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    • rdf:value = " La señora CARRERA.- Señor Presidente, ayer escuchamos las acusaciones hechas por el Honorable señor Ibáñez con relación a las incidencias habidas en el fundo Santa Marta de Longotoma. A nuestro juicio, para analizar el problema como corresponde, es necesario remontarse al pasado, a la historia de la gestación de la ley de Reforma Agraria, y tener en cuenta lo que está sucediendo en el agro chileno. Desde hace ya treinta años, el Partido Socialista ha venido sosteniendo la necesidad de llevar a cabo la reforma agraria. Por esa causa fuimos acusados de demagogos y se nos dijo que no existía problema agrario; pero los hechos históricos nos han dado la razón. Factores tales como las circunstancias sociales imperantes en el campo de Chile, la estructura feudal del agro y el poder político, social y económico de la clase terrateniente que tradicionalmente gobernó a Chile, han quedado de manifiesto tal como nosotros lo habíamos denunciado, por razones de diversa índole, sobre las cuales se ha formado fácilmente conciencia nacional. Es así como, en los últimos años, la ciudadanía se ha percatado de que la baja capitalización del país y su lento desarrollo son debidos en gran parte a que Chile gasta muchas de sus divisas en la importación de alimentos. Por ejemplo, cuando en 1958 asumió el poder el señor Jorge Alessandri, durante la última Presidencia de la Derecha, se importaron alimentos por 80 millones de dólares; y en 1964, al término de ese período, tales importaciones alcanzaron a 160 millones de dólares. Conviene tener presente que ese Gobierno obtuvo préstamos en el exterior para atender específicamente a las inversiones que implicaba realizar la reforma agraria, de conformidad con el espíritu del programa de la Alianza para el Progreso. Pero la ley dictada al efecto, signada con el número 15.020, fue un fracaso rotundo, como lo comprueba el hecho de que, en los seis años del Gobierno del señor Alessandri, se duplicó el gasto de divisas en importación de alimentos. Por lo tanto, el fracaso de aquella ley, que dio origen a la llamada "reforma de macetero", motivó que en cierto modo resultaran estafados los organismos extranjeros que otorgaron los referidos préstamos. Los antecedentes enunciados condujeron a la formación de una conciencia nacional sobre la urgente necesidad de modificar la estructura agraria del país. Por eso, las dos fuerzas políticas que representan a la inmensa mayoría de los chilenos, enarbolaron como bandera la reforma agraria en la última campaña presidencia. Entre los planteamientos de ambos conglomerados había leves diferencias en lo teórico: uno de ellos correspondía a una reforma auténtica, a una revolución sin apellidos; y el otro, a la denominada "revolución en libertad", solución que, al parecer, satisfacía a muchas personas. En cambio, la diferencia es enorme en la práctica, porque mientras nosotros deseábamos efectuar la reforma y teníamos la voluntad de hacer una revolución, nuestros adversarios pare-cían deseosos de mantener la estructura, aparentando que se realiza una revolución. En Chile, la estructura agraria se caracteriza por la concentración de la propiedad de los campos en unas pocas manos. El dos por ciento de los propietarios poseen el sesenta por ciento de los suelos agrícolas, lo cual influye fundamentalmente en la distribución del ingreso nacional, pues el noventa por ciento de la población agrícola activa percibe solamente cuarenta y cinco por ciento de los ingresos, mientras el diez por ciento restante disfruta de cuarenta por ciento de ellos. A causa de tan injusto desequilibrio, una minoría dispone de gran poder económico y social. La reforma agraria tenía por finalidad destruir la estructura que permite la explotación en masa del campesinado. Por desgracia, no ocurrió así. Y ahora podemos decir, con el Evangelio, que por sus frutos los conoceréis. La Democracia Cristiana ofreció aumentar en cien mil el número de los propietarios agrícolas en el lapso de seis años. Para ello necesitaba disponer de nuevos instrumentos legales, pues, como dije, la ley 15.020 fue inoperante. Poco tiempo después de la elección presidencial última, el partido de Gobierno obtuvo una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados. Además, contaba con el respaldo de los Senadores de la Izquierda para obtener la aprobación de una ley sobre auténtica reforma agraria. Los parlamentarios de estas bancas tuvieron oportunidad de impulsar y perfeccionar dicha iniciativa de ley. Debemos recordar que el Ejecutivo tardó más de un año en enviar el Mensaje correspondiente al Congreso y que la tramitación del proyecto duró un año y medio. Vale decir, el proyecto se convirtió en ley dos años y medio después de haber asumido el poder la Democracia Cristiana. La iniciativa debió haber empezado a aplicarse rápidamente, porque la esencia de una reforma agraria, como lo he leído en una publicación de esa colectividad, está en el dinamismo, en la velocidad para hacer cambios y romper las estructuras que manejan el campo. Por otra parte, al comenzar la vigencia de la última ley sobre reforma agraria, ascendían a ocho mil quinientos los predios que correspondía expropiar; pero hasta el momento sólo seiscientos fundos han tenido ese destino, y de ellos, menos de doscientos se han convertido en asentamientos campesinos. Además, el total de asentados en los tres años que van del Gobierno actual alcanza aproximadamente a ocho mil. La diferencia entre los cien mil nuevos propietarios -hasta ahora no sabemos bien si serán individuales o colectivos- que prometió formar la Democracia Cristiana y los ocho mil asentados que hay en estos momentos resulta, en verdad, desconsoladora.. En el trienio que lleva esta Administración no se han cambiado las estructuras. Las cifras demuestran que la acción realizada en el campo por este Gobierno ha sido ínfima; hasta cierto punto, miserable. En efecto, si a las cifras proporcionadas sobre el particular, demostrativas de que la estructura de la pertenencia, de la tierra no ha sido realmente removida, agregamos los estudios sobre distribución de créditos, observaremos que existe una verdadera colusión entre algunos sectores de la Democracia Cristiana y la Derecha. Así, por ejemplo, del total de las disponibilidades de crédito para el sector agrícola chileno, 92% se distribuyó por medio de la CORFO y el Banco del Estado. Sólo el 8% restante fue encomendado a la Corporación de la Reforma Agraria y al Instituto de Desarrollo Agropecuario. Vale decir, 92% del crédito refuerza las antiguas estructuras: la misma ley de Reforma Agraria establece las causales de inexpropiabilidad, entre las cuales se cuentan las de tener plantaciones frutales, forestales o viñedos, y el propio Banco del Estado y la CORFO otorgan créditos a los terratenientes que permiten a éstos efectuar esos cultivos y mantener inexpropiables sus fundos. Sólo ocho por ciento de las disponibilidades crediticias para la agricultura -repito- se asigna a la CORA y el INDAP, o sea a las nuevas estructuras, que deberían barrer las antiguas, mantenidas por el poder de la Derecha en este país. Ello implica, además, dejar a los medianos y pequeños propietarios con un crédito muy débil. Con lo anterior se comprueba que no se han tocado ni la tenencia de la tierra ni el sistema crediticio para la agricultura. En estas circunstancias uno debe preguntarse: ¿A qué vienen estas aparentes diferencia entre los representantes de la Derecha y los de Democracia Cristiana; entre aquélla y la CORA, o sea las nuevas estructuras agrícolas? En un principio la Derecha, aparentemente, estaba dispuesta a sacrificar algunos malos patrones. .. "
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