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- rdf:value = " El señor RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, no deja de ser penoso lo relatado esta tarde por el Honorable señor Tarud, quien, poniendo lo mejor de su voluntad y buena disposición, caminó muchos días por las oficinas ministeriales y se entrevistó con el propio Presidente de la República, para llegar, diría yo, a cero.
Por eso, tenía fundamento la pregunta que ayer formulé al señor Ministro de Hacienda Su Señoría, con mutismo digno de mejor causa, no respondió, en cuanto a si el Gobierno estaba realmente dispuesto a acceder a la petición formulada por algunos señores Senadores de buena voluntad, lo que hasta ayer, parece, no ocurría.
Ahora insisto en la segunda pregunta que formulé al señor Zaldívar en aquella oportunidad, y esta vez espero tener éxito: ¿es efectivo que en el curso de las últimas horas el Ejecutivo llegó a entendimiento con el Partido Nacional para superar la votación del proyecto de reajustes en el Senado?
Si acaso así ha ocurrido, a los socialistas nos gustaría saber en qué términos cree el Gobierno que se aprobará la iniciativa en cuanto a sus líneas fundamentales.
Si el señor Ministro desea, me responde, y ojalá que no sea tan cicatero en el tiempo, como sucedió ayer.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
No seré cicatero, pero seré muy concreto para responder a Su Señoría.
Reitero que, según mi opinión, no corresponde dar cuenta aquí de mis gestiones políticas. En todo caso, advierto que lo haré al final, cuando esté todo afinado.
El señor RODRIGUEZ.-
¡Extraña respuesta de un Ministro de Hacienda: está en el epicentro de la política chilena; aquí estamos todos los sectores políticos, y Su Señoría reserva su opinión política "para el final"!
A mi juicio, esta actitud no es seria, porque, sin duda, los criterios básicos de los diversos partidos se irán conformando, aparte las posiciones anticipadas que han adoptado respecto de la actual iniciativa, de acuerdo con lo que el Gobierno sea capaz de recapacitar con relación a la idea sustentada originalmente.
En consecuencia, esperamos que el Ejecutivo afine su entendimiento con la Derecha, para que "al final" sepamos a qué atenernos.
Hemos dicho que los socialistas rechazamos este proyecto de legislación, porque al hacerlo, en el fondo, estamos impugnando la política social y económica de la actual Administración.
Concretamente, pensamos que esta iniciativa no es un proyecto de reajustes. Además, de las propias informaciones dadas en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, se desprende que en el costo total del proyecto, de 1. 278 millones de escudos, 713 millones están destinados a financiar gastos presupuestarios que, por imprevisión de este Gobierno, no fueron consignados oportunamente, al discutirse la ley de Presupuestos a fines del año pasado.
De tal modo, con la extraordinaria y gigantesca publicidad que totalitariamente emplea el actual Gobierno, se ha tratado de llevar a la opinión pública la impresión de que los conglomerados opositores a esta legislación somos contrarios a los reajustes, lo cual no es sino una mentira más del oficialismo.
Los socialistas deseamos que se otorguen reajustes, pero de una cuantía que esté en consonancia con el alza del costo de la vida, que, según índices oficiales, pero discutibles, llega a 21, 9%.
Hemos reclamado que en un proyecto sobre reajustes si quiere calificársele de tal no debieron incluirse sino disposiciones, proposiciones de ley o artículos relativos a lo que es en esencia una legislación de esta índole. Sin embargo, el Gobierno insiste en renovar, mediante la iniciativa en debate, la mayor parte de las disposiciones objetadas anteriormente. En síntesis, quiere valerse de la legislación sobre reajustes para resolver problemas de déficit fiscal y de desfinanciamiento respecto de los gastos presupuestarios del año en curso.
Cuando, en octubre de 1967, el Gobierno anunció su primer proyecto sobre estas materias, inspirado en la filosofía que dio a conocer el ex Ministro señor Molina, fuimos testigos de la forma como expresaron su repudio a dicha iniciativa las masas populares chilenas, representadas por sus sindicatos, gremios y organizaciones, como son la CUT; la ANEF, la ANES y la Confederación de Empleados Particulares de Chile. Es decir, toda la vida activa y dinámica incorporada a la producción y a los servicios fundamentales del Estado manifestó claramente su oposición.
Aparte diversos aspectos negativos, la legislación propuesta versaba sobre cuestiones propiamente monetarias, y, junto
a la idea de dar reajustes, incluía la de establecer el sistema de capitalización que el pueblo sabiamente bautizó de "chiribonos". Dicho sistema despertó, a la vez, una gran resistencia masiva, que terminó por derrotar a esa iniciativa legal. Por ese motivo, el 30 de enero de este año, el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto, que ya estaba en el Senado, ante la voluntad mayoritaria de los diversos sectores políticos que traducían las aspiraciones de amplias masas de trabajadores, obreros y empleados.
Ayer el Gobierno quiso presentar el sistema de los "chiribonos" y hoy el de los "bonos Corvi", como una originalidad financiera, dentro del contexto general de la política reformista del señor Frei. Lo cierto es que la receta no es nueva; es una vieja receta imperialista que, bajo distintos disfraces, tiende a convencer a los pobres de la necesidad de desarrollar lo que los yanquis denominan capitalismo popular. Mediante el sistema de los "chiribonos", ayer, y hoy por medio de los "chiricorvis", se pretende que los pobres, los desposeídos, los que nada o poco tienen, los que viven de rentas fijas, se obliguen a un ahorro forzoso.
Tal propósito se advierte en la política diseñada para todo el continente; está presente en la propia filosofía de la fracasada Alianza para el Progreso, primero, y en el llamado "kennedysmo reformista" y en las nuevas recetas en el fondo, son las mismas ya añejas, del Fondo Monetario Internacional.
Hemos visto que se ha tratado de instaurar en Colombia el mismo sistema de los "chiribonos" o "chiricorvis" de Chile. Allá se agita el llamado "proyecto sobre Fondo Nacional de Ahorro", presentado al Gobierno de la República de Colombia, que ha determinado una intensa movilización laboral en contra de sus postulados. El periódico "Unidad Sindical", de ese país, en una edición correspondiente a la segunda quincena de febrero de este año, expresa en primera página, a propósito de lo ocurrido en Chile y para que tomen la lección los trabajadores colombianos, lo siguiente:
"Los trabajadores y el pueblo chileno han derrotado al imperialismo y al gobierno socialcristiano en su intento de crear un Fondo de Ahorro Obligatorio. El proyecto de ley fue negado en el Senado de la República, donde la oposición es mayoritaria. La protesta permanente y valerosa de la clase obrera chilena y la acción en el Congreso de los grupos políticos de oposición, fueron los artífices del triunfo de los trabajadores de nuestro hermano país. Este es un ejemplo viviente para los trabajadores colombianos que también enfrentan a esa clase de medidas: al Fondo Nacional de Ahorro".
Los socialistas hemos afirmado que el grupo dominante en el poder, con su filosofía reformista, con el tan insistentemente llamado "fatalismo geográfico político", no ha inventado ninguna novedad. En el hecho, se atiene obedientemente a un mandato externo que le ordena aplicar semejantes recetas que castigan a las masas trabajadoras, con el fin de contar, por supuesto, con la benevolencia del imperialismo y de sus organismos financieros.
Pero la clase obrera chilena derrotó la política de los "chiribonos" y obligó al Ejecutivo a retirar el proyecto anterior, i Claro que, en el camino, se derramó sangre proletaria! Las calles de Santiago se mancharon de sangre obrera durante la represión de noviembre pasado.
Aquí tenemos algunos exponentes de la política gubernamental de la mano dura, que se esmeran en sembrar amenazas, en quebrantar lo que ellos mismos dicen defender: el orden constituido, o de amenazar periódicamente a las instituciones republicanas de esta sociedad burguesa. Y no falta algún Diputado cuando no un ex abrupto presidencial que endilgue sus iras contra el Senado y amenace disolverlo. Ellos dicen que. si no se aprueba esta legislación, se dictará un decreto de insistencia, por lo menos respecto de las Fuerzas Armadas y de una parte del sector público. Y entonces surgen las amenazas de estos curiosos defensores de las libertades, de la democracia y de la institucionalidad. Y surgen permanentemente las presiones y las amenazas para romper su propio orden, porque cuando el sistema imperante en esta sociedad burguesa no les sirve, estos mismos burgueses lo rompen o tratan de romperlo. No emplean el mismo lenguaje ni se guían por la misma correcta intención cuando los socialistas, cuando los hombres de pensamiento revolucionario, estamos significando las lacras de una sociedad decadente, corroída en sus viejas estructuras, que necesita perentoriamente profundos y tajantes cambios para ubicarse en la vía contemporánea.
Pues bien, cuando todo hacía pensar que por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo se había derrotado la política congelatoria puesta al servicio del Fondo Monetario Internacional, sobreviene un cambio de Ministros. Llega el señor Raúl Sáez y nos encontramos, al poco tiempo, con que el Gobierno ofrece un proyecto de reajustes que obedece a la misma filosofía, insiste en los mismos rubros negativos y reitera, con porfía, la intención de hacer ahorrar a los pobres, por medio del sistema de bonos CORVI. Y hay que decirlo el proyecto tiene aún alcances más regresivos, más antipatriotas, más injustos que el articulado de que fue autor el ex Ministro señor Molina. Se han encargado de demostrarlo de modo fehaciente los propios gremios afectados.
La extensa nómina leída por el Honorable señor Aguirre Doolan, que es real, refleja lo ocurrido en las Comisiones unidas. Yo diría, luego de escuchar a los representantes de decenas de gremios que nos relataron sus angustias y sus miserias v nos dieron a conocer el nivel degradante de sus módicas entradas, que queda un sabor amargo en la boca, porque vemos el drama de los chilenos, de la clase obrera, del sector apreciable de los empleados, tanto particular como públicos, que esconden ficticiamente su miseria, pues a veces deben ponerse corbata, obligados por los prejuicios o las exigencias sociales o administrativas.
Impresiona ver cómo, en el caso de los empleados particulares, por ejemplo, el grueso de ellos gana apenas un sueldo vital, y que las dos terceras partes de ese importante sector de asalariados no alcanzan a tener remuneraciones superiores a los dos sueldos vitales.
Entonces, quedó en evidencia en las Comisiones unidas, descorrido el velo de las hipocresías colectivas o convencionales, cuál es el verdadero drama de Chile, materializado en el reclamo de los trabajadores que terminaron por pedirnos no legislar sobre la materia que nos ocupa, pues rechazan categóricamente el reajuste de 12, 5%, repudian de modo enérgico los bonos CORVI y se oponen al financiamiento del proyecto sobre la base de aumentar la tasa del impuesto a las compraventas, tributo que en sólo dos años de 1965 a 1967 ha incrementado su rendimiento en dos mil millones de escudos. Vale decir, el tremendo peso que ese guarismo representa se ha descargado inmisericorde sobre las espaldas de los consumidores, en circunstancias de que no es ése sino uno de los gravámenes que pesan sobre la clase trabajadora.
El impuesto a las compraventas fue establecido a instancias de los asesores norteamericanos con el carácter de transitorio, por el período de un año solamente, a fin de afrontar una situación de emergencia. Pero en el hecho quedó como una carga fija entre las demás disposiciones tributarias, y lo que es peor ha ido aumentando en extensión y tasas.
Con todo, el actual Gobierno, impulsor, según se autocalifica, de la justicia tributaria, aumentó el impuesto referido, de 6%, a 7%, durante el pasado año; y ahora, persistiendo en su propósito regresivo, desea incrementarlo aún más, elevándolo a 8%. Es decir, en escasos dos años aumentaría dicho gravamen en 2%, lo cual implicaría, sin duda, que los aparentes reajustes serían en la práctica mucho menores que los otorgados literalmente por la ley.
Por eso, hemos dicho que dar luz verde a este proyecto en la Cámara de Diputados, es abrir paso a todo el contenido regresivo de la iniciativa, que empieza por congelar las remuneraciones de una tercera parte de la Administración Pública, ya que 130. 000 ó 140. 000 funcionarios tendrían reajustes de sólo 12, 5%. Por otra parte, significa castigar a 300. 000 pobres y ancianos pensionados del Servicio de Seguro Social, cuyas modestas pensiones, de 120, 130, 150 ó 170 escudos, a lo más, se verían rebajadas en 7% con relación al monto a que podrían alcanzar si se aplicara el mecanismo de reajustes establecido en la ley Nº 10. 383.
Para no extenderme demasiado, deseo que en la parte pertinente de mi intervención se reproduzca solamente la página del informe de las Comisiones unidas donde figuran estos antecedentes, relativos a los derechos de los pensionados y a la forma como quedan de maltratados. Porque, en definitiva, 300 mil ancianos que gozan de miserables pensiones son castigados con este mecanismo del proyecto.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Solicito autorización de la Sala para insertar el documento a que ha, hecho referencia el señor Senador.
Acordado.
El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:
PENSIONES MÍNIMAS Y VIGENTES
El señor RODRIGUEZ.-
Además, no podemos aprobar este proyecto porque el Gobierno ha faltado gravemente a serios compromisos con sectores importantes de vastos sectores sociales.
Con el Honorable señor Baltra estuve en la asamblea de profesores celebrada en el teatro Normandie, en donde se apreciaba el fervor combatiente del magisterio. Concretamente, los profesores nos pidieron con vehemencia no legislar sobre la materia, salvo que el Gobierno se allane a respetar las bases de la llamada "acta magisterial", expresión final del serio conflicto reivindicativo que dichos profesionales tuvieron hace algún tiempo. Entiendo en que son entre 45 mil y 50 mil los maestros afectados.
Lo mismo ocurre con el personal de Correos y Telégrafos, que en número de 10 mil también suscribieron un convenio, en el cual estaba expresado el compromiso de Ministros, Subsecretarios e, incluso porque tenía que sancionar dichos acuerdos, el propio Presidente de la República.
Por su parte, también al gremio de la Salud se le han desconocido los acuerdos suscritos con el Gobierno después de un grave conflicto. Se trata de un servicio postergado que agrupa más o menos a 55 mil modestos funcionarios que tienen participación decisiva en la defensa de la salud de nuestro pueblo.
Es decir, 45 mil profesores, 10 mil funcionarios de Correos y Telégrafos y 55 mil empleados del Servicio Nacional de Salud constituyen una masa de más o menos 110 mil a 120 mil funcionarios comprometidos por la violación de sus convenios.
Este hecho es serio, pues se trata de servicios postergados respecto de los cuales el Gobierno comprendió la necesidad de otorgarles un reajuste superior al promedio que se ciaría al sector público en general.
Apena también tal situación, porque no es nuestro propósito ubicarnos en una posición cómoda y buscar porque sí el fracaso del Gobierno. El hecho central es que nosotros propusimos un mecanismo sugerido ya en el impuesto patrimonial que gravase la mayor entrada del cobre derivada de su alto precio en el mercado internacional. Pero todos nuestros intentos, como también los de los Partidos Comunista y Radical, de Diputados de la propia Democracia Cristiana y, en especial, del sector rebelde y de la juventud de esta colectividad, tendientes a obtener de la gran minería yanqui del cobre una modesta tajada para reincorporarla al patrimonio nacional y financiar los reajustes, han sido rechazados sistemáticamente por el Gobierno.
Para el Ejecutivo, el interés yanqui de la gran minería del cobre es tabú, y nada se puede hacer. Hemos probado que, aun sin lesionar los llamados convenios del cobre, que para nosotros no son un elemento tabú en el momento oportuno, con sentido histórico vamos a reivindicar para Chile el patrimonio total del cobre mediante una sana política nacionalizadora, podríamos haber contribuido a financiar el proyecto con las entradas provenientes del mayor precio del metal. Así quedó claramente establecido en las Comisiones Unidas. Según datos proporcionados por los colegas que han intervenido en esta materia, los ingresos provenientes del cobre han sido siempre muy superiores a los previstos por el Gobierno en sus cálculos presupuestarios. Así sucedió el año pasado, por ejemplo, cuando el valor de la libra se calculó a 42 centavos. Sin duda, ese sobreprecio permitiría financiar los reajustes.
Creo que lo fundamental ya se ha dicho. No vale la pena malgastar más tiempo en una empresa ya comprometida por el Gobierno, la cual no tendrá variantes esenciales.
La tributación del cobre propuesta por nosotros, la aspiración de los gremios de no ser maltratados, las gestiones de buena fe de algunos colegas, todo se ha venido al suelo para que prospere en definitiva sólo un acuerdo básico según se desprende de las informaciones de prensa y los comentarios de pasillos, que no sabemos en qué consiste, entre el Gobierno y la ultrarreacción chilena.
"
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