudios sobre esa materia y de que los proyectos estaban por enviarse al Congreso. En consecuencia, el Gobierno había tomado las providencias necesarias para resolver el problema. Pero al mismo tiempo reconocí que lo ocurrido es malo. Eso fue lo que hice ver. Deseo referirme ahora a un programa de televisión del periodista Igor Éntrala, en el cual participaron anoche la Honorable señora Carrera y los Diputados señores Pareto y Lorca. En esa oportunidad, la señora Senadora se refirió a mí en forma que yo agradezco, pero presentó en forma incompleta el pensamiento expresada en mi intervención en el Senado. Efectivamente, reconocí en mi discurso que analizados en forma objetiva los antecedentes, las declaraciones del señor Viaux y las conversaciones de los oficiales, no podía afirmarse que los hechos ocurridos el 21 de octubre constituyeran un golpe. Pero agregué también que había una segunda etapa de ese proceso; etapa desconocida, en la cual ya entrábamos en el terreno de las suposiciones. Manifesté que, por la propia dinámica interna de los acontecimientos, era presumible prever que, de prolongarse esos acontecimientos, podrían necesariamente desembocar en un golpe de Estado. Lo anterior es cuanto deseaba expresar sobre las alusiones hechas a mis palabras. Respecto del problema de la inconstitucionalidad de esta iniciativa, debo manifestar lo siguiente. Se ha afirmado que esta iniciativa es inconstitucional por disponer nuevos gastos sin financiamiento A mi juicio, en esto hay un error. En primer lugar, porque el proyecto no fija nuevos gastos, sino que otorga facultades especiales al Presidente de la República para que aborde, entre otros, el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. La infracción a la Constitución Política del Estado sólo se cometería en el momento mismo en que, en uso de estas facultades, el Primer Mandatario dictara decretos con fuerza de ley desfinanciados. Mientras ellos no sean dictados, no podemos afirmar que carecen de financiamiento. Por lo tanto, por tratarse de un proyecto que no establece gastos, sino que simplemente otorga facultades, no puede hablarse de que estamos contraviniendo las disposiciones pertinentes de nuestra Carta Fundamental, citadas por el Honorable señor Chadwick, según las cuales el Congreso no podrá aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho gasto. A mi juicio, esta situación es extremadamente clara. Se trata de un proyecto de facultades especiales, y cuando se dicten los decretos con fuerza de ley, entonces sí deberán tener el financiamiento necesario. Al respecto, se nos aseguró por parte del señor Ministro de Hacienda y lo expresa también el Mensaje que las fuentes de recursos para esos decretos provendrán de la iniciativa que estamos estudiando, del presupuesto nacional y de la ley general de reajustes que se dictará próximamente. Tales son las observaciones que deseaba formular. El señor IBÁÑEZ.- Con respecto a la idea de aprobar una amnistía a fin de poner término a la situación creada por los últimos acontecimientos militares, los Senadores nacionales hemos expresado, por diversos conductos, nuestra voluntad de concurrir a su aprobación. Ello fue confirmado hace unos momentos por el Presidente del Senado, al anticiparse a decir lo que pensábamos expresar para refutar las palabras del Honorable señor Altamirano, quien nos atribuyó propósitos que nunca hemos tenido y que, precisamente, son contrarios a los deseos del Partido Nacional respecto de la amnistía. Hay declaraciones públicas sobre el particular, además de las declaraciones que hemos hecho en forma reiterada en el Senado. Somos partidarios de la amnistía, como una forma de tratar, en lo posible, de restaurar el orden institucional del país, que, evidentemente, sufrió un quebranto con motivo de los acontecimientos que conocemos. El Presidente del Senado estimó de conveniencia, en uso de sus facultades, declarar inadmisible la indicación de amnistía presentada en el proyecto en debate. Consideramos que su actitud plantea un problema de forma y otro de fondo. En cuanto al primero, debemos declarar que estimamos discutible la actuación del señor Presidente. No creemos que existan razones tan claras como para haber tomado la determinación que él adoptó, por lo menos sin haber consultado previamente a la Sala. Reconocemos que esta materia podría ser objeto de un largo debate No pensamos que la actuación del señor Presidente del Senado merezca un reproche enérgico o formal, aun cuando repito nos parece discutible la forma como procedió. Habríamos considerado grave la actuación de Su Señoría si ella hubiera implicado el propósito de entrabar un deseo claramente manifestado por la Corporación, en cuanto a que se despachara una disposición de amnistía. A nuestro juicio, esa intención no ha estado en el ánimo del señor Presidente, desde el momento que la declaración pública que emitió después de haber decretado la improcedencia de la indicación del Honorable señor Tarud reflejó su propósito de pedir al Ejecutivo, mediante oficio, que incluya en la convocatoria una iniciativa sobre amnistía, lo cual satisfaría el anhelo de importantes sectores de la Corporación. Creemos que con ello el señor Presidente del Senado abrió un camino para legislar sobre la materia, evitando los vicios de inconstitucionalidad que ha creído ver en la indicación formulada en las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Hacienda. A juicio de los Senadores nacionales, el propósito anunciado por Su Señoría debió concretarse sin mayor demora. Por eso le sugerimos que, con tal objeto, consultara a los diversos sectores de la Corporación, para permitirle dirigirse al Ejecutivo en representación de todos los partidos políticos, o de un grupo mayoritario de ellos, solicitándole la inclusión de un proyecto sobre amnistía en la convocatoria de esta legislatura extraordinaria. Como es obvio, esa iniciativa debería referirse sólo a los militares, pues se trata de conceder amnistía por delitos o supuestos delitos de orden político. A nuestro juicio, la provocación de un incendio o el asalto a un banco no constituyen delito político. En todo caso, nos parece que solicitar amnistía para los oficiales del Ejército y, al mismo tiempo, para personas procesadas por delitos comunes, significaría colocar en situación desdorosa a las Fuerzas Armadas e inferirles una grave injuria. Por último, en este problema ha surgido un nuevo factor: la amnistía que todos anhelamos no parece, sin embargo, ser deseada aun cuando se agradeció, fue rechazada por los abogados de las personas que serían beneficiadas con ella. El señor ALTAMIRANO.- No es así, señor Senador. Su interpretación es errada. El señor IBÁÑEZ.- Lea la declaración que han hecho los abogados de las personas procesadas, Honorable colega. He formulado tal observación con la sola finalidad' de hacer presente que, si las personas presuntamente beneficiadas con ella desean la amnistía, nosotros estamos de acuerdo en que el señor Presidente del Senado, sin mayor dilación, solicite incluir la iniciativa del caso en la convocatoria a esta legislatura. El señor ALTAMIRANO.- ¿Me permite, señor Senador? A juicio de los Senadores socialistas, el problema no radica en si ellos desean la amnistía, sino en que nosotros, como poder soberano, la queramos. Nosotros la deseamos independientemente del anhelo de esas personas. El señor CHADWICK.- Exactamente. El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable señor Ibáñez? Debido a que, como Presidente del Senado, tengo que recibir al señor Canciller de Ecuador, me veo obligado a abandonar la Sala. Anticipo a Sus Señorías que volveré pronto. El señor IBÁÑEZ.- Reitero nuestro pensamiento en el sentido de que debe dictarse una ley de amnistía. No obstante, si la parte afectada manifiesta el deseo de que sus actuaciones sean esclarecidas por los tribunales, no la podemos privar de ese derecho. El señor ALTAMIRANO.- ¡Habría que encarcelar al Subsecretario de Salud! ¿Para qué complicar más las cosas? El señor IBÁÑEZ.- Insisto en que los Senadores nacionales fuimos los primeros en promover la idea de despachar una ley de amnistía. Estamos prontos a dar nuestro respaldo a una legislación de tal naturaleza. Sin embargo, ahora tenemos ciertas dudas respecto de la urgencia con que pedimos al señor Presidente del Senado el envío de un oficio solicitando incluir en la convocatoria el proyecto respectivo. Nos gustaría que las personas beneficiadas esclarecieran si desean que sus actuaciones sean dilucidadas por la justicia. Si ése es su anhelo, no podemos privarlas del derecho a probar su inocencia o la falta de consistencia de los cargos que se les han formulado. En tal caso, no podríamos vulnerar su derecho con la aprobación de una ley de amnistía que no han pedido. Aclaradas estas circunstancias, ratifico nuestro propósito' de que se despache una legislación de tal naturaleza y el deseo de que el señor Presidente del Senado curse el oficio a que hice mención anteriormente, a fin de posibilitar el estudio de una iniciativa que no adolezca de vicio alguno de inconstitucionalidad. Por último, pido a mis Honorables colegas un momento de reflexión acerca del derecho que asiste a un ciudadano de esperar el fallo de la justicia, si él lo juzga conveniente para salvaguardar su nombre y reputación. El señor ALTAMIRANO.- ¡ Si aquí no hay justicia! El señor NOEMI (Vicepresidente).- En seguida, puede usar de la palabra el Honorable señor Jerez. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor JEREZ.- Con mucho gusto. El señor GUMUCIO.- Al enterarme de que el Senador señor Tarud había formulado una indicación sobre amnistía al proyecto relativo a las Fuerzas Armadas, le manifesté mi criterio al respecto. Comprendí perfectamente los motivos que lo impulsaban a hacerlo, y, aun cuando tenía algunas reservas acerca de la oportunidad para presentarla, estaba decidido a votarla afirmativamente. Sin embargo, la indicación del Honorable señor Chadwick de carácter más amplio que la señalada me satisfizo en mayor grado que la del Honorable señor Tarud. En justicia considerando sobre todo que, en el caso de los militares, el sumario se había iniciado recientemente, me pareció lógico que la amnistía se hiciera extensiva a todos los delitos políticos. Sé ha argumentado que la indicación del Honorable señor Chadwick es tan amplia, que alcanzaría a delitos que no son de índole política. A mi juicio, es muy difícil precisar si un delito es político o no lo es. En efecto, se da el caso de delitos que son calificados de comunes, en circunstancias de que tienen características de políticos. En todo caso, habría mil posibilidades para dictar una disposición que se refiriera precisa y concretamente a los delitos políticos. Personalmente, era partidario de que la indicación fuera amplia y no restringida sólo al caso de los militares. Me habría parecido grave, sí, el hecho de haberse actuado en esta última forma, en circunstancia de que el sumario estaba recién iniciado. Por otra parte, en el Senado la inadmisibilidad de una indicación puede ser declarada por inconstitucionalidad o cuando ella no diga relación a las ideas matrices o fundamentales del proyecto. El Honorable señor Ibáñez incurrió en un error al decir que la indicación fue declarada improcedente por inconstitucionalidad, pues en realidad lo fue por no tener relación con la idea matriz del proyecto. En verdad, el criterio para determinar la procedencia o improcedencia de una indicación por la última circunstancia señalada ha tenido mucha laxitud desde el punto de vista de la aplicación normal de los Reglamentos de la Cámara y del Senado, porque en este caso también intervienen factores de índole política. A mi juicio, el Presidente del Senado sin discutir su facultad reglamentaria para declarar admisible o inadmisible una indicación resuelve en definitiva aplicando determinado criterio político, que puede ser aprobado o rechazado por los miembros de la Corporación. En consecuencia, una posible censura no me estoy pronunciando sobre ella en estos momentos podría tener como base motivos de carácter político. Me parece que en la Sala tuvo mucho eco lo expresado por el Honorable señor Ibáñez, en cuanto a que, para lo futuro, sería deseable que el Ejecutivo hiciera factible discutir en el Senado una ley de amnistía sobre el particular. En mi opinión, no es necesario que el Gobierno tome la iniciativa; bastaría tan sólo con que incluyera en la convocatoria el proyecto pertinente, a fin de que lo discutamos aquí, y manifestar su juicio definitivo con posterioridad. El señor IBÁÑEZ.- Ese es nuestro propósito. El señor GUMUCIO.- Estoy de acuerdo en que el señor Presidente del Senado haga las gestiones encaminadas a obtener esa posibilidad. El señor JEREZ.- Además de lo expresado por el Honorable señor Gumucio, deseo manifestar que, respecto de este problema, la actitud' de los Senadores del MAPU ha mirado más al fondo y al contenido político de la situación que a las materias de carácter reglamentario o legales analizadas en esta oportunidad. Para nosotros, el problema es simple. Somos partidarios de la amnistía porque toda esta situación ha sido irregular. A nuestro juicio, la iniciativa sobre amnistía ponía punto final al problema insisto en que se trata desde comienzo a fin de una situación irregular, y era el mejor camino por seguir. El Honorable señor Fuentealba explicó el sentido de su discurso; sin embargo, como señaló el Honorable señor Chadwick, no es preciso ser persona de gran perspicacia para entender que estaba representando el pensamiento de numerosa gente de su partido, a la vez que concuerda con amplios sectores del país, que opinan que el Gobierno no supo manejar este problema y que la crisis se precipitó, entre otras cosas, por su negativa a las reiteradas peticiones de las Fuerzas Armadas no sólo para que resolviera el problema de remuneraciones, sino también para que dispusiera la salida del Ministro de Defensa Nacional y del Comandante en Jefe del Ejército y enviara al Congreso el proyecto que ahora conoce el Senado. Lo demás es echarse tierra a los ojos y pretender, de manera narcisista, eludir responsabilidades, que están absolutamente claras en la opinión de los dirigentes más conscientes del Partido Demócrata Cristiano. El señor HAMILTON.- Es una alusión al Honorable señor Irureta. El señor JEREZ.- No, señor Senador. Nos parecía razonable la amnistía para poner término a la situación, pues no entendemos cómo el Gobierno, después de haber llegado a un acuerdo con los oficiales amotinados en el regimiento Tacna, los somete a proceso. Creo que con tal actitud el Ejecutivo queda en posición muy inconfortable. Si a juicio del Gobierno esos oficiales merecían ser procesados, lo razonable era no haber llegado a ningún acuerdo con ellos. Al margen del juicio que nos merezca el procedimiento, su posición tenía una fuerza y estaba asistida por la razón, y los resultados están a la vista. Cayeron el Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe en buena hora, y en buena hora también el Gobierno recapacitó, enviando un proyecto que en términos generales procura hacer justicia a las aspiraciones planteadas por las Fuerzas Armadas. Es infantil argumentar que los afectados no desean esta amnistía. Hay que ponerse en la situación de ellos. En primer lugar, como señaló el Honorable señor Altamirano, aquí no legislaremos a gusto de los militares deploro que no esté en la Sala el Honorable señor Ibáñez, pues es el Senado quien debe calificar la procedencia o improcedencia de la iniciativa. En segundo término, no es posible pretender debilitar la situación moral de los procesados al pedírseles que se arrodillen para solicitar la amnistía. Si ellos sostienen que su conducta fue motivada por razones puramente gremiales y que no aspiraban a dar un golpe, no se les puede colocar en situación de procurar impedir que se dicte una sentencia que, a su juicio, aclarará la situación a su favor. Por otra parte, no sólo debe ser considerada la situación de los procesados. ¿En qué posición quedan ante ellos sus compañeros que no están sometidos a proceso? El General Viaux y los oficiales Munizaga, Mora y Orellana, con la actitud asumida el día 21 de octubre recién pasado, obtuvieron que se oyeran sus peticiones de mejorar las condiciones en que se desenvuelve la actividad de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, el resto de la oficialidad no puede aceptar, desde el punto de vista de la solidaridad moral, que se procese a quienes han conseguido los beneficios que ellos van a empezar a disfrutar. Por eso, deseo expresar no en los términos tan eufóricos empleados por el Presidente del Senado, cuya ausencia lamento que aquí no estamos legislando por presión de ninguna naturaleza. Celebro lo que se ha dicho: si alguien tiene la intención de cerrar el Senado, se encontrará con personas que sabrán mantener su condición de hombres. Nadie debilitará su conducta social ante cualquier tentativa de las Fuerzas Armadas de intervenir en el Senado. Pero el problema es otro. Aún más: yo calificaría de locura la tentativa de cualquier miembro de los .Institutos Armados que pretendieran usurpar el poder, porque una cosa es mantener un movimiento reivindicativo y otra muy distinta tomar el poder y ejercerlo ordenando la situación externa e interna del país y poniendo término al creciente descontento del pueblo trabajador, mediante una solución de carácter militar ajena a los procedimientos de una nación democrática y progresista como Chile. No se trata de competir para demostrar quién puede más ante las Fuerzas Armadas. Ya he manifestado mi juicio en esta materia: pienso que los Institutos Armados no están capacitados para ejercer el Poder, aparte que no les compete hacerlo. Y si asumieran el Mando, tendrían que hacerlo de una manera violenta, contraria a su propia naturaleza, tradición y espíritu democrático. En este terreno bien podría aplicarse el refrán popular que dice "otra cosa es con guitarra", ya que no es lo mismo repito obtener ventajas mediante un movimiento reivindicacionista, como el realizado por el General Viaux, que tomarse el poder y mejorar la situación económica y social en que actualmente se encuentra nuestro país. El señor MONTES.- Oportunamente expresamos nuestra opinión acerca del problema señalado en la parte final de la intervención del Honorable señor Jerez. Estimamos que la cuestión de fondo es defender de manera abierta, clara y rotunda los derechos del pueblo chileno de darse la forma de Gobierno que desee y de encontrar las soluciones más convenientes para los problemas del país. Esa es la actitud fundamental que hemos sostenido. En cuanto a la materia en debate, io esencial es pronunciarnos a favor de la amnistía o en contra de ella. Por cierto, somos partidarios de conceder amnistía amplia, no restringida como la que auspicia la Derecha. Tanto en ésta como en otras materias hemos mantenido una posición muy clara. No entendemos el criterio de negar la amnistía a los obreros de Saba mientras se la concede de manera amplia a los militares, con la cual también estamos de acuerdo. Ello implica una odiosa posición de clase muy característica, típica y propia de la Derecha, expresada en el Senado por sus personeros. Discrepamos de la actitud asumida por el Presidente de la Corporación, porque ella ha impedido nuestro pronunciamiento sobre la amnistía. Cuando el Senado se aboca al estudio de un problema acerca del cual la ciudadanía tiene opinión muy clara, actúa de manera abierta y sin subterfugios, a fin de que el pueblo quede debidamente informado de las soluciones propuestas. De ahí la conveniencia de evitar toda restricción en el debate y resolver sobre la materia, no entre cuatro paredes y a espaldas de la opinión pública y de la clase obrera chilena. Ello no significa que debamos doblar las rodillas cuando consideramos un problema de esta naturaleza. Por el contrario, expresamos nuestra opinión libremente. Deseamos encontrar los medios necesarios para lograr una amnistía amplia. Hacemos nuestras las expresiones formuladas por el Honorable señor Gumucio en el sentido de que ojalá se obtenga la finalidad perseguida. Eso es lo que interesa. En relación con los sucesos del 21 de octubre proceso que, a nuestro juicio, no está terminado y acerca del cual no se ha dicho la última palabra, es conveniente destacar que en determinados sectores de nuestro país representados por la Derecha económica y política, que defiende sus principios sectarios, partidistas y estrechos conforme a una posición de clase, está surgiendo de manera subrepticia, y hasta diría un tanto tenebrosa, una confabulación destinada a hacer realidad la idea de reemplazar a la actual Mesa de esta Corporación por una elegida mediante procedimientos que repitan la experiencia vivida hace poco tiempo en la Cámara de Diputados. Tales propósitos se concilian con la actitud política de la Derecha, que en este caso pretende sacar las castañas con la mano del gato, a fin de obtener ventajas para la posición que defienden tanto en este recinto como en la quebrada del ají. Porque debemos reconocer que la Derecha sostiene puntos de vista claros sobre los problemas políticos, económicos y sociales del país. Nosotros vemos con claridad que esa maniobra está caminando, y somos contrarios a ella, porque nos parece una solución extraordinariamente peor a la que hoy día existe. Estimamos posible que se esté tratando de aprovecharse de la situación que nos ocupa para repetir la experiencia de la Cámara de Diputados. Los señores Senadores pueden considerar mis observaciones como deseen: como denuncia, juicio o apreciación de un señor Senador acerca de un problema. Reitero: el fondo del problema consiste en buscar los medios necesarios para lograr una amnistía amplia, finalidad que, a mi juicio, todos comparten. Estas materias deben dilucidarse no como en forma equivocada opina el señor Presidente del Senado, sino de manera abierta, pública, con el objeto de evitar cualquier duda acerca de la posición de cada partido, sector o persona. Cada uno de nosotros debe responsabilizarse de sus propias acciones. Eso es cuanto quería expresar en esta oportunidad. Cedo el resto de mi tiempo al Honorable señor Allende. El señor AGUIRRE DOOLAN.- En la mañana de hoy fuimos invitados a manifestar nuestro juicio sobre la determinación tomada por el Presidente del Senado de declarar inconstitucional o improcedente, de acuerdo con sus facultades privativas, las disposiciones sobre amnistía presentadas por diversos sectores del Senado a propósito del debate del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica disposiciones relativas a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Los Senadores de estas bancas juzgamos exagerada la actitud del señor Presidente. A nuestro juicio, era la Corporación quien debía pronunciarse sobre la materia. Por eso, lamentamos el proceder de la Mesa. Sin embargo, estamos llanos, en atención al instante que vive el país a raíz de los acontecimientos ocurridos el 21 de octubre y con anterioridad a esa fecha, hechos que se han mencionado repetidamente esta mañana, a buscar una solución al problema que se plantea. Pensamos que éste ya debió haberse dilucidado en sesión secreta de la Corporación. En su oportunidad, los Comités solicitamos que la Mesa presidida entonces por el Honorable señor Noemi, por encontrarse ausente del país el Honorable señor Pablo convocara a una sesión, a la cual se invitaría a los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Hacienda, a fin de analizar la materia en forma exhaustiva. Esa sesión, que habría tenido carácter secreto, aún no la hemos celebrado. Esa es la razón por la cual muchos sectores se han visto obligados a formular ahora los planteamientos que hemos escuchado. En este momento estamos abocados a considerar la actitud del Presidente de la Corporación de declarar improcedente una indicación destinada a otorgar amnistía a algunos elementos de las Fuerzas Armadas y a ciertos grupos políticos. En caso de que esta materia fuese puesta en votación, nos pronunciaríamos favorablemente, por estimar que deben buscarse los medios necesarios para llevar tranquilidad, no sólo a los institutos castrenses, sino también a otros sectores políticos, en especial si consideramos el momento que vive el país. Reitero: daremos nuestros votos afirmativos a cualquiera iniciativa que legisle sobre esta materia, sea de origen presidencial o parlamentario. Y en caso de que la indicación en referencia no sea declarada improcedente por* la Mesa o por el presidente de la Comisión respectiva, también la apoyaremos con nuestros votos. Nuestra intervención obedece al deseo de no desperdiciar la oportunidad de manifestar el pensamiento de los Senadores de estas bancas sobre el problema planteado en la mañana de hoy por todos los sectores del Senado. Cedo el resto de mi tiempo al Honorable señor Allende. El señor ALLENDE.- ¿De cuántos minutos dispongo, señor Presidente? El señor NOEMI (Vicepresidente).- De nueve, señor Senador. El señor ALLENDE.- Mi propósito era no intervenir en este debate, ya que el compañero y Senador Carlos Altamirano planteó la posición de nuestro partido. Pero después de las palabras del señor Presidente del Senado, me veo en la obligación de hacerlo. Lamento mucho que el Honorable señor Pablo no esté presente. Ha justificado su ausencia, y la comprendo. Mas para mí es molesto referirme a sus expresiones cuando el señor Senador no está. Si el Honorable señor Pablo hubiera dicho tan sólo que, de acuerdo con su criterio, había resuelto que la Corporación no discutiera el proyecto de amnistía por estimarlo inconstitucional, yo no habría intervenido. Seguramente, algún otro señor Senador habría recordado al Honorable señor Pablo que Mesas anteriores, enfrentadas con materias en torno de las cuales podrían plantearse criterios distintos, siempre sometieron su resolución al juicio del Senado. En verdad, aun cuando se trata de una facultad que el Reglamento las concede en forma exclusiva al Presidente de la Corporación, su aplicación puede limitar o impedir un pronunciamiento político. Por eso, lo habitual ha sido entregar a la Sala la decisión final. Lamentablemente, el Honorable señor Pablo no ha sostenido un criterio exclusivamente reglamentario. Por el contrario, ha dado razones políticas que, a mi juicio, en el calor de su improvisación, lo han llevado a pronunciar frases que no se justifican por tratarse, precisamente, de su actitud como Presidente del Senado, y que personalmente no puedo aceptar ni dejar pasar. Ha dicho el señor Presidente del Senado que no estimaba conveniente discutir la amnistía, pues considera necesario que se diluciden los hechos acaecidos en el regimiento Tacna. Agregó que, si existe la posibilidad de que se cierre esta Corporación, él piensa que debe haber hombres de pie para defenderla. Considero de gravedad extraordinaria las expresiones del señor Presidente del Senado, sobre todo por provenir de un hombre de Gobierno. Debo señalar, en primer lugar, que por un sentido superior de prudencia y responsabilidad, los Senadores de estas bancas hemos solicitado un pronunciamiento político del Gobierno; pero no hemos quedado satisfechos con el planteamiento respetable, por cierto formulado, en nombre de la Democracia Cristiana, por el Honorable señor Renán Fuentealba. En su oportunidad manifesté que bien podía uno suponer que ése era el pensamiento del Gobierno, ya que los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda no hicieron un planteamiento político propiamente tal. En el día de ayer insistí en que Senadores de estas bancas pediríamos una sesión especial secreta, si sus características lo requieren, precisamente para profundizar en algunos conceptos del señor Ministro de Defensa, quien expresó que la situación era muy grave y pretendió aconsejarnos hecho que, desde luego, nosotros rechazamos que tuviéramos suficiente responsabilidad para discutir el problema. El Comité Radical, con anterioridad, solicitó una sesión del Senado para dilucidar el problema político de fondo. El señor OCHAGAVIA.- Inclusive, existe una petición formulada en este sentido por el Comité de mi partido, anterior a esas otras dos. El señor ALLENDE.- Quiere decir, entonces, que todos los sectores políticos de la Corporación coinciden en la necesidad de debatir esta materia. Por lo tanto rechazo perentoriamente las razones políticas aducidas por el señor Presidente del Senado, y lamento sobremanera su expresión de que "se encontrarán hombres de pie" si se piensa cerrar esta Corporación. Pienso que el señor Presidente, hombre de Gobierno, no puede imaginar que el Congreso chileno se cerrará por la voluntad de un autogolpe, de un golpe o de una subversión. Estimo innecesario invocar una actitud, no diré de virilidad o de machismo, como señalaba el Honorable señor Jerez, sino de dignidad de quienes estamos aquí por mandato y voluntad del pueblo. Los socialistas ya lo ha reafirmado el Honorable señor Altamirano al suscribir el proyecto de amnistía amplia presentado por el Honorable señor Chadwick y por varios señores Senadores, estamos ejerciendo un derecho. No podemos esperar que pidan amnistía ni los militares ni los compañeros obreros procesados. Ya en reiteradas oportunidades hemos señalado la arbitrariedad y la justicia de clases que se ha aplicado a los trabajadores de Saba. A mi juicio, el Honorable señor Ibáñez no está en la razón cuando considera injuria para los militares el que pretendamos incluirlos en un mismo proyecto de amnistía detinado a dejar exentos de culpa a civiles obreros, trabajadores que no han cometido delitos comunes, sino de orden político. La iniciativa que hemos suscrito. . . El señor HAMILTON.- Algunos han asaltado bancos o supermercados. El señor CHADWICK.- Ellos no están comprendidos en la amnistía. Lea la indicación, señor Senador. El señor ALLENDE.- El Honorable señor Hamilton es abogado y, aparentemente, estaría en mejores condiciones que yo para entender el problema. Firmé la indicación después de leerla y sé hacerlo y de conversar con el Honorable señor Chadwick, cuyo criterio jurídico respeto. Su Señoría me precisó con claridad meridiana que quedaban taxativamente excluidos' del proyecto los delitos comunes. Debo hacer fe, pues, en la preparación jurídica del Honorable señor Chadwick y, además, en lo que leí. El señor HAMILTON.- Son delitos comunes cometidos por móviles políticos. El señor ALLENDE.- Ruego al señor Senador no interrumpirme. Si Su Señoría desea intervenir con cargo a su tiemjo, no tengo inconveniente. Hemos planteado una amnistía amplia, pues estimamos y así lo hemos dicho que los militares sólo tuvieron una expresión de protesta, una huelga en un cuartel. El señor HAMILTON.- Con toma del establecimiento. El señor ALLENDE.- De otra manera, no podríamos aceptar este criterio. El Presidente de la República habló de rebelión y subversión. Llegó a acuerdo con los rebeldes y subversivos, y ahora los entrega a la justicia. Estimamos que existen tantas contradicciones, que hemos preferido, rotunda y categóricamente, . . . El señor HAMILTON.- El acuerdo establecía eso. El señor ALLENDE.- Ruego al señor Senador mantener la tranquilidad. De lo contrario, habrá que darle un calmante. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito al señor Senador se abstenga de interrumpir al Honorable señor Allende. El señor ALLENDE.- Hemos propuesto una amnistía amplia, así como hemos pedido un reajuste amplio. No actuamos presionados por las Fuerzas Armadas. Eso no lo aceptaríamos jamás. Con mucha prioridad a los actos de protesta y rebeldía de los militares, presentamos los proyectos pertinentes y enviamos oficios requiriendo del Gobierno un pronunciamiento, pues teníamos la obligación de anticiparnos a un hecho, ya que para nosotros las Fuerzas Armadas no constituyen un compartimiento separado. Cuando se plantea un reajuste de remuneraciones, debe ser para todos los que trabajan, sea en las Fuerzas Armadas, en la Administración Civil o en el sector privado. Nuestro criterio es muy claro. En el ejercicio de un derecho que nos asiste en nuestra calidad de Senadores, hemos presentado un proyecto. Deploramos la actitud del señor Presidente de la Corporación, sobre todo por las razones políticas invocadas, que, inclusive, llegaron a incursionar en el terreno de suponer indignidad o cobardía en algunos señores Senadores. Los Senadores de estas bancas no aceptamos ni esos términos ni las razones expuestas. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de que disponía Su Señoría. Corresponde entrar a la discusión particular del proyecto. El señor FIGUEROA (Secretario).- Las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, en informe suscrito en nombre de la primera por los Honorables señores Ballesteros (presidente), Chadwick, Ibáñez, Miranda y Palma, y por los Honorables señores Aguirre Doolan, Carmona, GARCIA, Gormaz y Palma, y por la de Defensa Nacional, recomiendan a la Sala aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el boletín que los señores Senadores tienen en su poderLa primera enmienda propuesta incide en el artículo 1° ; sin embargo, antes de tratar esta modificación, relativa al inciso tercero del precepto, corresponde ocuparse en la indicación Nº 1, renovada con las firmas de los Honorables señores Montes, Valente, Teitelboim, Altamirano, Contreras, Silva Ulloa, Tarud, Miranda, Juliet, Jerez, Allende, Aguirre Doolan, Chadwick y Sule y de la Honorable señora Campusano, consistente en suprimir dicho artículo. El señor NOEMI (Vicepresidente).- En discusión la indicación. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Deseo plantear un cuestión de orden, señor Presidente. Entiendo que también se ha renovado la indicación destinada a sustituir este mismo artículo 10 por otro. Propongo a la Mesa considerar ambas conjuntamente. El señor FIGUEROA (Secretario).- La indicación a que se refiere Su Señoría, signada con el número 2 en el boletín respectivo, es para sustituir el artículo 1º del proyecto aprobado por las Comisiones por el siguiente: "Con los recursos contemplados en la presente ley y con los que se consulten en la Ley General de Presupuesto y en la ley de reajuste general para el sector público correspondiente al año 1970 se constituirá un fondo para reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, activo y pasivo, sus remuneraciones anexas imponibles o no, como asimismo, para cumplir el pago de los demás beneficios establecidos en la presente ley." El señor NOEMI (Vicepresidente).- En discusión ambas indicaciones. Ofrezco la palabra. El señor ALTAMIRANO.- Los Senadores socialistas y, en general, el Partido Socialista de Chile, son contrarios a delegar, por tercera vez en este período presidencial, facultades legislativas en el Presidente de la República para resolver los problemas propios de las Fuerzas Armadas. Ya el 26 de enero de 1966, hace más de tres años, el Gobierno solicitó facultades extraordinarias, no tan amplias como en esta ocasión, pero similares, para resolver dificultades de esta índole. El Congreso Nacional se las otorgó mediante la ley Nº 16.466. Hal pasado tres años y nada se ha resuelto. En ese entonces el Ejecutivo fundó su petición en términos bastante parecidos a los actuales. Señaló, en efecto: "El Ejecutivo ha estimado necesario remitir el proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones del personal de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, independiente del general relativo a la Administración Pública. La escala de remuneraciones vigente en las Fuerzas Armadas y las de Orden al igual que toda la legislación que constituye el estatuto administrativo militar, es distinta de la que rige para la Administración Civil, situación que se justifica, desde que son diversas la naturaleza, caracteres y condiciones de ambos servicios públicos." Si se lee con atención el Mensaje en que viene el proyecto en debate, se comprueba que en lo relativo a la solicitud de nuevas facultades, está redactado en términos muy similares, por no decir casi idénticos al que acabo de reproducir. Como se sabe, las facultades extraordinarias concedidas por la ley Nº 16.464 no dieron mayores resultados. El Congreso nuevamente otorgó atribuciones legislativas al Presidente de la República mediante la ley Nº? 16.840, de 24 de mayo de 1968, que en su artículo 16 autorizó al Jefe del Estado "para que dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a establecer los Estatutos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, los cuales contendrán las disposiciones sobré Clasificación, Nombramientos, Ascensos, Feriados, Permisos, Licencias, Calificaciones, Plantas, Remuneraciones, Retiro, Montepío y Desahucio del Personal de las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, respectivamente". Se consideró especialmente en ese entonces la grave situación que existía en las Fuerzas Armadas. Como es de público conocimiento, en mayo de 1968 se había producido un movimiento militar a raíz del cual debió ser removido de su cargo el entonces Ministro de Defensa Nacional y actual Senador señor Juan de Dios Carmona, quien fue reemplazado por el General Tulio Marambio. Igualmente, se designó un nuevo Comandante en Jefe del Ejército, el General Castillo, quien en numerosas declaraciones públicas habló de la angustia económica en los institutos castrenses. Tal como el anterior Ministro del ramo, el General Tulio Marambio se comprometió, en reunión sostenida en la Escuela Militar, a resolver los problemas económicos. En consecuencia, el Congreso entregó al Ejecutivo toda clase de facultades para llegar a una solución de equidad para el personal de las Fuerzas Armadas. El hecho concreto es que, por razones diversas, las atribuciones delegadas no se ejercieron con la debida inteligencia y capacidad para resolver tales problemas, y nuevamente éstos han culminado con los hechos ocurridos el 21 de octubre pasado, que indiscutiblemente revisten enorme gravedad. El Gobierno, por medio de los señores Ministros de Defensa y de Hacienda, ha insistido hasta la saciedad en que dispondría de estudios y soluciones concretas para resolver los problemas de los Institutos Armados. En la Cámara de Diputados, en sesión del jueves 30 de octubre, el señor Ministro de Defensa expresó textualmente: "Quiero reiterar aquí en la Sala lo que hemos sostenido, tal vez en forma majadera, en la Comisión. Los estudios, para información de los señores parlamentarios que no participaron en la Comisión, están terminados." O sea, según el Ministro, los estudios están debidamente concluidos. Esa opinión también la repitió en las Comisiones del Senado y en la discusión general. Si el Gobierno tiene soluciones concretas, estudios ya finiquitados y está en condiciones de promulgar decretos con fuerza de ley para resolver la situación de las Fuerzas Armadas, para nosotros es un misterio que no haya podido por lo menos en el Senado y en la Cámara, según me he informado decir concretamente cómo resolverá en definitiva el problema. El Ministro de Hacienda ha dado a conocer diferentes alternativas, todas muy imprecisas, extraordinariamente vagas. Existe abierta contradicción en las afirmaciones del Gobierno, que dice tener los estudios concluidos con mucha anterioridad al pronunciamiento del 21 de octubre, y saber lo que quiere y lo que hará. No obstante, cuando se pregunta qué van a hacer y cuál es la solución, la respuesta como lo puede testificar la totalidad de los sectores del Parlamento es absolutamente ambigua e imprecisa. En síntesis, no se puede concluir sino que el Ejecutivo ha solicitado delegación de facultades para negociar con las Fuerzas Armadas un tipo de solución que hasta el momento ignora. Sobre esta materia, también existe contradicción de los personeros de Gobierno y de los señores Senadores que han intervenido tanto en la Comisión como en la Sala. Han dado a conocer una serie de cuadros para comprobar que es extraordinario el reajuste que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas durante la actual Administración. Personalmente, cuando en la Comisión escuchaba al Honorable señor Carmona fundar su voto, creí que iba a anunciar su pronunciamiento contrario al proyecto, porque eran tantas las ventajas, beneficios, asignaciones y aumentos que se habían concedido al personal de la Defensa Nacional, que la única conclusión lógica de sus palabras era: "En consecuencia, voto en contra". No obstante, lo hizo a favor. Por lo tanto, debemos deducir que los extraordinarios aumentos dados a conocer en forma precipitada, entre gallos y medianoche hemos estudiado en horas el proyecto, con datos insuficientes, sin saber su contexto general, no existían en esos cuadros. De éstos hay constancia en los distintos informes de Comisión, y también han sido mencionados en la Sala. Me agradaría mucho que el señor Ministro de Hacienda aquí presente, después de mi intervención o cuando lo estime pertinente, aclarara una serie de misterios que sobre el particular existen. Dicho Secretario de Estado afirmó, tanto en las Comisiones de Hacienda y Defensa de la Cámara como en la Sala de esa Corporación, lo siguiente: "Puedo expresar, de acuerdo con cifras que me fueron entregadas por la Dirección de Presupuesto, que en el año 1964, cuando asumió el Gobierno, se destinaba a la Defensa Nacional 10,3% de la totalidad de los recursos presupuestarios. En el presente año se ha destinado el 10%." Todas las comparaciones las hace con relación a la Administración anterior. Parece que el único objetivo de la Democracia Cristiana es demostrar que el Gobierno actual ha sido levemente mejor que el del señor Alessandri. Con eso se quedan muy contentos y satisfechos: superar a un pésimo sexenio. Para nosotros, no es ningún mérito. Solicito incluir en esta parte de mi intervención un cuadro elaborado por la Oficina de Informaciones del Senado, en el cual se demuestra que el porcentaje destinado a financiar al Ministerio de Defensa, en comparación al total del presupuesto, ha ido disminuyendo en forma notable. Por ejemplo, en 1950 fecha en que se inició el estudio, 18% del total del presupuesto se dedicaba a ese rubro, y en 1970, 8,5%, y no 10%, como señaló el señor Ministro de Defensa. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para incorporar a la versión los cuadros a que hizo mención el señor Senador. Acordado. INSERTAR IMAGEN PAG 582, 583. El señor ALTAMIRANO.- Deseo dejar claramente establecido no quiero que se deduzca de mis palabras que el Partido Socialista no pretende que se restablezca el porcentaje que en décadas pasadas se destinaba al presupuesto de Defensa. Lo único que planteamos es la necesidad de decir los hechos tal como son. Estimamos creo, poder asegurarlo en nombre de mi colectividad que 14%, 17%, 19% ó 23%, como antes se invertía, es una cifra muy alta. A nuestro juicio, quizás, las actuales cifras sean las más apropiadas, dada la situación económica del país. Debo reiterar que se nos dan informaciones inexactas y equivocadas. El señor Ministro de Hacienda manifestó también que era efectivo que había disminuido el porcentaje destinado a la Defensa Nacional, pero que las cifras globales eran superiores, porque el Presupuesto Nacional aumentó. Tampoco es verdadera tal información. Mejor dicho como siempre ocurre con este tipo de datos, es efectiva a medias, pues para comparar tomó como base el año 1964, el peor de la Administración anterior. Precisamente, en esa oportunidad los gastos para las Fuerzas Armadas se redujeron con relación a los años anteriores. Una vez más debemos argüir lo que permanentemente sostuvimos durante el Gobierno del señor Alessandri, quien comparó siempre los progresos alcanzados por su gestión con las cifras de 1958, final del período del señor Ibáñez. En ese entonces expresamos que la confrontación no tenía base científica alguna y que intelectualmente era deshonesta, porque no puede tomarse como referencia un año o escogerse el peor período de una Administración, sino que la relación debía hacerse sobre la base de promedios. De este modo, por ejemplo, si comparamos en cifras estables en escudos de 1969, comprobaremos que entre 1961 y 1969 no ha habido aumento en el presupuesto del Ministerio de Defensa, ya que se invirtieron Eº 989.932 millones y Eº 1.000.011, respectivamente. Repito: no es el propósito ni la política de mi partido exigir aumentos desmesurados para este rubro de la actividad nacional. Ahora me estoy limitando a aclarar algunos datos que, a nuestro juicio, fueron presentados equivocadamente. Aún más, si comparamos en moneda constante los valores consignados para remuneraciones del personal de los Institutos Armados, resulta según estudios efectuados por la Oficina de Informaciones del Senado que en 1961 se destinaban a ese ítem 420 millones de escudos; en 1962, 495 millones, y en 1969, 493 millones. Es decir, en 1969 se destinó para remuneraciones de las Fuerzas Armadas una cifra inferior que en 1962. En cambio, si consideramos 1964, sí se produce un aumento importante, pero debemos trabajar sobre la base de promedios. El señor OCHAGAVIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor ALTAMIRANO.- En seguida, cuando termine de expresar la idea. Si analizamos los distintos grados y niveles de las Fuerzas Armadas, no vemos cómo se puede producir un incremento tan extraordinario y notable como el señalado por los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y por el Honorable señor Carmona, ya que, inclusive, se advierte una disminución respecto de algunos años del Gobierno pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en algunos grados ha habido aumentos mayores, y en otros, inferiores? ¿Cuáles son estos últimos? Insisto, una vez más: hemos debido estudiar en horas un problema difícil, complejo, y se nos han dado antecedentes parciales, insuficientes. Concedo una interrupción al Honorable señor OCHAGAVIA. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor OCHAGAVIA.- Las cifras estadísticas proporcionadas por el Honorable señor Altamirano rectifican lo aseverado por el señor Ministro de Defensa Nacional respecto de porcentajes del presupuesto que se destinan a las Fuerzas Armadas y a pagar las remuneraciones de su personal. Concuerdo con Su Señoría en que se parte de un error fundamental cuando se toma como base 1964 para analizar la confrontación. Igual planteamiento hizo al señor Ministro un Senador de estas bancas. El reajuste de sueldos para ese sector de servidores del Estado, en 1964, rigió a partir del mes de julio. Por tal motivo, toda comparación que se haga desde el 1° de enero induce a grave error. A mi juicio, la explicación dada por el Honorable señor Altamirano refuerza las afirmaciones que hicimos Senadores de estas bancas, en cuanto a que en el Gobierno anterior, que contó con recursos infinitamente inferiores a los del actual, el presupuesto de la Defensa Nacional, tanto para remuneraciones como para equipamiento, fue superior, en moneda estable, al de la actual Administración. Y como el Honorable señor Altamirano ha repetido en sus intervenciones que la comparación con el año 1964 denota un deterioro de esas cifras con relación a las actuales, observo al Honorable Senador lo mismo que hicimos presente al señor Ministro en su oportunidad: los datos de 1964 no pueden considerarse a' partir de enero de ese año, porque el reajuste entró en vigencia en el mes de julio. Por lo tanto, no podemos dar validez a esas cifras, si juzgamos los datos estadísticos en forma parcial, sino que debemos hablar de promedios, de cifras correspondientes a un grupo de años. Es cuanto quería decir para evitar que se siga utilizando como base de comparación el año 1964, sobre todo si se considera que el reajuste correspondiente a ese período no entró en vigencia a partir del 1° de enero. El señor PALMA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor ALTAMIRANO.- Permítame terminar, señor Senador, porque de lo contrario, si sigo concediendo interrupciones, dirigiré yo el debate, en vez de que lo haga el Presidente de la Corporación. Por lo demás, Sus Señorías tendrán tiempo suficiente más adelante para rebatirnos. Nos interesa mucho que estos antecedentes sean rebatidos, pues ello nos permitiría demostrar que gran parte de las cifras parciales que se nos han proporcionado no corresponden a la realidad. El señor RODRIGUEZ.- No sea impaciente, Honorable señor Palma. El señor ALTAMIRANO.- Aún más, el Ministro de Hacienda ha aseverado que en 1968 hubo un aumento de 40% para los Institutos Armados. Pero repito, en valores constantes, la suma global destinada a remuneraciones en 1967 fue de 498.438.000 escudos, y en 1968, de 498 millones 480 mil. O sea, hubo un aumento de alrededor de 40 millones, prácticamente los mismos 498 millones de escudos ¿En qué se diluyó ese 40 % ? Quiero decir que algunas categorías, niveles o grados de las Fuerzas Armadas experimentaron un aumento muy notorio si aceptamos como veraces las palabras del señor Ministro de Hacienda, y que otros sectores tuvieron un reajuste extraordinariamente bajo, porque las cifras globales no confirman lo que sostiene ese Secretario de Estado. Algo parecido podemos afirmar en materia de pensiones, a pesar de que no se han entregado las cifras correspondientes a 1963. Porque repito disponemos de datos insuficientes para juzgar los problemas propios de las Fuerzas Armadas y, lo que es más grave, la solución que el Ejecutivo pretende darles. Así, en valores constantes, las cifras correspondientes a las pensiones pagadas en 1963 no difieren de manera notable de las que se pagaron por igual concepto en 1968. De manera que tampoco ha habido aumentos espectaculares en este rubro. Quiero dejar constancia nuevamente de que, a nuestro juicio, no estamos tratando de defender la gestión del señor Alessandri. Hemos sido los principales impugnadores de esa Administración. El Partido Socialista se caracterizó y se caracteriza hoy por ser el más tenaz enemigo de una regresión derechista reaccionaria. Sólo queremos dejar establecidos los hechos y que no se pretenda demostrar con datos parciales que se ha producido, en conjunto, una mejoría notoria de las Fuerzas Armadas. . Para subrayar lo dicho hace un instante por el Honorable señor Allende, debo decir que el Partido Socialista no tiene en este caso una posición oportunista o, como calificó a algunos a quienes no mencionó el Honorable señor Fuentealba, de "paterismo" frente a los institutos castrenses. Nuestro partido siempre ha defendido los reajustes de esos institutos, como también los de todos los trabajadores chilenos. Precisamente, cuando se discuta el aumento de las remuneraciones de los trabajadores en general, los partidos populares, con la misma decisión y fervor, defenderán ese reajuste. Con el Partido Nacional, en cambio, ocurre todo lo contrario: cuando se trata de reajustar las remuneraciones del personal de la Defensa Nacional, sí que ellos están junto a nosotros o nosotros con ellos la ordenación de los factores no altera el producto; pero cuando se trata de conceder aumentos a los demás sectores de trabajadores, entonces son muy parcos para pronunciarse. Para ellos, tal vez, podrían tener validez las palabras del Honorable señor Fuentealba. Queda en claro que nosotros hemos planteado una posición de principio, trátese de personal armado o civil; trátese de los 300 mil funcionarios públicos, que viven en condiciones miserables, o de los 120 mil personeros de los Institutos Armados, Carabineros e Investigaciones, activos o pasivos. Para todos ellos tenemos una misma conducta y una misma posición. Por eso, cuando planteamos el proyecto de ley de amnistía, no limitamos su beneficio a las Fuerzas Armadas, sino que lo propusimos para todos aquellos que, dentro de este régimen burgués, se supone que han cometido delitos políticos por querer luchar y transformar en realidad lo que la Democracia Cristiana levantó como bandera durante su campaña pasada: hacer una revolución, que es, precisamente, lo que ha deseado toda esta gente que ha sido encarcelada, perseguida, torturada y que ha vivido en la clandestinidad. Eso fue lo que el Partido de Gobierno dijo que haría durante la campaña presidencial pasada. Repito: nuestro partido actúa de acuerdo con una posición de principios. Por otra parte, debo recordar que durante el Gobierno anterior, bajo el régimen del señor Alessandri, que tampoco estuvo muy predispuesto a legislar a favor de las Fuerzas Armadas ni del sector público, el Honorable señor Allende, en dos oportunidades, presentó proyectos concretos sobre la materia e hizo enviar los oficios pertinentes, tal como lo pedimos ahora. Por consiguiente, no se nos puede acusar de estar actuando presionados por el temor o el miedo, como podría deducirse de las palabras del Presidente del Senado, el Honorable señor Pablo, pues nuestro partido siempre ha actuado de acuerdo con sus principios. Por eso, cuando el Presidente de la República, después de negársele la autorización para ir a Estados Unidos, amenazó con disolver el Congreso y presentó un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, habría significado la autoclausura, el Partido Socialista estuvo en contra de dicha iniciativa, porque no acepta ninguna presión externa o foránea. En cambio, cuando se discutió el proyecto de reformas constitucionales destinado a otorgar facultades al Ejecutivo para disolver el Parlamento, aun cuando en principio no concordamos con ello, concurrimos con nuestros votos para que no se creyera que estábamos "apernados" en nuestros cargos y defendiendo a este Parlamento burgués a troche y moche. Repito: nuestra posición es consecuente y no se modificará por pronunciamientos militares más o menos. Siempre hemos defendido a todo hombre que vive de su trabajo, de su esfuerzo. Por eso, ahora hemos insistido en que debió haberse enviado un proyecto concreto, y no una delegación de facultades que permita al Ejecutivo, a espaldas del pueblo y de los mismos poderes del Estado, transar con las Fuerzas Armadas soluciones que posteriormente puedan no ser las más convenientes y adecuadas, y conducir, meses después, a situaciones de extrema gravedad para el régimen constitucional chileno. Por eso, el Partido Socialista se opone a la delegación de facultades, no por afán obstruccionista o revanchista ni por el mero fin de oponerse a cualquiera iniciativa del Gobierno, pues en dos oportunidades anteriores las concedió. Hacerlo por tercera vez nos parece carente de sentido, sobre todo cuando ni siquiera se nos han entregado antecedentes concretos. En definitiva de esto debe tener conciencia el Senado, se pretende dar un cheque en blanco al Presidente de la República para que haga lo que quiera. Porque, salvo pequeñas limitaciones y condiciones, el Jefe del Estado es soberano para llegar a las soluciones que se le antojen, sea a favor o en detrimento de algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Y esto no lo creemos conveniente. Además, como ya dijimos, el proyecto está absolutamente desfinanciado. Se han hecho valer argumentos que no tienen consistencia. Se ha dicho que sus disposiciones implicarán gastos que, en definitiva, bordean los 800 millones de escudos, o, en el mejor de los casos, según lo afirmado por el señor Ministro de Hacienda, 850 millones. Posiblemente supere los mil millones. Desde luego, la iniciativa del Ejecutivo sólo consigna ingresos por 220 millones. Se responde que en el proyecto de ley de Presupuestos o en la ley general de reajustes se financiará el saldo o diferencia. Conforme a este sistema o precedente, en el futuro podremos seguir despachando proyectos desfinanciados. Bastará proponer determinado reajuste para cualquier sector público y decir que el financiamiento se hará con cargo a futuras leyes, según el monto del gasto. Por eso, el Partido Socialista se opone a la delegación de facultades. En cambio, ha sido siempre partidario de debatir una iniciativa legal concreta, que sea conocida por la opinión pública, el Parlamento y las Fuerzas Armadas, y no una legislación pactada a espaldas del pueblo. El señor CHADWICK.- ¿Cómo está distribuido el tiempo, señor Presidente? El señor NOEMI (Vicepresidente).- No hay distribución de tiempo. Simplemente, se ha aplicado el Reglamento: cada señor Senador tiene derecho a una intervención de media hora y a otra de quince minutos. Los primeros treinta minutos han terminado. Pero si Su Señoría lo desea, puede juntar los tiempos correspondientes a ambas intervenciones y continuar con el uso de la palabra. El señor MIRANDA.- Que se aplique el Reglamento. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Lo estoy aplicando. Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el Honorable señor Altamirano ha hecho algunas apreciaciones y ha calificado de inexactas las cifras dadas por el Ministro que habla. Para ello, el señor Senador se funda en algunos datos que le habría entregado la Oficina de Informaciones del Senado. Por otra parte, Su Señoría critica el hecho de que el Gobierno compare sus cifras de tipo presupuestario con las que se tenían el año 1964. No deseo dejar la impresión de que el Gobierno sólo persigue establecer una comparación con las Administraciones anteriores. La comparación debe hacerse de acuerdo con el estado en que se recibe el país, cualquiera que sea el Gobierno de que se trate. Por consiguiente, las cifras que debo utilizar son las correspondientes a 1964, ya que no podría dar las de 1910 ó las de 1920. El señor ALTAMIRANO.- ¿Pero por qué no toma las de 1961 ó 1962? El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Porque la actual Administración recibió el país en 1964, y no en 1961. El señor ALTAMIRANO.- Entonces, lo más lógico sería señalar un promedio. El señor CHADWICK.- Eso es diablura. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Cuando se toman cifras presupuestarias, es preciso verlas. El Honorable señor Altamirano ha hecho un cargo basándose en antecedentes que le entregó la Oficina de Informaciones del Senado. Yo no me atrevería a ponerlos en duda, pues se trata de una oficina que me merece respeto. Sin embargo, al basarse en esas cifras, pone en duda las proporcionadas por la Dirección de Presupuestos. Como los señores Senadores saben, ese organismo está constituido por funcionarios de alta calidad, que merecen el respeto de todos y, como es lógico, yo debo creer en la veracidad de los antecedentes que ellos me proporcionan. El señor ALTAMIRANO.- Pero el señor Ministro no ha dado cifras totales. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- He dado cifras totales proporcionadas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. El señor ALTAMIRANO.- No las ha dado. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Su Señoría no me ha demostrado dónde está la falla de las cifras; no me ha dicho cuál es la diversidad de criterio que hay entre esos guarismos y los dados por la Dirección de Presupuestos. El señor ALTAMIRANO.- No ha dado cifras Su Señoría. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- ¿Cómo? ¿Si Su Señoría las ha calificado de inexactas? No se contradiga, Honorable Senador. El señor ALTAMIRANO.- He dicho otra cosa. Solicito una interrupción al señor Ministro. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Con el asentimiento de la Sala, puede usar de la palabra Su Señoría. El señor ALTAMIRANO.- El señor Ministro me ha entendido mal. No he negado las cifras dadas por él, y no podría negarlas: he dicho que los datos parciales proporcionados por Su Señoría no concuerdan con las cifras globales. Porque, si parcialmente los distintos niveles de los Institutos Armados, en sus grados de coronel, capitán, teniente y soldado hubieran experimentado los aumentos que se señalan, querría decir que globalmente tendrían que haberse experimentado los mismos aumentos, y la verdades que las cifras totales no han aumentado. Es evidente que si los datos prueban lo que afirma el señor Ministro, yo habría caído en una inconsecuencia. Por eso, me interesa ver dónde está la inconsecuencia o contradicción. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Su Señoría sigue incurriendo en contradicción, pues sostuvo que no he dado cifras, y ahora dice que he dado cifras parciales. El señor ALTAMIRANO.- No, cifras globales. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Sí, globales; pero las he dado, y ahora estoy ratificando que para mí son cifras ciertas mientras no se me demuestre lo contrario. Lo más lógico sería que, si el señor Senador estuviera disconforme y creyera más en los datos proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado,... El señor ALTAMIRANO.- Son los mismos datos proporcionados por la Dirección de Presupuestos. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Es la primera vez que conozco estas cifras. Sólo ahora han llegado a mis manos. No tengo por qué dudar de los datos proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado; pero hacer afirmaciones en el sentido de que estas cifras son parciales, manejadas mañosamente, inexactas, es una apreciación demasiado ligera. El señor ALTAMIRANO.- Es perfectamente exacta la apreciación. Y usted no me contesta por qué existe tal discrepancia entre sus cifras parciales y las globales. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Entiéndame, señor Senador. Su Señoría ha expuesto determinadas cifras de la Oficina de Informaciones del Senado. Si deseaba que yo le dijera por qué había disconformidad, podría haber tenido la delicadeza de remitírmelas al Ministerio de Hacienda o de llamarme y pedirme que le aclarara esa diversidad. No lo ha hecho. El señor ALTAMIRANO.- Planteé esa discrepancia, señor Ministro. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos. El señor CHADWICK.- Que el señor Ministro se dirija a la Mesa. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Le he concedido una interrupción al Honorable señor Reyes. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Con la venia de la Mesa. El señor REYES.- En lo concerniente a las cifras a que ha hecho referencia el Honorable señor Altamirano, las hice pedir, porque no las conocía hasta que las mencionó aquí el señor Senador. Y, en efecto, la de 1964 es de 334 millones de escudos. En moneda deflactada a este año, asciende a 493 millones. Hice estudiar rápidamente, porque no había otra manera de hacerlo, el por qué de la diferencia en cuestión, en el supuesto caso de que las plantas fueran similares, no digamos idénticas. El documento que se me ha entregado es muy breve, y por eso le daré lectura. Dice: "1.Falta agregar en los años 19671968, los reajustes de sueldos, sumas que son las siguientes: "1967 Eº 67.293.430 "1968 102.178.000 "1969 192.761.000 "2.- No es efectiva la observación de la nota 3) en lo que respecta a Gastos Variables, pues sólo se incluyen los gastos correspondientes a Remuneraciones y no los que se refieren a Compra de Bienes y Servicios No Personales, como ser: arriendo de bienes raíces, pasajes y fletes, materiales y artículos de consumo, material de guerra, rancho o alimentación, forraje, vestuario y equipo, impresos y publicaciones". El señor CHADWICK.- Esas no son remuneraciones de las Fuerzas Armadas. El señor REYES.- Eso está, sin embargo, en una nota que ha servido para apreciar el gasto general. Si no lo cree Su Señoría, la puede pedir. El señor CHADWICK.- Estamos hablando de remuneraciones. El señor REYES.- ¡No, señor! El señor PALMA.- ¡No, señor! ¡Su Señoría sabe que se está hablando de gastos globales! El señor REYES.- En seguida, añade el documento: "3.- Falta agregar a los datos indicados en los años que se mencionan, las siguientes cantidades que corresponden al personal con derecho a racionamiento en dinero: "1964 Eº 2.425.686 "1965 2.558.796 "1966 1.600.767 "1967 1.074.552 "4.- En, los datos proporcionados para los años 1968 y 1969, se encuentra incluida la Asignación de Alimentación de acuerdo al siguiente detalle: "1968 Eº 2.186.270 "1969 10.203.000." Dejo una copia a disposición del Honorable señor Altamirano, para que la pueda estudiar, si gusta. El señor ISLA.- Entregúele otra al Honorable señor Chadwick. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Con mayor razón, después de lo expresado por el Honorable señor Reyes, observamos que las cifras pueden prestarse a distintas apreciaciones. Por eso, me parece que, antes de hacer afirmaciones tan contundentes como las que hemos oído, lo más lógico habría sido remitir al Ministerio de Hacienda las cifras entregadas por la Oficina de Informaciones, para establecer su compatibilidad y ver dónde, realmente, está la disconformidad que se produce. El señor RODRIGUEZ.- ¿Me permite, señor Ministro? El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Proporcionando cifras globales, he dicho que, a pesar de que el porcentaje correspondiente á la Defensa Nacional en el Presupuesto de 1964 ascendía a 10,3%, en el presente año es de 10%, y que las sumas destinadas a ese objetivo variaban, en términos redondos, para no hablar en cifras exactas, de 700 y tantos millones de escudos en 1964 a 1.200 y tantos millones de escudos en 1969. En cualquier momento puedo entregar, al Honorable señor Altamirano o a cualquier otro señor Senador que lo solicite, la certificación de esos montos, puesto que tengo plena confianza en los funcionarios que trabajan en la Dirección del Presupuesto. Lo que sí puede haber ocurrido es que la Oficina de Informaciones del Senado, a la que no discuto su calidad ni su mérito ni tampoco puedo discutirle sus cifras, no haya tenido a mano todos los antecedentes y explicaciones para llegar a determinado resultado. . Por otra parte, el Honorable señor Altamirano sostiene que, si ha habido baja en el aporte presupuestario, es imposible que las remuneraciones hayan llegado a Los niveles expuestos por el Gobierno. Puedo expresar al señor Senador que es muy fácil llegar a tal conclusión si las cifras son falseadas. Según las del Ministerio de Defensa, previa ratificación del Ministerio de Hacienda, expresadas en sueldos vitales, resulta muy sencillo determinar la remuneración total que hoy día percibe un capitán y la que ese mismo oficial tenía en 1964. El señor SILVA ULLOA.- ¿Me permite una interrupción? El señor GARCIA.- ¿Me perdona que lo interrumpa, señor Ministro? El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa, con la venia del señor Ministro de Hacienda. El señor SILVA ULLOA.- He estado escuchando con mucha atención lo expresado por el señor Ministro. A mi juicio, todos los datos que se han proporcionado nada tienen que ver con la realidad, porque sólo se basan en las destinaciones presupuestarias, que pueden tener cualquier monto o incidencia en el total del Presupuesto. Pero eso a mí no me interesa. Lo que me interesa no está indicado en parte alguna: el gasto real de cada año, la inversión llevada a cabo en cada capítulo de la ley de Presupuestos, para poder determinar la relación que existe entre un año y otro. Hay diferencia entre las asignaciones presupuestarias y la realidad. El Presupuesto parte de una hipótesis del todo irreal: que todos los cargos están ocupados en las Fuerzas Armadas. Sabemos que los hechos pueden ser del todo contradictorios con tales previsiones. Lo está demostrando, por ejemplo, el 'antecedente que ha permitido resolver, en la forma en que lo ha solicitado el personal, la situación del Servicio de Prisiones: con las economías que significa la circunstancia de haber numerosas vacantes en ese Servicio, se podrá financiar la bonificación de 900 escudos que se permite otorgar. Por lo tanto repito, todos los datos proporcionados por el señor Ministro, derivados de las destinaciones presupuestarias, no tienen ningún valor. Yo quisiera que se nos entregaran aquí cifras concretas del gasto real en remuneraciones de las Fuerzas Armadas, año por año, en moneda de un mismo valor, con el objeto de poder hacer comparaciones. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor GARCIA.- ¿Me permite aclarar un poco más los conceptos? El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- No tengo inconveniente en conceder una interrupción a Su Señoría, pero antes deseo contestar al Honorable señor Silva Ulloa. Quiero expresar al señor Senador que los datos que se dan hasta 1968 corresponden a gastos efectivos, no a cálculos presupuestarios. Naturalmente, los del año 1969 sí son cálculos presupuestarios; no puede ser de otro modo mientras no se conozca el balance de fin de año. Pero el Honorable señor Silva Ulloa puede estar seguro de que las cifras que se han proporcionado se refieren a gastos efectivos, tanto en inversión como en gasto corriente. No hay otras cifras. Dar otras sería falsearlas, indiscutiblemente, salvo que la comparación se hiciera igual. El señor GARCIA.- Quería hacerle dos preguntas al señor Ministro, pero una de ellas acaba de contestarla. Me resta preguntarle si, cuando habla de enero de 1964 y se refiere al gasto de 338 millones señalado por el Honorable señor Reyes, considera el reajuste de 35% que se pagó en el mes de julio y el aumento de los quinquenios, cuya magnitud no recuerdo en este momento, que también se sumaron al gasto. Si quiere ser bien exacto para determinar la situación de las Fuerzas Armadas al término del Gobierno anterior, el señor Ministro no debe tomar en consideración sus remuneraciones al 1° de enero, sino las que tenían a principios de noviembre. En el cálculo que hizo partió del l9 de enero y no del 4 de noviembre, que es el día del que debe partir. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- El Honorable señor GARCIA se está refiriendo a otra materia. Yo estaba hablando de cifras globales exactas. En cuanto al problema de las remuneraciones, a lo dicho por los Honorables señores OCHAGAVIA, Altamirano y GARCIA, lo primero que afirmé fue que las cifras que di son las proporcionadas por la Dirección del Presupuesto, comparadas año por año, sobre gastos efectivos. Son exactas para el Ministro de Hacienda mientras no se le demuestre lo contrario. Respeto, en todo caso, las cifras entregadas por la Oficina de Informaciones del Senado, de la que no tengo por qué dudar; pero pueden contener errores o defectos, por falta de los antecedentes necesarios de los que dispone el Ministerio, por ser su ramo para hacer comparaciones. El señor OCHAGAVIA.- ¿Me permite, sobre esto mismo? Sólo quiero preguntarle cómo se compadece lo que acaba de afirmar el señor Ministro con el hecho de que el Servicio de Prisiones tenga una economía que permitirá dar el aguinaldo señalado aquí por un señor Senador. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Senador, Su Señoría no escucha o confunde las cosas. Digo que hemos comparado los gastos efectivos. Si no^ se llena una vacante, el gasto no se contabiliza. En lo relativo a 1969, dije que para este año sólo podíamos tomar las cifras presupuestarias, porque todavía no se ha realizado el gasto total. Mal puede entonces el señor Senador tomar como ejemplo el caso del Servicio de Prisiones. Está mal empleado. Además, como lo demostré, en Prisiones, si bien había un excedente de un millón de escudos en el ítem "Sueldos", había un déficit de 900 mil escudos en el de "Sobresueldos". O sea, puede ocurrir que no se haya efectuado el gasto total en un ítem y que en otro haya un desembolso excesivo, de modo que deben compensarse. Para eso están los balances, verificados previamente por el Ministerio de Hacienda, y para eso está la Contraloría General de la República. En cuanto al gasto en remuneraciones, en el primer cuadro que se entregó a las Comisiones unidas de Defensa y de Hacienda del Senado, y que figura en la página 10 del primer informe, se hace la comparación entre el 1º de enero de 1964 y el 1° de septiembre de 1969. No hay discusión. A pesar de no tener las cifras para dar una explicación en detalle, quiero exponer ante Sus Señorías algunos razonamientos, para demostrarles que esas cantidades no tendrían variación. Las cifras están expresadas en sueldos vitales y, como sabemos, año tras año el sueldo vital se reajusta, por imperio de la ley, en el ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor. No hay otra variación. Y esa norma no se ha modificado desde 1964 hasta 1969. Por otra parte, es efectivo que a las Fuerzas Armadas se les otorgó al personal activo; no confundamos en esto el quinquenio, que corresponde al pasivo un 35% de aumento a partir del 1° de julio de 1964. La inflación, al 31 de octubre, era de 47,5% ; y el 31 de diciembre, transcurridos dos meses del ejercicio de este Gobierno, fue de 38,4%. El señor CHADWICK.- ¿Cómo? ¿La bajaron? ¿O son términos distintos de comparación? El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En los mismos términos, siguiendo con el mismo índice, en los meses de noviembre y diciembre bajó la tasa... El señor OCHAGAVIA.- Es lo normal. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- ...a 38,4%. Por lo demás, lo digo sólo para demostrar una cosa, Honorable señor GARCIA: si el reajuste fue de 35% y la inflación de 38,4%, la expresión en sueldos vitales al 1° de enero de 1964 tendría que ser inferior en 3,4%; es decir, la recuperación real del poder adquisitivo que se dio al personal en actividad de las Fuerzas Armadas fue inferior en 3,4%. Por lo tanto, la expresión. .. El señor GARCIA.- Ese cálculo debe hacerse por meses. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías dirigirse a la Mesa. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Por lo tanto, la expresión en sueldos vitales no tiene mayor variación. Y aunque las cifras se dieran con mayor detalle y la comparación no fuera con las existentes al 1° de enero de 1964 ó 1965, la situación no cambiaría. Hay algo más, Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA, que no conviene olvidar: en 1964 se acordó un reajuste de 35%, pero sólo a contar del 1° de julio. Es decir, el Gobierno anterior se hizo responsable del pago de ese reajuste desde julio a noviembre. Al año siguiente, debió hacerse cargo del total de ese reajuste, duplicado ya que se había dado por un solo semestre, la actual Administración, que tuvo que entrar a corregir, en materia de remuneraciones, el vicio de postergar su reajuste para los dos tercios de la Administración Pública. El señor OCHAGAVIA.- ¿Y los reajustes especiales? El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Los reajustes especiales son distintos de los generales, señor Senador. A dos terceras partes de la Administración Pública se les pagó el reajuste a mitad de año, y ni siquiera por el ciento por ciento del alza del costo de la vida. El Gobierno del Presidente Freí debió regularizar ese sistema de reajuste: en 1965 anticipó su pago para el mes de mayo y lo puso al día el 1° de enero de 1966. En esa forma, se logró realmente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, otorgándoles el reajuste por año completo y no por parcialidades. Por eso, me parece que las cifras expuestas, aun con las observaciones del Honorable señor Altamirano y las dudas que pueda haber, son perfectamente demostrables, y que está en la razón la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Los datos suministrados demuestran que este Gobierno ha incrementado en proporción considerable, en términos reales, los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. He señalado que, a pesar de mantenerse el porcentaje de 10,3% en 1964, la suma adicional entregada en moneda de un mismo valor señala una diferencia: la que emana de la comparación entre 700 y tantos millones y 1.200 y tantos millones. No tengo las cifras exactas en este momento. Por otra parte, debo decir al Honorable señor Altamirano, en lo relativo a la confrontación histórica que ha hecho desde 1950, que efectivamente en algunos años, sobre todo en el primer período, el porcentaje destinado a las Fuerzas Armadas fue muy alto. Pero ello se debe a que en esa época se consideraba dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas todo el gasto de su previsión, que este año excede los 540 millones de escudos. Hasta 1960 se consideraba la previsión para los efectos del cálculo del porcentaje de participación de las Fuerzas Armadas en el Presupuesto. Ese año se eliminó la consideración de todo pago previsional para dicho cálculo y, por eso, disminuyó en apariencia el porcentaje de participación de los Institutos Armados. Si los señores Senadores observan los guarismos desde 1960 en adelante, apreciarán una baja importante, pero ella se debe a la medida expuesta, de carácter contable. Si volviéramos al sistema en boga antes de 1960, para considerar los gastos previsionales dentro del cálculo del porcentaje que correspondía a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto de la nación, sería muy conveniente para el Gobierno, porque, como dije aquí en la Sala, las sumas destinadas a gastos previsionales son mayores en 1969, en comparación con 1964. Según las cifras de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, entregadas en la Comisión y expuestas aquí por el Honorable señor Carmona, en 1964, en moneda nominal, se pagaban 94 millones de escudos por concepto de previsión; en tanto que, en 1969, el desembolso total de tipo previsional imposiciones, desahucios y otros beneficios, excluyendo la Caja de Carabineros, asciende a una suma del orden de los 440 millones de escudos. Cualquier deflactación de estas cantidades no alteraría el cálculo porcentual de la participación de la Defensa Nacional en la ley de Presupuestos. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se va a suspender la sesión. El señor ALTAMIRANO.- Antes de suspenderla, quiero solicitar al señor Ministro algunos datos, con el objeto de que tenga el tiempo suficiente para requerirlos. Yo di a conocer las cifras globales que se destinan a las Fuerzas Armadas para cumplir sus funciones profesionales y en términos generales. Además, pedí insertar un cuadro que contiene las cifras totales destinadas a las Fuerzas Armadas para cumplir sus fines profesionales propiamente tales. Por último, me referí a otro cuadro que consigna las cifras destinadas a remuneraciones desde 1961. Solicito al señor Ministro de Hacienda traer las cifras globales, ya que persiste en hacer comparaciones con el Gobierno anterior, tema que no me preocupa mayormente, aunque en él se ha radicado el problema. Me interesan las cifras globales, en valores constantes: lo que se asigna a las Fuerzas Armadas en términos generales y por concepto de remuneraciones, desde 1958 hasta 1969, con el objeto de hacer una comparación. No me cabe la menor duda de que tal comparación demostrará que es efectivo lo dicho por el señor Ministro: que con relación a 1964 hay un aumento en las remuneraciones de los personales activo y pasivo; pero con respecto a los años anteriores no sólo no se observa aumento, sino que hay un deterioro. En consecuencia, no podemos tomar como referencia un solo año, sino el conjunto de ellos. Para establecer quién tiene la razón, es necesario que el señor Ministro traiga las cifras globales, ya que hasta ahora no lo ha hecho. Sólo ha dado antecedentes respecto de lo que gana un capitán o un coronel. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Ruego al señor Senador que, por conducto de la Secretaría, especifique claramente lo que desea y me envíe los cuadros estadísticos que me servirán de base para trabajar. No tengo inconveniente en verificar esas cifras y entregárselas. Ahora no podría comprometerme a ello, porque pasaré todo el día en el Senado. El señor ALTAMIRANO.- Pero el señor Ministro no hace los cálculos: lo realizan los funcionarios del Ministerio. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Efectivamente, pero debo revisarlos, porque no puedo permitir que salgan del Servicio sin haberlos comprobado. Reitero que no tengo inconveniente en hacerlos llegar a la Secretaría del Senado. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por dos horas. -Se suspendió a las 13.2. -Se reanudó a las 15. El señor PABLO (Presidente).- Continúa la sesión. Ruego a los señores Comités pasar a la sala de la Presidencia del Senado. Se suspende la sesión. -Se suspendió a las 15. -Se reanudó a las 15.15. El señor PABLO (Presidente).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, supongo que ésta es la mejor hora para expresar nuestro pensamiento sobre el artículo 1º del proyecto esencialmente, respecto del inciso primero, que autoriza al Presidente de la República para modificar las disposiciones relativas a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. O sea, se trata de las facultades que el Jefe del Estado solicita, mediante esta iniciativa, para resolver el problema de las rentas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Hemos expresado nuestro criterio en reiteradas oportunidades. No obstante, deseamos repetir de manera breve nuestra opinión política acerca del problema, que en el transcurso del debate podremos ratificar, si es necesario. En las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Hacienda dijimos, en primer lugar, que no estábamos de acuerdo con el artículo 1° particularmente, con el inciso primero, que otorga facultades al Primer Mandatario. Basamos nuestra oposición en un motivo aparentemente simple, pero que para nosotros tiene importante validez. Aun cuando el problema suscitado en las Fuerzas Armadas que motivó el envío al Congreso de la iniciativa en discusión es de la responsabilidad del Gobierno, concretamente del Presidente de la República, sus implicancias y consecuencias no alcanzan sólo al Ejecutivo, sino que éstas llegan, o pueden llegar, a todos los sectores, sobre todo lo creemos así a los grupos organizados del pueblo. Sobre tal base, estimamos que un proyecto de esta naturaleza y la decisión de resolver el problema de las Fuerzas Armadas motivado en sus necesidades profesionales de desarrollo deben ser discutidos de manera abierta, franca, pública. Algunas enseñanzas debemos sacar de los hechos y de la historia El de los Institutos Armados no puede ser considerado como problema tabú, al margen del conocimiento del pueblo. En la medida en que los problemas generales y particulares; de cualquier orden sean tratados y conocidos en forma abierta y franca, ante la opinión ciudadana, sólo en esa medida se podrán crear la conciencia y la fuerza necesarias en el pueblo, a fin de que éste imponga las soluciones verdaderas, las que realmente interesan a nuestro país, a la clase obrera. Por desgracia, la proposición del Ejecutivo de resolver el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros mediante el otorgamiento de facultades especiales no contiene nuestra idea, que para nosotros es capital, decisiva, de primera importancia. Por lo tanto, la situación, si concedemos las referidas facultades, será resuelta por el Jefe del Estado, en los círculos estrechos y cerrados del Gobierno. Considerando las implicancias políticas del proceso que estamos viviendo, no nos parece que esa solución sea la mejor, la más adecuada. Por eso, expresamos nuestra opinión en el sentido de que el Congreso Nacional debía conocer un proyecto directo, susceptible de ser debatido, con todos los inconvenientes que una situación de esta naturaleza pudiera tener. A nuestro juicio, tales dificultades son mucho menores que las que puede crear el hecho de no tratar el problema en forma directa, con el conocimiento de la gran masa ciudadana de nuestro país. No podemos entregar en el fondo, no es otra cosa un voto de confianza al señor Presidente de la República, para que él resuelva la situación según su criterio. Además, en el transcurso de este proceso, por desgracia, no hemos visto una actitud trato de medir mis palabras que refleje una responsabilidad plena por parte del Ejecutivo acerca del problema que afecta a las Fuerzas Armadas. En las Comisiones Unidas tuve oportunidad de señalar que la situación se planteó ya cuando dejó de ser Ministro de Defensa el actual Senador señor Carmona y le sucedió en la Cartera el General señor Tulio Marambio. También expresé el hecho es de conocimiento público que este Secretario de Estado, cuando asumió su cargo, debió trasladarse a escuelas, a cuarteles, a provincias, para participar en asambleas organizadas y llevadas a cabo por uniformados, quienes plantearon de ese modo insólito en las prácticas de nuestra nación, por lo menos en los últimos años determinado tipo de problemas, que, según se ha sabido, ese Ministro se comprometió a resolver. Eso ocurrió es del dominio público hace más de un año. En el transcurso de «se tiempo, habiendo manifestado las Fuerzas Armadas su inquietud respecto de numerosos problemas entre ellos, el de sus remuneraciones, ellos no fueron abordados de manera concreta, A nuestro juicio, el Gobierno no los resolvió adecuadamente. El proceso continuó el 21 de octubre con el surgimiento del hecho comentado aquí por algunos señores Senadores, donde las Fuerzas Armadas expresaron en forma pública la determinación de resolver el problema. Entonces, si ese hecho no fue casual ni fortuito; si la situación ocurrida en el regimiento Tacna, de la que fue principal protagonista el General Viaux, no correspondió a una singularidad, a un hecho aislado, a un problema específico planteado sólo en ese instante, sino a una situación que no comenzó en el Tacna ni .terminó allí, nosotros tenemos derecho a preguntarnos: ¿con qué responsabilidad, de qué manera, bajo qué formas, qué métodos se están utilizando para dar respuesta a la inquietud hecha presente por las Fuerzas Armadas respecto de sus remuneraciones? Como este proceso viene produciéndose desde hace más de un año, nosotros debemos llegar a una conclusión, que es producto de los acontecimientos y no de una simple interpretación subjetiva o del hecho de que estemos confundiendo nuestros deseos con la realidad: el proceso objetivo, la situación real, el desarrollo de los acontecimientos, nos está indicando que no podemos confiar en que el Presidente de la República, al obtener las amplias facultades que ha solicitado para resolver el problema, las utilice en forma adecuada, de una manera que interprete los intereses en juego, que por supuesto no son sólo económicos, sino, sobre todo, políticos. Por tales razones hemos señalado que preferimos un proyecto directo, concreto. Sobre esa base, los Diputados comunistas votaron en la Cámara en contra del artículo 1°, específicamente de su inciso primero. Los Senadores de estas bancas procederemos del mismo modo. Al votarse en forma separada los diversos números que figuran a continuación en el artículo 1° en el fondo, son normativos respecto de las facultades concedidas en virtud de esa disposición, nos pronunciaremos a favor, porque ellos restringen en cierto modo dichas facultades. No obstante, el contenido del artículo 1° quedará en pie, pues lo sustancial del problema es la referida concesión de facultades. En las Comisiones Unidas tuvimos conocimiento de que en mayo de este año estaba en estudio un proyecto de reajustes para las Fuerzas Armadas. Pero hemos llegado a la discusión de esta iniciativa en el Senado, y la" verdad de las cosas es que los señores Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda también concurrieron al debate habido en las Comisiones han hecho presente que no tienen resuelto el problema; que, en la práctica, el estudio continúa, y que no existe a esta altura una iniciativa concreta. Esto, como lo expresamos en las Comisiones, nos parece realmente grave: hace más de un año y medio que se planteó el problema; se contrajeron determinados compromisos; en mayo del año en curso comenzó a ser estudiada la iniciativa; se han suscitado los hechos que todos conocemos, y hasta el momento no se sabe qué camino se tomará para resolver la situación. Creo que lo anterior abona nuestra posición en el sentido de que es inadmisible otorgar facultades al Jefe del Estado, al Gobierno del señor Frei, para que resuelva un problema que no ha sido capaz de solucionar hasta la fecha. Además, a nuestro modo de ver, se plantea la siguiente cuestión. Estimamos que en este proyecto y no en otro debe abordarse la solución concreta de las dificultades que, respecto de sus remuneraciones, agobian a las Fuerzas Armadas. Aquí se plantea una solución que, según los señores Ministros de Defensa y de Hacienda, podrían ser tres. Se trata de diversas alternativas, y no ha habido pronunciamiento concreto acerca de ninguna de ellas; no se ha dicho si se va a seguir el primer camino, el segundo o el tercero. Por lo tanto, en este momento desconocemos el criterio del Gobierno para abordar la solución concreta del problema planteado. Sabemos sí que existe interés por resolverlo. En el proyecto en debate, que otorga facultades al Presidente de la República, se propone un financiamiento que, según opinión de los Ministros de Estado, de los personeros de Gobierno y, por cierto, de los Senadores de Oposición, no alcanza a cubrir siquiera la alternativa mínima señalada por el Ejecutivo, cuyo costo asciende a 800 u 850 millones de escudos-Inicialmente, los recursos totales consignados en el proyecto del Gobierno no superaban los 230 millones de escudos, cantidad elevada en la Cámara de Diputados a más o menos 350 millones de escudos. El Senado, con la opinión favorable de los parlamentarios del partido de Gobierno y de los Ministros, disminuyó esa suma a 250 millones de escudos. El Honorable señor Valente me anota que la cifra verdadera es de 210 millones de escudos. Estos recursos, como dije, están muy lejos de constituir un total financiamiento de la mínima solución propuesta. El señor IRURETA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor MONTES.- Una vez que termine mi idea, con mucho gusto. El problema consiste en otorgar una solución concreta mediante una proposición de ley que disponga un financiamiento total, a fin de que la situación que afecta a nuestras Fuerzas Armadas sea superada en este momento. No debemos esperar que en las leyes de presupuestos y de reajustes futuras se incluya el financiamiento necesario, porque ello significaría atomizar la solución del problema. A mi juicio, el Ejecutivo es enteramente responsable de resolverlo de una manera clara, abierta y total. Concedo una interrupción al Honorable señor Irureta El señor IRURETA.- Deseo hacer un alcance a las observaciones del Honorable señor Montes relativas al financiamiento del proyecto. Los recursos consignados en el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados sumaban 355 millones de escudos, incluidos en esta cifra los 100 millones de escudos por concepto de impuesto al cobre. Es efectivo que ese tributo fue suprimido por las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional del Senado. Asimismo, entiendo que se crearon otras fuentes de financiamiento; por ejemplo, el aumento a 35% del impuesto a las sociedades anónimas sugerido por el Honorable señor Ballesteros. El referido reemplazo de tributación deja a la iniciativa con recursos cercanos a los 380 millones de escudos, de modo que el financiamiento que ahora consigna la iniciativa es superior al aprobado por la Cámara de Diputados. El señor BALLESTEROS.- Deseo corroborar las afirmaciones del Honorable señor Irureta. En verdad, por el solo concepto de alzar la tributación de las sociedades anónimas, de 30% a 35%, idea aceptada por las Comisiones unidas, se da al proyecto un mayor financiamiento de más o menos 70 millones de escudos. Es decir, en relación con el aporte, no con el impuesto, de los 100 millones de escudos provenientes de la tributación del cobre, se produce un déficit de 30 millones de escudos, que fue cubierto con creces mediante una serie de impuestos adicionales. Así, la tributación de las regalías y de los "royalties" se aumentó, de 50%, cifra aprobada por la Cámara de Diputados, a 80%. El señor VALENTE.- Ese es un rubro de menor rendimiento. El señor MONTES.- ¿Me permite recuperar el uso de la palabra? El señor BALLESTEROS.- Por concepto de aumento de las tasas fijas de la ley de Timbres y Estampillas se produce un mayor rendimiento de 60 millones de escudos. Deseaba hacer estas observaciones para aseverar hechos, sin entrar realmente en la argumentación que está haciendo el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- No quiero ocuparme de manera detallada en el problema, porque el fin de mi argumentación es otro. Para mí, es válido el aserto de que el Senado, a proposición del partido de Gobierno, disminuyó el financiamiento que figuraba en el proyecto de la Cámara. Como señala el Honorable señor Ballesteros, es efectiva la creación de otros impuestos. Apoyamos esas iniciativas en el caso concreto de la mayor tributación de las sociedades anónimas. Pero todo ello no alcanza siquiera a compensar la pérdida sufrida. Además, se aprobó una indicación formulada por el Honorable señor Valente, en representación del Partido Comunista, para derogar la devolución de impuestos a los exportadores, o "drawback". La aprobación de esta idea, surgida en nuestras filas y por cierto apoyada por todos los partidos de Izquierda, y entiendo que también por algunos Senadores democratacristianos, significa, de acuerdo con algunos datos, un ingreso de 265 millones de escudos anuales y, según otros, de 220 millones de escudos. Confío en la veracidad de la primera cifra, no sólo por el hecho de ser más alta, sino también por haber sido la suma señalada por don Radomiro Tomic cuando fue proclamado en el teatro Caupolicán como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano. Debo estimar como verdadera esta cifra por venir de un hombre de Gobierno, quien, para darla, debió estudiar con seriedad el problema. En vista de lo anterior, las posibilidades económicas de la iniciativa, respecto de la aprobada por la Cámara, han aumentado, pero repito, y éste es el fondo de mi argumentación, en ningún caso este financiamiento alcanza siquiera a cubrir la mitad, o un poco más de la tercera parte, de lo que se necesitaría para cubrir los gastos que demandaría la solución mínima. El procedimiento empleado, que reprobamos, no es el adecuado para lograr la solución integral, incluida en ella, por cierto, el financiamiento. Ella debió haber sido propuesta en esta iniciativa. Esperar uno o dos meses más con el fin de proponer determinadas suplementacicnes en el Presupuesto General de la Nación o nuevos impuestos en la ley general de reajustes, retrasa y diluye la solución del problema. Y estarnos pisando un terreno que, por información de cada cual, no es el más normal. Eso mismo indica la necesidad de afrontar de manera mucho más responsable la situación. En cuanto a las remuneraciones del personal activo y pasivo de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado ha actuado sobre una base política, a nuestro juicio, enteramente contraria a lo que debe ser una solución adecuada del problema. Estamos convencidos de que en esta iniciativa se ha seguido una línea similar a la que se tuvo, por ejemplo, para modificar nuestra Carta Fundamental. Cuando las reformas constitucionales fueron discutidas en la Cámara de Diputados en nuestro concepto de una manera extraordinariamente inoportuna, se adoptó una solución política acordada por el partido de Gobierno y la Derecha de este país. Pensamos que el criterio apelado en las reformas constitucionales aun no ratificadas por el Congreso Nacional indica un camino contrario al que debería seguirse en este tipo de materias, error en que nuevamente ha incurrido el Gobierno frente a este proyecto. Llamamos la atención en algún grado tenemos la responsabilidad de señalarlo sobre el hecho de que ese camino sólo conduce al despeñadero, a aplicar en la solución de los problemas fundamentales una política de Derecha que en Chile no tiene destino, porque ha sido probada en infinidad de ocasiones y la vida le ha dicho que no. Algunos han pretendido demostrar que ella ha triunfado o que tiene posibilidades de victoria. Pero una vez más la realidad ha comprobado algo muy distinto. Ante un problema tan importante como el que estamos examinando, que no es fortuito ni secundario, sino producto de un hecho, se insiste repito en caminar por un sendero que no conduce a una solución definitiva, sino, por el contrario, a un agravamiento de la situación. Y como nosotros, así como cada partido aquí representado, alguna responsabilidad tenemos en el curso de los acontecimientos políticos de nuestro país y en el porvenir de nuestra patria, queremos destacar, de manera muy clara, que no nos responsabilizamos de los pasos que se están dando ni de la línea que se insiste en continuar por parte del Gobierno. Hemos formulado nuestras opiniones públicamente. Ellas son muy claras para señalar que nuestro rechazo a las facultades solicitadas por el Presidente de la República está determinado de manera concreta por nuestra propia visión política de los acontecimientos y por el hecho de estimar equivocado el camino de buscar una posible solución a puertas cerradas, a espaldas, inclusive, de la gran masa de los propios interesados en el problema. Ese procedimiento puede ser suicida, en vista de las actuales condiciones del país. Actuar de modo equívoco, poco claro ante la situación, que no sólo afecta al Gobierno, únicamente es facilitar la aplicación de una tendencia, una línea y una política que no favorecen a los intereses populares. Por las anteriores consideraciones, rechazaremos el artículo 1° , concretamente su primer inciso, que contiene las facultades solicitadas por el Presidente de la República. No tenemos confianza en que ellas sean bien empleadas. Estimamos que éste es un camino errado y que es absolutamente indispensable proceder de la manera que señalo, aplicando un criterio diverso del que se pretende imponer mediante el proyecto en discusión. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la probable mayoría que permitirá otorgar las facultades, hemos renovado indicación para suprimir dicho artículo y reemplazarlo por otro, como consta en él documento que obra en poder de la Mesa con las firmas reglamentarias. Lo hacemos porque no deseamos incurrir en aquello de negar, simplemente, sin proponer al mismo tiempo soluciones concretas. Numerosos señores Senadores hemos propuesto algunas modificaciones que nos parecen esenciales. Consideramos que los recursos son reducidos; pero creemos, también, sobre todo con relación al financiamiento y a la justicia que debe hacerse a determinados sectores de las Fuerzas Armadas, que es indispensable, por lo menos, escuchar una voz que haga una proposición concreta en un artículo determinado. Hemos manifestado que nuestra aspiración, la idea que tenemos de la solución del problema, es que el total de las remuneraciones imponibles percibidas por el personal en servicio activo sea refundido en un solo rubro básico, expresado en sueldos vitales. A nuestro juicio, esto acerca extraordinariamente la solución del conflicto. Por tal motivo, hemos presentado indicación al respecto. El señor JEREZ.- Hemos presentado. El señor MONTES.- En verdad, la observación del Honorable señor Jerez es absolutamente adecuada. Al decir "hemos presentado", no pretendo señalar que lo hayamos hecho sólo los Senadores comunistas, sino numerosos sectores de Izquierda. Concretamente, en este caso, el Honorable señor Jerez también ha patrocinado la indicación en referencia. Hemos formulado, además, otras dos importantes indicaciones con el objeto de elevar el financiamiento del proyecto de manera sustancial, evitando que el peso del mismo recaiga de manera directa o indirecta en la masa de consumidores, en el pueblo, en los trabajadores. Por tal motivo, no estuvimos de acuerdo con determinadas fórmulas para allegar recursos. Por esta misma razón, renovamos una indicación, que está en poder de la Mesa, en virtud de la cual los socios extranjeros de las empresas de la gran minería del cobre estarán obligados a otorgar al Estado chileno un préstamo forzoso de doscientos millones de escudos, cantidad que deberá ser integrada en arcas fiscales antes del 30 de junio de 1970. El servicio de la deuda comenzará a partir del 1° de enero de 1975, en las condiciones que determine el Ministerio de Hacienda. Igualmente, formulamos indicación para suspender, a contar del 1° de enero del próximo año y hasta el 31 de diciembre de 1973, el servicio de la deuda externa contraída por el país. En virtud de nuestra proposición, se autoriza al Presidente de la República para pactar la consolidación de dicha deuda, la que empezará a servirse en las nuevas condiciones a contar del 1° de enero de 1974. Según nuestros antecedentes, la primera de estas disposiciones producirá un rendimiento anual no inferior a 97 millones de dólares, y la segunda, de no menos de 900 millones de dólares al año. Comprendemos las implicancias políticas, de comercio exterior, de relaciones internacionales y todo aquello que pueda argüirse con relación a la conveniencia o inconveniencia de la indicación, por ejemplo, relativa a la consolidación de la deuda externa. Pero ella no es producto sólo de una improvisación. No la hemos redactado hace una hora. Es fruto de una idea pensada, pues estamos absolutamente convencidos de que el enfrentamiento de los grandes y serios problemas políticos del momento, que tienen una raíz económica muy clara, requieren, necesariamente, de una actitud decidida. Si esas actitudes no se adoptan, si se decide seguir el otro camino, cada cual repito expresará esa responsabilidad en la forma de votar y abordar la situación. Por lo que a nosotros nos toca, lo haremos de la manera más clara y nítida posible, pues estimamos que es nuestra responsabilidad hacerlo y porque, a nuestro juicio, la fórmula que hemos señalado es la que posibilita una solución real a la situación planteada. Esto es todo por el momento, señor Presidente. El señor AGUIRRE DOOLAN.- En la discusión general de este proyecto tanto el Honorable señor Miranda como el Senador que habla manifestamos el pensamiento de nuestra colectividad en el sentido de que estamos dispuestos al despacho de una iniciativa de esta naturaleza en virtud de las misérrimas rentas que perciben las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Pero no deseamos abordar el problema por la vía de conceder facultades extraordinarias. Los tres últimos regímenes se han desplazado por este camino y las han solicitado, y la experiencia nos indica que en la práctica, ellas no han resultado una solución conveniente. Se concedieron atribuciones especiales en los Gobiernos del señor Ibáñez y, posteriormente, del señor Jorge Alessandri, para abordar materias concernientes a las Fuerzas Armadas de la República. Durante la actual Administración, se otorgaron facultades extraordinarias en 1966, mediante la ley N° 16.466, y el año recién pasado, en virtud del artículo 17 de la ley N° 16.840. Pues bien, la aplicación de tales facultades no ha interpretado el sentir del Congreso Nacional. Por eso, los Senadores de estas bancas creemos que en esta ocasión habría sido, y es, más conveniente entrar directamente al análisis de un proyecto estudiado en la forma adecuada, como se ha hecho con muchas otras iniciativas destinadas a aumentar las remuneraciones tanto del sector público como de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Tengo a la mano una lista de las diversas leyes relacionadas con el mejoramiento económico de nuestros Institutos Armados que se han aprobado a partir de 1939. Es una larga enumeración que incluye una serie de leyes despachadas con el concurso directo del Parlamento. Por este motivo, no consideramos conveniente hacer una nueva excepción y entregar otra vez facultades extraordinarias al Presidente de la República. Deseo aprovechar la oportunidad, ya que antes no tuve ocasión de hacerlo, para analizar un escrito presentado hace algunos días ante la Corte Marcial por el señor Osear Fenner, ex miembro de dicho Tribunal y de las Fuerzas Armadas. El señor Fenner señaló que el período que va desde 1933 a 1964 "se caracteriza por la tendencia a reducir el presupuesto castrense, restándose con ello importancia a. las funciones del personal y, por ende, a la preparación de la Defensa Nacional. Es de toda justicia anotar que en las postrimerías del sexenio 5864" seguramente, recordó en ese instante que era entusiasta partidario del candidato de los sectores de Derecha "se hicieron adquisiciones que por razones obvias no se especifican..." Al respecto debo señalar que en las más directas responsabilidades de gobierno asumidas por el Partido Radical deseo referirme a la época del ex Presidente Aguirre Cerda, nuestra colectividad estuvo atenta para dar las remuneraciones adecuadas a las Fuerzas Armadas. En todo instante se trató de que ellas, como asimismo, Carabineros e Investigaciones, tuvieran rentas protegidas del alza del costo de la vida y de acuerdo con sus anhelos de mejoramiento económico. Tengo a la vista las cantidades destinadas a remuneraciones de estos personales en las distintas leyes de Presupuesto a partir desde 1939. Por ejemplo, veo que en el Presupuesto de 1940 los recursos destinados a los sueldos fijos de la Subsecretaría de Guerra ascienden a 65.527.800 pesos, cantidad que casi se duplica en el Presupuesto de 1941, cuando llega a 116.811.410 pesos. Respecto de la Subsecretaría de Marina, los recursos de 1940 ascienden a 58.140.920 pesos, en tanto que en 1941 llegan a 107730.682 pesos. Y en cuanto a la Subsecretaría de Aviación, varían de 15.032.100 pesos en 1939, a 28.031.720 pesos, en 1941. Más adelante, observo otras cantidades que, indiscutiblemente, reflejan un aumento de las remuneraciones de este personal. Así, por ejemplo, en la ley de presupuestos de 1950, tenemos que de un total aproximado de 298.000.000 de pesos, en el año siguiente los recursos ascienden a 641 millones para la Subsecretaría de Guerra. En cuanto a la Subsecretaría de Marina, suben de 325.000.000 a 724.000.000, es decir, más que se duplicó. Por último, los recursos de la Subsecretaría de Aviación varían de 126.123.412 a 247.540.620 pesos. Para no restar más tiempo al Honorable Senado, ya que todos los sectores de la Corporación estamos interesados en que el proyecto sea despachado a la brevedad posible y llegue a convertirse rápidamente en ley de la República, ruego al señor Presidente recabar el acuerdo necesario para agregar estos datos al texto de mi intervención. El señor PABLO (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición del Honorable señor Aguirre. Acordado. El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente: Fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas, a través de leyes de Presupuesto. (1). Insertar imagen pag. 601, 602, 603, 604 El señor AGUIRRE DOOLAN.- Para desvirtuar las aseveraciones del Honorable señor Fenner y le digo Honorable por su calidad de ex Ministro de la Corte Marcial, debo recordar que, por ejemplo, en el Gobierno del Presidente Aguirre Cerda se dictó la ley Nº 7.144, que creó el Consejo Superior de Defensa Nacional, estableció sus funciones y atribuciones y autorizó al Presidente de la República para contratar adquisiciones, construcciones, etcétera, destinadas a la defensa del país. Dicha ley consignó recursos que permitieron a la Marina Nacional construir dos cruceros que en estos momentos son las principales unidades de la Marina Nacional. El señor PALMA.- ¿Construir? El señor CHADWICK.- No sea tan purista, Honorable señor Palma. El señor AGUIRRE DOOLAN.- La ley 7.144 autorizó al Presidente de la República, textualmente, "para contratar adquisiciones, construcciones, etcétera". De todos modos, agradezco la rectificación verbal, dado el buen castellano de Su Señoría, cosa que nadie discute. La ley 7.160 establece un impuesto extraordinario sobre las ventas de barras de cobre, destinado a conceder mayores posibilidades a la defensa nacional; la 7.161, promulgada durante la Vicepresidencia de la República de Jerónimo Méndez, fijó normas sobre reclutamiento, nombramiento y ascensos del personal de los Institutos Armados. Asimismo, podría citar que durante el mandato presidencial de don Juan Antonio Ríos, segundo Presidente radical, se aumentó el sueldo base del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y también se estableció la pensión perseguidora para los jefes de las Fuerzas Armadas. Con posterioridad, la ley 10.343, extendió el beneficio a los suboficiales mayores de la Defensa Nacional. Solicito al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para insertar en el texto de mi discurso algunos antecedentes que confirman y amplían lo que estoy sosteniendo. El señor PABLO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para insertar los documentos a que se refirió el señor Senador. Acordado. Los documentos cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente: "Oficina de Informaciones. Nº 2.689.Santiago, 29 de octubre de 1969. "Honorable Senador: En respuesta a la petición de Su Señoría, relacionada con una nómina de las disposiciones legales que, sobre mejoramiento de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas, se han dictado desde 1938 a la fecha, me permito transcribirle, a continuación, una lista que, sobre la materia, ha remitido a esta Oficina el señor Contralor General de la República: Insertar imagen pag. 605, 606 Agrega, además, el señor Contralor, que "atendida la complejidad del sistema remuneratorio de las Fuerzas Armadas, se han incluido en esta nómina todas las normas legales que se refieren a remuneraciones y aquellas que han significado fijación de Plantas de la Institución, o modificación de las mismas." LEY Nº 7.144 (5 de enero de 1942) "Crea el Consejo Superior de Defensa Nacional; funciones y atribuciones; autoriza al Presidente de la República para contratar adquisiciones, construcciones, etcétera, destinadas a la defensa nacional, fijando, para este objeto, como total de los empréstitos la suma de. . . "Artículo 4º.- Los recursos que produzca la presente ley se destinarán exclusivamente al pago de las adquisiciones, construcciones, reparaciones y fabricaciones retenidas y al servicio de los empréstitos, créditos y anticipos autorizados en el artículo anterior, en la forma y condiciones que establece el artículo 5º de la presente ley., "Los Ministros de Estado o funcionarios que dieren a los fondos creados por esta ley una aplicación distinta a la que ella establece, serán solidaria y personalmente responsables de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. "Artículo 5°.- El Consejo Superior de Defensa Nacional dará la siguiente inversión a los fondos depositados en las cuentas de la Caja de Amortización: "a) Reservará anualmente en moneda extranjera o en oro metálico una suma no inferior a dos millones y medio de dólares, a fin de formar un fondo destinado exclusivamente a la adquisición de cruceros, mientras no se contrate la construcción de éstos o los empréstitos destinados al mismo fin. "Desde el momento que se contrate la construcción o adquisición de cruceros, todos los fondos acumulados con arreglo al inciso anterior, se destinarán a pagos o anticipos de los mismos y la reserva en moneda extranjera que se siga haciendo en lo sucesivo corresponderá a la suma necesaria para cumplir los contratos de compra o construcción, o para el servicio de los empréstitos o créditos contratados con el mismo objeto; "b) Reservará anualmente también en moneda extranjera o en oro metálico, la suma necesaria para cancelar la adquisición de los otros elementos necesarios para la defensa nacional o para atender el servicio de los empréstitos o créditos contraídos para la adquisición de este mismo material; "c) Destinará el saldo disponible a los demás fines de la defensa nacional autorizados por el artículo 3º de la presente ley, o a otros gastos de las Fuerzas Armadas, siempre que no sean sueldos o remuneraciones del personal, ni gastos ordinarios que deban figurar en el Presupuesto General de Gastos de la Nación; y "d) Destinará anualmente, y durante seis años, la cantidad de diez millones de pesos ($ 10.000.000) para el servicio de la Línea Aérea Nacional con fines de construir los aeropuertos y comprar material para la ampliación" de sus servicios de acuerdo con los planes que el propio Consejo Superior de Defensa Nacional determine." "LEY Nª 7.160 "Establece un impuesto extraordinario sobre la renta que pagarán los establecimientos que produzcan cobre en barra. (Publicada en el Diario Oficial Nº 19.167, de 21 de enero de 1942). "Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente "Proyecto de ley: "Artículo 1º.- Establécese un impuesto extraordinario sobre la renta, que pagarán los establecimientos que produzcan cobre en barra mediante el beneficio de minerales o concentrados de dicho metal. "Este impuesto será el cincuenta por ciento (50%) de la mayor renta imponible que obtengan dichos establecimientos y que provenga de cualquier aumento en el precio de venta de su cobre en exceso sobre un precio básico de diez centavos de dólar por libra de cobre electrolítico, o de nueve tres cuarto centavos de dólar por libra de cobre fire refined, o de nueve cinco octavos centavos de dólar por libra de cobre Bessemer, según el caso, puesto a bordo vapor en el puerto de Nueva York. "El impuesto no será inferior a uno un cuarto centavos de dólar por libra de cobre vendido, salvo que la mayor renta obtenida fuere inferior a uno un cuarto centavo de dólar por libra, en cuyo caso el impuesto será igual a la mayor renta íntegra. "La mayor renta que reciban los productores y que provenga de cualquier aumento de precio sobre los ya referidos no estará afecta a ningún otro impuesto y se descontará de la renta imponible para los efectos de aplicar los impuestos sobre la renta. "Para los efectos de lo establecido en el artículo 20, letra c), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el impuesto extraordinario que se establece por la presente ley será considerado como una contribución especial de fomento o mejoramiento. "Para los establecimientos que produzcan menos de veinte mil toneladas anuales, este impuesto extraordinario se aplicará solamente sobre la mayor renta imponible que ellos perciban por el aumento de precio de venta del cobre en barras, puesto a bordo vapor en New York en exceso sobre el que hubieren obtenido con anterioridad al 1° de enero de 1942, sin considerar el mínimum que establece el inciso 3º de este artículo. "Artículo 2º.- El producto de este impuesto será entregado por la Tesorería General de la República a la Caja Autónoma de Amortización, que lo depositará en una cuenta especial, mientras se determine por una ley su destino o inversión, sobre la cual no se podrá girar ni aun por decretos de insistencia. "Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para que pueda ceder a los importadores autorizados para el efecto por la Comisión de Cambios Internacionales la moneda extranjera que produzca el impuesto establecido en el artículo 1º. El producto de estas ventas ingresará a la cuenta especial que se consulta en el artículo anterior. "Artículo 4º.- Por exigirlo el interés nacional se autoriza al Presidente de la República para que pueda hacer obligatorio el retorno de las exportaciones de materias primas nacionales, en materiales o mercaderías elaborados con dichas materias primas, en una proporción que no exceda del veinte por ciento (20%) de las mismas. "Para la aplicación de estas disposiciones se procederá en la forma prevista por la ley 5.107, y el artículo 2º del decreto ley 646, de fecha 23 de septiembre de 1932, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones establecidos por dichas leyes. "Artículo 5º.- La Corporación de Fomento de la Producción, creada por ley 6.334, que, con sus modificaciones se encuentra refundida en la ley 6.640, calificará los precios y calidades de las especies retornadas en la forma que determine el Reglamento. "Podrá también intervenir directamente en las adquisiciones, a requerimiento del Presidente de la República. "Artículo 6º.- En todo caso, las empresas exportadoras de minerales de cobre reservarán para las necesidades de consumo interno de las industrias nacionales, que fije el Presidente de la República, el metal en barras, electrolítico, standard y blister que esas industrias necesiten. "Para determinar el precio del cobre a que se refiere el inciso anterior no se tomarán en consideración los gastos de transporte que se efectúen fuera del territorio nacional. "Artículo 7º.- Esta ley empezará a regir desde el 1º de enero de 1942. "No obstante, los productores a que se refiere el artículo 1º, y que produzcan más de veinte mil toneladas anuales pagarán el setenta y uno y medio por ciento (711/2%) sobre la mayor renta percibida por ellos provenientes del exceso sobre los precios señalados por dicha disposición, desde el 1° de septiembre de 1941, hasta la vigencia de esta ley y en las mismas condiciones indicadas en dicho artículo. El producto ingresará a rentas generales de la Nación. "Artículo transitorio. Mientras se mantenga la emergencia actual, circunstancia que calificará el Presidente de la República por decreto supremo, para determinar la mayor renta imponible a que se refiere la presente ley, no se tomarán en cuenta aumentos de gastos por concepto de fletes marítimos, seguros marítimos y riesgos de guerra. Asimismo, no se considerará como mayor renta para los efectos de esta ley, cualquier aumento del precio de venta del cobre que provenga exclusivamente del alza de los fletes marítimos, seguros marítimos y riesgos de guerra. "Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promulgúese y llévese a efecto como ley de la República. "Santiago, veinte de enero de mil novecientos cuarenta y dos. Jerónimo Méndez. Guillermo del Pedregal H." "LEY Nº 7.161 (31 de enero de 1942) "Fija normas para el reclutamiento, nombramiento y ascenso del personal de las Instituciones Armadas de la Defensa Nacional; y deroga todas las disposiciones anteriores sobre la materia, y el inciso 2º del decreto con fuerza de ley 2.545, de 26 de diciembre de 1927, que fija sueldos al personal de la Armada, y los artículos 25 y 32 del decreto con fuerza de ley 3.743, de la misma fecha, sobre retiro y montepío del personal del Ejército y Armada." "Leyes generales sobre remuneraciones a las Fuerzas Armadas desde la Administración Ríos a la fecha. "Ley Nª 7.177.-2-II-1942.- Establece quinquenios para el personal de las Instituciones Armadas de la Defensa Nacional ; sueldos, sobresueldos, gratificaciones y viáticos. "Ley Nª 7.452.- 24-VII-1943.- Modifica el artículo 22 de la ley 5.311, de 4 de diciembre de 1933, que aumenta las pensiones de los veteranos; substituye el artículo 1° de la ley 5.938, de 29 de septiembre de 1936, que dispone que el personal civil subalterno de la Justicia Militar tendrá la calidad de empleado del Ejército; modifica el artículo 6º y sustituye el 18 de la ley 6.772, de 5 de diciembre de 1940 que aumenta sueldos al personal de las Fuerzas Armadas; y modifica otras disposiciones legales. "Ley Nª 8.048.- 21-XII-1944.- Hace extensivas al personal en retiro de las Fuerzas Armadas, cuyos ceses fueron expedidos con posterioridad al 1° de enero de 1939, las disposiciones de la ley Nº 7.167, de 2 de febrero de 1942, sobre quinquenios. "Ley Nº 8.087.- 9-II-1945.- Fija sueldos al personal de las Fuerzas Armadas; deroga los incisos 1°, 2º y 3º del artículo 15 del D.F.L. Nº 3.741 de 26 de diciembre de 1927, y el artículo 15 del 2.545, de la misma fecha; amplía la suma que señala, para la construcción de habitaciones al personal de las Fuerzas Armadas. "Ley Nº 8.111.- 12-IV-1945.- Declara incluido en la ley 6.220, de 26 de julio de 1938, para los efectos del beneficio que fija la ley 5.561, de 7 de enero de 1935, al personal en retiro de la Armada que indica. "Ley Nº 8.762.14111947.Aumenta sueldos bases del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional; gratificación de alojamiento; gratificación de mando; asignación familiar; viáticos y gratificación de zona. "Ley Nª 9.260.- 9-XI-1948.- Concede al personal de las Fuerzas Armadas una gratificación extraordinaria y en las condiciones que indica. "Ley Nª 9.289.-31XII1948.- Modifica disposiciones del decreto 1.982, de 9 de septiembre de 1947, de Guerra, que fijó el texto refundido de las diversas disposiciones sobre sueldos y otros beneficios económicos que rigen para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. (Reemplaza escala de sueldos). "Ley Nª 9.629.-18-VII1950.- Aumenta al personal de las Fuerzas Armadas las pensiones de jubilación, retiro, montepío y de gracia inferiores a $ 24.000 anuales, con las excepciones que indica. "Ley Nª 9.632.-l-VIII1950.- Reemplaza y agrega artículos nuevos al decreto 1.982, que fijó el texto refundido de disposiciones sobre sueldos y demás beneficios económicos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, modificaciones que significan aumentar el sueldo del referido personal; suprime la asignación de rancho en dinero de que goza el personal de aquel Ministerio. "Ley Nª 9.562.-26-11950.- Modifica el D.F.L. Nº 3.743, de 26 de diciembre de 1927, sobre retiro y montepío de su personal. "Ley Nª 9.989.-22-IX1951.- Concede anticipo de sueldo a servidores del Estado. "Ley Nº 10.343.-28-V1952.- Aumenta los sueldos y quinquenios del personal de las Fuerzas Armadas y establece una asignación durante el tiempo que falte para enterar el primer quinquenio; fija el porcentaje en que serán aumentadas las pensiones de retiro y montepío, etcétera. "Ley Nº 11.175.-8-VI-1953.- Modifica y aclara disposiciones sobre reajuste de pensiones, servicios computables y sueldo del grado superior, al personal de las Fuerzas Armadas en los casos que señala. "Ley Nª 11.595.-3-IX-1954.- Encasilla al personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, que indica, en la escala de sueldos del personal de la Administración Civil del Estado; sueldo del grado superior; aumento de sueldo por años del servicios, etcétera. "Ley Nº 12.006.-2311956.- Reajuste de sueldos de carácter general. "Ley Nº 1,2.428.-191-1957.- Restablece los aumentos quinquenales con los porcentajes que indica, al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. "Ley Nº 12.434.-1-II-1957.- Reajusta en los porcentajes que indica los sueldos y jornales de los servidores del Estado, civiles y militares. Reajusta las pensiones de jubilación, retiro y montepío del personal de las Fuerzas Armadas. "Ley Nº 12.861.-7-II-1958.- Reajuste general de remuneraciones al sector público. "Ley Nº 13.305.-6-IV-1959.- Reajuste general de remuneraciones al sector público. (A las FF.AA. se refieren los artículos 29 y 30). "Ley Nº 14.501.-21-XII-1960.- Concede al personal de las Fuerzas Armadas una bonificación extraordinaria de Eº 30 y Eº 4, adicionales por cada carga familiar; otros beneficios. (Artículos 13, 14, 16 y 17). "Ley Nº 14,603.- 9-VIII-1961.- Establece la asignación que indica para el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile; asignación de casa para el personal con cargas de familia que no ocupe casa fiscal. "Ley Nº 14.688.-23-X-1961.- Bonificación al sector público. (Artículo 12). "Ley Nº 15.575.-15-V-1964.- El personal de las FF.AA. gozará del mismo régimen de viáticos de que goza la administración civil del Estado. (Artículo 70). "Ley Nº 16.250.- 21-IV-1965.- Reajusta en un 38,4% las rentas que indica, entre ellas al personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. "Ley Nº 16.258.20V-1965.- Crea la Comisión Revalorizadora de Pensiones de la Defensa Nacional. "Ley Nº 16.466.-29-IV-1966.-Reemplaza la escala de sueldos para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y del Cuerpo de Carabineros. "Ley Nº 16.617.-31-1-1967.- Reajusta en un 10% los sueldos bases fijados por el artículo 1° de la ley 16.466, para el personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile. (Artículo 152). "Ley Nº 16.840.-24-V-1968.- Reajuste a las Fuerzas Armadas. (Título I Párrafo II). "D.F.L. N° 171-1969.Reajuste general al sector público." El señor AGUIRRE DOOLAN.- El señor Fenner expresó que a partir de 1933 existía la tendencia a reducir el presupuesto castrense. A mi juicio, con los antecedentes que he señalado, como asimismo con las informaciones proporcionadas por el Honorable señor Altamirano y otros señores Senadores, lo que se ha hecho en forma permanente es algo claro y preciso: todos los Gobiernos, cual más cual menos, se han preocupado de dotar a las Fuerzas Armadas de los elementos necesarios para la defensa nacional y su normal desenvolvimiento. Para la historia, deseo dejar en claro que durante el mandato de Presidentes de la República del Partido Radical de los señores Aguirre Cerda, Ríos Morales y González Videla fueron concedidas mejores remuneraciones a los Institutos Armados. Somos contrarios a conceder facultades extraordinarias al Jefe del Estado, y por ello, votaremos negativamente esta parte del proyecto, lo cual no significa oponernos a mejorar los sueldos de ese sector. No deseo aparecer como pitoniso, pero creo que habrá mayoría para aprobar las facultades extraordinarias. Ojalá el señor Ministro de Defensa Nacional y la comisión que lo acompañe en el estudio del problema esto es una recomendación sean suficientemente acuciosos para que no ocurra lo mismo que con las últimas facultades extraordinarias. Señor Ministro, la inquietud dentro de los sectores castrenses indica claramente que con la delegación de facultades del mes de mayo de 1968, no se subsanaron sus inconvenientes. Lo digo con toda buena intención. Se arreglaron algunos problemas, pero ello no fue suficiente. Debo agregar que, desde un punto de vista del sentimiento democrático, Chile vio con aprensión los acontecimientos de octubre pasado. Insisto en que los Senadores radicales rechazamos las facultades extraordinarias, pues es nuestro deseo que el personal tanto activo como pasivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones disfruten de rentas compatibles con la dignidad de todo ser humano. El señor GARCIA.- Señor Presidente, los Senadores de estas bancas aprobaremos la delegación de facultades extraordinarias. Antes de fundar nuestra posición, con la venia de la Mesa daré algunos minutos al Honorable señor OCHAGAVIA, para que se refiera a las palabras pronunciadas por el señor Ministro de Hacienda. El señor PABLO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor OCHAGAVIA. El señor OCHAGAVIA.- En la mañana de hoy tuvimos oportunidad de escuchar, a raíz de las expresiones de algunos señores Senadores, las aclaraciones hechas por el señor Ministro de Hacienda en cuanto a los fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas en las leyes de presupuestos de distintos años. En ese debate, le hice notar que las estadísticas que presentaba tenían un error: las cifras que usaba para comparar eran de enero de 1964. Así, efectivamente, aparecía una reducción del monto total de los fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas en los años siguientes. Al solicitarle una interrupción al señor Ministro, le manifesté que sus estudios y cálculos no estaban bien planteados por el hecho de que en 1964 se habían otorgado los reajustes a partir del mes de julio. Contestando a mis observaciones, dijo que el alza del costo de la vida en ese período había sido de 38%. Es decir, según el señor Ministro, no variarían las cifras estadísticas que entregaba, por el hecho de que el aumento del costo de la vida habría sido superior al reajuste otorgado ese año. Sin embargo, debo expresar al Honorable Senado que no me dejó satisfecho la contestación del señor Ministro. Y ello por una razón muy simple: porque de acuerdo con los estudios y demás antecedentes que tenemos en nuestro poder sobre los fondos destinados a remuneraciones de las Fuerzas Armadas en los últimos años, deflactando el gasto de cada año en moneda estable de 1969, resulta que en 1964, al tomar como base el mes de enero, aparece un deterioro ficticio con relación a los años posteriores, que no corresponde a la realidad por la razón recién dada. Según el argumento del señor Ministro, el reajuste corresponde más o menos al alza del costo de la vida. Yo sólo quiero decirle lo siguiente: si en el cálculo se ha deflactado el aumento del costo de la vida y, en cambio, no se ha ponderado el reajuste, se parte de una base absolutamente errada. No sé si el señor Ministro ha seguido mis planteamientos, pero quisiera que este punto quedara perfectamente esclarecido. Tanto el Ministro de Hacienda como los Senadores democratacristianos en especial el Honorable señor Carmona dijeron en las Comisiones, defendiendo la posición del Gobierno, que los emolumentos de las Fuerzas Armadas, con relación al período anterior, habían tenido un mejoramiento evidente. El señor BALLESTEROS.- Así es. El señor OCHAGAVIA.- El Honorable señor Ballesteros dice que así es. Yo le probaré todo lo contrario. Estoy haciendo una afirmación sobre la base de cifras, que tienen la frialdad que sólo corresponde a los números, y con relación a ellos, debemos plantear, en un alegato de esta naturaleza, las distintas posiciones. El señor PALMA.- Siempre que sean buenas esas cifras. El señor OCHAGAVIA.- Son buenas, señor Senador, porque provienen de 'la única fuente de donde podemos obtenerlas: la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que preside el señor Ministro aquí presente. Esos antecedentes llegan al Senado a través de su Oficina de Informaciones, que los solicita, y el Ejecutivo, en virtud de una ley que lo obliga, debe hacer entrega de ellos. Tengo en mi mano las cifras totales destinadas a sueldos de las Fuerzas Armadas desde 1961 hasta el presente año. Deflactadas en moneda de 1969, aparecen algunas sorpresas para quienes afirmaron como lo hizo el Honorable señor Carmona que la situación mejoró durante este Gobierno. En realidad, ha habido un franco deterioro, no obstante que la actual Administración ha contado con mayores recursos que la anterior. En 1961, el monto destinado a remuneraciones para los Institutos Armados, en moneda constante, ascendió a 420 millones de escudos y a 495 millones en 1962. En 1963, se produjo un descenso. Pero en las cifras de 1964 no está ponderado el aumento de 35%, con lo cual se recupera el deterioro del año anterior. En cambio, las cifras correspondientes a este Gobierno, que en 1965 destinó 396 millones de escudos para ese rubro y en 1966, 429 millones, no superan las de años anteriores y, desde luego, los promedios son inferiores. Si agregamos a los datos que estoy entregando los porcentajes del presupuesto nacional gastados en la defensa, resulta que tampoco el Gobierno de la Democracia Cristiana queda bien puesto al compararlo con el anterior. Las proporciones bajan en forma ostensible: 13%, 11% y fracción, 10% y 7% y fracción para este año. El señor BALLESTEROS.- ¿En cifras deflactadas? El señor OCHAGAVIA.- Sí, señor Senador. El señor HAMILTON.- ¿Son porcentajes del presupuesto? El señor OCHAGAVIA.- Sí, señor Senador. Las cifras totales, deflactadas, también las voy a dar. En consecuencia, prácticamente no existe diferencia entre los años 1961 a 1969. Por ejemplo, durante la Administración pasada, las cifras ascienden en millones de escudos a 898, 937 y 978, contra 902, 937 y 1.011 del actual período. O sea repito, son casi iguales, a pesar de los inmensos recursos con que ha contado este Gobierno, como todo el país y, en especial, este Senado lo saben. Deseo agregar algunas consideraciones respecto de los pensionados, porque también se sostuvo la tesis de que ahora ganarían más. Sin embargo, las estadísticas oficiales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional señalan que las pensiones medias es importante consignar este dato entre 1959 y 1963, con relación a las de 1964 a 1969, prácticamente no han variado. Todas estas cantidades son en moneda estable de este año. No voy a cansar al Honorable Senado leyendo cifras, sino que me voy a permitir seguir el camino señalado por el Honorable señor Aguirre Doolan: solicito al señor Presidente que recabe el asentimiento del Senado para insertar en el texto de mi intervención los cuadros que mencioné. El señor PABLO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. Acordado. Los documentos cuya inserción se acuerda son los siguientes: Cuadro del monto de pensiones medias por los años 1959 a 1969. Categoría de Nº INSERTAR IMAGEN PAG. 613, 614, 615, 616, 617 NOTAS: (1) Se considera el Presupuesto Corriente en Moneda Nacional. Sobresueldos fijos considera: años de servicio, residencia en ciertas zonas, gastos de representación, otros conceptos. Gastos Variables considera: personal a contrata, gratificaciones y premios, viáticos, jornales, arriendo de bienes raíces, pasajes y fletes en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pasajes y fletes en empresas privadas, materiales y artículos de consumo, material de guerra, rancho o alimentación, forraje, vestuario y equipo, impresos, impresiones y publicaciones, gastos generales de oficina, conservación y reparaciones, mantenimiento de vehículos motorizados, maniobras militares, previsión y patentes, consumos de electricidad, agua, teléfonos y gas, varios e imprevistos, adquisiciones, subvenciones y premios. (2) El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en realidad, hoy en la mañana incurrí en un error, puesto que al hacer el cálculo sobre sueldos vitales dije que no experimentaba variación porque el cálculo se determinaba siempre de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Así, hice la comparación considerando el 35%, en circunstancias de que sólo se trataba de la mitad del año; de manera que, en verdad, el reajuste para las Fuerzas Armadas no fue de 35%, sino de 17,5% anual, porque, tal como reconoció el Honorable señor OCHAGAVIA, es preciso determinar cuántos meses fueron los que se les pagaron. Realmente, no debí hacer la comparación con el 38,4% de ese año, sino con el deflactor del año anterior, que es la relación sobre la cual se determina el reajuste de remuneraciones. Y el alza del costo de la vida correspondiente a 1963, según recuerdo, fue de 42%. Es decir, me quedé un poco atrás en el cálculo que hice. Además, quiero expresar al Honorable señor OCHAGAVIA que en materia de pensiones, de acuerdo con un cuadro entregado por la Vicepresidencia de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no logro comprender de dónde se han obtenido los otros datos estadísticos a que hizo mención. El señor OCHAGAVIA.- El documento que tengo a la mano dice: "Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Cuadro del monto de pensiones medias, 19591969". "Fuente de información: Oficina de Informaciones del Senado". El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En verdad, no me explico por qué estos datos tienen tantas variaciones. Me parece que la Oficina de Informaciones del Senado debiera indicar su procedencia, pues el Vicepresidente de ese instituto previsional dio a conocer en las Comisiones unidas cifras totalmente diversas. De acuerdo con un cuadro que tengo a la mano, en valores constantes, la pensión media, en 1964, era de Eº 4.174, en tanto que la misma, en 1968, ascendía a Eº 9.844. El señor OCHAGAVIA.- ¿Moneda de qué año? El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- De 1964. Concluye el Vicepresidente de la Caja diciendo que el aumento de pensiones medias constantes ha sido de 137,01%. El señor OCHAGAVIA.- Pero esas cifras no son en moneda del mismo año, señor Ministro. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Son cifras deflactadas. El señor PALMA.- Del mismo año. El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En el fondo, hay un incremento real de las pensiones, y ello explica por qué en 1964, según datos proporcionados por la Vicepresidencia de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, se gastaban 94 millones de escudos, y en 1969, de acuerdo con antecedentes que yo entregué a las Comisiones unidas y que fueron verificados por esa Vicepresidencia, el gasto ascendió a 140 millonea de escudos. En realidad, cualquiera quesea la deflacción que se haga, el incremento real aparece muy sustancial. No sé cómo se manejan las cifras que se han dado aquí, pues en cifras basadas en sueldos vitales no hay dónde perderse. El señor OCHAGAVIA.- Quiero aprovechar de este sistema de las interrupciones, porque en la mañana de hoy, a raíz de la intervención del Honorable señor Altamirano, quedó en esta Sala la impresión de no haberse hecho suficiente claridad sobre determinado tema, ya que mientras el Ministro hablaba de ciertas cifras, el Senador socialista se refería a otras, y no se llegaba a acuerdo alguno. El señor ALTAMIRANO.- ¿Me concede una interrupción, Honorable Senador? El señor OCHAGAVIA.- Es el Honorable señor GARCIA quien debe concederlas. El señor ALTAMIRANO.- ¡Si las cosas están prácticamente claras! No veo por qué el señor Ministro persiste en enredarlas. El vuelve a aludir al año 1964. Aquí están las cifras dadas por el Vicepresidente de la Caja; no las enredemos ni las cambiemos. En 1959 había 28 mil personas entre pensionados y montepiados. El señor OCHAGAVIA.- Así es. El señor ALTAMIRANO.- La suma total que se pagaba a los pensionados ascendía a 36 millones de escudos, con un promedio de un millón 297 mil escudos. Pero todas estas cifras, expresadas en escudos de 1969, de acuerdo con los datos que el señor Ministro tiene a la mano, dan los siguientes resultados: en 1959 la pensión media era de Eº 11.610; en 1960, de Eº 10.955; en 1961, de Eº 10.676; en 1962, de Eº 11.000; en 1963, de Eº 9.400, y en 1964, de Eº 8.400. El señor Ministro persiste en comparar el peor año del Gobierno del señor Alessandri ruego al señor Ministro no arrastrarme a este tema, pues me molesta mucho aparecer defendiendo a ese ex Mandatario con los cinco de la actual Administración, lo 'que no está bien hecho. Ahora, si Su Señoría desea hacer tal comparación, debe tener presente que el señor Alessandri concedió pensiones superiores a las otorgadas por el señor Freí durante su Gobierno. Las cifras las conocemos. Si el señor Ministro toma el peor año del Gobierno del señor Alessandri y lo compara con los de la Administración del señor Freí, claro que tiene la razón; pero en términos científicos,, y en rigor de verdad, no la tiene, pues, en conjunto, las pensiones han sido igualmente malas tanto en el pasado como ahora. La verdad es que diez escudos más o menos no revisten mayor importancia, porque tanto ayer como hoy los pensionados igualmente se están muriendo de hambre. El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, quiero agradecer, ante todo, al Honorable señor Altamirano el haberme evitado leer al señor Ministro el mismo cuadro, que corresponde a las cifras oficiales, pero convertidas a moneda estable de 1969. En el cuadro referido, se comprueba, a lo largo de todos los años, lo que aquí se ha dicho: este Gobierno no ha mejorado en nada la situación de los pensionados, ha deteriorado las remuneraciones globales, en moneda estable, de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y ha disminuido el porcentaje que el presupuesto de la nación destina al Ministerio de Defensa Nacional. Si el señor Ministro, a pesar de que esta materia ha sido suficientemente aclarada, insiste en sostener que sólo la mitad del reajuste se pagó en 1964, porque la otra mitad la canceló su Gobierno, quiero recordarle que él planteó la idea, en el proyecto que ahora discutimos, de pagar el reajuste a los personales de las Fuerzas Armadas en el curso de tres años: 1970, 1971 y 1972, y que fuimos nosotros quienes propusimos una indicación para cancelarlo de inmediato en su totalidad. Pero lo que estamos discutiendo es el hecho de fondo: a pesar de que este Gobierno ha contado con recursos cuantiosos, no ha habido una mejoría de la situación. El señor HAMILTON.- Gran parte de esos recursos cuantiosos de que habla Su Señoría se han invertido en la reforma agraria. El señor OCHAGAVIA.- La verdad es que el debate se centró en otra materia. El planteamiento de fondo hecho por los señores Senadores gira en torno del problema de otorgar o no otorgar facultades extraordinarias. Y sobre el particular, quiero hacer algunas observaciones. Algunos señores Senadores han sostenido que se trataría de un asunto que implica confianza o desconfianza. Personalmente, no creo necesario tener que declarar que los Senadores nacionales no tenemos fe alguna en el actual Gobierno. Y tenemos derecho a decirlo así, sobre todo si se considera que nuestra propia directiva fue vejada por este Gobierno sin fundamento alguno, como quedó aclarado por la Justicia Ordinaria. ¿Qué confianza podemos tener en un Gobierno como éste, cuando incluso los Comités del Partido Nacional fuimos también atropellados el mismo día de los hechos que ahora se analizan, el 21 de octubre, después de haber sido llamados por el propio Ministro del Interior? Sobre el particular, quiero manifestar al Honorable señor Jerez fue él quien puso en duda ese llamado que la opinión pública conoce perfectamente los comunicados oficiales mediante los cuales se citaba a todos los presidentes de los partidos políticos al Ministerio del Interior. Fue en atención a ese llamado que nosotros asistimos para dar nuestro respaldo, no a un Gobierno, sino al régimen constitucional que nosotros estamos dispuestos a defender, porque nunca hemos buscado la aventura política. Tenemos una tradición bastante respetable, y nuestra posición en esta materia es permanente. El señor JEREZ.- Como Su Señoría ha hecho alusión a mi persona, le ruego concederme una interrupción. No pongo en duda las afirmaciones del Honorable señor OCHAGAVIA, porque se refirió a informaciones que son de conocimiento público. Lo que quiero reiterar ahora es lo que nosotros escuchamos al Ministro del Interior lo diré con franqueza cuando los dirigentes del MAPU fuimos a pedir autorización para efectuar, en la tarde de ese día, una concentración de la Central Única de Trabajadores junto con los demás partidos populares. Al hacer dicha petición, manifesté personalmente mi desagrado de estar presente en la misma antesala que ocupaban los dirigentes del Partido Nacional, en razón del juicio político que esta colectividad me merece por su conducta respecto de hechos del pasado. Incluso expresé al señor Ministro que nosotros habíamos permanecido en un compartimiento distinto, a fin de no estar junto con dichos dirigentes políticos, ante lo cual el Secretario de Estado me dijo: "Nosotros no los hemos invitado". Eso es lo que deseaba aclarar al Honorable señor OCHAGAVIA. No se trata de una mera afirmación de mi parte, sino de palabras que el Ministro del Interior dijo delante de mí, cuando los dirigentes del Partido Nacional estaban en La Moneda. El señor OCHAGAVIA.- No quiero poner en duda las palabras de mi Honorable colega. Simplemente, deseo rectificarlas con el antecedente que todo el país conoce y que cualquier Senador puede obtener en la Oficina de Informaciones de esta Corporación: el comunicado número tres emitido por la Presidencia de la República, mediante el cual se citó a todos los presidentes de los partidos políticos al Ministerio del Interior. Nosotros pedimos confirmación telefónica por intermedio del Diputado señor Scarella, quien se encontraba conmigo en la sede de nuestra colectividad, y el señor Ministro nos confirmó la invitación. No me extraña que con posterioridad haya negado lo que hizo. Por desgracia, él ha quedado públicamente al descubierto, pues la simple lectura del comunicado a que me referí, que lleva el número tres, sirve para demostrar la incapacidad de que hizo gala al manejar el país en esos momentos. Atropello la libertad de prensa imponiendo una censura innecesaria y absurda, y falsificó los hechos, pues pretendió, incluso, implicarnos en una situación respecto de la cual todo el país pudo comprobar que nada tenía que ver con nosotros. Por lo tanto, el antecedente del Ministro del Interior sólo prueba que es un funcionario carente de capacidad para desempeñar el cargo que en estos momentos inviste en el Gobierno. En cuanto a la delegación de facultades, deseo manifestar que nuestra posición no es de confianza al Ejecutivo, que no corresponde a una colectividad de Gobierno o a una de Oposición. Ayer fuimos Gobierno, y en forma responsable otorgamos una delegación de facultades; hoy somos Oposición e igualmente las concedemos. No se trata de dar un voto de confianza al Gobierno de la Democracia Cristiana, que a nuestro juicio no lo merece, sino, simplemente, de otorgarle un instrumento y responsabilizarlo de cumplir la función que le estamos encargando mediante esta delegación. A este respecto, también tenemos algo que decir. Pensamos que uno de los conflictos más serios que existen en nuestro régimen político es la interferencia existente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Consideramos que el primero, mediante una reforma que nosotros debemos auspiciar, debe contar con la responsabilidad, agilidad y medios para cumplir su mandato sin interferencias. El Parlamento debe sufrir la presión de grupos es así, queramos o no queramos reconocerlo y no podemos, como parlamentarios sometidos al veredicto popular, deslindar de esos grupos nuestra acción política, por muy seria y responsable que sea. Desde luego, no contamos con todos los antecedentes y elementos de juicio ni podemos asumir la responsabilidad global. Sin embargo, cada uno de nosotros querría conceder a todos los sectores los mayores beneficios. En cambio, el Gobierno es el único que puede disponer de todos los elementos de juicio que permitan juzgar, en determinado momento, cuál es la situación real y, de esta manera, poder dar solución a un conflicto. Esa, a mi juicio, es la razón fundamental que exige una reforma constitucional. Deseamos que tal reforma evite conflictos entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Ello no significa colocar al Parlamento en condición desmedrada, como sostenía un señor Senador en el debate sobre reforma constitucional. Queremos que el Parlamento disponga de un mecanismo de fiscalización que le permita cumplir su misión. Por desgracia, la actual estructura política permite al Congreso legislar sin ninguna responsabilidad, tomar toda clase de iniciativas, y después es el Poder Ejecutivo quien debe cumplir los mandatos que le imponemos, lo cual no nos parece serio ni responsable. Por eso, creemos absolutamente necesario, mediante una reforma política, dejar al Poder Ejecutivo libre de toda presión que desquicie su labor. Y sobre esta materia... El señor PALMA.- Señor Presidente, estamos saliéndonos del tema en debate. El señor OCHAGAVIA.- Honorable señor Palma, estoy contestando al Honorable señor Montes, que se refirió en forma expresa a esta materia y nos aludió directamente. Por esto estoy dando mi opinión y la de mi partido. Estoy cierto de que en Chile se está formando un criterio definido en esta materia. Desgraciadamente, el Parlamento no lo comparte, tal vez no por culpa de los parlamentarios, que pueden estar muy bien inspirados, sino porque carecen de responsabilidad, como consecuencia del sistema que los rige, para desarrollar una función positiva. Interviene, desquicia, y es evidente que eso debe suprimirse. El señor PABLO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor GARCIA. El señor GARCIA.- Sé que es al señor Presidente a quien corresponde dirigir el debate; pero el Honorable señor Hamilton, para terminar la discusión concerniente al cuadro de las pensiones, me ha pedido una interrupción. Si Su Señoría me da su venia, la concederé, para después expresar el pensamiento de mi partido sobre el artículo primero. El señor PABLO (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Hamilton, con la venia del Honorable señor GARCIA. El señor HAMILTON.- No habría intervenido, si no hubiera tocado el tema el Honorable señor OCHAGAVIA. Quiero sólo puntualizar algunos hechos relativos a la agresión de que fue víctima la Directiva del Partido Nacional el 21 de octubre próximo pasado, cuando concurrió a La Moneda. Mucho se ha hablado sobre la invitación, pero yo no le asigno mayor importancia. Hubo, en efecto, una invitación innominada a todos los presidentes de los partidos políticos, todos los cuales, excepto uno, respondieron, Creo que su actitud de concurrir en esos difíciles momentos a La Moneda fue acertada. La Directiva del Partido Nacional fue abucheada por la multitud que rodeaba La Moneda, a su entrada,... El señor OCHAGAVIA.- No era multitud. El señor HAMILTON.- ...y un Diputado que acompañaba al Honorable señor GARCIA tuvo la mala ocurrencia de sacar un arma de fuego. Tal actitud pudo haber provocado graves consecuencias, que felizmente no se produjeron. Comunicaron estos hechos al Ministro del Interior, quien puso a disposición de ellos la Guardia de Palacio. Salieron rodeados por Carabineros,... El señor JEREZ.- ¡Por el afecto popular..! El señor HAMILTON.- ...no por el afecto popular, como dice el Honorable señor Jerez, sino por una guardia de Carabineros, para protegerlos de las justas iras que en ese momento se manifestaban, no en contra de sus personas, sino de la significación del partido y la tendencia que ellos representan. No salieron por la puerta de la Plaza de la Constitución. Yo los vi desde adentro. Estuvieron haciendo declaraciones a los periodistas, primero en el Patio de la Pila y después en el de los Naranjos, y después salieron por la Plaza Bulnes. La guardia de Carabineros quiso acompañarlos, pero ellos rechazaron la protección que se les quería prestar. Posteriormente fueron víctimas de una agresión. Lo deploro sinceramente; pero no se puede inculpar de ello al Ejecutivo, ni mucho menos al Ministro del Interior. No fue el Gobierno, sino las masas populares que rodeaban en ese momento a La Moneda, las que expresaron su repudio, en forma que, a mi juicio, no procedía. El señor OCHAGAVIA.- ¡Eran cuatro gatos! El señor HAMILTON.- Pero ustedes no fueron capaces de repeler a esos cuatro gatos. Inclusive, quedaron heridos. Por lo demás, ese mismo día el Partido Nacional hizo pública una declaración bastante sintomática sobre aquellos hechos. Varios miembros de esa colectividad política se vieron directa o indirectamente implicados. Y el señor Vicepresidente del Movimiento Independiente Alessandrista el mismo que días más adelante realizaba una concentración en la calle Phillips y organizaba actos juveniles matonescos en contra de la sede del Partido Demócrata Cristiano, de lo que no hemos reclamado, porque sabemos defendernos, fue detenido en un cuartel militar, prácticamente por los propios militares. Así, pues, había base suficiente para la indignación popular manifestada en ese momento contra personas a quienes no cabía responsabilidad. Deploro sinceramente lo ocurrido en esa oportunidad al Honorable señor GARCIA. Pero no es el Gobierno el responsable de aquellos hechos. Tal vez no fue prudente la actitud de los afectados, quienes, sintiéndose seguros, desecharon el resguardo de Carabineros que se les había ofrecido. Ello permitió que las masas que se encontraban frente a La Moneda, presas de la indignación, atacaran a los representantes del Partido Nacional. Esta es la verdad de lo ocurrido. El señor GARCIA.- Por una parte, me alegro de que no se haya hablado del tema para el cual se me pidió la interrupción: el monto de las pensiones. Parece que esa materia ya se agotó. El señor BALLESTEROS No son exactos los cuadros. El señor PABLO (Presidente).- Ruego a Sus Señorías no dialogar. Los Senadores democratacristianos podrán hablar con posterioridad. El señor GARCIA.- Yo cansé al Honorable Senado contándole todo lo que había sucedido en esa oportunidad. Si el Honorable señor Hamilton estaba allí, debe recordar que cuando se nos empezó a agredir, los carabineros de Palacio se retiraron, entraron de nuevo a La Moneda. Y le diré por qué: porque el propio señor Ministro del Interior me dijo que él no podía emplear a Carabineros frente al pueblo, o a ese grupo de pueblo que estaba reunido. Voy a decirle más, señor Senador: aquélla no era una masa popular, sino un grupo dirigido, de cincuenta, sesenta u ochenta personas es difícil calcularlas, provisto de elementos para lanzar proyectiles. Las heridas de los Diputados señores Frías y Avendaño fueron producidas por armas contundentes. Por lo tanto, no se trataba de una acción espontánea ni de un simple abucheo, como sostuvo el Honorable señor Hamilton. El señor ALTAMIRANO.- Ese no es el tema que está en debate. El señor PABLO (Presidente).- Su Señoría está haciendo uso de su segundo tiempo. Le quedan doce minutos. El señor ALTAMIRANO.- Que hable de los reajustes. El señor GARCIA.- Señor Presidente, como ha expresado el Honorable señor OCHAGAVIA, estimamos que el responsable directo de la política de remuneraciones es el Ejecutivo. Por eso, no queremos que se nos diga, más tarde, que no dimos al Gobierno los instrumentos necesarios para realizar ese programa. Esto, en primer lugar. En segundo término, nuestro partido tiene por norma consta en sus estatutos que la fijación de sueldos sea función del Ejecutivo, por una sencilla razón: porque la Constitución Política dice que corresponde al Presidente de la República administrar la nación, y porque para administrarla es preciso determinar cuánto ha de ganar cada uno y señalar las diferentes escalas de sueldos. No debe el Parlamento intervenir en esas materias. En la hora actual esa responsabilidad es mucho más clara, corresponde más enteramente al Ejecutivo, por un hecho que también hemos denunciado y que es el siguiente: desde hace tres o cuatro años, se ha estado quebrando el sistema jurídico y de derecho chileno. ¿En qué consiste esa quiebra? En que cada cual pretende hacerse oír a la fuerza. Desde luego, existe para ello una incitación permanente. No se puede afirmar que ésta es una actitud revolucionaria en que todo el mundo está empapado. Por desgracia, todos empiezan a interpretar la palabra "revolución" como el estado de cosas a que me refiero y en el cual se van contagiando. Veamos unos cuantos resultados de tales incitaciones. Por ejemplo: los estudiantes quieren obtener una reforma universitaria. Se toman la Universidad. Permanecen tres o cuatro días en el plantel hasta obtener una reforma que, al final, resulta bastante mala. Pero se hicieron oír a la fuerza, quebrando el principio de autoridad. Después quisieron aumento de sueldo los empleados administrativos de la Universidad, y dejaron a ésta un mes sin funcionar. ¿Por qué? Porque estimaban que la manera de hacerse oír era ocupando los locales universitarios. Después, se han ocupado fábricas. Tuvimos ocasión de conocer uno de esos actos de ocupación, en que se había establecido todo un sistema eléctrico automático para quemar el edificio por los cuatro costados, para lo cual bastaba apretar un botón. El señor CHADWICK.- ¡Fábrica de fósforos! El señor GARCIA.- Se recurrió a elementos altamente explosivos, especiales para provocar un siniestro. Cuando conocimos el proceso y las declaraciones del equipo técnico y. del Cuerpo de Bomberos, supimos que ambos habían llegado a la conclusión de que, desde el punto de vista técnico, el sistema empleado constituía uno de los más seguros procedimientos para quemar una fábrica. Cuando la CORVI no cumple en la entrega de poblaciones, para hacerse oír los pobladores ocupan los terrenos, y después se afirma que tienen legítimo derecho a ello. Por su parte, los obreros campesinos no sólo ocupan los fundos: para ser escuchados ocupan también las casas y a veces detienen a los patrones y los encierran. Y los empresarios agrícolas, para que se fije un mayor precio al trigo, detienen el tránsito. No necesito referirme a los estudiantes secundarios. Durante años han estado dominando las calles de Santiago, agrediendo a todo el mundo. Más aún, el Subsecretario de Educación dice a los estudiantes en un aviso público: "No teman hacer el servicio militar, porque les garantizamos el derecho de huelga". ¡Por consiguiente, tienen derecho a huelga los niños de doce, trece o catorce años...! ¿Qué hay de raro en que, después, esos mismos niños traten de raptar aviones? Todos estos actos son consecuencia lógica de la quiebra del orden público. No se puede jugar con él. Si se triza en una parte, continúa quebrándose en otras. Y ahora, cuando el personal de las Fuerzas Armadas desea hacerse oír, se reúne en la Escuela Militar. Si el Ministro de Defensa Nacional no los escucha, ocupan el regimiento Tacna y declaran que allí se quedan hasta que se les preste atención. Me está señalando el Honorable señor OCHAGAVIA que hasta los fieles, cuando quieren reclamar en materia religiosa, no encuentran otro sistema mejor que ocupar la Catedral. Si no se le pone atajo, este sistema subsistirá, cualquiera que sea el Gobierno. No importa que éste sea socialista u otro en que la economía sea dirigida por el Estado. La señora CAMPUSANO.- ¿Y cuando ustedes se tomaron los caminos? El señor GARCIA.- Frente a los ejemplos que acabo de señalar, todos deben de estar pensando que ésa es la realidad y que, en el fondo, los militares se contagiaron con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y entonces, al igual como ocurrió cuando hubo que reajustar los sueldos de los empleados administrativos de la Universidad de Chile, ahora debemos reajustar las remuneraciones de los militares. Entonces, no rasguemos vestiduras, sino que tratemos de legislar para todos los Gobiernos que hayan de venir, no para determinada Administración. No hay Gobierno en el mundo que pueda funcionar dentro de la anarquía. Recuerdo que en Francia se produjeron situaciones muy parecidas, hasta que un día alcanzaron al Poder Judicial. Nosotros estamos al borde de lo mismo: el Poder Judicial ya anuncia que, para hacerse oír, suspenderá la administración de justicia. ¡En Francia, hasta la policía se declaró en huelga! Porque hemos tomado conciencia de estos hechos y estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, al dar al Gobierno estas facultades le estamos diciendo: "Arregle las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros oyendo a la gente: a los pensionados, a los mandos altos y medios, sobre sus problemas. Tiene las facultades necesarias. Hemos votado todos los fondos que el Gobierno ha juzgado necesarios por el momento para estos dos meses y no para los siguientes". El será el responsable, en consecuencia, si no soluciona el problema. Mientras no haya orden,' en todos los sectores, en todas las instituciones, en todas partes seguirá brotando la inquietud. Más de algún Honorable colega sostuvo en esta Sala que la situación no está totalmente arreglada. En este aspecto, recuerdo la sugerencia del Honorable señor Chadwick, quien manifestó que uno no debía hacerse eco de los rumores; pero, a mi juicio, cuando las apreciaciones provienen de algún Senador, no pueden ser calificadas de rumores: la situación no está solucionada en ninguna institución del país, porque en la gente se está formando conciencia de que para hacerse oír es preciso recurrir a actos de fuerza; y cuando se emplea tal procedimiento, se quiebra el sistema jurídico, y después cuesta mucho restablecerlo. Hago votos por que estas facultades se apliquen debidamente. De no ser así, que el propio Gobierno asuma la responsabilidad. Finalmente, deseo hacer algunas observaciones en torno de las cifras estadísticas que se han dado. Recuerdo que hace algún tiempo yo no era Senador todavía se dijo que no tenía tanto valor esa voluminosa lista de artículos que se emplea para calcular el índice de precios al consumidor, sino la canasta que se llena para el consumo diario. El alza real del costo de la vida provoca una inquietud tremenda en todo el país. Eso lo saben todos los sectores. ¿Por qué existe esa inquietud? Por una razón de orden económico: a 120 artículos se le han congelado prácticamente los precios, mientras los de los demás continúan subiendo. Y como la mayor parte de la gente, en especial la de la clase media, no consume solamente esos 120 artículos, sino los cuatro mil que se producen, entonces surge la angustia económica. Como en el Gobierno anterior se trató de mantener una ordenación general en materia de precios, la gente no sintió los mismos efectos que sufre ahora. Esa es la razón por la cual en el régimen pasado nunca se convocó al Congreso para tratar la toma de un regimiento, de una iglesia o de una universidad. Esa es la diferencia entre la Administración anterior y la actual, y los hechos no pueden, negarse, porque son absolutamente ciertos. Reitero que vamos a votar favorablemente las facultades y que del uso de ellas deberá asumir la responsabilidad el Gobierno. La señora CAMPUSANO.- No me contestó la pregunta referente a la toma de los caminos. La señora CARRERA.- ¡Sus Señorías hablan para las galerías, igual que los democratacristianos! El señor OCHAGAVIA.- Lo que pasa es que no les gustó el discurso del Honorable señor GARCIA. El señor GARCIA.- Siempre he creído que hablo para la Sala del Senado; ahora me siento satisfecho, porque advierto que también mis intervenciones agradan a las galerías. El señor ALTAMIRANO.- ¡Hace mucho tiempo que están coludidos! El señor CARMONA.- Me complacen muchos las intervenciones de los Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA, en especial la que acabamos de oír a este último colega, porque ellas precisan, a mi juicio, los términos en que debe votarse el artículo referente a las facultades que se van a conceder al Poder Ejecutivo para enfrentar el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Debo referirme en este debate y lo quiero hacer de manera muy serena a algunos de los aspectos señalados. Se ha dicho que el proyecto obedece a la presión producida por los actos ocurridos el 21 de octubre pasado; o sea, estaríamos legislando presionados y urgidos para resolver lo relativo a las remuneraciones de las Fuerzas Armadas antes del plazo que el Gobierno se habría dado para tal objeto. Pues bien, yo sostengo y lo digo con absoluta serenidad que ese hecho no es efectivo: el Gobierno, como lo prueban las diversas declaraciones oficiales hechas en su oportunidad por los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional, informó que estaba preocupado de esta materia y que a su debido tiempo presentaría los proyectos del caso. Incluso pensaba enviar esta misma iniciativa días antes de que ocurrieran los acontecimientos señalados. Al respecto, debo anotar un hecho: siempre se manifestó que cualquier solución del problema se aplicaría a contar desde el l9 de enero del año próximo. No han variado los términos en que el Ejecutivo planteó esa proposición que hizo desde el primer momento. En mi opinión, la realidad debe acreditarse con hechos, y no con simples apreciaciones, como las que se han formulado en esta Sala. Por otra parte, se ha sostenido que la solución en estudio es el resultado de un acuerdo, suscrito entre quienes ocuparon el regimiento Tacna el 21 de octubre y el Gobierno de la República. Al respecto, mucho se ha mencionado un acta que inclusive vio la luz pública y ha causado gran conmoción. Ignoro si tal documento es auténtico y producto de las conversaciones sostenidas ese 21 de octubre. Pero lo cierto es que quien lo revise advertirá que su contenido no traduce un acuerdo, como aquí se ha dicho, entre el Gobierno y los militares que ocuparon el Tacna, sino todo lo contrario. No hay en él acuerdo alguno. Por el contrario, no es sino la manifestación de que esos militares deponen la actitud que habían asumido. Si se lee con tranquilidad el documento que publicó la prensa, se comprobará que esa actitud se produjo con el objeto de que entraran a actuar los tribunales de justicia correspondientes, que es lo que está sucediendo en estos momentos. El Honorable señor OCHAGAVIA dijo hace un momento que el señor Ministro del Interior fue incapaz de enfrentar la situación; pero, en mi opinión, son los hechos los que cuentan, y no las apreciaciones. En este momento hay algunos sectores extraordinariamente interesados en despachar un proyecto sobre amnistía. ¿Por qué razón? ¿Por qué se llegó a un acuerdo? ¿Porque aquí no ha pasado nada? ¿O acaso el Gobierno no fue capaz de controlar la situación? ¿Y el proceso que se está siguiendo contra personas respecto de las cuales se ha estimado que no cumplieron con las leyes y que, por lo tanto, necesitan de una ley de amnistía? Lo único cierto es que el Gobierno está actuando dentro de sus facultades constitucionales y legales y se encuentran procesados los que se supone obtuvieron un acuerdo. El señor OCHAGAVIA.- ¿Me permite uña interrupción, señor Senador? El señor CARMONA.- Escuché con mucha atención todas las intervenciones de los señores Senadores. Por lo tanto, les ruego que se me permita dar término a las mías y que no se corte el hilo de mis ideas. El señor OCHAGAVIA.- El del Ministro es un hilo de seda. El señor CARMONA.- A veces, aunque sea de seda, cuesta cortarlo. El señor OCHAGAVIA.- ¡Pregunte a todo el país cómo se atentó contra la libertad de prensa! El señor CARMONA.- También quisiera referirme a ello, aunque sea brevemente. Sé que no es materia del debate, pero hay que precisar algunos hechos. Es inconcebible la inconsecuencia de algunos señores Senadores, en especial de quienes han asumido determinada conducta política, que quieren darnos clases en la tarde de hoy. Escuché con mucha atención al Honorable señor GARCIA cuando dijo que en el país se está destruyendo el principio de autoridad: sin embargo, ahora el Honorable señor OCHAGAVIA me hace cuestión del problema de las informaciones de prensa. En esto se advierte un hecho curioso: se reclama por la libertad de prensa, en circunstancias de que el Gobierno sólo quiso evitar que prevaleciera lo que se ha dado en llamar "libertad de información", sobre la estabilidad del régimen democrático. ¡No importa que éste no subsista; pero debemos defender la libertad de prensa! Es paradójico que este asunto haya llegado al extremo de ser considerado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí ya no se mide a un país latinoamericano por el hecho de estar gobernado o no por un régimen democrático, sino por la existencia o no existencia de la libertad de información. ¡Es eso lo único que interesa! ¡Para defender a aquélla en un momento determinado, poco importa que peligre la autoridad legal y democrática por la cual clamaba hace un instante el Honorable señor GARCIA! ¡Tampoco importa que la información de prensa sea verídica o no lo sea! Estamos conscientes de la escalada informativa que hubo antes de los acontecimientos del 21 de octubre. Incluso podríamos precisar su origen. Tal vez un debate de este asunto sería de mucha importancia para la opinión pública nacional, pues permitiría demostrar las conexiones que existen. Pero no deseamos hacerlo hoy, para no alterar el curso del debate. El señor OCHAGAVIA.- ¡Hágalo! El señor CARMONA.- Conviene destacar otros hechos curiosos. No pretendemos hacer comparaciones entre unos Gobiernos y otros. Sin embargo, el Honorable señor Aguirre Doolan, en representación de su partido, debió asumir la defensa de los gobiernos radicales ante ciertas apreciaciones del señor Osear Fenner en un alegato ante la Corte Marcial en torno, precisamente, del hecho que hoy nos preocupa. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Lo hice sólo con el objeto de precisar... El señor CARMONA.- Si aplaudo su intervención, Honorable colega. Como lo hemos dicho constantemente en esta Sala y a lo largo de los últimos años, lo relativo a la situación de las Fuerzas Armadas y a las remuneraciones de su personal es un problema de gran magnitud y trascendencia que no puede ser resuelto con un simple afán comparativo: "Yo hice más que tu y tú hiciste menos que yo". No creo que sea ésta la manera de abordar el problema. Sin embargo, resulta extraño que hayamos tenido que retroceder hasta 1933 para despejar la duda que trató de sembrar ese escrito, a propósito del cual el Honorable señor Aguirre Doolan también hizo algunas insinuaciones. El señor Fenner, no obstante haber sido Ministro de Relaciones Exteriores en las postrimerías de un Gobierno civil constitucional, hizo surgir dudas sobre el patriotismo de todos los Gobiernos civiles y sobre su manera de enfrentar los problemas internacionales y de encarar la situación de las Fuerzas Armadas. ¡Y ninguna Administración se salva de esos cargos desde 1933 hasta 1964, y se refirió hasta esta última fecha porque desde ahí comenzaba un nuevo período! Pues bien, ¿a qué tiende todo eso? A consolidar no como sostiene el Honorable señor GARCIA la autoridad democrática y legal en nuestro país y reafirmar los principios que han informado siempre la conducta de las Fuerzas Armadas, de las cuales nos hemos manifestado siempre orgullosos. Es del todo necesario decir estas cosas, porque el propósito de entregar facultades al Ejecutivo para reajustar las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas no es sólo de ahora: ha sido un principio casi constante en nuestra Administración del Estado. En efecto, generalmente los problemas de esta índole se han resuelto mediante decretos con fuerza de ley, y éstos han sido dictados no sólo por el actual Gobierno, sino también por los anteriores. No recuerdo en este momento si la Administración del señor Alessandri dispuso de facultades similares, pero, con seguridad, durante ella se dictaron decretos con fuerza de ley referentes a esta misma materia. O sea, el Gobierno inmediatamente anterior así lo hizo, y ello obedece no sólo a la complejidad de la materia que hace necesario abordarla de esa manera, sino a una profunda raíz de carácter constitucional. En efecto, el constituyente quiso que tales asuntos en especial todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas estuvieran orientados, dirigidos y manejados yo diría, en forma exclusiva por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Presidente de la República. Reitero que el problema tiene un fondo constitucional: no se trata de tener confianza o no tenerla en un gobernante determinado. El Honorable señor Ochagavía ha apreciado perfectamente la situación: se trata de resolver un problema en forma adecuada y conforme a los principios que siempre han regido para enfrentar situaciones similares, ya que el artículo 72 de la Constitución Política del Estado, referente a las atribuciones del Presidente de la República, establece, en su número 13, lo siguiente: "Disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarías y distribuirlas según lo hallare por conveniente". Es decir, debemos tomar en cuenta el aspecto constitucional de la materia que nos preocupa. Repito: la Constitución Política entrega la exclusividad al Primer Mandatario para ocuparse en estos asuntos. Por ello, es lógico que el problema de las remuneraciones del personal de la Defensa Nacional, por su complejidad y por lo preceptuado en la Carta Fundamental, debe estar en manos del Poder Ejecutivo. A ello obedece el otorgamiento de facultades para que, mediante decretos con fuerza de ley, resuelva sobre el particular. He querido precisar tales aspectos y explicar por qué se ha abordado el problema en esa forma. En mi concepto, no sólo se debe fundar el otorgamiento de facultades en la confianza que pueda inspirar el Poder Ejecutivo, sino en razones de orden constitucional. Deseo referirme en forma breve a las cifras, datos y antecedentes dados en esta Corporación para acreditar si ha mejorado o no ha mejorado el nivel de las remuneraciones y el presupuesto de la Defensa Nacional. No creo conveniente agregar nuevos guarismos ni tratar este asunto con sentido polémico. Sólo deseo precisar algunos puntos que estimo fundamentales en torno de los antecedentes aquí proporcionados. En la mañana de hoy, el Honorable señor Altamirano se refirió a diferentes datos entregados por la Oficina de Informaciones del Senado sobre porcentajes del Presupuesto Nacional, en especial, desde el año 1950 a la fecha. Seguramente los antecedentes proporcionados por el señor Senador se basan en "cifras diferentes de las que' tuvo en cuenta el Poder Ejecutivo ; tal vez se hayan obtenido de las diferentes leyes de Presupuestos. No se trataría, entonces, de las cantidades efectivamente gastadas o, como dijo el señor Ministro de Hacienda, de los recursos invertidos en cada año calendario. Ello explica que a veces se produzcan diferencias muy profundas en los antecedentes que se dan en estos debates. Debo advertir otro aspecto relacionado con el problema que estamos debatiendo. Se ha afirmado que el porcentaje que se destina en el Presupuesto a la Defensa Nacional es similar al otorgado por la última Administración, desde el año 1960, fecha en la cual el Ministerio de Defensa entregó al de Hacienda lo concerniente a gastos previsionales, es decir, el pago de pensiones y montepíos. Mucho se ha insistido ante la opinión pública, mediante importantes campañas de prensa e informaciones proporcionadas por algunos parlamentarios, en que los gastos públicos se han incrementado extraordinariamente desde 1964 hasta la fecha. Inclusive, se ha reclamado de este hecho con el propósito lo hemos dicho últimamente de frenar algunos programas de desarrollo social, como las reformas agraria y educacional, la extensión de los planes de educación, los programas de vivienda y otras inversiones públicas, todo lo cual aconsejaría no incurrir en nuevos gastos derivados, según esos sectores, de la política seguida por este Gobierno. Por todo lo anterior, no es lógico comparar un 10% de un Presupuesto que no ha incurrido en los gastos que acabo de mencionar como ocurrió en la Administración anterior con el porcentaje destinado por el Gobierno actual, que ha acometido todas las tareas señaladas. Por lo tanto, si es cierto que se ha mantenido el porcentaje correspondiente a la Defensa Nacional, debe tomarse en cuenta que el Presupuesto de la Nación ha experimentado un incremento real extraordinario. En lo referente a este problema de las remuneraciones, es necesario destacar otros aspectos. Las comparaciones se han hecho sobre la base de sueldos vitales; es decir, estas cifras obedecen a antecedentes reales, a hechos concretos: a la canasta mencionada por el Honorable señor GARCIA. En realidad, todas las remuneraciones se miden con relación a los sueldos vitales, y ésta es la comparación que a nosotros nos interesa. No voy a ponderar más tales cifras, por estimar que en el curso del debate ya se han dado todos los antecedentes del caso para que la opinión pública pueda formarse una visión clara. Pero sí me interesa señalar algo sumamente importante relacionado con esta materia, con el propósito de que se aprecie realmente la envergadura y complejidad del problema que nos ocupa y, al mismo tiempo, su incidencia. Ello nos demostrará que no es posible tratarlo en forma ligera para pedir soluciones que, muchas veces, son difíciles de abordar. Es interesante analizar la afirmación hecha por el Ministro de Hacienda en la SESION anterior, en el sentido de que el monto total del proyecto, o sea, el mejoramiento económico de las Fuerzas Armadas y Carabineros, irrogará como mínimo un gasto de 850 a 900 millones de escudos. Para aquilatar la magnitud de esta cifra, el impacto que significará a nuestra economía y los esfuerzos que impondrá al país, es conveniente compararla con el presupuesto total de la Corporación de Fomento de la Producción, correspondiente al año en curso, que alcanza a .1.000 millones de escudos, incluyendo todos sus gastos administrativos y las inversiones para el desarrollo agrícola, minero e industrial. Vale decir, el costo de la iniciativa que nos preocupa es similar al presupuesto del organismo encargado de desarrollar la producción de nuestro país. Opino que estas cifras deben ser valoradas debidamente por la opinión pública para que comprenda el extraordinario esfuerzo que hará el país. El Gobierno está plenamente consciente del problema y ha querido tratarlo con seriedad y espíritu constructivo, sin perder de vista las disponibilidades del país. Los antecedentes que he proporcionado deben hacer meditar también a los señores Senadores respecto de los propósitos del Gobierno para abordar la situación y, al mismo tiempo, los esfuerzos que debe desplegar el país para encararla. Tal es cuanto quería manifestar. El tiempo que me resta lo ocupará el Honorable señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, los Honorables señores GARCIA y OCHAGAVIA han expresado reiteradamente en sus intervenciones también lo dijo el Honorable señor Ibáñez en las Comisiones que ellos votarán favorablemente las facultades especiales, entre otras razones, por estimar que el Gobierno debe asumir íntegramente la responsabilidad de resolver el problema que afecta a las Fuerzas Armadas, de tal suerte que después no tenga excusa alguna con relación a esta materia. Al respecto, debo advertir que es conveniente no incurrir en un error que considero importante y que puede ser difundido al exterior y alcanzar, inclusive, a los propios interesados. El proyecto en debate otorga facultades al Presidente de la República específicamente para solucionar un problema muy concreto: las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas, de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del personal docente del Ministerio de Defensa y de Carabineros. Todavía más: estas facultades otorgadas con un objetivo tan determinado, como lo es el problema de las remuneraciones, han sido condicionadas y reglamentadas por el artículo 1° del proyecto que estamos estudiando. Pero el problema de las Fuerzas Armadas no es sólo de remuneraciones, sino mucho más complejo, como lo dio a conocer denantes el Honorable señor Carmona. Afirmar, pues, que estas facultades se otorgan con el ánimo de que el Gobierno asuma la responsabilidad para resolver todos los problemas de las Fuerzas Armadas, no es exacto, y puede prestarse a interpretaciones peligrosas. El proyecto sólo habilita al Ejecutivo para solucionar lo concerniente a las remuneraciones, pero no el problema global. Por lo demás, en el curso del debate ha quedado de manifiesto que el problema de fondo que afecta a las Fuerzas Armadas uno de cuyos aspecto es el de las remuneraciones se viene arrastrando desde hace muchos años y, por su complejidad, importancia y delicadeza, requiere de un esfuerzo muy grande del país para ser abarcado en su totalidad. Consideré necesario hacer estas observaciones, porque, después de las reiteradas expresiones de esos señores Senadores, quien lea sus palabras podría pensar que el Gobierno, en virtud de estas facultades especiales, queda habilitado para resolver todos los problemas de las Fuerzas Armadas, y no es así. El señor CHADWICK.- Exacto. El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, considero que nos hemos extendido demasiado sobre algunos puntos del debate. En primer lugar, ha habido una larga discusión respecto de algunos cuadros que demostrarían que el Gobierno democratacristiano ha dado mejor tratamiento a las Fuerzas Armadas que el del señor Alessandri. En mi opinión, eso tiene importancia relativa, porque tanto en una como en otra Administración, ese sector ha estado disconforme y sentido frustradas, sus aspiraciones. Comprendo que el Ejecutivo haga hincapié en esas comparaciones, pues quiere dejar desubicada cierta sensibilidad, muy de última hora, de los sectores de Derecha para con el Ejército. El señor OCHAGAVIA.- No diga eso, señor Senador, porque es falso. Si me permite una interrupción, podré explicarle. El señor GUMUCIO.- En segundo término, nos hemos extendido mucho sobre el caso del Partido Nacional y sus relaciones con los acontecimientos que todos conocemos. Tengo juicio formado al respecto. Creo que el Partido Nacional ha querido pecar sin desear que se descubra su pecado. El señor OCHAGAVIA.- ¿Y estos curas de última hora...? El señor GARCIA.- ¡Esa es la peor manera de pecar! El señor GUMUCIO.- En el último tiempo ha demostrado una tendencia a efectuar declaraciones diarias respecto de diversos problemas, y el de las Fuerzas Armadas no ha sido la excepción. En la primera de ellas a mi juicio, el hecho revistió extraordinaria gravedad, salió en defensa del General Viaux, porque había sido eliminado como General del Ejército, debido a la aplicación de un procedimiento normal: el famoso "tiraje de la chimenea". Creo que esto se presta para que la opinión pública sospeche una concomitancia directa del Partido Nacional con algo que se veía venir. Después, como vio que la situación era grave, que podía haber resistencia a lo que estaba sucediendo, concurrió a La Moneda, como todos los partidos según dicen los propios personeros nacionales, a expresarle su adhesión al Gobierno. El señor OCHAGAVIA.- Al Gobierno no, señor Senador. El señor GUMUCIO.- Luego viene otra etapa, donde empieza a prosperar la teoría de que se trataba sólo de un conflicto gremial, tal como acontece en las fábricas. Como esa hipótesis prendió había muchos elementos que concordaban para que la teoría tomara cuerpo, el Partido Nacional estimó conveniente hacer otra declaración, que, a mi juicio, aun cuando pasó inadvertida, tenía mucha fuerza. Hace pocos días, esa colectividad política dijo que lo acaecido el 21 de octubre fue una farsa del Gobierno y del Partido Comunista y exigió que los militares implicados en esos actos los considero ilegales volvieran a las filas del Ejército. El señor IBÁÑEZ.- ¡No, señor Senador! El señor GUMUCIO.- Porque por ahí se estaba dando la cosa; el ambiente iba para allá. El señor IBÁÑEZ.- La declaración no. dice eso. El señor GARCIA.- Lea ese documento. El señor GUMUCIO.- En todo el proceso, donde está mejor el baile, ahí se encuentra el Partido Nacional. Si está mal, rasga vestiduras, se torna constitucionalista y dice que jamás ha participado en golpes de Estado ni militares en Chile. Al respecto, debo recordarles, entre otros, el golpe del año 1924 y el de Ariosto Herrera, en que estuvieron metidos hasta no sé dónde... Considero innecesario prolongar este debate. El señor IBÁÑEZ.- Así parece. El señor GUMUCIO.- En general, me sumo a quienes están cansados de los discursos de imágenes, de metáforas, de las contra verdades. Cuando se dice paz, es guerra; cuando se dice anticapitalismo, es capitalismo o neocapitalismo; cuando se dice libre empresa, es el deseo de aprovechar la capitalización del Estado a favor de los empresarios. Estoy aburrido de las contraverdades. Deseo que cuando se diga árbol, sea árbol; que cuando se diga muro, sea muro. Durante toda la discusión del proyecto relativo a las Fuerzas Armadas no se ha dicho lo que se siente. ¿Cómo se ha legislado tradicionalmente respecto de ese sector? "Llevo catorce años de parlamentario. Me ha correspondido intervenir en las discusiones de una serie de proyectos de ley de reajustes para las Fuerzas Armadas. Ello me permite sostener que se produce la siguiente situación. A principio de año, los gobiernos reajustan las rentas del sector público en general. En el curso del año se produce descontento en las Fuerzas Armadas. Los gobiernos, en el afán de tener una fuerza que pueda servir de represión, por un lado y ante el peligro de un golpe, por el otro, se ven obligados a enviar a mediados de año un proyecto para aumentar las rentas de los miembros de ese sector. Pues bien, como han establecido principios económicos antinflacionistas en materia de remuneraciones, para no perder la autoridad moral se ven obligados a dar diversas razones a fin de justificar esa accidental manera de legislar, al margen de la norma general. Entonces se buscan los arbitrios, y de ahí vienen las planillas con cinco y seis rubros sobre asignaciones, para sostener que no se trata de un reajuste distinto del otorgado al resto de la Administración Pública, sino de asignaciones muy especiales y técnicas, como la de embarque, la de vuelo, la de esto y la de aquello: en definitiva, sólo son arbitrios. Sin embargo, no se discute el problema de fondo: ¿qué capacidad tiene un país subdesarrollado para afrontar gastos de Defensa Nacional? Es preciso abordar con claro sentido de patriotismo esta situación. Ese es el problema eje. No obstante, nadie lo discute, y se sigue buscando otro camino para pasar la tempestad, que dura sólo un año. La situación se apacigua por un tiempo; pero se mantiene el problema de la previsión de la Defensa Nacional. Los jubilados de ese sector no tienen tal carácter porque lo deseen; han sido empujados a jubilar, pues, dentro de los arbitrios, para que haya "tiraje de la chimenea", determinado número de personas deben acogerse a jubilación. Entonces vemos el cuadro trágico de que en los altos grados del Ejército hay más de mil oficiales que perciben el sueldo de general. Nadie se atreve a enfrentar el problema previsional de las Fuerzas Armadas, y de ello no son culpables sus miembros. A mi juicio, un gobierno de futuro debe enfrentar este problema fundamental, porque es absurdo pagar igual cantidad de dinero por sueldos que por jubilaciones. Anuncio, con sinceridad, mi voto negativo a la concesión de facultades. Considero absurdo que un Gobierno desee suicidarse: él mismo se hace la oposición, porque no resolverá el problema esencial. Si pide facultades para arreglar el problema de las remuneraciones y el del rol del Ejército, sólo resolverá esas situaciones. Por lo tanto, no nos ceguemos. Á mi juicio, el Gobierno asume una responsabilidad absurda. Pasará un año, y luego vendrá el descontento. Como las facultades, según se dice, serán usadas para mejorar un grado más, quienes no obtengan mejoría reclamarán y dirán que el Ejecutivo procede en forma arbitraria. Entonces, al año siguiente tendremos la repetición exacta de lo que hoy día estamos discutiendo. Por eso, en el fondo, soy enemigo de las facultades. Participo de la idea de abordar la cuestión fundamental, a fin de otorgar remuneraciones adecuadas, de acuerdo con las disponibilidades económicas de Chile. Es preciso resolver el problema ocasionado por el famoso "tiraje de la chimenea"; considero absurdo que cada año numerosos miembros de las Fuerzas Armadas jubilen con una pensión equivalente al sueldo de actividad. En resumen, me inclino por abordar el asunto con sentido más profundo, y no como ahora se está haciendo. Como dije, votaré en contra de las facultades, por estar convencido de que, al año, el Gobierno pagará los platos rotos, porque mejorará algunos grados más que otros. En definitiva, tendrá toda la responsabilidad. Mi actitud no es opositora u obstruccionista. El hecho de votar contra las facultades implica un mínimo de patriotismo. Estoy seguro_ de que no habría conflicto grave si nos demoráramos veinte días. Así tendríamos la certeza de que se estudiará un proyecto destinado a resolver los problemas de fondo de las Fuerzas Armadas, incluidos, por supuesto, el de las remuneraciones y el de cambio de rol del Ejército. El señor JEREZ.- Sólo deseo hacer presente que en "El Diario Ilustrado" del sábado 8 de noviembre aparece una declaración del Partido Nacional, que no ha sido desmentida. Procederé a darle lectura en vista de la negativa de los Senadores del Partido Nacional respecto de las aseveraciones hechas por el Honorable señor Gumucio en torno de una declaración formulada por esa colectividad política: Dice: "Existe ya la evidencia de que tanto el General Viaux, como los demás oficiales que participaron en los sucesos del 21 de octubre, actuaron movidos por razones profesionales, ante el incumplimiento de los compromisos y la imposibilidad de hacerse oír por las autoridades, y que la denuncia de un golpe de Estado fue sólo una maniobra política organizada por el Gobierno en connivencia con el Partido Comunista. "En consecuencia, el Partido Nacional estima que existen razones fundadas para estudiar una ley de amnistía y la posibilidad de reponer en sus cargos a los oficiales procesados." Esa declaración no ha sido rectificada. Ello deja en claro que el Honorable señor Gumucio decía la verdad y que los Senadores nacionales faltaban a ella. El señor IBÁÑEZ.- El Honorable señor Gumucio sostuvo otra cosa. El señor OCHAGAVIA.- No dijo eso. El señor GARCIA.- La declaración dice "para estudiar." El señor JEREZ.- Lo que leí es muy claro. El señor BALLESTEROS.- ¿Cómo para estudiar? El señor OCHAGAVIA.- Léalo nuevamente, Honorable señor Jerez. El señor CHADWICK.- Ya conocemos el alcance. El señor BALLESTEROS.- Están muy estudiosos. El señor GARCIA.- Somos estudiosos. El señor CHADWICK.- A buen entendedor, pocas palabras. El señor PABLO (Presidente).- Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, estoy muy impresionado por la intervención del Honorable señor Gumucio. Veo que, con extraordinaria honestidad, Su Señoría trajo al "debate lo que es esencial en nuestra decisión. Debemos resolver si se dan o no se dan las facultades especiales solicitadas por el Ejecutivo, y, en caso de negativa, decidir si se forma un fondo especial para atender el mayor gasto que importarán estas remuneraciones, en el entendido de que una ley será sometida a la aprobación del Congreso Nacional en su oportunidad. La cuestión de fondo que provoca 3a decisión entre una tesis y otra toca el resorte fundamental del régimen democrático. Porque, si se atiende en concreto a lo que es el gasto público respecto de las Fuerzas Armadas en general, deberá reconocerse que las remuneraciones forman sólo una parte de ese gasto público. Además, es necesario considerar los desembolsos que irrogan el equipamiento del Ejército, las modificaciones de su infraestructura y, en general, todos los requerimientos que la técnica contemporánea va haciendo ineludibles en el mantenimiento de una fuerza de defensa nacional efectiva y que dé garantías al fin último de defender la soberanía del país. Bien se comprende que una nación rica que debería contar, si no con recursos ilimitados, al menos con holgadas disponibilidades 'para atender esas exigencias pudiera darse el lujo de entregar a la discrecionalidad del Presidente de la República el fijar los sueldos y gastos correspondientes a un escalafón de la Defensa Nacional, a fin de abreviar debates y evitar el empleo de métodos relativamente inconvenientes en los trajines parlamentarios. Pero cuando ocurre, como en Chile, que. se tiene la absoluta certeza de que cualquier gasto en que se incurra por concepto de sueldos de las Fuerzas Armadas incidirá, querámoslo o no, a pesar de nuestra buena o mala voluntad, en los otros rubros que forman las sumas globales a que he hecho referencia, limitándolas o haciendo imposible su consideración, debemos concluir, de manera ineludible, que el gran problema de la Defensa Nacional se plantea en términos de una decisión política en que debe informarse al pueblo para asumir una responsabilidad colectiva. El Partido Nacional nos ha dicho que por doctrina son las expresiones del Honorable señor Ibáñez en las Comisiones Unidas y por la experiencia recogida en los últimos años si debo atender a lo manifestado por el Honorable señor GARCIA hay en Chile necesidad de centralizar en el Poder Ejecutivo ¡a totalidad de la responsabilidad sobre la materia. Este último señor Senador ha recordado incidentes más o menos pintorescos, los cuales, a su juicio, demostrarían que estaría quebrada la disciplina colectiva, y que lo acontecido en las Fuerzas Armadas no es sino la culminación de un proceso en que la autoridad está desarticulada y ha llegado a ser inoperante. El señor GARCIA.- En cierto modo eso es lo que dije. El señor CHADWICK.- Estos conceptos, que tienen fácil acogida en nuestro medio por carencia de un examen en profundidad de los grandes problemas nacionales, no pueden ser dejados pasar sin un análisis más detenido. Es indudable que en Chile se advierten los fenómenos que el Honorable señor GARCIA menciona. Pero igualmente indudable es que la solución auspiciada por el señor Senador ha fracasado en nuestro país y en todos aquellos donde se ha intentado aplicar. Radicar la autoridad en una sola persona para que a su arbitrio imponga determinadas soluciones, es la clásica doctrina reaccionaria que finalmente confunde todos los Poderes del Estado con el absolutismo más riguroso. No hay duda de que en Chile esa doctrina fracasó, ya que desde una reforma constitucional que según entiendo arranca desde hace más de 20 años, el Presidente de la República ha tenido de manera constante y exclusiva la facultad de poder tomar la iniciativa. . . El señor AGUIRRE DOOLAN.- Desde hace 26 años. El señor CHADWICK.- ...desde hace 26 años para imponer un mayor gasto público. Todo el sistema caótico que domina en el régimen de las remuneraciones y en las pensiones de retiro de las Fuerzas Armadas no puede ser atribuido en parte alguna al sistema parlamentario, a la interferencia o a los vicios que a nosotros pudieran atribuírsenos. Ha sido únicamente el Presidente de la República quien durante 26 años, como anota el Honorable señor Aguirre Doolan, ha tenido la facultad privativa de agregar a los sueldos bases mayores remuneraciones por concepto de quinquenios, 20% imponible, 55% de bonificación, asignación fijada por una ley determinada, 20% no imponible, asignación de rancho, gratificaciones especiales y los sobresueldos para distintas categorías, y todo ello en la mayor anarquía. La experiencia en Chile demuestra que el sistema de reservar al Presidente de la República la discrecionalidad para resolver el retiro del personal de las Fuerzas Armadas, ha conducido a la aberración que hoy domina entre nosotros. Comprobamos que mientras hay tres cargos de Comandantes en Jefe, uno para cada institución, como resulta lógico pensar, existen 199 funcionarios en servicio activo cuyas rentas son iguales a las remuneraciones del Comandante en Jefe y 752 empleados en retiro que también tienen pensiones equivalentes a ese sueldo. Ese sistema ha conducido a la aberración de que en cualquier medida que signifique aumento de rentas deba considerarse a una masa de 3.273 funcionarios, en actividad o en retiro, cuyos ingresos son equivalentes a los del cargo de general de brigada u otro superior. Estas cifras son suficientes para que el Honorable Senado comprenda de qué manera el arbitrio de otorgar al Presidente de la República la facultad de decidir el problema de los emolumentos de las Fuerzas Armadas, sin entrar a discutirlo con nadie, dentro de la planificación de una política racional de un país pobre, con conflictos fronterizos en los cuales su soberanía puede estar amenazada, no puede entregarse a una sola persona. Lejos de lo que piensa el Partido Nacional, esa sola persona es la víctima más débil de las presiones que naturalmente se ejercen por los interesados. La solución propuesta por el Partido Nacional está desmentida en los hechos no sólo aquí en Chile, sino también en Argentina y en Brasil. Es cierto que ahí se clausuraron los Parlamentos y que todo el Poder se radicó en la persona del Jefe de Estado. El Honorable señor GARCIA no podrá decir que nuestras huelgas, nuestras tomas de universidades y todos los trastornos que anota, pueden compararse siquiera. .. El señor GARCIA.- ¡El poder arbitrario no sirve sin el poder moral y legal! El señor CHADWICK.- El Honorable señor GARCIA no podrá decir que todos estos trastornos que lo escandalizan no se dan en mayor grado y gravedad en los países que han cumplido la aspiración, siempre permanente y latente en la Derecha, de tener un mandón que imponga una autoridad que ahogue la protesta y que haga imposible el análisis de los problemas nacionales. El señor GARCIA.- Jamás hemos dicho eso El señor CHADWICK.- En Argentina y en Brasil, como todos sabemos, más que trastornos hay una verdadera guerra civil larvada. Basta abrir los diarios para informarse de que cada cierto tiempo hay batallas callejeras que a veces abarcan grandes ciudades, como sucedió en Córdoba en mayo último. En Brasil, por ejemplo, al Embajador de Estados Unidos se le aplicó la ley de la guerra y se le tomó como rehén para exigir que el Gobierno militar pusiera en libertad a 15 de los presos políticos más calificados e hiciera las publicaciones que el bando armado contrario imponía. La solución, evidentemente, no es tan sencilla. No se trata de otorgar al Presidente de la República todas las facultades y, en seguida, cruzarse de brazos para ver lo que pasa. En Chile ya podemos ir configurando el problema. En el Ejército hay descontento no sólo por las remuneraciones bajas. Grupos importantes de la institución solicitan aumentar las dotaciones; de manera que cuando calculamos en 850 millones de escudos el gasto que implica el proyecto, estamos forjándonos un poco una ilusión. Se dice, por ejemplo, que el contigente es escaso, que sólo alcanza a poco más de una decena de miles de conscriptos. Su aumento trae consigo el incremento del número de oficiales y, como consecuencia inevitable, un creciente gasto en las estructuras. Se sostiene que el país ha aplicado una política de abandono criminal en cuanto a sus armamentos. Naturalmente, si consideramos el valor de los implementos militares, llegaremos a cifras sencillamente desconcertantes. ¿Cuánto vale un tanque? Hay quienes piensan que por el hecho de que Argentina esté construyendo 300 tanques para montar una división blindada, nosotros debemos hacer otro tanto. Cada avión Mirage tiene un costo de 6 millones de dólares, es decir, la adquisición de una sola unidad significa un gasto aproximado de 60 millones de escudos. Esto es considerando la repercusión de la compra en la infraestructura. ¿Cuánto necesitamos gastar en las Fuerzas Armadas para que las instituciones mismas estén satisfechas y asegurada la soberanía del país? ¿Este es un problema que resolverá el Presidente de la República solo, "consultando a los Comandantes en Jefe de las respectivas instituciones, expuesto a que se le diga por voceros irresponsables que está siendo manejado por enemigos de las Fuerzas Armadas? En verdad, todo este debate sobre cuánto se gasta ahora y cuánto se gastó antes no tiene mucha importancia. Lo esencial es saber quién debe resolver acerca de lo que el país debe gastar en las Fuerzas Armadas sin producir un derrumbe. No creo lo digo con máxima honestidad que haya habido Presidente de la República alguno que consciente ni mucho menos maliciosamente haya escatimado un aumento de las Fuerzas Armadas. No lo creo por una razón sencillísima : además de las condiciones que deben atribuirse al Primer Mandatario en el plano político, debe reconocerse en él la inteligencia mínima de velar por su estabilidad, de evitarse las zozobras que la decepción y el descontento traen consigo. A mi juicio, el problema es de tal gravedad, que debemos estudiarlo todos. El Honorable señor Carmona señaló un dato al pasar. Manifestó que el costo aproximado de este mejoramiento de los sueldos de las Fuerzas Armadas sería del orden de los 850 a 900 millones de escudos, cifra que, más o menos, equivaldría a lo que se ha dispuesto en el año en curso para inversiones de desarrollo industrial por medio de la Corporación de Fomento. Y se trata sólo de un aumento, no del total de los sueldos de este sector, ni mucho menos del gasto global de las Fuerzas Armadas en armamento, equipos, etcétera. Yo me pregunto cómo poder hacer entender a los grupos políticos, a la opinión pública y, muy especialmente, a los propios oficiales de las Fuerzas Armadas que el país no puede hacer el gasto libremente, sin tomar en cuenta las necesidades de su desarrollo y aquellas otras, igualmente impostergables, que significan mantener lo existente. Si tenemos los hospitales sin sábanas, si tenemos los centros de salud sin poder movilizar una ambulancia por falta de dinero para bencina, si postergamos las soluciones más premiosas, ¿no es necesario que alguna vez nos reunamos, todos los que tenemos una delegación de la soberanía, para estudiar todos estos problemas de modo responsable y decir, no sólo atendiendo a lo que gastan los países limítrofes en armamento, sino a nuestras propias posibilidades, "tenemos que trazar una política"? El Honorable señor Carmona decía: "La CORFO cuenta con peco más de mil millones de escudos para atender al desarrollo". Este proyecto, de simple aumento de remuneraciones, cuesta 950 millones de escudos. ¿Qué relación hay en esto? Estaba pensando en otra relación: en los Estados Unidos, el gasto desorbitado de las Fuerzas Armadas, que está generando la inflación en ese país tan avanzado, alcanza a 80 mil millones de dólares en el año presupuestario. Por lo menos, ésta es la última cifra del presupuesto norteamericano que recuerdo. Pero allá la industria hace una inversión anual de 76 mil millones de dólares, que mejora la economía de ese país. ¿Qué relación existe entre lo que nosotros podemos gastar y los requerimientos de las Fuerzas Armadas? Afirmo que ésta es una pregunta que ni en todo este debate ni en el estudio del proyecto en las Comisiones ha tenido respuesta, y que nos deja en una posición de absoluta irresponsabilidad, en cuanto nos limitamos a trasladar el problema, que debiéramos resolver nosotros, a la persona del Presidente de la República, asediado por instituciones que han quebrantado su disciplina y hacen más de una manifestación indicadora de no haberla recuperado. Digo con honestidad que el despacho de las facultades extraordinarias sólo agravará los términos políticos en que el problema está planteado. Y si, por el contrario, aprobamos la indicación sustitutiva del artículo 1º, daremos tiempo al Ejecutivo, en primer término, para cumplir con la Constitución y, en segundo lugar, para poder convencer a la opinión pública y al propio Ejército y a las demás instituciones armadas, de que se está haciendo lo único posible a través de un debate parlamentario. Aquí, de manera directa o implícita, se ha estado haciendo valer el gran argumento de que las cosas son muy delicadas y de que hay temas que no se pueden tratar públicamente. Mientras escuchaba estas alusiones, venían a mi memoria recuerdos que no puedo silenciar. Recuerdo perfectamente cómo en mayo de 1941 el Reino Unido estaba en la más dramática situación de su historia. No tenía más aliados que los países integrantes de la Comunidad Británica de Naciones. La costa continental del Canal de la Mancha estaba ocupada por el enemigo, que lo bombardeaba despiadadamente. Estaba solo en el momento culminante de su historia. En los primeros días de ese mes de mayo, el Primer Ministro Winston Churchill fue a la Cámara de los Comunes y allí, en discurso dramático, manifestó: "La suerte de la guerra, hasta ahora, nos es adversa. Pero tenemos confianza en nuestro pueblo y en nuestras instituciones, en los hábitos democráticos que nos han distinguido durante toda la historia y en el mundo entero. Debo decir a este Parlamento que estamos alerta respecto de operaciones que pueden hacer, incluso, más grave la situación estratégica del Imperio". Señaló algunas operaciones. Manifestó que, entre otras, podía realizarse la ocupación de Creta, la isla que dominaba todo el equilibrio estratégico en el Mediterráneo oriental. Anticipó que tenía buenas razones para confiar en que esa posición básica no sería dominada por el enemigo. "Mal que mal" dijo "después de la retirada de nuestras tropas de Grecia hemos podido organizar dos divisiones en Creta y tenemos, finalmente, el dominio del mar". A pocos días de este pronunciamiento del Gobierno ante el Parlamento, en momento tan dramático e incierto, el poder ofensivo de la Alemania nazi hizo la operación culminante de todo un período, dominando por medio del cuerpo de paracaidistas la guarnición de la isla y dejando indefenso todo el extremo oriental mediterráneo. ¿Se derrumbó la moral de Inglaterra porque la previsión del Jefe del Gobierno, que había consultado las opiniones de los responsables de la defensa, resultaba sobrepasada por el enemigo? No, porque el pueblo inglés tenía el orgullo y la seguridad de que a través de los métodos parlamentarios, que allá son una tradición secular, estaba tomando parte de las resoluciones de su Gobierno y debía respaldarlo, cualesquiera que fuesen las alternativas de la guerra. No creo que las experiencias británicas puedan trasladarse mecánicamente al pueblo de Chile. Vivimos otras realidades y estamos muy distantes de haber alcanzado la cultura política que tiene ese gran pueblo. Pero sí afirmo que no sólo creo sino que tengo la seguridad más absoluta de que en esta emergencia, también dramática, y en la cual el pueblo de Chile desea saber qué pasa y qué se hará con las Fuerzas Armadas, este' Congreso Nacional sigue siendo el mejor me' dio para la información, el estudio, el análisis y la resolución responsables. Gravísimo error vamos a cometer no con el voto nuestro, pero vamos a cometerlo, porque en definitiva las decisiones colectivas nos abarcan a todos por un mecanismo de simple repetición mental, por no detenernos a considerar qué hay de diferente hoy respecto de situaciones anteriores. Lo que hay de diferente, Honorable señor GARCIA, es que las situaciones señaladas por Su Señoría respecto de América Latina ya no se pueden abordar por el simple empleo de la fuerza bruta. El señor GARCIA.- Estábamos mucho más entretenidos con el relato de la guerra europea. Esperábamos la narración de lo que sucedió en Normandía, pero se saltó a otro tema. El señor OCHAGAVIA.- ¿Cuánto tiempo tiene el Honorable señor Chadwick, señor Presidente? El señor CHADWICK.- América Latina vive un proceso revolucionario que en algunos países, finalmente, se trata de sofocar con una violencia bestial. En Brasil apareció asesinado, descuartizado, un sacerdote que se desempeñaba como Secretario del Arzobispo Dom Helder Cámara. Se sabe que aun los hombres más desaprensivos comienzan a temblar, porque son tales los tormentos, torturas, vejaciones y atrocidades que cometen quienes aplican la doctrina del autoritarismo para resolver los problemas sociales, que, si había fragmentos de revolución en Brasil hace tres años, hoy día está en movimiento una masa incontenible, a la cual no arredran ni las delaciones, ni las flagelaciones ni las balas, ni ningún otro recurso del terror físico o síquico. ¿A eso queremos llegar? Claro que, para algunos, la solución está en las manos: para hacer prevalecer el principio de autoridad, cuando se produzca una huelga se puede ordenar el apaleo, el uso de las armas de fuego, la redada de muchachos que podrán llevarse ya no a las cárceles o cuarteles de Investigaciones, sino a campos de concentración para que puedan tener cabida los miles y miles que protestan. Pero eso no sería sino desencadenar y poner en marcha la última y fatídica etapa del proceso en que finalmente caen quienes creen en el autoritarismo como solución. Pienso que tenemos derecho de decir al Ejecutivo que no siga en la ilusión de que bastan las facultades legales para resolver los problemas. Tercera vez con ésta, como se ha recordado en esta Sala, que se van a dar facultades extraordinarias a este Gobierno para solucionar el mismo problema. Cualquiera que sea el deseo del Presidente de la República de complacer las exigencias, creo que quienes hemos llegado a la madurez y tenemos responsabilidad política, debemos anticipar que no podrá satisfacer todos los requerimientos. Tendrá los problemas agravados y multiplicados, porque, en lugar de examinar ante la luz pública del país cuáles son las posibilidades y las limitaciones, qué cambies razonables deben hacerse para evitar algunos desbordes y, por último, qué sacrificios, nos pese o no nos pese, habremos de realizar, ha elegido el camino absurdo de reservarse para sí la decisión frente a una fuerza que hará valer sus peticiones a través del orden regular, pero que no posee capacidad política para tomar en cuenta todos los factores. Respeto y admiro a los militares, marinos y aviadores, a todas las Fuerzas Armadas, como un testimonio de nuestra herencia patria. En algunos de los muchos manifiestos que leí se señala que ellos contribuyeron a formar la República. Digo, emocionadamente, que así es. Pero no se engañen en su papel: no pueden ir más allá de lo que nuestras instituciones les asignan; no pueden deliberar por sí mismas para imponer soluciones parciales; tienen la obligación porque de otro modo no hay salida de someterse a soluciones que consideren todos los intereses de la patria. Por ello, es de toda evidencia que el método de las facultades extraordinarias es el más inadecuado; lleva al abismo. Por tales consideraciones, insistiremos en el pensamiento que nos ha informado durante toda la tramitación del proyecto en el Senado. Votaremos por suprimir el artículo 1? y por aprobar la indicación que lo sustituye, a fin de que, cuando el Ejecutivo tenga todos los datos elaborados, venga al Parlamento a decir: "Esta es la solución; la defiendo ante la opinión pública y la impongo con la autoridad que me da el respaldo del país". Procediendo a solas repito, se abreel camino que conduce al abismo. El señor DURAN.- Señor Presidente, no he tenido oportunidad de participar en el debate sobre esta materia ni siquiera en la hora de Incidentes, pues, como Senador sin Comité, no tengo tiempo reglamentario. Tampoco en el debate general del proyecto, cuando estimé que debían plantearse y abordarse las ideas sobre lo que aconteció el 21 de octubre recién pasado, tuve oportunidad de expresar un juicio. Creo que no es la discusión de este artículo una oportunidad para hacerlo. Sin embargo, deseo expresar dos alcances sobre el particular y dar respuesta a algunas ideas que escuché hoy en la mañana al Honorable señor Montes. Esta mañana, hubo en la Sala una especie de debate general. Se concedieron 10 minutos al Honorable señor Altamirano y, más tarde, a los Comités que quisieran intervenir. Como no soy ni tengo Comité no pude usar de ese tiempo. En primer lugar, debo hacerme cargo de los alcances hechos por el Honorable señor Montes, quien planteó en forma vaga e innominada algunas tesis con relación a la Mesa del Senado. Todo el asunto se originó porque el señor Presidente de la Corporación, al hacer uso de su facultad reglamentaria, declaró improcedente la indicación relativa a la amnistía y que, por lo tanto, esa materia no podía tratarse en las Comisiones ni en la Sala. Tal hecho dio motivo, a la imaginación de novelista de suspenso que tiene el señor Senador, para lucubrar con respecto a la constitución de la Mesa de esta Corporación. Dijo que por conversaciones, que no sé quiénes habrían tenido, se formaría en el Senado una Mesa parecida a la de la Cámara de Diputados, la que, naturalmente, según expresó, no era de su agrado. Lo más interesante es que tampoco lo es del nuestro. La Democracia Radical no tiene especial agrado por la Mesa de la Cámara, ni la buscó. Lo único que quiero manifestar es que el señor Senador puede sacar una enseñanza: esa Mesa logró prosperar como consecuencia de una censura en contra de la Mesa democratacristiana que su partido votó. Al quedar vacantes los cargos, se procedió a una elección en que, con ausencia de los tres Diputados de la Democracia Radical, tanto democratacristianos como nacionales eligieron la nueva Mesa. No pretendo dar consejos a Su Señoría, pero la receta está en la mano: no busque el señor Senador la censura de la Mesa y se evitará estas inquietudes que le han nacido. La señora CAMPUSANO.- Esa es la experiencia que sacamos, Honorable colega. El señor DURAN.- En consecuencia, no estén temerosos de esa fórmula. Es cuestión de que no tengan la inquietud de censurar a la Mesa y no pasará nada. Todos estaremos tranquilos, y yo, desde mi punto de vista, también. En seguida, deseo hacer un alcance al artículo 1° en discusión, porque no quiero entrar en el debate amplio relativo al problema militar, ya que, a veces, según mi parecer, se producen mayores dificultades que arreglos cuando se expresan muchas ideas con un conocimiento muy parcial de los sucesos. Yo leí lo que se conoció con el nombre de Acta del Tacna. Comprendo muy bien que su sola lectura basta para apreciar hechos de extraordinaria gravedad. Es inútil que pretendamos creer, como aconteció en el primer momento, que lo acontecido fue simplemente como aquí se ha señalado un movimiento de tipo gremial. Primero, porque es un gremio muy especial: usa carabinas; en consecuencia, ejerce presiones más convincentes. Como se ha recordado en la Sala la historia así lo demuestra, se comienza con un planteamiento de tipo económico y se termina con proposiciones de tipo político y con cambios en el orden institucional. Al leer esa acta, arreglo o convenio o como se llame, desprendí que se podrían formular hoy muchas críticas. Oí a un Subsecretario dar una explicación sobre la acontecido. Negó la existencia del Acta, pero ella se publicó al día siguiente. Al examinar las distintas posiciones y acuerdos, uno se encuentra con hechos muy graves y dolorosos. Naturalmente, comprendo también que es fácil ser general después de la batalla y tomar la posición cómoda de ignorar el acontecimiento en el instante que se desarrollaba, cuando se recibían una tras otra las nuevas noticias con relación a la magnitud del suceso. Se había levantado el Tacna. Todos pensamos que el hecho terminaba al mediodía; pero se prolongó. Esto traía nuevas inquietudes. Todo este problema a quien primero alcanza es a la concepción general democrática y a quien más directamente representa al Poder Ejecutivo. De manera que, cuando el Tacna no se entregaba, la inquietud fue adentrándose más y más en el espíritu de los demócratas. Yo soy de los que creen que este problema no ha terminado. En consecuencia, hay por delante todo un proceso de maduración, que habrá de llevar a los hombres que actúan en las Fuerzas Armadas a buscar un camino que remedie el hecho producido. Comparto el criterio de quienes estiman que cada uno debe jugar el papel constitucional que le ha sido entregado por mandato popular: nosotros, legislar sin apremio, pero sin innecesaria tardanza. A mi juicio, en el Senado se han dicho algunas cosas que vale la pena recoger, para hacer un alcance a la conducta que cada uno de nosotros habrá de adoptar. Votaré favorablemente las facultades extraordinarias. Y lo haré porque tengo el "pulso" de que los acontecimientos son extraordinariamente veloces y porque, además, el Senado, al estudiar el problema en un proyecto normal, entraría a un largo debate, en el que distraeríamos no sé si semanas, meses o años, para adentrarnos en todo el planteamiento del aspecto de carácter defensivo del país. Escuché al Honorable señor Gumucio y, en parte., al Honorable señor Chadwick hacer recuerdos de nuestra gigantesca pobreza. Con palabras que, en realidad, traen evocaciones amargas, el Honorable señor Chadwick hablaba de la falta de sábanas en los hospitales, de desayuno en las escuelas, de zapatos para los niños abandonados. Pienso que no debo insistir sobre una tremenda realidad, cuando aquí ya ha sido planteada. A mi juicio, existe un problema que debemos contestar, y contestar con sinceridad. En verdad, el proceso del montaje defensivo no sólo debe ser analizado con relación a nuestra propia pobreza. Este no es el único antecedente que el Parlamento y el país deben tener para juzgar el problema militar. Creo que hay otros, como la ubicación geográfica y las vecindades, que ni nosotros ni nuestros antepasados elegimos. En estos instantes, estamos rodeados de países cuyas concepciones o prácticas políticas son absolutamente distintas de las del nuestro. Un día afloraron dificultades en el islote Snipe, donde tenemos inconvenientes con relación a nuestro poderío naval; más tarde, un teniente de carabineros, el señor Merino, cae en una zona limítrofe, también amagada de dificultades. Luego, uno u otro de los Presidentes o dictadores bolivianos vuelve a hablar el lenguaje de salida al mar. ¿Podría alguien negar que Chile no mejoraría mucho si todo el esfuerzo gastado en sueldos y armas se distribuyera en los planes estudiados por la CORFO para intensificar el desarrollo económico en otras actividades? Ese es un hecho innegable. Pero creo que no cumpliríamos con un deber patriótico si no tuviéramos clara conciencia de que geográficamente estamos ubicados en una zona de peligro. Además, estimo que, cuando la gente habla de los organismos internacionales, divaga un poco sobre cosas que en el orden práctico no producen una utilidad concreta, frente a problemas internacionales. Bastaría recordar el solo caso del Medio Oriente y la guerra de los Seis Días. No obstante la opinión de todos los organismos internacionales, allí están los ejércitos ocupando exactamente las mismas tierras que lograron mediante su acción armada defensiva. Los organismos internacionales discuten, e intervienen otras naciones, pero todo queda donde mismo. Podríamos decir que somos muy pobres, que es verdad nuestra tragedia, y, por lo mismo, preocuparnos sólo de este proceso que, desde el punto de vista humano, golpea el alma de todo chileno; pero no podemos descuidar este otro frente, que innegablemente no hemos elegido. . . El señor CHADWICK.- Nadie lo ha dicho. El señor DURAN.- Pero si sólo se habla de estas pobrezas, de estas miserias, de todas estas cosas señaladas en parte por Su Señoría y en parte por el Honorable señor Gumucio, yo creo que el problema no debe mirarse sólo desde este ángulo. El señor CHADWICK.- No. El señor DURAN.- Cuando se silencian las otras cosas y se destaca sólo una, es porque, en el hecho, se filosofa con criterio de escondrijo, para no tocar algo que, en realidad, es tremendo y trágico para nosotros. Tanto el Honorable señor Altamirano como el Honorable señor Chadwick sostuvieron que el proyecto es inconstitucional. Frente a esta afirmación, se observó que ni el Senado ni la Presidencia de la Corporación podían declarar la. inconstitucionalidad de una iniciativa legal ya aprobada por la Cámara de Diputados. El señor ALTAMIRANO.- El Presidente del Senado contestó eso. El señor DURAN.- Así es: el Presidente del Senado ha tenido razón. Además, ese proceder constituye una práctica mantenida. Pero creo que la razón no es sólo ésa. Por medio de la prensa, me informé de que este proyecto se votó aquí el lunes. Y esta iniciativa, calificada por algunos señores Senadores como inconstitucional, fue aprobada por unanimidad. En mi opinión, en ese momento, cuando los distintos partidos y Senadores expresaron su voluntad sobre la idea de legislar, debieron plantear los inconvenientes de tipo constitucional y expresar su voto negativo quienes hablan de inconstitucionalidad del proyecto. Por otra parte, de la simple lectura de esta iniciativa, en relación con otro alcance de índole constitucional, parece desprenderse, como señaló el Honorable señor Fuentealba, que se trata de un proyecto de ley de facultades extraordinarias y que su financiamiento no dice relación a todo un proyecto de gastos, sino que se operará ele un modo distinto. ¿Cómo se procederá? Con los recursos que en él se señalan, con los del Presupuesto de la nación y con los que proporcione una ley especial. ¿En qué cuantía? En aquella que, en razón del reajuste de remuneraciones a los empleados públicos, corresponda a este grupo de funcionarios fiscales que se llama Ejército, más algunos fondos que se consignan en la propia iniciativa con el objeto de eliminar algunas postergaciones de que esos funcionarios públicos que usan uniforme habrían sido víctimas. Por lo tanto, creo que en este aspecto tampoco tiene validez la apreciación de inconstitucionalidad. Por último, quiero hacer un recuerdo. Desde hace poco tiempo, soy un Senador independiente, no por voluntad mía, sino por decisión de los dirigentes del partido en que militaba. Mas, leal a esa colectividad política y a su historia, porque la respeto, debo compartir el juicio señalado por el Honorable señor Aguare Doolan: los Gobiernos radicales los de Aguirre Cerda, Ríos y González Videla tuvieron siempre preocupación por ¡as Fuerzas Armadas. La tuvimos siempre, no obstante la crítica acerada de distintos sectores políticos. No olvido, por ejemplo, que con orden de partido votamos el Pacto Militar con Estados Unidos. El Partido Radical en ese entonces estaba en la Presidencia de la República el señor González Videla aprobó ese Pacto Militar, y nosotros votamos de acuerdo con las instrucciones de nuestra colectividad. Es efectivo que por ello nuestro partido fue objeto de muchas críticas que hasta hoy día se recuerdan. Bueno, pero nosotros cumplimos con el deber que una directiva, en ese instante, nos señaló como necesario para la defensa soberana de Chile. Cumplimos en ese entonces repito con ese mandato. Ahora, con relación al otorgamiento de facultades, creo que el problema, para mi propia conciencia, es claro. He votado muchas veces estas facultades, pues no las estimo inconstitucionales. El partido en que militaba tampoco las consideró así. Por eso, muchas veces votamos facultades en Gobierno nuestros y en Gobiernos ajenos. Nosotros no elegimos al señor Alessandri, pero fuimos Gobierno con él. Las directivas radicales creyeron conveniente participar en la acción del Gobierno de ese Mandatario y tuvimos Ministros. Y siendo un partido no integrado a la acción de ese Gobierno, votamos facultades extraordinarias y, si mal no recuerdo, quienes más insistimos en ellas fuimos nosotros, que veníamos saliendo de una Administración la del señor Ibáñez que aplicó, por la vía de las facultades extraordinarias, una mano muy dura y actuó de manera poco justa en la Administración Pública. De ahí que, mediante otras facultades, pretendiéramos remediar esas injusticias. Por consiguiente, yo no abomino de las cosas que a lo largo de mi vida realicé como parlamentario de esa colectividad política cuya historia respeto y cuyas actitudes justifico. En consecuencia, respecto de las facultades que solicita el Ejecutivo, voto favorablemente, porque, sin impedimento constitucional ni moral, creo que el Gobierno está en condiciones más aptas que el Congreso para tratar un problema que para el país es de urgente resolución. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ofrezco a palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto del artículo 1° 9 hay dos indicaciones. La primera de ellas es para suprimir la disposición; la segunda, para sustituir su texto por otro. El señor REYES.- También hay una para dividir la votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- La disposición a que se refiere debe votarse separadamente de todas maneras, Honorable Senador. Además, hay otras indicaciones, que deberán ser consideradas con posterioridad, referentes a la parte sustantiva del proyecto. El señor MONTES.- Yo pediría que se votara por incisos, tal como se procedió en las Comisiones Unidas. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación si se suprime o no el inciso primero propuesto por las Comisiones. El señor CHADWICK.- ¿Me permite, señor Presidente? Estimo que no se puede tomar la votación en esa forma, porque la verdad es que se suprime, se sustituye o se mantiene el artículo. No hay posibilidad de eliminar el inciso primero y mantener el resto, pues éste forma parte de ese inciso primero, ya que condiciona las facultades que se otorgan. Lo anterior es muy importante, porque las Comisiones Unidas refundieron el inciso primero con el que era segundo en el proyecto, a fin de expresar, de este modo, que las condiciones que reglan el ejercicio de las facultades extraordinarias, a juicio del Senado, forman un todo indivisible con la idea de conceder facultades. El señor NOEMI (Vicepresidente).- ¿Qué pide específicamente Su Señoría? El señor CHADWICK.- Concretamente, pido votar si se mantiene o no se mantiene el artículo primero, pues esa votación, en caso de ser positiva, anula de hecho las indicaciones que persiguen su eliminación o sustitución. El señor FUENTEALBA.- Eso es lo mejor. El señor CHADWICK.- Quedaría pendiente la votación del Nº 3 del inciso primero, pues se ha pedido votación separada. El señor FUENTEALBA.- Eso es más simple. El señor CHADWICK.- Así nos evitamos dos votaciones. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación si se suprime o no el artículo 1°. El señor CHADWICK.- Eso es. El señor NOEMI (Vicepresidente).- En votación. (Durante la votación). El señor REYES.- No puedo votar porque estoy pareado con el Honorable señor Sule. También están pareados los Honorables señores Papic con Acuña, Aylwin con Bossay, Olguín con Juliet, Gormaz con Baltra, Foncea con Corvalán, Pablo con Silva Ulloa, Ballesteros con Gumucio y Lorca con Allende. El señor OCHAGAVIA.- Sólo deseo manifestar que, entre los Senadores nacionales, el Honorable señor Bulnes está pareado con el Honorable señor RODRIGUEZ. Voto por mantener el artículo. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, creo que estoy en el deber de hacer un alcance a ciertas reflexiones hechas respecto de nuestra intervención en el debate general y de nuestra actitud, ya anunciada, en la votación en que participamos ahora. Se ha argumentado que no es explicable que, habiendo votado favorablemente en general el proyecto., estimáramos inconstitucional el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República en este caso. Al respecto, deseo recordar que esta iniciativa tiene dos ideas fundamentales: una, dar facultades extraordinarias al Jefe del Estado para fijar remuneraciones; otra, otorgar nuevos recursos con ese fin. Nosotros entendemos que es indispensable reunir desde ahora los recursos para aumentar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas; pero creemos que la primera idea es inconstitucional, máxime cuando, según esta iniciativa, la facultad debe ser ejercida en el plazo de 30 días. O sea, deben determinarse los nuevos gastos antes de disponer de los recursos suficientes. En seguida, quiero hacer otro alcance a una cuestión de fondo, que no puedo dejar pasar. Cuando representé la pobreza de recursos de este país, no fue para negar la necesidad de procurar medios para una mejor defensa nacional. Por el contrario, lo hice en el convencimiento de que sólo mediante un examen muy a fondo de este problema, que considero gravísimo, podrá formarse la conciencia nacional que permita hacer el respectivo sacrificio. No ha habido, pues, en ningún instante olvido ni abandono de esta preocupación en nuestra actitud, ni mucho menos la contradicción que se quiere ver en nuestras intervenciones. Voto por la supresión. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, las palabras del Honorable señor Chadwick me obligan a fundar mi voto. Además presumo que el debate que hemos tenido alrededor de esta iniciativa, como es natural, interesará a las personas afectadas, y es bueno que ellas conozcan las opiniones aquí vertidas. En primer lugar, quiero insistir en que este proyecto es perfectamente constitucional, pues son los decretos con fuerza de ley que se dicten en virtud de las facultades los que deberán tener financiamiento suficiente. Este no es un proyecto que importe gasto alguno, sino uno de facultades extraordinarias para resolver determinado problema. En segundo lugar, quiero dejar clara constancia de que mediante esta iniciativa se otorgan instrumentos al Poder Ejecutivo sólo para resolver en forma parcial, y según los recursos que en definitiva se reúnan, lo relativo a las remuneraciones, pero de ninguna manera para dar solución a otra clase de problemas de las Fuerzas Armadas. Desde luego, no nos pronunciamos acerca de la dotación de personal, sea administrativo o propiamente militar; no estamos resolviendo problemas de equipos ni de armamentos ni tampoco los de orden profesional o institucional. Es éste un proyecto de facultades especiales tendiente a modificar las remuneraciones, y es constitucional. En consecuencia, voto que no. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Los Senadores radicales presentes en la Sala votamos por suprimir este artículo. Los ausentes, que son los Honorables colegas señores Bossay, Baltra, Juliet, Acuña y Sule, como ha manifestado el Honorable señor Reyes, están pareados con los Honorables señores Aylwin, Gormaz, Olguín, Papic y Reyes. Voto por la supresión del artículo. Se rechaza la indicación (16 votos contra 14 y 5 pareos). El señor NOEMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, con la misma votación quedaría rechazada la indicación N