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- rdf:value = " FIJACION DE PLANTA DE DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS.El señor FIGUEROA (Secretario).-
En primer término, corresponde tratar el proyecto, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que fija las plantas de operarios de la Dirección de Obras Sanitarias, informado por las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas.
Ambas Comisiones, en informes suscritos por los Honorables señores Ballesteros (presidente), Miranda y Silva Ulloa, y Reyes (presidente), Acuña y Papic, respectivamente, recomiendan aprobar la iniciativa con las enmiendas que señalan.
Además, han llegado a la Mesa tres indicaciones del Ejecutivo, que contienen igual número de artículos nuevos.
El proyecto debe ser despachado en esta sesión, porque la urgencia está vencida y no ha sido retirada.
-El proyecto aparece en los Anexos de la sesión 1º, en 22 de octubre de 1969, y el informe, en los de la sesión 15º, en 25 de noviembre de 1969.
El señor PABLO (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-
Los Senadores socialistas populares votaremos favorablemente el informe de la Comisión de Hacienda, por las razones expuestas en él.
Como representante de Coquimbo y Atacama estoy en la necesidad de aprovechar esta ocasión para referirme a un hecho francamente escandaloso que se ha producido en esta última provincia, relativo al servicio de agua potable para el puerto de Chañaral.
La iniciativa en debate tiene por finalidad regularizar la planta de los obreros de la Dirección de Obras Sanitarias, que trabajan de manera principal en la atención del suministro de agua potable para las distintas poblaciones.
Desde hace más de cinco años, el puerto de Chañaral espera que el Gobierno le resuelva el problema derivado de la carencia de agua potable para sus habitantes.
El Diputado comunista señor García, al terminar su mandato, en 1964, hizo despachar en la Cámara un proyecto que destinaba recursos especiales para llevar a cabo la obra respectiva, ¡la cual quedaría financiada en el plazo de cinco años. La obra, reclamada por todo el departamento, consistía en llevar agua a la zona desde Juncalito.
El Gobierno, aun cuando había una ley imperativa que establecía el destino de los recursos correspondientes, dejó pasar el tiempo. Entretuvo a la población durante tres años con la promesa de resolver el problema, que es vital para más de 17 mil habitantes afectados por él. Al cabo de ese tiempo, se descubrió que el proyecto era impracticable, porque el agua tenía un alto porcentaje de arsénico.
Desde entonces empezó el movimiento burocrático para encontrar otra solución. Por último, se resolvió poner en práctica un programa que significa llevar agua al puerto de Chañaral desde Copiapó, con un costo de 30 millones de escudos. Para este efecto, por iniciativa del Diputado democratacristiano señor Raúl Barrio-nuevo, el departamento de Chañaral cuenta con ingresos extraordinarios, reajustables, del orden de 4 millones de escudos anuales.
Cualquiera que conozca esta cifra podría llegar a la conclusión de que existe financiamiento adecuado para que el Gobierno obtenga un crédito, a fin de resolver esa situación insoportable para los habitantes de Chañaral. Sin embargo, se está utilizando el procedimiento de realizar la obra con los recursos que se van juntando.
Es así como hoy día existe un proyecto cuya consumación demorará cuatro años, con la agravante de que el sistema provisional de dotar de agua a Chañaral -consistente en el uso de una resacado-ra- está paralizado.
Los Senadores de la zona estamos recibiendo constantes telegramas de la Municipalidad de ese puerto, de la Junta de Vecinos, del Centro para el Progreso, que claman por que alguna vez el Ejecutivo tome conciencia de la necesidad de resolver inmediatamente el problema.
En términos normales, se calcula que una población requiere alrededor de 100 litros de agua por habitante para satisfacer sus necesidades elementales de bebida, alimentación, aseo primario -que no va más allá del lavado de cara o de manos- y de servicios higiénicos. Esa cuota mínima de agua no existe en Chañaral.
¿Estamos en condiciones hoy día de hacer vivir a una población, cuyo número ya he señalado, sin otra disponibilidad de agua que la de tres litros por segundo, por el hecho de que la resacadora ha terminado por paralizarse y las obras de reparación van a tardar seis meses, a lo menos ?
Pido que el Honorable Senado despache el proyecto; pero, al mismo tiempo, solicito que en el Tiempo de Votaciones se oficie al señor Ministro de Obras Públicas en nombre del Comité Socialista Popular, recabándole una atención preferente y sin dilación de ninguna especie respecto de la solución, aunque sea transitoria, de este problema, el cual constituye un testimonio de la desidia burocrática y de la irresponsabilidad de las altas esferas de Gobierno en cuanto a satisfacer las urgencias básicas de la población.
Esas 17.000 personas están trabajando en actividades que son vitales para Chile, como son las extractivas en la minería; están produciendo divisas que enriquecen al país. Por lo tanto, mantenerlas sin agua potable, expuestas a las peores consecuencias sanitarias, en un estado anímico de desesperación, dando pie a que emigren o abandonen esos lugares, donde existen riquezas susceptibles de explotación, sin lugar a dudas es lo que ya he afirmado: el testimonio de la mayor irresponsabilidad y falta de sensibilidad más increíble de parte de las altas esferas de este Gobierno.
Reiteró mi petición en el sentido de que en el Tiempo de Votaciones se proponga enviar el oficio a que he hecho referencia.
El señor PABLO (Presidente).-
Si hubiera acuerdo unánime de la Sala se podría enviar el oficio solicitado, en nombre del Comité Socialista Popular.
La señora CAMPUSANO.-
Y del nuestro.
El señor OCHAGAVIA.-
También en el nuestro.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Nosotros también adherimos.
El señor CONTRERAS.-
Pido agregar el nombre del Comité Comunista.
El señor JEREZ.-
Solicito agregar también al Comité Social Demócrata.
El señor PABLO (Presidente).-
El ofició se enviará en nombre de todos los Comités.
El señor NOEMI.-
Deseo referirme a las palabras del Honorable señor Chadwick.
Lógicamente, concuerdo con las observaciones del señor Senador en cuanto al problema del agua potable de Chañar al. Asimismo, soy partidario de enviar el oficio solicitado y de todas aquellas medidas que tiendan a acelerar la solución del problema. Sin embargo, difiero de su opinión en el sentido de que exista despreocupación total al respecto, porque no es así: en este momento, desde Caldera a Chañaral ya se han tendido 40.000 metros de cañería, o sea, 40 kilómetros. . .
El señor CHADWICK.-
No, señor Senador.
El señor NOEMI.-
...con los fondos proporcionados no sólo por la "ley Barrio-nuevo", sino también con los provenientes de una disposición legal a cuya aprobación concurrió el Honorable señor Chadwick.
Con ocasión del terremoto de Taltal, se propuso destinar un porcentaje de los recursos provenientes del cobre para solucionar los graves problemas de esa localidad. Mediante una indicación nuestra, se destinó 20% de esos fondos para beneficiar a Pueblo Hundido, que también había sufrido los efectos del terremoto, lo que nadie sabía. Con posterioridad, se aprobó una nueva indicación tendiente a que, durante cinco años, ese porcentaje se dedicara a todo el departamento de Chañaral y con el objeto de que el servicio de agua potable se hiciera extensivo al pueblo mismo de Chañaral. Esos recursos están rindiendo dos millones de escudos, más o menos. De manera que esos fondos se están utilizando.
¿Qué ocurrió con la "ley García"? Dicho cuerpo legal creó un problema que afectaba a toda la provincia de Atacama al destinar todos los fondos provenientes de la ley del cobre a la ejecución de la obra de unión de cañerías desde Juncalito a Chañaral. Pero al hacerlo así, se dejaba
sin recursos a los demás departamentos de la provincia de Atacama -Freirina, Huasco y Copiapó- en los cuales ya se habían iniciado una serie de obras públicas que no podían paralizarse.
Es efectivo lo dicho por el Honorable señor Chadwick en cuanto a que el agua potable contenía arsénico y que por ello se dejó sin efecto la medida propuesta. Sin embargo, debo señalar que ya llegó a Chile una caldera para la resacadora, que es precisamente la que ha estado fallando. En la actualidad se está solucionando el problema con aljibes sobre camiones, los cuales transportan el agua desde Caldera a Chañaral.
Comparto plenamente lo expuesto por el Honorable señor Chadwick en cuanto a que hay que tomar medidas rápidas para encarar el problema, a que no puede esperarse tanto tiempo su resolución. Igualmente, concuerdo con las expresiones de la Honorable señora Campusano, ya que aquél, ésta y el Senador que habla somos parlamentarios de la región; pero no comparto la opinión del Honorable señor Chadwick, cuando sostiene que, a este respecto, hay lenidad total. Por lo contrario: se están haciendo las inversiones de los fondos que existen, provenientes tanto de la "ley Barrionuevo" como de aquella disposición legal que, en su oportunidad, el Senado aprobó en forma unánime.
Quería dejar constancia de lo anterior, sin perjuicio de adherir a la petición de oficio, dada la rapidez con que debe solucionarse el problema, de suma gravedad para el pueblo de Chañaral.
El señor VALENTE.-
He concedido una interrupción a la Honorable señora Campusano.
La señora CAMPUSANO.-
No veo poiqué el Honorable señor Noemi se sienta ofendido por las palabras del Honorable señor Chadwick, pues, en realidad, es verdaderamente increíble e inconcebible mantener sin agua potable a una población tan activa y esforzada como la de Chañaral, en circunstancias de que nunca la ejecución de determinada obra pública contó con más recursos que ésta.
La "ley García" fue aprobada por unanimidad. No tuvo reparos de ninguna especie e incluso todo el pueblo de Atacama estuvo de acuerdo con ella. Sin embargo, en la práctica la ejecución con fondos provenientes de la ley del cobre, de obras públicas de adelanto en esa provincia no constituyen un beneficio general. Por lo tanto, podría disponerse de esos fondos para hacer el trabajo de que se trata.
Aquí se han hecho algunas denuncias en cuanto a que el Gobierno ha adoptado una actitud de sometimiento a los intereses de las compañías extranjeras. La obra de Juncalito se haría con un aporte de la Andes Copper Mining. Por desgracia, esta empresa ejerció -al parecer- cierto tipo de presiones durante la aprobación de los nuevos convenios del cobre, razón por la cual quedó pendiente la ejecución de esa obra. El Gobierno fue incapaz de imponerse a la compañía y lograr que se hiciera el tramo de cañería necesario, con lo que no se pudo extender la red de agua potable desde El Salvador hasta Chañara].
Lo que ha sucedido con la resacadora, que ahora ha culminado con la paralización total de ella, es una vergüenza. Esa máquina funcionaba con el petróleo que entregaba la Andes Copper; si esta compañía no entregaba petróleo, aquélla quedaba paralizada. En otras oportunidades no funcionaba porque carecía de un pequeño artefacto cuyo valor era de 80 escudos: ¡la Dirección de Obras Sanitarias de Chañara! no disponía de esa cantidad para adquirir el repuesto necesario!
El pueblo de Chañaral está desesperado. No halla qué hacer. De los mítines y cabildos a los cuales se invita a todos los parlamentarios y a las autoridades de la zona, sólo se obtiene una y otra promesa. Por ejemplo, escuché al Diputado Barrio-nuevo decir olímpicamente -Sus Señorías saben que no gusta que los pobres se pongan espuelas de plata- que la "ley García" no servía, porque era de origen comunista. El patrocinó una nueva ley, y sostuvo que con ella se iba a arreglar el problema. Sin embargo, como vulgarmente se dice -perdóneseme la expresión- el Gobierno, la gente responsable de la Administración "se ha sentado" en el cumplimiento de esas leyes, y el problema no se ha solucionado todavía. Es decir, cada vez que hay movimientos de opinión en Chañaral se estudian proyectos y más proyectos para determinar de qué parte saldrá el agua potable. Sin embargo, la gente, en especial la de modesta condición, se está muriendo por falta de agua potable.
El señor NOEMI.-
¿Me permite una interrupción?
El señor PABLO (Presidente).-
La Honorable señora Campusano no puede conceder interrupciones, pues está haciendo uso de una.
La señora CAMPUSANO.-
El problema sanitario de de Chañaral es tremendamente grave. ¡Hay que oír a la gente y a los empleados públicos! El otro día, en una conversación que tuve con el tesorero comunal, éste me decía lo siguiente: "Señora, nosotros ya no nos preocupamos del problema del aseo; jamás nos damos un baño; nos lavamos como lo hacen todos los que viven en una población "callampa", y nada más".
Por todas estas consideraciones, adherimos a la petición de oficio que se ha hecho, a fin de que el Gobierno se preocupe de solucionar el problema y no se sigan burlando los justos anhelos de la gente de Chañaral, de contar con agua potable, elemento indispensable para vivir.
El señor VALENTE.-
He concedido una interrupción al Honorable señor Chadwick.
El señor PABLO (Presidente).-
Hago presente a Su Señoría que es la tercera que concede para plantear el mismo tema. Ruego a los señores Senadores referirse al proyecto específico en debate, pues ha quedado de manifiesto. . .
El señor CHADWICK.-
Este es un tema que tiene tanto o más interés que el proyecto que estamos discutiendo.
El señor PABLO (Presidente).-
Es un problema típico de la hora de Incidentes, y no tiene relación directa con la iniciativa en debate.
El señor CHADWICK.-
Tiene relación directa con el proyecto, porque éste fija las plantas de operarios de la Dirección de Obras Sanitarias.
El señor PABLO (Presidente).-
Sí, señor Senador, pero no en las proporciones que se le está dando.
El señor CHADWICK.-
Por lo demás, las obras sanitarias están destinadas principalmente a la ejecución de los servicios de agua potable.
Tenemos necesidad de hacer presente al Senado y al país que el Gobierno, no obstante disponer en demasía de los recursos necesarios, por desidia, por falta de disciplina de los funcionarios subalternos, ha dejado sin solución el problema. Y ahora nos encontramos frente al hecho de que una población de 17.000 habitantes está careciendo de agua para los usos más indispensables. El problema no tendrá solución sino después de seis meses. Por lo tanto, esa gente deberá pasar el próximo verano sin agua, pues la resacadora permanece paralizada.
En este aspecto, lo sostenido por el Honorable señor Noemi se contradice con el informe que me dio el Director de Obras Sanitarias: la caldera no ha llegado; recientemente se mandó hacer, y tardará seis meses en ser construida.
De manera que, no obstante haber contado con 4.000 millones de pesos en 1969 y con 3.000 millones en 1968 para esas obras, el Gobierno no ha tenido la diligencia de gestionar su financiamiento. Este era fácil, obvio, pues se trataba de dar colocación a fondos que han quedado sin invertir, de emplearlos en medidas de urgencia inaplazables y de toda justificación.
Cuando uno cumple la obligación de representar una zona, debe visitarla. La verdad es que, cada vez que asistimos a los cabildos de Chañaral, nos encontramos con que no tenemos excusas frente a las autoridades locales. Estas nos dicen que hay una Comisión Coordinadora del Norte, cuya única función real es otorgar grandes sueldos, viáticos y prerrogativas a funcionarios inútiles, que, no hacen nada; que hay una oficina, llamada CORFO-Norte, que considera como atentatorio a su propósito de desarrollar la zona el que se destinen los fondos de la "ley García" para resolver este problema primario. Porque, ¿qué solución económica puede darse a una región donde no hay agua para beber, donde ésta tiene que llevarse en camiones desde lugares situados a 100 kilómetros de distancia? En algunas partes, el agua se vende a la población a 600 y a 800 pesos el tambor, como hemos podido apreciarlo, por ejemplo, en Pueblo Hundido.
Entonces, debemos comprender que, por importante que sea el problema de los funcionarios de Obras Sanitarias y por necesaria que sea una nueva planta para estos 5 mil obreros comprendidos en este proyecto -que es justo-, algo tenemos que decir como protesta por la forma en que se encaran los problemas elementales. No se trata de intervenir en materias extrañas al proyecto en debate. Es cierto que con nuestras indicaciones no vamos a resolver el problema relativo a la planta de ese servicio, pero vamos a decir al Presidente de la República que existen organismos burocráticos absolutamente inútiles, y -más aún- que están entrabando una acción de soluciones a favor de la comunidad.
A nuestro juicio, la Comisión Coordinadora del Norte debe desaparecer. La CORFO-Norte no puede tener una política distinta de aquella que le marcan las leyes. Cuando una ley destina fondos para una obra determinada y resulta que ésta, por inconvenientes técnicos, no puede realizarse en la forma programada, es de lealtad esencial, en los servicios del Estado, comprender que esos recursos deberán destinarse para el fin previsto, aunque sea de manera distinta a la proyectada.
Yo reclamo en forma airada, porque si el Gobierno hubiese puesto un poco de atención habría encontrado un financia-miento para hacer la obra de inmediato, en un año -porque es posible hacerlo-, y para servir la deuda con holgura. Así habría demostrado a esos 17 mil habitantes que en las esferas superiores del Estado chileno existe realmente una jerarquía que distingue cuáles son los problemas que tienen prioridad y cuáles se pueden postergar.
Allí se ha postergado lo que no admitía espera: llevar el agua indispensable para la vida, la salud y la higiene de una población que trabaja, que cree en este país y que afirma su patriotismo entregando todas sus energías en la construcción de la riqueza nacional.
El señor PABLO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para tratar en esta sesión, después de despachar el proyecto en debate, el veto recaído en la iniciativa sobre previsión de los periodistas? Advierto a los señores Senadores que con ello no se alterará la tabla.
No hay acuerdo.
El señor NOEMI.-
¿Me concede una interrupción, Honorable señor Valente?
El señor VALENTE.-
Será la última que concederé, señor Senador.
El señor NOEMI.-
Señor Presidente, el Honorable señor Valente me ha concedido una interrupción.
El señor PABLO (Presidente).-
La Mesa reitera que, a su juicio, este tema no tiene relación alguna con el proyecto en debate. Sin embargo, diversos señores Senadores han opinado al respecto. Aunque comprendo la urgencia de la materia planteada, estimo que debe ser tratada en la hora de Incidentes.
El señor NOEMI.-
Repito que el Honorable señor Valente me concedió una interrupción.
El señor PABLO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para permitir al Honorable señor Noemi y, a continuación, al Honorable señor Palma, hacer uso de la palabra?
El señor VALENTE.-
Sólo he concedido una interrupción al Honorable señor Noemi.
El señor NOEMI.-
Seré lo más breve posible.
No obstante concordar en que el problema existente en Chañaral es candente y ocasiona terribles dificultades a sus habitantes, debo precisar que no es de ahora, sino que se arrastra desde hace muchos años; y afirmar categóricamente que no comparto ciertas afirmaciones, a las cuales me referiré.
Recuerdo que la ley patrocinada por el Diputado señor García fue aprobada por todos nosotros, cuando su autor había dejado de pertenecer a la Cámara. Sin embargo, ella resultó inoperante por destinar todos los fondos provenientes del cobre asignados a la provincia de Atacama, para construir de preferencia esta obra de Juncalito a Chañaral.
¿Qué ha ocurrido al respecto? Aquí es donde difiero de la opinión de mis Honorables colegas. El resto de la provincia no aceptaba paralizar su desarrollo. Por ejemplo: los habitantes de Freirina no estaban de acuerdo en que se paralizara la ayuda a la industria olivarera, y a la fábrica aceitera, ni en la supresión de créditos para comprar los productos de los pequeños agricultores. También protestaban quienes desean la instalación de una fábrica de ácido sulfúrico en Vallenar y los que tratan de desarrollar la vitivinicultura del Huasco mediante la instalación de una planta pisquera en Juntas. Y lo mismo ocurría con las poblaciones que querían la extensión de las redes de energía eléctrica; el plan de riego en Copiapó, donde se construyeron 15 kilómetros de canal revestido para recuperar el agua y se han perforado pozos profundos para regar zonas afectadas por la sequía.
Todas estas obras no podían ser paralizadas. Cada uno reclama beneficios para su respectiva comuna o departamento. Si todos los recursos provenientes del cobre hubieran sido entregados para las obras mencionadas, no hubieran bastado los de un año, sino de 4 ó 5. Como dijo el Honorable señor Chadwick, la obra desde Caldera a Chañaral cuesta 30 millones de escudos y la de Junealito a Chañaral excede de los 90 millones de escudos.
El señor CHADWICK.-
No es lo mismo.
El señor NOEMI.-
De manera que -repito- se precisan alrededor de 5 años para llevar a cabo todos esos planes. No pueden paralizarse las obras de toda una provincia para destinar los recursos a una sola localidad, no obstante compartir el criterio de Su Señoría en cuanto a que el problema que la afecta es grave.
Con los fondos de la "ley Barrionuevo" y los del proyecto que patrocinamos con el Honorable señor Chadwick y que contó con el voto favorable no sólo de los Senadores de la región -la Honorable señora Campusano y los Honorables señores Miranda y Palma-, sino de todos los parlamentarios, hemos completado 6 millones de escudos, pues los recursos provenientes de la primera ascienden a cuatro millones y los del proyecto nuestro a dos. En la actualidad, se han construido 35 kilómetros de cañerías, lo cual todavía es insuficiente.
Por eso, comparto el criterio de tratar de agilizar las obras, pero deseaba dejar constancia de los inconvenientes que existen para ello.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, los senadores comunistas, aunque formularemos algunas observaciones al proyecto que fija la planta de los obreros de la Dirección de Obras Sanitarias, queremos anunciar que lo votaremos favorablemente, como también las indicaciones que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Mesa. La razón que tenemos para ello, es la urgente necesidad de poner fin a la verdadera anarquía existente en ese servicio, en especial la que afecta a los obreros, pues en la actualidad dependen de tres regímenes administrativos distintos.
De acuerdo con la información que se nos proporcionó en la Comisión de Obras Públicas, la Dirección de Obras Sanitarias tiene una dotación de 5.515 operarios que trabajan en la explotación de las obras de agua potable y alcantarillado en todo el país. De ese total, 1.910 se encuentran acogidos a la ley 11.764 e imponen en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas; 1.812 operarios se rigen por la ley Nº 10.383 y en consecuencia imponen en el Servicio de Seguro Social. Los restantes 1.793 son operarios transitorios a quienes se les aplica el Código del Trabajo e imponen también en el Servicio de Seguro Social.
El proyecto en debate modifica la actual planta de ese servicio e incorpora a ella a los obreros permanentes y transitorios afectos a la ley 10.383. Se fijan cuatro plantas y escalafones distintos, entre los cuales se distribuye a todo el personal, de acuerdo con los diferentes grados de especialización y antigüedad en el servicio de sus componentes.
De las informaciones que hemos conocido, se desprende una situación que debemos dejar en claro. Consideramos urgente incorporar a dicho personal a un solo régimen de previsión, pero nos inquieta el hecho de que el Gobierno, por medio de este encasillamiento, continúe fijando sueldos y salarios que, en realidad, son bajos. Por ejemplo, en el escalafón "A" de la nueva planta correspondiente a los operarios jefes, con un total de 490 cargos y un gasto de 318.740 escudos, el sueldo base mayor llega a 808 escudos, y el inferior apenas a 524 escudos. En el escalafón "B", donde están comprendidos los maestros y choferes mecánicos, con 1.570 cargos y un gasto de 880.580 escudos, el sueldo base superior es de 714 escudos y el inferior de 463 escudos. En el escalafón "C", de operarios de servicios, con 1.080 cargos y un gasto total de 547.380 escudos, el sueldo base mayor es de 631 escudos y el mínimo de 409 escudos. Por último, en el esealafón "D", de ayudantes de maestros, con 2.360 cargos y un gasto de 1.002.240 escudos, el sueldo base mayor llega apenas a 524 escudos, y el menor a 339 escudos. Cabe advertir que en este último escalafón formado sólo por 8 grados, sólo uno de ellos tiene una renta base superior al sueldo vital.
A nuestro juicio, tal situación debe ser corregida y los sueldos y salarios deben estar en consonancia con la responsabilidad de las obras que ese personal realiza a, lo largo del país.
En cuanto a las indicaciones que el Ejecutivo ha hecho llegar a la Mesa, la primera de ellas tiene por objeto igualar la situación de los personales de las Direcciones dependientes y el de la Dirección General de Obras Públicas, dado que, por existir en esta última grados superiores al 9º, el personal de ella no goza del derecho al beneficio del artículo 132 del Estatuto Administrativo, como ocurre en las demás Direcciones, sino que debe esperar, para llegar al 4º, haber pasado por cuatro grados más, todos los cuales son de libre designación del Presidente de la República y constituyen una especie de escalafón directivo dentro de la planta administrativa.
En seguida, mediante otro de los nuevos artículos se beneficia a los pilotos aviadores dependientes del Ministerio de Obras Públicas y se tiende a reponer la asignación que se fijó para ellos en la ley Nº 10.343, que fue anulada al ponerse en vigencia la ley Nº 15.840 que estableció un escalafón único de grados y sueldos para el personal de la Dirección General de Obras Públicas. La disposición se fundamenta en el hecho de que los aviadores en la práctica deben cumplir sus funciones sin distinguir entre días hábiles y feriados, entre horas ordinarias y extraordinarias, pues tales son las necesidades del servicio derivadas de la escasez de especialistas. Además, se trata de una asignación percibida por todos los demás aviadores de otras ramas de la Administración Pública, de modo que la reposición del beneficio está plenamente justificada.
Por último, estimamos que la tercera indicación es de toda justicia por cuanto permitirá conceder igual tratamiento en materia de remuneraciones a las dos Subsecretarías dependientes de ese Ministerio: Obras Públicas y Transportes, esta última en situación de inferioridad actualmente, por omisión, respecto de la primera.
En consecuencia, los Senadores comunistas, con las objeciones que hemos hecho llegar a la Mesa respecto de las bajas rentas fijadas en los nuevos escalafones, anunciamos nuestros votos favorables al proyecto.
El señor ACUÑA.-
Los Senadores radicales también deseamos expresar nuestra opinión favorable a esta iniciativa de ley que viene a satisfacer una antigua aspiración de los operarios de la Dirección de Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cual es la de establecer una nueva planta que consigne un principio más equitativo y justo, premiando la capacidad, la antigüedad y la importancia de los servicios de este personal, que en todo el país suma aproximadamente 5.500 personas.
Por eso, tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la de Hacienda -de igual modo procederemos ahora, en la Sala- votamos favorablemente el proyecto en debate.
En la primera de dichas Comisiones, tuvimos oportunidad de escuchar los planteamientos del representante del Gobierno, es decir del Ministro del ramo, y del Presidente de la Asociación Nacional de Operarios, el señor Hernán Mery. Estuvimos de acuerdo en respaldar la posición del gremio, después de saber que el proyecto satisfacía sus aspiraciones y luego de informarnos de que en la comisión que hará la nueva distribución del personal en los cuatro escalafones intervendrán de modo decisivo los dirigentes gremiales representantes de los operarios.
Durante el estudio del proyecto en la Comisión de Obras Públicas, formulé una indicación, en nombre del Partido Radical, destinada a concretar una sentida inquietud de estos personales, como es la de someterlos a un sistema más adecuado y justo mediante la aplicación del Estatuto Administrativo, ya que en la actualidad este sector está sometido, en la práctica, a la voluntad discrecional de sus jefes. En esa misma indicación propuse consignar un precepto que permite hacer una distribución más armónica de la jornada de trabajo y pagar oportunamente las horas extraordinarias. El precepto en referencia establecía lo siguiente:
"A los operarios permanentes de la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, se les aplicará el Título IV del D.F.L. Nº 338, de 1960. Se les aplicará asimismo, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 40 de la ley Nº 15.840, de 1964. Podrán, sin embargo, los Administradores y Jefes de Sección, encomendarles trabajos urgentes e impostergables, fuera de los días y horarios normales, trabajos que se considerarán extraordinarios y se pagarán junto con el ajuste mensual del mes siguiente al trabajo."
Lamentablemente la indicación fue rechazada con los votos de los Senadores de Gobierno. En consecuencia, sigue pendiente esta aspiración del gremio en referencia, pero estoy cierto de que algún día será satisfecha aplicándole la legislación vigente para normalizar el sistema de trabajo de estos funcionarios.
El señor SILVA ULLOA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ACUÑA.-
Con todo gusto.
El señor SILVA ULLOA.-
La misma indicación á que se refiere el señor Senador nos fue entregada a los miembros de la Comisión de Hacienda por los dirigentes del gremio. Afortunadamente dicha proposición, luego patrocinada y formalizada por el Honorable señor Miranda y el Senador que habla, contó con el asentimiento unánime de los integrantes de la Comisión. Por la misma razón, el Honorable señor Chadwick anunció que los socialistas populares votaríamos favorablemente el proyecto y las indicaciones formuladas en la Comisión de Hacienda, que figuran en el boletín respectivo.
Agradezco la interrupción concedida por Su Señoría.
El señor ACUÑA.-
Continúo, señor Presidente.
Asimismo, los Senadores radicales anunciamos nuestros votos favorables a las tres últimas indicaciones formuladas por el Ejecutivo, tendientes a conceder el beneficio consignado en el artículo 132 del D.F.L. 338 a todos los personales de la Dirección de Obras Públicas; a otorgar a los pilotos aviadores dependientes del Ministerio del ramo una asignación especial de 25 % de sus sueldos; y a reemplazar en el inciso primero del artículo 18 de la ley Nº 17.203, de 25 de septiembre de 1969, las expresiones "Subsecretaría de Transportes" por "Subsecretarías del Ministerio de Obras Públicas y Transportes", con lo cual se repara una omisión y se establece un sistema parejo para todos los funcionarios de las distintas Subsecretarías.
El señor IBAÑEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Sólo deseo manifestar dos palabras de apoyo a esta iniciativa de ley.
No me extenderé sobre consideraciones que parecen ser compartidas en forma unánime. Concordamos con las expresiones anteriores: somos partidarios de respaldar el proyecto e, igualmente, y de modo muy especial, las indicaciones formuladas por el Presidente de la República, sobre todo aquéllas que dicen relación a la uniformidad de tratamiento para los personales de todas las Subsecretarías del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y la que concede a los pilotos una asignación especial. Estas indicaciones nos parecen convenientes y les daremos nuestro respaldo con todo agrado, al igual que al proyecto en general.
No abundaré en mayores detalles, pues lo importante, a mi juicio, es votar la iniciativa sin prolongar demasiado el debate.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS.-
Sólo deseo expresar nuestra conformidad con este proyecto de ley, aprobado prácticamente por unanimidad en la Comisión de Hacienda, y, además, ratificar las expresiones del Honorable señor Silva Ulloa en cuanto a la indicación que dio origen al actual artículo 4P del proyecto, respecto de cuya procedencia la Mesa tuvo algunas dudas. A pesar de que, como es de conocimiento del Senado, los presidentes de Comisión tenemos atribuciones para declarar la improcedencia, consulté sobre el particular a los miembros de la Comisión y, posteriormente, concurrí con mi voto -el precepto fue aprobado unánimemente-, ya que comparto su contenido.
Deseo formular algunas observaciones respecto del financiamiento. Debíamos pronunciarnos sobre un mensaje del Ejecutivo que consignaba un financiamiento con cargo al Presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas. Estimamos en la Comisión que, de acuerdo con los términos claros e inequívocos del texto constitucional, no es procedente que tengan origen en el Senado proyectos de ley con financiamiento de esa naturaleza. En estas circunstancias, luego que el Senador que habla, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, declaró la inadmisibilidad del artículo en referencia, se aceptó una nueva fórmula sugerida por el Honorable señor Silva Ulloa, consignada en el informe respectivo, en virtud de la cual se imputa el gasto, a la ley de Presupuestos del próximo año.
Hechos estos alcances, manifestamos nuestra absoluta conformidad con el proyecto y las indicaciones mencionadas.
El señor REYES.-
Esta iniciativa, que requirió del patrocinio del Gobierno por afectar a la Administración Pública, contiene disposiciones de absoluta justicia tendientes a regularizar la situación administrativa anárquica que prevalece en la Dirección de Obras Sanitarias.
Como antes se señaló, en esa repartición existen actualmente tres clases de trabajadores con funciones similares, pero con estatutos diferentes respecto de las garantías de trabajo y régimen previsional, aspectos que se pretende unificar mediante estas normas.
Debo, sí, dejar constancia de que al establecerse las nuevas plantas con igual número de trabajadores que las actuales, no se elimina la posibilidad de contratar obreros a jornal para trabajos de emergencia afectos al régimen del Servicio de Seguro Social, a diferencia de los de la planta permanente que ahora se fija, que estarán acogidos al sistema de los empleados públicos.
Otro hecho de especial trascendencia es que las cuatro nuevas plantas -"operarios jefes", "maestros y choferes mecánicos", "operarios servicios" y "ayudantes de maestro"- tienen, en diferentes grados, topes de escalafón, lo cual representa una evidente ventaja, pues, ¿Jara los efectos de la jubilación, abre la posibilidad de acogerse al régimen de pensión perseguidora. El precepto en referencia, que el Ejecutivo también ha aceptado, representa un beneficio importante para el personal de Obras Sanitarias.
El conjunto de estas normas fue fruto de un convenio entre los trabajadores y el Ministro del ramo. Hubo, sin embargo, disposiciones que se incorporaron al proyecto al margen de dicho acuerdo y que pueden originar perturbaciones en su tramitación posterior. Por ejemplo, la Comisión de Obras Públicas había agregado un artículo en virtud del cual se aplicaría a los operarios permanentes, para todos los efectos -particularmente, para el despido-, el Título IV del D.F.L. 338, o sea el Estatuto Administrativo. Asimismo, se les aplicaría lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 40 de la ley Nº 15.840. Ninguna de esas disposiciones, según lo que he sabido luego de conversar con el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, ha sido producto del acuerdo. Por el contrario, darán lugar -repito- a dificultades en el despacho del proyecto. En la Comisión de Hacienda se aprobó un artículo similar.
En lo que se refiere a los despidos, la exigencia de proceder mediante sumario podría perturbar seriamente el funcionamiento del servicio.
En lo tocante al régimen laboral, la disposición forzaría a un aumento de personal, ya que necesariamente la jornada menor de trabajo obligaría a contratar más operarios que los considerados en la planta.
Advierto estos hechos que se me hicieron presentes, porque podrían perturbar el despacho definitivo del proyecto de ley.
Los Senadores de estas bancas apoyaremos esta iniciativa, que -reitero- es producto de un acuerdo entre el Ejecutivo y el gremio. También aprobaremos las indicaciones de que se ha informado a la Sala, relativas al personal de pilotos, a la nivelación de los regímenes de los funcionarios de las distintas Subsecretarías del Ministerio con él que rige al de la Dirección General de Obras Públicas, dado que, por existir en esta última grados superiores al 9°, su personal no disfruta del beneficio consignado en el artículo 132 del D.F.L. N° 338, sino hasta alcanzar el grado 4º.
Este es nuestro planteamiento, y procederemos conforme a él.
El señor PALMA.-
Luego de expresada la opinión sobre el proyecto por los Honorables señores Reyes y Ballesteros, sólo deseo agregar algunas palabras en torno del problema planteado por la indicación relacionada con el agua potable en Chañara1!, que, según me ha informado el Honorable señor Chadwick, ha sido aprobada.
Se trata de un asunto extraordinariamente serio que exige una solución rápida. Afecta a la capital del departamento desde hace muchos años, ciudad que ahora debe de tener alrededor de 18 mil ó 20 mil habitantes.
Sostengo que el actual Gobierno no ha sido negligente para solucionar el problema. Existía un proyecto que permitiría, mediante un compromiso con las compañías del cobre, obtener agua de la zona de Juncalito. No obstante, esa agua no ha podido ser aprovechada en forma definitiva ni por las propias compañías, ya que se ha demostrado que es tanto o más arsenicada que la de Antofagasta, situación que da como resultado que en estos momentos Potrerillos -no sé si algunos sectores de El Salvador- esté sometido a racionamiento y disponga de dicho elemento sólo durante algunas horas en el día.
Por ese motivo, fue muy oportuno el estudio realizado por la actual Administración para buscar una solución distinta de la de Juncalito: consiste en tender una cañería desde Caldera hasta Chañaral para proveer de agua a esta última ciudad. Dicho elemento se extrae de la zona de Copiapó. Esa solución permitirá, tanto a Caldera como a Chañaral, disponer de agua en forma abundante o, por lo menos, adecuada.
Debo dejar establecido que ha habido algunas dificultades. La más importante de ellas obligó a modificar el proyecto primitivo, lo cual implicó una demora que no deja de ser significativa. Concuerdo con que el problema es grave; pero debo informar que en el día de ayer el Gobernador de Chañaral me dijo que la planta resacadora estará paralizada no más de treinta días, porque el Servicio se ha encargado de atender el problema de la instalación de la nueva caldera.
Por último, a pesar del racionamiento a que está sometido Potrerillos, en el día de hoy se ha solicitado a la empresa la entrega de mayor cantidad de agua para el abastecimiento de Chañaral, en vista de que en los momentos actuales la situación es extraordinariamente grave.
En consecuencia, en cuanto a la solución del problema inmediato, en este período se ha hecho lo que durante muchos años no se logró realizar.
El señor ALLENDE.-
Los Senadores de estas bancas votaremos favorablemente el proyecto en debate, sobre todo después de escuchar las observaciones de algunos Honorables colegas, que complementan el informe que está a nuestra disposición.
Respecto de las asignaciones de zona, debo señalar que no existe criterio nacional para otorgarlas. He podido comprobar que en la zona sur -seguramente los Honorables señores Lorca y Ochagavía deben de estar informados de lo mismo- funcionarios de similar repartición reciben un porcentaje distinto por concepto de tal asignación. Por ejemplo, la reciben los trabajadores de Vialidad de Aisén; en cambio, los de Magallanes no la obtienen.
El señor LORCA.-
Exacto.
El señor ALLENDE.-
Los obreros y empleados fiscales que laboran en Chiloé continental perciben una alta gratificación de zona y, por lo contrario, obtienen una muy inferior los que trabajan en las islas, a pesar de que los primeros, desde el punto de vista geográfico, pueden vincularse más fácilmente con el resto del país, por tener comunicación aérea casi permanente, que sólo se interrumpe por dificultades climáticas.
Si mi memoria no me traiciona -apelo a mis colegas de representación-, en Chiloé continental la gratificación de zona asciende a 110% y, en cambio, en las islas, donde a veces el profesor o el trabajador quedan aislados por dos meses o más, a 30%, y a 40% en la Isla Grande.
A mi juicio, hay grandes arbitrariedades en cuanto a los porcentajes de las gratificaciones de zona. Compete al Ejecutivo estudiar el problema, hacer una justa apreciación e igualar dicho beneficio en los sectores que se desempeñan en una misma zona. En provincias de características similares en cuanto a clima y a igualdad de funciones --como en el caso de Aisén y Magallanes- no debe subsistir el despropósito de que, mientras en la primera de las nombradas la gratificación asciende a 110%, en la segunda, el mismo trabajador fiscal no reciba tal beneficio. Tal situación no puede continuar. De ahí que miremos con inquietud esta solución parcial que si bien se ajusta a las necesidades de un servicio, ya que regula determinados hechos y circunstancias, demuestra una falta de apreciación de los problemas en escala nacional, que es lo que reclamamos. En lo atinente a las remuneraciones, los ejemplos expuestos son muy claros y evidentes.
Este mismo problema se puede relacionar con la destinación de recursos para los distintos Colegios Universitarios Regionales.
El domingo pasado visité a Temuco en compañía de la Honorable Senadora y amiga, señora Carrera. Ahí me impuse de que en esa ciudad había mayor número de alumnos que en la Universidad de Valdivia. Sin embargo, el aporte global por alumno en el Centro Regional de Temuco es de cuatro millones al año, en circunstancias de que el de la Universidad Austral alcanza a 23 millones, aun cuando en ésta es menor el número de educandos. Este hecho demuestra una anarquía absoluta. Y si pasamos al problema de la previsión, vemos que la anarquía adquiere caracteres caóticos.
Sin embargo, como esta materia sólo compete al Ejecutivo, el Congreso está abocado, lisa y llanamente, a rechazar o aceptar. Cuando se trata de medidas de tipo administrativo, a nosotros sólo nos cabe destacar los hechos.
Ojalá que mis palabras sean leídas -por casualidad- por algún funcionario o por el Ministro, a fin de que comprendan la gravedad de un problema que debe remediarse y que ha sido planteado, no sólo en este Gobierno, sino desde hace mucho tiempo.
El señor GUMUCIO.-
Nosotros también daremos nuestra aprobación al proyecto, por tener una base de justicia, ya que regula una situación existente en la Administración Pública.
Estamos de acuerdo en lo estipulado sobre previsión, pero tenemos algunas reservas respecto del artículo 29, en virtud del cual el encasillamiento se hará sin sujeción al escalafón vigente. Entendemos que el objeto de la facultad otorgada al Presidente de la República, es, precisamente, encasillar en las nuevas plantas a personales que tienen distinto régimen de previsión y, por lo tanto, se efectuará sin sujeción estricta a los escalafones vigentes. En este sentido entendemos el precepto, y no como el propósito de alterar los escalafones para mejorar la situación de personas que en la actualidad están en ubicaciones inferiores.
También se faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento referente a provisión de cargos, que regirá una vez efectuado el encasillamiento. Entendemos que aquél se referirá a nombramientos futuros en la nueva planta consignada en el proyecto, y no al encasillamiento que se producirá mediante esta iniciativa. Podría presentarse el caso de un funcionario que reclamara por el encasillamiento, según las normas del futuro reglamento, tal protesta sería totalmente utópica. O sea, no habría camino alguno para pedir la reparación de una injusticia. En mi opinión, el reglamento deberá referirse a los futuros nombramientos, y no a los actuales funcionarios que serán encasillados.
El proyecto se financia en forma no muy ortodoxa, pues se autorizan traspasos del presupuesto de gastos corrientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes al de capital. Entiendo que con ello se solventan los gastos para los meses que restan del año, pero podría darse el caso de que la iniciativa demorara su tramitación en forma tal, que su promulgación como ley de la República se efectúe con posterioridad al despacho de la ley de Presupuestos para 1970, y no se consideren los gastos que irrogará el proyecto. En otras palabras, sería conveniente considerar esta iniciativa en los cálculos de egresos.
El señor SILVA ULLOA.-
La Comisión de Hacienda, como explicó el Honorable señor Ballesteros, estudió el problema.
Comparto el juicio del Honorable señor Gumucio en el sentido de que el financiamiento era no sólo inconveniente, sino inconstitucional. Por eso fue declarado improcedente y reemplazado en ese organismo técnico de estudio por una autorización para cargar al Presupuesto de 1970 el gasto que signifique el proyecto en debate. Así quedó resuelto con el nuevo artículo 3º propuesto por la Comisión de Hacienda, que tuvo origen en una indicación del Senador que habla.
El señor GUMUCIO.-
En verdad, yo me referí al artículo 3º del informe de la Comisión de Obras Públicas, que sólo autoriza traspasos para este año. En todo caso, ahora se amplía hasta 1970.
¿Cómo se pueden traspasar sumas de un presupuesto que todavía no está vigente? No haré mayor cuestión del asunto, aun cuando por anticipado se autorizan traspasos en un presupuesto que todavía no está aprobado, porque considero que el proyecto en sí mismo es de toda justicia.
El señor JEREZ.-
Para no alargar el debate, usaré de la palabra brevemente.
La afirmación de que el proyecto tuvo origen en una iniciativa del Gobierno, podría interpretarse de manera que no corresponde a la realidad. Debo dejar constancia de que no nació a raíz de una revelación del Espíritu Santo, sino que -justo es decirlo- es el resultado de un esfuerzo prolongado y sostenido de los dirigentes de la Dirección de Obras Sanitarias.
Espero que no se vean pacatas intenciones en mis palabras, porque la mayoría de esos dirigentes pertenecen al partido de Gobierno.
Cuando yo militaba en la Democracia Cristiana, me correspondió acompañarlos a hablar con las autoridades de mi colectividad del Ministerio y a la Dirección de Presupuesto, a fin de que sus peticiones tuvieran acogida y se tradujeran en un proyecto de ley como el que ahora se trata.
Quiero dejar bien en claro ese hecho, porque me parece que actuaron con gran responsabilidad y, además, han sabido conducir a su gremio y obtenido los resultados que conocemos, que sin ser el desiderátum, por lo menos constituyen una solución justa.
El señor PABLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Si no hay oposición, se aprobará en particular, en la forma propuesta por la Comisión de Obras Públicas, con las enmiendas introducidas por la de Hacienda.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las tres indicaciones enviadas por el Ejecutivo.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
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