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El señor ALLENDE (Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Tarud.
El señor TARUD.-
Señor Presidente, Honorable Senado:
Como es de conocimiento público, personalmente me ha correspondido un papel activo en la búsqueda de una solución que haga posible aprobar este proyecto de ley de reajustes de sueldos y salarios. Lamento que el breve tiempo de que dispongo no me permita sino una recapitulación muy somera de las razones que han determinado mi decisión en este sentido. El retiro del anterior proyecto de reajustes culminó un proceso muy tenso, que llegó a la violencia y a causar víctimas. El solo anuncio de los llamados "chiribonos" desató una resistencia gremial de tal magnitud que determinó un paro nacional, con incidentes en que hubo cinco víctimas fatales de la población trabajadora.
Desde octubre, cuando se anunciaron los "chiribonos", hasta febrero, en que el proyecto fue retirado y se vivió hasta una crisis ministerial, transcurrieron meses inquietos para la paz social del país. Cuando asumió el nuevo Ministro de Hacienda, señor Sáez, inició una política de "diálogos". En el momento en que nos entrevistamos le hice conocer mi posición resuelta en el sentido de que el Gobierno no podía aspirar a hacer aprobar un proyecto que, como el anterior, atentara al margen de las injusticias particulares sobre escalas salariales y aumentos tributarios contra normas básicas de la vida social y política chilena, lo que ocurría con las disposiciones relativas a derecho de huelga y a la introducción del principio del pago de remuneraciones en bonos. De este último sistema no son partidarios los trabajadores, por ser discriminatorio y abusivo, en particular cuando el nivel de vida se ve diariamente amenazado por la incontenida alza de los precios.
En este terreno lo he dicho antes, la Derecha ha estado pronta a recoger consignas extranjeras, como la de un diario británico que llamó a Chile "el país de las mil huelgas", olvidando que, si se quiere entrar a hacer frasecitas, es también "el país de las mil alzas" y "el país de las mil devaluaciones".
Por eso, propuse también al Ministro señor Sáez fórmulas viables de posible financiamiento para el reajuste de remuneraciones de los trabajadores y jubilados del Estado, sin establecer discriminaciones. Estas fórmulas son posibles aún dentro de la filosofía que el señor Sáez proclamó en su discurso por cadena nacional de' radio y televisión, y dejaban abierta la puerta a una aprobación rápida de la iniciativa.
Sin embargo, el proyecto finalmente presentado, después de los diálogos, retomó las ideas de la restricción del derecho de huelga y el pago en bonos esta vez, en bonos CORVI, por lo cual era inevitable prever su rechazo por los partidos populares y los trabajadores.
Breve tiempo antes hice una declaración en la cual llamaba la atención hacia el hecho de que el reajuste estaba muy retrasado y la situación se agravaba porque se iniciaba el año escolar, que ocasiona gastos extraordinarios a toda familia; y hacía un llamado a considerar el proyecto que se presentara sin intransigencias ni actitudes "ultimatistas".
Era un llamado a producir un acuerdo que hiciera posible resolver el problema de los reajustes en términos equitativos y no, como parecieron entenderlo incluso algunos representantes gremiales, a aprobar cualquier fórmula de reajustes, ni menos a alinearse en la posición del Gobierno.
Tal llamado no tuvo éxito, por lo menos en cuanto a modificar la actitud legisladora del Ejecutivo, que insistió* como ya he dicho, en la intención de restringir el derecho de huelga mediante el sistema de los bonos CORVI.
En conversaciones informales sostenidas con personeros del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, me había tomado la libertad de señalarles que el nuevo proyecto representaba una definición crucial para el país, el cual no podría exponerse a la crisis que motivaría un segundo fracaso.
Insistí en que había que conversar, negociar y concordar antes de la crisis y no en medio de ella. Sin embargo, con esta nueva iniciativa quedábamos frente a la misma situación del anterior, con el hecho agregado de que, entretanto, el costo de la vida seguía remontándose sin que los trabajadores tuvieran medios de defensa para hacerle frente.
En tales circunstancias y en virtud de que mi posición como Senador de Izquierda, aunque sin partido, me daba posibilidades de sondear la opinión gubernativa sin comprometer a ninguna colectividad, inicié conversaciones tendientes a obtener una modificación de los términos del proyecto. Y lo hice exclusivamente a título personal; animado del deseo de evitar situaciones de crisis que afectan a todo el país, pero en forma particular a los asalariados y sus familias, y convencido de que la normalidad democrática es un resultado histórico de las luchas del pueblo chileno, que, aunque imperfecto, debe ser protegido.
El resultado de esas conversaciones es conocido. Se llegó a una primera solución consistente, de manera fundamental, en el retiro del artículo 66 que implicaba una restricción del derecho de huelga. La eliminación de tal precepto tenía una consecuencia práctica muy clara: permitir a todos los trabajadores del sector privado recibir un reajuste del ciento por ciento del alza del costo de la vida en 1967, o sea 21, 9% como mínimo, al tiempo que dejaba libre su capacidad de negociación colectiva para luchar por sus derechos salariales.
Más aún, se defendía la intangibilidad de un principio: el derecho a huelga, esencial para la vida democrática del Chile de hoy.
Con respecto al sector público, el resultado de la llamada "gestión Tarud" no era, por cierto, el que yo habría deseado, en el sentido de asegurar automáticamente reajustes mayores a los sectores postergados y el respeto estricto de todos los convenios pactados con importantes sectores de servicios públicos; pero creo que ello es posible alcanzarlo mediante las enmiendas que el Parlamento pueda introducir por la vía de las indicaciones. Y esto por una razón: no sólo porque todos los partidos proclaman su deseo de hacer justicia a los trabajadores del Estado éstos son capaces de defender sus reivindicaciones por medio de una movilización activa, sino también porque, cualquiera que sea la opinión que se tenga de los problemas nacionales y sus soluciones, hay una cosa incuestionable: no se puede vivir en un ambiente de crisis creado por las demandas insatisfechas de los trabajadores, demandas que son justas con relación a las condiciones objetivas creadas por el régimen en que vivimos, y no es posible organizar ninguna acción privada o estatal por el progreso y desarrollo de Chile, contra los trabajadores. ¡Con los trabajadores, todo es posible; sin ellos, no se obtendrá nada!
Por eso, independientemente del contenido particular del articulado del proyecto, al cual objeto en gran parte, en nombre de los gremios, creo que el resultado de la gestión que inicié y que fue comprendida y apoyada por los Partidos Comunista y Social Demócrata, fue útil y positivo. En lo que a mí respecta, creo que fue una gestión cumplida con responsabilidad cívica, con celo por los intereses de los trabajadores y del país, y acogida con interés por los propios personeros gremiales con quienes he mantenido contacto ininterrumpido hasta ahora mismo.
Sin embargo, como Sus Señorías saben, no bastó tal gestión para asegurar la posible aprobación del proyecto en la Cámara Alta. Razones enteramente ajenas a mi actuación determinaron que hayamos llegado hasta hoy en un ambiente de dudas respecto de su suerte, lo cual ha vuelto a poner al país en una atmósfera de crisis.
El proyecto, en la forma como está elaborado, desde el punto de vista de los salarios, resulta aceptable, a mi juicio, porque resuelve la situación de todos los trabajadores del sector privado y arregla la de un vasto número de servidores públicos. En este momento sólo hay determinados sectores que, con justicia, reclaman un tratamiento equitativo y el cumplimiento de los compromisos con ellos pactados, como es el caso de los profesores, empleados de Correos y Telégrafos, de la Salud, etcétera.
Pero, en definitiva, hay aquí un arreglo para 90 % o más de los asalariados del país. No es una solución ideal, por cierto, pero sí bastante mejor que la consignada en el proyecto original.
En cuanto a los demás gremios que aspiran a ser mejorados, puede serlo durante la discusión particular si todos los parlamentarios que representamos a los trabajadores votamos según lo proclamamos. Y en eso deben concordar todos los partidos, incluso de la Derecha, porque el Partido Nacional tiene un departamento gremial que, entiendo, debería indicar a sus representantes cómo actuar bien en tal caso.
El señor RODRIGUEZ.-
¡No le hacen caso...!
El señor TARUD.-
En consecuencia, éste es un proyecto que puede y debe ser aprobado en cuanto a la idea de legislar, y a continuación mejorado en atención a los reclamos de los gremios que sufren discriminación respecto de una justa política salarial.
Por eso, votaré favorablemente esa idea, convencido de que mi actitud es la que cabe y corresponde adoptar en defensa de los intereses gremiales.
No puedo entrar en una discusión detallada de todos los aspectos de la iniciativa; pero, como hombre de Izquierda, tengo una posición clara frente a la filosofía que ella refleja, tanto desde el punto de vista de los salarios como del financiamiento y la política que enuncia.
En la discusión particular, ciertamente, entraré al análisis en detalle que el asunto merece.
Debo sí reiterar que los trabajadores llevan esperando el reajuste casi cuatro meses, período durante el cual se ha deteriorado más su capacidad de compra. Hasta ahora, esta pausa sólo ha favorecido a los ricos, quienes tienen medios automáticos de defensa contra la inflación. Ellos se reajustan por sí solos.
Rechazar, no este proyecto, sino la sola idea de discutirlo, es un paso extremadamente serio en tales circunstancias, pues no sólo equivale a postergar las esperanzas de miles de hogares, sino a crear una situación que agravará la desconfianza popular hacia las instituciones políticas democráticas.
Se ha hablado mucho en estos días de la posibilidad de una interrupción de la legalidad. Eso me preocupa, pero no me asusta.
Nunca actuaría en un sentido determinado movido por razones derivadas de una situación creada por el riesgo o la amenaza hacia mi persona. En cambio, me preocupa intensamente la mantención del capital histórico de las luchas del pueblo chileno: el sistema republicano y democrático, no ideal, pero muy estimable, de que actualmente disfrutamos, y que transforma a Chile casi en una isla en un mar de dictaduras latinoamericanas.
Este sistema, por ejemplo, permite que hombres perseguidos puedan llegar hasta aquí en busca de refugio y asilo y ser acogidos y encaminados hacia la seguridad de sus personas e ideas, en tanto que en cualquier otro país, casi con certeza, encararían la muerte.
Ese hecho demuestra por sí solo lo importante que es aquello que hoy tenemos, y debe ser punto de partida hacia mejores metas y realizaciones colectivas.
Chile tiene su destino dentro de esa violación republicana y libertaria. Lo perderá, quizás irremisiblemente, si permitimos que el pueblo pierda su confianza y fe en tal convicción emergida de nuestra propia historia. No podemos aspirar a mejorar destrozando lo que tenemos, sino perfeccionándolo y superándolo.
Por encima de las frustraciones y desaciertos, errores y engaños, el pueblo de Chile, que se ha dado a sí mismo, no sólo las instituciones que hoy deben ser renovadas, sino los partidos y movimientos capaces de proponer y efectuar tal renovación, de los cuales espera actitudes congruentes con tal decisión histórica, observa muy bien lo que hoy se define en esta Sala.
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