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- rdf:value = " El señor BULNES SANFUENTES.-
Procuraré no emplear todo mi tiempo.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Si no hay oposición, quedaría así acordado.
Acordado.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, al fijar la posición de los Senadores del Partido Nacional ante el proyecto en debate, reiteraré algunos conceptos ya expresados por mí en las Comisiones unidas, por estimar necesario que la opinión pública los conozca y medite.
El ciudadano común piensa que el Congreso está abocado en estos momentos a un mero proyecto de reajustes, y que el Gobierno, mediante el referido proyecto, nos solicita los recursos necesarios para pagar dichos reajustes. Se trata de un grave error, y me atrevería a decir que es un verdadero engaño.
El Gobierno ha pedido al Congreso nuevos recursos por 622 millones de escudos; pero, como lo demostraré a continuación, de esos 622 millones, sólo 220 millones están destinados a financiar los reajustes, y el saldo, o sea, 402 millones de escudos, vale decir, las dos terceras partes del ingreso consignado en el proyecto, tienen por objeto cubrir otros gastos que nada tienen que ver con aquella finalidad.
Lo anterior es muy fácil de demostrar. El reajuste consultado en el proyecto cuesta en total la suma de mil tres millones de escudos. De esta cantidad, hay 783 ya financiados, que se forman con 586 millones que se provisionaron en la ley de presupuestos de este año para la finalidad específica de pagar los reajustes, y con 197 millones que rinden el impuesto patrimonial y otros tributos que fueron renovados para solventarlos. Si a los mil tres millones de escudos restamos los 783 millones ya financiados, llegamos a la conclusión forzosa de que el reajuste sólo debe costar 220 millones más. Entonces, ¿poiqué se nos piden 622 millones? Porque en la ley de Presupuestos el Gobierno omitió considerar una serie de gastos que conocía perfectamente, y que nada tienen que ver con el reajuste, y que suman en total 713 millones. De esos 713 millones, se han cubierto 311 millones con economías presupuestarias que introdujo el ex Ministro señor Sáez; y, por lo tanto, quedan por financiar 402 millones. Esta cantidad, sumada a los 220 millones que faltan para el reajuste, alcanza a 622 millones, que es el total de los ingresos consignados en el proyecto. De manera que estamos frente a un proyecto de nuevos recursos que en una tercera parte está destinado a financiar el reajuste, y en dos terceras partes, a otros gastos. En otras palabras, para otorgar a los empleados y obreros del sector público el reajuste que les corresponde, el Gobierno nos pone por condición que, a la vez, le proporcionemos 402 millones de pesos para financiar otros gastos.
Yo no pretendo que ésta sea la primera oportunidad en que un Gobierno utiliza el proyecto de reajustes para financiar gastos extraños a esa finalidad; pero sí puedo afirmar que es la primera vez que ocurre en esta escala, en esta medida desorbitada. Y semejante práctica viciosa tiene que terminar. No se puede condicionar el otorgamiento de reajustes a la obtención de recursos para otras finalidades, porque de ese modo el Gobierno utiliza las necesidades y hasta el hambre de los asalariados como instrumento de presión para el logro de fines que no tienen relación directa con los trabajadores.
Por eso manifesté en las Comisiones unidas y lo reitero aquí la necesidad de que los distintos sectores del Senado estudiemos una reforma constitucional en virtud de la cual los proyectos de reajustes sólo puedan ser proyectos de reajustes, que no consulten financiamientos para otros gastos ni consignen disposiciones de todo género, formando esas arcas de Noé a que estamos acostumbrados. Ahora ocurre que en dichas iniciativas el Gobierno trata de "sacarse todos los balazos": conseguir facultades extraordinarias para esto; arreglar una situación por allá, y, sobre todo, solventar gastos ajenos a los reajustes. Por su parte, los parlamentarios tratan de resolver sus problemas regionales; y los gremios mismos procuran obtener beneficios que, en realidad, no constituyen reajustes, sino aumentos de remuneraciones o privilegios previsionales.
En defensa de los asalariados del país, debemos aprobar una reforma constitucional para que los proyectos de reajustes deban centrarse en esa materia, y no vuelva a ocurrir lo que sucede en este instante, en que nos encontramos en el mes de abril y todavía no se sabe si los trabajadores de Chile tendrán o no tendrán compensación por el alza del costo de la vida que se produjo el año pasado.
Los Senadores nacionales habríamos tenido perfecto derecho para rechazar de plano este proyecto. El financiamiento pedido es consecuencia del aumento insensato de los gastos del sector público, por una parte, y de la contracción de la economía particular, por otra. Desde el mismo día en que este Gobierno asumió el poder, hemos venido abogando y hemos sido el único sector político que lo ha hecho para que, en primer lugar, no se eleve el gasto público a límites incompatibles con la realidad del país, y, en segundo lugar, para que no se destruya eso que, para nosotros, constituye la única viga maestra de la economía: la confianza. No hemos sido oídos. El gasto público se ha elevado a más de 50% de la renta nacional. En la economía particular, la confianza ha sido destruida por la abolición de la garantía constitucional del derecho de propiedad y por una reforma agraria confiscatoria; y la crisis de confianza se refleja en la baja violenta de los índices de aumento de la producción.
Cuando nosotros decíamos que el gasto público era excesivo, se nos replicaba que carecíamos de visión, que éramos retardatarios, que estábamos defendiendo privilegios. Hoy, todo el país sabe que no estábamos defendiendo privilegios, sino tan sólo el interés general; que no éramos retardatarios, sino realistas; que por el camino del aumento inmoderado del gasto público se lleva a la nación entera, tarde o temprano, a una situación sin salida.
Por lo tanto, podríamos haber rechazado, lisa y llanamente, este proyecto; pero cuando el Gobierno decidió conversar con los distintos sectores políticos, modificando la actitud que había observado en estos tres años, en que jamás buscó contactos con gentes de otros partidos, y demostró el mayor desprecio por sus opiniones; cuando el Gobierno pareció entender que la Democracia Cristiana no es Chile, sino sólo un tercio de Chile, nosotros aceptamos patrióticamente entrar en conversaciones. Procedimos así, en primer lugar, por el interés de los asalariados; por no mantener indefinidamente en la angustia a quienes viven de un sueldo o salario, y en la miseria y el hambre, a los sectores más modestos de los trabajadores.
En segundo lugar, lo hicimos por evitar a la nación el grave riesgo en que se encontrarían la tranquilidad pública y el orden constitucional, si se rechazara este segundo proyecto de reajustes y los asalariados quedaran sin ninguna compensación por el alza del costo de la vida.
También influyó en nuestro ánimo el hecho de que el Gobierno, en los últimos tiempos, haya reconocido que el gasto público es excesivo, y haya manifestado el propósito de hacer economías. El proyecto del señor Sáez, que ahora defiende el Ministro señor Zaldívar, introduce economías presupuestarias por 311 millones de escudos, lo que ya es algo; y dentro de lo que cabe apreciar podemos estar equivocados en el actual Ministerio hay conciencia de que el gasto público ha excedido todos los límites razonables y que para el próximo año deben estudiarse economías en profundidad.
Se ha dicho que, en esas conversaciones, nosotros tratamos de liquidar la reforma agraria que está haciendo el Gobierno; que tratamos de cambiar la línea gruesa de la política económica-social que él impulsa. Esto es falso, de falsedad absoluta. No somos chantajistas, y jamás habríamos aprovechado un proyecto de reajustes cerno medio de extorsionar para que el Gobierno cambie fundamentalmente su política.
Hemos estudiado el proyecto de reajustes como proyecto de reajustes, sin pretender meter contrabando en los campos sustanciales de la política del Gobierno. No es porque consideremos acertada la actual reforma agraria. Es por un principio de ética política y, además, porque cerno decía denantes el Honorable señor Ibañez estimamos conveniente para el país que la experiencia de esta reforma agraria continúe. Es un duro escarmiento, es una amarga manera de abrir los ojos; pero creo que dentro de muy poco tiempo, cuando estén a la vista los resultados que todavía no podemos obtener oficialmente respecto de la gestión de los asentamientos, y cuando llegue la hora y no se entreguen los títulos, las grandes masas de la ciudadanía comprenderán que nosotros tuvimos razón al decir que este tipo de reforma agraria no iba a lograr ni el objetivo de aumentar la producción agropecuaria ni la finalidad de dar tierra a los campesinos.
¿Cuáles son las ideas que orientaron nuestras conversaciones con el Gobierno?
En primer término, conseguir un reajuste mayor para ese tercio de la Administración Pública que quedaba condenado al 12, 5% y conseguir, a la vez, para los pensionados del Servicio de Seguro Social, un aumento adecuado de las míseras pensiones que reciben.
En segundo lugar, procuramos que el Gobierno no insistiera en el aumento del impuesto a la compraventa ni en lo que se llama el "empréstito forzoso", que no es sino un alza del impuesto a la renta. Hicimos presente al Gobierno, y hemos tratado de demostrarlo, que con economías y con ciertos arbitrios financieros que indicamos, podría llegar a financiar los reajustes, incluso el mayor reajuste para la ANEF y para los pensionados del Servicio de Seguro Social, sin establecer nuevos impuestos, que acelerarían la inflación y afectarán considerablemente a la economía en general.
Hemos tenido muchas conversaciones. Nuestros puntos de vista no han sido acogidos en su totalidad; pero al menos, a esta altura de los acontecimientos, hemos logrado que el Gobierno acepte las siguientes ideas.
En primer lugar, que la cuota de 7, 5% que se entregaría en bonos CORVI a un tercio de la Administración Pública, sea rescatable ante el simple habilitado de la repartición correspondiente, en diez cuotas mensuales, a partir de abril del presente año. Esto significará postergar levemente la percepción del reajuste que debería otorgarse, con efecto retroactivo, desde enero, pero da la seguridad de que el reajuste no será de 12, 5%, sino de 20%. En segundo término, el Gobierno está dispuesto a elevar al 37% el reajuste para los pensionados del Servicio de Seguro Social. Asimismo, el Gobierno está dispuesto a reducir a la mitad el alza del impuesto a las compraventas. En lugar de aumentarlo en uno por ciento, lo haría sólo en 0, 5 por ciento, y las tasas especiales que afectan a ciertos artículos tendrían un alza sólo de la mitad de lo que se había consultado. Además, el aumento del impuesto a las compraventas no se establecería en esta ley, sino que se daría como facultad al Gobierno, con ese límite de 0, 5%, para que recurriera a este medio de financiamiento sólo en el caso de que no pudiera financiar el proyecto por otras vías.
Con respecto al empréstito forzoso, o alza del impuesto a la renta, otorgaríamos autorización • para establecerlo, pero el Gobierno hará ciertas negociaciones que abren fundadas esperanzas de que no necesite recurrir a este tributo.
Por lo demás, confiamos en que el Ejecutivo, cumpliendo las declaraciones reiteradas que ha hecho, estudiará seriamente, en profundidad, como ya dije, economías en el Presupuesto, para hacerlas efectivas desde el próximo año. Con ese objeto, el Gobierno ha aceptado nombrar una comisión de expertos en que figuran personas de reconocida independencia.
No podemos decir que estemos satisfechos con este acuerdo. Hemos vacilado mucho antes de decidir nuestra actitud en esta oportunidad, y lo confieso, sin rubor, porque vacilar en un caso como éste no constituye un baldón para nadie, sino que es un signo de sentido de responsabilidad.
Al final, hemos llegado a la conclusión de que en estos términos podemos permitir que el proyecto sea aprobado. ¿Por qué?
Primero, porque con la aprobación del proyecto sacamos a los asalariados de la situación de angustia en que se encuentran. Dos tercios de la Administración Pública recibirán un reajuste promedio de 34% y lo están esperando desde el mes de enero y un tercio de ella tendrá un reajuste de 20%, que podrá no ser satisfactorio, pero es mucho mejor que nada. El sector privado percibirá un reajuste mínimo de 20, 9%, sin perjuicio de lo que pueda obtener por la vía de los pliegos de peticiones y de los conflictos colectivos. A su vez, los jubilados del Servicio de Seguro Social conseguirán un reajuste del 37%;. En seguida, el impacto inflacionista provocado por el aumento del impuesto a las compraventas no será el que estaba calculado, porque se reducirá a la mitad.
Luego, se abre una esperanza de que no se alce el impuesto a la renta promoviendo mayor desconfianza y mayor fuga de capitales.
Por último en esto podemos estar equivocados, creemos que se estudiarán seriamente economías para el futuro.
En estas condiciones, después de haberlo meditado mucho, en conciencia, estimamos que debemos dar paso al proyecto. Lo hacemos por las razones que ya indiqué y, también, porque no deseamos para nuestro país perturbaciones del orden constitucional o de la tranquilidad pública. Hemos manifestado durante mucho tiempo dígase lo que se diga en contrario profundo respeto por el derecho, y es bueno que lo oiga el Gobierno, porque no hace mucho que, con calumnias, llevó a la cárcel a los dirigentes del Partido Nacional, imputándoles el estar tratando de derribar al Gobierno por medios violentos. Ahora podrá comprobar el Gobierno y podrán comprobar los sectores políticos que entonces le hicieron coro, que nosotros somos firme y ardientemente partidarios del orden constitucional.
Nuestra posición será la de abstención. No tenemos por qué votar en favor del proyecto. Seguimos considerando que este proyecto debió financiarse con economías. Lo estamos acogiendo porque no está en nuestras manos imponer al Ejecutivo un criterio económico más sano. Cumplimos con nuestro deber de permitir que se despache; pero, para establecer que no concordamos con él en su integridad y para señalar una vez más que no tenemos responsabilidad alguna en la situación extremadamente grave a que el exceso de gastos públicos ha llevado a la caja fiscal, no lo votamos a favor, sino que nos abstenemos de votar, a conciencia de que con ello el proyecto quedará aprobado en general.
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