REPUBLICA DECHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA ORDINARIA.
Sesión 77ª, en miércoles 3 de abril de 1968.
Ordinaria.
(De 15. 44 a 21. 38).

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRESIDENTE; LUIS FERNANDO LUENGO ESCALONA,
VICEPRESIDENTE, Y TOMAS REYES VICUÑA, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.

INDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA 		3226
II.- APERTURA DE LA SESION 		3226
III.- ORDEN DEL DIA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado. (Se aprueba en general).	3226

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Aguirre D., Humberto;
Ahumada, Hermes;
Alessandri, Fernando;
Allende, Salvador;
Ampuero, Raúl;
Aylwin, Patricio;
Baltra, Alberto;
Barros, Jaime;
Bossay, Luis;
Bulnes, Francisco;
Campusano, Julieta;
Carrera, María Elena;
Castro, Baltazar;
Contreras, Carlos;
Contreras, Víctor;
Corvalán, Luis;
Curti, Enrique;
Chadwick, Tomás;
Durán, Julio;
Enríquez, Humberto;
Ferrando, Ricardo;
Foncea, José:
Fuentealba, Renán;
Gómez, Jonás;
González M., Exequiel Gormaz, Raúl;
Gumucio, Rafael A.;
Ibáñez, Pedro;
Jaramillo, Armando;
Juliet, Raúl;
Luengo, Luis Fdo.;
Maurás, Juan Luis;
Miranda, Hugo;
Musalem, José;
Noemi, Alejandro;
Pablo, Tomás;
Palma, Ignacio;
Prado, Benjamín;
Reyes, Tomás;
Rodríguez, Aniceto;
Sepúlveda, Sergio;
Tarud, Rafael;
Teitelboim, Volodia;
Von Mühlenbrock, Julio;

Concurrieron, además, los Ministros del Interior, de Economía, Fomento y Reconstrucción, y Hacienda; de Justicia, de Minería y de la Vivienda y Urbanismo.

Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.

II.- APERTURA DE LA SESION.

Se abrió la sesión a las 15. 44, en presencia de 16 señores Senadores.

El señor ALLENDE (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

El señor ALLENDE (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con la siguiente a que está citado el Senado.
Acordado.
Antes de continuar la discusión del proyecto sobre reajustes, debo informar que en la reunión de Comités la Honorable señora Carrera hizo presente que el edificio del Congreso Nacional se encuentra rodeado por fuerzas de Carabineros.
Declaro a la Sala que la Presidencia del Senado no ha solicitado medida alguna de protección armada; por el contrario, ante esa información, la Mesa pedirá al señor Edecán que exprese al Intendente de Santiago y al señor Ministro del Interior que el Senado estima innecesaria la presencia de Carabineros. Además, hago presente que pueden concurrir a la Corporación, como de costumbre, los ciudadanos que lo deseen.

III. ORDEN DEL DIA.

REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde continuar el debate general
del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones de los empleados y obreros de los sectores público y privado, informado por las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas.
Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.

Informes Comisiones de:
Gobierno y de Hacienda, unidas, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.
Discusiones:

Sesiones 75ª, en 2 de abril de 1968; 76ª, en 3 de abril de 1968.

El señor ALLENDE (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, la iniciativa que discute el Senado, denominada inadecuadamente "proyecto de reajustes", ha puesto de relieve dos tipos de conflictos que son característicos del Gobierno democratacristiano.
El primero proviene de la vaguedad ambigua con que oculta sus verdaderos propósitos; y el segundo es su incurable indecisión.
En el mensaje se piden impuestos por 557 millones de escudos para completar el financiamiento del reajuste; pero además se solicitan 713 millones para hacer frente a voluminosos dispendios, fiscales que el Gobierno ocultó cuando, hace pocos meses, presentó el Presupuesto de la nación para el año en curso.
SI exceptuamos la franqueza del ex Ministro señor Sáez, que permitió confirmar las denuncias que en forma reiterada hemos hecho sobre el mal manejo de la hacienda pública, es preciso decir que el Gobierno oculta siempre, con una piadosa cortina de humo, el desorbitado costo de su política.
Suplemento presupuestario, más que reajuste.
Ahora sabemos que el proyecto en discusión es más un suplemento presupuestario que un reajuste para los asalariados. Nosotros hemos rechazado precisamente que el Gobierno aproveche la explicable angustia de los obreros y empleados por recibir un reajuste para tratar de forzar en el Congreso Nacional la aprobación de una ley que permita continuar con los derroches fiscales. Este es, en síntesis, el único problema que plantea la iniciativa en debate.
El Gobierno insiste en que aún necesita impuestos por 400 millones de escudos, en circunstancias de que en moneda estable, el presupuesto fiscal casi se ha duplicado, llegando en 1968 a más de 10 mil millones de escudos. En consecuencia, no se explica qué inconveniente existe para economizar 5% del Presupuesto nacional tal como en circunstancias similares lo hacen siempre y sin dificultad todos los demás países que deben reducir sus gastos.
Las economías pueden y deben hacerse en todos los ítem del Presupuesto. Y formulo esta declaración, porque el Partido Nacional ha sido blanco de la absurda imputación de querer condicionar su apoyo al proyecto a la paralización por el Gobierno de la reforma agraria. Jamás hemos propuesto o insinuado algo semejante. La dicha reforma está fracasada debido al empobrecimiento y desesperación de los campesinos reducidos a la condición de asentados; y por ningún motivo intervendremos ésta u otra política del Gobierno democratacristiano, porque ellas representan una experiencia dura, pero saludable, que el país debe enfrentar hasta su término.
Con relación al reajuste, el Gobierno ha pedido y recibido propuestas de todos los partidos políticos. Ahora debe decidir sobre las diversas soluciones que tiene en sus manos; y no es difícil darse cuenta de que para la Democracia Cristiana, debido a sus planteamientos equívocos, nada hay más desgarrador que adoptar una decisión.
No hay dinero, porque el desarrollo económico se detuvo.
Por nuestra parte, debemos señalar que el gasto fiscal ha llegado a constituir una lápida que aplasta las actividades económicas, hasta el punto de que en 1967 se paralizó el desarrollo del país. Ese mismo
año la recaudación de impuestos aumentó entre 30% y 45% con relación al año anterior, según las cifras que acaba de publicar la Contraloría General de la República.
Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué no se pueden pagar los reajustes? La respuesta está en el desenfreno fiscal, que causa paralización y cesantía. Por ese motivo, nosotros hemos expresado nuestro temor ante una ley que puede detener la producción industrial si se generalizan reducciones de actividades tales como la que en estos momentos afecta a Cemento Melón y otras empresas.
Los partidos minoritarios, como el nuestro, no tienen otra oportunidad de hacer valer sus puntos de vista que ésta, durante la discusión general del proyecto en el Senado. Así procedieron durante la Administración del señor Alessandri los Senadores del Partido Demócrata Cristiano encabezados por el entonces Senador señor Frei.
Sólo podríamos variar nuestra actitud si el Gobierno diera seguridades tangibles sobre las economías que anuncia. Debemos declarar que las meras palabras no serán tomadas en cuenta por el Partido Nacional, porque ya hemos sido burlados en ocasiones anteriores por Ministros que incluso se jactaron del engaño de que nos hicieron víctimas.
Embriaguez de palabras y confusión de hechos.
En estos momentos el país está sumido en una especie de marasmo proveniente de los equívocos políticos construidos por la Democracia Cristiana, del afán de ésta de escapar a confrontaciones que la obligan a tomar decisiones y de la creciente dosis de anestesia que se inyecta a la opinión pública. Estamos sometidos a una embriaguez de palabras y a una confusión de hechos que impiden saber exactamente hacia qué despeñadero caminamos.
En su discurso ante la Convención de la Producción y del Comercio, su Excelencia el Presidente de la República dio por establecido lo siguiente: "En Chile todo está en revisión y en debate, que el país manifiesta un anhelo de cambios rápidos y profundos, y que nadie podría atravesarse como una fortaleza situada en las llanuras de nuestra historia, y asaltada por mareas del pueblo y de las nuevas generaciones, y combatidas y rechazadas por grandes tendencias mundiales".
Este enfoque más retórico que político tiene carácter eminentemente subjetivo y desestima realidades palpables muy fáciles de percibir en Chile si no se está cegado por los prejuicios o los dogmas políticos.
Después de tres años de Administración democratacristiana, el país está harto de las revisiones y debates a que el Gobierno lo ha sometido; las mareas del pueblo no son sino los oleajes artificiales que hacen políticos para mantenerse a flote; y en cuanto a las tendencias mundiales, basta observar lo que sucede en Checoslovaquia y Polonia o analizar la caída del socialismo en Dinamarca o el desmoronamiento de la Democracia Cristiana en Bélgica, para darse cuenta de que Chile no podrá sostener mucho tiempo más una política como la actual, representativa de tendencias fuera de actualidad y fracasadas en el mundo.
La caja de sorpresas del programa democratacristiano.
Permítaseme analizar también la afirmación del Presidente de la República de haber sido elegido por una inmensa mayoría sobre la base de un programa claramente conocido. Yo pregunto en qué parte de su programa propuso don Eduardo Frei la vía no capitalista. Desearía saber cuándo anunció, durante su campaña, que tenía el propósito de suprimir la garantía constitucional del derecho de propiedad. Quisiera que se me informara en qué momento advirtió a los campesinos que los sometería a la esclavitud de los "koljoses" soviéticos, que no otra cosa son los asentamientos. Yo recuerdo, en cambio, haberle oído decir infinidad de veces que crearía cien mil nuevos propietarios agrícolas. ¿Dónde están esos propietarios?
Dice el Primer Mandatario que ninguna de las bases de su programa ha sido cambiada. Recuerdo que la idea central de su campaña, la que incluso le atrajo los votos de quienes repudiaban al partido y al programa democratacristiano de entonces, fue su plataforma de alternativa frente al comunismo.
La caída del Ministro señor Sáez a raíz de las condiciones que impuso el comunismo para apoyar hace pocos días al Gobierno, no constituyó una sorpresa para quienes habíamos advertido al propio Ministro que no contaba con el respaldo político que él creía tener para sus planes; pero sí fue un duro y desconcertante despertar para quienes, convencidos de la plataforma presidencial, creían que entre una política seria pero exigente, como la del señor Sáez y la demagogia marxista, el Gobierno se inclinaría por la primera. El Presidente de la República pintó a los productores y comerciantes un cuadro de hermosas y brillantes realizaciones que contrastó con las angustias que habían impulsado a esos hombres de trabajo a congregarse en una convención nacional. Es cierto que utilizó más de un novedoso eufemismo, como, por ejemplo, cuando dijo que "en tres años había construido más de 220 mil soluciones al problema de la vivienda". Es evidente que, si en lugar de "construir soluciones" hubiera edificado 220 mil casas, no estarían en crisis los aserraderos ni la industria del cemento, ni existiría cesantía entre los obreros de la construcción.
Sombría realidad chilena.
Pero también es preciso reconocer que no ocultó en su discurso la sombría realidad que viven los chilenos. Dijo que "sería vano desconocer que el país vive una grave inquietud y se enfrenta a serios problemas de todo orden". Reconoció el estancamiento económico del año 1967, si bien puso de relieve la importación de bienes de capital y las cuantiosas "inversiones" extranjeras. No mencionó, sin embargo, que esas "inversiones" no provienen de aportes de capital, sino fundamentalmente de créditos que han comprometido la responsabilidad del Estado chileno en una cuantía jamás imaginada antes.
Finalmente reconoció que "el gasto fiscal ha llegado a ser excesivamente alto", así como la extrema exigencia de cargas tributarias que ello significa. Agregó que "es imprescindible realizar severas restricciones e importantes disminuciones". Confirmó, pues, punto por punto, el diagnóstico que hemos venido haciendo desde largo tiempo y que tan duras críticas y rotundos desmentidos mereció a los personeros de Gobierno.
Preguntó el Presidente: "¿Qué partido, qué sector nacional apoya al Gobierno concretamente cuando quiera ordenar mejor los gastos?". Le respondo en forma categórica el Partido Nacional. Hemos sido y somos consecuentes.
En consecuencia, el Presidente no puede sostener que "los sectores políticos más irreconciliables se conciertan para aumentar de hecho los gastos, aun cuando recomiendan reducirlos". Ninguno de esos cargos puede hacérsele al partido a que pertenezco, ni menos puede afirmarse que promovemos "nuevos y mayores gastos previsionales en contra de la opinión del Gobierno y de sus vetos". Los Senadores de estas bancas hemos sufrido las más duras críticas por no acceder a peticiones que en buena medida eran justas, pero que habrían roto nuestra línea absolutamente contraria a promoverlas sin financiamiento, y que, sin embargo, contaron con los votos democratacristianos en la Cámara de Diputados.
Fuimos y somos consecuentes con nuestras ideas políticas. Nuestro comportamiento es muy diferente al de la Democracia Cristiana, que hoy, desde el Gobierno, pide a sus adversarios no adoptar, las posiciones muchas veces irrazonables o arbitrarias en que la Democracia Cristiana se colocó cuando estaba en la Oposición.
En toda forma resulta incomprensible que el Presidente de la República afirmara que, si bien siempre ha habido diferencias de opinión, nunca se habían llegado hasta el punto de una negativa a legislar. Con todo respeto me permito recordarle que él y su partido lo hicieron en más de una oportunidad, como sucedió en el caso inolvidable de la negativa democratacristiana a legislar sobre reforma agraria, bajo el Gobierno del señor Alessandri.
Celebramos de corazón los juicios presidenciales sobre la necesidad de una reforma constitucional a fin de reformar las instituciones políticas. Concordamos plenamente con sus palabras cuando dice: "Ya hay opinión pública formada respecto de este problema y sólo falta afrontarlo con urgencia y valor".
Adelante, pues, señor Presidente. Nosotros también aguardamos ese proyecto para modificar y modernizar nuestra organización política. Pero entretanto debemos manifestar que los males de otros países que nos describe el Presidente para justificar los que aquí sufrimos, no constituyen ningún consuelo para los chilenos.
La empresa privada baluarte de la libertad política.
No puedo dejar de referirme a las reflexiones que hace el Presidente de la República sobre la empresa privada y la libertad. Tiene plena razón cuando sostiene que "la libertad de la actividad económica es en muchos sentidos una condición para la libertad del hombre". Pero no puedo pasar por alto, sin un rechazo enérgico, la reflexión siguiente, aquella que dice y lo cito textualmente que "la empresa económica, pública o privada, constituye la base para la creación de esa libertad". No, señor Presidente. La empresa pública no constituye ninguna base para la creación de la libertad. En la medida en que crece la esfera de acción de las empresas públicas, se restringe el ámbito de la libertad, y ésta desaparece por completo para todos, y muy especialmente para obreros y empleados, cuando el único empresario es el Estado.
Llamo la atención de los hombres de empresa sobre el gravísimo peligro que entraña este intento de confundir la empresa pública con la privada, haciéndolas aparecer indistintamente como baluarte de la libertad.
La función económica de la empresa privada es importantísima debido a que su nivel de eficiencia es notoriamente superior al de la empresa pública. Pero mucho más importante todavía es la función de la empresa privada como base de la independencia personal y, por tanto, del ejercicio pleno de la libertad política.
Intimidación a los hombres de trabajo.
El cerco que hoy día acecha a los empresarios privados, las trabas que se imponen a su fecunda labor, las presiones que tienden a reducirlos y debilitarlos, no tienen por finalidad destruir sus funciones económicas, sino privar a los ciudadanos de su independencia, que los protege de todo intento de sometimiento político.
El agricultor sobre quien se cierne la expropiación o el comerciante amenazado por inspecciones y controles, carecen de plena libertad política. El obrero sometido a una tiranía totalitaria, o el asentado, cuyo sustento quedó al arbitrio de un funcionario político, han perdido también su libertad para opinar. En todos ellos reina el temor.
El presidente del comité organizador de la Convención, señor Urenda, nos da un testimonio impresionante cuando nos dice que "hay miles de empresarios cuyo temor no les ha permitido exteriorizar en forma activa su adhesión a esa convención gremial". Puede imaginarse entonces cuanto mayor será esa inhibición para exteriorizar sus legítimos anheles y sus justificadas rebeldías frente a la autoridad y hasta la arbitrariedad de un Gobierno.
Esta es la amenaza más grave que tienen los hombres de trabajo. Y todos los acuerdos a que lleguen en su convención carecerán de validez si no enfrentan resueltamente los problemas políticos que están en la raíz de sus tribulaciones.
Vinculaciones entre empresarios y Estado: una situación equívoca.
La clasificación de las empresas que presentó Su Excelencia y que obligaría, a juicio suyo, a que unas fuesen públicas, otras controladas y otras privadas o libres, es una clasificación extraordinariamente discutible, para decir lo menos.
En toda forma, las empresas mixtas o chilenizadas son altamente inconvenientes para el país. Ellas fueron descubiertas en Estados Unidos como una fórmula para eludir la acción rectora que corresponde al Estado sobre todas las actividades económicas. Dicha función desaparece respecto de las empresas mixtas, porque el Estado, en su carácter de socio, suele transformarse en gestor de intereses particulares por medio de los altos personeros políticos que destaca en dichas empresas mixtas el partido que esté en el poder.
Por desgracia, tiene razón Su Excelencia cuando dice que "hay empresas, sobre todo las más grandes, que continuamente solicitan el apoyo del Estado".
Esta situación equívoca e inconveniente se debe en parte a la hipertrofia de un Estado que busca la supeditación de las actividades libres. Pero en parte no desdeñable se debe también al afán de lucro de algunos empresarios que han descubierto en el estatismo esa mezcla de ineficiencia estatal y de colusión con los políticos del régimen las mejores oportunidades de ganar dinero.
Un positivo aporte de la Convención de la Producción y del Comercio debería ser, en consecuencia, la delimitación de lo que es lícito en materia de vinculaciones de las empresas con el Estado o con los personeros de éste a fin de que no se identifique injustamente a todos los empresarios con los procedimientos indebidos de unos pocos de ellos; y también para que la inmensa multitud de los empresarios pequeños no quede privada de la protección de aquellos más grandes que buscan y suelen obtener el favor oficial.
El señor GUMUCIO.- ¿El negocio de Su Señoría nunca ha recurrido a alguna institución estatal?
El señor IBAÑEZ.- Nunca recurro a las instituciones del Estado.
El señor GUMUCIO.- Raro me parece.
El señor BARROS.- ¿Ni como presidente del Banco del Estado?
El señor IBAÑEZ.- Jamás, señor Senador. Y espero que esas torpezas no se sigan repitiendo en el Senado.
Grupos empresariales reciben tratamiento discriminatorio.
Disiento también de la opinión de Su Excelencia en cuanto a que la empresa esté cada día más cuestionada por sus trabajadores. La realidad es muy diferente. Los grandes progresos sociales que exhibe la empresa moderna han reducido de modo notable el ámbito de los conflictos naturales, y han obligado, en consecuencia, a politiqueros y demagogos a inventar formas muy artificiosas para cultivar dudas o para "cuestionar" los decididos y favorables avances que se han hecho y se hacen en las relaciones entre las empresas y su personal.
Del mismo modo, "ese debate y esa revisión sobre el concepto de empresa" a que tanto se alude, están condicionados por un afán de medir o limitar las proyecciones políticas que la empresa puede tener como fuente de independencia personal para todos los que en ella trabajan.
Observemos a este respecto ciertos comportamientos discriminatorios del Gobierno. Las empresas extranjeras han recibido franquicias extraordinarias, y también han tenido trato preferente otras empresas grandes que piden la protección del Estado. Ello se explica porque esos grupos empresariales son políticamente neutros y porque la actitud de sus funcionarios, cautelosa y adicta al régimen, las hace parecidas a las grandes empresas estatales.
Contrasta ese tratamiento tan favorable, con la forma en que se hostiga o limita al empresario pequeño, al que se permite el lujo de tener opiniones políticas, al hombre de provincia al que se prohíbe adquirir tierras para consolidar su independencia económica; al asentado, que se pretende que acepte resignadamente la proletarización que el Gobierno le impone.
La finalidad política de todas estas actitudes no puede ser más evidente, y debemos advertir que ella entraña un peligro gravísimo para la supervivencia de nuestra democracia política.
¿El Gobierno corregirá sus errores? El Gobierno anuncia estar abierto al reconocimiento y a la rectificación de sus errores, pero agrega, a renglón seguido, que lo hará "sin comprometer, desde luego, las líneas fundamentales de su programa". Y continúa diciendo que "no hay otro camino para conquistar la seguridad, la confianza y la paz social ni tampoco lo hay para preservar y proyectar la libertad económica".
Nosotros debemos rechazar en forma enfática esta proposición que cierra a los hombres de trabajos, y muy especialmente a los obreros y empleados, la posibilidad de una alternativa que los favorezca y el estímulo de una esperanza que los aliente.
Al expresar nuestro desacuerdo fundamental con esa afirmación del Presidente, declaramos que existe un camino muy claro para conquistar la seguridad, la confianza y la libertad económica: ese camino no es otro que una rectificación radical de la política implantada por el Gobierno a fin de abrir un ancho cauce para las fuerzas creadoras de la nación que hoy están replegadas y amedrentadas por las intimidaciones y el estatismo opresor de la Democracia Cristiana.
Falta la confianza.
El Presidente ha dicho en su discurso que "el problema fundamental es un problema de confianza". Destacamos y aplaudimos esta frase porque ella expresa como ninguna otra lo que sienten todos los chilenos. Pero esa confianza no retornará jamás si el Presidente de la República insiste en proseguir una línea política respecto de la cual se ha perdido la fe. Esta situación sí que requiere un cambio rápido, drástico y masivo. Es preciso alterar las metas políticas actuales que han frenado las voluntades y que invadieron de desconfianza los espíritus; hay que cambiarlas por otras muy opuestas, que estimulen la voluntad de creación y de trabajo y que restablezcan la fe en nuestros destinos.
Más adelante habré de referirme a diversas disposiciones específicas del proyecto de reajustes. Ahora deseo subrayar que las observaciones anteriores tocan aspectos de fondo de dicha iniciativa.
En efecto, la carencia de recursos fiscales para pagar los reajustes ha sido consecuencia de los desorbitados gastos del Gobierno, pero en el futuro ese déficit fiscal tenderá a agravarse si continúa el repliegue de los hombres de trabajo y si el desarrollo económico, paralizado ya, llegara a denotar un signo negativo en el año en curso.
Se solucionará, por el contrario, todo el problema fiscal en la medida en que una nueva política sea capaz de restablecer la confianza para dar un fuerte impulso a la actividad económica. Entonces sí que desaparecerán los problemas del erario y habrá recursos abundantes para superar esta situación inexplicable en que estamos y que debemos calificar con la mayor dureza, porque es fruto de una pésima administración. Me refiero a la situación absurda de que, a pesar de los impuestos exorbitantes, de los fabulosos precios del cobre y de los siderales ingresos fiscales, el Gobierno no tiene dinero para pagar un reajuste equitativo a los servidores del Estado.
El señor ALLENDE (Presidente).- ¿Terminó el señor Senador?
El señor IBAÑEZ.- Terminé, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.- Señor Presidente, Honorable Senado: en las sesiones de ayer y de hoy, la Corporación...
El señor ALLENDE (Presidente).- ¿Me permite una interrupción Su Señoría? Debo informar al Senado que conversé con el señor Ministro del Interior, quien me expresó que el Congreso no está rodeado por fuerzas policiales para una protección especial que nadie le ha solicitado; que hay instrucciones perentorias para que el ciudadano que desee venir al Congreso pueda hacerlo, y lo mismo para reunirse en los jardines del Parlamento. El señor Ministro agregó que sólo ha ordenado tomar las medidas de precaución en el supuesto caso de que hubiere incidentes, pero que no está impedido el libre acceso al Senado.
Doy esta explicación porque al comienzo de la sesión expresé que una denuncia hecha por el Comité Socialista me obligaba a requerir una respuesta del Gobierno, por cuanto la Corporación no ha solicitado ni solicitará fuerza pública.
Puede continuar el Honorable señor Luengo.
El señor RODRIGUEZ.- En la práctica, el Congreso parece estar rodeado.
El señor PEREZ (Ministro del Interior).- ¡Apariencias, no más!
El señor RODRIGUEZ.- ¡La cortesía habitual del Gobierno: el señor Ministro del Interior se manda a cambiar!
El señor LUENGO. Decía que en las sesiones de ayer y de hoy, el Sonado ha estado conociendo en general de un segundo proyecto de reajustes de sueldos y salarios para el año 1968, enviado por el Ejecutivo al Congreso.
Deseo empezar mis palabras diciendo que, a mi juicio, es difícil explicarse la situación angustiosa que están viviendo las clases trabajadoras en nuestro país, fundamentalmente quienes reciben sueldos o salarios muy bajos.
Comenzamos a conocer el proyecto de reajustes enviado por el señor Molina a comienzos de noviembre del año pasado. Y como ahora estamos a principios de abril, a la fecha llevamos más de cinco meses durante los cuales el Congreso y la opinión pública han estado fundamentalmente preocupados de lo que serán los reajustes para 1968.
En mi concepto, esta situación debe preocupar a todos nosotros. Ella justifica en parte la inquietud que algunos sectores de Izquierda hemos tenido en estos últimos días por buscar algún acuerdo con el Gobierno que permita a la brevedad transformar en ley el proyecto.
Pues bien, esta segunda iniciativa de que estamos conociendo mantiene muchas de las características que tenía la del señor Molina. Ese proyecto de reajustes, que el pueblo calificó como el proyecto de los "chiribonos", mereció el repudio general de la clase trabajadora. El Senado tenía inmensa mayoría para rechazarlo, lo que obligó al Gobierno a retirarlo del Congreso. Pero, como digo, en esta nueva iniciativa se mantienen, en cierto modo, algunas características del primero. En efecto, si bien ciertos sectores de la Administración Pública van a mejorar sus remuneraciones en una cifra superior al alza del costo de la vida, en todo caso hay un 35 por ciento de la Administración Pública, aproximadamente 110 mil funcionarios, pertenecientes a sesenta y seis servicios estatales aproximadamente, que sólo recibirán un aumento de 12, 5 por ciento en dinero y 7, 5 por ciento en cuotas de ahorro para la vivienda. Es evidente que para ese sector de la Administración ello no puede ser satisfactorio. Y en las Comisiones unidas y en declaraciones a la opinión pública, hemos reiterado que el reajuste no satisface a las clases populares de Chile.
No comprendemos por qué el Gobierno ha querido cerrarse a toda posibilidad de aceptar nuestras proposiciones de reajustar las rentas de toda la Administración Pública en 21, 9 por ciento, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Por lo demás, ésta es la cifra que dan las estadísticas oficiales, aunque de acuerdo con la opinión general del país, el alza ha sido mucho mayor.
Por otra parte, en esta iniciativa se han desconocido, en cierto modo, algunos convenios que el Ejecutivo había celebrado con anterioridad con determinados sectores de la Administración Pública, Para todos nosotros es conocida la reacción que el proyecto ha provocado en el profesorado, en el Servicio Nacional de Salud, en Correos y Telégrafos y en el sector de los pensionados, la clase más pobre de nuestra ciudadanía.
En 1966 los profesores suscribieron con el Ejecutivo un convenio que se ha llamado el acuerdo magisterial, en virtud del cual el Gobierno se comprometió con el profesorado a concederle paulatinamente, durante los años 1968, 1969 y 1970, determinados mejoramientos de sus rentas o fijarle ciertos sueldos bases u horas bases que debían ser aumentados de acuerdo con el reajuste general que se otorgare al resto de la Administración. Sin embargo, ahora el Ejecutivo está interpretando ese acuerdo magisterial en el sentido de que sobre las rentas bases acordadas con el profesorado sólo debe concederse el reajuste general de la Administración Pública y no el reajuste promedio, como lo dice el artículo 27 de la ley Nº 16. 617, que dio carácter legal al mencionado convenio. El señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, aquí presente, ha sostenido en esta Sala, como también en las Comisiones unidas, que el reajuste para el profesorado debe ser el que se otorgue en general a la Administración Pública, y no el reajuste promedio. Pero ocurre, como ya lo dije, que el artículo 27 de la ley Nº 16. 617 dispone que la renta de los profesores debe reajustarse cada año en el porcentaje promedio de los aumentos que experimenten las remuneraciones del sector público, a partir del 1º de enero de 1968. Y el señor Ministro sostiene que el reajuste general para este año es de 12, 5 por ciento. Yo pregunto: ¿qué argumento valedero se puede dar para sostener que el 12, 5 por ciento propuesto en el proyecto es el reajuste general de la Administración Pública para este año? Hemos dicho nosotros, y también el Gobierno, que tal porcentaje se concederá sólo a un tercio de la Administración, y, de acuerdo con el criterio del Ejecutivo, dos tercios de los servidores públicos recibirán un reajuste superior a 12, 5 por ciento. La mayoría de dicho sector obtendrá un promedio de más o menos treinta por ciento, e inclusive algunos alcanzarán a 34, 5 por ciento. En consecuencia, no vemos en qué se funda la afirmación de que el reajuste general de la Administración Pública es el que recibirá un tercio de ella y no el promedio de éste y de lo que obtengan los dos tercios restantes.
En mi opinión, el profesorado podría, con muy buen fundamento, sostener en este instante, que las rentas base establecidas en el acuerdo magisterial deben incrementarse de acuerdo con el reajuste promedio de los dos tercios de la Administración Pública que tienen trato preferencial en el proyecto. Sin embargo, los profesores, con buen criterio, en el deseo de encontrar solución a su problema y una base de acuerdo con el Gobierno, aceptan cosa que el Ejecutivo les niega que el reajuste a que tienen derecho sobre sus rentas bases sea el correspondiente al promedio del de la Administración Pública; o sea, el término medio de las distintas escalas de reajustes que se otorgan en el proyecto y que, en definitiva, alcanzan a un promedio de 24 por ciento.
A nuestro juicio, el acuerdo magisterial no puede ser desconocido, ni en su letra ni en su espíritu, como pretendía el señor Ministro de Hacienda. En realidad, la letra, el espíritu y la intención del acuerdo tienden a que el profesorado, de aquí a 1970, cuente con rentas compatibles con la dignidad de sus cargos, como decía el propio acuerdo magisterial. Y ello no se obtendrá sino respetando ese convenio y otorgando el reajuste promedio de toda la Administración Pública.
En cuanto al personal del Servicio Nacional de Salud, se suscribió un acta de avenimiento con el Gobierno, en virtud del cual esos servidores recibirían remuneraciones equivalentes a 91, 5% de las señaladas en la escala de la ANEF. Pero de acuerdo con el proyecto en debate, el sector de los empleados fiscales recibe un reajuste de 12, 5 por ciento, lo cual, como pueden imaginar los señores Senadores, resulta una verdadera burla para el personal del Servicio Nacional de Salud, que recibirá aumentos menores que el resto de la Administración Pública.
Respecto del personal de Correos y Telégrafos, después de la larga huelga que mantuvo el año pasado, se nombró una Comisión tripartita, en la cual participó el ex Ministro del Interior don Bernardo Leighton, y finalmente se suscribió un acuerdo.
Según sostienen fundadamente los dirigentes de Correos y Telégrafos, en esta iniciativa se está violando también el acuerdo suscrito por el Gobierno. En efecto, de acuerdo con ella, el 40 por ciento del personal de empleados de Correos y Telégrafos no recibirá aumento alguno y, por el contrario, perderá las remuneraciones que se pagan por planilla suplementaria y los quinquenios. Con ello, los funcionarios de dicho servicio pierden más de 13 millones de escudos, emolumentos que podrían recibir si no se aprobaran algunas disposiciones del proyecto en debate. En buenas cuentas, este año muchos funcionarios tendrán un sueldo inferior al que recibían en 1967 si se aplican los preceptos mencionados.
Lo mismo podría decir respecto de los pensionados. Mucho se ha hablado sobre ellos en el Senado, de modo que parece innecesario volver a referirse a ese tema. Sin embargo, conviene insistir en que, en definitiva, los pensionados del Servicio de Seguro Social, los más pobres de la ciudadanía, podrán obtener este año así lo espero 37 por ciento de reajuste en vez de sólo el 30 por ciento propuesto en la iniciativa en debate.
Pues bien, la ley en proyecto no otorga a la Administración el reajuste que esperan los servidores del Estado, y olvida algunos compromisos contraídos por el Gobierno, que éste debe respetar y cumplir, porque por algo se han estampado las firmas de funcionarios responsables. Pero junto a las disposiciones pertinentes, se incluyen otras que proponen diversos nuevos impuestos destinados no sólo a financiar los reajustes, sino también, en parte importante, las inversiones del sector público. En efecto, todos sabemos que se dispone entregar cantidades alzadas para el plan habitacional y la Corporación de Fomento de la Producción, y todo ello se pretende financiar con nuevos tributos indirectos que gravarán a la clase trabajadora. Particularmente, se quiere alzar, del siete por ciento, al ocho por ciento el gravamen más impopular, el que afecta a toda la clase trabajadora, a la gran masa consumidora: el impuesto a las compraventas. Financiar un proyecto de reajustes con impuestos indirectos y, en especial, con el alza del impuesto en referencia, significa, en el fondo, quitar con una mano a la clase trabajadora lo que se le está dando con la otra.
Por otra parte, hemos estado reclamando que a toda la Administración Pública se debe conceder 21, 9 por ciento de reajuste como mínimo. Hemos sostenido hay fundadas razones para pensar así, de acuerdo con los datos proporcionados en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda que los impuestos que se proponen rinden una suma muy superior a la que el Gobierno quiere reconocer. La verdad sea dicha, nunca obtuvimos cifras exactas en las Comisiones, pues las cantidades fueron cambiando en forma permanente. Pero, como decía, en nuestra opinión esos tributos rinden una suma muy superior a la que el Gobierno quiere aceptar. Lo mismo ocurre con los impuestos establecidos en la ley de Presupuestos. En efecto, hemos afirmado que los impuestos que se consideran año a año en los presupuestos nacionales rinden mayores ingresos que los previstos, y a veces cantidades apreciables. Deseo citar algunos ejemplos.
El impuesto que afecta a las compañías del cobre se estimó, para 1966, en la cantidad de 129. 600. 000 dólares; no obstante, el ingreso real, por tal concepto, llegó a 175. 941. 805, 83 dólares. Vale decir, hubo una diferencia favorable al erario de más o menos 45 millones de dólares. De igual forma, para 1967 se estimó un ingreso de 171 millones 700 mil dólares, en circunstancias de que las entradas reales ascendieron a 177. 525. 389, 82 dólares, o sea hubo una diferencia de siete millones de dólares. Para 1968 se calcula un ingreso de 110 millones de dólares por tal concepto; vale decir, se ha estimado una menor entrada de 61 millones con respecto al del año pasado. Conviene recordar a los señores Senadores que estas cifras se basan en los cálculos hechos por el ex Ministro de Hacienda señor Sergio Molina, quien manifestó que el precio del metal había sido alto durante el año pasado y que, necesariamente, debía bajar en 1968. Por ese motivo digo se consideró una entrada probable de sólo 110 millones de dólares. Pero ocurre que el precio del cobre no ha bajado; ni siquiera se ha mantenido en el nivel del año pasado, sino que ha llegado a cotizaciones jamás alcanzadas antes y que algunos señores Senadores ya han señalado. En efecto, la libra de metal rojo ha superado los 70 centavos de dólar. Aún más, los funcionarios de la Corporación del Cobre que participaron en las sesiones de las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, sostuvieron que en el año en curso, por concepto de gravámenes a las compañías cupreras se ha estimado un ingreso probable de más o menos 181 millones de escudos. Vale decir, puede esperarse racionalmente que en 1968 haya una mayor entrada de 71 millones respecto del ingreso considerado en el Presupuesto. Ello significa, en consecuencia, que hay dinero más que suficiente como para pagar también 21, 9% de reajuste al sector de la Administración Pública que, según el proyecto del Gobierno, sólo recibiría 12, 5% en dinero efectivo.
La misma situación se produce con todos los impuestos directos e indirectos consignados en el Presupuesto del año en curso. Por ejemplo, en 1967 no deseo analizar varios años, por concepto de impuestos directos se estimaba una entrada de 1. 569 millones 900 mil escudos, no obstante haberse recaudado posteriormente un total de 1. 636 millones, es decir casi cien millones de escudos más. En lo relativo a impuestos indirectos, se calculaba un ingreso de 3. 377 millones 600 mil escudos; pero se recaudaron 3. 759 millones de escudos, o sea casi 400 millones más que lo estimado.
En estas circunstancias repito, hay dinero suficiente tiene que haberlo para pagar al tercio del sector público afectado con el proyecto del Ejecutivo un reajuste de 21, 9%, que es lo mínimo a que puede aspirar la clase trabajadora. En efecto, no se trata aun cuando se ha dicho en más de una oportunidad, vale la pena recordarlo de un aumento de sueldos y salarios ni de conceder a determinados sectores un mayor poder adquisitivo, sino simplemente de compensar la pérdida de capacidad de compra sufrida por los sueldos y salarios durante 1967. Por lo demás, todos sabemos que el proyecto pretende compensar los efectos de la inflación del año anterior; pero sucede que ahora, corrida ya una cuarta parte de 1968, la disminución del poder adquisitivo llega a más de 30%, porque durante enero y febrero de este año el índice de precios al consumidor registró un alza de 8%, la que, seguramente, en marzo debe de haber alcanzado a 12%. No disponemos aún de la cifra exacta.
El Gobierno se ha mantenido en su negativa a otorgar un reajuste de 21, 9% para toda la Administración, no obstante que, como hemos señalado, hay mayores ingresos que los presupuestados. Tampoco ha querido prestar oídos a las numerosas sugerencias planteadas por sectores de Izquierda con el objeto de hallar financiamiento para la iniciativa.
En mi partido, el Social Demócrata, elaboramos una minuta • de once puntos en los cuales proponíamos nuevas posibilidades de recursos. El Gobierno señaló que los ingresos propuestos eran insuficientes y aceptó una que otra sugerencia; pero desechó las dos más importantes y que, a nuestro juicio, podrían resolver definitivamente el problema. Me referiré brevemente a cada una de ellas.
Mediante el punto 1) de nuestra minuta, proponíamos disminuir en 20% todas las franquicias y exenciones tributarias existentes, con la sola excepción, por supuesto, de las establecidas por la Constitución Política y aquellas consignadas en escritura pública, pues sabemos que la Corte Suprema estimó que éstas debían entenderse como contrato ley y, en consecuencia, no podían modificarse por la voluntad de una sola de las partes. El problema de las exenciones tributarías, que muchas veces se ha analizado en esta Sala, debe ser abordado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Estimamos que, aun cuando muchas de las franquicias tal vez, miles de ellas pueden justificarse plenamente, otras tantas no están en idéntica condición y sólo permiten que en este país determinados negocios sean mejores que otros, a costa de los intereses de la clase que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento del Estado.
A nuestro juicio, si todo el sector de empleados y obreros; si todo aquel que vive de un sueldo o salario y su única fuente de recursos es su trabajo personal, debe realizar sacrificios dada la difícil situación económica del país y sólo puede aspirar a un reajuste equivalente al alza del costo de la vida, con iguales argumentos puede exigirse a quienes han estado gozando de determinadas exenciones tributarias un sacrificio que no parece exagerado, pues sólo pretendemos disminuir sus franquicias en 20%. Me parece que bien pueden concurrir con ese porcentaje al financiamiento del proyecto los sectores que durante muchos años han estado exentos del pago de determinadas contribuciones.
También hemos considerado importante la derogación de la letra g) del artículo 18 de la ley 12. 120, relativo a impuestos sobre la compraventa, que, a nuestro juicio, debe hacerse extensivo a las compraventas del cobre.
En nuestra opinión, no hay motivo para que el metal rojo, que alcanza alto preció en el mercado internacional, esté exento de ese impuesto, que lo paga en Chile hasta el más modesto de los ciudadanos. A mi juicio, no hay razón para que las compañías del cobre, so pretexto de existir determinados convenios ratificados por ley por el actual Gobierno, estimen discriminatoria la aplicación de un tributo al cual están afectos todos los chilenos. Es lo mínimo que se les puede exigir, sobre todo cuando hay fundadas razones para sostener que en la actualidad sólo esas empresas se benefician con el sobreprecio del metal rojo, que no se consideró al tramitarse los respectivos convenios.
En mi opinión, el Gobierno debería estudiar seriamente esos dos planteamientos, que los consideramos de la mayor importancia, porque de aplicarse pueden producir un mayor ingreso que aliviará la difícil situación financiera que, vive nuestro país.
Finalmente, deseo recordar que el Gobierno, en declaraciones del propio Presidente de la República y de alguno de sus personeros, ha calificado de demagógica la actitud de la Izquierda cuando pretende entregar a la clase trabajadora un reajuste que el erario no está en condiciones de resistir.
La Izquierda tiene perfecto derecho a defender en esta oportunidad lo que siempre ha sostenido: que los reajustes deben compensar íntegramente ¡a pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Por eso, el Gobierno no puede sostener que la Izquierda está actuando con sentido demagógico y afán obstruccionista al proceder como lo hace.
El propio señor Frei, cuando era parlamentario de Oposición, tenía una actitud semejante. Citaré algunas de sus palabras, pronunciadas en esta misma sala, para demostrar que hoy pretende sostener una teoría distinta a la sustentada en su calidad de Senador.
En sesión del 28 de diciembre de 1961, cuando se discutía en el Senado el proyecto de reajustes, el señor Frei hacía una dura crítica al Gobierno del señor Alessandri y, entre otras cosas, decía: "Me ha correspondido año a año expresar nuestro juicio y podría ser muy escéptico de los resultados de estos debates si no tuviera la firme convicción de que, en el proceso democrático, es a través del Parlamento donde se informa de manera adecuada a la opinión pública y se preparan los cambios políticos en la medida en que los pueblos observan si los hechos corresponden a las afirmaciones y juicios que aquí se emiten".
¡Qué distinta era la opinión del señor Frei en ese entonces respecto de las críticas que la Oposición puede hacer al Gobierno!
Todavía más, en sesión de 6 de octubre de 1961, cuando se discutía en general el proyecto de reajustes para ese mismo año, promulgado posteriormente como ley con el número 14. 688, el actual Primer Mandatario decía: "Por nuestra parte, formulamos una indicación, que, desgraciadamente, fue rechazada, para que este aumento del salario no se pueda imputar a las regalías, sino que deba ser pagado íntegramente en dinero, y esto lo fundaremos nuevamente en la discusión particular".
Además, deseo recordar las palabras de otro Senador de ese entonces. Esta opinión tiene mucha importancia, pues quien la emitió se perfila ante la opinión pública como el más posible candidato presidencial de la Democracia Cristiana para 1970.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Se refiere al Honorable señor Gumucio?
El señor LUENGO.- Se trata del ex Senador señor Radomiro Tomic.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Como dijo "otro Senador", creí que se refería al Honorable señor Gumucio...
El señor LUENGO.- El señor Tomic era Senador en ese entonces.
El señor RODRIGUEZ.- Tendría más posibilidades como candidato el Honorable señor Gumucio.
El señor LUENGO.- El señor Tomic viaja en estos momentos desde Estados Unidos "a Chile para iniciar su campaña.
En el norte he tenido ocasión de observar seguramente, también lo habrán visto otros Honorables colegas numerosas leyendas escritas en los caminos, que dicen: "Tomic 19701976".
El señor RODRIGUEZ.- "Brilla el sol... ".
El señor LUENGO.- Me parece que en esa fecha ya no brillará.
Pues bien, el señor Tomic decía en ese entonces, en sesión de 28 de agosto:
"Estimo que la política del Gobierno tengo derecho a expresarlo como representante de un sector de la ciudadanía no puede ser la de condicionar el nivel de remuneraciones a otro cartabón que el de las exigencias y necesidades de los ciudadanos, de su vida, su consumo y condición familiar". Así hablaba el señor Tomic en los momentos en que si mal no recuerdo la Democracia Cristiana, como Oposición, proponía un reajuste de sueldos y salarios superior al alza del costo de la vida; es decir, lo mismo que ha venido reclamando la Izquierda en el último tiempo.
Sostenemos que la iniciativa legal en debate de ninguna manera es satisfactoria para la clase trabajadora. Sin embargo, en este momento debemos asumir la grave responsabilidad de aprobarla o rechazarla en general. Se trata de un problema que mi partido, y personalmente el Senador que habla, ha considerado con la mayor seriedad. Pensamos, no obstante las diferencias que nos separan del Gobierno en cuanto a la política de reajustes, que los asalariados no pueden seguir esperando después de cinco meses de discusiones estériles. Debemos otorgarles un reajuste. Pero si éste no es ampliamente satisfactorio, la responsabilidad no recaerá sobre los Senadores de Izquierda. Por mandato constitucional, la iniciativa en este tipo de materias aumento de sueldos, estímulos, gratificaciones y otros beneficios de carácter pecuniario para la Administración Pública compete exclusivamente, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, al Ejecutivo. El Congreso queda constreñido a la alternativa de aprobar o rechazar lo propuesto por el Presidente de la República. Por eso, teniendo en cuenta que no es posible postergar más el despacho del proyecto, tan esperado por la clase trabajadora, hemos decidido votarlo favorablemente en general. Procederemos así en la inteligencia de que todos los sectores políticos representados en esta Corporación, si son consecuentes con lo expresado tanto en la Sala como en declaraciones públicas, tienen la posibilidad de desechar un reajuste discriminatorio para el 35% de la Administración del Estado. Esos sectores han manifestado, con excepción de la Democracia Cristiana, su desacuerdo con la idea de otorgar a un tercio de la Administración Pública sólo 12, 5% de aumento, y su propósito de incluirlos en los preceptos que otorgan 21, 9% en dinero. Y si el Ejecutivo veta esa disposición, como se ha anunciado, la observación tendrá necesariamente el carácter de aditiva; de modo que para prosperar necesitará los votos favorables de la mayoría en ambas Cámaras. En consecuencia, si esta Corporación mantiene sus dos tercios contrarios al criterio de otorgar un aumento de 12, 5%, los asalariados tendrán la posibilidad de recibir una compensación igual a la pérdida real del valor adquisitivo del escudo.
Estoy convencido de que por sobre las conveniencias políticas de los partidos, debe prevalecer, antes de cualquier otra consideración, el interés general de los trabajadores. Confío en que las colectividades políticas sean consecuentes con lo expresado y contribuyan, por ello, en nuestra compañía, a eliminar todos los preceptos negativos, con el fin de otorgar un reajuste plenamente satisfactorio para los asalariados.
El señor AGUIRRE DOOLAN. Por disposición de mi partido, me correspondió participar en las reuniones de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas.
En nombre de mi colectividad política han intervenido para referirse al aspecto financiero, económico y filosófico del proyecto los Honorables colegas Bossay y Baltra, ayer y en la mañana de hoy, respectivamente. Por mi parte, debo hacer algunas observaciones personales que traducen la inquietud permanente del radicalismo por servir a los sectores a los cuales beneficia el aumento de renta, s en debate.
Esta es la segunda iniciativa legal sobre la materia que llega a la Corporación. La primera concedía un reajuste de remuneraciones a los sectores público y privado y creaba el Fondo Nacional de Ahorro y Capitalización. El Senado la conoció en el mes de enero, después de permanecer dos meses en la Cámara. Posteriormente, el Gobierno la retiró.
El Partido Radical, por medio de su Comité Ejecutivo, pidió a sus parlamentarios así procedieron los Diputados rechazar esta ley en proyecto. Sin embargo, no sería muy simple votar negativamente en esta oportunidad, sin antes efectuar un análisis de las circunstancias que determinaron esta decisión del radicalismo.
Deseo llamar la atención hacia la rara táctica de desprestigio contra determinadas colectividades políticas, acentuada cuando se refiere al Partido Radical, realizada desde hace tiempo por la prensa interesada del Gobierno y por muchos comentaristas controlados por La Moneda. Desde el mismo momento en que asumió el Poder el señor Frei, y fijamos nuestra línea política en la Convención de 1965, hemos sustentado teorías socioeconómicas que podían lesionar los altos intereses financieros ligados al grupo gobernante. Los partidos son soberanos en sus actuaciones públicas y en el Parlamento y para tomar las determinaciones que estimen convenientes. Para ello toman en cuenta el momento político, los antecedentes de que se disponga, la doctrina que sustentan y las aspiraciones del sector ciudadano que representan. Es inadmisible como se pretende ahora que una colectividad política fije su posición y, por ende, su votación, según lo estime procedente el Ejecutivo u otras colectividades. Si un partido carece de medios de difusión, debe utilizar necesariamente la tribuna parlamentaria. Con legítimo derecho representamos a un sector de la ciudadanía. Nuestro pensamiento es distinto del que guía al Ejecutivo y a los sectores económicos que representa. Por eso, haciendo uso de esa soberanía y de nuestros derechos constitucionales, exigimos respeto por nuestras determinaciones, que son, en definitiva, las del enorme conglomerado de ciudadanos que nos respalda.
El proyecto en discusión es, a nuestro juicio, de mucha trascendencia social y económica. En los términos en que está concebido no satisface las necesidades y aspiraciones de los sectores más golpeados por los desaciertos del actual Gobierno. La actitud opositora y fiscalizadora del Partido Radical fue reiterada por los Honorables señores Bossay y Baltra, y en este momento lo es por el Senador que habla.
No cabe duda alguna de que estamos en presencia de un debate de alto contenido nacional y de considerables proyecciones para el futuro. No nos negamos a otorgar un aumento que devuelva a los asalariados el deterioro que han sufrido sus ingresos por la política inflacionaria seguida por el Gobierno: nos oponemos a continuar recargando sobre la gente más modesta las determinaciones teóricas de ciertos grupos, las cuales nada tienen que ver con la realidad nacional. Con nuestra actitud pretendemos obligar al Partido Demócrata Cristiano a ser más consecuente con los sectores que creyeron en el señor Frei y votaron por él, para así conceder un reajuste igual al incremento real del costo de la vida.
En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de oír a diversos sectores ciudadanos manifestar sus anhelos, inquietudes y deseos en orden a solicitar la aprobación de preceptos diferentes a los aprobados por la Cámara.
Cuando se discutió en enero el primer proyecto de reajustes, hubo grupos que manifestaron su conformidad con la iniciativa elaborada por el señor Molina. Pero no es el caso actual. Todos los sectores que ahora concurrieron señalaron su total desacuerdo. Por ejemplo, entre otros organismos, se recibió al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en Retiro, representado por los mismos dirigentes que vinieron hace dos meses y que manifestaron su aquiescencia con el proyecto en estudio en ese entonces. En cuanto a la iniciativa en debate, puntualizaron su desacuerdo, porque de nuevo se cometerían injusticias como las contenidas en la ley 15. 575, que dejó fuera del reajuste de los quinquenios a la gran mayoría de los jubilados de las Fuerzas Armadas y a otros sectores respecto de los cuales el Jefe del Estado había manifestado su simpatía cuando postulaba a la Presidencia de la República. El Consejo en referencia, en documento que tengo a la vista, entre otras cosas expone:
"El Presidente de la República, cuando era candidato, criticó y prometió, en concentración realizada en el teatro Baquedano, corregir la situación desmedrada en cuanto a remuneraciones, en que se encontraba este sector de servidores del Estado.
"Posteriormente, siendo Presidente de la República, en diversas oportunidades y mensajes ha expresado la necesidad y justicia de nivelar sus rentas con las de otros sectores más favorecidos.
"Ahora bien, ¿cómo satisface o cumple su promesa en el actual proyecto de ley en discusión?
"Otorga un aumento del 12, 5% y 7, 5%, en cuotas de ahorro artículo 1º al persona] en retiro con menos de 30 años de servicios. No hay, pues, nivelación alguna ya que esta disposición es general. "Por otra parte, le quita a todo el personal en retiro y montepíos un mes de reajuste (1, 04%) que pasa a formar el "Fondo Nivelador de Quinquenios" establecido en el artículo 13 del párrafo 2º. En consecuencia, se aumenta el desnivel en lugar de disminuirlo".
Más adelante agregan:
"Aumenta de un 20 a un 35% la asignación profesional del personal en servicio y en retiro con más "de 30 años de servicios. Dicha asignación sólo es computable para el retiro cuando el funcionario lo obtiene después de 30 años de servicios; los demás la pierden. No hay, en consecuencia, nivelación, ya que su percepción es transitoria y se pierde si no se reúne la condición ya indicada.
"Dispone el artículo 8º que los pensionados y montepíos que percibirán esta bonificación profesional lo harán por terceras partes: 1/3 en 1968; 2/3 en 1969 y 3/3 en 1970. Luego, se trata de una nivelación retardada, que muchos beneficiarios, en razón de avanzada edad, no alcanzarán a percibir.
"El artículo 13 del párrafo 2º es discriminatorio y absurdo. El Gobierno pretende, quitando al personal en retiro un mes de sus reajustes, normalizar una situación que es de su exclusiva responsabilidad y que debe resolverse por los medios normales. Lo contrario significa imponer un tributo permanente absolutamente discriminatorio, ya que este sector de pensionados y montepíos será el único que no recibirá 12 meses de reajustes como todo el resto de la Administración Pública".
En consecuencia, solicitan, de las Comisiones primero y del Senado después, que rechacen de plano el proyecto.
Me he detenido en este sector ciudadano porque hemos estado plenamente de acuerdo con las disposiciones contenidas tanto en el primer proyecto como en el actual, sobre aumento de rentas a las Fuerzas Armadas y Carabineros, y deploramos que no se persista, en la iniciativa que ahora discutimos, en los rubros que favorecían al personal en retiro y a las montepiadas de esos institutos.
Posteriormente, las Comisiones recibieron a la Federación Nacional de Empleados Auxiliares Semifiscales, la que manifestó su disconformidad con el proyecto. Se recibió también a la Asociación de Empleados del Servicio de Tesorería, la que asimismo expresó discrepancias con los términos de la iniciativa y a la Asociación de Empleados de Impuestos Internos, que consideró inconveniente alzar la tasa del impuesto a la compraventa sin tener la posibilidad concreta de una buena fiscalización. Recordaron sus directores que con ocasión de la ley de reajustes de 1967, que elevó dicha tasa, de 6% a 7%, se advirtió en los primeros meses de su aplicación un rendimiento inferior al estimado, lo que sólo se pudo corregir con medidas directas de fiscalización.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Seguro Social manifestó también su inquietud y sus puntos de vista contrarios al proyecto en discusión.
La Confederación de Empleados de la Industria y del Comercio expresó que el reajuste general de 21, 9% da más a los que tienen más y menos a los que tienen menos.
La Confederación Nacional de Municipalidades recordó a las Comisiones que las leyes de reajuste despachadas en los años 1966 y 1967 no consignaron un correcto financiamiento de los gastos que significaron para los municipios, hecho que ha producido una disminución sin precedentes de los recursos municipales y hasta la paralización de obras y servicios indispensables para la comunidad. Nosotros, que hemos propugnado siempre que la célula primaria de nuestra democracia, que son las municipalidades, disponga de los recursos necesarios, tenemos que concurrir con este sector ciudadano que manifiesta su disconformidad con el proyecto de ley que estamos discutiendo.
Por su parte, la Federación Nacional de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud manifestó que no ha sido respetado en el actual proyecto de reajustes un convenio existente entre el Gobierno y esa entidad.
La Asociación Postal Telegráfica de Chile expresó que rechazaba el porcentaje de reajuste de 12, 5% ofrecido al gremio, y la idea del pago en bonos, porque significaba un pago diferido.
La Central Única de Trabajadores de Chile dijo, entre otras cosas, que ha defendido el poder adquisitivo de los trabajadores al oponerse a la política sostenida por los distintos Ministros de Hacienda en orden a que el alza de los sueldos y salarios es factor determinante del proceso inflacionario. Negó a este factor una incidencia mayor de 25%, y expresó que así lo ratificaba la opinión de los técnicos en la materia.
La Confederación de Empleados Particulares de Chile manifestó que los sueldos de los empleados particulares están reducidos a 55% de su valor adquisitivo con relación a 1956, y uno de sus representantes entregó datos de una encuesta efectuada por los empleados particulares sobre la base de los precios cotizados por las cooperativas, que demuestran, en su opinión, la verdad de las afirmaciones del presidente de ese organismo.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud dijo que no se ha concretado un compromiso en el cual participó el actual Ministro interino de Hacienda cuando era Subsecretario de esa Cartera, que estableció para los trabajadores del Servicio Nacional de Salud un tratamiento preferencial que debía quedar establecido en el proyecto de reajustes para el año 1968.
La Asociación Nacional de Empleados Semifiscales es contraria al proyecto. Sus representantes señalaron que su gremio aspira a obtener un reajuste efectivo de 21, 9%, en razón de que se considera un sector no privilegiado, que, incluso, ha ido perdiendo conquistas que había obtenido a contar de 1960 como, por ejemplo, gratificaciones, monto de la asignación familiar y sistema de trienios.
Conocemos también una información del señor Superintendente de Seguridad Social sobre la dramática situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
La Federación de Educadores de Chile precisó, por medio de su presidente, que su organización había llegado a un acuerdo con el Gobierno para realizar un proceso de mejoramiento económico del magisterio que duraría tres años y que garantizaba una recuperación de rentas a la par que una conservación del poder adquisitivo de las mismas. La ley Nº 16. 617, que dio consagración legal a ese acuerdo magisterial, determinó los niveles de renta del gremio para los años 1968 a 1970 y el procedimiento para reajustar dichas rentas en orden a conservar su valor adquisitivo. Dicha ley preceptúa que el reajuste del magisterio será el promedio que se otorgue al sector público a partir de 1968. Sin embargo, manifestó el presidente de ese gremio que se le ofrece ahora 12, 5%, que es el porcentaje previsto para los sectores privilegiados, en circunstancias de que el mensaje del proyecto de reajustes señala que el promedio para el sector público es de 25, 52%. Asimismo, la Asociación de Empleados del Registro Electoral, la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones y la Centra] Gremial de ex servidores del Estado manifestaron inquietudes sobre esta iniciativa.
Finalmente, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales expresó que los funcionarios que representa piden recuperar el poder adquisitivo perdido en 1967, mediante un reajuste de 100% del alza del costo de la vida, en dinero efectivo. No aceptan el pago en bonos, porque se trata de un reajuste y no de un aumento, y se oponen a la concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reorganizar la Administración Pública, porque podría prestarse a persecuciones. Agregó que aspiraba a una asignación familiar de igual monto que la del sector privado y que la aspiración suprema del gremio es la escala única de sueldos.
Como puede verse, señor Presidente, todos los sectores que concurrieron a las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda se mostraron disconformes con el proyecto que estamos discutiendo.
Por ser el Partido Radical, de hecho, auténtico representante de tales sectores de la ciudadanía, hemos acordado y así lo ha ordenado nuestro Comité Ejecutivo negar nuestros votos al proyecto, porque no los favorece. Como lo he dicho, no nos negamos a dar un reajuste que devuelva a los asalariados el deterioro que han sufrido sus ingresos por la política inflacionaria, pero pretendemos que el Supremo Gobierno vuelva sobre sus pasos, recapacite y acepte el interés de los parlamentarios de estas bancas por hacer justicia a esos sectores asalariados que, evidentemente, han de resultar perjudicados por el proyecto.
El señor ALLENDE (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Tarud.
El señor TARUD.- Señor Presidente, Honorable Senado:
Como es de conocimiento público, personalmente me ha correspondido un papel activo en la búsqueda de una solución que haga posible aprobar este proyecto de ley de reajustes de sueldos y salarios. Lamento que el breve tiempo de que dispongo no me permita sino una recapitulación muy somera de las razones que han determinado mi decisión en este sentido. El retiro del anterior proyecto de reajustes culminó un proceso muy tenso, que llegó a la violencia y a causar víctimas. El solo anuncio de los llamados "chiribonos" desató una resistencia gremial de tal magnitud que determinó un paro nacional, con incidentes en que hubo cinco víctimas fatales de la población trabajadora.
Desde octubre, cuando se anunciaron los "chiribonos", hasta febrero, en que el proyecto fue retirado y se vivió hasta una crisis ministerial, transcurrieron meses inquietos para la paz social del país. Cuando asumió el nuevo Ministro de Hacienda, señor Sáez, inició una política de "diálogos". En el momento en que nos entrevistamos le hice conocer mi posición resuelta en el sentido de que el Gobierno no podía aspirar a hacer aprobar un proyecto que, como el anterior, atentara al margen de las injusticias particulares sobre escalas salariales y aumentos tributarios contra normas básicas de la vida social y política chilena, lo que ocurría con las disposiciones relativas a derecho de huelga y a la introducción del principio del pago de remuneraciones en bonos. De este último sistema no son partidarios los trabajadores, por ser discriminatorio y abusivo, en particular cuando el nivel de vida se ve diariamente amenazado por la incontenida alza de los precios.
En este terreno lo he dicho antes, la Derecha ha estado pronta a recoger consignas extranjeras, como la de un diario británico que llamó a Chile "el país de las mil huelgas", olvidando que, si se quiere entrar a hacer frasecitas, es también "el país de las mil alzas" y "el país de las mil devaluaciones".
Por eso, propuse también al Ministro señor Sáez fórmulas viables de posible financiamiento para el reajuste de remuneraciones de los trabajadores y jubilados del Estado, sin establecer discriminaciones. Estas fórmulas son posibles aún dentro de la filosofía que el señor Sáez proclamó en su discurso por cadena nacional de' radio y televisión, y dejaban abierta la puerta a una aprobación rápida de la iniciativa.
Sin embargo, el proyecto finalmente presentado, después de los diálogos, retomó las ideas de la restricción del derecho de huelga y el pago en bonos esta vez, en bonos CORVI, por lo cual era inevitable prever su rechazo por los partidos populares y los trabajadores.
Breve tiempo antes hice una declaración en la cual llamaba la atención hacia el hecho de que el reajuste estaba muy retrasado y la situación se agravaba porque se iniciaba el año escolar, que ocasiona gastos extraordinarios a toda familia; y hacía un llamado a considerar el proyecto que se presentara sin intransigencias ni actitudes "ultimatistas".
Era un llamado a producir un acuerdo que hiciera posible resolver el problema de los reajustes en términos equitativos y no, como parecieron entenderlo incluso algunos representantes gremiales, a aprobar cualquier fórmula de reajustes, ni menos a alinearse en la posición del Gobierno.
Tal llamado no tuvo éxito, por lo menos en cuanto a modificar la actitud legisladora del Ejecutivo, que insistió* como ya he dicho, en la intención de restringir el derecho de huelga mediante el sistema de los bonos CORVI.
En conversaciones informales sostenidas con personeros del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, me había tomado la libertad de señalarles que el nuevo proyecto representaba una definición crucial para el país, el cual no podría exponerse a la crisis que motivaría un segundo fracaso.
Insistí en que había que conversar, negociar y concordar antes de la crisis y no en medio de ella. Sin embargo, con esta nueva iniciativa quedábamos frente a la misma situación del anterior, con el hecho agregado de que, entretanto, el costo de la vida seguía remontándose sin que los trabajadores tuvieran medios de defensa para hacerle frente.
En tales circunstancias y en virtud de que mi posición como Senador de Izquierda, aunque sin partido, me daba posibilidades de sondear la opinión gubernativa sin comprometer a ninguna colectividad, inicié conversaciones tendientes a obtener una modificación de los términos del proyecto. Y lo hice exclusivamente a título personal; animado del deseo de evitar situaciones de crisis que afectan a todo el país, pero en forma particular a los asalariados y sus familias, y convencido de que la normalidad democrática es un resultado histórico de las luchas del pueblo chileno, que, aunque imperfecto, debe ser protegido.
El resultado de esas conversaciones es conocido. Se llegó a una primera solución consistente, de manera fundamental, en el retiro del artículo 66 que implicaba una restricción del derecho de huelga. La eliminación de tal precepto tenía una consecuencia práctica muy clara: permitir a todos los trabajadores del sector privado recibir un reajuste del ciento por ciento del alza del costo de la vida en 1967, o sea 21, 9% como mínimo, al tiempo que dejaba libre su capacidad de negociación colectiva para luchar por sus derechos salariales.
Más aún, se defendía la intangibilidad de un principio: el derecho a huelga, esencial para la vida democrática del Chile de hoy.
Con respecto al sector público, el resultado de la llamada "gestión Tarud" no era, por cierto, el que yo habría deseado, en el sentido de asegurar automáticamente reajustes mayores a los sectores postergados y el respeto estricto de todos los convenios pactados con importantes sectores de servicios públicos; pero creo que ello es posible alcanzarlo mediante las enmiendas que el Parlamento pueda introducir por la vía de las indicaciones. Y esto por una razón: no sólo porque todos los partidos proclaman su deseo de hacer justicia a los trabajadores del Estado éstos son capaces de defender sus reivindicaciones por medio de una movilización activa, sino también porque, cualquiera que sea la opinión que se tenga de los problemas nacionales y sus soluciones, hay una cosa incuestionable: no se puede vivir en un ambiente de crisis creado por las demandas insatisfechas de los trabajadores, demandas que son justas con relación a las condiciones objetivas creadas por el régimen en que vivimos, y no es posible organizar ninguna acción privada o estatal por el progreso y desarrollo de Chile, contra los trabajadores. ¡Con los trabajadores, todo es posible; sin ellos, no se obtendrá nada!
Por eso, independientemente del contenido particular del articulado del proyecto, al cual objeto en gran parte, en nombre de los gremios, creo que el resultado de la gestión que inicié y que fue comprendida y apoyada por los Partidos Comunista y Social Demócrata, fue útil y positivo. En lo que a mí respecta, creo que fue una gestión cumplida con responsabilidad cívica, con celo por los intereses de los trabajadores y del país, y acogida con interés por los propios personeros gremiales con quienes he mantenido contacto ininterrumpido hasta ahora mismo.
Sin embargo, como Sus Señorías saben, no bastó tal gestión para asegurar la posible aprobación del proyecto en la Cámara Alta. Razones enteramente ajenas a mi actuación determinaron que hayamos llegado hasta hoy en un ambiente de dudas respecto de su suerte, lo cual ha vuelto a poner al país en una atmósfera de crisis.
El proyecto, en la forma como está elaborado, desde el punto de vista de los salarios, resulta aceptable, a mi juicio, porque resuelve la situación de todos los trabajadores del sector privado y arregla la de un vasto número de servidores públicos. En este momento sólo hay determinados sectores que, con justicia, reclaman un tratamiento equitativo y el cumplimiento de los compromisos con ellos pactados, como es el caso de los profesores, empleados de Correos y Telégrafos, de la Salud, etcétera.
Pero, en definitiva, hay aquí un arreglo para 90 % o más de los asalariados del país. No es una solución ideal, por cierto, pero sí bastante mejor que la consignada en el proyecto original.
En cuanto a los demás gremios que aspiran a ser mejorados, puede serlo durante la discusión particular si todos los parlamentarios que representamos a los trabajadores votamos según lo proclamamos. Y en eso deben concordar todos los partidos, incluso de la Derecha, porque el Partido Nacional tiene un departamento gremial que, entiendo, debería indicar a sus representantes cómo actuar bien en tal caso.
El señor RODRIGUEZ.- ¡No le hacen caso...!
El señor TARUD.- En consecuencia, éste es un proyecto que puede y debe ser aprobado en cuanto a la idea de legislar, y a continuación mejorado en atención a los reclamos de los gremios que sufren discriminación respecto de una justa política salarial.
Por eso, votaré favorablemente esa idea, convencido de que mi actitud es la que cabe y corresponde adoptar en defensa de los intereses gremiales.
No puedo entrar en una discusión detallada de todos los aspectos de la iniciativa; pero, como hombre de Izquierda, tengo una posición clara frente a la filosofía que ella refleja, tanto desde el punto de vista de los salarios como del financiamiento y la política que enuncia.
En la discusión particular, ciertamente, entraré al análisis en detalle que el asunto merece.
Debo sí reiterar que los trabajadores llevan esperando el reajuste casi cuatro meses, período durante el cual se ha deteriorado más su capacidad de compra. Hasta ahora, esta pausa sólo ha favorecido a los ricos, quienes tienen medios automáticos de defensa contra la inflación. Ellos se reajustan por sí solos.
Rechazar, no este proyecto, sino la sola idea de discutirlo, es un paso extremadamente serio en tales circunstancias, pues no sólo equivale a postergar las esperanzas de miles de hogares, sino a crear una situación que agravará la desconfianza popular hacia las instituciones políticas democráticas.
Se ha hablado mucho en estos días de la posibilidad de una interrupción de la legalidad. Eso me preocupa, pero no me asusta.
Nunca actuaría en un sentido determinado movido por razones derivadas de una situación creada por el riesgo o la amenaza hacia mi persona. En cambio, me preocupa intensamente la mantención del capital histórico de las luchas del pueblo chileno: el sistema republicano y democrático, no ideal, pero muy estimable, de que actualmente disfrutamos, y que transforma a Chile casi en una isla en un mar de dictaduras latinoamericanas.
Este sistema, por ejemplo, permite que hombres perseguidos puedan llegar hasta aquí en busca de refugio y asilo y ser acogidos y encaminados hacia la seguridad de sus personas e ideas, en tanto que en cualquier otro país, casi con certeza, encararían la muerte.
Ese hecho demuestra por sí solo lo importante que es aquello que hoy tenemos, y debe ser punto de partida hacia mejores metas y realizaciones colectivas.
Chile tiene su destino dentro de esa violación republicana y libertaria. Lo perderá, quizás irremisiblemente, si permitimos que el pueblo pierda su confianza y fe en tal convicción emergida de nuestra propia historia. No podemos aspirar a mejorar destrozando lo que tenemos, sino perfeccionándolo y superándolo.
Por encima de las frustraciones y desaciertos, errores y engaños, el pueblo de Chile, que se ha dado a sí mismo, no sólo las instituciones que hoy deben ser renovadas, sino los partidos y movimientos capaces de proponer y efectuar tal renovación, de los cuales espera actitudes congruentes con tal decisión histórica, observa muy bien lo que hoy se define en esta Sala.
El señor ALLENDE (Presidente).- En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, no deja de ser penoso lo relatado esta tarde por el Honorable señor Tarud, quien, poniendo lo mejor de su voluntad y buena disposición, caminó muchos días por las oficinas ministeriales y se entrevistó con el propio Presidente de la República, para llegar, diría yo, a cero.
Por eso, tenía fundamento la pregunta que ayer formulé al señor Ministro de Hacienda Su Señoría, con mutismo digno de mejor causa, no respondió, en cuanto a si el Gobierno estaba realmente dispuesto a acceder a la petición formulada por algunos señores Senadores de buena voluntad, lo que hasta ayer, parece, no ocurría.
Ahora insisto en la segunda pregunta que formulé al señor Zaldívar en aquella oportunidad, y esta vez espero tener éxito: ¿es efectivo que en el curso de las últimas horas el Ejecutivo llegó a entendimiento con el Partido Nacional para superar la votación del proyecto de reajustes en el Senado?
Si acaso así ha ocurrido, a los socialistas nos gustaría saber en qué términos cree el Gobierno que se aprobará la iniciativa en cuanto a sus líneas fundamentales.
Si el señor Ministro desea, me responde, y ojalá que no sea tan cicatero en el tiempo, como sucedió ayer.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- No seré cicatero, pero seré muy concreto para responder a Su Señoría.
Reitero que, según mi opinión, no corresponde dar cuenta aquí de mis gestiones políticas. En todo caso, advierto que lo haré al final, cuando esté todo afinado.
El señor RODRIGUEZ.- ¡Extraña respuesta de un Ministro de Hacienda: está en el epicentro de la política chilena; aquí estamos todos los sectores políticos, y Su Señoría reserva su opinión política "para el final"!
A mi juicio, esta actitud no es seria, porque, sin duda, los criterios básicos de los diversos partidos se irán conformando, aparte las posiciones anticipadas que han adoptado respecto de la actual iniciativa, de acuerdo con lo que el Gobierno sea capaz de recapacitar con relación a la idea sustentada originalmente.
En consecuencia, esperamos que el Ejecutivo afine su entendimiento con la Derecha, para que "al final" sepamos a qué atenernos.
Hemos dicho que los socialistas rechazamos este proyecto de legislación, porque al hacerlo, en el fondo, estamos impugnando la política social y económica de la actual Administración.
Concretamente, pensamos que esta iniciativa no es un proyecto de reajustes. Además, de las propias informaciones dadas en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, se desprende que en el costo total del proyecto, de 1. 278 millones de escudos, 713 millones están destinados a financiar gastos presupuestarios que, por imprevisión de este Gobierno, no fueron consignados oportunamente, al discutirse la ley de Presupuestos a fines del año pasado.
De tal modo, con la extraordinaria y gigantesca publicidad que totalitariamente emplea el actual Gobierno, se ha tratado de llevar a la opinión pública la impresión de que los conglomerados opositores a esta legislación somos contrarios a los reajustes, lo cual no es sino una mentira más del oficialismo.
Los socialistas deseamos que se otorguen reajustes, pero de una cuantía que esté en consonancia con el alza del costo de la vida, que, según índices oficiales, pero discutibles, llega a 21, 9%.
Hemos reclamado que en un proyecto sobre reajustes si quiere calificársele de tal no debieron incluirse sino disposiciones, proposiciones de ley o artículos relativos a lo que es en esencia una legislación de esta índole. Sin embargo, el Gobierno insiste en renovar, mediante la iniciativa en debate, la mayor parte de las disposiciones objetadas anteriormente. En síntesis, quiere valerse de la legislación sobre reajustes para resolver problemas de déficit fiscal y de desfinanciamiento respecto de los gastos presupuestarios del año en curso.
Cuando, en octubre de 1967, el Gobierno anunció su primer proyecto sobre estas materias, inspirado en la filosofía que dio a conocer el ex Ministro señor Molina, fuimos testigos de la forma como expresaron su repudio a dicha iniciativa las masas populares chilenas, representadas por sus sindicatos, gremios y organizaciones, como son la CUT; la ANEF, la ANES y la Confederación de Empleados Particulares de Chile. Es decir, toda la vida activa y dinámica incorporada a la producción y a los servicios fundamentales del Estado manifestó claramente su oposición.
Aparte diversos aspectos negativos, la legislación propuesta versaba sobre cuestiones propiamente monetarias, y, junto
a la idea de dar reajustes, incluía la de establecer el sistema de capitalización que el pueblo sabiamente bautizó de "chiribonos". Dicho sistema despertó, a la vez, una gran resistencia masiva, que terminó por derrotar a esa iniciativa legal. Por ese motivo, el 30 de enero de este año, el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto, que ya estaba en el Senado, ante la voluntad mayoritaria de los diversos sectores políticos que traducían las aspiraciones de amplias masas de trabajadores, obreros y empleados.
Ayer el Gobierno quiso presentar el sistema de los "chiribonos" y hoy el de los "bonos Corvi", como una originalidad financiera, dentro del contexto general de la política reformista del señor Frei. Lo cierto es que la receta no es nueva; es una vieja receta imperialista que, bajo distintos disfraces, tiende a convencer a los pobres de la necesidad de desarrollar lo que los yanquis denominan capitalismo popular. Mediante el sistema de los "chiribonos", ayer, y hoy por medio de los "chiricorvis", se pretende que los pobres, los desposeídos, los que nada o poco tienen, los que viven de rentas fijas, se obliguen a un ahorro forzoso.
Tal propósito se advierte en la política diseñada para todo el continente; está presente en la propia filosofía de la fracasada Alianza para el Progreso, primero, y en el llamado "kennedysmo reformista" y en las nuevas recetas en el fondo, son las mismas ya añejas, del Fondo Monetario Internacional.
Hemos visto que se ha tratado de instaurar en Colombia el mismo sistema de los "chiribonos" o "chiricorvis" de Chile. Allá se agita el llamado "proyecto sobre Fondo Nacional de Ahorro", presentado al Gobierno de la República de Colombia, que ha determinado una intensa movilización laboral en contra de sus postulados. El periódico "Unidad Sindical", de ese país, en una edición correspondiente a la segunda quincena de febrero de este año, expresa en primera página, a propósito de lo ocurrido en Chile y para que tomen la lección los trabajadores colombianos, lo siguiente:
"Los trabajadores y el pueblo chileno han derrotado al imperialismo y al gobierno socialcristiano en su intento de crear un Fondo de Ahorro Obligatorio. El proyecto de ley fue negado en el Senado de la República, donde la oposición es mayoritaria. La protesta permanente y valerosa de la clase obrera chilena y la acción en el Congreso de los grupos políticos de oposición, fueron los artífices del triunfo de los trabajadores de nuestro hermano país. Este es un ejemplo viviente para los trabajadores colombianos que también enfrentan a esa clase de medidas: al Fondo Nacional de Ahorro".
Los socialistas hemos afirmado que el grupo dominante en el poder, con su filosofía reformista, con el tan insistentemente llamado "fatalismo geográfico político", no ha inventado ninguna novedad. En el hecho, se atiene obedientemente a un mandato externo que le ordena aplicar semejantes recetas que castigan a las masas trabajadoras, con el fin de contar, por supuesto, con la benevolencia del imperialismo y de sus organismos financieros.
Pero la clase obrera chilena derrotó la política de los "chiribonos" y obligó al Ejecutivo a retirar el proyecto anterior, i Claro que, en el camino, se derramó sangre proletaria! Las calles de Santiago se mancharon de sangre obrera durante la represión de noviembre pasado.
Aquí tenemos algunos exponentes de la política gubernamental de la mano dura, que se esmeran en sembrar amenazas, en quebrantar lo que ellos mismos dicen defender: el orden constituido, o de amenazar periódicamente a las instituciones republicanas de esta sociedad burguesa. Y no falta algún Diputado cuando no un ex abrupto presidencial que endilgue sus iras contra el Senado y amenace disolverlo. Ellos dicen que. si no se aprueba esta legislación, se dictará un decreto de insistencia, por lo menos respecto de las Fuerzas Armadas y de una parte del sector público. Y entonces surgen las amenazas de estos curiosos defensores de las libertades, de la democracia y de la institucionalidad. Y surgen permanentemente las presiones y las amenazas para romper su propio orden, porque cuando el sistema imperante en esta sociedad burguesa no les sirve, estos mismos burgueses lo rompen o tratan de romperlo. No emplean el mismo lenguaje ni se guían por la misma correcta intención cuando los socialistas, cuando los hombres de pensamiento revolucionario, estamos significando las lacras de una sociedad decadente, corroída en sus viejas estructuras, que necesita perentoriamente profundos y tajantes cambios para ubicarse en la vía contemporánea.
Pues bien, cuando todo hacía pensar que por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo se había derrotado la política congelatoria puesta al servicio del Fondo Monetario Internacional, sobreviene un cambio de Ministros. Llega el señor Raúl Sáez y nos encontramos, al poco tiempo, con que el Gobierno ofrece un proyecto de reajustes que obedece a la misma filosofía, insiste en los mismos rubros negativos y reitera, con porfía, la intención de hacer ahorrar a los pobres, por medio del sistema de bonos CORVI. Y hay que decirlo el proyecto tiene aún alcances más regresivos, más antipatriotas, más injustos que el articulado de que fue autor el ex Ministro señor Molina. Se han encargado de demostrarlo de modo fehaciente los propios gremios afectados.
La extensa nómina leída por el Honorable señor Aguirre Doolan, que es real, refleja lo ocurrido en las Comisiones unidas. Yo diría, luego de escuchar a los representantes de decenas de gremios que nos relataron sus angustias y sus miserias v nos dieron a conocer el nivel degradante de sus módicas entradas, que queda un sabor amargo en la boca, porque vemos el drama de los chilenos, de la clase obrera, del sector apreciable de los empleados, tanto particular como públicos, que esconden ficticiamente su miseria, pues a veces deben ponerse corbata, obligados por los prejuicios o las exigencias sociales o administrativas.
Impresiona ver cómo, en el caso de los empleados particulares, por ejemplo, el grueso de ellos gana apenas un sueldo vital, y que las dos terceras partes de ese importante sector de asalariados no alcanzan a tener remuneraciones superiores a los dos sueldos vitales.
Entonces, quedó en evidencia en las Comisiones unidas, descorrido el velo de las hipocresías colectivas o convencionales, cuál es el verdadero drama de Chile, materializado en el reclamo de los trabajadores que terminaron por pedirnos no legislar sobre la materia que nos ocupa, pues rechazan categóricamente el reajuste de 12, 5%, repudian de modo enérgico los bonos CORVI y se oponen al financiamiento del proyecto sobre la base de aumentar la tasa del impuesto a las compraventas, tributo que en sólo dos años de 1965 a 1967 ha incrementado su rendimiento en dos mil millones de escudos. Vale decir, el tremendo peso que ese guarismo representa se ha descargado inmisericorde sobre las espaldas de los consumidores, en circunstancias de que no es ése sino uno de los gravámenes que pesan sobre la clase trabajadora.
El impuesto a las compraventas fue establecido a instancias de los asesores norteamericanos con el carácter de transitorio, por el período de un año solamente, a fin de afrontar una situación de emergencia. Pero en el hecho quedó como una carga fija entre las demás disposiciones tributarias, y lo que es peor ha ido aumentando en extensión y tasas.
Con todo, el actual Gobierno, impulsor, según se autocalifica, de la justicia tributaria, aumentó el impuesto referido, de 6%, a 7%, durante el pasado año; y ahora, persistiendo en su propósito regresivo, desea incrementarlo aún más, elevándolo a 8%. Es decir, en escasos dos años aumentaría dicho gravamen en 2%, lo cual implicaría, sin duda, que los aparentes reajustes serían en la práctica mucho menores que los otorgados literalmente por la ley.
Por eso, hemos dicho que dar luz verde a este proyecto en la Cámara de Diputados, es abrir paso a todo el contenido regresivo de la iniciativa, que empieza por congelar las remuneraciones de una tercera parte de la Administración Pública, ya que 130. 000 ó 140. 000 funcionarios tendrían reajustes de sólo 12, 5%. Por otra parte, significa castigar a 300. 000 pobres y ancianos pensionados del Servicio de Seguro Social, cuyas modestas pensiones, de 120, 130, 150 ó 170 escudos, a lo más, se verían rebajadas en 7% con relación al monto a que podrían alcanzar si se aplicara el mecanismo de reajustes establecido en la ley Nº 10. 383.
Para no extenderme demasiado, deseo que en la parte pertinente de mi intervención se reproduzca solamente la página del informe de las Comisiones unidas donde figuran estos antecedentes, relativos a los derechos de los pensionados y a la forma como quedan de maltratados. Porque, en definitiva, 300 mil ancianos que gozan de miserables pensiones son castigados con este mecanismo del proyecto.
El señor ALLENDE (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para insertar el documento a que ha, hecho referencia el señor Senador.
Acordado.
El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:

"Pensiones mínimas vigentes:
Pensión de invalidez y vejez 				Eº 172,99
Pensión de viudez						101,72
Pensión de orfandad (por cada huérfano)			25,95

Si se aplicara el sistema de reajustes de la ley Nº 10. 383 (37% para 1968 como ya se explicó), los montos serían:

Pensión de invalidez y vejez					Eº 237,00
Pensión de viudez						139,44
Pensión de orfandad						35,56

Si se aplicara el 30% de reajuste aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en el artículo 111, serían los que siguen:

Pensión de invalidez y vejez					Eº 224 89
Pensión de viudez						132,31
Pensión de orfandad						33,74

Por último, si se aplicara la norma contenida en el artículo 110 del proyecto, las •cifras serían:

Pensión de invalidez y vejez					Eº 105, 44
Pensión de viudez						62, 03
Pensión de orfandad						15, 82"

El señor RODRIGUEZ.- Además, no podemos aprobar este proyecto porque el Gobierno ha faltado gravemente a serios compromisos con sectores importantes de vastos sectores sociales.
Con el Honorable señor Baltra estuve en la asamblea de profesores celebrada en el teatro Normandie, en donde se apreciaba el fervor combatiente del magisterio. Concretamente, los profesores nos pidieron con vehemencia no legislar sobre la materia, salvo que el Gobierno se allane a respetar las bases de la llamada "acta magisterial", expresión final del serio conflicto reivindicativo que dichos profesionales tuvieron hace algún tiempo. Entiendo en que son entre 45 mil y 50 mil los maestros afectados.
Lo mismo ocurre con el personal de Correos y Telégrafos, que en número de 10 mil también suscribieron un convenio, en el cual estaba expresado el compromiso de Ministros, Subsecretarios e, incluso porque tenía que sancionar dichos acuerdos, el propio Presidente de la República.
Por su parte, también al gremio de la Salud se le han desconocido los acuerdos suscritos con el Gobierno después de un grave conflicto. Se trata de un servicio postergado que agrupa más o menos a 55 mil modestos funcionarios que tienen participación decisiva en la defensa de la salud de nuestro pueblo.
Es decir, 45 mil profesores, 10 mil funcionarios de Correos y Telégrafos y 55 mil empleados del Servicio Nacional de Salud constituyen una masa de más o menos 110 mil a 120 mil funcionarios comprometidos por la violación de sus convenios.
Este hecho es serio, pues se trata de servicios postergados respecto de los cuales el Gobierno comprendió la necesidad de otorgarles un reajuste superior al promedio que se ciaría al sector público en general.
Apena también tal situación, porque no es nuestro propósito ubicarnos en una posición cómoda y buscar porque sí el fracaso del Gobierno. El hecho central es que nosotros propusimos un mecanismo sugerido ya en el impuesto patrimonial que gravase la mayor entrada del cobre derivada de su alto precio en el mercado internacional. Pero todos nuestros intentos, como también los de los Partidos Comunista y Radical, de Diputados de la propia Democracia Cristiana y, en especial, del sector rebelde y de la juventud de esta colectividad, tendientes a obtener de la gran minería yanqui del cobre una modesta tajada para reincorporarla al patrimonio nacional y financiar los reajustes, han sido rechazados sistemáticamente por el Gobierno.
Para el Ejecutivo, el interés yanqui de la gran minería del cobre es tabú, y nada se puede hacer. Hemos probado que, aun sin lesionar los llamados convenios del cobre, que para nosotros no son un elemento tabú en el momento oportuno, con sentido histórico vamos a reivindicar para Chile el patrimonio total del cobre mediante una sana política nacionalizadora, podríamos haber contribuido a financiar el proyecto con las entradas provenientes del mayor precio del metal. Así quedó claramente establecido en las Comisiones Unidas. Según datos proporcionados por los colegas que han intervenido en esta materia, los ingresos provenientes del cobre han sido siempre muy superiores a los previstos por el Gobierno en sus cálculos presupuestarios. Así sucedió el año pasado, por ejemplo, cuando el valor de la libra se calculó a 42 centavos. Sin duda, ese sobreprecio permitiría financiar los reajustes.
Creo que lo fundamental ya se ha dicho. No vale la pena malgastar más tiempo en una empresa ya comprometida por el Gobierno, la cual no tendrá variantes esenciales.
La tributación del cobre propuesta por nosotros, la aspiración de los gremios de no ser maltratados, las gestiones de buena fe de algunos colegas, todo se ha venido al suelo para que prospere en definitiva sólo un acuerdo básico según se desprende de las informaciones de prensa y los comentarios de pasillos, que no sabemos en qué consiste, entre el Gobierno y la ultrarreacción chilena.
El señor TARUD.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
Su Señoría sabe la estimación que le tengo y el respeto que me merecen sus ideas políticas y el partido en que milita; pero no quisiera dejar flotando en la Sala una apreciación que, en gran parte, me parece injusta en cuanto a que mi gestión habría llegado a cero.
Respeto su opinión, pero estimo, apreciado colega, que no es llegar a cero, haber conseguido después de los desvelos, sacrificios y arduas tareas que me ha tocado enfrentar, dejar a salvo la intangibilidad del derecho de huelga, materia consignada en el artículo 66 del proyecto. Como siempre lo ha estimado la Izquierda, éste es un derecho sagrado de los trabajadores, y no ha sido un regalo del cielo: ha costado muchas masacres y muchas vidas. Desde el punto de vista de la filosofía del proyecto, mis gestiones estaban encaminadas ante todo a eliminar ese atentado. Por lo tanto, creo que con eso el cero puede transformarse en mejor nota.
En seguida, estimo que las gestiones estuvieron muy bien encaminadas para eliminar, de una vez por todas, los "chiricorvis", que constituyen un funesto precedente para la clase trabajadora, pues en virtud de ellos se les pagaría en bonos y no en dinero. En realidad, casi se llegó a acuerdo; se avanzó en ese sentido, como también se progresó en posibles arreglos con algunos sectores que habían suscrito convenios no cumplidos en su integridad.
Por estas consideraciones, estimado colega y amigo, considero injusta la apreciación de que mi gestión llegó a cero, cuando en realidad...
El señor RODRIGUEZ.- No la he calificado en esa forma.
El señor TARUD.- ... mi propósito no fue sino el de que el reajuste llegue a la brevedad a los trabajadores chilenos, pues he podido comprobar que hay clamor porque esa compensación se otorgue lo antes posible.
El señor RODRIGUEZ.- O Su Señoría me ha interpretado mal o no me he expresado en forma precisa.
No condené su gestión; al contrario, la alabo y aplaudo por las demostraciones de buena voluntad que puso en ella. Dije que llegó a cero, porque, es evidente y Su Señoría lo sabe que el Gobierno terminó por entenderse con la Reacción, con la Derecha. De manera que el balance es penoso, no por culpa del Honorable señor Tarud, sino por la burda tramitación que se hizo de sus gestiones por parte del Ministro y del Gobierno. Por lo tanto, para tranquilidad del señor Senador, dejo salvada su responsabilidad. No he querido poner un cero a su gestión, sino a la tramitación de los buenos propósitos que quería lograr.
Resulta penoso que el Gobierno de la revolución en libertad, en un problema de tanta trascendencia, como es el reajuste, en una política social y laboral para los trabajadores, se haya unido a los personeros del llamado Partido Nacional, a la ultraderecha chilena, la cual, por supuesto, no se ha caracterizado en nuestra historia por defender al movimiento obrero y a los trabajadores.
¡Triste epílogo para una nueva gestión del Gobierno del señor Frei! Este es el sino que marca la trayectoria del Gobierno: una política, en el fondo reaccionaria, antisocial y sometida al imperialismo, por medio de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional, como quedó claramente evidenciado en las Comisiones unidas y en la intervención del Honorable señor Bossay.
Termino expresando que ahora, con mayor fundamento que nunca y apoyado en una parte importante, madura y consciente del movimiento obrero chileno, y respaldado por el grueso del sector público, diremos que no a la idea de legislar.
El resto del tiempo se lo cedo al señor Presidente de la Corporación.
El señor ALLENDE (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Teitelboim.
El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente, a escasas horas del comienzo de la votación, no se sabe aún a ciencia cierta cuál es el resultado que va a decidir la suerte del proyecto de reajustes.
Se ha creado un ambiente de suspenso, un clima de incertidumbre y de rumores que, como sucedió con los convenios del cobre, dejó la resolución entregada a un acuerdo de último minuto. Así lo acaba de ratificar el señor Ministro de Hacienda en la Sala.
A los comunistas, ésta no nos parece la mejor forma de legislar ni la actitud más seria de proceder en asuntos de magnitud nacional, porque, como lo expresó ayer el Secretario General de nuestro partido, Senador Luis Corvalán, el Gobierno y, sobre todo, el Presidente de la República deben mandar en lo posible al Congreso proyectos de tanta importancia cuando tienen la evidencia de una aprobación, aunque para ello sea necesario una consulta previa, de modo de adecuar su texto a la seguridad absoluta de que el Parlamento habrá de decidir positivamente.
La divisa primordial: defensa de los trabajadores.
Más allá del juego político, fieles a nuestra responsabilidad de siempre, en hora oportuna nuestro partido estudió el proyecto en debate, que primitivamente no era de reajuste, pues contenía muchas disposiciones extrañas, en especial, una que hacía vano y sin sentido el derecho de huelga, conquista fundamental de la clase obrera, sagrado para nosotros. Otra que instituía un fondo de capitalización forzoso que, junto con obligar a ahorrar a quienes nada tienen, establecía un pago parcial, no en dinero, sino en papeles nominales, de dudoso respaldos e inútil o incierto destino, que, por cierto, no ayudan a comer. La actitud de nuestro partido fue por entero contraria, y la oposición del pueblo, grande. Hubo un paro nacional de envergadura extraordinaria. El proyecto naufragó y con él se fue a pique un Ministro, el señor Sergio Molina, demasiado adicto a las decisiones del Fondo Monetario Internacional y a los esquemas obsoletos de una economía política que, en materia de inflación, no ve otros culpables que los pobres.
Su sucesor, precedido de resonante fanfarria de propaganda, uno de los supersabios de la Alianza para el Progreso, no hizo otra cosa que empeorar el proyecto: mantuvo sus disposiciones más regresivas, amenazó gravemente los derechos más elementales de los trabajadores y se propuso disminuir los fondos para la reforma agraria.
Episodios significativos.
El señor Sáez sostuvo conversaciones con diversos partidos, incluso el nuestro, porque nosotros no tenemos miedo de conversar con nadie, ya que nuestros principios son tan firmes y sólidos, que podemos mantenerlos ante cualquiera. Y fue un diálogo entre sordos, porque él contó su película, escuchó con aparente deferencia al interlocutor, le entraron sus palabras por un oído y le salieron por el otro, y no aprovechó nada de ese diálogo. O sea, fue un soliloquio, un monólogo de un Ministro que tenía ya su definición absolutamente cerrada e intransigente.
Su gloria era el artículo 66, establecer el ahorro obligatorio y suprimir el derecho de huelga y en el hecho fue el símbolo lo más reconcentrado de la ofensiva contra los trabajadores. Pero este artículo fue derrotado por la lucha del pueblo, y a ello contribuimos decididamente. Y también el Partido Comunista contribuyó, como lo ha reconocido toda la prensa de Chile y del exterior que se ha preocupado de este asunto, a que renunciara el reaccionario Ministro Sáez.
Y así, en virtud de ello, la iniciativa en referencia pasó a ser fundamentalmente un proyecto de reajuste, profundamente defectuoso, como todas las legislaciones similares que se han propuesto en nuestro país, sobre todo aquellas que pretenden compensar en menos del alza del costo de la vida la pérdida en las remuneraciones de los trabajadores.
Un paso previo indispensable.
Atentos a la necesidad material, viva, cotidiana de los asalariados de contar con alguna compensación del despojo, como punto de partida en su combate, siempre en este Congreso se han aprobado en general las ideas de legislar sobre la materia. Nunca hemos rechazado la idea de legislar, y el pueblo lo ha comprendido. Sin embargo, jamás esa decisión nos ha amarrado para que luchemos en la discusión particular que no es posible si no hay aprobación en general a fin de derribar todos los artículos regresivos de que están cuajados tanto este proyecto de reajuste como los del pasado. Esa es nuestra posición.
Por eso, el Partido Comunista anunció que votaría en el Senado como lo ha hecho siempre en el Parlamento: a favor de la idea de que la gente tenga un reajuste, porque lo otro significa hacer el negocio y el caldo gordo de los dos patrones de este país. Si no hay ley, en el sector privado ganan los empresarios, los fabricantes, los capitalistas particulares, porque no están obligados por ley a entregar ningún reajuste, ¡y nosotros no estamos dispuestos a ser cómplices de los capitalistas avarientos! Y el otro que gana es el patrón número dos, o el patrón número uno de este país: el Estado, el Fisco, que se pone duro con los trabajadores del sector público y es tan generoso con las compañías del cobre; porque sin reajuste del sector público, naturalmente, se le alivian los problemas fiscales, aunque todos los hogares proletarios y los de los empleados de la Administración Pública tengan que sufrir hambre y penuria mucho mayores.
Votaremos todas las indicaciones favorables al pueblo.
Por esa razón hemos votado en general este proyecto; por esa causa vamos a luchar denodadamente, si se aprueba la idea de legislar, por eliminar sus vicios y las injusticias que son muchas contra respetados, amplios y poderosos sectores de nuestra vida nacional: los trabajadores del sector público. Votamos en general, porque el rechazo de la idea de legislar en el Senado podría significar que no hubiera ningún tipo de reajuste.
Aquellos que piensan que el Partido Comunista necesariamente va a sacar las castañas del fuego con la mano del gato en la Cámara de Diputados, aportando sus votos para completar los dos tercios necesarios para la insistencia, están sobregirados en la apreciación de nuestros compromisos. Porque no hemos contraído otro compromiso ante el país, ante los obreros, ante los empleados, ante los trabajadores, ante el pueblo, y no ante el Gobierno que aprobar la idea de legislar en el Senado, para hacer posible la discusión particular y para que la gente tenga algún reajuste. Y creemos también que lo decisivo no es el Parlamento en último término, sino la lucha del pueblo, ya que hemos echado abajo, con todos los trabajadores y los elementos de avanzada de este país, la prohibición virtual del derecho de huelga, y ello permitirá a los asalariados, mediante su propio combate, mejorar las condiciones que se obtengan con este reajuste, que, por cierto, es del todo insuficiente.
Nos parece que en el fondo de las múltiples organizaciones sindicales y gremiales existe la comprensión profunda de que no se puede rechazar el reajuste para hacer más ricos a los patrones y ahorrar problemas fiscales al Estado, a costa de la mayor pobreza de los trabajadores. Lo sabemos porque hemos recibido centenares de indicaciones creo que las han recibido todos los Senadores de parte de muchos dirigentes sindicales y otros organismos, para la discusión particular y, repito, no habrá discusión particular si no hay aprobación previa y general; porque la gente tiene que comer y vivir y porque los trabajadores, con su lucha» mejorarán estas condiciones, que son dramáticas para un pueblo que vive en un régimen capitalista.
Lo obtenido por la acción organizada.
Pensamos que era necesario defender al millón 550 mil trabajadores del sector privado que no tienen convenio colectivo, fallo arbitral o acta de avenimiento. Ellos no habrían obtenido, sin nuestra intervención y nuestro combate, un reajuste general mínimo de 21, 9% desde el 1º de enero respecto de los sueldos y salarios vigentes al 31 de diciembre. También, para los trabajadores de la construcción hemos conseguido el restablecimiento del tarifado que rigió en 1966, con 40% de reajuste. Y para los de los sectores público y privado que no tienen asignación familiar de reparto, se ha logrado, mediante la lucha general nosotros dentro, 21, 9% de reajuste de las asignaciones familiares, desde el 1° de enero.
También queremos legislar para que las Fuerzas Armadas y Carabineros obtengan el mejoramiento que les fija el proyecto; y los médicos, los términos de aumento convenidos con ellos...
El señor ALLENDE (Presidente).- Señor Senador, lamentablemente ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor TEITELBOIM.- Pediría que algún Comité tuviera la gentileza de darme algunos minutos.
El señor PABLO.- El Comité Demócrata Cristiano le cede cinco minutos.
El señor ALLENDE (Presidente).- En el tiempo cedido, puede continuar Su Señoría en el uso de la palabra.
El señor TEITELBOIM.- Consideramos ignominioso que el Gobierno proponga un reajuste en dinero de sólo 12, 5% para un tercio de los servidores públicos, a pesar de que las propias cifras oficiales aprecian en 21, 9% el aumento de los precios al consumidor y de tratarse de cálculos castigados.
Condenamos como injusto y abusivo el hecho de que en el proyecto figuren con este reajuste irrisorio los maestros, Correos y Telégrafos, los trabajadores de la Salud, los pensionados del Servicio de Seguro Social, etcétera. Como siempre lo hemos hecho, los comunistas lucharemos para que haya la mínima justicia retributiva que merecen.
¿No hay dinero?
"No hay dinero", ha contestado el Gobierno. Sin embargo, nuestro partido, en varias conversaciones con diversos Ministros, ha concretado verbal y documentadamente financiamientos estudiados con rigor científico, pero que involucran, eso sí, como lo dijo Luis Corvalán, un cambio de política general y de orientación financiera que, en esencia, significa buscar recursos donde los hay y no donde no existen ni para hacer cantar a un ciego, tratando de hacer pagar todos los problemas fiscales del erario precisamente al trabajador, al pobre de santidad.
El culpable de la inflación no es el pueblo, no es Juan Verdejo. Es una colosal mentira que los salarios reajustados en conformidad al alza del costo de la vida o en una proporción superior sean la causa fundamental del proceso inflacionario. Eso lo han dicho aquí muchas veces varios parlamentarios de las bancas de Gobierno, pero tal afirmación ha merecido respuestas diversas de Senadores de todos los partidos.
Inflación y remuneraciones.
Quiero volver a decir algo que ya se ha recordado. El propio Instituto de Economía, presidido entonces por el Ministro de Hacienda que fue don Sergio Molina, en su estudio "La Economía de Chile en el Período 19501953", señala los siguientes datos, que destruyen por entero esa teoría falaz y regresiva: en 1949 hubo en Chile una inflación de 20, 6% y al final del año, se dio un reajuste de 25%, o sea superior en 4, 5 % al aumento del costo de la vida. Y bien, ¿qué pasó al año siguiente? ¿La inflación se desató, se volvió loca? No, bajó a 16, 76%. Posteriormente, en 1951, el reajuste otorgado fue de 30%, y en el año siguiente la inflación bajó a 12, 1%. En 1954, la inflación fue de 71% y se otorgó un reajuste de sólo 58%?. Entonces la inflación subió a 84%. O sea, dándose un reajuste menor al alza del costo de la vida, el ritmo inflacionario fue mayor.
La teoría en comentario es anticuada, completamente fracasada; es una teoría inventada por los ladrones de levita, por las grandes compañías del cobre, por los usurpadores del salitre, por aquellos que inventaron, hace ya un siglo, en Chile este negocio supremo de la inflación, que ha consistido en robar los salarios a la gente para aprovecharlos ellos y en decir des, pues: "Ustedes son los culpables, los pobres, gastan demasiado en medio de su miseria".
El señor AYLWIN.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor TEITELBOIM.- Con cargo a su tiempo, con mucho gusto, señor Senador.
El señor AYLWIN.- En mis observaciones de la tarde de ayer, hice presente que nosotros participábamos de la idea de que los reajustes iguales o superiores al alza del costo de la vida no son por sí solos causa de la inflación. Y señalé como prueba de ese aserto el hecho de que en los dos primeros años de este Gobierno se dieron reajuste superiores al alza del costo de la vida y, sin embargo, se logró, en los años 1964 y 1966, disminuir el ritmo de la inflación. Pero al tercer año, durante el cual aplicamos la misma receta de conceder reajustes superiores al alza del costo de la vida, se produce el fenómeno de que la inflación empieza nuevamente a subir. Y ello, según hice presente en mis observaciones de ayer, se debió al hecho de que el mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores por la mejor distribución del ingreso había alcanzado a 40 por ciento, en circunstancias de que el aumento del producto nacional sólo había sido de un poco más de 15 ó 20 por ciento, tomando en cuenta el mayor precio del cobre; que, por consiguiente, se había producido incompatibilidad entre un aumento muy grande del poder de compra de los trabajadores y un menor crecimiento de la producción nacional.
Pues bien, frente a este hecho, nosotros hemos planteado que al cabo de tres años consecutivos de reajustes superiores al alza del costo de la vida, puede ser necesario y es preciso en este instante un reajuste inferior al dicho índice. Y sobre esta materia yo había querido obtener alguna respuesta de parte de quienes sostienen la tesis contraria. Por eso me gustaría conocer alguna opinión en torno de este punto concreto, de parte de Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Las cifras que yo leí...
El señor AYLWIN.- Son exactas.
El señor TEITELBOIM.- ... son exactas y claras. Están avaladas por el señor Molina cuando presidía el Instituto de Economía.
El señor AYLWIN.- Las que yo di también son exactas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- - Ruego a los señores Senadores no entablar diálogos.
Honorable señor Teitelboim, el señor Secretario me informa que ha terminado su tiempo.
El señor AYLWIN.- Yo le concedo tres minutos, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- - Puede disponer de tres minutos más Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Nosotros insistimos creo que esta materia la explicó en la mañana con mucha profundidad y en forma muy clara el Honorable señor Baltra en su discurso, aunque lamentablemente, según me parece, el Honorable señor Aylwin no estaba presente en que la teoría de que la incidencia esencial en la inflación radica en las alzas de salarios es vetusta y cancelada por la ciencia económica. A ello se refirió el señor Senador cuando habló de la teoría estructuralista y de la monetarista.
A nuestro juicio este pensamiento lo expresó también ayer el Secretario General del Partido Comunista, el hecho de que la gente gane menos significa contracción de su poder de compra y disminución de la producción nacional, con todas sus secuelas de cesantía y de crisis. Y es un hecho elemental.
Creo que este problema nos seguirá interesando más adelante, pero como apenas dispongo de un par de minutos, deseo terminar mis observaciones.
El Dios Juno Jano.
Señor Presidente, en esta materia, nuestra idea es poner el acento en la redistribución del ingreso, o sea que paguen los que tienen y no los que no tienen.
Creemos ante todo en el pueblo, y nosotros estamos apoyando las reivindicaciones de los gremios. Nuestro no más rotundo será para las disposiciones lesivas, trataremos de corregir todas las injusticias. Queda claro: hacemos nuestras las reivindicaciones de la ANEF, de la ANES, de los profesores, de los funcionarios de las universidades, de los trabajadores de la Salud, de los ferroviarios, del personal de la ETC. y de la LAN, de los empleados y obreros municipales, de los pensionados del Servicio de Seguro Social. Estamos contra todo reajuste inferior al alza del costo de la vida. Creemos que ha habido falta de decisión de parte del Gobierno, quien, como el dios Jano, que es también diosa Juno, mira a la derecha y a la izquierda sin resolverse. Nosotros creemos, sí, en la decisión de la lucha del pueblo, codo a codo, en el seno del movimiento de los trabajadores que realizaron el gran paro del 23 de noviembre y también el reciente del sector público. Las demandas son justas y los comunistas las apoyamos con todas nuestras fuerzas.
El señor ALLENDE.- Señor Presidente, señores Senadores:
Entro a este debate con pena, con profunda y honda amargura.
Hace cinco meses que el país vive la preocupación de un reajuste, y esto que sucede ahora ocurre todos los años. Periódicamente se convulsiona Chile en los más vastos sectores, porque la gente, que no tiene la culpa de la conducción económica del país, siente el azote de la inflación, la merma del poder adquisitivo de sus sueldos y salarios, y lucha y pugna por reconquistar siquiera ese poder adquisitivo que anualmente pierde.
El Honorable señor Bossay estaba en lo justo al expresar la idea, en la cual coincidimos durante un foro habido en Valparaíso pienso que juntos, si se aprueba el proyecto, formularemos la indicación pertinente, de establecer el reajuste automático anual con lo cual se evitará al país este hecho increíble y que refleja en la forma más elocuente cómo está de desquiciada una economía y lo injusto que es el régimen capitalista.
Sí, a un reajuste justo; sin contrabandos.
Deseo ratificar lo que dijo elocuente y claramente nuestro Honorable colega el Secretario General del Partido Socialista: somos y seremos siempre partidarios, mientras no haya una solución como la que he planteado en la indicación mencionada, de otorgar reajustes justos. Por eso, estas bancas formularon indicación para desglosar, a fin de incorporarla al proyecto sobre prórroga del impuesto patrimonial, la disposición que daba la posibilidad de otorgar un anticipo y que el Ejecutivo vetó. También fue aprobado en esta Corporación el precepto que permitía al Gobierno disponer de mayores ingresos sobre la base de aprovechar el sobreprecio del cobre, que ha alcanzado índices increíblemente altos. La Cámara de Diputados rechazó esa iniciativa del Senado.
Por eso, señores Senadores, nosotros tenemos absoluta tranquilidad de conciencia. Y si vamos a votar en contra de la idea de legislar, es porque estimamos casi seguro, dada la correlación de fuerzas políticas entre el Senado y la Cámara de Diputados, que, en caso de aprobarse, el proyecto será despachado tal como quiere el Ejecutivo, con todas las lacras de injusticias que trae. Ello podrá conseguirlo el Gobierno mediante las insistencias ele la Cámara y el veto del señor Presidente de la República. Además, al rechazar la idea de legislar, quedarían desechadas todas aquellas disposiciones incorporadas por el Ejecutivo que no corresponden propiamente a un proyecto de reajustes y que convierten a esta iniciativa en una especie de ley económica destinada a salvar los déficit que presumiblemente tiene la caja fiscal.
La hacienda pública, una incógnita.
Digo que entro a este debate con pena y con inquietud, porque han caído dos Ministros de Hacienda y ha asumido ese cargo un tercero, cuya ausencia deploro y por quien tengo especiales consideraciones de tipo personal, pero que ha adoptado la misma actitud, por lo menos, del señor Sáez.
¿Qué sabe el Senado, qué sabe el país de la realidad de la hacienda pública? ¿Podemos nosotros decir, sin temor a equivocarnos, cuál es el déficit exacto de la caja fiscal? ¿Sabe algún señor Senador, con absoluta precisión, en cuánto ha aumentado o disminuido el crédito externo comprometido mediante distintos empréstitos obtenidos por este Gobierno, a los cuales hay que sumar el arrastre de administraciones anteriores? ¿Sabemos con exactitud cuál es la realidad de la balanza de pagos, y si éste es favorable, tiene o no tiene alta significación el déficit fiscal? No lo sabemos.
Considero inconcebible, inadmisible, increíble, que antes de entrar a un debate de esta naturaleza no hayan conocido el Senado y el país la radiografía exacta y precisa de nuestra realidad económica y financiera.
Señores Senadores, ¡han pasado cinco meses! Y en el transcurso de estos largos meses, angustias, sufrimientos, inquietudes, temor, represalias, cárcel y sangre. ¿Por qué? Por un proyecto que tiene una pequenez infinita frente a las proyecciones del desarrollo de un país, a pesar de su importancia dramática y extraordinaria ante la angustiosa situación de quienes viven diariamente entre el hambre y la miseria y la satisfacción mínima de las necesidades vitales.
No puede ahorrarse la miseria.
Cuando oigo decir en este recinto que es indispensable ahorrar para capitalizar y no se hacen distingos entre a quienes se va a imponer ese ahorro, recuerdo las cifras brutales que tengo derecho a exponer hoy, porque las usé ayer, cuando era Ministro de Salud Pública de un Gobierno popular y escribí un libro: "La Realidad Médico-Social Chilena". Debo decirles, señores Senadores, que, en esencia, a pesar del esfuerzo y el progreso aparente o real que hemos alcanzado en algunos aspectos de la vida nacional, la densidad profunda en lo humano de esas cifras tiene vigencia.
En Chile, más del 60% de la población está subalimentada. Así lo señalan estudios realizados por técnicos especialistas de todos los sectores. Del mismo modo, en nuestro país no se construye ni siquiera para satisfacer la demanda del aumento vegetativo de la población. Y ello no es culpa tan sólo del Gobierno del señor Frei. Ninguna Administración, hasta ahora, en la historia del país ¡ninguna!, ha construido siquiera con un ritmo que permita absorber ese crecimiento. El déficit habitacional, como una bola de nieve, se acrecienta año tras año. Ha sido un pariente directo de un ex Ministro del actual Gobierno quien publicó en el diario "La Nación", hace poco tiempo, un artículo en el cual señala que, de no tomar ahora las medidas pertinentes, llegará un momento en que, aun cuando se ponga toda la economía nacional al servicio de la construcción, no habrá recursos suficientes para encarar ese déficit.
Las tribunas y galerías de la Corporación han estado pletóricas, a veces, de estudiantes que reclaman lo más elemental, lo increíble: el alimento espiritual e intelectual para ser eficientes servidores de su patria y de la sociedad. La universidad deja al 50% de los jóvenes al margen de la posibilidad de adquirir un título profesional. Se han aumentado no lo niego las matrículas en los cursos de la educación primaria; pero todavía queda un alto porcentaje de niños que ni siquiera pueden aprender a leer y escribir, y la pirámide de la incultura señala y marca brutalmente una realidad económico _ social que llega mucho más allá del Gobierno del señor Frei, que es la esencia del sistema combatido por nosotros.
Es natural preocuparse del problema del reajuste; pero no puede un país vivir al margen de lo que ocurre en el mundo en estos instantes, ni ignorar lo que sucede en América Latina, pues ese acontecer también nos afecta. Si se derrota al imperialismo como será derrotado en Vietnam, descenso tremendo del precio del cobre e interrogante para los ingresos fiscales de Chile. Si el afán imperialista continúa y se reanudan los bombardeos y se aumenta la escalada, estaremos al borde de una guerra mundial, que también repercutiría en la economía de un país como el nuestro. Si el dólar cruje, aumenta el valor del oro, y si no resultan las medidas adoptadas por las naciones dependientes, sufriremos las consecuencias.
Soluciones que requieren nuevos caminos.
El fondo del problema es otro. No es esta Administración, el Gobierno del señor Frei, la que puede solucionar mediante los viejos caminos comprometidos del capitalismo, las dificultades por que atraviesa el país. Por eso hemos mirado con respeto e interés a aquellos jóvenes democratacristianos que planteaban una solución no capitalista para el drama de nuestra existencia.
Algún señor Senador, con todo derecho, podría pensar: "Ah, el señor Allende es teórico; también lo es el Partido Socialista: siempre culpan al imperialismo".
Para demostrar lo contrario, pido que se inserten, los párrafos pertinentes de un folleto titulado "Punta del Este. La nueva estrategia del imperialismo". (Editorial Diálogo, Montevideo), en el cual se transcribe mi conferencia ante la Universidad de Montevideo.
El documento cuya inserción se acuerda posteriormente, es del siguiente tenor, y dice relación con el ingreso y salida de capitales de América Latina antes y después de la Alianza:
"¡Desolador recuento después de seis años de ebriedad publicitaria! Veamos otro antecedente: Antes de la Alianza, en el período 19511960, la entrada neta de capitales extranjeros llegó a un total de once mil millones cuatrocientos mil dólares; pero, en el mismo período, las salidas por pago de intereses y utilidades de empresas extranjeras representaron once mil millones de dólares, de manera que en esos 10 años el aporte de los capitales extranjeros no llegó a los cuatrocientos millones de dólares. Pero hay un hecho más grave todavía, si ello es posible. Durante ese lapso, América Latina perdió, por el empeoramiento de los términos del intercambio, más de nueve mil millones de dólares.
La Alianza no mejoró sino, por el contrario, empeoró aún más este cuadro. En los cinco años comprendidos entre 1961 y 1965 plena vigencia de la Alianza, las entradas netas representaron seis mil ochocientos millones de dólares, mientras las salidas por intereses y utilidades fueron más de ocho mil millones de dólares, y perdimos el mayor aumento de los recursos de dicho intercambio: 12. 000 millones de dólares.
Por lo tanto: no hemos recibido un aporte de capitales. Hemos experimentado una salida neta de fondos por más de mil millones de dólares en esos cinco años, sin contar las pérdidas por términos de intercambio. Cabe preguntarse: ¿dónde reside la ayuda, la cooperación por la que estamos pagando precios tan altos e hipotecando además nuestro futuro y nuestra soberanía?
Si miramos el comercio internacional llegamos a la conclusión de que también, lentamente, nos ha ido mal muy mal durante los años de la Alianza.
No son hoy menores que antes el número y la magnitud de las empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales y envían al exterior enormes utilidades que se sustraen de los recursos que podrían aplicarse a nuestro desarrollo interno. El año recién pasado, esas remesas de utilidades de empresas extranjeras representaron más de 1. 500 millones de dólares, suma declarada y muy inferior a las utilidades reales, ya que resultan después de dudosos manejos contables sobre depreciaciones, gastos en el exterior, sueldos y gratificaciones del personal extranjero que ocupa los cargos directivos, etc.
Los préstamos, que se presentan como contribución "generosa" del capital extranjero, dieron lugar en 1966 al pago de intereses entiéndase bien, sólo de intereses, no de amortizaciones por un monto cercano a los 600 millones de dólares. O sea que los beneficios declarados en forma de intereses y de utilidades de las inversiones extranjeras fueron en 1966 superiores a 2. 100 millones de dólares. "

Lo que dice el BID.
El señor ALLENDE.- Aquí tengo nada menos que lo publicado por el diario "El Mercurio" en su edición de 2 de abril, o sea, sólo veinticuatro horas atrás. El artículo en referencia se titula: "Inquietante informe del BID sobre América Latina". A mi juicio, llega a la médula de la realidad de nuestro continente. Aunque presumo que más de algún señor Senador ya lo habrá leído, me permitiré releer algunos de sus acápites:
"Sector externo: área crítica.
El Banco informa de los crecientes esfuerzos internos de los países miembros de la Alianza para ampliar sus ingresos mediante medidas impositivas e informa que las recaudaciones globales en ese sentido aumentaron de 5. 540 millones de dólares, en 1961, a 7. 880 millones en 1966.
Sin embargo, el sector externo continúa siendo el área crítica.
El Banco informa que la movilización de capital privado a la región, que pasó de los 410 millones de dólares en 1965, a los 950 millones en 1966, es eclipsado por la caída de la participación latinoamericana en el comercio mundial y el endeudamiento externo.
Las exportaciones, uno de los elementos básicos en la formación de capital, se mantuvieron en el primer semestre de 1967 al mismo nivel de 1966 y el Banco hace notar que "la perspectiva inmediata no parece ser promisoria debido, entre otros factores, a la tendencia descendente de los precios de las materias primas".
Al mismo tiempo la participación relativa de los productos latinoamericanos en los cuatro principales mercados del mundo, la Comunidad Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón, siguió la tendencia descendente.
Endeudamiento.
Aún más inquietante es la cuestión del endeudamiento.
"Durante los años de la Alianza", expresa el Banco, "la deuda externa de la zona ha crecido rápidamente".
El balance de 6. 580 millones de dólares de 1960, saltó a 11. 900 millones en 1965 y estaba ya en los 12. 600 millones en 1966.
"El caso de esa deuda", observa, "está evidenciado por el hecho de que los pagos anuales de las cuotas y los intereses, saltaron de 1. 170 millones de dólares en 1960 a 1. 807 millones en 1965 y volvió a subir a 1. 950 millones en 1966".
Esta obligación es mayor que los 1. 676 millones de dólares que en 1966 recibió la América Latina en la forma de alimentos, créditos para el desarrollo con asistencia monetario de todas las fuentes combinadas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Eximbank, la Agencia norteamericana para el Desarrollo y el propio Banco Interamericano.
"Se estima que el servicio de la deuda externa", dice el informe, "está consumiendo el 75 por ciento del ingreso bruto de capital a esa región y tiende a aumentar. Ello significa que América Latina está llegando al cuello de la botella, pues la transferencia neta de recursos para ayudar a su desarrollo económico se tornará imposible".
El Banco considera que en tales circunstancias se requerirá, para no frenar el desarrollo, "una movilización en gran escala de capital o una postergación de los pagos de la deuda pendiente así como un reajuste de los intereses". "
Lo que mucho antes dije en Montevideo.
El señor ALLENDE. Esto señala "El Mercurio" en un resumen de la información del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por mi parte, en esa misma charla que dicté en Montevideo, en la misma época en que se realizaba en esa ciudad la Conferencia de Presidentes americanos, expresé lo siguiente:
"Ni un dólar más.
En este balance entre el debe y el haber se ha llegado a un punto conflictivo, que yo quiero denunciar en esta alta tribuna. América Latina alcanzó ya a un nivel de saturación como continente deudor. Ya nada gana, en pro de su deseo de marchar hacia el desarrollo económico, con recibir recursos externos en calidad de préstamo.
El imperialismo ha conseguido su objetivo. Ha llevado a muchos países latinoamericanos a una situación tal de endeudamiento acumulado y de compromisos con esas deudas que los ha metido en el círculo vicioso de tener que pedir nuevos préstamos para pagar los anteriores aumentando de nuevo la deuda acumulada.
No hay que hacerse ilusiones respecto de esto. Nuestros países han llegado a un punto en que ya no le sirven nuevos recursos externos, en que no pueden esperar ningún aporte neto para financiar su desarrollo de un endeudamiento mayor.
Pienso que no habría ahora mejor colaboración que la de que no se nos diera un dólar más de préstamo, pero que se suspendiera al mismo tiempo el servicio de la deuda acumulada y la salida exorbitante de las utilidades de las empresas extranjeras.
Las soluciones hay que buscarlas ahora por otros caminos. Por los cambios estructurales y el esfuerzo interno; por condiciones distintas del comercio internacional y de los precios de nuestros productos exportables. Ahí está el verdadero problema de las relaciones económicas externas y de los recursos para aumentar nuestro ingreso y repartirlo equitativamente entre los distintos sectores de la población. "
Seis meses antes dije, en la prestigiosa tribuna de una universidad, lo que ahora señala el informe del Banco Internacional de Desarrollo. Sus cifras vienen a remachar los hechos, y sus juicios, a sellar la realidad de nuestro planteamiento.
Por eso, cuando algún Senador democratacristiano, el propio Ejecutivo o alguno de sus Ministros dicen que nosotros pretendemos hacer fracasar a este Gobierno; que deseamos desarrocarlo, como se ha manifestado y tengo los informes que me permiten aseverarlo, nosotros debemos rechazar esa imputación.
Colaboración constructiva del Senado.
Nos duele, como chilenos, que falten casas y escuelas; que no haya pan en la mesa de nuestros compatriotas; que este Gobierno no pueda solucionar lo que dijo que solucionaría. No puede ni podrá hacerlo. Está irremediablemente condenado, porque sigue los viejos y fracasados caminos del capitalismo. Este Gobierno lo que es aún más grave, que ha enrostrado al Senado de la República obstaculizar sus planes de desarrollo e impedir que convierta en realidad su programa, desconoce que el Congreso ha despachado leyes fundamentales. En efecto, me parecen primordiales para el Gobierno los convenios del cobre y la reforma agraria. En ambas iniciativas hubo apoyo de esta Corporación y resistencia de otros sectores; pero, en definitiva, los proyectos respectivos fueron despachados.
¡Caramba que significa harto para nosotros tener conciencia de que este Gobierno, que se dijo revolucionario, camine por los gastados moldes del capitalismo; entronque su destino, como no lo hicieron gobiernos reaccionarios de ayer, con el imperialismo; se someta profundamente a los dictados del Fondo Monetario Internacional, y entregue sin reservas, mediante los convenios del cobre, ingentes riquezas a las compañías imperialistas.
Nunca en su historia óiganlo bien señores Senadores esas compañías obtuvieron utilidades más altas que en el año pasado. Y este Gobierno revolucionario no se ha atrevido rechazó nuestra iniciativa al respecto, no ha querido aprovechar el sobreprecio del cobre. ¿Cómo van a solucionar los problemas?
Es inquietante escuchar las cifras expuestas aquí para demostrar que la economía de Chile está sana y que financieramente no hay peligro alguno, pese a lo cual quienes tal dicen son incapaces de otorgar un reajuste para compensar el deterioro del poder adquisitivo, que siempre fue deficiente.
Las cifras proporcionadas esta mañana por el Honorable señor Baltra señalan claramente que el 21, 9% de alza del costo de la vida del año pasado habrá subido en 10% ó 12% más antes del despacho de la iniciativa en debate.
¿Qué significa esto, en el mejor de los casos, en el supuesto de que el reajuste fuera del ciento por ciento del alza del costo de la vida para todos los sectores? Que cien pesos recibidos nominalmente tendrán un valor real de sólo 90, porque este año el costo de la vida ya ha subido casi un 10%.
Falta de decisión y desquiciamiento económico.
Esta es la realidad brutal de una economía desquiciada no sólo por el hecho de que el Gobierno no quiso aprovechar las más altas entradas del cobre o no planeó ni planificó su desarrollo, sino por la realidad de un sistema que golpea tanto a Chile como a América Latina entera.
Por eso, nosotros decimos, con la concepción estructural que tenemos de la economía, que la Democracia Cristiana no podrá jamás desarrollar el impulso creador de Chile si no se nacionalizan las riquezas fundamentales, si no se lleva adelante una auténtica reforma agraria.
Yo preguntaría a los señores Ministros presentes, ¿en cuánto ha aumentado la compra de alimentos en el exterior en el último bienio, y a cuánto puede llegar en los próximos cuatro o cinco años si la agricultura chilena sigue creciendo con el ritmo actual?
Si no hay control del comercio exterior; si no se pone mano dura en los monopolios y en los bancos; si no se limitan las rentas nacionales de alto poder de consumo, jamás podrá este Gobierno satisfacer las demandas mínimas de un pueblo angustiado por la falta de trabajo y cansado por la espera de los hijos que no pueden ir a la escuela, y cuyas tensiones sociales deben expresarse como se han manifestado, sin tener como respuesta la violencia desatada, por ejemplo, contra el Servicio de Correos y Telégrafos y el Magisterio.
Por petición expresa de los Comités Parlamentarios, acabo de hablar con el Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, para hacerle presente nuestra petición en el sentido de no aplicar el decreto que elimina a mil y tantos trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. Recibí una respuesta negativa: "No son mil quinientos trabajadores, sino setecientos; pero quedarán despedidos". La determinación es injusta, porque son miles y miles los funcionarios declarados en huelga, y se aprieta al sector que creen más débil.
También hay otro problema de fondo: la actitud política de culpar al Senado y de proyectar más allá de este debate lo que pueda acontecer.
Imputaciones infundadas a posiciones intransables.
¿Con qué derecho piensan algunos Ministros que estamos aquí de prestado y que no podemos ejercer con dignidad e independencia el mandato que el pueblo nos dio? ¿Cómo puede un Ministro decir que si se rechaza este proyecto entraríamos en una crisis institucional? ¿Acaso no miden sus palabras los Secretarios de Estado del señor Frei? ¿Es aceptable que el Presidente de la República afirme que el Senado, en las discusiones de distintos proyectos, ha trasgredido la Constitución? ¿Tienen derecho los Diputados democratacristianos a sostener que el país aplaudiría la clausura de esta Corporación? ¡No, señores Senadores! Estos son hechos de extraordinaria gravedad.
Si el Gobierno y sus representantes en el Parlamento piensan que la composición actual de la Cámara Alta puede traer como consecuencia una crisis del régimen institucional, deberán asumir la respectiva responsabilidad. Por nuestra parte, mantendremos nuestra actitud con la independencia necesaria y la altivez suficiente para no inquietarnos por las palabras, hoy irresponsables, pero que contienen una amenaza que puede convertirse en realidad en un momento de desvarío.
Mientras tanto, asentamos nuestro pensamiento, y puntualizamos la manera increíble como se actúa en esta materia. A las ocho votaremos el proyecto. Nadie sabe qué compromisos existen y con quiénes se contrajeron. Falta una hora y veinte minutos para la votación y nadie en el país y en el Senado éste cumple cuarenta y ocho horas debatiendo la iniciativa legal sabe si cambiaremos nuestro criterio, en el supuesto caso de que hubiere compromisos que justificaran una actitud de esa naturaleza.
El otro día leí en "El Mercurio" algo referente a la actividad dinámica de este pequeño pero gran Ministro de Hacienda: Así lo ha llamado el señor Frei. Yo repito sus palabras, sin ánimo de zaherir al señor Zaldívar. Pues bien, ese diario relata que, en una sala, el mencionado Secretario de Estado conversaba con el Honorable señor Tarud; en otra, con los representantes del Partido Nacional; en otra, con distintos sectores, y más allá lo esperaban los gremios. ¡No, señores Senadores! Los problemas deben plantearse con diáfana claridad. Debe señalarse la línea por seguir, decir lo que el Gobierno desea conseguir, y hasta dónde puede llegar y justificar por qué no le es posible ir más allá.
A nuestro juicio, ninguna explicación o justificación del Ejecutivo respecto de los convenios del cobre podrá ser satisfactoria, porque ellos ni siquiera tocan la raíz de nuestro desquiciamiento económico, que se afinca en las grandes ventajas del capital foráneo. Para nosotros, es vital conocer nuestra realidad, y según cuál sea ella, decidir la actitud que asumiremos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor ALLENDE.- Solicito al señor Ministro que me conceda parte de su tiempo para terminar mis observaciones.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Con mucho gusto.
El señor ALLENDE. Decía que la gravedad de lo que aquí sucede no puede soslayarse.
La conspiración de la incapacidad gubernativa.
Al parecer, a continuación intervendrá el Honorable señor Fuentealba, brillante Senador de la Democracia Cristiana. Por lo menos, yo desearía que lo hiciera. En una página de "Enseñanza de una Jornada. Análisis. Autocrítica", trabajo elaborado por Su Señoría, sostiene, entre otras cosas, lo siguiente: "La inexperiencia de un Gobierno, la conflagración opositora, la ausencia de dirección política y las informaciones tendenciosas y falsas". ¡Caramba que es grave que un político de la jerarquía de mi Honorable colega, aunque sea en un documento interno, compruebe la ausencia de conducción política en su partido o en el Gobierno!
Pero es más grave todavía lo que el señor Senador establece en su conclusión primera: "Si se hace un análisis de la situación política general del país, es posible concluir que los partidos políticos de oposición tienen un vínculo común que los une, cual es el de procurar el derrocamiento del Gobierno y su sustitución".
¡No, señores Senadores! Allá, el Partido Nacional encerrado, hasta unos instantes supongo, con el señor Ministro de Hacienda, sin saber todavía cómo votará, si se abstendrá o se pronunciará favorablemente, según sea lo que haya obtenido. Aquí nosotros, en esta Sala, tratando de impedir que se paralice la reforma agraria, reclamando un sentido nacional que golpee fuertemente a las empresas que han estrangulado la economía chilena.
Termino recordando que en cuarenta y dos años las compañías del cobre, del hierro y del salitre, y las empresas de teléfonos y de electricidad, se han llevado el valor equivalente a un Chile entero, ya que nuestro capital social se calcula en nueve mil millones de dólares.
Por eso, no conspiramos ni deseamos destruir al actual Gobierno. Sabemos que la Democracia Cristiana tiene sellado su destino por la falta de conducción política, la carencia de audacia, la incapacidad para gobernar a Chile y hacer efectivamente una revolución.
He dicho.
El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas populares vemos en el proyecto de reajustes de remuneraciones un problema muy particularizado que obliga a reflexionar sobre los hechos concretos que determinan su significación. También permite comprobar una incidencia en la política general de Gobierno. No nos parece válido repetir siempre una misma posición teórica. Creemos que si no somos estructuralistas, debemos responder con fidelidad a nuestra pretensión de marxistas, que atiende a los hechos concretos.
Lo primero que observamos es la extraordinaria importancia que para los trabajadores del país y la economía nacional tiene la iniciativa legal en debate.
Los obreros y empleados, sometidos a bajísimos salarios y sueldos, soportan, día a día, la avasalladora erosión de sus ingresos reales como consecuencia de la incesante alza de precios de los artículos que deben adquirir.
Partiendo del nivel de vida más bajo entre los pueblos de raza blanca, el trabajador chileno tiene que sufrir durante todo un año, a lo menos, que sus remuneraciones disminuyan en términos reales, en una acumulación de mayor estrechez y miseria, para obtener después de doce meses, en el mejor de los casos, un aparente restablecimiento de su sueldo o salario.
En esta relación de la inflación y los reajustes, hay, incuestionablemente, una pérdida neta para los trabajadores y un beneficio correlativo para el sector empresarial, que equivale o podría medirse por el promedio del alza real de los precios en el respectivo sector de los consumos.
La falta de compensación anual, que ya ha pasado a ser tradicional, ha de anotarse entre los factores que objetivamente señalan la opresión económica en que vive nuestro pueblo.
Es obvio, además, que la operación tardía e injusta del reajuste se efectúa sobre la base de indicadores que han ido perdiendo cada vez más su validez, es decir, su correspondencia con la realidad, en desmedro de los trabajadores.
Dicho en otras palabras, el verdadero costo de la vida no está de acuerdo con los datos proporcionados por las estadísticas oficiales, lo cual es el resultado del uso de una ponderación envejecida de los elementos que lo integran, de una defectuosa identificación del concepto precio al consumidor con el de costo de la vida de los diversos sectores, y, finalmente, de la manifiesta distorsión que intencionadamente se produce para que los precios efectivos de los artículos de consumo no se expresen cabalmente en las estadísticas utilizadas.
Hechos ciertos que confirman ese juicio son, por ejemplo, que desde 1956, hace de esto ya 12 años, se mantenga inalterable la ponderación de los artículos encuestados cada tres meses, no obstante que muchos de ellos desempeñan una función muy diversa en el régimen de los precios; que el consumo de la carne de vacuno haya desaparecido de los hábitos del pueblo y que el precio de la carne de ave, doce años atrás, tuviese una incidencia menor en el costo de la vida que el consumo de las llamadas guatitas, según la nomenclatura oficial, fuese prácticamente insignificante; que la leche siga computándose por el precio de la de consumo popular, en circunstancia que ésta no corresponde al producto que se expendía en 1956, que era leche entera, con todo su poder alimenticio; que el propio pan tenga distorsionado su precio, porque también hay uno especial y otro casi incomible, de bajo aprovechamiento, y este último es el empleado en las estadísticas.
Lo que pasa con estos alimentos básicos pan, carne y leche, no necesita investigarse porque está en conocimiento de todos. Lo recuerdo para poner énfasis en las análogas deformaciones que se producen en los demás rubros estadísticos, sea por contener artículos típicos desplazados de los consumos por su baja calidad, sea por no ponderar los sustitutos correspondientes a nuevas necesidades y sea, finalmente, por no cuantificar las alteraciones de los pesos y medidas.
Los encuestadores se encuentran, además, con problemas insolubles provenientes de la rigidez de las normas en uso y de la complejidad de los casos que tienen que registrar.
Pienso, por ejemplo, con lo que ocurre en el importante rubro de los arriendos. Han de preguntar lo que paga el encuestado, pero no pueden distinguir entre los que mantienen las mismas disponibilidades habitacionales y los que forzados por los déficit en la construcción de vivienda, deben comprimirse y hacinarse en grupos heterogéneos que comparten el mismo techo.
La encuesta se limita a relacionar lo que el entrevistado pagaba tres meses antes y lo que paga en el momento de realizarse la encuesta. Debo advertirle al Honorable Senado que cada vez que un arrendatario cambia de morada, deja de tomarse en cuenta en la información de la estadística, a pesar de ser ése, precisamente, el caso de mayor incidencia del alza de la vivienda en la inflación.
Finalmente, es de conocimiento común que se practica toda una verdadera política de los más variados recursos, que está obedeciendo constantemente al propósito de lograr que los precios reales no se expresen en el índice correspondiente.
Esta realidad no meros discursos, estas afirmaciones, abonadas por una experiencia personal e inequívoca y que corresponden a hechos concretos, nos permiten sostener que, entre nosotros, nadie, absolutamente nadie, cree que el porcentaje de 21, 9% mida, al 31 de diciembre de 1867, el alza efectiva del costo de la vida en el año calendario que terminó ese día.
Los socialistas populares afirmamos, por consecuencia, que el reajuste de sueldos y salarios, sin compensación por la pérdida experimentada por los trabajadores en el curso de 1967, y referido a una tasa de inflación de sólo 21, 9%, es manifiestamente injusto para los trabajadores y consagra un evidente deterioro de sus condiciones de vida.
Juzgamos especialmente inhumano que toda la política de remuneraciones, caracterizada por esos dos elementos negativos básicos del proyecto de reajuste, se aplique a nuestra pobre realidad social que se condiciona, además, por una carga demográfica que hace que 69% de la población, correspondiente a su sector pasivo, viva a expensas del 31% que constituye el sector activo.
Dicho en otras palabras, se disminuyen los insuficientes ingresos reales de los trabajadores, a sabiendas de que, del sueldo o salario del empleado o del obrero tienen que vivir, en promedio, más de tres personas, porque de 9. 041. 401 habitantes de Chile, al 31 de diciembre de 1967, sólo hay en el país 2. 818. 334 con capacidad de trabajo, incluyendo los cesantes registrados, que ascienden a más de 144. 000, y los que tienen sólo ocupaciones ocasionales y transitorias.
Si trasladamos esas cifras al número total de obreros y empleados de los sectores público y privado, según los datos de la Superintendencia de Seguridad Social, llegamos a la conclusión de que aquéllos alcanzan a una cifra del orden de dos millones de personas, que venden su fuerza de trabajo por una remuneración expresada en nuestra moneda en desvalorización constante; y que con esos emolumentos deben vivir en total 6. 451. 610 personas, porque la relación entre el sector activo y el sector pasivo de la población es el ya señalado.
El actual proyecto de reajuste de remuneraciones afecta directamente a los medios de vida de más de setenta por ciento de la población de Chile y, por lo tanto, como se ha recordado en la Sala, influye decisivamente en todas las actividades industriales y comerciales de la órbita interna, fijando sus posibilidades de expansión, congelación o retroceso.
No nos parece legítimo, por consecuencia, operar en este terreno con ligereza. Y rechazamos terminantemente la afirmación que se ha hecho desde las bancas de una Oposición que no es la nuestra, que identifica el reajuste de 21, 9% que se ofrece al sector privado con la real y efectiva desvalorización de la moneda, con el real y efectivo deterioro de los sueldos y salarios en el año 1967. Afirmamos lo contrario, porque se trata sólo de una recuperación parcial, con una pérdida definitiva de, a lo menos, 10% de esas remuneraciones, ya que ninguna duda cabe de que la inflación ha oscilado entre 30 y 40% en el curso del año 1967.
El rigor con que operamos en esta materia está justificado por las consideraciones ya formuladas y por los rendimientos tributarios en el año último, que están manifestando la verdadera alza de los precios a que se hacen las transacciones gravadas por los impuestos, especialmente el de compraventa.
La de 21, 9% es una cifra cuasi convencional, artificia], desprovista de realidad, y debemos tomarla como un nivel mínimo, imposible de disminuir a pesar de los vicios y defectos de nuestras estadísticas oficiales.
Su aplicación al sector privado no es más que una medida que es imposible evitar sin una verdadera parálisis de la industria y del comercio, y obedece a hechos que están por encima de la voluntad del sector empresarial.
Valdría tal vez recordar que, en los estratos más bajos, hay un sector, de 32% de la población de Chile, que tiene un ingreso medio anual que no sobrepasa el ingreso de hambre de 85 dólares por cabeza. Esto explica la importancia social que en Chile ha cobrado la llamada "ayuda" de ciertos organismos internacionales, que dan la comida y el vestuario a más de un millón de personas.
No nos conmueve, por lo tanto, el lamento de los que ven en nuestra decisión de votar, en general, en contra de este proyecto de reajustes, un atentado en contra del sector privado.
Si ni siquiera ese reajuste se otorgara, los obreros y empleados lo obtendrían por medio de sus luchas organizadas, en defensa del más elemental de todos los derechos: el de la vida o autoconservación.
Nuestra actitud se determina por otras causas, pues, asignando a la labor legislativa su verdadero papel, comprendemos que, sin disponer de recursos parlamentarios para establecer una norma de justicia y equidad en las remuneraciones del sector privado, debemos impedir que se consagre, con nuestros votos de socialistas populares, un precedente inicuo en el tratamiento de la mayoría de los funcionarios del Estado, ya sea porque a ellos se les pretende dar un reajuste inferior a aquel 21, 9% que ya hemos caracterizado, ya sea que se dejen de cumplir los solemnes compromisos contraídos con los profesores, los trabajadores del Servicio Nacional de Salud, los empleados de Correos y Telégrafos, etcétera.
Tenemos en cuenta también a los pensionados, que suman 300 mil personas.
No podíamos hacer de esta materia una cuestión de prestigio partidista, y cumplimos con nuestra obligación, hasta el final, de agotar las posibilidades para obtener, a lo menos, que ningún funcionario tuviera que aceptar la imposición legal de un reajuste inferior a 21, 9%, que tampoco se siguiera disminuyendo, por ministerio de una ley, las pensiones casi insignificantes que paga el Servicio de Seguro Social y que, por último, se cumplieran los compromisos contraídos con los trabajadores, con el más importante de esos sectores: el de los profesores, regulado por el convenio magisterial, que tiene la autoridad de una ley.
Estas gestiones no han tenido nada de conciliábulo ni mucho menos de vergonzoso. Procurábamos que el Gobierno de la República comprendiera que hay límites que no pueden excederse y también queríamos representarle que existen recursos de sobra para atender a estas ineludibles demandas de la justicia.
Deploro no disponer del tiempo necesario para extender estas observaciones, pero quisiera contar todavía con tres minutos...
El señor ALLENDE (Presidente).- Solicito a la Sala autorización para prorrogar por tres minutos el tiempo del Honorable señor Chadwick.
Aceptado.
Puede usar de tres minutos más, señor Senador.
El señor CHADWICK.- ... porque no puedo terminar sin recordar que, mientras el Estado aparece en una rigidez próxima a la muerte o a su extinción como poder soberano, los que usufructúan de nuestras principales riquezas están adquiriendo utilidades que nunca soñaron, que no pasó por su mente obtener cuando proyectaron sus negocios; y amparándose en un llamado "sistema de contratosley", se niegan a aceptar la progresión del impuesto. No quieren reconocer el texto constitucional que dice que los tributos se impondrán en proporción y en progresión de los haberes. ¡Gente que planeó negocios para ganar cinco mil millones de dólares y que está obteniendo utilidades al ritmo de veinte mil millones de dólares en veinte años, se cruza de brazos y desafía a Chile y a su miseria!
Nos duele haber abundado en consideraciones ante la frialdad de ánimo que predomina en ciertos sectores del Gobierno, y que nuestras gestiones no hayan tenido éxito. Actuamos para lograr para el pueblo una pequeña conquista: un reajuste igual a la cifra mínima de las estadísticas oficiales; un reajuste que comprendiera los compromisos solemnes tomados por el Ejecutivo. No lo conseguimos, pero no nos consideramos vencidos. Creemos, por lo contrario, haber cumplido nuestro deber.
Votaremos, en consecuencia, en contra de la idea de legislar en este proyecto.
El señor ALLENDE (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Fuentealba.
Su Señoría dispone de siete minutos.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, dispongo de muy breve tiempo.
El hecho de haber oído esta tarde algunas afirmaciones, muy repetidas, de algunos señores Senadores, me ha movido a intervenir en un debate en que realmente yo no pensaba participar. Lo hago con la convicción más absoluta de que a la opinión pública, en general, y a los sectores de trabajadores de todo el país, en particular, no les importan tanto nuestras discusiones como el hecho real de que pronto el Congreso Nacional legisle sobre un reajuste, cualquiera que sea en definitiva el monto o porcentaje, forma o alcance que él tenga.
Aquí se han hecho afirmaciones repito que nosotros tenemos una vez más que desmentir, porque se insiste en criticar al Gobierno y en hacerle cargos que nosotros, a menudo por dejación y porque los hemos contestado en alguna oportunidad, no volvemos a contestar, lo cual, de nuestra parte, a mi juicio, es una mala política.
En mi opinión, cada vez que lo señores Senadores, aunque sea repetidamente, hacen afirmaciones carentes de efectividad o nos formulan cargos injustos, tenemos la obligación de contestarles, máxime cuando existe expectación en torno del debate que en estos instantes se realiza.
Aquí se ha dicho, una vez más lo expuso, en forma casi dramática el propio Presidente del Senado, a quien todos reconocemos sus magníficas dotes oratorias, que este reajuste lleva ya seis meses de tramitación. Con ello se quiere señalar en este hemiciclo y ante la faz del país que el Gobierno se encuentra remiso, en mora de cumplir la obligación que tiene de legislar sobre los reajustes en la forma más urgente y oportuna posible. Sin embargo, ésta es una afirmación doblemente injusta. Lo es, porque, en primer término, esta Administración, los años anteriores al actual, ha enviado al Parlamento las iniciativas de reajustes en forma oportuna y a comienzos del año, para que éste legisle sobre el particular. Y en lo que toca a este año, el proyecto primitivo, como consta a toda la opinión pública lo ha reconocido el señor Presidente de la Corporación en su discurso, y también deben hacerlo todos los sectores, fue enviado en noviembre de 1967. Es decir, en época más que oportuna. De manera que si en aquel entonces ambas ramas del Congreso hubieran aprobado la idea de legislar, no obstante su desacuerdo con algunas disposiciones de la iniciativa, hace mucho tiempo que habríamos despachado los reajustes para los sectores público y privado.
Respecto de un cargo que nos hacía el Presidente del Senado, quiero recordar que junto con enviarse al Congreso la referida iniciativa, se discutía en éste la ley de Presupuestos de la nación y que, con motivo de ese debate, hubo, por supuesto, una amplísima exposición de la Hacienda Pública hecha por el Ministro del ramo. Por lo tanto, a propósito de la discusión de este proyecto de ley, todos los señores Senadores tuvieron conocimiento acabado de la situación económica general del país. Por consiguiente, no es valedero decir en esta oportunidad que el Gobierno debió comenzar por hacer una exposición de la Hacienda Pública, a fin de que el país conozca la situación económica actual, en circunstancias de que ella se hizo hace sólo tres meses sobre la materia existe un libro impreso, y de que tanto en la Cámara como en el Senado hubo una lata discusión del proyecto de ley de Presupuestos, que precisamente giró en torno de la situación económica general del país. ¿Y qué pasó con ese primer proyecto? ¿Fue culpa del Presidente de la República, del Gobierno, de la Democracia Cristiana, que, aprobado ya por la Cámara de Diputados, hubiera sido luego forzoso retirarlo del Senado, por ser evidente que en esta Corporación sería rechazado por la mayoría?
Por supuesto, no es culpa del Primer Mandatario ni del Ejecutivo, pues uno y otro tienen el deber de presentar los proyectos de reajustes, como cualquiera otra iniciativa legal, no de acuerdo con el criterio imperante en la Oposición, sino con el predominante en las esferas de Gobierno, con el que sustenta la política económica de éste. De acuerdo con ese criterio, consecuente con esa política, el Jefe del Estado sometió a la consideración del Parlamento determinado proyecto de ley, y con ello no cometió falta alguna.
A su vez, el Senado se opuso a la aprobación de esa iniciativa. Fue la actitud que hacía evidente el rechazo de la idea de legislar siquiera sobre los reajustes lo que movió al Ejecutivo a retirar ese proyecto y a enviar uno nuevo.
Es cierto que el Senado también hace uso del libre juego que la democracia le permite y la Carta Fundamental establece. Reconozco que los señores Senadores de la Oposición, que son mayoría, tienen derecho a juntarse todos, aunque tengan las más discrepantes ideas y sean irreductibles e implacables adversarios unos de otros, como aquí se dice; sin embargo repito, tienen derecho a unirse para impedir que el Gobierno legisle de acuerdo con su criterio.
Pero no se diga que el Ejecutivo es culpable de esa demora por haber retirado dicho proyecto. La verdad es que esa tardanza ha tenido una causa muy natural, aceptada en nuestro juego democrático, cual es el hecho de que la mayoría se opuso a su aprobación.
Y así fue como se envió el segundo proyecto. Ahora nos encontramos, para resumir, con que ya no son muchos los minutos que restan para votarlo. No obstante, hasta el último momento, todos hemos estado en duda todavía lo estamos acerca de la suerte de la votación general de esa iniciativa.
¿Es culpa del Presidente de la República o del Gobierno? No, señores Senadores. Una vez más, es, simplemente, debido a que el sistema de legislar existente en Chile adolece de deficiencias, vacíos y defectos que hacen imposible que un Gobierno, elegido por una mayoría tan ostensible como lo fue el actual, pueda poner en práctica sus ideas y planes económicos, ya que toda una gama de disposiciones constitucionales y legales permiten a la Oposición unirse para boicotear esa política.
Por lo tanto, es absolutamente injusto decir que este Gobierno es culpable de las demoras. No las ha habido, ni en los años anteriores ni ahora. Y la que estamos presenciando en estos momentos deriva, simplemente, de este juego que permiten nuestras leyes constitucionales.
Es evidente que los legisladores, los partidos políticos y el Gobierno mismo estamos dando un espectáculo ante el país y que la opinión pública reclama mayor eficiencia de parte de todos nosotros.
Es este juego que no termina nunca lo que obliga a un Gobierno a entenderse, a buscar apoyo. Hace un instante, el Honorable señor Rodríguez, por una parte, se anticipaba a criticar la posibilidad de que el señor Ministro de Hacienda tuviera conversaciones en los pasillos y, por otra, nos hacía el cargo de que estábamos demorando la legislación. ¿En qué quedamos, entonces?
El señor RODRIGUEZ.- No he dicho lo último, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.- El señor Ministro debe recurrir a todos los procedimientos que le proporciona este sistema, lleno de defectos, para buscar y obtener una mayoría que permita aprobar la idea de legislar. Y es esto lo que a muchos hace dudar de la eficacia del régimen democrático.
Yo soy profundamente demócrata. Creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno que pueda existir. Pero estoy absolutamente convencido de que en nuestro país adolece de defectos fundamentales. Por eso, comparto la opinión del Presidente de la República en el sentido de que es muy urgente introducir reformas constitucionales que eliminen estos males, los mismos que hacían decir a Churchill, con razón, que la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción, naturalmente, de todas las demás.
En seguida, quiero referirme al hecho que ahora estamos presenciando: por primera vez en nuestra historia legislativa nunca había sucedido antes, un proyecto de reajustes es rechazado en general. Las actitudes más extremas y duras que hubo en contra de proyectos de reajustes anteriores consistieron, cuando más en abstenerse de votarlos, pero no en poner en peligro la idea de legislar.
Repito: ésta es la primera vez. Y sobre este particular comparto plenamente las opiniones vertidas aquí por el Honorable señor Teitelboim, reiteradas y corroboradas por el Honorable señor Luengo, en el sentido de que este Congreso tiene la obligación moral de aprobar la idea de legislar. Por lo demás, cuenta con los procedimientos constitucionales necesarios para reunir la mayoría que le permita introducir enmiendas al proyecto en aquellas partes discordantes con sus opiniones.
Por consiguiente, no se nos diga tampoco que existe la posibilidad de que la Cámara de Diputados imponga en definitiva su criterio, porque, como señaló también el Honorable señor Luengo, con precisión y exactitud, es efectivo que si aquí se unen quienes están tan interesados y a la vez escandalizados con este proyecto, en la discusión particular podrán introducir las enmiendas que deseen.
No deseo hacer afirmaciones gratuitas y falsas. Tengo a mano una comunicación que es un verdadero certificado de la Oficina de Informaciones de esta Corporación, en la cual se deja constancia de que nunca antes en el Parlamento se votó en contra de la idea de legislar.
Además, a raíz de ese certificado, salta a la vista que casi todas las leyes de reajustes dictadas por Gobiernos anteriores fueron despachadas en julio, octubre, noviembre o diciembre. Ese es el caso de lo ocurrido con el Partido Radical, al cual recordaba en días atrás que ellos habían aprobado, no un reajuste, sino una bonificación, en diciembre de 1960, para compensar por supuesto que no compensaron nada, cosa que debe haber molestado mucho al Honorable señor Baltra en ese mes la pérdida del valor adquisitivo experimentada por los salarios en los años 1959 y 1960.
El señor BALTRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor FUENTEALBA.- Cuando uno observa estas actitudes inconsecuentes; cuando partidos que han sido Gobierno, que han despachado las legislaciones con mucho mayor atraso que el nuestro y no han otorgado reajustes equivalentes al ciento por ciento del alza del costo de la vida, sino muy inferiores a ese porcentaje, vienen aquí a rasgar vestiduras, y cuando surgen todos estos obstáculos, uno tiene derecho a pensar y a decir, como lo hago de acuerdo con el documento que he citado al respecto, sería interesante, como expresé hace días atrás, que tuviéramos un amplio debate político, porque allí se consignan materias interesantes,...
El señor ALLENDE (Presidente).- Vamos a solicitar la sesión del caso, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.- ... que aquí, en verdad, sólo existe, de parte de todos los sectores de la Oposición, el propósito de impedir que el actual Gobierno continúe; de producir su caída y de desconocer lo hecho por la actual Administración, pese a todas las dificultades, en materia de realizaciones, de transformaciones estructurales y cambios, que ningún otro gobierno pudo lograr.
El señor ALLENDE (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
Tiene la palabra el Honorable señor Enríquez.
El señor ENRIQUEZ.- Usaré muy brevemente de la palabra para referirme a un punto específico: a lo afirmado en la mañana de hoy por el Honorable señor Palma, en el sentido de que votar contra la idea de legislar vulnera el espíritu de nuestra Carta Fundamental.
Me limito a ese punto, pues la posición del Partido Radical y los fundamentos que lo han llevado a adoptarla han sido dados a conocer con documentación y profundidad por los Honorables señores Bossay, Baltra y Aguirre Doolan.
Yo mismo, por mi parte, a fines de noviembre del año pasado, hice el análisis crítico de la exposición sobre el estado de la hacienda pública presentada por el Ministro de Hacienda de entonces ante la Comisión respectiva.
Me ha solicitado una interrupción el Honorable señor Baltra, que concedo, con la venia de la Mesa.
El señor BALTRA.- El Honorable señor Renán Fuentealba se ha referido a mi persona y me ha preguntado si, en 1960, durante el Gobierno del señor Jorge Alessandri, cuando se concedió una bonificación al sector público, yo me habría molestado.
En esa época yo no era parlamentario, ni Ministro de Estado ni dirigente; pero, desde la humilde trinchera de militante de mi colectividad política, combatí como lo hago ahora contra los reajustes inferiores al alza del costo de la vida. De ello hay constancia en intervenciones públicas, algunas de las cuales corren por ahí impresas.
El señor ENRIQUEZ.- El Honorable señor Palma no ha pretendido sino justificar, en un esfuerzo infructuoso, afirmaciones reiteradas en el mismo sentido de connotados personeros del Partido Demócrata Cristiano, y, en especial, del más destacado de todos ellos, el propio Presidente de la República. Este ha llegado a decir que nunca antes en la historia de Chile se había dado el caso de que el Congreso se negara a legislar sobre una materia sometida a su conocimiento. Si bien ahora el Honorable señor Fuentealba ha limitado dicha afirmación a los proyectos sobre reajustes, las afirmaciones del Presidente de la República y las de personeros democratacristianos al referirse a esta materia, han sido de orden general.
El país no sólo está acostumbrado a oír la frase "nunca antes en la historia de Chile", sino que ya está aburrido de escucharla en los discursos oficiales. "Nunca antes en la historia de Chile se había progresado tanto"; "nunca antes en la historia de Chile se había construido tanto"; "nunca antes en la historia de Chile se había operado una redistribución mayor del ingreso y de la riqueza"; "nunca antes en la historia de Chile se habían alcanzado los niveles de bienestar de ahora"; "nunca antes en la historia de Chile... ", etcétera.
Salvo los democratacristianos recalcitrantes, el resto del país sonríe con una mezcla de socarronería y de amargura. Con socarronería, porque está demasiado maduro políticamente para comulgar con esa rueda de molino; y con amargura, porque le habría gustado que fuera cierto.
No nos extraña, pues, la frase "nunca antes en la historia de Chile", aplicada a este caso. Lo que causa admiración es el desparpajo, porque, en los años que llevo como parlamentario, más de una vez he visto que se ha rechazado la idea de legislar. No quiero recordar sino dos casos. Uno de ellos, aquel en que la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, rechazó la idea de legislar en un proyecto del Ejecutivo que concedía mayores recursos para obras públicas y la marcha del país; y otro, también en la Cámara de Diputados como Cámara de origen, en que se rechazó igualmente la idea de legislar en el proyecto por medio del cual se quería establecer y sancionar el delito contra el orden público en lo económico.
Ambos casos ocurrieron durante la Administración González Videla. Y no hace falta recordar que, de conformidad al precepto constitucional, cuando un proyecto es rechazado en general en la Cámara de origen, no se puede renovar la iniciativa hasta después de un año.
Nada semejante le ha ocurrido al Excelentísimo señor Frei en los tres años y cinco meses de su Gobierno. Ninguna de sus iniciativas, hasta ahora, ha sido rechazada en general, menos aún en la Cámara de origen, con la grave consecuencia ya recordada. Si se produjera el rechazo de este proyecto en su segundo trámite pendiente en el Senado, nada obsta a que siga su tramitación con arreglo al rodaje constitucional.
Y cabe refrescar la memoria, aunque el hecho sea reciente, en cuanto a que el anterior proyecto de reajustes fue retirado por el Ejecutivo antes de que alcanzara a ser votado en general por el Senado, de manera que esta rama del Congreso no alcanzó a pronunciarse ni a favor ni en contra. Si ante el repudio prácticamente unánime de la ciudadanía a dicho proyecto, el Gobierno procedió a retirarlo, ello es de su propia incumbencia. Pero, en sus declaraciones y discursos, debe respetar la verdad de los hechos.
Ahora bien, si en el régimen pluripartidista que da sello a nuestra democracia, y que ayer alabó el Senador comunista señor Corvalán, diversas colectividades políticas antagónicas o discrepantes en sus concepciones doctrinarias coinciden en la idea de rechazar en general el actual proyecto, ellas hacen uso, sencillamente, de las atribuciones que les confiere la Constitución en materia de formación de las leyes. Dueño es cada partido, como intérprete de las voluntades cívicas que le han dado representación parlamentaria, de fijar su propia conducta. Y no puede ser criticado ni vituperado quien hace uso de su legítimo derecho.
A este respecto, quiero también recordar la conducta del Partido Demócrata Cristiano con relación al proyecto presentado por el Gobierno anterior del que fuera gran impulsor y numen el Partido Radical, el concerniente a la reforma agraria, respecto del cual la Democracia Cristiana rechazó la idea de legislar. La orden para rechazar en general el proyecto la dio el entonces Diputado don Renán Fuentealba, presidente, a la sazón, de su colectividad política.
El señor FUENTEALBA.- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor ENRIQUEZ.- Me resulta difícil acceder, porque dispongo de muy poco tiempo.
El señor FUENTEALBA.- He sido aludido y tengo derecho a responder.
El señor ALLENDE (Presidente).- Hago presente al Honorable señor Enríquez que sólo restan seis minutos del tiempo de que puede disponer Su Señoría.
¿Concede la interrupción solicitada por el Honorable señor Fuentealba?
El señor ENRIQUEZ.- Sí, señor Presidente; le concedo un minuto.
El señor FUENTEALBA.- El Honorable señor Enríquez construye una argumentación bastante extensa sobre la base de una declaración que, en realidad, no tuvo el alcance ni el sentido que Su Señoría ha querido darle.
Cuando el Presidente de la República o cuando algún militante de la Democracia Cristiana yo me he referido a ello en forma categórica hemos hablado de que nunca se ha rechazado la idea de legislar, hemos aludido concretamente a la idea de legislar sobre reajustes. He dicho más: que tengo un certificado expedido por la Oficina de Informaciones del Senado, en el cual consta que nunca fue rechazada la idea de legislar en materia de reajustes.
El señor ENRIQUEZ.- Insisto, una vez más, en que me estoy refiriendo a lo dicho esta mañana por el Honorable señor Palma y por algunos personeros del Gobierno, incluso por el Excelentísimo señor Frei. Alabo el esfuerzo conceptual, digno de encomio, que ha realizado el Honorable señor Palma, con el fin de asimilar el proyecto de reajustes a la disposición constitucional que regula los trámites y fija las atribuciones del Congreso respecto de la ley anual de presupuestos de la Nación. Su Señoría cae en un error fundamental que nace del mismo vicio que el Gobierno enrostra de continuo al Congreso, pero que él es el primero en cometer. Ese vicio consiste en incluir en un proyecto de ley materias que son extrañas a su idea matriz. Son innumerables las oportunidades en que lo ha hecho, incluso por la vía del veto sustitutivo o aditivo. Buen ejemplo de este aserto es la iniciativa legal en debate. Debió limitarse estrictamente al reajuste de las remuneraciones y a su eventual financiamiento. El Gobierno, en cambio, lo ha convertido en un proyecto de suplemento de la ley anual de presupuestos, para obtener, al amparo de la angustia económica de los trabajadores, los 713 millones de escudos que le faltan para financiar, sobre todo en materia de inversiones, el presupuesto vigente. Al socaire de esta angustia, se disimula el fracaso de la gestión económica y financiera del Gobierno.
El financiamiento del déficit presupuestario al cumplirse escasos tres meses de vigencia de la ley anual de presupuestos debió ser materia de un proyecto especial. Ello habría dado oportunidad para realizar un análisis acucioso de la gestión gubernativa, de la improductividad de muchas de las partidas que han aumentado en 53% el gasto público durante la actual Administración, y de la improcedencia de pedir mayores sacrificios tributarios a contribuyentes que han llegado al límite de su resistencia.
Por otra parte, presentada la iniciativa sobre reajustes como proyecto exclusivo y separado, habría permitido demostrar que se lo puede financiar sin discriminaciones regresivas ni abusos con la reserva de fondos hecha en la ley de presupuestos, con las economías por más de 300 millones de escudos anunciada por el ex Ministro señor Sáez, con el mayor rendimiento vegetativo del sistema tributario y con el mayor ingreso adicional proveniente de los niveles excepcionales alcanzados por el precio del cobre.
En presencia de tal estado de cosas, el Partido Radical ha resuelto votar por el rechazo, en general, del proyecto sobre reajustes que pende de la consideración del Senado.
Debe quedar bien en claro ante la opinión pública y los sectores del trabajo que el Partido Radical no se opone a la idea de legislar sobre reajustes. A lo que se opone es al actual proyecto; y las razones que tiene para oponerse, desde el punto de vista social, económico y financiero, han sido expuestas por los Senadores radicales que me han precedido.
Por último, debe tenerse presente que, ante la composición política del Congreso y la aplastante mayoría de que dispone el Gobierno en la Cámara de Diputados, no cabe a la Oposición otro camino para que sus ideas puedan ser consideradas, que la de votar en el Senado en la forma como lo está haciendo. Es la única forma de perforar la impermeabilidad del Gobierno y de su partido, y de poder hacer prosperar, aunque sea tan sólo parcialmente, ante la aplanadora de la Cámara, algunos de sus puntos de vista.
El señor ALLENDE (Presidente).- De conformidad con lo acordado por los Comités, el proyecto debe ser votado a las ocho. En la distribución del tiempo ya acordada, corresponden treinta minutos al Honorable señor Bulnes, pero faltan 23 minutos para la hora en que debe iniciarse la votación.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Pido que se me concedan algunos minutos, a continuación del Honorable señor Bulnes, para usar de la palabra.
El señor ALLENDE (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para prorrogar la hora por el tiempo necesario para que el Honorable señor Bulnes Sanfuentes use todo el tiempo que le corresponde, y para que intervenga, durante siete minutos, el señor Ministro de Hacienda.
El señor BULNES SANFUENTES.- Procuraré no emplear todo mi tiempo.
El señor ALLENDE (Presidente).- Si no hay oposición, quedaría así acordado.
Acordado.
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, al fijar la posición de los Senadores del Partido Nacional ante el proyecto en debate, reiteraré algunos conceptos ya expresados por mí en las Comisiones unidas, por estimar necesario que la opinión pública los conozca y medite.
El ciudadano común piensa que el Congreso está abocado en estos momentos a un mero proyecto de reajustes, y que el Gobierno, mediante el referido proyecto, nos solicita los recursos necesarios para pagar dichos reajustes. Se trata de un grave error, y me atrevería a decir que es un verdadero engaño.
El Gobierno ha pedido al Congreso nuevos recursos por 622 millones de escudos; pero, como lo demostraré a continuación, de esos 622 millones, sólo 220 millones están destinados a financiar los reajustes, y el saldo, o sea, 402 millones de escudos, vale decir, las dos terceras partes del ingreso consignado en el proyecto, tienen por objeto cubrir otros gastos que nada tienen que ver con aquella finalidad.
Lo anterior es muy fácil de demostrar. El reajuste consultado en el proyecto cuesta en total la suma de mil tres millones de escudos. De esta cantidad, hay 783 ya financiados, que se forman con 586 millones que se provisionaron en la ley de presupuestos de este año para la finalidad específica de pagar los reajustes, y con 197 millones que rinden el impuesto patrimonial y otros tributos que fueron renovados para solventarlos. Si a los mil tres millones de escudos restamos los 783 millones ya financiados, llegamos a la conclusión forzosa de que el reajuste sólo debe costar 220 millones más. Entonces, ¿poiqué se nos piden 622 millones? Porque en la ley de Presupuestos el Gobierno omitió considerar una serie de gastos que conocía perfectamente, y que nada tienen que ver con el reajuste, y que suman en total 713 millones. De esos 713 millones, se han cubierto 311 millones con economías presupuestarias que introdujo el ex Ministro señor Sáez; y, por lo tanto, quedan por financiar 402 millones. Esta cantidad, sumada a los 220 millones que faltan para el reajuste, alcanza a 622 millones, que es el total de los ingresos consignados en el proyecto. De manera que estamos frente a un proyecto de nuevos recursos que en una tercera parte está destinado a financiar el reajuste, y en dos terceras partes, a otros gastos. En otras palabras, para otorgar a los empleados y obreros del sector público el reajuste que les corresponde, el Gobierno nos pone por condición que, a la vez, le proporcionemos 402 millones de pesos para financiar otros gastos.
Yo no pretendo que ésta sea la primera oportunidad en que un Gobierno utiliza el proyecto de reajustes para financiar gastos extraños a esa finalidad; pero sí puedo afirmar que es la primera vez que ocurre en esta escala, en esta medida desorbitada. Y semejante práctica viciosa tiene que terminar. No se puede condicionar el otorgamiento de reajustes a la obtención de recursos para otras finalidades, porque de ese modo el Gobierno utiliza las necesidades y hasta el hambre de los asalariados como instrumento de presión para el logro de fines que no tienen relación directa con los trabajadores.
Por eso manifesté en las Comisiones unidas y lo reitero aquí la necesidad de que los distintos sectores del Senado estudiemos una reforma constitucional en virtud de la cual los proyectos de reajustes sólo puedan ser proyectos de reajustes, que no consulten financiamientos para otros gastos ni consignen disposiciones de todo género, formando esas arcas de Noé a que estamos acostumbrados. Ahora ocurre que en dichas iniciativas el Gobierno trata de "sacarse todos los balazos": conseguir facultades extraordinarias para esto; arreglar una situación por allá, y, sobre todo, solventar gastos ajenos a los reajustes. Por su parte, los parlamentarios tratan de resolver sus problemas regionales; y los gremios mismos procuran obtener beneficios que, en realidad, no constituyen reajustes, sino aumentos de remuneraciones o privilegios previsionales.
En defensa de los asalariados del país, debemos aprobar una reforma constitucional para que los proyectos de reajustes deban centrarse en esa materia, y no vuelva a ocurrir lo que sucede en este instante, en que nos encontramos en el mes de abril y todavía no se sabe si los trabajadores de Chile tendrán o no tendrán compensación por el alza del costo de la vida que se produjo el año pasado.
Los Senadores nacionales habríamos tenido perfecto derecho para rechazar de plano este proyecto. El financiamiento pedido es consecuencia del aumento insensato de los gastos del sector público, por una parte, y de la contracción de la economía particular, por otra. Desde el mismo día en que este Gobierno asumió el poder, hemos venido abogando y hemos sido el único sector político que lo ha hecho para que, en primer lugar, no se eleve el gasto público a límites incompatibles con la realidad del país, y, en segundo lugar, para que no se destruya eso que, para nosotros, constituye la única viga maestra de la economía: la confianza. No hemos sido oídos. El gasto público se ha elevado a más de 50% de la renta nacional. En la economía particular, la confianza ha sido destruida por la abolición de la garantía constitucional del derecho de propiedad y por una reforma agraria confiscatoria; y la crisis de confianza se refleja en la baja violenta de los índices de aumento de la producción.
Cuando nosotros decíamos que el gasto público era excesivo, se nos replicaba que carecíamos de visión, que éramos retardatarios, que estábamos defendiendo privilegios. Hoy, todo el país sabe que no estábamos defendiendo privilegios, sino tan sólo el interés general; que no éramos retardatarios, sino realistas; que por el camino del aumento inmoderado del gasto público se lleva a la nación entera, tarde o temprano, a una situación sin salida.
Por lo tanto, podríamos haber rechazado, lisa y llanamente, este proyecto; pero cuando el Gobierno decidió conversar con los distintos sectores políticos, modificando la actitud que había observado en estos tres años, en que jamás buscó contactos con gentes de otros partidos, y demostró el mayor desprecio por sus opiniones; cuando el Gobierno pareció entender que la Democracia Cristiana no es Chile, sino sólo un tercio de Chile, nosotros aceptamos patrióticamente entrar en conversaciones. Procedimos así, en primer lugar, por el interés de los asalariados; por no mantener indefinidamente en la angustia a quienes viven de un sueldo o salario, y en la miseria y el hambre, a los sectores más modestos de los trabajadores.
En segundo lugar, lo hicimos por evitar a la nación el grave riesgo en que se encontrarían la tranquilidad pública y el orden constitucional, si se rechazara este segundo proyecto de reajustes y los asalariados quedaran sin ninguna compensación por el alza del costo de la vida.
También influyó en nuestro ánimo el hecho de que el Gobierno, en los últimos tiempos, haya reconocido que el gasto público es excesivo, y haya manifestado el propósito de hacer economías. El proyecto del señor Sáez, que ahora defiende el Ministro señor Zaldívar, introduce economías presupuestarias por 311 millones de escudos, lo que ya es algo; y dentro de lo que cabe apreciar podemos estar equivocados en el actual Ministerio hay conciencia de que el gasto público ha excedido todos los límites razonables y que para el próximo año deben estudiarse economías en profundidad.
Se ha dicho que, en esas conversaciones, nosotros tratamos de liquidar la reforma agraria que está haciendo el Gobierno; que tratamos de cambiar la línea gruesa de la política económica-social que él impulsa. Esto es falso, de falsedad absoluta. No somos chantajistas, y jamás habríamos aprovechado un proyecto de reajustes cerno medio de extorsionar para que el Gobierno cambie fundamentalmente su política.
Hemos estudiado el proyecto de reajustes como proyecto de reajustes, sin pretender meter contrabando en los campos sustanciales de la política del Gobierno. No es porque consideremos acertada la actual reforma agraria. Es por un principio de ética política y, además, porque cerno decía denantes el Honorable señor Ibañez estimamos conveniente para el país que la experiencia de esta reforma agraria continúe. Es un duro escarmiento, es una amarga manera de abrir los ojos; pero creo que dentro de muy poco tiempo, cuando estén a la vista los resultados que todavía no podemos obtener oficialmente respecto de la gestión de los asentamientos, y cuando llegue la hora y no se entreguen los títulos, las grandes masas de la ciudadanía comprenderán que nosotros tuvimos razón al decir que este tipo de reforma agraria no iba a lograr ni el objetivo de aumentar la producción agropecuaria ni la finalidad de dar tierra a los campesinos.
¿Cuáles son las ideas que orientaron nuestras conversaciones con el Gobierno?
En primer término, conseguir un reajuste mayor para ese tercio de la Administración Pública que quedaba condenado al 12, 5% y conseguir, a la vez, para los pensionados del Servicio de Seguro Social, un aumento adecuado de las míseras pensiones que reciben.
En segundo lugar, procuramos que el Gobierno no insistiera en el aumento del impuesto a la compraventa ni en lo que se llama el "empréstito forzoso", que no es sino un alza del impuesto a la renta. Hicimos presente al Gobierno, y hemos tratado de demostrarlo, que con economías y con ciertos arbitrios financieros que indicamos, podría llegar a financiar los reajustes, incluso el mayor reajuste para la ANEF y para los pensionados del Servicio de Seguro Social, sin establecer nuevos impuestos, que acelerarían la inflación y afectarán considerablemente a la economía en general.
Hemos tenido muchas conversaciones. Nuestros puntos de vista no han sido acogidos en su totalidad; pero al menos, a esta altura de los acontecimientos, hemos logrado que el Gobierno acepte las siguientes ideas.
En primer lugar, que la cuota de 7, 5% que se entregaría en bonos CORVI a un tercio de la Administración Pública, sea rescatable ante el simple habilitado de la repartición correspondiente, en diez cuotas mensuales, a partir de abril del presente año. Esto significará postergar levemente la percepción del reajuste que debería otorgarse, con efecto retroactivo, desde enero, pero da la seguridad de que el reajuste no será de 12, 5%, sino de 20%. En segundo término, el Gobierno está dispuesto a elevar al 37% el reajuste para los pensionados del Servicio de Seguro Social. Asimismo, el Gobierno está dispuesto a reducir a la mitad el alza del impuesto a las compraventas. En lugar de aumentarlo en uno por ciento, lo haría sólo en 0, 5 por ciento, y las tasas especiales que afectan a ciertos artículos tendrían un alza sólo de la mitad de lo que se había consultado. Además, el aumento del impuesto a las compraventas no se establecería en esta ley, sino que se daría como facultad al Gobierno, con ese límite de 0, 5%, para que recurriera a este medio de financiamiento sólo en el caso de que no pudiera financiar el proyecto por otras vías.
Con respecto al empréstito forzoso, o alza del impuesto a la renta, otorgaríamos autorización • para establecerlo, pero el Gobierno hará ciertas negociaciones que abren fundadas esperanzas de que no necesite recurrir a este tributo.
Por lo demás, confiamos en que el Ejecutivo, cumpliendo las declaraciones reiteradas que ha hecho, estudiará seriamente, en profundidad, como ya dije, economías en el Presupuesto, para hacerlas efectivas desde el próximo año. Con ese objeto, el Gobierno ha aceptado nombrar una comisión de expertos en que figuran personas de reconocida independencia.
No podemos decir que estemos satisfechos con este acuerdo. Hemos vacilado mucho antes de decidir nuestra actitud en esta oportunidad, y lo confieso, sin rubor, porque vacilar en un caso como éste no constituye un baldón para nadie, sino que es un signo de sentido de responsabilidad.
Al final, hemos llegado a la conclusión de que en estos términos podemos permitir que el proyecto sea aprobado. ¿Por qué?
Primero, porque con la aprobación del proyecto sacamos a los asalariados de la situación de angustia en que se encuentran. Dos tercios de la Administración Pública recibirán un reajuste promedio de 34% y lo están esperando desde el mes de enero y un tercio de ella tendrá un reajuste de 20%, que podrá no ser satisfactorio, pero es mucho mejor que nada. El sector privado percibirá un reajuste mínimo de 20, 9%, sin perjuicio de lo que pueda obtener por la vía de los pliegos de peticiones y de los conflictos colectivos. A su vez, los jubilados del Servicio de Seguro Social conseguirán un reajuste del 37%;. En seguida, el impacto inflacionista provocado por el aumento del impuesto a las compraventas no será el que estaba calculado, porque se reducirá a la mitad.
Luego, se abre una esperanza de que no se alce el impuesto a la renta promoviendo mayor desconfianza y mayor fuga de capitales.
Por último en esto podemos estar equivocados, creemos que se estudiarán seriamente economías para el futuro.
En estas condiciones, después de haberlo meditado mucho, en conciencia, estimamos que debemos dar paso al proyecto. Lo hacemos por las razones que ya indiqué y, también, porque no deseamos para nuestro país perturbaciones del orden constitucional o de la tranquilidad pública. Hemos manifestado durante mucho tiempo dígase lo que se diga en contrario profundo respeto por el derecho, y es bueno que lo oiga el Gobierno, porque no hace mucho que, con calumnias, llevó a la cárcel a los dirigentes del Partido Nacional, imputándoles el estar tratando de derribar al Gobierno por medios violentos. Ahora podrá comprobar el Gobierno y podrán comprobar los sectores políticos que entonces le hicieron coro, que nosotros somos firme y ardientemente partidarios del orden constitucional.
Nuestra posición será la de abstención. No tenemos por qué votar en favor del proyecto. Seguimos considerando que este proyecto debió financiarse con economías. Lo estamos acogiendo porque no está en nuestras manos imponer al Ejecutivo un criterio económico más sano. Cumplimos con nuestro deber de permitir que se despache; pero, para establecer que no concordamos con él en su integridad y para señalar una vez más que no tenemos responsabilidad alguna en la situación extremadamente grave a que el exceso de gastos públicos ha llevado a la caja fiscal, no lo votamos a favor, sino que nos abstenemos de votar, a conciencia de que con ello el proyecto quedará aprobado en general.
El señor ALLENDE (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro, por diez minutos.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, yo hubiera querido ocupar mi tiempo, en parte, para refutar algunas afirmaciones que se han hecho aquí, en el Senado, en lo relativo al incumplimiento por parte del Gobierno de los convenios suscritos con algunos gremios.
Reitero y ratifico aquí todas las palabras y argumentos que di en el sentido de que el Gobierno ha cumplido todos y cada uno de los convenios, en especial el de los profesores.
Manifestaciones en tribunas y galerías.
El señor ALLENDE (Presidente).- Advierto, por segunda vez, a tribunas y galerías que les está absolutamente prohibido hacer cualquier clase de manifestaciones.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- En segundo término, deseo aprovechar la oportunidad para formular una observación acerca de la referencia hecha por el Honorable señor Luengo a una proposición para rechazar el artículo 1° de este proyecto.
Debo hacer presente al Senado que el rechazo de este artículo significaría dejar sin el reajuste de 12, 5% a la Administración Pública. Por lo tanto, creo que la desaprobación de este precepto, en vez de beneficiar a los trabajadores del país, los perjudicaría gravemente.
El señor LUENGO.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Dentro de mi tiempo, no podría. No creo que alcance a exponer mis observaciones.
El señor LUENGO.- Son dos palabras.
No he sugerido el rechazo del artículo 1º. Lo que he propuesto y sostengo que estamos en condiciones de hacerlo en el Senado es eliminar el pago del 7, 5% en cuotas CORVI y, en consecuencia, dejar a toda la Administración Pública percibiendo el 21, 9%.
Y vuelvo a decir que, si todos los sectores del Senado que han manifestado públicamente su deseo de dar un reajuste de 21, 9% mantienen la misma actitud, estamos en situación de imponer este reajuste.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Personalmente, no estoy de acuerdo con la tesis planteada por Su Señoría, porque creo que es materia privativa del Ejecutivo todo lo referente a remuneraciones. No corresponde al Parlamento.
El señor LUENGO.- Podemos eliminar parte del artículo.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).- Ahora, al término de estas sesiones, que culminarán con la votación en general del proyecto de reajuste de los sectores público y privado para 1968, quiero hacer un análisis de toda esta jornada.
El Gobierno, después de haber sostenido conversaciones con diversos grupos políticos y de consultar al partido de Gobierno y a los distintos Senadores independientes representados en esta Honorable Corporación, ha decidido introducir modificaciones al proyecto de ley en debate, por la vía de las indicaciones, con aquellas ideas que ha estimado factibles y aceptables dentro de las posibilidades de las finanzas fiscales, con el objeto de obtener su pronto despacho, ya que indiscutiblemente su retraso significa grave perjuicio para los funcionarios públicos.
En virtud de este cambio de ideas con diversos sectores políticos, el Gobierno corregirá el proyecto en los siguientes términos.
En primer lugar, los funcionarios públicos que por efecto del artículo 1º de la ley en proyecto recibirán un reajuste de 12, 5% en dinero, más 7, 5% de compensación en cuotas CORVI, podrán rescatar estas cuotas en dinero efectivo, a su propio requerimiento al habilitado del correspondiente servicio, en doce mensualidades, a contar del mes de abril de este año.
En segundo término, el Gobierno, después de escuchar a los sectores políticos y después de que el Ministro que habla tuvo una reunión con la directiva de los pensionados del Servicio de Seguro Social, ha acordado dar durante este año un reajuste de 37% a las pensiones mínimas de los jubilados de este sector y, a contar de 1969, garantizarles el reajuste de sus pensiones en el ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor correspondiente al año 1969 y siguientes.
En seguida, con el objeto de poder obtener el despacho de esta iniciativa de ley, el Gobierno ha aceptado que el impuesto a las compraventas, en lugar de tener un alza de 1% en su tasa base de 7%, aumente sólo en medio por ciento. En la misma proporción aumentarán las tasas especiales que contiene la ley sobre impuesto a las compraventas.
También se solicitará una facultad para que el Presidente de la República pueda modificar el sistema de emisión de boletas de compraventa, con el fin de obtener mejor fiscalización y mayor rendimiento. Si mediante este procedimiento, que es a más largo plazo, se obtuviere efectivamente un mayor rendimiento fiscal, se facultaría también al Primer Mandatario para reducir la tasa del impuesto a las compraventas en el futuro.
Con relación a la idea de modificar el sistema de emisión de esas boletas, el Gobierno pediría que fuera sobre un medio por ciento del sueldo vital, de manera de dejar el mínimo en 2 mil pesos.
En cuarto lugar, el Gobierno acepta que el empréstito forzoso lo aplique el Presidente de la República, facultado para ello, conjuntamente con la segunda cuota del impuesto a la renta, en caso de no existir otro financiamiento que pueda reemplazar ese ingreso de tipo fiscal.
Estas son las bases aceptadas por el Ejecutivo, respecto de las cuales no sólo ha escuchado al Partido Nacional, a quien debo reconocer su participación y su gestión en torno a este proyecto, sino también a otros sectores, como el Partido Socialista Popular, y, además, las exposiciones que se hicieron en las Comisiones de Trabajo.
También debo declarar y así lo reconoció el Honorable señor Bulnes que estos puntos aceptados por el Ejecutivo no significan en ningún caso que el Gobierno renuncia a sus metas programáticas en materia económica y social. No ha habido exigencias ni en materia de reforma agraria ni en otros puntos del programa de este Gobierno. Eso es claro, y creo que el país debe saberlo, como también los Senadores de todos los sectores. Se trata, en realidad, de un apoyo fundado precisamente en los puntos referidos.
También debo reconocer que el Gobierno está dispuesto, como lo ha estado siempre, a resguardar que el gasto público no exceda de límites razonables y a estudiar todas aquellas rebajas que se puedan hacer para los años futuros, pero siempre con la condición de que los programas económicos y sociales expuestos por el actual Gobierno no sufran detrimento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente).- Cerrado el debate.
De acuerdo con las atribuciones que me otorga el Reglamento, pongo en votación el proyecto de ley que reajusta los sueldos y salarios de los sectores público y privado.
Se ha solicitado votación nominal.
En votación.
(Durante la votación).
El señor AHUMADA.- Deseo fundar mi voto.
El señor ALLENDE (Presidente).- Puede hacerlo Su Señoría.
El señor AHUMADA.- Señor Presidente, mi partido, a través de la exposición de sus personeros en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, dio a conocer las líneas fundamentales por las cuales se opone en general a legislar en este proyecto.
Nuestra posición no es de tozudez ni de intransigencia. Tampoco obedece a la creencia de que a los trabajadores no les importen las discusiones, ni la oportunidad, ni el monto del reajuste. Mi partido ha oído siempre a los gremios. Precisamente, uno de los oradores ha expuesto el pensamiento de los gremios respecto de este proyecto de reajustes.
A juicio de mi partido, no han cambiado fundamentalmente las condiciones después del acuerdo a que ha llegado el Gobierno con el Partido Nacional y con otros personeros. Desde el punto de vista de la doctrina, mi colectividad siempre ha rechazado el reajuste en dinero efectivo y bonos, sean bonos CORVI o bonos de producción. Y, al rechazarlo, se ha atenido a claras disposiciones del derecho laboral, establecidas no sólo en nuestro Código del Trabajo, sino también en convenios internacionales, en virtud de las cuales el salario debe pagarse en dinero. De ese modo, resulta absolutamente ilegal cualquier pago en otra especie.
Estas condiciones no han variado con el acuerdo a que ha llegado el Partido Nacional con el Gobierno, porque en dicho acuerdo se expresa que la cuota de 7, 5 por ciento será pagada siempre en bonos CORVI, los cuales serán rescatables ante el simple habilitado, en diez cuotas mensuales. Es precisamente esta tramitación burocrática, esta alteración de las normas internacionales y de los convenios a los cuales está adscrito nuestro país lo que induce a nuestro partido a rechazar nuevamente el proyecto.
Por otro lado, nosotros hemos insistido hasta la saciedad en el desamparo en que quedan en este proyecto importantes gremios, especialmente del sector público, como el personal de Correos y Telégrafos, el del magisterio, los trabajadores de la Salud y otros a que se ha hecho referencia repetidamente. Han sido ellos mismos, ha sido la ANEF, quienes nos han pedido rechazar en el Senado este reajuste.
Se ha expresado claramente que sólo la tercera parte de los ingresos de este proyecto está destinada a financiar los reajustes, y que el resto, a solventar otro tipo de gastos. El Honorable señor Bulnes Sanfuentes dijo, con mucha razón, tal como lo han planteado los personeros de mi partido, que en esta iniciativa sólo debió legislarse en materia de reajustes, y haberse abordado el plan de inversiones, respecto del cual existe un déficit en el presupuesto especial.
También rechazamos la forma como se han desconocido los acuerdos magisteriales, los convenios del Ministro con el personal del Registro Civil y el de Correos y Telégrafos. Por eso, rechazamos la idea de legislar.
El señor ALLENDE (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor AHUMADA.- Para terminar, señor Presidente, Su Señoría expresó que el señor Ministro no ha informado al Congreso sobre el monto a que llega el crédito externo. Pero yo puedo decir que el endeudamiento interno de Chile llegaba, al 31 de diciembre de 1967, a 517 millones de escudos y a 422 millones de dólares. Por lo tanto, ¿cuál es la solvencia de este
Gobierno para encarar un empréstito forzoso?
Por las razones expuestas, votamos negativamente.
El señor AYLWIN.- Señor Presidente, estamos votando en general el proyecto; es decir, votamos si queremos reajuste o no lo queremos. Los sectores que han anunciado sus votos en contrario, expresan que quieren reajuste, pero que están en desacuerdo con algunas partes del proyecto, aunque no con con la idea fundamental o esencial de éste.
Naturalmente, todos quisiéramos que los reajustes fueran lo más altos posible, y que no sólo se diera reajuste, sino que pudiéramos aumentar cada día más el poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores y su participación en el ingreso nacional, pero hay limitaciones en las posibilidades fiscales. Lo que se puede es distinto de lo que se quiere. Existe, además, la necesidad de compatibilizar las diversas metas que la comunidad nacional aspira a alcanzar. Se quieren reajustes, pero también se quieren trabajo pleno, obras públicas, vivienda, educación, salud, reforma agraria, desarrollo económico, nuevas industrias, más producción.
Frente a ello, el proyecto de reajustes tiene que compatibilizar estas distintas metas; así como se asignan fondos para el reajuste, hay que destinar recursos para cumplir los planes de vivienda, para realizar los planes de desarrollo económico y desarrollo industrial. El proyecto da a dos tercios del sector público reajustes superiores al 33 por ciento; concede al sector privado reajustes de 21, 9 por ciento, y sólo establece reajustes inferiores a este monto para un tercio del sector público, al cual completa 20 por ciento de reajuste en cuentas de ahorro, rescatables, del modo que aquí se ha señalado.
Pues bien, esta limitación del proyecto obedece a la necesidad de compatibilizar los objetivos, como antes se ha señalado, de ajustarse a los recursos disponibles y, también, de afrontar el fenómeno de la inflación.
He señalado aquí, en el día de ayer, y lo he repetido hoy, un hecho que no ha sido negado por nadie: en los tres primeros años de este Gobierno, los reajustes fueron superiores al alza del costo de la vida. En esos tres primeros años, el poder adquisitivo de los trabajadores aumentó en 40 por ciento. Frente a este hecho y al recrudecimiento de la inflación, es indispensable consolidar el avance logrado. Por eso es necesario tomar estas medidas.
Aquí se ha invocado la teoría estructuralista y se recurre a ella para pretender desahuciar o descartar como atrasadas las enseñanzas que antes se enunciaban en el sentido de que cuando hay inflación es necesario contener el aumento del poder de compras, y se ha dicho que las causas de la inflación no están en los reajustes, sino en aspectos estructurales.
Nosotros aceptamos esa teoría. Creemos que las causas son estructurales: fundamentalmente, el déficit de la balanza de pagos, el déficit de la producción agrícola y diversos otros factores de la estructura económica nacional. Pero, a nuestro juicio, también influyen esos otros factores. Y permítaseme terminar mis observaciones citando la opinión de don Aníbal Pinto Santa Cruz, economista de Izquierda, partidario de la tesis estructuralista, contenida en su libro "Ni estabilidad ni desarrollo".
El señor ALLENDE (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha llegado el término de su tiempo.
El señor AYLWIN.- Agradeceré al señor Presidente recabar el acuerdo de la Sala para concederme medio minuto más.
El señor ALLENDE (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederá medio minuto más al Honorable señor Aylwin.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor AYLWIN.- Don Aníbal Pinto dice, con relación a este problema:
"Una cosa es convertir la disminución de los mismos" se refiere a los reajustes "en la o una de las piezas centrales de la represión antinflacionista y otra muy distinta es atenuar su impacto inevitable cuando, al mismo tiempo, se están administrando medidas que envuelven la de defensa del ingreso real y del nivel de ocupación. "
Y agrega más adelante:
"Entre las alternativas tajantes de conceder o no reajustes iguales al alza de precios hay muchas modalidades intermedias susceptibles de cautelar lo más posible el ingreso laboral y de atenuar las repercusiones inflacionarias del aumento de los ingresos nominales. "
Voto que sí.
El señor BALTRA.- En un discurso pronunciado en esta misma Sala, dí a conocer las razones por las cuales nosotros estamos en contra de la idea de legislar.
En cuanto a la referencia sobre la tesis estructuralista, deseo recordar que uno de los autores de dicha tesis, el distinguido economista chileno Osvaldo Sunkel, señala concretamente, en un artículo ya famoso, titulado: "La inflación chilena y un enfoque heterodoxo", que la causa básica reside en las limitaciones o rigideces estructurales del sistema económico, y que el aumento de remuneraciones es sólo un mecanismo de propagación. Y dice:
"En resumidas cuentas, el mecanismo de propagación viene a ser la capacidad de los diferentes sectores o grupos económicos y sociales para reajustar su ingreso o gasto real relativo: los asalariados vía los reajustes de sueldos, salarios y otros beneficios; los empresarios privados vía las alzas de precios; y el sector público vía el aumento del gasto fiscal nominal".
A nuestro juicio, en la esencia del conjunto de ideas que constituyen la tesis estructuralista está el hecho de que los reajustes de remuneraciones no son causa básica de la inflación. Así fue también como en el documento denominado "De la vía no capitalista", aprobado en la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, se dice que cuando el proceso inflacionario está en ascenso, los reajustes de remuneraciones deben ser superiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida.
He querido fundar mi voto frente a algunas expresiones vertidas.
Voto que no.
El señor BARROS.- No puedo prestar aprobación a un proyecto que el trabajador, el campesino, el pensionado, el profesional, el hombre de la calle en general está repudiando.
No puedo dar la espalda al profesorado que ha sido pisoteado por el Gobierno, echando al traste el acuerdo ya obtenido entre el Magisterio y el Ejecutivo. No podría subestimar los anhelos de mejoramiento del sector pasivo, la tristísima situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social.
Me repugnaría aprobar un impuesto inflacionario a las compraventas aunque el alza sea del medio por ciento, como aquí se ha dicho, impuesto que debiera pagarse primordialmente con las ventas de cobre. No podría tolerar que siguiéramos en calidad de acólitos del Fondo Monetario Internacional. No puedo sumarme a un fraude, a un atropello a la verdad, porque es mentira que el alza del costo de la vida alcanzó a 21, 9 por ciento. Eso lo afirman sólo los burócratas que falsifican el índice de precios al consumidor en sus oficinas estadísticas y los fracasados de CONCI. No piensan así las dueñas de casa, los padres de familia, los escolares desnutridos y la carne de hospital y la carne de cementerio. No podría insultar, votando favorablemente, a los funcionarios de Correos y Telégrafos, apaleados estos días junto a profesores y los trabajadores de la Salud, que, ¡oh, sarcasmo!, al velar por la salud ajena están enajenando la propia.
Al votar en contrario, voto contra el imperialismo y los monopolios nacionales que se hincharon con los convenios del cobre y el Estatuto del Inversionista.
Voto en contrario, porque, aunque imperfectas a CORA e INDAP se les ha recortado el presupuesto, igual que a CORVI.
Más fuerza aún para votar en contrario el proyecto me hace la intimación planteada por el Ejecutivo cuando ha hablado de "crisis institucional", y la opinión de dos Diputados democratacristianos en el sentido de clausurar el Senado.
El trabajo se paga en salarios, y el salario se llama dinero ya lo señaló el Honorable señor Ahumada, no bonos, no obligaciones que vulneran la libertad humana, no el sistema que la "Corporación de Cerebros", los "fenicios del Poder", desean instaurar.
Voto en contrario, porque no acepto que el Ejecutivo "emperador" reorganice servicios a su amaño y pisotee tradiciones mundiales, elevándose aún por sobre la hazaña de Cristóbal Colón, y suprima el feriado del 12 de octubre.
Por último, en un país en que la Iglesia está separada del Estado y en que ya el presupuesto anual ha entregado a las universidades confesionales ingentes valores de la Nación, no comprendo cómo se establece, en el artículo 52, un aporte para la Universidad Católica de Santiago de 6. 930. 000 escudos; para la Católica de Valparaíso, otro de 1. 510. 000 escudos; para la Universidad del Norte, uno de 1. 280. 000 escudos; para el Instituto del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, mediante el artículo 239 del proyecto, una subvención de 1. 200. 000 escudos. ¡Cuántos miles de millones de pesos! ¡Y lo que resulta más exasperante es que a los "pulpos", a los limosneros de la Universidad Técnica Federico Santa María, el proyecto les regala 1. 050. 000 escudos! ¡Pero no hay dinero para los profesores, para el Servicio Nacional de Salud, para reajustar pensiones! ¡A la Iglesia sí que le sobra! Es "vox populi" en Santiago que el CardenalArzobispo ha recibido de Alemania y Bélgica una suma cercana a los dos millones de dólares para comenzar a trabajar por la próxima candidatura confesional democratacristiana de 1970.
¡Con razón el dólar de la bolsa negra está bajando, porque la Iglesia ha lanzado este circulante por las calles de Chile!
El señor PABLO.- ¿Por qué no le dice eso a Mao?
El señor BARROS.- Por razones de conciencia, voto que no; y al Honorable señor Pablo, que tantas bromas me hace desde su banca, debo pedirle que tenga más respeto para con Mao, pues habrá de saber Su Señoría que a los tres años del avenimiento del Gobierno democratacristiano Mao envió un telegrama al Presidente de Chile, en el que le decía: "Mao ama a Frei". Por su parte, éste le contestó: "Frei ama a Mao... "
(Risas).
El señor BOSSAY.- Señor Presidente, en vista de las palabras pronunciadas por el Honorable señor Aylwin, deseo reiterar, en nombre del Partido Radical, que nuestra colectividad jamás se ha opuesto a la idea de otorgar reajustes que devuelvan a los trabajadores el poder adquisitivo que tenían sueldos y salarios el año anterior. Deseamos conceder un aumento de remuneraciones; pero creemos que la actual iniciativa atenta contra los intereses del vasto sector de chilenos que viven del producto de su trabajo y a quienes nosotros, en parte importante, creemos representar.
El Ejecutivo ha demostrado agilidad, en sus tres años de Gobierno, para convertir en sustitutivos los votos aditivos, que necesitan el apoyo de ambas ramas del Congreso para su aprobación. Los vetos sustitutivos, como saben Sus Señorías, sólo necesitan ser acogidos por una rama del Parlamento para que se imponga el criterio del Ejecutivo. Ante esta circunstancia, y dada la mayoría de 82 Diputados democratacristianos en la Cámara, la mejor manera de defender a la ANEF, la ANES, al profesorado participamos de su interpretación del acuerdo magisterial, a los jubilados y montepiados, al Servicio Nacional de Salud, al de Correos y Telégrafos y a todos los que serán afectados por la iniciativa en debate, precisamente, con el derecho que la Constitución Política nos otorga, es dar abiertamente nuestro voto contrario a la idea de legislar.
Dentro de los pocos minutos de que dispongo, deseo plantear, también, que no sólo adoptamos tal actitud en defensa de esos sectores o de acuerdo con las ideas generales planteadas por los distintos colegas desde el punto de vista de la doctrina económica. Citaré ejemplos concretos con lo cual voy a terminar, y cifras que, posiblemente, hoy no impacten mucho a los Honorables colegas, pero que harán a los parlamentarios democratacristianos pensar y revisar, en lo futuro, muchas de sus actitudes, sobre todo en lo relativo a la exagerada propaganda que han mantenido acerca de sus realizaciones.
Si se reducen los presupuestos de gastos y los de capital o de inversiones desde el último año del Gobierno anterior desde 1963 hasta 1968, se obtiene un resultado sumamente curioso, que hace totalmente explicable la Carta de Intenciones del Fondo Monetario Internacional.
En moneda constante, reducida al valor expresado en el presupuesto de 1963, el presupuesto corriente de ese año es de 720 millones de dólares; en 1964, de 709 millones; en 1965, de 837 millones; en 1966, 990 millones; en 1967, 1. 015 millones, y en 1968, el presupuesto de gastos corriente alcanza a 1. 061 millones de dólares. De este último haremos un análisis, posteriormente, puesto en él están retratados la inflación de la Administración Pública, los asesores, los sueldos millonarios que no están afectados por el problema del reajuste.
Veamos ahora el cacareado presupuesto de inversión, también expresado en moneda constante.
En 1963, es de 420 millones de dólares; en 1964, de 399 millones; en 1965, de 561 millones; en 1966, de 526 millones; en 1967, de 479 millones, y en 1968, de 436 millones de dólares.
En otras palabras, en 1963, durante un Gobierno estimado por muchos Honorables colegas como reaccionario, de Derecha, se invirtieron 420 millones de dólares, y en 1968, en este Gobierno revolucionario sólo se han invertido 16 millones de dólares más que en esa oportunidad.
Aquí se ha dicho que debe analizarse el gasto público; y que la Carta de Intenciones es sólo una pista, ya que todos sabemos que ha habido derroche extraordinario durante los últimos tres años. Estas consideraciones, precisamente, nos llevan a votar negativamente, pues, a nuestro juicio, no se puede hacer restricciones respecto de dineros que son para vivir, para comer, como ocurre con los del reajuste.
La señora CARRERA.- Señor Presidente, voto que no a este proyecto por considerar que el alza del costo de la vida en 1967 no ha sido realmente de 21, 9%; porque no se respetan los convenios suscritos entre el Gobierno y los gremios de Correos y Telégrafos, del Servicio Nacional de Salud y del magisterio; porque rechazamos cualquier sistema de bonos para pagar los sueldos de los empleados públicos, y por considerar que la iniciativa constituye un seria peligro para el presupuesto de la reforma agraria.
¿Por qué lo digo? Hay indicios de que así ocurrirá, porque disminuirá el presupuesto del Ministerio de Agricultura, y por el discurso que el Presidente Frei pronunció en la Convención Nacional del Comercio y la Producción. El Primer Mandatario, junto con sostener que la libertad de la actividad económica es una manifestación y, en muchos sentidos, una condición para la libertad del hombre, en otra parte de su intervención dice: "Reconozco que no es sólo necesario, sino imprescindible realizar severas restricciones e importantes disminuciones, y al respecto estoy adoptando medidas muy definidas que la opinión pública conocerá espero esta misma semana".
Todas estas circunstancias, aparte otras que señalaré, demuestran que hay peligro para la reforma agraria, única realización de este Gobierno, a nuestro entender, que tiene algunos visos de impulsar el cambio social. Esa empresa es la única que en este régimen tiene atisbos de revolución. Pero vemos que la Democracia Cristiana, no defiende como debiera hacerlo esa reforma. Así sucede, por ejemplo, respecto de las acusaciones de "El Mercurio", que, mañosamente, usa cifras provenientes de comparaciones entre los nuevos asentamientos y el producto del trabajo de los mejores fundos de Chile. El Gobierno nada ha dicho a este respecto; pero ya que él no lo dice, yo deseo manifestar que en el primer año de vida de esta nueva forma de propiedad de la tierra, los ingresos de los campesinos superaron en cuatro veces el salario mínimo agrícola, al mismo tiempo que aumentó la producción en todos los asentamientos.
También es importante destacar la contradicción ¡económica existente en el proceso de reforma agraria. Por una parte, se hace mucha propaganda respecto de que éste sería el Gobierno de los campesinos y de que estaría empeñado en elevar su nivel social; pero, por otra, nada se hace allí donde está la realidad del mundo capitalista. Me agradaría que alguna vez el señor Ministro de Hacienda hiciera aclaraciones sobre este problema. En Chile, del ciento por ciento del crédito para la agricultura, el 92% corresponde a los latifundistas, otorgado tanto por los bancos privados, como por el Banco del Estado o la Corporación de Fomento, que aportan la mayor parte de él. Sólo el 8% restante se asigna a las nuevas estructuras agrícolas creadas por esta Administración. No se comprende cómo un Gobierno que se dice representativo de los campesinos realiza tal distribución de las posibilidades crediticias. A nuestro juicio, si realmente se desea impulsar la reforma agraria, una de las principales metas es abordar una buena política de distribución de los créditos agrícolas.
Como vemos que no se defiende esa reforma, tememos que en este proyecto vaya escondido un ataque en su contra.
Al mismo tiempo, deseo aprovechar la presencia en la Sala de varios señores Ministros para solicitar con lo cual creo interpretar el sentir de la gran mayoría del Senado que se suspenda la persecución de los maestros, de los obreros de Vialidad despedidos de su trabajo por orden del Ministro Ossa Pretot y de todos los gremios que piden un mejor salario que, en justicia, les corresponde, como lo ha reconocido el propio Gobierno.
El señor CASTRO.- Sólo deseo decir dos palabras.
Votaré favorablemente la idea de legislar y allegaré mi voto al de los Senadores comunistas e independientes, a fin de perfeccionar en la discusión particular todas aquellas disposiciones que vayan en favor de los diferentes gremios de trabajadores.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORVALAN.- Los comunistas votamos favorablemente la idea de legislar.
En primer lugar, lo hacemos, por así decirlo, echando la última palada de tierra al fenecido artículo 66, que pretendía establecer el ahorro obligatorio para más de dos millones de trabajadores del sector privado y atentaba gravemente contra el derecho de huelga.
En segundo lugar, votamos favorablemente este proyecto porque, en virtud del retiro del citado artículo, la iniciativa cambió de contenido esencial y pasó a ser efectivamente un proyecto de reajustes. Su texto consigna un aumento de 21, 9% para 1. 550. 000 trabajadores del sector privado no sujetos a convenios, sino a la voluntad de los patrones. Para 350 mil trabajadores de este mismo sector, sujetos a convenios, deja abierta la posibilidad de alcanzar, mediante la lucha, mejoramientos superiores. Y para la mayor parte del sector público incluye reajustes relativamente aceptables.
En tercer lugar, y como ya lo dijimos durante la discusión general, consideramos que, en definitiva, el nivel de los salarios y sueldos no depende sólo del Parlamento, sino también de otros factores, en particular, de la fuerza, la organización y la lucha de los asalariados. En consecuencia, el mejoramiento de la situación de aquella parte del sector público que aparece postergado, seguirá siendo materia de una lucha tenaz dentro del Congreso y fuera de él.
Al asumir esta, actitud, reafirmamos nuestra decisión de contribuir en la discusión particular a corregir todas las injusticias que afectan a los trabajadores fiscales y semifiscales, a los profesores, a los funcionarios de las universidades, a los trabajadores de la Salud, de la Empresa de Transportes Colectivos, de la Línea Aérea Nacional y los Ferrocarriles del Estado, a los obreros y empleados de Correos y Telégrafos, y a los pensionados del Servicio de Seguro Social. Estamos decididamente a favor de las reivindicaciones y las luchas de todos los trabajadores.
En el trámite de la discusión y votación particulares impugnaremos, como ya lo hicieron nuestros Diputados en la Cámara, todas las disposiciones que sobre impuestos y otras materias afecten los intereses del pueblo.
Asimismo, impugnaremos todo compromiso lesivo a los intereses del pueblo, que el Gobierno pudiera haber contraído para conseguir la abstención de la Derecha, como el aumento del impuesto a la compraventa, aunque sea de siete a siete y medio por ciento.
Hemos actuado y continuaremos actuando con plena independencia.
Mantenemos y continuaremos manteniendo nuestra oposición a la política económica reaccionaria que caracteriza a la gestión del Ejecutivo y, desde luego, condenamos su retroceso en cuanto a imponer un empréstito forzoso a los capitalistas.
Dirigimos y seguiremos dirigiendo nuestros principales fuegos contra los reaccionarios, estén donde estuvieren, hállense en el Gobierno o en la Oposición.
Nuestro apoyo a la idea general de legislar luego del retiro del artículo 66, no significa otra cosa que reafirmar esa orientación.
En esta emergencia, ha quedado asimismo de relieve que estamos en presencia de una crisis política que alcanza también a lo institucional.
Estimamos absolutamente necesario encarar y buscar una salida democrática a esta crisis, para lo cual el diálogo y la acción común de las más amplias corrientes progresistas se hacen indispensables.
Votamos que sí.
El señor CURTI.- Con profunda inquietud he venido observando el grave momento que vive el país, reflejado con marcada intensidad en la. discusión del proyecto de reajuste de remuneraciones.
El Gobierno debió retirar su primera iniciativa en esta materia por no satisfacer a ningún sector de la ciudadanía. No sólo los partidos opositores le manifestaron su repudio. El país entero sabe que dentro del propio partido de Gobierno existe un sector de Parlamentarios y dirigentes que lo desaprobaron.
Ahora nos encontramos, ya pasado un trimestre del año, con una nueva moción legislativa que tampoco satisface a quienes pretende beneficiar y que merece críticas muy serias por diversas disposiciones de su texto, particularmente en lo relativo al aumento de la carga tributaria, que sobrepasa en mucho la fatiga impositiva que está minando todas las actividades productoras nacionales.
El Ejecutivo al presentar el proyecto en votación se arriesgó a sufrir un nuevo rechazo, lo cual sumiría en un caos al país y abundaría en perjuicios para los asalariados, que ven con preocupación permanente el constante aumento de los índices de precios sin que en forma correspondiente se eleven sus salarios y sueldos.
Con nuestra abstención facilitamos la aprobación de la idea de legislar. No podemos permitirnos el lujo de postergar la decisión por otro mes, a pretexto de mejorar determinadas disposiciones mediante la presentación de un tercer proyecto, por cuanto la angustiosa realidad económica que vive una gran proporción de los chilenos nos obliga, en conciencia, a aprobar el reajuste propuesto.
Entendemos, en todo caso, que todas las dificultades presentes son consecuencia de la desafortunada conducción de las finanzas nacionales por parte de la actual Administración. Jamás, en muchos años, se había presentado una situación más expectable para el erario. El precio del cobre ha mantenido promedios nunca antes alcanzados; los organismos internacionales de crédito otorgaron préstamos para el desarrollo durante los dos primeros años de este Gobierno en condiciones altamente favorables; la renegociación de la deuda externa, por otro lado, trajo un desahogo en el servicio de las amortizaciones. No obstante lo anterior, en la actualidad el Ejecutivo manifiesta su imposibilidad de encontrar un financiamiento holgado para otorgar el reajuste al sector público, y debe recurrir al incremento de numerosos impuestos y contribuciones para paliar en parte la situación de los servidores fiscales, absolutamente deteriorada por un proceso inflacionario que el Gobierno, con su conducción económica, parece incapaz de contener. Cabe, en todo caso, hacer notar, para responsabilizar aún con mayor énfasis el desaprovechamiento de los recursos fiscales, que el rendimiento de los impuestos y contribuciones ha llegado, igualmente en términos reales y en moneda estable, a allegar recursos al erario en forma notoria.
Estimamos que el gasto fiscal orientado hacia inversiones absolutamente improductivas es la principal causa de los males que nos aquejan. La creación de servicios públicos totalmente innecesarios; los presupuestos paralelos; el despilfarro provocado por la aplicación de la reforma agraria; la propaganda inútil que ocupa todas las radioemisoras, canales de televisión y diarios del país, son algunos de los males que el Gobierno debe necesariamente reparar. No parece posible que el sacrificio de todos los contribuyentes y de todas las personas que trabajan y crean riqueza, se dilapide día a día en un mayor gasto que nos está llevando a límites endémicos de pobreza, restando con ello recursos, que bien orientados en su aplicación contribuirían a salvar la situación aflictiva que vivimos.
El futuro parece sumamente incierto. Si bien es efectivo que en el Presupuesto de la nación los ingresos tributarios provenientes de nuestras exportaciones de cobre se calcularon sobre la base de un precio de 42 centavos de dólar por libra, no lo es menos que los recursos adicionales obtenidos como consecuencia de los precios superiores a 65 centavos, y que durante semanas oscilaron alrededor de 70, estaban contribuyendo a remediar en parte, podríamos decir de manera inesperada, la grave situación de la caja fiscal. Como es de conocimiento público, ha bastado el simple anuncio de la suspensión de los bombardeos en Asia y el arreglo de la huelga de los productores de cobre norteamericanos para que en dos días el precio del metal rojo descendiera en el mencionado mercado, de 70 centavos, a 55. Normalmente, el mercado se estabilizará en un precio varios centavos más bajo. Se habrá acabado entonces el "maná milagroso" y vendrán nuevas tribulaciones y mermas en los ingresos que ya se contaban como ciertos.
El Primer Mandatario no dirige a un país que nada en la abundancia. Sólo la sobriedad, la restricción de gastos improductivos, la supresión de servicios absolutamente ineficaces y un reordenamiento general y drástico de la economía general del país podrán permitir llegar a una solución que todos esperamos.
Con profunda preocupación e inquietud observo el futuro de este llamado al Gobierno a enderezar la conducción fiscal, pues de continuarse con los procedimientos que se aplican, Chile se sumirá en la miseria.
Me abstengo de votar.
El señor FUENTEALBA.- En forma muy breve quiero destacar que el Supremo Gobierno ha hecho los mayores esfuerzos para que la idea de legislar sobre reajustes sea aprobada por el Senado. Para ello ha conversado con todos los sectores políticos representados en este hemiciclo. De algunos hemos recibido una respuesta positiva y, de otros, una francamente negativa.
Por encargo especial del señor Ministro de Hacienda agradezco y destaco la actitud constructiva de los Partidos Comunista y Social Demócrata, y del Honorable señor Tarud. Con su aporte se está haciendo posible aprobar en general el proyecto, sin que ello involucre adquirir un compromiso que les signifique aceptar todos sus preceptos sobre los cuales podrán plantear sus puntos de vista durante la tramitación particular.
Voto que sí.
El señor RODRIGUEZ.- Su Señoría olvidó agradecer al Partido Nacional. Era un deber de cortesía.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- No me referiré a la calificación que se ha hecho de Senadores malos y buenos. ¿Hasta dónde puede llegar tal tipo de calificación?
Al investigador de mañana corresponderá pronunciarse acerca de la desorientación económica que la República está viviendo.
Un proyecto de reajuste de los salarios que no tiene otra finalidad que la de reponer el valor adquisitivo que la masa laboral ha perdido con la inflación y que dentro de una economía bien planificada debiera financiarse con el crecimiento vegetativo de los ingresos, da lugar a una interminable discusión, a la consideración de diversos proyectos, y todo con la participación de los propios afectados, que llegan a paralizar sus actividades en defensa de sus intereses, que de antemano debieran estar defendidos, porque la esencia del reajuste es precisamente ésa, la de mantener su poder económico.
No cabe duda de que se ha desnaturalizado la idea del reajuste, porque el proyecto sometido ahora a debate contiene capítulos destinados a mejorar la situación de servicios que se califican de desmejorados y se introducen innumerables otras disposiciones que nada tienen que ver con la idea esencial.
Ayer el señor Ministro de Hacienda se empeñó en justificar que acuerdos convenidos entre el Gobierno y el magisterio no habían contado con su aprobación, durante la época que servía en ese departamento; que tal acuerdo no se había limitado al ejercicio del año presupuestario o al siguiente, en lo que no le falta razón, y que, finalmente, no se respetaba 'la intención ni el espíritu de lo convenido, lo que hace suponer que se ajustaba a la letra de lo pactado. Se trata de algo parecido con lo que ocurre con otra repartición, la de Correos y Telégrafos, donde el Gobierno convino con el personal, durante una huelga anterior, en determinados beneficios que posteriormente dejó de cumplir, todo 'lo cual crea un estado de desconfianza que conduce al menoscabo de la autoridad.
Agregó también el señor Ministro que el proyecto contiene ingresos superiores a los gastos que dispone, afirmación sobre la cual deseo detenerme unos instantes.
A mi entender, señor Presidente, la administración sufre un serio desbarajuste. Las normas consagradas en la Constitución, en materia de gastos públicos, han dejado de cumplirse. Ya la ley de Presupuestos dejó de ser la nomenclatura de los gastos autorizados por 'leyes permanentes, que no podían alterarse. Como se sabe, ningún compromiso puede ser aprobado por el Parlamento sin que. se señalen, al mismo tiempo, los recursos que lo respaldan. Sin embargo, vulnerando la Constitución Política, se han introducido en la ley de Presupuestos compromisos que carecen de financiamiento, lo que convierte al Presupuesto de la nación en una fuente de recursos, calidad de que carece, y su manejo se entrega gradualmente al Ejecutivo.
Lo anterior explica que en su exposición de la hacienda pública el ex Ministro señor Sáez haya revelado que el déficit presupuestario, corridos apenas dos meses del año, haya alcanzado a un mil doscientos sesenta y siete millones de escudos y que el señor Zaldívar reconozca que los recursos que el proyecto contiene son superiores a las inversiones que establece. Es decir, se requieren recursos para financiar partidas del Presupuesto que no están específicamente autorizadas por leyes de gastos fijos.
La consecuencia de lo dicho descansa en la transformación de servicios fiscales en entes autónomos, a los que se les declara patrimonio propio pero no se les destinan recursos estables para su entretenimiento. De hecho dejaron de pertenecer a la administración estatal, que está subordinada al Presidente de la República, el que ejerce su administración con arreglo a la Constitución y las leyes. Están gobernados ahora por un Consejo que señala rentas y dispone de la carrera del personal, lo que anula la acción fiscalizados del Congreso y de la Contraloría. Aparte esto, la carencia de recursos propios está creando una situación precaria a esos personales, que cada día se hará más patente.
Esta preocupación mía no es nueva. En dos oportunidades solicité que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se sirviera, pronunciarse acerca del trámite de los proyectos de ley que transformaban dependencias fiscales en entes autónomos; pero la Comisión no se ha pronunciado porque, en verdad, no puede dejar de reconocer el estado inconstitucional del procedimiento, tanto de parte del Ejecutivo como del Congreso Nacional al prestarle su aprobación.
Comprendo que en el tiempo breve de un fundamento de voto no puedan tratarse en profundidad esos aspectos; pero en ellos y en el aumento desmedido de la burocracia se encuentra el mal que motiva la inquietud pública. El Estado carece de los recursos necesarios para satisfacer la demanda de sus agentes. Las entradas, por cuantiosas que sean, se diluyen en acciones improductivas hasta el instante en que este tumor canceroso explote. No es, pues, político el mal que nos aflige. No está el remedio en conceder más autoridad al Ejecutivo. Probablemente, por este camino se agravaría el daño. En la materia que nos preocupa, el reajuste debe convertirse en un acto automático y permanente, que debe financiarse con los ingresos vegetativos del Estado. Las mejoras que corresponda introducir en las dependencias fiscales deben tratarse en proyectos de ley separados y, fundamentalmente, debe procurarse una revisión del proceso administrativo del país.
Senadores de estas bancas han señalado 'las causas que motivan el rechazo del proyecto.
Voto que no.
El señor LUENGO.- Señor Presidente, ya tuve oportunidad esta misma tarde de expresar en el Senado las razones por las cuales mi partido decidió votar favorablemente en general el proyecto.
Sólo quiero señalar ahora que ese acuerdo fue libre y espontáneo. Lo hemos tomado sin contraer ninguna clase de compromiso, como no sea el de ayudar a la clase trabajadora, pues pensamos servirla mejor votando afirmativamente 'la idea de legislar.
Reitero de nuevo que en la discusión particular de esta iniciativa estaremos en contra de todas aquellas disposiciones que lesionen conquistas ya alcanzadas por la clase trabajadora o que perjudiquen convenios de determinados gremios. Con la cooperación de Senadores de otras bancas con los cuales pueda aquí constituirse una mayoría, esperamos que en definitiva se despache un articulado realmente favorable para la clase trabajadora. Voto que sí.
El señor NOEMI.- Señor Presidente, he pedido la palabra, para dejar constancia de algo que, no obstante haberse discutido tanto en las Comisiones, no se ha destacado lo suficiente: el hecho de que durante los tres años de este Gobierno se han dado reajustes superiores a ciento por ciento del alza, del costo de la vida. Así, en 1965, según antecedentes que nadie discutió, se dio un reajuste de 116% de esa alza; en 1966 fue de 125%, y el de 1967 equivalió a igual porcentaje. Y en lo tocante al que ahora debatimos, los señores Senadores, al sostener su criterio sobre lo que correspondería dar a ciertos gremios, no han podido desconocer que es, en promedio, de 24% aproximadamente. Equivale, por lo tanto, a un porcentaje superior al ciento por ciento del alza del costo de la vida, que en 1967 fue de 21, 9%.
Se ha sostenido en la Sala que ese índice del costo de la vida es falso. Yo también pienso que no refleja lo que en realidad ha de gastar el consumidor; pero nadie puede discutir que con el mismo metro, con esa misma vara, se ha venido midiendo el alza del costo de la vida en todos los anteriores Gobierno. Y, asimismo, con ese mismo índice se dieron reajustes muy inferiores a ciento por ciento del aumento de los precios.
No quiero referirme propiamente al proyecto, tan debatido, sino manifestar con entera sinceridad la satisfacción que experimento por el resultado de esta votación, que ya se vislumbra. Y lo digo porque, a pesar de tener una trayectoria democrática y de haberse entregado a ella una vida o la juventud, en muchas ocasiones se pierde un poco la fe cuando uno se pregunta qué sentido tiene la democracia si un Gobierno elegido por una mayoría abrumadora no puede imponer sus puntos de vista o gobernar como piensa que debe hacerlo. Eso nos ha ocurrido a los parlamentarios de la Democracia Cristiana cuando hemos visto en esta Sala arrinconar a los representantes del Gobierno por los sectores más opuestos, los cuates, no obstante pensar de modo muy diferente entre sí, aúnan sus esfuerzos y suman sus palabras hirientes y filudas para combatir nuestras opiniones.
De ahí mi satisfacción, porque así como sabemos que a la noche, por larga y oscura que sea, sucede el amanecer, así también debemos tener la certeza de que en la democracia llega un momento en que se impone la. cordura y se puede llegar a una solución por los medios constitucionales. Por eso, debemos tener fe en el régimen democrático.
A quienes sostienen que todo lo realizado por nosotros es propaganda, quiero decirles que voto afirmativamente recordando a los campesinos que hoy viven en el asentamiento y que mañana tendrán la propiedad individual de la tierra conforme a la ley de Reforma Agraria, que es obra de este Gobierno; pensando en aquellos mineros del carbón, que hoy día gozan de la "jornada de lámpara a lámpara", por obra de esta Administración; poniendo los ojos en quienes no trabajan en día de Pluvia y, sin embargo, perciben su salario, gracias a este Gobierno; en los modestos propietarios de bienes raíces avaluados en menos de cinco millones de pesos, que hoy no pagan contribuciones; en todos los obreros que hoy sin discriminación alguna están acogidos a la ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, aprobada durante el Gobierno actual; en los empleados particulares, para quienes hoy existe la medicina curativa, que el propio Presidente del Senado, que es médico, dijo haber estado esperando durante veinte años verla convertida en ley. Y en esa oportunidad el Honorable colega destacó el hecho de que ese proyecto, al que se habían formulado 85 indicaciones, se convirtiera en ley durante este Gobierno. También voto afirmativamente pensando en los dos tercios de los trabajadores del país, que hoy están sindicados gracias a la ley de Sindicación Campesina, obra de este Gobierno. ¡Y para qué hablar de los "loteos brujos", de los que compraron terrenos y no tenían propiedad, y que hoy día no podrán ser engañados! ¡Y de las juntas de vecinos, en que se ha organizado al pueblo, por un proyecto de ley emanado de este Gobierno !
Por eso, por lo que se ha realizado en beneficio del pueblo, por mi fe en la democracia, voto, con profunda satisfacción, afirmativamente.
El señor PABLO. Señor Presidente, en mi calidad de Comité Demócrata Cristiano, dejé constancia, en la reunión de Comités, de mi punto de vista en cuanto a la forma cómo se iba a someter a votación el proyecto. Ya sea por escrito o en la Sala, expresaré posteriormente mi opinión sobre esta materia.
La política económica de un Gobierno es la base fundamental sobre la cual puede sustentarse el bienestar de un pueblo. Lo importante en la conducción de un país es lograr metas claras y el poder suficiente para conseguir los medios que puedan materializarlas. Toda acción en el campo del desarrollo obliga a pronunciarse simultáneamente en torno de dos grandes problemas: el del consumo y el de la inversión. Ambos propósitos tienen que estar guiados por la justicia social y por las posibilidades reales dentro de un presupuesto que es limitado.
La discusión en torno del proyecto de reajustes crea la posibilidad de que la nación sólo mire un aspecto del problema: la solidaridad para con quienes viven de un empleo y gozan de un sueldo o salario, o para quienes, acogidos a jubilación, desean obtener una mejoría de sus pensiones. Pero la solidaridad nacional no sólo debe expresarse respecto de aquellos que tienen trabajo o gozan de una pensión de jubilación. También debe considerarse muy seriamente la solidaridad para aquellos que carecen de empleo, lo que muchas veces parece olvidarse. Para dar un nuevo empleo es menester realizar inversiones, pues la producción, en cualquier sistema económico, obliga a contar con capitales que pongan en marcha el proceso. No se puede, por tanto, resolver por separado ambos problemas, pues es imposible pedir simultáneamente los más altos grados de aumento de remuneraciones, las más altas posibilidades de empleo y el mayor desarrollo económico y social. Siendo limitado el Presupuesto de la nación, lo que se entrega al gasto corriente para sueldos y salarios no puede destinarse a reforma agraria, inversiones industriales del Estado, planes educacionales o de salud y, por consiguiente, la solidaridad nacional obliga a que cada sector de la población no pretenda sólo resolver su propio problema, sino que tenga también presente que su personal situación está ligada al porvenir de los demás sectores que integran la comunidad nacional.
Nada sería más grato para un Gobierno que poder acceder a todas las peticiones, que por lo general son justas, dado que el nivel de vida medio en Chile es precario si se lo compara con países en desarrollo. Sin embargo, sería engañar precisamente a quienes piden que se acojan sus peticiones de mayores sueldos y salarios, si no existe un financiamiento adecuado, y si a la postre uno tuviera que olvidar los requerimientos, no sólo de quienes hoy carecen de empleo, sino de los 200 mil chilenos que año a año reclaman de su país que les otorgue la oportunidad de ganarse el plan con su esfuerzo y dignidad. Por otra parte, es un fraude más estimular las alzas de sueldos si no se tiene la certeza de que se dispondrá de los recursos necesarios para estimular la producción, pues ello desembocaría en inflación y, por lo tanto, se les privaría con una mano de aquello que se les otorga con la otra. El que gobierna sabe y tiene presente que la inflación, a la postre, es un desajuste entre los medios de pago que existen en el mercado y los bienes y servicios ofrecidos.
El Gobierno del Presidente Frei pretendió romper los moldes clásicos de las leyes de reajuste con una iniciativa que llamaba al ahorro nacional de las personas, lo que es posible y necesario. No hay pueblo en el mundo que sin trabajo y ahorro haya podido prosperar. A los Gobiernos de conducción centralizada, que se asientan sobre la dictadura, les es fácil conducir las relaciones entre el ahorro y el consumo. Lo difícil es lograrlo en un régimen de libertad, en donde todos quieren que haya mejores remuneraciones, que se realicen los cambios de estructura más profundos en la reforma agraria, que haya el más alto desarrollo industrial, los más altos niveles de construcciones de obras públicas, habitaciones, de salud, y los programas de más alta significación en el sistema educacional. Todos quieren lo mismo, pero, al mismo tiempo, todos los sectores desean que el sacrificio, ya sea impositivo, ya de remuneraciones o de trabajo, en lo posible sea hecho por los otros grupos sociales sin que los afecte a ellos.
Voto favorablemente este proyecto de ley, en el entendimiento de que refleja el esfuerzo máximo que dentro de la situación económica actual puede hacer el Gobierno, tomando en cuenta simultáneamente el interés de los que trabajan y de los que carecen de empleo y, al mismo tiempo, teniendo por norma que no puede retrocederse en la ejecución de planes tan fundamentales como dar tierra a los que la trabajan, empleo a los que carecen de él, por medio de nuevas industrias promovidas por el Estado, habitación digna a las familias que la reclaman en el país, salud a los que luchan contra el flagelo de la enfermedad y educación a los que aspiran a superarse más allá del alfabetismo, para poder corresponder a las necesidades presentes y futuras de su patria.
Voto que sí.
El señor PALMA.- Señor Presidente, después de este debate, y respetando en absoluto los derechos que cada Senador y cada partido tienen para sostener sus puntos de vista, pero considerando la condición especialísima de toda ley de reajuste, que afecta a toda la Administración Pública y es parte real del presupuesto de gastos fijos, sigo creyendo que aquélla debe tener un tratamiento similar al de la ley de Presupuestos.
Espero que esta discrepancia sea analizada con más profundidad y se resuelva en definitiva para lo futuro, por medio de las vías que nuestra Constitución establece y dentro de las condiciones democráticas que soy el primero en defender junto con partidos que, como el Radical, tienen una tradición similar a la nuestra.
Estimo de absoluta necesidad destacar que, si bien es verdad que en el proyecto están comprendidas algunas materias ajenas al reajuste mismo, ello se ha hecho abiertamente y sin engaño alguno, pues no deben olvidar los señores Senadores que la ley de Presupuesto y la iniciativa en debate se tramitaron juntas durante varios meses del año pasado. Por lo tanto, fueron perfectamente conocidas de los parlamentarios, quienes sabían que muchas de sus disposiciones estaban relacionadas entre sí.
Por último, quiero destacar que medidas como las que se han convenido para hacer posible el despacho de esta iniciativa tendrán, inevitablemente, un alto efecto inflacionario, del cual no se podrá culpar a los planes del Gobierno, quien, por medio de ellos, junto con dar reajustes, ha tratado de frenar ese proceso y de mantener o mejorar el valor de los sueldos y salarios en un complejo de medidas respecto de las cuales resulta difícil discriminar sin que los resultados varíen.
Voto que sí.
El señor REYES.- Señor Presidente, no podría negar que para el Partido Demócrata Cristiano la aprobación general de este segundo proyecto de ley de reajustes ha constituido una profunda preocupación. Su rechazo habría significado un grave trastorno para las legítimas expectativas de los funcionarios del Estado y una paralización de inversiones fundamentales para el país. Pero de muchísima mayor trascendencia habría sido la imprevisible situación que se habría creado al no disponerse de 'los medios indispensables para el normal funcionamiento de la Administración Pública.
Por eso, creemos necesario abordar las enmiendas constitucionales conducentes a alejar la posibilidad de una crisis de esta naturaleza.
La Democracia Cristiana, por medio del Senador que habla, da testimonio de su agradecimiento al Honorable señor Tarud, quien contribuyó en forma destacada a la búsqueda de una solución con este fin; al Honorable señor Luengo, del Partido Social Demócrata; al Honorable colega Baltazar Castro, de la Vanguardia Nacional del Pueblo, y al Senador independiente Honorable señor Sepúlveda, quienes, del mismo modo, manifestaron su disposición para que la iniciativa fuera aprobada en general.
De la misma manera, agradece y resalta la actitud del Partido Comunista, que, sin alterar sus criterios discrepantes respecto de determinadas normas del proyecto, consideró esencial que éste fuera aprobado en general, para permitir así su discusión particular en los términos en que cada colectividad política estime que debe hacerlo.
La resolución del Partido Nacional, que viene a hacer factible el estudio del reajuste, la valorizamos en su significación democrática, que contribuye a evitar graves dificultades en la vida nacional.
El Partido Demócrata Cristiano, y especialmente sus dirigentes sindicales, han actuado juntamente con el Gobierno en procura de las mejores soluciones posibles. Confiamos en que las medidas anunciadas por el señor Ministro de Hacienda, que hemos contribuido a encontrar, permitan el despacho más rápido de esta iniciativa legal tan urgentemente requerida. Por el cumplimiento de la política económico-social del Ejecutivo; por la satisfacción de las justas aspiraciones de los trabajadores, que como nunca han sido y serán atendidas por el Gobierno de la Democracia Cristiana, y en la seguridad de que con la colaboración de todos se podrá perfeccionar el proyecto, voto que sí.
El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, para resumir nuestro pensamiento, en nombre del Partido Socialista, expresamos que votamos negativamente por las siguientes razones.
Porque en realidad no se está legislando sobre un proyecto de reajustes, sino sobre una legislación económica general que tiende, de manera fundamental, a dar respaldo a la improvisación e incompetencia de este Gobierno.
Porque en el proyecto está contenida la filosofía del sometimiento al Fondo Monetario Internacional, lo que en definitiva es una prueba más de sumisión al imperialismo.
Porque lo pide la inmensa mayoría, del sector público y porque así estamos cumpliendo con el mandato que nos entregaron la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANES, 'los profesores, Correos y Telégrafos, el gremio de la Salud y todos los sectores postergados.
Porque se mantiene la filosofía del ahorro de los pobres mediante el llamado bono de la CORVI, que ahora se arregla, en forma ilusoria, con doce cuotas, según el señor Ministro, y reembolsables cada mes, pero no reajustables, lo que constituye un hecho negativo en este país que vive un proceso inflacionario.
Porque en esta iniciativa se consigna, precisamente, la rebaja de las inversiones públicas por una suma equivalente a 180 millones de escudos, que afecta de manera principal en esto tiene razón la Honorable señora Carrera al Ministerio de Agricultura con sus organismos básicos CORA e INDAP, y también a 'la CORFO y al Ministerio de Obras Públicas.
Votamos que no por los muertos, heridos, cesantes, despedidos, presos y procesados por este Gobierno en el plano sindical y porque los socialistas no nos sometemos a la política del miedo, del terror, de la persecución, cuyo último saldo consiste en que, primera vez en Chile, un Senador de 'los nuestros esté en la. Cárcel Pública.
Por último, votamos negativamente porque ésta es la culminación de una coalición del Gobierno con la Derecha, y por eso entiendo al Honorable señor Fuentealba, quien, por rubor, no fue capaz 'de agradecer al Partido Nacional.
Por todas esas razones, y apoyado repito en lo más consciente y combativo de nuestro pueblo, los socialistas reiteramos nuestra voluntad de no legislar sobre la materia.
El señor SEPULVEDA.- Señor Presidente, sólo deseo expresar que en el debate de la mañana de hoy fijé mi pensamiento frente a este proyecto y di a conocer mi resolución de concurrir a su aprobación, especialmente a causa de la imperiosa necesidad que existe de que los asalariados de nuestro país puedan percibir los reajustes que la iniciativa legal en debate les otorga.
Con 'las reservas de orden constitucional y político que entonces formulé y haciendo presente mi libertad para actuar en la discusión particular, voto que sí.
El señor TARUD.- Voto favorablemente la idea de legislar.
El señor ALLENDE.- Señor Presidente, aparte las claras razones expuestas por el Honorable señor Rodríguez, Secretario General del Partido Socialista, y por la Honorable señora Carrera, nosotros votaremos que no, porque este proyecto no es sólo dé reajustes; porque es malo en este aspecto y peor en lo económico, y porque no significará tranquilidad, más trabajo, más pan ni más seguridad para los hogares chilenos.
Una vez más, es preciso señalar que el reajuste es inferior a la efectiva alza del costo de la vida.
En más de una oportunidad he recordado las palabras elocuentes de un brillante Senador de la Democracia Cristiana no es alcance de nombre, el señor Eduardo Frei, cuando decía: "Yo no creo en las estadísticas que dan los índices del alza del costo de la vida. Sólo creo en el bolsón de la dueña de casa".
Ojalá que el señor Frei, ahora que es Presidente de la República, recurra a ese mismo método para apreciar efectivamente la realidad del alza del costo de la vida... Además, votaremos negativamente porque, a nuestro juicio, el Ejecutivo tiene la obligación de precisar ante el país la real situación económica y financiera; porque antes de impulsar esta iniciativa debió habernos expuesto, con criterio claro, el estado de la hacienda pública cosa que no ha hecho y señalarnos los compromisos reales derivados de la Carta de Intención conocida, por el país gracias al Honorable señor Bossay y no mediante el Gobierno, y porque, además, en este proyecto, como en todos los otros, se ve la filosofía de la Democracia Cristiana y del Gobierno, tendiente a afianzar más y más su dependencia, del capital foráneo y la influencia del Departamento de Estado norteamericano.
Pienso que el reajuste no disminuirá las legítimas tensiones de los grupos sociales de nuestro país. Por eso, habiendo asumido otros la responsabilidad de legislar, nosotros teníamos la esperanza de que, rechazado el proyecto, él Gobierno se viera obligado a enviar otro exclusivamente de reajustes, a fin de dejar para después la discusión amplia y profunda del indispensable plan de desarrollo económico que reclamamos del Ejecutivo.
Jamás nos hemos negado a dar reajustes legítimos y justos, que efectivamente satisfagan a quienes sólo perciben el ingreso que les permiten su esfuerzo y capacidad de trabajo.
Al votar negativamente, mantenemos nuestro derecho a seguir luchando durante la discusión particular porque efectivamente se consoliden, y en forma seria, en la ley algunas de las urgentes conquistas cuyo cumplimiento reclaman los más vastos sectores de empleados y obreros del país.
Al mismo tiempo, seguiremos implacablemente creando conciencia, a fin de que Chile y el Gobierno, por cierto, entiendan de una vez por todas que si no se toman medidas que impliquen planificar la economía y sacudirnos del yugo extranjero que nos explota y oprime, seguiremos siendo una nación dependiente, oprimida políticamente y explotada en lo económico.
Por lo tanto, al votar que no reafirmamos nuestro espíritu de lucha, para hacer posible que el país comprenda, que es preciso planificar la economía, organizar el trabajo y distribuir equitativamente la renta nacional.
En último término, al votar negativamente lo hacemos con independencia y dignidad. Incluso, rechazamos la frase vertida por el Honorable señor Reyes en el sentido de que se han salvado serias dificultades que podían haberse presentado si esta Corporación hubiera rechazado el proyecto. ¡No, señores Senadores! Cada uno de nosotros tiene plena libertad para votar como quiere. Si 'la iniciativa hubiera sido rechazada, el Ejecutivo habría estado en la obligación de respetar lo que representamos: la voluntad del país, expresada libremente en las urnas. Por consiguiente, está bueno que terminemos con las amenazas directas o indirectas, porque, por último, este Gobierno ni siquiera será capaz, algún día, de adoptar una actitud definitiva y clara.
El señor FUENTEALBA.- Su Señoría está peleando con la sombra, e inventa, cosas para hacerlo.
El señor FONCEA. Señor Presidente, la verdad es que los discursos pronunciados en este extenso debate, con argumentaciones a favor o en contra del proyecto, con críticas a la política, laboral y económica del Gobierno y las consiguientes réplicas, con los guarismos invocados para demostrar que los reajustes son insuficientes o mezquinos, con las comparaciones hechas con relación a otras leyes similares, no constituyen en absoluto una novedad para quienes ya tenemos algunos años en el Congreso Nacional. Si recurrimos al archivo del Senado o de la Cámara de Diputados, podremos comprobar casi con precisión matemática que a. lo largo de la historia del Parlamento se han pronunciado los mismos discursos, muy elocuentes, muy floridos y versados, cuando se han debatido esta clase de materias. Quizás lo único digno de anotarse y de resaltar por eso fundo mi voto es la pasión y la intransigencia de ciertos sectores contrarios a la idea de legislar, cosa que no recuerdo haya sucedido en mi largo paso por el Congreso.
En efecto, han existido pasión e intransigencia que no justifico. Me explico.
La Oficina de Informaciones del Senado elaboró un memorándum muy completo en el cual, a mi juicio, se contiene la historia de los reajustes desde el año 1950 hasta 1967. No siempre desde luego, hablo de los últimos tres años el monto de los reajustes ha correspondido rigurosamente al alza del costo de la vida consignado por los índices correspondientes, bien o mal concebidos. Pero no por recordar esas cosas ingratas, vayamos a olvidar que en cierta ocasión la ley de reajustes fue promulgada el 23 de diciembre del año siguiente, vale decir se hizo ilusorio el derecho legítimo del asalariado chileno a recuperar el valor adquisitivo de sus remuneraciones. También hubo otro año en que el reajuste comenzó a regir desde el 1º de julio; y en otra oportunidad se estimó que once escudos eran suficientes. Sin embargo, los argumentos han sido siempre los mismos; sólo han variado los equipos. Antes defendían este tipo de legislación quienes estaban en el Gobierno: los nacionales y los radicales; nosotros estábamos en la Oposición y, como es lógico, los criticábamos.
En consecuencia, todo esto no constituye ninguna novedad.
Sin embargo, debo dejar constancia por eso pedí la palabra de que aquí ha existido, a mi juicio, demasiada obcecación.
Deseo recordar una declaración formulada por el Presidente don Jorge Alessandri el día 5 de noviembre de 1963, o sea al quinto año de su Gobierno nosotros llevamos tres años y medio,...
El señor RODRIGUEZ.- ¡ Menos mal que les queda poco!
El señor FONCEA.- ..., en la cual reconocía que el país mantuvo una tranquilidad ejemplar. En la entrevista de prensa en que hizo aquella declaración, se lee:
"Periodista: Para terminar, señor Presidente, queremos pedirle que usted envíe un mensaje en este día grato para usted, un mensaje a nuestros compatriotas de todo el país.
"Presidente: Lo único que podría pedirle al país es que siga manteniendo la tranquilidad ejemplar que ha mantenido durante estos cinco años... ".
O sea, nos dio lo digo así, porque yo estaba en la Oposición un certificado de buena conducta.
Los reajustes concedidos por la anterior Administración fueron muy inferiores al alza del costo de la vida,...
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor FONCEA.- ..., pero toda la política liberal no merecía el ataque enconado de que hemos sido objeto quienes apoyamos el proyecto en debate.
Quisiera que nosotros también pudiéramos, al cumplir cinco años de Gobierno, dar ese mismo certificado de buena, conducta; pero mucho temo, por lo que se ha dejado traslucir en la discusión del proyecto de reajustes de este año, que tal vez no podrá ser así.
Voto afirmativamente.
El señor IBAÑEZ.- Me abstengo.
El señor PRADO.- Señor Presidente, así como en este momento se escucha algún pequeño desorden en las tribunas y galerías, hubo manifestaciones semejantes cuando el señor Ministro de Hacienda, al referirse a la situación del profesorado, expresó que el Gobierno ha dado cumplimiento a los compromisos contraídos con el magisterio y a los concertados con otros gremios del país. Las manifestaciones de tribunas y galerías breves, por cierto fueron entonces de desaprobación a las palabras del señor Ministro.
Con relación a esto último, desearía que no terminara sin una conclusión este debate del Senado, el cual, como decía el Honorable señor Foncea, se ha reeditado varias veces, en los términos ya conocidos tanto por los sectores políticos y parlamentarios, como por los grupos sociales, los gremios y sus dirigentes. Estos últimos han golpeado las puertas de todos los partidos políticos, en busca de la justicia que hoy día reclaman. Quisiera que este debate, cuya primera etapa está próxima a terminar, no dejara a nadie la sensación que parecen traducir las expresiones de aquellos parlamentarios de diversos colores políticos que, haciendo uso de un legítimo derecho, han creído captar en las palabras de Senadores de estas bancas, frases o conceptos que impliquen, aunque sea en forma indirecta, una velada o remota amenaza.
Aunque sea de paso, debo decir al Honorable señor Allende que nosotros jamás hemos disuelto el Congreso ni derrotado el gobierno constituido. A lo más, el Presidente de la República ha pedido al Parlamento la aprobación de un proyecto de reforma constitucional destinado a establecer normas que permitan adoptar determinadas soluciones cuando surjan discrepancias tan graves que dejen al país sumido en la incertidumbre. Para, esos casos el Jefe del Estado ha pedido una reforma que incorpore el referéndum a los mecanismos constitucionales, tal como lo recomiendan no sólo los constitucionalistas de nuestras filas partidarias. En efecto, catedráticos de la Universidad de Chile pertenecientes a ideologías de Izquierda, en múltiples obras de que son autores, se han pronunciado también por el plebiscito o la disolución del Congreso como forma de poner término a las discrepancias cuando resulten estériles los esfuerzos para dar salida a los conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Recuerdo, en cambio, que el 4 de junio de 1932 fue instalada la República Socialista por el entonces fundador del socialismo chileno, Eugenio Matte: una Junta de Gobierno, integrada, por el referido dirigente y también por Marmaduke Grove, derrocó al Presidente constitucional don Juan Esteban Montero. Es el único acontecimiento semejante de que se tenga memoria en nuestro país.
Pienso que no puede dibujarse con las palabras. Hemos sido en extremo respetuosos de las leyes y de la Constitución, pero no aceptamos que ciertas personas hagan manifestaciones como las que acabamos de escuchar, que estimamos injustas. Me refiero a quienes expresaron su opinión en las tribunas, en especial a los que ya no son muchachos, a los dirigentes gremiales antiguos que, si tienen buena memoria, deben recordar los hechos que he relatado.
Cuando se examina lo ocurrido en Gobiernos anteriores, cabe preguntar a los partidos políticos que estuvieron en el Poder antes de 1964, ¿con qué ascendiente reciben con abrazos y sonrisas de confraternidad y comprensión a quienes hoy acuden a conversar con ellos? ¿Cómo les respondieron cuando ellos eran Gobierno? Les respondieron con reajustes mínimos, muy inferiores al alza del costo de la vida, apoyados por mayorías constituidas por combinaciones de partidos políticos que actuaban como aplanadoras; con reajustes aprobados doce meses después de la fecha en que debieron ser despachados; con aumentos que empezaron a regir en el mes de julio, pese a que debieron estar vigentes en enero, o sea, seis meses antes; o con bonificaciones de once escudos, negándoles el derecho a imposiciones previsionales sobre los beneficios otorgados. ¡Así se hizo en Gobiernos pasados!
Durante el Gobierno anterior las obras públicas se realizaron tengo entendido que el Honorable señor Ahumada hizo una comparación sobre ello a fuerza de endeudar al país en el exterior, en términos tales que los compromisos contraídos entonces suman más de 1. 300 millones de dólares. Así se realizaron esas obras: estirando la mano en gesto mendicante, para que el coloso del norte prestara el dinero con que realizarlas.
Las consecuencias de semejante política las está sufriendo el actual régimen, y por eso no podemos dar a los trabajadores todo lo que ellos nos piden.
Digo, para la historia del gremialismo y del sindicalismo de Chile, que en los veinte años anteriores a. la actual Administración, la cuota de participación del asalariado en el ingreso nacional subió, de 40%, a 47%, o sea, siete puntos. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos tres años? Su cuota de participación en dicho ingreso subió cinco puntos: de 47% a 52%. Pueden preguntárselo a los integrantes del magisterio, a los servidores de la Salud...
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor PRADO.- Entiendo que podré terminar la frase que inicié, como han podido hacerlo otros señores Senadores en circunstancias análogas.
Decía que pueden preguntárselo al magisterio, que ahora, por primera vez, tiene un estatuto de remuneraciones válido para tres o cuatro años, sobre la base de rentas dignas. Ningún maestro recibirá este año menos del 33% o de 24% de reajuste. Eso es lo que, en cifras, corresponde a la realidad.
Termino diciendo lo que sigue, y que ello sea válido para quienes piensan volver a gobernar nuestro país. El problema de Chile consiste en que no se logrará disciplina social en el pueblo si éste no entiende que debe existir cierto grado de sacrificio. Ese sacrificio se justificará siempre que, como lo ha hecho el actual Gobierno, se fomenten rubros como la educación, la vivienda y la reforma agraria; cuando se redistribuya, como se ha hecho ahora, el ingreso nacional, aunque no sea por medio de los salarios, sino con otros beneficios que favorezcan a los campesinos y a los asalariados chilenos en general. Bien lo saben los obreros sindicalizados, que han visto más que quintuplicada su asignación familiar.
Por lo expuesto, no acepto ser emplazado ni arrinconado por ningún partido político en esta votación, la cual se verifica luego después de que el Gobierno fue derrotado al presentar un proyecto sobre establecimiento del fondo de capitalización nacional, que pudo dar a los obreros y trabajadores la incorporación plena y altiva a la propiedad del poder económico chileno, iniciativa legal que fue rechazada por todos los sectores de Oposición. Voto que sí.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 21 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 6 abstenciones.

Votaron por la afirmativa los señores Aylwin, Campusano, Castro, Contreras Labarca, Contreras (don Víctor), Corvalán, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gormaz, Gumucio, Luengo, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Reyes, Sepúlveda, Tarud y Teitelboim.

Votaron por la negativa los señores Aguirre Doolan, Ahumada, Allende, Ampuero, Baltra, Barros, Bossay, Carrera, Chadwick, Durán, Enríquez, Gómez, González Madariaga, Juliet, Maurás, Miranda y Rodríguez.

Se abstuvieron de votar los señores Alessandri, Bulnes Sanfuentes, Curti, Ibáñez, Jaramillo Lyon y Von Mühlenbrock.

El señor LUENGO (Vicepresidente).- Como las abstenciones influyen en el resultado, habría que repetir la votación.
Si le parece a la Sala, la daríamos por repetida.
Acordado.
Se dará cuenta de dos indicaciones llegadas a la Mesa.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Honorables señores Contreras Labarca y Teitelboim formulan indicación para publicar "in extenso" todo el debate sobre el proyecto de reajustes.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Allende para insertar los documentos que pidió incluir en la versión de su discurso.
Se aprueba.
El señor CHADWICK.- Ruego a la Mesa consulte a la Sala sobre el plazo para presentar indicaciones al proyecto que se acaba de aprobar.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- Hago presente a los Comités que la Mesa los citará a reunión para mañana a las once, antes de comenzar la sesión especial, a fin de acordar un procedimiento especial de tramitación del proyecto, en su segundo informe. Entretanto, y sin perjuicio de lo que los Comités puedan acordar, propongo a la Sala conceder plazo hasta el sábado, a las doce del día, para, presentar indicaciones.
Se levanta la sesión.

- Se levantó a las 21. 38.

Dr. René Vuskovic Bravo, Jefe de la Redacción.