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- rdf:value = " El señor LUENGO.
Decía que en las sesiones de ayer y de hoy, el Sonado ha estado conociendo en general de un segundo proyecto de reajustes de sueldos y salarios para el año 1968, enviado por el Ejecutivo al Congreso.
Deseo empezar mis palabras diciendo que, a mi juicio, es difícil explicarse la situación angustiosa que están viviendo las clases trabajadoras en nuestro país, fundamentalmente quienes reciben sueldos o salarios muy bajos.
Comenzamos a conocer el proyecto de reajustes enviado por el señor Molina a comienzos de noviembre del año pasado. Y como ahora estamos a principios de abril, a la fecha llevamos más de cinco meses durante los cuales el Congreso y la opinión pública han estado fundamentalmente preocupados de lo que serán los reajustes para 1968.
En mi concepto, esta situación debe preocupar a todos nosotros. Ella justifica en parte la inquietud que algunos sectores de Izquierda hemos tenido en estos últimos días por buscar algún acuerdo con el Gobierno que permita a la brevedad transformar en ley el proyecto.
Pues bien, esta segunda iniciativa de que estamos conociendo mantiene muchas de las características que tenía la del señor Molina. Ese proyecto de reajustes, que el pueblo calificó como el proyecto de los "chiribonos", mereció el repudio general de la clase trabajadora. El Senado tenía inmensa mayoría para rechazarlo, lo que obligó al Gobierno a retirarlo del Congreso. Pero, como digo, en esta nueva iniciativa se mantienen, en cierto modo, algunas características del primero. En efecto, si bien ciertos sectores de la Administración Pública van a mejorar sus remuneraciones en una cifra superior al alza del costo de la vida, en todo caso hay un 35 por ciento de la Administración Pública, aproximadamente 110 mil funcionarios, pertenecientes a sesenta y seis servicios estatales aproximadamente, que sólo recibirán un aumento de 12, 5 por ciento en dinero y 7, 5 por ciento en cuotas de ahorro para la vivienda. Es evidente que para ese sector de la Administración ello no puede ser satisfactorio. Y en las Comisiones unidas y en declaraciones a la opinión pública, hemos reiterado que el reajuste no satisface a las clases populares de Chile.
No comprendemos por qué el Gobierno ha querido cerrarse a toda posibilidad de aceptar nuestras proposiciones de reajustar las rentas de toda la Administración Pública en 21, 9 por ciento, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Por lo demás, ésta es la cifra que dan las estadísticas oficiales, aunque de acuerdo con la opinión general del país, el alza ha sido mucho mayor.
Por otra parte, en esta iniciativa se han desconocido, en cierto modo, algunos convenios que el Ejecutivo había celebrado con anterioridad con determinados sectores de la Administración Pública, Para todos nosotros es conocida la reacción que el proyecto ha provocado en el profesorado, en el Servicio Nacional de Salud, en Correos y Telégrafos y en el sector de los pensionados, la clase más pobre de nuestra ciudadanía.
En 1966 los profesores suscribieron con el Ejecutivo un convenio que se ha llamado el acuerdo magisterial, en virtud del cual el Gobierno se comprometió con el profesorado a concederle paulatinamente, durante los años 1968, 1969 y 1970, determinados mejoramientos de sus rentas o fijarle ciertos sueldos bases u horas bases que debían ser aumentados de acuerdo con el reajuste general que se otorgare al resto de la Administración. Sin embargo, ahora el Ejecutivo está interpretando ese acuerdo magisterial en el sentido de que sobre las rentas bases acordadas con el profesorado sólo debe concederse el reajuste general de la Administración Pública y no el reajuste promedio, como lo dice el artículo 27 de la ley Nº 16. 617, que dio carácter legal al mencionado convenio. El señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, aquí presente, ha sostenido en esta Sala, como también en las Comisiones unidas, que el reajuste para el profesorado debe ser el que se otorgue en general a la Administración Pública, y no el reajuste promedio. Pero ocurre, como ya lo dije, que el artículo 27 de la ley Nº 16. 617 dispone que la renta de los profesores debe reajustarse cada año en el porcentaje promedio de los aumentos que experimenten las remuneraciones del sector público, a partir del 1º de enero de 1968. Y el señor Ministro sostiene que el reajuste general para este año es de 12, 5 por ciento. Yo pregunto: ¿qué argumento valedero se puede dar para sostener que el 12, 5 por ciento propuesto en el proyecto es el reajuste general de la Administración Pública para este año? Hemos dicho nosotros, y también el Gobierno, que tal porcentaje se concederá sólo a un tercio de la Administración, y, de acuerdo con el criterio del Ejecutivo, dos tercios de los servidores públicos recibirán un reajuste superior a 12, 5 por ciento. La mayoría de dicho sector obtendrá un promedio de más o menos treinta por ciento, e inclusive algunos alcanzarán a 34, 5 por ciento. En consecuencia, no vemos en qué se funda la afirmación de que el reajuste general de la Administración Pública es el que recibirá un tercio de ella y no el promedio de éste y de lo que obtengan los dos tercios restantes.
En mi opinión, el profesorado podría, con muy buen fundamento, sostener en este instante, que las rentas base establecidas en el acuerdo magisterial deben incrementarse de acuerdo con el reajuste promedio de los dos tercios de la Administración Pública que tienen trato preferencial en el proyecto. Sin embargo, los profesores, con buen criterio, en el deseo de encontrar solución a su problema y una base de acuerdo con el Gobierno, aceptan cosa que el Ejecutivo les niega que el reajuste a que tienen derecho sobre sus rentas bases sea el correspondiente al promedio del de la Administración Pública; o sea, el término medio de las distintas escalas de reajustes que se otorgan en el proyecto y que, en definitiva, alcanzan a un promedio de 24 por ciento.
A nuestro juicio, el acuerdo magisterial no puede ser desconocido, ni en su letra ni en su espíritu, como pretendía el señor Ministro de Hacienda. En realidad, la letra, el espíritu y la intención del acuerdo tienden a que el profesorado, de aquí a 1970, cuente con rentas compatibles con la dignidad de sus cargos, como decía el propio acuerdo magisterial. Y ello no se obtendrá sino respetando ese convenio y otorgando el reajuste promedio de toda la Administración Pública.
En cuanto al personal del Servicio Nacional de Salud, se suscribió un acta de avenimiento con el Gobierno, en virtud del cual esos servidores recibirían remuneraciones equivalentes a 91, 5% de las señaladas en la escala de la ANEF. Pero de acuerdo con el proyecto en debate, el sector de los empleados fiscales recibe un reajuste de 12, 5 por ciento, lo cual, como pueden imaginar los señores Senadores, resulta una verdadera burla para el personal del Servicio Nacional de Salud, que recibirá aumentos menores que el resto de la Administración Pública.
Respecto del personal de Correos y Telégrafos, después de la larga huelga que mantuvo el año pasado, se nombró una Comisión tripartita, en la cual participó el ex Ministro del Interiordon Bernardo Leighton, y finalmente se suscribió un acuerdo.
Según sostienen fundadamente los dirigentes de Correos y Telégrafos, en esta iniciativa se está violando también el acuerdo suscrito por el Gobierno. En efecto, de acuerdo con ella, el 40 por ciento del personal de empleados de Correos y Telégrafos no recibirá aumento alguno y, por el contrario, perderá las remuneraciones que se pagan por planilla suplementaria y los quinquenios. Con ello, los funcionarios de dicho servicio pierden más de 13 millones de escudos, emolumentos que podrían recibir si no se aprobaran algunas disposiciones del proyecto en debate. En buenas cuentas, este año muchos funcionarios tendrán un sueldo inferior al que recibían en 1967 si se aplican los preceptos mencionados.
Lo mismo podría decir respecto de los pensionados. Mucho se ha hablado sobre ellos en el Senado, de modo que parece innecesario volver a referirse a ese tema. Sin embargo, conviene insistir en que, en definitiva, los pensionados del Servicio de Seguro Social, los más pobres de la ciudadanía, podrán obtener este año así lo espero 37 por ciento de reajuste en vez de sólo el 30 por ciento propuesto en la iniciativa en debate.
Pues bien, la ley en proyecto no otorga a la Administración el reajuste que esperan los servidores del Estado, y olvida algunos compromisos contraídos por el Gobierno, que éste debe respetar y cumplir, porque por algo se han estampado las firmas de funcionarios responsables. Pero junto a las disposiciones pertinentes, se incluyen otras que proponen diversos nuevos impuestos destinados no sólo a financiar los reajustes, sino también, en parte importante, las inversiones del sector público. En efecto, todos sabemos que se dispone entregar cantidades alzadas para el plan habitacional y la Corporación de Fomento de la Producción, y todo ello se pretende financiar con nuevos tributos indirectos que gravarán a la clase trabajadora. Particularmente, se quiere alzar, del siete por ciento, al ocho por ciento el gravamen más impopular, el que afecta a toda la clase trabajadora, a la gran masa consumidora: el impuesto a las compraventas. Financiar un proyecto de reajustes con impuestos indirectos y, en especial, con el alza del impuesto en referencia, significa, en el fondo, quitar con una mano a la clase trabajadora lo que se le está dando con la otra.
Por otra parte, hemos estado reclamando que a toda la Administración Pública se debe conceder 21, 9 por ciento de reajuste como mínimo. Hemos sostenido hay fundadas razones para pensar así, de acuerdo con los datos proporcionados en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda que los impuestos que se proponen rinden una suma muy superior a la que el Gobierno quiere reconocer. La verdad sea dicha, nunca obtuvimos cifras exactas en las Comisiones, pues las cantidades fueron cambiando en forma permanente. Pero, como decía, en nuestra opinión esos tributos rinden una suma muy superior a la que el Gobierno quiere aceptar. Lo mismo ocurre con los impuestos establecidos en la ley de Presupuestos. En efecto, hemos afirmado que los impuestos que se consideran año a año en los presupuestos nacionales rinden mayores ingresos que los previstos, y a veces cantidades apreciables. Deseo citar algunos ejemplos.
El impuesto que afecta a las compañías del cobre se estimó, para 1966, en la cantidad de 129. 600. 000 dólares; no obstante, el ingreso real, por tal concepto, llegó a 175. 941. 805, 83 dólares. Vale decir, hubo una diferencia favorable al erario de más o menos 45 millones de dólares. De igual forma, para 1967 se estimó un ingreso de 171 millones 700 mil dólares, en circunstancias de que las entradas reales ascendieron a 177. 525. 389, 82 dólares, o sea hubo una diferencia de siete millones de dólares. Para 1968 se calcula un ingreso de 110 millones de dólares por tal concepto; vale decir, se ha estimado una menor entrada de 61 millones con respecto al del año pasado. Conviene recordar a los señores Senadores que estas cifras se basan en los cálculos hechos por el ex Ministro de Hacienda señor Sergio Molina, quien manifestó que el precio del metal había sido alto durante el año pasado y que, necesariamente, debía bajar en 1968. Por ese motivo digo se consideró una entrada probable de sólo 110 millones de dólares. Pero ocurre que el precio del cobre no ha bajado; ni siquiera se ha mantenido en el nivel del año pasado, sino que ha llegado a cotizaciones jamás alcanzadas antes y que algunos señores Senadores ya han señalado. En efecto, la libra de metal rojo ha superado los 70 centavos de dólar. Aún más, los funcionarios de la Corporación del Cobre que participaron en las sesiones de las Comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, sostuvieron que en el año en curso, por concepto de gravámenes a las compañías cupreras se ha estimado un ingreso probable de más o menos 181 millones de escudos. Vale decir, puede esperarse racionalmente que en 1968 haya una mayor entrada de 71 millones respecto del ingreso considerado en el Presupuesto. Ello significa, en consecuencia, que hay dinero más que suficiente como para pagar también 21, 9% de reajuste al sector de la Administración Pública que, según el proyecto del Gobierno, sólo recibiría 12, 5% en dinero efectivo.
La misma situación se produce con todos los impuestos directos e indirectos consignados en el Presupuesto del año en curso. Por ejemplo, en 1967 no deseo analizar varios años, por concepto de impuestos directos se estimaba una entrada de 1. 569 millones 900 mil escudos, no obstante haberse recaudado posteriormente un total de 1. 636 millones, es decir casi cien millones de escudos más. En lo relativo a impuestos indirectos, se calculaba un ingreso de 3. 377 millones 600 mil escudos; pero se recaudaron 3. 759 millones de escudos, o sea casi 400 millones más que lo estimado.
En estas circunstancias repito, hay dinero suficiente tiene que haberlo para pagar al tercio del sector público afectado con el proyecto del Ejecutivo un reajuste de 21, 9%, que es lo mínimo a que puede aspirar la clase trabajadora. En efecto, no se trata aun cuando se ha dicho en más de una oportunidad, vale la pena recordarlo de un aumento de sueldos y salarios ni de conceder a determinados sectores un mayor poder adquisitivo, sino simplemente de compensar la pérdida de capacidad de compra sufrida por los sueldos y salarios durante 1967. Por lo demás, todos sabemos que el proyecto pretende compensar los efectos de la inflación del año anterior; pero sucede que ahora, corrida ya una cuarta parte de 1968, la disminución del poder adquisitivo llega a más de 30%, porque durante enero y febrero de este año el índice de precios al consumidor registró un alza de 8%, la que, seguramente, en marzo debe de haber alcanzado a 12%. No disponemos aún de la cifra exacta.
El Gobierno se ha mantenido en su negativa a otorgar un reajuste de 21, 9% para toda la Administración, no obstante que, como hemos señalado, hay mayores ingresos que los presupuestados. Tampoco ha querido prestar oídos a las numerosas sugerencias planteadas por sectores de Izquierda con el objeto de hallar financiamiento para la iniciativa.
En mi partido, el Social Demócrata, elaboramos una minuta • de once puntos en los cuales proponíamos nuevas posibilidades de recursos. El Gobierno señaló que los ingresos propuestos eran insuficientes y aceptó una que otra sugerencia; pero desechó las dos más importantes y que, a nuestro juicio, podrían resolver definitivamente el problema. Me referiré brevemente a cada una de ellas.
Mediante el punto 1) de nuestra minuta, proponíamos disminuir en 20% todas las franquicias y exenciones tributarias existentes, con la sola excepción, por supuesto, de las establecidas por la Constitución Política y aquellas consignadas en escritura pública, pues sabemos que la Corte Suprema estimó que éstas debían entenderse como contrato ley y, en consecuencia, no podían modificarse por la voluntad de una sola de las partes. El problema de las exenciones tributarías, que muchas veces se ha analizado en esta Sala, debe ser abordado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Estimamos que, aun cuando muchas de las franquicias tal vez, miles de ellas pueden justificarse plenamente, otras tantas no están en idéntica condición y sólo permiten que en este país determinados negocios sean mejores que otros, a costa de los intereses de la clase que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento del Estado.
A nuestro juicio, si todo el sector de empleados y obreros; si todo aquel que vive de un sueldo o salario y su única fuente de recursos es su trabajo personal, debe realizar sacrificios dada la difícil situación económica del país y sólo puede aspirar a un reajuste equivalente al alza del costo de la vida, con iguales argumentos puede exigirse a quienes han estado gozando de determinadas exenciones tributarias un sacrificio que no parece exagerado, pues sólo pretendemos disminuir sus franquicias en 20%. Me parece que bien pueden concurrir con ese porcentaje al financiamiento del proyecto los sectores que durante muchos años han estado exentos del pago de determinadas contribuciones.
También hemos considerado importante la derogación de la letra g) del artículo 18 de la ley 12. 120, relativo a impuestos sobre la compraventa, que, a nuestro juicio, debe hacerse extensivo a las compraventas del cobre.
En nuestra opinión, no hay motivo para que el metal rojo, que alcanza alto preció en el mercado internacional, esté exento de ese impuesto, que lo paga en Chile hasta el más modesto de los ciudadanos. A mi juicio, no hay razón para que las compañías del cobre, so pretexto de existir determinados convenios ratificados por ley por el actual Gobierno, estimen discriminatoria la aplicación de un tributo al cual están afectos todos los chilenos. Es lo mínimo que se les puede exigir, sobre todo cuando hay fundadas razones para sostener que en la actualidad sólo esas empresas se benefician con el sobreprecio del metal rojo, que no se consideró al tramitarse los respectivos convenios.
En mi opinión, el Gobierno debería estudiar seriamente esos dos planteamientos, que los consideramos de la mayor importancia, porque de aplicarse pueden producir un mayor ingreso que aliviará la difícil situación financiera que, vive nuestro país.
Finalmente, deseo recordar que el Gobierno, en declaraciones del propio Presidente de la República y de alguno de sus personeros, ha calificado de demagógica la actitud de la Izquierda cuando pretende entregar a la clase trabajadora un reajuste que el erario no está en condiciones de resistir.
La Izquierda tiene perfecto derecho a defender en esta oportunidad lo que siempre ha sostenido: que los reajustes deben compensar íntegramente ¡a pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Por eso, el Gobierno no puede sostener que la Izquierda está actuando con sentido demagógico y afán obstruccionista al proceder como lo hace.
El propio señor Frei, cuando era parlamentario de Oposición, tenía una actitud semejante. Citaré algunas de sus palabras, pronunciadas en esta misma sala, para demostrar que hoy pretende sostener una teoría distinta a la sustentada en su calidad de Senador.
En sesión del 28 de diciembre de 1961, cuando se discutía en el Senado el proyecto de reajustes, el señor Frei hacía una dura crítica al Gobierno del señor Alessandri y, entre otras cosas, decía: "Me ha correspondido año a año expresar nuestro juicio y podría ser muy escéptico de los resultados de estos debates si no tuviera la firme convicción de que, en el proceso democrático, es a través del Parlamento donde se informa de manera adecuada a la opinión pública y se preparan los cambios políticos en la medida en que los pueblos observan si los hechos corresponden a las afirmaciones y juicios que aquí se emiten".
¡Qué distinta era la opinión del señor Frei en ese entonces respecto de las críticas que la Oposición puede hacer al Gobierno!
Todavía más, en sesión de 6 de octubre de 1961, cuando se discutía en general el proyecto de reajustes para ese mismo año, promulgado posteriormente como ley con el número 14. 688, el actual Primer Mandatario decía: "Por nuestra parte, formulamos una indicación, que, desgraciadamente, fue rechazada, para que este aumento del salario no se pueda imputar a las regalías, sino que deba ser pagado íntegramente en dinero, y esto lo fundaremos nuevamente en la discusión particular".
Además, deseo recordar las palabras de otro Senador de ese entonces. Esta opinión tiene mucha importancia, pues quien la emitió se perfila ante la opinión pública como el más posible candidato presidencial de la Democracia Cristiana para 1970.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Se refiere al Honorable señor Gumucio?
El señor LUENGO.-
Se trata del ex Senador señor Radomiro Tomic.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Como dijo "otro Senador", creí que se refería al Honorable señor Gumucio...
El señor LUENGO.-
El señor Tomic era Senador en ese entonces.
El señor RODRIGUEZ.-
Tendría más posibilidades como candidato el Honorable señor Gumucio.
El señor LUENGO.-
El señor Tomic viaja en estos momentos desde Estados Unidos "a Chile para iniciar su campaña.
En el norte he tenido ocasión de observar seguramente, también lo habrán visto otros Honorables colegas numerosas leyendas escritas en los caminos, que dicen: "Tomic 19701976".
El señor RODRIGUEZ.-
"Brilla el sol... ".
El señor LUENGO.-
Me parece que en esa fecha ya no brillará.
Pues bien, el señor Tomic decía en ese entonces, en sesión de 28 de agosto:
"Estimo que la política del Gobierno tengo derecho a expresarlo como representante de un sector de la ciudadanía no puede ser la de condicionar el nivel de remuneraciones a otro cartabón que el de las exigencias y necesidades de los ciudadanos, de su vida, su consumo y condición familiar". Así hablaba el señor Tomic en los momentos en que si mal no recuerdo la Democracia Cristiana, como Oposición, proponía un reajuste de sueldos y salarios superior al alza del costo de la vida; es decir, lo mismo que ha venido reclamando la Izquierda en el último tiempo.
Sostenemos que la iniciativa legal en debate de ninguna manera es satisfactoria para la clase trabajadora. Sin embargo, en este momento debemos asumir la grave responsabilidad de aprobarla o rechazarla en general. Se trata de un problema que mi partido, y personalmente el Senador que habla, ha considerado con la mayor seriedad. Pensamos, no obstante las diferencias que nos separan del Gobierno en cuanto a la política de reajustes, que los asalariados no pueden seguir esperando después de cinco meses de discusiones estériles. Debemos otorgarles un reajuste. Pero si éste no es ampliamente satisfactorio, la responsabilidad no recaerá sobre los Senadores de Izquierda. Por mandato constitucional, la iniciativa en este tipo de materias aumento de sueldos, estímulos, gratificaciones y otros beneficios de carácter pecuniario para la Administración Pública compete exclusivamente, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, al Ejecutivo. El Congreso queda constreñido a la alternativa de aprobar o rechazar lo propuesto por el Presidente de la República. Por eso, teniendo en cuenta que no es posible postergar más el despacho del proyecto, tan esperado por la clase trabajadora, hemos decidido votarlo favorablemente en general. Procederemos así en la inteligencia de que todos los sectores políticos representados en esta Corporación, si son consecuentes con lo expresado tanto en la Sala como en declaraciones públicas, tienen la posibilidad de desechar un reajuste discriminatorio para el 35% de la Administración del Estado. Esos sectores han manifestado, con excepción de la Democracia Cristiana, su desacuerdo con la idea de otorgar a un tercio de la Administración Pública sólo 12, 5% de aumento, y su propósito de incluirlos en los preceptos que otorgan 21, 9% en dinero. Y si el Ejecutivo veta esa disposición, como se ha anunciado, la observación tendrá necesariamente el carácter de aditiva; de modo que para prosperar necesitará los votos favorables de la mayoría en ambas Cámaras. En consecuencia, si esta Corporación mantiene sus dos tercios contrarios al criterio de otorgar un aumento de 12, 5%, los asalariados tendrán la posibilidad de recibir una compensación igual a la pérdida real del valor adquisitivo del escudo.
Estoy convencido de que por sobre las conveniencias políticas de los partidos, debe prevalecer, antes de cualquier otra consideración, el interés general de los trabajadores. Confío en que las colectividades políticas sean consecuentes con lo expresado y contribuyan, por ello, en nuestra compañía, a eliminar todos los preceptos negativos, con el fin de otorgar un reajuste plenamente satisfactorio para los asalariados.
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