REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.
Sesión 83ª, en viernes 26 de abril de 1968.
Especial.
(De 16.12 a 18.58).

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRESIDENTE, Y
SERGIO SEPULVEDA GARCES, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y
EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA.

INDICE.
Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA	3543
II.- APERTURA DE LA SESION	3543
III.- TRAMITACION DE ACTAS	3543
IV.- LECTURA DE LA CUENTA	3543

V.- ORDEN DEL DIA:

Problemas gremiales. (Observaciones de los señores Bossay, Teitelboim, Allende, Chadwick, Ferrando, Jaramillo Lyon, Musalem y Noemi) 3544

Anexos.

DOCUMENTOS:

1.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre empréstitos para la Municipalidad de Valdivia 3579
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre empréstitos para la Municipalidad de Tomé 3580.
3.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta formulada por la Sala acerca de la interpretación y alcance de la llamada "Acta Magisterial"	3582


VERSION TAQUIGRAFICA.


I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Aguirre D., Humberto;
Allende, Salvador;
Ampuero, Baúl;
Baltra, Alberto;
Bossay, Luis;
Campusano, Julieta;
Carrera, María Elena;
Contreras, Carlos;
Contreras, Víctor;
Corvalán, Luis;
Chadwick, Tomás;
Duran, Julio;
Ferrando, Ricardo;
Fuentealba, Renán;
González M., Exequiel;
Gormaz, Raúl;
Gumucio, Rafael A.;
Jaramillo, Armando;
Juliet, Raúl;
Mauras, Juan L.;
Miranda, Hugo;
Musalem, José;
Noemi, Alejandro;
Pablo, Tomás;
Reyes, Tomás;
Rodríguez, Aniceto;
Sepúlveda, Sergio;
Tarud, Rafael;
Teitelboim, Volodia;

Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.


II.- APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.12, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.


III.- TRAMITACION DE ACTAS.

El señor ALLENDE (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 47ª, a 62ª, ambas inclusive, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 63ª a 82ª, ambas inclusive, quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
(Véanse las Actas aprobadas en el Boletín).


IV.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor ALLENDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntes que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes.
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira las observaciones formuladas a los proyectos que benefician, por gracia, a doña Loreto Witto Barría y a don Enrique Fresno Ingunza.
-Quedan retiradas las observaciones.

Oficios.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados.
Con el primero, comunica que ha tenido a bien rechazar,' en primer trámite constitucional, las observaciones formuladas al proyecto sobre empréstitos para la Municipalidad de Valdivia y que ha insistido en su texto primitivo. (Véase en los Anexos, documento 1).
Con el segundo, comunica que ha tenido a bien aprobar un proyecto de ley sobre empréstitos para la Municipalidad de Tomé. (Véase en los Anexos, documento 2).
-Pasan a la Comisión de Gobierno.

Con el último, comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto sobre interpretación de la ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en lo relativo a la delegación de atribuciones administrativas.
-Se manda archivarlo.

Tres de los señores Ministros del Interior y del Trabajo y Previsión Social, recaídos en las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre (1), Contreras Tapia y Corvalán (2) y Jaramillo (3):

1) Teléfono público para San Ignacio, en Ñuble;
2) Despidos en la Empresa Periodística del Sur S. A., y
3) Teléfonos públicos para diversas localidades de O'Higgins y Colchagua.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes.
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta formulada por la Sala de la Corporación, acerca de la interpretación y alcance de la denominada "Acta Magisterial". (Véase en los Anexos, documento 3).
Cuatro de la Comisión de Defensa Nacional, recaídos en sendos Mensajes que proponen los siguientes ascensos en las Fuerzas Armadas:
A General de Brigada, el Coronel don Manuel Pinochet Sepúlveda;
A General de Brigada, el Coronel don Pablo Schaffhauser Acuña;
A General de Brigada, el Coronel don Florián Silva Arze, y
A General de Brigada, el Coronel don Camilo Valenzuela Godoy.
-Quedan para tabla.

El señor ALLENDE (Presidente).- Terminada la Cuenta.


V.- ORDEN DEL DIA.


CONFLICTOS GREMIALES.

El señor ALLENDE (Presidente).- Hago presente a los señores Senadores que he citado a esta sesión, en virtud de las atribuciones de la Mesa, en atención a la inquietud expresada por diversos señores Senadores, que yo también compartía, frente a la situación gremial existente en el país.
Deseo saber qué señores Senadores solicitan inscribirse, a fin de distribuir el tiempo.
El señor CORVALAN.- ¿Hasta qué hora está citada la Corporación?
El señor ALLENDE (Presidente).- Hasta las seis y media de la tarde.
El señor BOSSAY.- Yo deseo inscribirme, señor Presidente.
El señor TEITELBOIM.- Yo también.
El señor RODRIGUEZ.- Y yo.
El señor CHADWICK.- También pido ser inscrito.
El señor ALLENDE (Presidente).- Hasta este momento hay cuatro Senadores inscritos.
Solicito autorización de la Sala para empalmar esta sesión con la siguiente, que debe empezar a las 16.30.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Bossay.
El señor BOSSAY.- Como acaba de expresar el señor Presidente del Senado, diversos Senadores independientes y de los distintos partidos han expresado su seria inquietud por la marcha de los conflictos gremiales y la actitud del Poder Ejecutivo ante los dirigentes y huelguistas y su frialdad en la búsqueda de una solución adecuada.
A los parlamentarios por Valparaíso nos están llamando varias veces al día para comunicarnos lo que está sucediendo allí y en las distintas ciudades del país, especialmente respecto del personal de Correos; y Telégrafos y del profesorado y, últimamente, de los alumnos. Como pude comprobar con el señor Presidente del Senado, también están interviniendo ahora las organizaciones nacionales de padres y apoderados, cuyos dirigentes visitaron ayer el Senado, a fin de exponer su pensamiento al respecto, que en algún momento pretenderé sintetizar, así como su propósito de colaborar en la búsqueda de una solución que, junto con hacer justicia a los profesores, permita reintegrar pronto a los alumnos a sus estudios.
Ante esos llamados, a los cuales me referiré, creo que ningún señor Senador puede soslayar la obligación moral de formular las más duras críticas al Poder Ejecutivo, especialmente al señor Pérez Zujovic, Ministro del Interior, y de relatar las persecuciones y las actitudes violentas contra mujeres y niños, que serán una vergüenza que perseguirá permanentemente a la Democracia Cristiana.
En el puerto de Valparaíso, la violencia ha llegado a los más rigurosos niveles.
Hace algunos meses, al empezar a manifestarse la inquietud ante la falta de matrículas, los señores Senadores se impusieron de la forma cómo se atropelló a las madres, a las madres obreras, a las madres de los muchachos de escuelas primarias, que fueron mojadas por los "guanacos" y también golpeadas. Por informaciones de la prensa de todo el país, pudimos informarnos del trato de que entonces fueron objeto y de las heridas que recibieron esas madres, cuyo único delito fue detenerse frente a la Intendencia de Valparaíso, pedir ser recibidas y solicitar matrículas para sus hijos. Más adelante se han cometido diversos otros atropellos, a uno de los cuales me referiré.
Hace tres días, al salir de la Casa del Maestro, el profesorado fue encerrado por Carabineros en la plaza Victoria y se les dejó como única salida un corredor por el cual forzosamente debían pasar, circunstancia en que hombres y mujeres eran apaleados y golpeados. En distintas partes del país -ruego a los señores Senadores verificar esta denuncia- se ha comprobado un acuerdo o táctica consistente en golpear a las mujeres y a los hombres en ciertas partes de su cuerpo para provocarles extraordinario dolor, a raíz de lo cual, pueden sufrir enfermedades de gravedad. Conocemos varias acusaciones sobre este tipo de golpes que se están propinando a profesoras y profesores, en distintas represiones habidas a lo largo del país.
Como consecuencia de esta agresión al profesorado en Valparaíso, en la esquina de la plaza Victoria, un profesor resultó con conmoción cerebral y otros maestros quedaron heridos de gravedad y de mediana gravedad.
Existe una actitud de violencia, de dureza, en la cual se encierra un odio profundo contra el magisterio nacional estatal. En estos últimos días, la oficialidad de una comisaría expresó a un Honorable colega su inquietud por esta situación. Estoy seguro de que esta dureza contra los huelguistas, sin duda ordenada para introducir el temor dentro de los profesores y de los empleados de Correos y Telégrafos en conflicto, persigue un propósito de terminado. Deseo preguntar públicamente al Gobierno qué pretende; adonde quiere llevar a los gremios en huelga. ¿Acaso de sea que, movidos por su amargura y su desesperación, lleguen a actuar en la calle sin que puedan controlarlos sus dirigentes nacionales o regionales y nos encontremos ante hechos de extraordinaria gravedad? ¿Qué busca el Gobierno democratacristiano? ¿Qué persigue el señor Ministro del Interior con esta violencia y con esta dureza?
En la ciudad de Quilpué, los carabineros violaron el local del Partido Radical. En efecto, después de desalojar a los profesores que tenían la olla común en un sitio ubicado al frente del Club Radical y al saber que la habían trasladado al patio de dicho club, empujaron la puerta, violaron la Casa Radical y esparcieron los elementos de la olla común. Además, detuvieron a los profesores que se encontraban en ese recinto.
Aquí en Santiago ha sucedido lo mismo.
Deseo hacer un poco de historia.
Muchas veces, antes como Diputado y ahora como Senador, he observado actitudes de dureza. Pues bien, deseo preguntar a quienes dicen pertenecer a un Gobierno que usó la expresión "revolución en libertad", ensuciando los términos "revolución" y "libertad", qué pretenden al cortar la energía eléctrica en los liceos donde se encuentran los muchachos en actitud solidaria con los maestros; qué pretenden al cortar el gas y, en algunos casos, el agua, frente al idealismo de muchachos que en numerosos establecimientos de Santiago y provincias han tomado los locales, como muestra de solidaridad, compartida por los apoderados, los sindicatos, las juntas de vecinos y la opinión pública en general, con los maestros, quienes piden el cumplimiento de un acuerdo firmado por altos personeros del país. A nuestro juicio, debería hacerse honor a esas firmas y cumplirse el acuerdo magisterial.
¿Qué pretende con llevar al hambre o a la enfermedad a los funcionarios en huelga; o con detener a los muchachos que ocupaban establecimientos educacionales, como ocurrió hoy en el Instituto Nacional; o con sacar violentamente, para luego detenerlos, a un grupo de empleados de Correos que entraron a la Aduana de Santiago para plantear a sus compañeros que aún trabajaban una actitud de solidaridad con la huelga? ¿Por qué tanta "luma", tanto golpe, tanta dureza? ¿Acaso el señor Ministro del Interior quiere hacer bueno el nombre de "hombre fuerte", como se lo llama? Este hecho, a mi juicio, está haciendo grave daño al país y al Gobierno, por cuanto está empujando a nuestra patria, no a recuperar una disciplina que no fue interrumpida por los servidores de la Administración Pública sino por el Ejecutivo, al firmar con el magisterio un compromiso que no cumplió, al llegar con los funcionarios de Correos a un acuerdo que no acató, al expulsar a los obreros de Vialidad por mantener una actitud solidaria con sus demás compañeros del sector público.
En mi concepto, esta sesión del Senado tiene extraordinario valor, pues servirá para demostrar que el Gobierno está colocando al país en un despeñadero, que caminamos en un plano inclinado en cuyo curso podrá haber heridos, posiblemente algún día muertos, y una reacción nacional en cadena. Por ello, es de interés destacar, a la inversa de lo sostenido por la prensa oficial, que cada día, en vez de acobardarse o volverse a sus casas, aumenta el número de quienes se incorporan a los movimientos huelguísticos en una actitud de solidaridad.
Acabamos de recibir una comunicación en la que se nos informa que más del 93 por ciento del profesorado está acatando las resoluciones de la FEDECH, en el sentido de mantener el paro. Contrariamente a lo que se pensaba, muchos maestros que pertenecían a las brigadas democratacristianos, que han visto la manera cómo son apaleados sus compañeros, se han sumado a la huelga. Igual cosa está ocurriendo, según se nos acaba de comunicar, con el personal que todavía trabajaba en Correos y Telégrafos, pues comprobaron que quienes resolverán la actitud persecutoria en contra de los miembros del Servicio, no serán la Dirección General ni el Ejecutivo, sino los elementos que han traicionado a sus compañeros al seguir laborando. Es de interés hacer notar que el Gobierno ha actuado -lo sabe muy bien el Honorable señor Baltazar Castro- evitando escuchar a los parlamentarios que han deseado intervenir en los conflictos. Por el contrario, se ha sostenido que los supremos jueces de la situación son los funcionarios que han permanecido trabajando en Correos, asumiendo una posición de no solidarizar con la actitud mantenida por sus compañeros a lo largo de todo el país.
Deseo expresar también que muchos sindicatos, organizaciones de trabajadores, clubes deportivos y sectores del comercio, como es el caso de la ciudad de Talca y del puerto de Valparaíso, colaboran con quienes están defendiendo exclusivamente el derecho a un salario más justo, el cumplimiento de acuerdos ya incorporados en sus derechos adquiridos.
La Comisión de Constitución declaró inconstitucionales los artículos mediante los cuales se viola el acuerdo magisterial. Hoy se comprobó que numerosos maestros, en la seguridad de que el Gobierno cumpliría la palabra empeñada, compraron casas o bienes con cuotas que se prolongaban más allá de los años 1969 y 1970. Jamás imaginaron que el compromiso sería violado. Ahora, un derecho incorporado en su patrimonio es negado por el Poder Ejecutivo.
Advertimos al país la actitud del Gobierno, que impone cada día una nueva medida de represión, y denunciamos que, según informes que nos ha proporcionado la FEDECH, se está preparando el desalojo de los lugares donde se hallan las "ollas comunes", único medio de los maestros para alimentarse. La mayoría de ellos no han cobrado sus sueldos o perciben ingresos extraordinariamente bajos. Tanto es así que están yendo a las cajas de crédito popular a empeñar sus prendas para sobrevivir, para alimentar a sus hijos, actitud que han asumido con valentía moral, coraje y unidad ejemplar. Estos hechos están levantando el ánimo de los trabajadores de nuestra patria, los harán adoptar una posición solidaria y digna frente a un Gobierno que cuando no lo era hablaba de diferente manera, que prometió reajustes del ciento por ciento del alza del costo do la vida, que afirmó su decisión de llevar adelante una moral política que influyera en todos los niveles y en todos los campos de la dirección del país. Esa moral política ha sido quebrada. Los acuerdos han sido violados.
El magisterio envió una carta pública al Subsecretario de Educación, señor Patricio Rojas, en la cual plantea su desacuerdo con la interpretación que ese funcionario da del acuerdo magisterial. En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de estudiar el problema, y concluimos que no se puede dejar de cumplir tal acuerdo. Tal incumplimiento es inconstitucional. Todavía más: mediante algunos preceptos introducidos -unos, abiertamente; otros, hipócritamente- en el proyecto de reajustes, tendientes a violar ese compromiso, se transgrédelo dispuesto en una ley vigente.
También protesto hoy en el Senado por la violencia usada por el Ejecutivo para desalojar los distintos liceos del país ocupados por muchachas, sacadas por la fuerza de esos establecimientos, o por muchachos que han sido dejados sin luz, sin agua, sin gas. Todo ello refleja la dureza con que se ha llevado este problema. Acusamos al Gobierno, por cuanto entendemos que los
hechos anteriores se han producido en cumplimiento de órdenes directas que tienden a causar inquietud en el país, para llevar a los gremios en huelga a la desesperación, de manera que acontezcan hechos que permitan al Ejecutivo adoptar las medidas que comprueben en parte que es partidario de mantener la disciplina, aunque no de hacer justicia.
Deseo, en nombre del Partido Radical, no sólo solidarizar con los gremios que están luchando por el cumplimiento de acuerdos que los favorecen, sino también expresar públicamente la protesta más enérgica por la insensibilidad del señor Ministro del Interior, por la dureza del Gobierno -actitud contraria a la sostenida en 1964- con que se está persiguiendo a los alumnos, a los profesores, a los padres y a todos aquellos que están defendiendo sus derechos, y responsabilizarlo de todo lo que pueda ocurrir.
El señor ALLENDE (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Teitelboim.
¿Hasta dónde se quiere ir?
El señor TEITELBOIM.- En los últimos días, especialmente ayer y hoy, se ha desatado sobre Santiago y el país una persecución policial, una violencia represiva que no ha perdonado siquiera a mujeres, muchachos ni niños. El señor Ministro del Interior ha planteado en forma orgullosa y desafiante -se autodefine como un hombre duro- que procederá a reprimir todos los movimientos huelguísticos, criterio que fue avalado y hecho suyo por el señor Presidente de la República en comunicación dirigida al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señor Tucapel Jiménez. Por ello, uno tiene derecho a preguntarse: ¿hasta dónde se quiere ir? Ayer, en presencia del Primer Mandatario, un grupo de mujeres trabajadoras, acompañadas a su ruego por dos parlamentarias, la Senadora Julieta Campusano y la Diputada Inés Enríquez y por una regidora por Santiago, Mireya Baltra, fueron apaleadas a su vista y paciencia.
Violencia por las calles.
Hoy los diarios de la tarde traen la noticia de que fueron desalojados por la violencia los muchachos que habían ocupado el Instituto Nacional. Además, se han producido en inmediaciones de La Moneda, nuevos actos de represión. ¿Qué se persigue, Honorable Senado? ¿Crear, acaso, un clima que pueda desembocar en la reedición de la tragedia del mineral de "El Salvador"; repetir los sucesos sangrientos del 23 de noviembre pasado en la ciudad de Santiago? Esta es la alarma que nos agita, razón fundamental para haber citado a una sesión de emergencia al Senado, que en estos momentos se desarrolla. Me parece que lo más grave es, tal vez, la propia declaración del señor Presidente de la República. Siempre se cultivó en sectores muy amplios de la opinión una idea mantenida hábilmente como una especie de dogma respecto de los mandatarios chilenos y, también de otros países. No es él, el malo, sostiene un decir vulgar, sino los hombres que lo rodean, los Ministros que construyen una especie de cordón aislador, de muralla china, a fin de evitar que lleguen hasta sus oídos los clamores desesperados del pueblo.
Desilusión femenina.
En la mañana, esta ilusión sufrió un golpe demoledor, pues un grupo de funcionarías de Correos, que mantienen hace más de un mes un movimiento legítimo y justificado, decidieron recurrir a la más alta autoridad del país para hacerle saber su angustia, darle a conocer sus problemas y solicitarle su intervención para lograr una solución justa. Todo el país supo hoy día, a través de la prensa y de la radio, que se encontraron con un Mandatario frío, aferrado a una frase manida: "Vuelvan primero al trabajo y después las recibiré", y profundamente contrariado de que esas mujeres, muchas de las cuales creyeron en él y sufragaron por él, le pidieran directamente justicia.
Por la noche, apareció la respuesta del Presidente de la República a la carta de Tucapel Jiménez, en la cual ratifica las concepciones profundamente regresivas y antipopulares que caracterizan el trato del Gobierno con los trabajadores y el pueblo en general.
La erosión de un viejo mito.
El Primer Mandatario señala: "La respuesta que ha dado el señor Ministro del Interior corresponde a la realidad. El señor Ministro no está obstruyendo la solución de un conflicto. El Ministro está cumpliendo con su deber, y me parece absurdo solicitar la intervención del Presidente de la República cuando es tan clara la posición del Gobierno".
En otra parte, agrega: "A este respecto quiero manifestarles muy claramente que el señor Ministro del Interior cuenta, como es natural, con la confianza total del Presidente de la República. Todas sus actuaciones tienen pleno respaldo de mi parte, y no podría ser de otra manera".
Luego, sostiene: "El procedimiento de declarar huelgas ilegales para presionar al Gobierno y obtener más beneficios que los que éste puede otorgar, es algo que el Gobierno no puede aceptar por ningún motivo sin renunciar a su autoridad y sin precipitar al país a un verdadero caos".
¿Acaso no hemos escuchado estas palabras centenares de veces de boca de los mandatarios más retrógrados que ha tenido el país? ¿Qué innovaciones se han introducido respecto de los términos casi idénticos -porque éste es un calco mecánico-de las expresiones que han usado otros Presidentes? ¡ Ninguna!
Opinión sobre las huelgas.
¿Acaso no se rechazó en mútiples ocasiones por la propia Falange Nacional y por la actual Democracia Cristiana, la clasificación de las huelgas en legales e ilegales? ¿No han insistido muchos de sus portavoces en que es ilegítimo distinguir entre unas y otras, cuando tal vez sería mejor, a su juicio, distinguir entre huelgas justas e injustas? Y más de alguno de ellos ha reconocido que siempre las huelgas son justas porque responden a la necesidad angustiosa y desatendida de un sector de los trabajadores de nuestro país.
Se ha recordado aquí que el Presidente de la República habla hoy un lenguaje muy diferente del usado en la campaña presidencial y visiblemente distinto del que empleó hace muy poco tiempo, al referirse en su Mensaje al Acuerdo Magisterial.
Satisfacción desmentida.
El Parlamento sabe que el Presidente Frei, en su Mensaje al Congreso Nacional del 21 de mayo del año pasado, al referirse, con no oculta satisfacción, al Acuerdo Magisterial y al mejoramiento de las remuneraciones de los profesores, manifestó:
"La modernización de nuestro sistema educacional no podía efectuarse sin atender la situación económica y profesional del profesorado. Siendo éste el sujeto principal de la renovación emprendida, era evidente que se enfrentaba el peligro de producir un grave desajuste entre el incremento de las tareas y responsabilidades del maestro y la situación de su status económico y expectativas profesionales. El Gobierno tenía el compromiso de lograr este equilibrio en su política así como el de incrementar la dignidad y consideración social de la función docente. En este sentido había iniciado acciones concretas en 1966 al elevar la asignación de título profesional del 18 al 25%, pero era indispensable formular una nueva política de remuneraciones y de régimen de trabajo para el profesorado. Tal es el significado del denominado Acuerdo Magisterial cuyas disposiciones se incluyeron en la ley 16.617. Este estatuto jurídico acordado por el Gobierno y las instituciones gremiales del Magisterio representa para el profesorado un trascendental ordenamiento en el régimen docente y un mejoramiento de remuneraciones que en el promedio total de sueldos de este sector alcanza a un 70% que se aplicará gradualmente en un período de cuatro años".
El Magisterio y Correos piden cumplir lo convenido.
En realidad, el Primer Mandatario habló mucho más extensamente a propósito de este Acuerdo Magisterial que, en el hecho, ha sido desconocido tanto por el Jefe del Estado como por otros personeros oficiales tan encarnizados contra el gremio de los profesores como el Subsecretario de Educación señor Patricio Rojas, quien, en conferencia de prensa reciente, de 24 de abril -o sea, anteayer- se refirió a los movimientos huelguísticos, entre ellos al del magisterio, en términos melodramáticos subrayando, entre otros aspectos, que la juventud de la enseñanza media lleva ya más de cuatro meses sin recibir atención de sus maestros. La expresión "cuatro meses" fue destacada a grandes titulares por el diario "La Nación". Evidentemente, se trata de un argumento efectista y capcioso, ya que dentro de ese lapso se computa el período de vacaciones de verano. Pues bien, si saca de esta manera las cuentas, quiere decir que se trata de un calculista tramposo.
En verdad, los educadores tienen toda la razón en lo que solicitan. Ellos, como asimismo el personal del servicio de Correos y Telégrafos, no piden sino lo que les corresponde. Por eso, ese grupo de mujeres funcionarías de dichos servicios, después de la frustrada entrevista con el Presidente de la República, coreó a viva voz: "Frei Frei, cumpla con la ley". De eso se trata:' de cumplir con un texto legal. Está de por medio la ley 16.617 en virtud de la cual se determina expresamente que el reajuste del magisterio debe calcularse sobre la base del promedio del reajuste del sector público. Pues bien, ahora el Gobierno pretende imponer como promedio sólo 12,5%, vale decir, el mínimo. Como lo recordó el propio profesorado en una declaración pública cualquier niño de escuela sabe que la voz "promedio" no puede significar ni máximo ni mínimo, sino justamente el término medio.
Pronunciamiento constitucional. El Honorable Senado recordará que se solicitó un dictamen sobre esta materia a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la cual estimó inconstitucional el artículo propuesto por el Gobierno en el proyecto de reajustes aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado en las Comisiones unidas del Senado, en virtud del cual se pretendía despojar a los maestros de su legítimo derecho a obtener un reajuste equivalente al promedio del otorgado a la Administración Pública en general. Nuestra Comisión llegó a ese pronunciamiento por estimar que esta prerrogativa era un derecho adquirido que no se podía desconocer por medio de un mecanismo ideado por el Gobierno.
Existe la efectiva necesidad de resguardar el poder adquisitivo de las rentas, como lo sostenía el Presidente de la República en el Mensaje del año pasado; pero el proyecto tiende precisamente a burlar esta protección y a convertir en agua y sal la garantía de que la situación económica del magisterio no sufrirá deterioro. En resumen, los trabajadores de la enseñanza exigen, simplemente, cumplir con los preceptos 'de la ley 16.617.
La causa de este gremio, que defiende el nuevo "status" de los maestros y de la educación; la de quienes realmente desean que los maestros puedan desempeñar su función docente con un mínimo decoroso desde el punto de vista económico, es comprendida por el pueblo y la opinión pública del país.
Lucha conjunta de generaciones.
El Gobierno, por medio de sus portavoces y su máquina publicitaria, trata de presentar el movimiento de los profesores como virtualmente quebrado, aislado y solo, lo cual es una triple inexactitud, rotunda y truculenta, contenida en una sola frase. Si el Gobierno procede hoy a extremar la violencia es sobre todo porque la solidaridad y comprensión de la justicia que asiste a las demandas de los educadores, han conmovido a sectores muy diversos, empezando por los alumnos de escuelas y liceos.
Se habla de una querella o incomunicación entre generaciones como característica de esta época. Un importante diario de la capital ha realizado un reportaje, a través de diversas ediciones: "La juventud a todo volumen". En él aparecerían los jóvenes como típicamente "coléricos", gustadores de jugar a los bandidos, amantes del escándalo gratuito, exponentes de la negación generacional, como si el motor de la historia no fuera la lucha de los pueblos y de las clases sino la pugna entre jóvenes y viejos. Nuestra adolescencia ha sido descrita, a través de opiniones y palabras de ciertos muchachos, como casi exclusivamente preocupada del baile sincopado o contorsionado^ con cierto desprecio o rivalidad irreconciliable respecto de sus padres, presentándola como una generación parricida. Pero este movimiento del magisterio nos ha servido para comprobar, como un descubrimiento gozoso, la existencia de la otra cara de la moneda.
Conciencia responsable del estudiantado.
Antenoche estuvimos en el Liceo Manuel de Salas. Sus alumnos ocuparon el local en apoyo a los maestros, o sea, a la generación anterior que los forma, dándoles pleno respaldo, en un gesto de profunda comprensión de su problema y entendiendo que lo que está viviendo el profesorado es, en mucho lo que viven sus propios padres: el drama de un sueldo o salario misérrimo, insuficiente ante las devastaciones de una inflación galopante y sin freno.
Todavía más: vimos allí una disciplina consciente, severa y una responsabilidad a toda prueba. Ello resultaba una verdadera lección y devuelve la fe en el sentido grande y noble que anida en nuestra juventud.
Estuve también en otros establecimientos educacionales tal como lo han hecho el señor Presidente del Senado y compañeros parlamentarios de los partidos populares. Y en todas partes hemos observado el mismo espectáculo de madurez juvenil.
¡No se equivoque el Gobierno: los estudiantes respaldan a sus profesores!
Aún más: pregunté a los muchachos que pernoctan en los locales ocupados -por cierto, no duermen en camas muelles-: "¿Ustedes están aquí con autorización de sus padres?". La respuesta unánime fue: "Ellos no sólo nos han autorizado sino que están de acuerdo". Y esto, porque los apoderados, padres y madres, conocen también el drama del maestro.
Poderoso respaldo.
En las largas marchas del magisterio, en sus ollas comunes, en sus sitios de reunión siempre están presentes los estudiantes, inclusive los de la Universidad Católica, como los apoderados.
Pero también están respaldándolos los obreros, los pobladores, es decir, el pueblo entero. Y no debe pensarse que los profesores o los empleados de Correos y Telégrafos en huelga sean todos comunistas, socialistas o radicales. La verdad es que allí hay muchos democratacristianos, que han sentido en carne propia el aguijón de la necesidad y también el sentimiento de dignidad de su propia clase y de su premio, al cual no pueden traicionar.
Por estas razones, estimamos extraña, sospechosa y peligrosa la actitud del Gobierno. Conflictos que debieron haberse solucionado antes de promoverse, antes de estallar la huelga o bien, en los primeros días, deliberadamente se dejan arrastrar en medio de la abismante inercia de las autoridades, que parecen perseguir la prolongación indefinida de esos movimientos, en la turbia esperanza de que éstos se atomizaran y disolvieran por sí mismos, por el simple y angustioso transcurso del tiempo. Creo que el Gobierno no es sólo principio de autoridad, sino necesidad y capacidad de solucionar cuanto antes los problemas sociales.
Oídos cerrados.
No han sido pocos los mediadores -provenientes de diversos círculos incluso del Parlamento- que han intervenido en estos conflictos, golpeando las puertas de los Ministerios o conversando con Su Excelencia el Presidente de la República para solicitar arreglo de estas huelgas, que tanto se prolongan. No se ha obtenido absolutamente nada. ¡Y ahora, la represión!
Repito: los trabajadores del magisterio, de Correos y Telégrafos, de la Salud y de CHILECTRA no piden la luna en la mano, lo imposible, sino que están solicitando algo que ya se les prometió y que se encuentra establecido en la ley.
Respecto de Correos y Telégrafos, el Gobierno ha incluido en el proyecto de reajustes una modificación a las plantas de su personal, cuyo costo es superior al de los sugerido por los propios funcionarios. El gremio rechaza esta enmienda o reestructuración de las plantas, porque violenta el acta de avenimiento que puso término al conflicto del año pasado, firmada por el Ministro del Interior en viaje -no lo quiero llamar ex Ministro- don Bernardo Leighton Guzmán.
La justicia pedida por los postal-telegráficos.
La indicación propuesta por el Ejecutivo significa dejar a 40% del personal de ese servicio sin beneficio alguno, y 60% se corre entre uno y dos grados, pero perdiendo quinquenios y planillas suplementarias.
El acta de avenimiento, entre otros puntos, otorgó una bonificación de 100 escudos mensuales, respecto de la cual el Gobierno insiste hoy en que se está pagando, pero el personal reclama porque fue suprimida arbitrariamente, a contar de enero del año en curso, por el ex Ministro señor Molina.
El gremio rechaza definitivamente las modificaciones a las plantas y propone, como fórmula de reemplazo, otorgar al personal de planta una asignación de productividad; equivalente a 250 escudos mensuales y 100 escudos por obreros a jornales, valijeros y agentes postales, subvencionados mes a mes.
El Gobierno propone una modificación a las plantas que costaría 26 millones 158 mil escudos al año. ¡Y óigalo bien el Senado: el gremio sugiere una fórmula de reemplazo cuyo costo es de 1 millón 658 mil escudos menos!
Una huelga de hambre en los jardines del Congreso.
Señor Presidente nos preocupa extraordinariamente, hasta la alarma, lo que hoy sucede en las calles de Santiago y de muchas ciudades de Chile.
En los jardines del Congreso, vimos anoche el drama de las funcionarías de Correos y Telégrafos, a las cuales el Presidente de la República había dado un no tan frío y displicente. Ellas se declararon en huelga de hambre, para manifestar al país su aflicción y su protesta.
En nombre del Partido Comunista, quiero manifestar nuestra más plena adhesión -se ha hecho presente desde diversos sectores- a estos justos movimientos de los trabajadores. A nuestro juicio, este plano inclinado de la violencia desatada desde las alturas debe detenerse, porque puede resultar de consecuencias imprevisibles y nuevamente llevar sangre a las calles de la capital y del país.
Oficio al Presidente.
Deseamos expresar, también, que el Ejecutivo no conseguirá doblegar por la violencia a estos personales. El descontento es inmenso. Es necesaria una solución.
Se ha hablado de que el presidente del Partido Demócrata Cristiano estaría mediando en el conflicto del magisterio. Es una mediación que dura demasiado. ¿Cuándo habrá una respuesta?
Del mismo modo, se ha dicho que existiría mediación del Honorable señor Castro respecto del conflicto del personal de Correos y Telégrafos. ¿Cuándo se producirá la respuesta? Porque días, horas que esto demore, el peligro de la violencia y del crimen represivo puede desatarse sobre la ciudad.
Hoy día los maestros, en nuevas marchas, vendrán, desde más de diez ciudades del país, hasta la capital para concentrarse en la Alameda. Estaremos con ellos, como lo estamos con los estudiantes y con todos los personales en movimiento, a fin de que obtengan lo que les corresponde en virtud de la ley.
Por último, propongo que, al final de esta sesión, el Senado acuerde dirigirse al Gobierno -a mi juicio, en un gesto dramático, al propio Presidente de la República-, solicitándole rápida y justa solución de los conflictos pendientes, respetando la ley y la necesidad inmediata de poner término a la represión policial.
Nada más.
El señor ALLENDE.- Señor Presidente, cuando en virtud de las disposiciones reglamentarias cité a esta sesión, interpretando la inquietud e interés de muchos señores Senadores que así me lo habían expresado, creí proceder bien. Así lo he confirmado ahora al escuchar en la Sala el pensamiento de dos señores Senadores que en nombre de sus respectivas colectividades, han manifestado su protesta por los procedimientos usados por el Ejecutivo -represión violenta e injusta- y su inquietud por una política que no sabemos adonde llevará al país.
Y mientras usaban de la palabra los Honorables señores Bossay y Teitelboim, recordaba una sesión celebrada en este mismo recinto el 21 de noviembre de 1962, dos días después de lo acaecido en la Población José María Caro. En esa oportunidad, el Senador democratacristiano Eduardo Frei Montalva habló en nombre de su partido. Recuerdo que sus palabras sacudieron profundamente a los Senadores presentes. En ellas había gran emoción, protesta airada; el diáfano pensamiento de un cristiano que, incluso, se sentía culpable por él, los suyos y todos nosotros habíamos hecho poco en este país por los "ghettos" que circundan los centros de las capitales de nuestras provincias y de nuestra propia capital.
Decía el señor Freí que su tiempo era limitado y que, por ello, no entraría a analizar las causas profundas que generaban esos hechos, pero recordaba que de tiempo en tiempo, el Senado se reunía para expresar su protesta. Y agregaba: "¿Seguiremos enarbolando las estadísticas, pretendiendo ignorar que somos padres de familia, para decir que la vida ha subido un 15 ó 17 por ciento? ¿Es ésa la experiencia de nuestros propios hogares? ¿No estamos sacando la cuenta de la carne, del almacén, de la ropa, de los libros, de todo lo que constituye los gastos de una casa? ¿Creemos que esa gente puede comer y vivir con mil pesos? Y encima de su sufrimiento, no comencemos a mirar los códigos y sus incisos; no entremos a analizar si se lanzaron primero unas piedras o que los carabineros no iban a disparar porque sí. Yo voy más adentro".
Expresaba después: "Esas personas viven como sabemos que están viviendo. Sufren como sabemos que están sufriendo. Con ellos -su pobreza lo exige- se debe tener exquisita prudencia. ¡El castigo para su protesta! Si nosotros estuviéramos en el caso de ellas ¿seríamos tan moderados? ¿Cuál es el castigo? A la primera actuación, siempre hay balas para los pobres. Y yo pregunto: ¿estamos construyendo en este país algo positivo o acumulando en esa gente un sedimento de odio que mañana nadie podrá contener, ningún partido político ni ningún hombre?"
Agregaba el Senador Frei:
"Yo les miraba las caras y -lo digo francamente, señor Presidente- sentía vergüenza y congoja. A veces no tenía valor ni para sentir rabia. Eso es lo que he experimentado, y quiero decirlo en el Senado, porque ayer, cuando ese gran sacerdote dijo: "Yo les pido que me ayuden, porque no me siento capaz de conducirlos al cielo, que es mi misión", créame, señor Presidente -y no me avergüenzo decirlo-, se me cayeron las lágrimas".
La señora CAMPUSANO.- ¡Qué demagogo más desvergonzado!
El señor NOEMI.- ¡Lo son Sus Señorías que han hecho escuela de demagogia!
El señor ALLENDE.- Reclamo contra un régimen y un sistema. No he citado estas frases tan sólo como un argumento más. En ellas hay conceptos que conviene profundizar, pese a lo exiguo del tiempo de que disponemos.
Han pasado los años y como lo dijo el señor Eduardo Frei, hoy nuevamente se reúne el Senado para protestar por los mismos hechos causados por una política económica y social que no sirve los intereses de las mayorías nacionales; por una política económica implacablemente dura, que golpea a quienes viven de un sueldo o salario; por un proceso inflacionista que castiga en forma inexorable a quienes tan sólo disponen de los rígidos ingresos provenientes de su capacidad, de su esfuerzo; por una carestía de la vida que, desde el punto de vista biológico, hace cada vez más difícil satisfacer las exigencias mínimas del ser humano; por una realidad habitacional que se acentúa -como lo he repetido tantas veces- años tras año; por la desocupación y por la dificultad' en la enseñanza de los hijos de las familias chilenas. ¡He ahí las razones que movieron al señor Frei a decir que periódicamente debemos reunimos para protestar! Y hoy estamos aquí para eso.
En esta ocasión -ya se ha dicho hasta la saciedad-, debemos repetir que el país presencia, desde hace algún tiempo, una política de violenta represión, de persecuciones y amenazas que, en forma indiscutible debe obligarnos a meditar profundamente. No es del caso analizar ahora esa situación. Espero hacerlo en otra oportunidad, y pienso que entonces podremos demostrar nítidamente hasta dónde se ha llegado con el encarcelamiento de un Senador, cuya presencia acusatoria al actual Gobierno será permanente en este recinto, aun cuando físicamente esté ausente. Ya lo dijeron los Honorables señores Juliet y Teitelboim en la sesión ordinaria pasada: la sentencia judicial contra nuestro Honorable colega el Senador Altamirano representa, sin duda, un atropello al propio Senado y a la dignidad de esta Corporación. La política represiva comenzó de manera sangrienta en El Salvador; se proyecta en la persecución contra periodistas, en el encarcelamiento de dirigentes sindicales, y en noviembre del año pasado -noviembre parece ser fatídico entre nosotros- se materializó aquí con la muerte de siete personas, en el propio Santiago, asesinato alevoso cometido por fuerzas policiales que tenían orden de disparar.
Ahora hemos presenciado cómo la violencia se esgrime en forma despiadada en contra de los maestros, del gremio de Correos y Telégrafos y de los huelguistas, en general. En este mismo recinto flotan los conceptos sociales emitidos por el Senador Frei y por otros parlamentarios democratacristianos acerca de que no hay huelgas legales o huelgas ilegales, sino huelgas justas o huelgas injustas. Y si en este recinto el entonces Senador democratacristiano y hoy Presidente de la República afirmaba que no se debía adentrar en el análisis de determinados incisos de los códigos ni preguntar quién había tenido la culpa por haber lanzado la primera piedra o disparado la primera bala, ¿cómo habrá que razonar para hacer entender cuan tremenda es la responsabilidad del Gobierno del Presidente Frei por negarse a cumplir compromisos ratificados por ley, como es el suscrito con los maestros, o por pretender, como se ha querido hacer mediante disposiciones del proyecto de reajustes, vulnerar conquistas legítimamente alcanzadas por los trabajadores de Correos y Telégrafos? Ya no se trata de citar incisos o artículos de los códigos, sino de establecer el sentido moral y responsable de un Gobierno. Bien decía el Honorable señor Teitelboim que gobernar no es afianzarse en la fuerza material: es organizar, planificar y desarrollar la economía de un país, buscar, dentro de los recursos disponibles, la equidad social que permita una justicia evidente ; que gobernar implica, en fin, afianzamiento de la autoridad en la fuerza moral. Y si bien es cierto que para disponer de autoridad moral deben ser respetadas las leyes de la República también deben serlo los compromisos contraídos, algunos de los cuales han sido ratificados por medio de una ley, como en el caso concreto del que se celebró con los profesores.
El señor JULIET.- Y el suscrito con los servidores de Correos y Telégrafos.
El señor ALLENDE.- El Acta Magisterial así lo comprueba, y el acuerdo con los servidores de Correos y Telégrafos -como apunta el Honorable señor Juliet- constituye también un ejemplo muy claro. Por eso, en esta oportunidad, como ayer, nosotros levantamos nuestra voz, en nombre del Partido Socialista; y lo hacemos con violencia serena, pues el actual Gobierno tiene mucho más responsabilidad que otros, debido a que los voceros de la Democracia Cristiana abrieron en el hombre.
la mujer y el joven de este país un cúmulo de esperanzas en cuanto a que sus anhelos se convertirían en realidad, y mucho hablaron sobre la injusticia de los regímenes que -según declaraciones del entonces Senador Frei-, como los capitalistas, permiten y permitirán siempre la opresión de los más por la minoría que detenta el poder.
También yo, como lo hacía el señor Frei, reclamo contra un régimen, contra un sistema. No lo hago por demagogia, como dirían algunos. Protestamos en esta oportunidad contra un sistema que es el mismo de los gobiernos anteriores contra un régimen que al reclamo justo opone la violencia, la implacable dureza utilizada por Carabineros para oprimir en forma indiscriminada a los huelguistas y dirigentes. Reclamamos contra los atropellos de que, como ha sucedido muchas veces, se hace víctimas a personas que accidentalmente se encuentran en el sitio de la represión. Protestamos contra un régimen que barrena y atropella el fuero parlamentario, como ocurrió, hace pocos días, respecto del Diputado señor Guastavino, y como ha sucedido -ayer me preocupé de ello- con relación a nuestra compañera, la Honorable señora Julieta Campusano.
Cuando vemos que en las propias palabras del Presidente de la República, como en la carta dirigida al dirigente sindical señor Tucapel Jiménez, hay conceptos que demuestran -lo decía el Honorable señor Teitelboim- su decisión de mantener una actitud que no sabemos adonde nos puede arrastrar; cuando hemos sido testigos -varias veces lo hemos dicho en este hemiciclo- de que los propios Diputados democratacristianos han emitido declaraciones en las cuales se culpa al Senado y se afirma que el pueblo estaría satisfecho si fuera clausurada esta rama del Congreso; cuando el propio Ministro del Interior insinuó las dificultades que se crearían si el Senado hubiera rechazado el proyecto de ley de reajustes a los sectores público y privado pues de ello se podrían derivar conflictos institucionales; cuando en cierto informe emitido por la propia Democracia Cristiana se señalaba que sectores de la Oposición pretenden derrocar al Gobierno del señor Frei, pero al mismo tiempo se hacía presente que no hay colusión política, entonces hay derecho a pensar que todos estos hechos están concatenados, y que envuelven, a mi juicio, una decisión de fondo. Y ello compete a todos los chilenos hacerlo presente, porque la Democracia Cristiana debe entender que por este camino sólo conseguirá -como lo sostenía el propio Senador Frei- la amargura infinita, el odio, la rebelión y la protesta de los sectores perseguidos, apaleados, condenados, reprimidos por el Gobierno reaccionario del Presidente Frei.
¿Cómo es posible que nosotros no reaccionemos, cuando sabemos, por ejemplo, que anoche cientos de mujeres, las mismas que fueron sacudidas y golpeadas en la calle Morandé, llenaron los jardines del Congreso, hasta donde las acompañaron Diputados de los partidos populares, y pasaron allí la noche; cuando el recinto de la Cámara fue cerrado y los servicios higiénicos clausurados? Señores Senadores no hago demagogia, pero advierto que si hoy estas señoras van a quedar a la intemperie en los jardines del Congreso, asumiré la responsabilidad de abrir las puertas del Salón de Honor y del Senado para que esas conciudadanas tengan siquiera un techo bajo el cual guarecerse, porque su protesta es justa, porque ésta es la de los legisladores elegidos por el pueblo; y lo haré responsablemente, cualesquiera que sean las críticas que vengan desde otro Poder del Estado.
Señor Presidente, deseo señalar -tengo a mano los documentos necesarios que pido sean insertados en la parte pertinente de mi discurso- que en este instante Correos y Telégrafos cumple treinta días de huelga; que diez mil funcionarios han adherido a ese movimiento; que ayer, según se dice en este informe, 150 compañeras fueron a la huelga de hambre en los jardines de la Cámara de Diputados, y que se integran a dicha huelga cien funcionarías de la Dirección General de esos Servicios. Además, ayer viajaron a Santiago funcionarios de Llanquihue, Concepción, Arauco, Bío-Bío, Malleco y Ñuble, y al pasar por Talca fueron detenidos treinta y cinco de ellos, a quienes se puso después en libertad.
En el documento que pido insertar se contienen, además, datos referentes a los maestros. Se afirma, por ejemplo, que 90% del profesorado está en huelga y la inmensa mayoría de los locales educacionales no funcionan. Hasta ayer, dieciséis de esos edificios ubicados en Santiago y en provincias habían sido ocupados por los alumnos, cuyos padres y apoderados apoyan decididamente a los maestros como lo ha recordado el Honorable señor Bossay. Ayer concurrí a una reunión con la Asociación de Padres y Apoderados, donde pude comprobar, una vez más, su solidaridad con el profesorado.
¿Pero es que el Gobierno no ha meditado en lo que representa el movimiento de los profesores para la comunidad nacional ni en el respaldo que ella le brinda en forma tan notoria y evidente? ¿Acaso no es un hecho nuevo pero muy significativo, que los padres y apoderados estén juntos a los maestros y hayan asumido la responsabilidad de contribuir pecuniariamente a las ollas comunes y lleven alimentos a las muchachas y muchachos que ocupan los establecimientos escolares?
El propio Eduardo Freí, en su discurso pronunciado en esta Sala el 21 de noviembre de 1962, refiriéndose a lo que le habían dicho los habitantes de la población José María Caro, dijo: "Me informaron de que acababa de retirarse el Honorable señor Allende y me dijeron: "Igual que usted, ha venido a pedirnos serenidad".".
Cuando Senadores de Izquierda íbamos a las poblaciones o a conversar con los huelguistas, actuábamos con serenidad. Hoy día por tener la misma lealtad a los principios de justicia social que determinan nuestra actitud, somos los instigadores del terror, los responsables morales de la violencia, los ejecutores ciegos de los acuerdos de la Conferencia Tricontinental o de OLAS, los culpables de los acontecimientos desatados en el país.
No, señores Senadores.
Por eso no nos inquieta lo que es habitual: utilizar en forma artera y cobarde la influencia que se tiene en la prensa y la radio. No nos duelen ni nos alcanzan los calificativos que en forma tan pródiga nos dan "El Mercurio" o sus subproductos de prensa.
Queremos señalar que no sólo nosotros, que por convicciones estamos y estaremos-en la misma posición, sino que los padres y apoderados están contribuyendo a las ollas comunes. Estuve en San Miguel -no lo hice por demagogia- y experimenté la sensación de una lección social extraordinaria, cuando vi que llegaba desde la Vega un camión cargado con toda clase de productos ; cuando observé a las maestras que cocinaban para sus compañeros; cuando supe que allí habían instalado una peluquería por cuyo servicio se cobraría muy poco y los ingresos se destinarían a la olla común; cuando me enteré de que en la» tardes había actos culturales y artísticos y de que la población se juntaba con los maestros.
Tengo a la mano -y pido intercalarla en la parte pertinente de mi intervención- una declaración de los alumnos del Liceo Nº 7 de Hombres, de Ñuñoa, redactado con un lenguaje que golpea la conciencia y el corazón, pues refleja la actitud solidaria de los estudiantes hacia aquellos que llaman sus segundos padres.

-El documento cuya inserción se acordó con posterioridad es del tenor siguiente:

"A la opinión pública.
Los alumnos del Liceo Nº 7 de Hombres de Ñuñoa, nos hemos tomado el local de nuestro liceo, en apoyo a las justas peticiones del Magisterio.
No es esta actitud de los jóvenes una forma de buscar publicidad, o una nueva manera de jugar a los bandidos. Es una actitud de vastas proyecciones, que refleja todo un pensamiento y toda una inquietud juvenil.
No podemos los jóvenes guardar silencio ante las injusticias que día a día se siguen cometiendo en perjuicio de los sectores más postergados de nuestra sociedad.
Los profesores, nuestros segundos padres, es uno de estos sectores.
Han logrado ellos después de arduos años de lucha, de parte de las autoridades, a través de un convenio (Convenio Magisterial, ley Nº 16.617), que les da un trato económico más humano, pero que aún está muy lejos de ser el justo. Hoy ese acuerdo es desconocido por las autoridades.
Cabe entonces preguntarse:
¿Es justo lo que se ha hecho?
¿Puede dedicarse un profesor de lleno a su labor docente?
¿Puede llevar una vida de convivencia con sus alumnos, con la juventud, para poder ser así el guía que debe ser y que nosotros necesitamos, si no goza de un mínimo de tranquilidad y bienestar, para dar libre curso a su vocación?
¿Habrá más adelante jóvenes que deseen abrazar esta profesión?
Hacemos un llamado a la opinión pública, para que reflexione sobre estas preguntas; sabemos que después de un análisis serio nos encontrarán la razón y estarán junto al Magisterio en su lucha, que es la lucha por la independencia y avance cultural del pueblo.
Santiago, 23 de abril de 1968.
Comando en Huelga.
Liceo Nº 7."

El señor ALLENDE.- ¿Cómo es posible que el Gobierno no encuentre los recursos necesarios y se niegue a utilizar los fondos que el Senado le otorgó en dos oportunidades? En efecto, en el proyecto sobre impuesto patrimonial, esta Corporación acordó que los ingresos obtenidos cuando el precio del cobre excediere de 39 centavos de dólar la libra, fuera de beneficio fiscal. Ahora las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, han determinado imponer un tributo a la compraventa de ese metal. Pero no, el Gobierno no quiere utilizarlos. Incluso se ha anticipado a decir que esas disposiciones no se aplicarán, porque podrían ser reclamadas de inconstitucionales por la vía judicial.. ¡Cómo si los convenios del cobre fueran contratos-leyes! Explícitamente dijeron aquí, aun algunos que los aprobaron, como el Partido Radical, que no tenían ese carácter. Es decir, una vez más se evidencia la crisis de un régimen que inclusive golpea injustamente a los connacionales, no sólo desde el punto de vista material, sino también en lo económico; de un sistema que va cerrando el derecho a la existencia tranquila de miles y miles de chilenos, mientras las grandes empresas, que son dueñas de las riquezas fundamentales del país, reciben el apoyo, el amparo y la protección incondicional del Gobierno y su mayoría parlamentaria.
Dada la brevedad del tiempo de que dispongo, solicito insertar en esta parte de mi discurso un resumen del Acta Magisterial, para que la ciudadanía pueda comprender más claramente la justicia de la causa de los maestros. Asimismo, solicito insertar una declaración, publicada ayer en "Las Noticias de Ultima Hora" y hoy en "El Siglo", que hice después de visitar algunos locales escolares y las ollas comunes de San Miguel.

-Los documentos cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente:

"Minuta sobre la huelga del Magisterio Nacional.

1.- El Acuerdo Magisterial.

a) En marzo de 1966 se constituyó la llamada "Comisión Tripartita" integrada por: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Federación de Educadores de Chile (FEDECH). (Ministros y Subsecretarios);
b) Objetivo de la Comisión: estudiar y proponer al Gobierno una reestructuración del sistema de rentas del magisterio y de su modalidad de trabajo;
c) La Comisión evacuó su informe a los seis meses de trabajo. El Presidente de la República lo calificó como el más serio, científico y profundo estudio realizado hasta esa fecha, en lo que respecta a esta materia, y le dio su aprobación;
d) En base a los estudios de la Comisión Tripartita, el Gobierno hizo una proposición concreta y que sirvió de base al -denominado Acuerdo Magisterial. Este fue refrendado por FEDECH y concurrió a la firma del acta, por parte del Gobierno, el Presidente del P. D. C, de esa fecha, el Senador Patricio Alwyn, y
e) El Acuerdo Magisterial fue incorporado a la Ley 16.617, de 30 de enero de 1967.

2.- Ley 16.617.
a) Según el Acuerdo Magisterial, el Gobierno se comprometió a entregar al magisterio la suma de Eº 280.000.000, expresados en moneda del año 1966, en cuatro etapas, a partir del año 1967;
b) Para cumplir con lo anterior, en la ley se incluyeron los artículos 25 y 26, que son los que fijan las escalas de rentas para los años 1968, 1969 y 1970 (para el año 1967 sólo se otorgó una bonificación del 9% sobre las rentas imponibles y que es la primera etapa del Acuerdo Magisterial y que significó un gasto global de Eº 40.000.000);
c) Como los valores asignados a la rentas de los años 1968, 1969 y 1970 corresponden a un Proceso de Nivelación y están expresados en moneda de 1966, el Gobierno se comprometió a reajustar cada año dichas rentas (para que mantuvieran su poder adquisitivo) "en el porcentaje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del personal del sector público a partir del 1º de enero de 1968" (artículo 27, Ley 16.617);
d) En la misma ley, artículo 44, se establece la obligación de construir una planta paradocente a contar del 1º de enero de 1968 y que significa para los inspectores, ayudantes de gabinetes y bibliotecarios de los establecimientos educacionales, un nuevo sistema de trabajo y remuneraciones a cumplirse en las mismas etapas del magisterio, y
e) La ley contempla además otra serie de conquistas para el magisterio y que no se han cumplido. Entre otras, la Corporación de Bienestar para el Magisterio, la creación del Centro de Experimentación y Perfeccionamiento del Magisterio, la asignación por Perfeccionamiento, liberación de un 50% de la jornada de trabajo para los dirigentes nacionales de FEDECH, etcétera.

3.- Controversia con el Gobierno.
a) En el proyecto de ley de reajustes del presente año, el Gobierno desconoce el concepto de promedio establecido en el artículo 27 y pretende aplicar al magisterio el porcentaje más bajo de reajuste (12,5%), imputando como reajuste para este año lo que se obtuvo por concepto de nivelación en la ley 16.617 en año 1967. Con respecto a lo anterior, FEDECH sostiene que debe aplicarse el artículo 27, es decir, el Promedio de Reajuste que experimenten las Remuneraciones del sector público y que el propio Gobierno reconoce, en el Mensaje de la Ley, que es de 24,52%;
b) En el artículo 45 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende negar la reajustabilidad automática para las rentas establecidas para los años 1969 y 1970 fijadas en el artículo 27 de la Ley 16.617, concepto que fue reafirmado por el propio Presidente de la República en el Mensaje Presidencial de 21 de mayo de 1967.
A mayor abundamiento, la Comisión de Legislación y Justicia del Senado declaró Inconstitucional el artículo 45 por estimar que vulneraba los derechos adquiridos establecidos en el artículo 27 de la Ley 16.617.

4.- Estado de movilización del Magisterio.
a) El profesorado nacional ha acatado en un 90% la orden de paro de FEDECH;
b) Solidaridad: se ha expresado a través de los organismos internacionales (Federación Sindical Mundial, Federación Internacional Sindical de la Enseñanza, Confederación de Educadores Americanos, Confederación Mundial de Organizaciones Profesionales de la Enseñanza, Federación del Magisterio Uruguayo, etc.), Sindicatos, Centros de Padres, Pobladores, Junta de Vecino, Estudiantes, etc.;
c) Especial mención merece el apoyo solidario de los estudiantes quienes han tomado sus respectivos locales;
d) Funcionan cuatro ollas comunes en Santiago y diversas en distintas ciudades de provincia, y
e) Hoy en Santiago y Concepción se realizan grandes marchas. A Santiago concurren delegaciones desde Coquimbo a Linares; a Concepción, de Ñuble a Malleco.

5.- Represión gubernativa.
a) Ataques a los profesores al término de las concentraciones que se realizan en las distintas ciudades. Ha sido brutal la represión policial;
b) Desalojo violento de los establecimientos tomados por los alumnos (caso del Instituto Nacional y Liceo Nº 1 de Niñas);
c) Hay profesores heridos graves: Héctor Acuña, de Valparaíso y Julio Acuña, de Vallenar;
d) Se están tomando medidas administrativas contra profesores. Caso del rector del Liceo de Villa Alemana, Mario González Tapia, fue trasladado a Quirihue, y
e) Patricio Rojas, Subsecretario de Educación, ha hecho numerosas inserciones en los diversos diario de la capital, para quebrar el movimiento y engañar a la opinión pública."
"Allende insta al Gobierno a deponer su intransigencia.
El Presidente del Senado, doctor Salvador Allende, formuló una declaración instando al Gobierno a deponer su actitud intransigente a fin de solucionar el grave conflicto del Magisterio. La declaración señala:
"Al igual que lo que estoy cierto sucede a la mayoría de los chilenos, he venido observando con creciente preocupación la huelga del Magisterio y que lleva ya un mes de desarrollo. Día tras día he creído que se enunciará una solución, pero transcurren las semanas sin mayores variaciones y, por ahora, no se descubre signo alguno favorable.
En las últimas horas, he concurrido a manifestaciones del profesorado; he visitado establecimientos en manos de los alumnos; me he impuesto de la forma en que funcionan las ollas comunes montadas por los maestros, ante su carencia de dinero. Y también he medido el rigor creciente de la represión policial contra los afectados, hasta culminar en los acontecimientos graves que rompieron la normalidad de Valparaíso ayer en la tarde.
De todo esto deduzco una sola conclusión: hora que pasa sin avenimiento, las tensiones de ánimo se acentúan, allegándose más y más obstáculos para una solución.
A mi juicio no puede proseguirse por el terreno en que el conflicto se va deslizando.
La vida educacional, uno de los aspectos esenciales en la organización de la sociedad, aparece paralizada por un conflicto que compromete a maestros, alumnos y apoderados.
Los profesores solicitan que el Gobierno respete el Acuerdo Magisterial, compromiso formalmente contraído por ambas partes en octubre de 1966 y que permitió superar un arduo conflicto de entonces.
En el proyecto de reajustes de remuneraciones que tanto preocupa al país, el Ejecutivo distorsionó los términos de lo convenido con evidente detrimento económico para los profesores. Las Comisiones unidas del Honorable Senado rechazaron los artículos propuestos por el Gobierno los cuales habían sido previamente calificados como inconstitucionales por la Comisión de Legislación y Justicia. No obstante las resoluciones del Senado, si el Ejecutivo persiste en su intransigencia puede subsistir el conflicto, si se hace valer la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados o se utiliza el recurso del veto.
La paralización de las clases es absoluta y han entrado a sumarse al conflicto los alumnos a través de todo el territorio y las agrupaciones de padres y apoderados solidarias con el movimiento.
No se trata, pues, de mero enfrentamiento entre Gobierno y profesores: el total de la comunidad escolar aparece en pugna con el criterio del Ejecutivo.
En vista de estos antecedentes, insto al Gobierno a que deponga su intransigencia que a nada bueno conduce y a que considere los planteamientos de la comunidad estudiantil y del Senado con la ecuanimidad requerida. Si así procede, se habrá hecho justicia y también se habrá dado un significativo paso para aminorar las tensiones que hoy se comprueban en la realidad chilena."
El señor ALLENDE.- Finalmente, en nombre del Partido Socialista, quiero señalar que no creemos que la mano dura ni la injusticia arbitraria logren quebrar la dignidad de los maestros de Chile, que han jalonado en luchas heroicas sus conquistas sociales y que además han sido los promotores de las grandes reformas educacionales, lo cual hay que decirlo. Los maestros chilenos no sólo lucharon por dignificar su profesión y recibir emolumentos justos por su trabajo, sino que lucharon y luchan tesoneramente por dar al hombre del pueblo la educación que requiere y necesita.
Tampoco se quebrará la resistencia de los trabajadores de Correos y Telégrafos. Su unidad permitió una victoria el año pasado, y ahora los conducirá a la victoria. Y el Gobierno debe entender que la terquedad de sus decisiones indiscutiblemente puede ensangrentar de nuevo al país.
Un día, en el Salón de Honor del Congreso, el Presidente de Chile, dirigiéndose a la Oposición, pronunció una frase bella en su forma y contenido: "No se humilla un hombre cuando pide en nombre de la Patria". Hago mías esas palabras y digo que no nos humillamos cuando pedimos al Presidente de Chile que no olvide sus palabras de ayer; que no nos humillamos cuando le pedimos comprender que con violencia y represión no se solucionan los problemas sociales. Lo pedimos ahora, porque mañana puede ser tarde; pero la responsabilidad de la violencia desatada, de la respuesta de la violencia a la violencia la tendrán al señor Frei y la Democracia Cristiana.
El señor MUSALEM.- ¿Cuántos Senadores están inscritos, señor Presidente?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Cuatro, señor Senador.
El señor MUSALEM.- Propongo dividir el tiempo restante para que un Senador de la Democracia Cristiana pueda, usar de la palabra.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- El tiempo estaba dividido anteriormente entre los Senadores inscritos. Quedaría un cuarto de hora para cada uno.
El señor JARAMILLO LYON.- ¿Quiénes estaban inscritos?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- El Honorable señor Rodríguez no hará uso de la palabra.
El señor RODRIGUEZ.- Podría hacerlo al final si sobra tiempo.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Están inscritos loa Honorables señores Chadwick y Musalem, y, eventualmente, el Honorable señor Jara-millo.
El señor JARAMILLO LYON.- Yo había pedido la palabra.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Serían tres, si el Honorable señor Rodríguez no hiciera uso de la palabra.
El señor ALLENDE.- Yo presidía la sesión cuando se inició. En ese momento pedí que se inscribieran los señores Senadores, y sólo lo hicieron cinco. Por eso dividí el tiempo en conformidad a ese número: los Honorables señores Bossay, Teitelboim, Chadwick, Rodríguez y el que habla.
La señora CAMPUSANO.- En ese instante no estaban presentes los Senadores democratacristianos, porque pensaron que la sesión fracasaría.
El señor NOEMI.- Yo estaba en la Sala.
La señora CAMPUSANO.- ¿Por qué no se inscribió?
El señor MUSALEM.- Ese es problema del Honorable señor Noemi. Su Señoría preocúpese del suyo.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Se dividirá el tiempo restante entre los Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor JARAMILLO LYON.- ElHonorable señor Rodríguez me cedió su tiempo.
¿No estaba escrito a continuación del Honorable señor Chadwick?
El señor RODRIGUEZ.- Así es.
El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas populares expresamos nuestra solidaridad con el magisterio, los trabajadores de Correos y Telégrafos y demás gremios que están luchando por el respeto de sus derechos y por obtener un pequeño reajuste que compense el deterioro de sus sueldos y salarios.
Entendemos perfectamente cuáles son los hechos que caracterizan a la ola de violencia que sobre ellos se ha desencadenado. No podemos menos que destacar vigorosamente el hecho de que los trabajadores no están pidiendo nada que no les corresponda. Por el contrario: en el reflexivo estudio de las Comisiones, hemos comprobado que el magisterio nacional, muy especialmente, y también los trabajadores de Correos y Telégrafos han sido empujados -yo diría llevados- por la fuerza de los acontecimientos a manifestar su protesta por medio de paros colectivos que ahora se quiere hacer cesar con acciones del todo vedadas e incompatibles con el régimen republicano de Gobierno.
No es efectivo que los trabajadores estén solicitando algo que no deba otorgárseles. Lo contrario es la verdad: es del todo cierto e indiscutible que ellos tienen un derecho conquistado, y la negativa del Gobierno a reconocerlo no es sino una injusticia apoyada en la fuerza, ya sea que ésta se mantenga como una amenaza, ya que se desencadene, como lo hemos estado comprobando en estos últimos días.
En 1966, el magisterio logró pactar un convenio con el Gobierno, llamado Convenio Magisterial, que se incorporó a la ley 16.617, en virtud del cual es obligatorio otorgarle, no sólo una nivelación de la renta, porque ese gremio fue considerado, conforme a los hechos, sector postergado, sino también es obligatorio darle un reajuste automático, que habrá de ser igual al promedio obtenido por los empleados del sector público.
Este hecho ha sido examinado latamente por nosotros en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo cual nos permite concluir que el artículo 45 del proyecto, rechazado por las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, ni siquiera puede ser considerado en esta Sala por ser inconstitucional.
Entonces, no es que los profesores estén en huelga para obtener algo que no les corresponda o pertenezca; por el contrario: se trata de que han sido despojados de algo otorgado por una ley, y en virtud de un convenio proclamado por el Presidente de la República como una conquista inamovible, según el Mensaje leído al Congreso Nacional el 21 de mayo de 1967.
En el caso de Correos y Telégrafos, la situación es enteramente análoga, porque, aun cuando no ha tenido la ratificación de una ley expresa, lo cierto es que un acta de avenimiento aseguró a ese personal lo que hoy día se le niega.
En consecuencia, todo lo que ocurre, todo cuanto pueda pasar con motivo de este conflicto, tiene sólo un responsable: no es otro que el Gobierno, quien está quebrantando sus compromisos.
Cuando se trajo el proyecto de reajustes a su discusión general, los socialistas populares procuramos evitar que este estado de cosas se consumara. Veíamos de antemano que se avanzaba por un callejón sin salida, donde sólo imperaban el atropello, la persecución y la represión, que no podemos decir hasta dónde llegarán si el Gobierno perseveraba en la política enunciada en ese proyecto de ley. Tratamos de evitarlo; mantuvimos gestiones que otros sectores nos criticaron como signo de debilidad. Pero ahora, cuando ya se ha agotado todo lo que podíamos hacer para buscar una solución a las huelgas del Magisterio y de Correos y Telégrafos, nuestro deber permanente, nuestra lealtad nunca desmentida, nos obliga, como lo hacemos en este instante, a manifestar nuestra solidaridad plena con los trabajadores en conflicto.
Pero no estimamos excesivo reiterar una posición que ya es conocida.
Es absolutamente necesario destacar que todo cuanto ocurre en Chile no es sino consecuencia de una sumisión indigna, catastrófica, de nuestra economía, de nuestros poderes públicos, de nuestra prensa y de todos los órganos de difusión, a la política que señala el imperialismo y, muy especialmente, el Fondo Monetario Internacional y las grandes compañías del cobre. Nadie puede dejar de reconocer que esta aparente imposibilidad en que se encuentra el Estado de cumplir sus compromisos más elementales no es sino la consecuencia de que está atado, anquilosado para realizar todo lo que pudiera ser acción renovadora para enmendar los abusos consagrados.
Uno se pregunta cómo puede ocurrir que, existiendo reajuste automático de los impuestos conforme al aumento del índice de precios al consumidor, los ingresos fiscales resulten insuficientes para cubrir los gastos del sector público y muy en especial para cumplir el compromiso de atender a las remuneraciones de los servidores del Estado. Aunque sabemos que tanto el impuesto a la compraventa, como el de la renta, el de los bienes raíces y en general todos los tributos están concebidos de modo que el aumento de precios en que se refleja la inflación traiga consigo un mayor ingreso a las arcas fiscales, resulta, sin embargo -repito-, que año a año el Estado tiene que imponer nuevas cargas, debe acudir precipitadamente a recursos de emergencia para satisfacer esas necesidades de reajuste del sector público.
El señor MUSALEM.- ¿Me concede una interrupción para explicarle por qué se produce ese fenómeno?
El señor CHADWICK.- La respuesta, señor Senador, no necesito oírla de sus labios. Está en que hay toda una zona exenta, hay todo un campo intocado, mediante las franquicias que se han concedido y se siguen otorgando a grupos pequeños pero muy poderosos; en que hay también un sistema que congela los impuesto e impide su progresión. Así, sabemos que, por el Estatuto del Inversionista, todos los negocios importantes que se han hecho en los últimos años en Chile se han puesto a buen recaudo de cualquier nueva obligación tributaria. Y por último, comprobamos que, en materia tributaria, los más fabulosos negocios que se están efectuando en el Tercer Mundo, superiores aún a los que se realizan con la extracción del petróleo -los negocios de las grandes compañías del cobre-, tienen tasas congeladas, que no pueden subirse, cualesquiera que sean los rendimientos o utilidades que perciban, cualesquiera que sean las necesidades o aflicciones que deba sufrir la economía del país donde estén asentados.
Es esta rigidez extrema, producto de la sumisión al imperialismo, a la fuerza del capital extranjero, la que hace decir al Presidente de la República, cuando llega a La Moneda y es rodeado de profesores que le piden una solución, de trabajadores de Correos y Telégrafos que le imploran un arreglo, que él no puede otorgar lo que le solicitan los huelguistas. Si no lo puede hacer, es porque subió comprometido, porque llegó amarrado con compromisos que se empezaron a manifestar en los convenios del cobre y de los cuales hay testimonio permanente en estos tres años y meses de Gobierno democratacristiano.
Estamos enterados de que, lejos de liberarse el país de esta servidumbre, en los últimos meses se ha tornado todavía más oprobiosa. ¡Cómo no va a ser escandaloso que en las ventas de cobre se esté siguiendo un sistema en que se produce necesariamente una diferencia que a veces llega a ser de 180 dólares por tonelada entre el precio que nosotros tenemos en cuenta para liquidar los impuestos y el precio real de contado en que se cotiza ese metal en la Bolsa de Londres!
Cuando un país cae en este abandono' absoluto de sus intereses básicos, no hay recursos para nada. Cuando no podemos levantar la cabeza porque no sólo ocurre este escándalo de cotizaciones a plazo para lo que se vende al contado, asegurando, en esta emergencia de escasez que domina en el mercado del cobre, utilidades sencillamente ignominiosas, entonces no hay dinero para cumplir los compromisos refrendados por una ley a favor del Magisterio, ni los derivados del acta suscrita con el personal de Correos y Telégrafos.
¡Si en esta materia se ha llegado a condicionar el poco crédito externo que aún nos queda, a una determinada política de venta del cobre! Se ha recibido por este Gobierno un crédito de 57 millones de dólares en forma de que, si el precio de ese metal sube en las estimaciones oficiales a más de 42 centavos, es necesario recortar de esos 57 millones las sumas correspondientes al porcentaje de que se trata.
Por lo tanto, no sólo se tiene amarrado al Gobierno, a través de la Corporación del Cobre, en un sistema en que estamos perdiendo día por día enormes recursos que debían haber ingresado al patrimonio fiscal, sino que también tenemos de antemano un compromiso adicional que determina que no podamos calcular el precio del cobre en su verdadero valor.
En estas condiciones, se está llegando, por la sumisión a la banca extranjera, que controla todos estos negocios, a una realidad en que los chilenos sólo podemos acudir al sector más débil, que es el nacional no protegido, para obtener recursos con qué hacer frente a las necesidades de la inflación.
Estamos, en esta forma, en una etapa que yo me atrevo a calificar de prerrevolucionaria. ¡Si hoy día no hay ningún sector empresarial importante que no esté protegido por el régimen de franquicias; no hay en la economía chilena ningún nuevo elemento en que apoyarse, porque ha sido parcelado lo mejor, porque todo cuanto tenía real valor cayó en manos de los que manejan los contratos-ley, el Estatuto del Inversionista, las disposiciones de excepción!
Frente a esta situación, nuestra palabra no es puramente de solidaridad con los trabajadores en huelga. Es de afirmación de que hay una solución para este pueblo; de que ellos, los obreros y empleados que están movilizados en su conflicto colectivo, no son sino la gran vanguardia de un ejército nacional que habrá de movilizarse para romper la estructura del régimen que nos está ahogando. Los socialistas populares no vemos en estos hechos episodios sin trascendencia. Por el contrario, vislumbramos en ellos el anuncio de una gran movilización popular.
Quiero terminar diciendo que el sacrificio de los maestros, el desvelo en la lucha por sus derechos, alcanza una significación de alborada de un gran movimiento nacional que habrá de emanciparnos, haciendo tabla rasa de todos los compromisos que impiden a la economía chilena desarrollarse.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- El Honorable señor Musalem tiene la palabra.
El señor MUSALEM.- He dado una interrupción al Honorable señor Ferrando.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Con la venia del Honorable señor Musalem, puede usar de la palabra el Honorable señor Ferrando.
El señor FERRANDO.- Señor Presidente, en la parte de esta sesión en que he estado presente, he oído exposiciones bastante extensas, en las cuales se advierte la búsqueda de material y documentos de otras épocas frente a hechos parecidos, para justificar un planteamiento solidario con los movimientos huelguísticos que en este instante existen de manera principal en dos frentes gremiales: el del Magisterio y el de Correos y Telégrafos.
Por principio, siempre he considerado que, cuando se recurre a distintos tipos de antecedentes y se busca un dramatismo especial en las cosas, es porque se trata de dar, mediante esta presentación, mayor valor a lo que uno pretende defender. Y en esa forma se suelen presentar cuadros verdaderamente tétricos, dolorosos, que provocan una posición sentimental de adhesión a una determinada causa.
Me atrevo a decir en este recinto, frente a los señores Senadores y a quienes ocupan tribunas y galerías, sabiendo, inclusive, que entre ellos hay dirigentes nacionales de los gremios mencionados, que la Democracia Cristiana puede presentarse, aquí y fuera de la Corporación, con la máxima tranquilidad en lo relativo al cumplimiento de sus compromisos contraídos en este tipo de materias. En primer lugar, porque nadie ha podido negar -no podría hacerse-que durante los años de Gobierno de Su Excelencia el Presidente de la República, nuestro camarada el señor Frei, año tras año se han reajustado las remuneraciones del personal de la Administración Pública por lo menos en una proporción equivalente al alza del costo d« la vida, en circunstancias de que en años anteriores los reajustes eran inferiores a dicho porcentaje, lo cual era una de las razones de nuestra permanente crítica.
El sentido social de nuestra acción como partido gobernante y como Gobierno, no sólo se ha demostrado en el reajuste de rentas en porcentaje equivalente al del costo de la vida, sino que en la mayor parte de los sectores que integran la Administración Pública, ese reajuste ha sido superior. A mi juicio, este hecho, que se calla por conocido o por disminuir su importancia, es el que nos permite presentarnos frente a los distintos gremios y levantar con tranquilidad nuestra voz en esta Sala y en cualquier otro recinto, para sostener el cumplimiento de un aspecto social de importancia ante los distintos gremios, ante los trabajadores, ante las necesidades económicas del desarrollo de la vida familiar.
En cuanto al profesorado, del cual me siento parte, no sólo por ser chileno y sentirme orgulloso del Magisterio nacional, sino por los años que en él serví, creo que jamás los maestros han recibido mejor trato en el orden económico que el logrado en este Gobierno y que seguirá obteniendo.
Se ha esparcido mucho el comentario de que el Convenio Magisterial no tendrá cumplimiento en los años 1969 y 1970. En uno de los artículos del proyecto que mañana empezaremos a discutir, está establecido expresamente, a fin de evitar toda posible confusión, la forma cómo se cumplirá el acuerdo en los años mencionados, y estoy en conocimiento de que las directivas de la Federación de Educadores de Chile la han aceptado.
A mi juicio, debemos reconocer algo, y más que algo: que hay voluntad de cumplir y se está cumpliendo; que hay voluntad de hacer y se está haciendo; que en el campo de la educación no puede criticarse al Gobierno mirando sólo el cumplimiento de las inversiones en dinero para mejorar la situación económica del Magisterio. El profesorado nunca ha sido exclusivamente materialista. Siempre ha buscado otras causas por las cuales también luchar. Los maestros se sienten comprometidos en este Gobierno con la ampliación de la cultura y la educación popular, con la programación de nuestras estructuras en la enseñanza, que también eran sus motivos de lucha. Bregaron mucho tiempo por la creación de centros de mejoramiento y perfeccionamiento del Magisterio. Los tienen, y asisten a estos cursos anualmente, desde 1966, grupos de profesores que aprovechan la oportunidad para mejorar el aporte que ellos hacen a la cultura y a la educación de la colectividad.
La educación es un cuadro completo, armónico, que comprende el hecho mismo de la instrucción, su contenido, su alcance, el desarrollo en lo social y la función natural que el profesor realiza, así como los medios que él legítimamente necesita para cumplir su tarea.
Yo no podría sostener con tranquilidad de conciencia, que la actual situación económica del profesorado en Chile sea más que satisfactoria. No. Decirlo sería una hipocresía. Lo reconozco, como también reconozco la existencia de un acuerdo magisterial que propone otros mejoramientos especiales para los años 1969 y 1970; que no reciben lo que se ha llamado el "sueldo vital docente" y que yo he solido denominar "sueldo de dignidad profesional". No, no están en esa situación. Más, porque no podía alcanzarse esa meta, por representar gastos excesivos para una nación que tiene medios limitados, el propio profesorado aceptó un plazo de cuatro años para llegar a esa etapa. Y al respecto, debo decir en esta Sala que me duele la actitud de los maestros. Me duele, en primer lugar, porque son los únicos entre los servidores del Estado que a partir del 1º de enero han estado recibiendo, en virtud del reajuste proveniente de ese convenio, una remuneración extra con relación al resto de los servidores públicos, que todavía no perciben ningún reajuste. Los profesores ya han recibido un reajuste bastante importante. Pero jamás han olvidado algo que, a mi juicio, también golpea la conciencia: los esfuerzos hechos a comienzos del año por tantos padres y apoderados; gente modesta en gran número, que sin haber recibido remuneraciones extras por la demora en el despacho del proyecto de reajustes, debieron hacer gastos en vestuarios, libros, zapatos, y uniformes, y hasta en ropa de cama, cuando sus hijos debían internarse. Y todo esto, ¿para qué? Para llegar al colegio y tener que volverse a sus hogares. Hay gran sentido de solidaridad ante los necesitados, ante quienes sufren hambre y miseria. ¡ Cantos miles de niños han quedado este mes sin recibir la alimentación que les corresponde obtener en las escuelas mediante el desayuno y el almuerzo escolares, que alivian en gran medida la carga económica familiar! ¿Estos hechos no tienen importancia en el cuadro social y frente al desarrollo de la educación rural? Y el hecho de que niños que viven distantes de su escuela deben volverse a su hogar, ¿no tiene importancia? Me parece que sí. A mi juicio, aquí hay un aspecto de mucha importancia para el Magisterio nacional, que debe afectar a su propia conciencia. Por eso, pienso que podemos escuchar con plena tranquilidad las legítimas opiniones y apreciaciones de nuestros colegas.
Afortunadamente, podemos opinar en forma diferente, y ojalá que este sistema, que permite el progreso dentro de la confrontación de opiniones, que permite a unos discrepar de la opinión de otros, no lo perdamos jamás. Y así como algunos tienen oportunidad de adoptar frente a estos hechos una actitud de crítica, así también nosotros podemos declarar que tenemos la conciencia tranquila, por creer que estamos haciendo lo posible por mejorar conforme a nuestros propios principios. No estamos procediendo según convicciones ajenas, sino de acuerdo con lo que pensamos, hemos proyectado y hemos visto. Es nuestra obligación ciudadana, y no tratamos de eludir nuestra responsabilidad.
Por lo expuesto y después de comparar lo ocurrido en tiempos anteriores con lo que está sucediendo en estos días, sostengo que se está produciendo un cambio sustancial y profundo en lo relativo al trabajador y a la concepción de la comunidad social, que es la razón por la cual estamos actuando en la vida política chilena y por la que un día el pueblo nos asignó la responsabilidad administrativa del país.
El señor MUSALEM.- ¿Cuántos minutos me quedan?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Dos minutos, señor Senador.
El señor MUSALEM.- Me permito solicitar a la Sala que se prorrogue mi tiempo por diez minutos para poder plantear algunas ideas. De otra manera no alcanzaría a hacerlo.
La señora CAMPUSANO.- Las ideas ya las planteó el Honorable señor Ferrando.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Si hubiera acuerdo unánime, se podría prorrogar el tiempo de Su Señoría por diez minutos.
El señor ALLENDE.- El Honorable señor Rodríguez cedió parte de su tiempo al Honorable señor Jaramillo, y el resto, al Senador que habla. \o pienso hacer uso de esos minutos. En estas circunstancias, no alcanzaría a hablar el Honorable señor Musalem. En ello no hay falta de deferencia, porque al comienzo de la sesión se distribuyó el tiempo en presencia del Honorable señor Noemi, quien no se inscribió oportunamente; de modo que el Honorable señor Ferrando ha hecho uso de un plazo no consignado primitivamente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Podría prorrogarse la hora de término de la sesión.
El señor ALLENDE.- Ya hemos escuchado al Honorable señor Ferrando.
El señor MUSALEM.- El Honorable señor Ferrando ha hecho uso de la palabra sólo un cuarto de hora. Los distintos partidos de Oposición, en total, han intervenido dos horas y media.
El señor RODRIGUEZ.- Pero Sus Señorías no tenían ningún interés en dar quórum para esta sesión; no les interesaba.
El señor ALLENDE.- Efectivamente.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Se podría prorrogar la sesión por el tiempo necesario para que hablen los Honorables señores Musalem, Jaramillo y Rodríguez.
El señor ALLENDE.- No hay acuerdo.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- No hay acuerdo.
Prácticamente no queda tiempo al Honorable señor Musalem.
El señor JARAMILLO LYON.- ¿De cuánto tiempo dispongo?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Su Señoría dispone de 17 minutos.
El señor FUENTEALBA.- Si nosotros nos hubiéramos opuesto a prorrogar la sesión, imagino el escándalo que habrían formado algunos señores Senadores. Dejamos constancia de ello, porque nosotros siempre damos nuestro acuerdo para hacerlo.
El señor JARAMILLO LYON.- Personalmente, no tengo ningún inconveniente en que pueda hablar el Honorable señor Musalem.
El señor FUENTEALBA.- No me he referido a Su Señoría.
El señor MUSALEM.- No es alusión al señor Jaramillo, porque no es Su Señoría quien se ha opuesto a la prórroga de la hora.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Esto es un error. Sería conveniente prorrogar el tiempo a fin de que los Senadores democratacristianos puedan explicar la acción del Gobierno en este momento histórico.
El señor ALLENDE.- No me opongo a la prórroga del tiempo, pero que se diga de una vez por cuánto minutos se acordaría, pues otros Senadores deseamos hablar. No me parece justo que alguien solicite intervenir en último lugar. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Al comenzar la sesión había sólo un Senador democratacristiano, que no se inscribió, de modo que el Honorable señor Ferrando ni siquiera tenía derecho a usar del cuarto de hora que se le concedió. Yo estaba en la Presidencia cuando se hizo la distribución del tiempo y me consta que fue así.
El Honorable señor Musalem insiste en hablar al final. Por eso me opongo. Si Su Señoría quiere hacer uso de la palabra, que lo haga. Comprendo que es muy cómodo quedarse para el último y sé que todos tenemos argumentos extraordinarios y réplicas no menos interesantes. Por eso hemos escuchado con calma y respeto las expresiones del Honorable señor Ferrando, de cuyos razonamientos discrepo.
El señor TARUD.- Yo también.
El señor MUSALEM.- No he pedido quedar para el final, aun cuando sería lo más lógico.
El señor ALLENDE.- ¿Por qué habría de serlo, si todos tenemos el mismo derecho?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Solicito nuevamente el acuerdo de la Sala para prorrogar la hora en la forma propuesta, a fin de que pueda hablar el Honorable señor Musalem.
El señor ALLENDE.- ¡Además de prórroga del tiempo, quiere hablar al final!
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Sería necesario prorrogar el tiempo de modo que los Honorables señores Rodríguez, Jaramillo y Musalem dispusieran de 15 minutos cada uno.
El señor CHADWICK.- Yo deseo cinco minutos, señor Presidente.
El señor ALLENDE.- Yo, otros diez.
El señor TEITELBOIM.- También necesito cinco minutos.
El señor JARAMILLO LYON.- No podría prorrogarse la sesión por tanto tiempo. Mañana tendremos que estudiar el proyecto de reajustes, de modo que sólo estoy de acuerdo en aplazarla hasta las siete, hora que me parece conveniente.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- En conformidad al Reglamento, por la unanimidad de la Sala se puede prorrogar la sesión hasta por una hora. Pero todavía no ha habido acuerdo.
El señor JARAMILLO LYON.- Doy mi acuerdo, pero con la condición de que sólo se prorrogue hasta las 19.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, así se procederá, dividiendo el tiempo restante entre los Honorables señores Musalem, Jaramillo y Rodríguez.
El señor ALLENDE.- El tiempo del
Honorable señor Jaramillo ya está considerado.
El señor TARUD.- Yo también deseo cinco minutos, señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se prorrogará la sesión hasta las 19, de manera tal que los Honorables señores Chadwick, Tarud y Teitelboim dispongan de cinco minutos cada uno, y de un cuarto de hora el Honorable señor Musalem.
El señor ALLENDE.- ¿Y qué hay de mis diez minutos, señor Presidente?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- En tal caso no alcanzaría con la media hora de prórroga.
El señor RODRIGUEZ.- Yo cedo mi tiempo al Honorable señor Allende.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Aún así no alcanzarían a usar de la palabra todos los Senadores inscritos, de modo que la Mesa distribuirá el resto de la sesión entre los que la han solicitado. Se respetaría el tiempo de los Honorables señores Jaramillo y Musalem.
El señor JULIET.- ¿Por cuántos minutos hará uso de la palabra el Honorable señor Jaramillo?
El señor JARAMILLO LYON.- Por todo el tiempo que me corresponde.
El señor JULIET.- En ese caso, no queda nada que distribuir.
El señor ALLENDE.- ¿Por qué se respeta sólo el tiempo del Honorable señor Musalem? Si se prorroga la sesión, debe dividirse la media hora entre todos los demás, porque nosotros tenemos tanto derecho como Su Señoría. Sólo con esa condición doy mi acuerdo.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se conservará el tiempo de que disponía el Honorable señor Jaramillo y el resto se dividirá entre los demás Senadores inscritos.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO LYON.- Señor
Presidente, los Senadores del Partido Nacional, por medio del que habla, deploran el verdadero clima de inquietud -más que eso, diría yo: de angustia gremial- que vive el país en estos instantes y que responde, en nuestro concepto, a la falta de definición del Gobierno para encarar estos problemas.
Hace más o menos 20 días, Senadores de diversos sectores de la Oposición -la Honorable señora Campusano, los Honorables colegas Tarud, Gómez y Chadwick y el Senador que habla- nos entrevistamos con el señor Ministro del Interior. Conscientes de la tremenda angustia del personal de Correos Y Telégrafos y de la necesidad que tiene el país de contar con tan vital servicio, planteamos a dicho Secretario de Estado dos peticiones perfectamente claras y definidas, que no tenían-ni el menor asomo de imposición, sino sólo el buen deseo de colaborar.
Dijimos al señor Ministro que habíamos conversado con los gremios en huelga y que el personal de Correos y Telégrafos solicitaba estudiar -nada más que eso- la posibilidad de poner en ejercicio el acta de avenimiento suscrita con el Gobierno hacía poco tiempo, en virtud de la cual se les daba una posibilidad de mejoramiento económico.
Además, solicitamos al Ministro que se diera al personal en huelga la oportunidad de reintegrarse a sus labores en forma tranquila y respetuosa, sin ser objeta ni de la represión policial ni de la malquerencia de los poquísimos funcionarios que concurren a sus labores; que los trabajadores en conflicto no fueran objeto de persecuciones y sumarios administrativos. Sucedió algo sorprendente, que deseo señalar esta tarde al Honorable Senado: el señor Ministro del Interior agradeció nuestra actitud y, más que eso, hizo un reconocimiento público de la colaboración desinteresada y patriótica que hombres de Oposición prestaban al Gobierno para zanjar la situación de emergencia que vivimos en este instante. Resulta paradójico el hecho de que el Gobierno, tan aficionado a sostener en público que la Oposición es obstructiva, demagógica y negativa, cuando se encuentra acorralado, entre cuatro paredes, esté dispuesto a agradecer los sacrificios y desvelos que, con responsabilidad patriótica, desplegamos los parlamentarios de las más diversas tendencias políticas.
Por otro lado, el señor Ministro agregó algo que nos llenó de satisfacción: "Estoy de acuerdo con la proposición que ustedes me traen y, personalmente, la acepto". "Pero -agregó- esto es ad referéndum, o sea, no puedo decirles sí o no definitivamente, pues debo conversarlo con el Director General de Correos y Telégrafos". Esto me parece raro, porque ese funcionario es subordinado administrativamente del Ministro del Interior. En seguida, expresó: "Debo consultarlo, además, con los trabajadores democratacristianos que están en funciones".
Yo creía, y lo reitero al Honorable Senado, que la personalidad del señor Ministro y la autoridad que le da el ejercicio de su cargo, le permitirían hacer entrar en razones a sus subalternos y miembros de la Democracia Cristiana que forman los núcleos amarillos de Correos y Telégrafos.
El señor Ministro no nos llamó nunca más. Han transcurrido veinte días, más o menos, y sólo por informaciones de radio y prensa fuimos advertidos de que el Secretario de Estado en referencia, dando cumplimiento al referéndum que nos señaló, se había entrevistado el día siguiente de nuestra conversación con los gremios de trabajadores que no acataron el paro, los cuales, imponiéndose por sobre la autoridad del Ministro del Interior y pasando por encima de disposiciones legales, exigían el inmediato reintegro de los funcionarios en huelga, pero que cayeran sobre esos servidores, implacablemente, el peso de la ley y la vindicta de todos ellos. Yo me pregunto, ¿acaso no es facultad constitucional del Jefe del Estado administrar el país con la colaboración de sus ministros de Estado? Me duele esta indefinición; me duele presenciar el espectáculo grotesco de que no sea el Gobierno, sino ciertos gremios con filiación política determinada y domicilio partidario precisamente especificado, quienes en un momento determinado se opongan a una solución para la emergencia que vive el país.
Aún más: es necesario decir la verdad. En la ocasión en que conversamos con el señor Ministro del Interior, este funcionario nos hizo presente que la huelga no tenía mayor importancia ni trascendencia; que él, mediante los servicios policiales y los funcionarios que no estaban en conflicto, hacía una labor extraordinariamente fructífera: distribuía sesenta mil cartas diariamente y, en la semana siguiente, esperaba llegar a cien mil. Las radioemisoras -las oficiales, lógicamente - daban cuenta de que varias reparticiones del Servicio de Correos trabajaban normalmente.
El señor ALLENDE.- ¿Me permite, señor Senador?
El señor JARAMILLO LYON.- Terminaré en seguida con esta idea, Honorable colega.
El Senado de la República es una de las entidades más importantes del país. Es dable suponer que llegue a sus oficinas numerosa correspondencia. Yo me pregunto si es efectiva la afirmación del señor Ministro de que se reparten cien mil cartas diarias, ¿cómo es posible que no nos llegue una sola comunicación?
El señor ALLENDE.- Eso iba a decir.
El señor JARAMILLO LYON.- Y eso no me sucede sólo a mí, que soy un Senador muy modesto y sólo recibo diez o veinte misivas diariamente, pero desde hace más de un mes no recibo ninguna, salvo las que llegan por mano y sólo de la capital. En estas circunstancias, me da la impresión de que el buen propósito del Ministro del Interior, de cuya buena fe no dudo, es fruto del engaño de que le hacen víctima sus subordinados. Esto, en cuanto se refiere al gremio de Correos y Telégrafos.
Mi Honorable colega el señor Ferrando, cuya recta intención y patriotismo reconozco y con cuya amistad me honro, refiriéndose hace unos instantes a la situación del profesorado, afirmó algo que me complace. Manifestó que el Gobierno "tiene voluntad de cumplir" y "de hacer algo". Pero esta frase, por desgracia, no se concilia con la realidad. Es muy fácil demostrarlo, y sobre este particular ya adelantó algo en la intervención anterior el Honorable señor Chadwick.
Hace pocos días tuve la oportunidad de integrar la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde examinamos con responsabilidad y detenimiento los alcances del Acta Magisterial. Quisiera que el Honorable señor Ferrando, en el tiempo que le corresponda a su Comité, nos explicase cuál es "esta voluntad de cumplir." El Acta Magisterial fue un compromiso contraído en 1966, entre el Gobierno y los profesores en huelga, avalado posteriormente por un hombre que en esos instantes era de relevancia y significación nacional: el Honorable señor Patricio Aylwin, presidente del partido único de Gobierno, el Demócrata Cristiano. Esa acta, en su meollo, en su parte cardinal sostenía que el Magisterio en los años 1968, 1969 y 1970 tendría un reajuste promedio del aumento de remuneraciones otorgado a la Administración Pública. Y esta declaración del Gobierno, tal como lo señaló el Honorable señor Chadwick, tuvo su concreción en un precepto legal: el artículo 27 de la ley 16.617. Repito: en este documento se contiene el Acta Magisterial.
Como si esto fuera poco -la palabra empeñada del Ejecutivo mediante la declaración mencionada, el aval prestado por el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, la concreción legal en el artículo ya citado-, Su Excelencia el Presidente de la República expresó su conformidad con
lo actuado hasta ese momento en el acto más trascendente de la vida democrática y republicana del país, como es el Mensaje presidencial leído ante todo el país, y el cuerpo diplomático, y en el cual se da cuenta de la marcha política y administrativa de la nación. Entonces, yo pregunto al Honorable señor Ferrando, dónde está toda esa voluntad de cumplir, cuando vemos que al poco tiempo se envía un proyecto sobre reajustes en el cual figura un precepto absolutamente innecesario y que incluso vulnera el compromiso contraído: el artículo 45 de la referida iniciativa legal. Este fue rechazado por las Comisiones unidas, por cuanto daba por cumplida el Acta Magisterial; vale decir, era una forma de derogar de manera expresa el artículo 27 de la ley 16.617. El precepto desechado disponía que el personal del Magisterio tendría derecho al reajuste establecido en el artículo lº del proyecto, es decir, al aumento mínimo asignado a la Administración del Estado.
Repito: no veo en parte alguna la voluntad de cumplir del Gobierno, y muchísimo menos la voluntad de hacer, que con tanto énfasis y buena fe nos daba a conocer hace unos instantes el Honorable señor Ferrando.
Al levantar mi voz esta tarde, lo hago a plena conciencia, convencido de la justicia de las peticiones de los gremios en huelga, única manera de lograr en forma democrática un mejoramiento en sus rentas.
No creo en la idea, ni participo de ella, de que los trabajadores en conflicto hayan iniciado el movimiento por un afán de resistencia al Gobierno, ni mucho menos con motivos sediciosos. Ellos están defendiendo sus justas y legítimas reivindicaciones y conquistas ya logradas, sea mediante un acta de avenimiento, como en el caso de Correos y Telégrafos, sea mediante la defensa de un precepto legal, como ocurre con los maestros.
Por estas razones, los Senadores nacionales expresamos la más enérgica protesta. Tenemos conciencia de la muy excelsa labor que debe cumplir el profesor. No se trata sólo de un hombre que debe cumplir con la tarea de instruir el pueblo, sino también de educarlo, y eso se hace mediante el buen ejemplo. Para ello necesita un mínimo de dignidad. Es inaceptable que un maestro esté agobiado por las deudas, que le deba al almacenero del pueblo, que tenga letras protestadas. Todo ello constituye un mal ejemplo para sus educandos. Por eso, por la dignidad del Magisterio y por el buen ejemplo que debe dar a las generaciones futuras, nosotros, los Senadores nacionales, expresamos -repito- nuestra protesta y pedimos al Gobierno que de una vez por todas respete la palabra empeñada.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Creo que se ha cometido un error de lógica, pues es menester oír primero al Honorable señor Musalem para luego hacernos cargo de sus observaciones.
El señor MUSALEM.- En cinco minutos no se puede hacer ningún planteamiento. Como Senadores de Gobierno, tenemos el deber de responder las críticas hechas por los distintos sectores políticos. Considero que en los quince minutos de que dispuso el Honorable señor Ferrando y en los cinco que ahora me corresponden, es imposible contestar todas las observaciones formuladas por Sus Señorías.
Además, creo que nos corresponde intervenir al final del debate para dar una respuesta global a esas críticas, eso sí - repito- que en un tiempo más amplio que los cinco minutos de que ahora dispongo.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Por desgracia, no hubo acuerdo para prorrogar por más tiempo la sesión.
Está con la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor MUSALEM.- En ese caso, renuncio a mi tiempo.
El señor NOEMI.- Deseo hacer una petición.
El Honorable señor Musalem solicitó tiempo para hacer una exposición, el cual le fue concedido. En virtud de ello, otros señores Senadores se inscribieron, con lo cual la prórroga se hizo insuficiente para tal objeto. Si ahora el Honorable señor Musalem renuncia al tiempo que se le otorgó, estimo que se debe dar término a esta sesión.
El señor ALLENDE.- No se puede dar por terminada la sesión. Ya se prorrogó por tiempo determinado y se inscribieron varios señores Senadores. Hicieron uso de la palabra otros Honorables colegas.
Yo, por lo menos, no renuncio al tiempo que me corresponde.
El señor CHADWICK.- Hago uso de cinco minutos, en la inteligencia de que no se descontará de él el empleado por los Senadores democratacristianos.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Los dos minutos empleados por otros señores Senadores se descontarán del tiempo total. En todo caso, antes de levantar la sesión tendremos la posibilidad de dar a conocer distintas peticiones que han llegado a la Mesa.
El señor CHADWICK.- Me hago cargo de lo sustancial de las palabras del Honorable señor Ferrando, quien ha dicho en esencia lo que ya ha comentado el Honorable señor Jaramillo. Su Señoría, además, ha insinuado una crítica con muy buenas palabras, pero bastante injustas respecto de la conducta de los profesores, que hoy examinamos.
Es absolutamente claro que en el proyecto de reajustes, el Gobierno ha quebrado su compromiso, que tiene fuerza de una ley. En virtud de aquél, para no anular la obligación de aumentar los sueldos en términos reales hasta enterar 280 millones de escudos en 1966, se fijó una pauta de lo que deberían ser los reajustes. Es indispensable recordar que la petición mínima del Magisterio para los años 1965 y 1966 consistía en un mejoramiento en términos reales y efectivos de sus remuneraciones. El Gobierno aceptó tales demandas hasta la cantidad de 280 millones de escudos de «se año; pero no pudiendo otorgar el total del beneficio a causa de la penuria del erario, se comprometió a hacerlo mediante cuotas anuales, de modo que se enterara ese reajuste o mejoramiento en el año 1970. Con el objeto de que no se burlara el contenido del acuerdo, se dispuso que junto con otorgar cuotas de aumento en términos reales, los ingresos de los profesores serían elevados en el promedio de reajuste de remuneraciones del sector público. Así lo dispuso la ley. Ello también se desprende de las palabras de Su Excelencia el Presidente de la República en el Mensaje del 21 de mayo de 1967 a que se ha hecho referencia. No cabe otra interpretación conforme al tenor literal del precepto 27 de la ley 16.617 y a todos los antecedentes examinados en la Comisión de Constitución. Sin embargo, ahora se quebranta el compromiso, se hace tabla rasa de él, al proponer que el reajuste ascienda a 12,5%, cifra que corresponde al porcentaje mínimo que se otorga a los servidores del sector público en el artículo 1º del proyecto de ley que mañana conoceremos en particular.
Cuando el Honorable señor Ferrando se refiere al sacrificio de los padres de familia en el período que precede al comienzo de las clases, a las esperanzas frustradas y a la responsabilidad del magisterio por la huelga que mantiene, traslada a esos servidores una responsabilidad que corresponde indiscutiblemente al Gobierno, porque todo cuanto ocurre en este momento no es sino la consecuencia del quebrantamiento de los compromisos contraídos, que -repito- tienen la fuerza y autoridad de una ley.
Si ello no hubiese ocurrido, si el Gobierno no persevera en la terca voluntad de otorgar a los trabajadores de la enseñanza un reajuste de sólo 12,5% por concepto de desvalorización de la moneda, el problema no existiría: los niños estarían en sus clases y los profesores asistirían a sus escuelas.
Por eso, utilizo este escaso tiempo para representar el error a que conduce la observación del Honorable señor Ferrando.
El señor TEITELBOIM.- Nosotros estimamos que el objetivo que se tuvo en vista al citar a esta sesión está virtual-mente conseguido. Su sentido fue el de llamar la atención, sobre todo del Gobierno, respecto del plano inclinado de la represión violenta sobre el cual se está deslizando en estos momentos.
Nivelación es distinto de reajuste.
Al final de mi anterior intervención, propuse que el Senado se dirigiera al señor Presidente de la República para representarle la necesidad de buscar una solución pronta y justa a los conflictos que nos preocupan, especialmente al mantenido por el Magisterio y el de Correos y Telégrafos.
Aquí se ha escuchado al Senador Ferrando, profesor de larga trayectoria en la labor docente, asumir la faena ingrata, por cierto, de justificar las posiciones del Gobierno. Ha dicho el Honorable colega que los maestros habrían adoptado una actitud inconveniente e injusta.
Deseo manifestar en estos pocos minutos que, según el análisis en profundidad realizado por la Comisión de Constitución, los profesores no están pidiendo sino el cumplimiento del Acta Magisterial. El Honorable señor Ferrando afirmó que los profesores habrían obtenido un mejoramiento muy superior al resto de la Administración Pública. En esto hay un equívoco de fondo, porque el propio Presidente de la República en el documento al cual se dio lectura, o sea, en su Mensaje del año pasado al Congreso Nacional, reconoció que para mejorar la situación desmedrada, pobrísima, incongruente con el significado de su misión social y sus necesidades económicas, se procedería a una nivelación, porque, en verdad, el Magisterio era, en los hechos, un servicio postergado.
Un derecho adquirido del Magisterio.
Por lo tanto, se recurre a un artificio, a un juego malabar falsamente aritmético y contradictorio del espíritu y letra de la ley.
Se pretende que este aumento es un reajuste, en circunstancias de que no constituye sino una nivelación de remuneraciones de un servicio postergado de la Administración Pública. Y cuando se pactó con el Gobierno la entrega de 280 millones de escudos destinados a dar cumplimiento al Acta Magisterial, esta suma se incorporó al patrimonio de todos y cada uno de los profesores. El Estado debió haberla pagado de inmediato. Ese era su sentido legal. Pero los maestros, conscientes de que el Ejecutivo no podía hacer el desembolso de una sola vez, aceptaron que ese fondo de nivelación se repartiera entre los años 1967, 1968, 1969 y 1970.
El derecho de cada profesor a esa nivelación fue establecido ya por el Acta Magisterial. Por consiguiente, constituye un derecho adquirido, incorporado a su patrimonio, y constitucionalmente, por lo tanto, no puede ser modificado por una ley posterior, como se pretende hacerlo mediante la de reajustes en actual tramitación.
La Comisión respectiva estimó inconstitucional esta disposición aprobada por la Cámara, y la rechazó.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Deseo terminar redondeando en una frase mi pensamiento y decir que los maestros sólo reclaman lo que es suyo, lo que les corresponde en virtud de una ley, y que es el Gobierno quien se coloca, en actitud contraria frente a un cuerpo legal específico, en circunstancias de que él, antes que nadie, debe respetarlo.
Por eso, la causa del Magisterio es comprendida por alumnos, padres y apoderados, partidos populares, el pueblo entero. Ojalá que el Ejecutivo entienda que, ante este movimiento, no puede ni debe asumir una actitud más o menos negligente.
El Presidente de la República se marchó a Punta Arenas, pensando que en provincias puede respirar un aire más tranquilo. Pero resulta que allí también se le tributó un recibimiento notoriamente helado, por no decir desagradable.
El señor RODRIGUEZ.- Fue abucheado ruidosamente.
El señor TEITELBOIM.- Todo el país está convulsionado, y los comunistas y los partidos populares esperamos que haya pronta solución de los conflictos.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- En seguida, puede usar de la palabra el Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.- Intervendré, siempre que se acceda a concederme diez minutos.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Advierto a Su Señoría que a cada Senador se han concedido sólo cinco minutos.
El señor MUSALEM.- En ese caso, no haré uso de la palabra.
El señor NOEMI.- ¿Me permite, señor Presidente?
Sólo necesito un minuto.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Con la venia del Honorable señor Musalem, puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor NOEMI.- Tan sólo deseo formular una pregunta al Honorable señor Teitelboim.
Su Señoría, así como los demás señores Senadores que han intervenido, culpa de violencia al Gobierno por el hecho de que por medio de Carabineros quiso imponer el orden, quebrado en las calles de Santiago cuando se concedió permiso –como ha ocurrido- para realizar una manifestación, que después se transformó en desfile, actuando contra derecho.
Entonces, ¿por qué no se apela también a quienes están creando este clima de violencia?
Esta tarde, precisamente, a las 13.30, frente al Ministerio de Educación, un grupo de aproximadamente 400 personas empezó a gritar consignas. En realidad, no creaban motivo alguno de violencia. Se dice que se trataba de miembros del Partido Comunista, y por eso me he dirigido al Honorable señor Teitelboim. Con posterioridad apareció otro grupo, cuyos integrantes se subieron a los toldos de los automóviles allí estacionados, desde donde alentaban al grupo de comunistas a tomarse el Ministerio. Como es natural, éstos no hicieron caso. Protestaron y pidieron a quienes los incitaban que bajaran de los vehículos. Estos últimos, en vez de escuchar a aquéllos, sacaron bastones o palos y los repelieron, dejando contusos y heridos, entre los cuales se encuentra un señor de apellido Inzunza, que, me parece, es pariente del director del diario "El Siglo".
Repito: ese clima de violencia fue desatado por el grupo más exaltado, que pedía ocupar el Ministerio de Educación.
¿A qué conduce este clima de violencia? ¿Es el Gobierno el responsable de cuanto está ocurriendo, en circunstancias de que incluso determinados parlamentarios están creando un clima de incitación a la revuelta?
En el caso citado, las consecuencias las sufrieron los propios miembros del Partido Comunista, quienes -lo digo con honestidad- se limitaban a gritar consignas.
Por eso, no debe acusarse sólo al Gobierno, que tiene la responsabilidad de mantener el orden, sino también a aquellos que incitan a los demás a salir a las calles y a crear un clima de violencia que puede alcanzar mayor gravedad.
El señor TEITELBOIM.- ¿Puedo responder al Honorable señor Noemi, señor Presidente?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Debería ser con cargo al tiempo del Honorable señor Musalem, que aún dispone de dos minutos.
El señor TEITELBOIM.- Me han formulado una pregunta.
El señor NOEMI.- El señor Senador puede contestarla con cargo al tiempo del Honorable señor Musalem.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Con la venia del Honorable señor Musalem, tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- El Honorable señor Noemi ha traído al Senado una información que, objetivamente, en lo esencial, corresponde a la verdad.
Ha habido dos tipos de violencia: una, ¡a que ha venido ejerciéndose, desde hace varios días, por parte del Gobierno respecto del Magisterio y los alumnos, para tratar de quebrar ese movimiento; la otra, proveniente de un pequeño grupo, que nosotros desautorizamos por completo y que efectivamente deseaba tomarse el Ministerio de Educación. Este no era ni es nuestro propósito ni el de los maestros, como tampoco es el del personal de Correos y Telégrafos tomarse el Ministerio del Interior. Su intención no es otra que la de reclamar una solución por parte del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, no escapa la posibilidad de que dentro del grupo que agredió a nuestros compañeros -especialmente jóvenes liceanos y universitarios-, hubiera más de algún policía, de esos agentes provocadores que se deslizan y piden de inmediato llegar a todos los extremos, como una manera de desprestigiar al movimiento.
Hacemos un llamado a la vigilancia dentro de las mismas filas populares, a fin de depurarlas de estos elementos que, con los gritos más estridentes, están haciendo el juego al enemigo.
¿A quién favorece el hecho de que estudiantes puedan atacar a estudiantes o que maestros puedan repeler a maestros? Sólo a los enemigos de la causa del Magisterio y de los estudiantes, cuya única finalidad y propósito es pedir solución para sus problemas.
De ahí que yo sostenga que existe violencia por parte del Gobierno; una sospechosa violencia, de la cual seguramente tampoco están ajenos ciertos agentes provocadores, porque, al fin y al cabo, son los únicos que, a río revuelto, pueden sacar ventaja de ello.
El señor MUSALEM.- ¿Me permite, señor Presidente?
Solicito, si hay asentimiento de la Sala, que se me otorguen diez minutos para rectificar algunas afirmaciones relacionadas con la interpretación del Acta Magisterial y con su cumplimiento o incumplimiento por parte del Ejecutivo.
El señor RODRIGUEZ.- Mañana tendrá tiempo Su Señoría, durante la discusión del proyecto de reajustes.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Para acceder a lo solicitado por el Honorable señor Musalem, se requiere asentimiento unánime de la Sala.
El señor JULIET.- ¿Por cuánto tiempo debería prorrogarse la hora?
El señor ALLENDE.- Yo también estoy inscrito, señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- A continuación del Honorable señor Musalem, señor Senador.
¿Cuánto tiempo desea Su Señoría?
El señor MUSALEM.- Diez minutos, señor Presidente.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo del Senado para prorrogar la hora y conceder el tiempo solicitado por el Honorable señor Musalem?
El señor JULIET.- No.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.- Señor Presidente, quiero manifestar primeramente que los Senadores socialistas no nos hemos opuesto a la prórroga de la hora, y, segundo, que no ha sido nuestro propósito, de manera alguna, acallar la voz de la Democracia Cristiana. No podríamos hacerlo, pues el Reglamento nos mide a todos en la misma forma. Por lo demás, el Honorable señor Ferrando, sin estar inscrito, dispuso de quince minutos.
A mi juicio, los Senadores demócrata-cristianos, doce en total, pudieron o debieron haberse adelantado a pedir una sesión especial. Personalmente, en mi calidad de Presidente de la Corporación, y oyendo las opiniones de diversos señores Senadores, convoqué a la que en estos momentos se está realizando. Recalco este hecho...
El señor FUENTEALBA.- ¿Solicitó Su Señoría el parecer de los Senadores de la Democracia Cristiana sobre el particular?
El señor ALLENDE.- No.
El señor FUENTEALBA.- Si se nos hubiera consultado, posiblemente habríamos estado de acuerdo.
El señor ALLENDE.- Pero...
El señor FUENTEALBA.- Su Señoría está reconociendo que excluyó a un sector.
El señor ALLENDE.- No.
El señor FUENTEALBA.- El señor Senador sabe que fuimos citados por teléfono para asistir a esta sesión y que algunos colegas nuestros no están en Santiago. Sabe, además, de la frecuencia con que los señores Senadores concurren a sus respectivas provincias. De manera que sólo hemos asistido quienes estábamos en condiciones de hacerlo.
Si Su Señoría, cuando consultó a los demás señores Senadores, hubiera hecho lo mismo con nosotros, seguramente habríamos podido asistir a una sesión con participación de todos.
El señor ALLENDE.- He oído con mucha calma al Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- No tendría por qué alterarse, señor Senador.
El señor ALLENDE.- No he dicho que he consultado. Senadores de los Partidos Radical, Comunista y Socialista fueron espontáneamente a decirme que estimaban conveniente la sesión. No los he consultado.
Yo pensaba, lo mismo que Sus Señorías. Si ellos no me lo hubieran hecho presente, de todos modos habría convocado a esta sesión, pues; ello está dentro de mis atribuciones como Presidente del Senado y, además, porque estimé que el clima que está viviendo el país requería un debate.
En todo caso, se ha citado dentro del plazo reglamentario. Su Señoría sabe que, en caso de sesión especial, la Corporación debe ser convocada con cuatro horas de anticipación, por lo menos. En esta oportunidad, se citó con cinco horas y media de anticipación.
La citación respectiva fue repartida a las casas de los señores Senadores. Incluso, me preocupé, por deferencia -no es mi obligación hacerlo-, de que se les avisara por teléfono, porque, como es lógico, me interesaba asegurar el quórum requerido para celebrar la sesión.
En consecuencia, la Democracia Cristiana no ha quedado excluida, como jamás podría quedarlo.
Respecto de un problema de la naturaleza del que nos ocupa, nunca consultaría la opinión de todos los señores Senadores. Soy Presidente de la Corporación y ejerzo con mi propio criterio las atribuciones que su Reglamento me concede. Estimaba justo, conveniente, necesario e indispensable celebrar esta sesión, y por eso la convoqué.
El señor FUENTEALBA.- Su Señoría manifestó en un comienzo que había citado a esta sesión después de consultar a diversos sectores.
El señor ALLENDE.- Dije que después de haberlos oído, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.- Ahora está rectificando. Acepto la rectificación; pero no nos incluya a nosotros entre quienes fueron consultados.
El señor ALLENDE.- Dije "haber oído". Lo expresé al iniciarse la sesión, cuando Su Señoría aún no llegaba a la Sala. Manifesté haber escuchado la opinión de varios señores Senadores, y agregué, en seguida, que si no los hubiera oído, de todas maneras habría citado a sesión.
Me interesa que se sepa...
El señor FUENTEALBA.- ¿Me permite, señor Senador?
El señor ALLENDE.- ¿Otra vez? No, Honorable colega.
El señor FUENTEALBA.- Con cargo al minuto que nos queda.
El señor ALLENDE.- No. Sus Señorías están sobregirados.
El señor FUENTEALBA.- En cuanto al tiempo, no.
El señor ALLENDE.- ¡Están demasiado vivos los señores Senadores de la Democracia Cristiana...!
Concretaré mis observaciones diciendo que hemos oído -siempre lo hacemos- con deferencia a los Senadores democratacristianos, en especial al Honorable señor Ferrando, por la serenidad y mesura con que acostumbra exponer sus puntos de vista. Pero no podemos dejar pasar sus argumentos, porque de ellos podría deducirse, indiscutiblemente, que todo cuanto hemos estado diciendo carece de base.
El señor FERRANDO.- Así me parece.
El señor ALLENDE.- Es distinto tener opiniones divergentes -cosa a la cual estamos acostumbrados, sobre todo en una Corporación como ésta.- a decir: "Señores, todo lo que ustedes han expresado no tiene valor alguno, porque yo opino de otra manera".
Pero resulta que la opinión aquí sostenida está reafirmada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y por la opinión de las Comisiones unidas. Está basada, inclusivo, en la del propio Presidenta de la República, consignada en su último Mensaje, página 242, que no leeré por no disponer de tiempo.
Todo eso, aparte los antecedentes conocidos por la opinión pública, demuestra que nosotros argumentamos sobre la base de hechos irrefutables desde nuestro punto de vista.
Por Jo tanto, estimo que los maestros -tanto el Honorable señor Ferrando como yo reconocemos que han actuado tesoneramente desde el punto de vista nacional y social en la reforma de la educación- no han podido legítimamente ignorar el esfuerzo de los padres que, sin disponer aún del reajuste, matriculan a sus niños. Pido a mi Honorable colega señor Ferrando que reconozca cuan justa en la posición de los maestros cuando esos padres están con ellos, y cuando, pese al sacrificio y al gasto extraordinario que han debido afrontar, apoyan moral y materialmente a los profesores.
Ya mencioné la reunión que tuve ayer con la Asociación de Padres y Apoderados. Ellos están vertebrando en el plano nacional un movimiento como nunca antes existió en Chile, pues jamás una huelga de este tipo ha tenido apoyo de los padres.
Para terminar, debo decir que también estuve en el Liceo Andrés Bello, de San Miguel. Ese establecimiento está ocupado por los alumnos. ¿Saben Sus Señorías que el Alcalde de San Miguel y la profesora Lidia Videla, compañera socialista, dijeron a los estudiantes que ellos no debieron tomarse ese local? Les manifestaron, en primer lugar, que ésta no es la línea táctica fijada por los maestros, y, además, que la ocupación crea un problema de extraordinaria gravedad para la dirección del liceo, pues debe alimentarlos y preocuparse de ellos mientras estén dentro del establecimiento. Les advirtieron que, ante lo obrado por los alumnos, les darían su respaldo, aunque la ocupación del edificio no corresponde a la política de los maestros.
Lógicamente, consideramos que la línea del profesorado es justa y su responsabilidad muy grande. Los jóvenes espontáneamente han reaccionado ante la justicia que asiste a sus maestros.
El señor EGAS (Prosecretario).- Los Honorables señores Juliet y Rodríguez formulan indicación para publicar "in extenso" todo el debate habido en esta sesión.
-Se aprueba.

El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- El Honorable señor Teitelboim ha pedido enviar un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Senado.
La Mesa debe recordar que, de conformidad con la Constitución y el Reglamento, no se puede enviar oficios en nombre del Senado.
El señor ALLENDE.- Pido se envíe en nombre de los Senadores.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- ¿Su Señoría pide que el oficio se envíe en nombre de los señores Senadores que lo soliciten?
El señor ALLENDE.- Acojamos la indicación del Honorable señor Teitelboim.
El señor FUENTEALBA.- ¿En qué consistiría el oficio?
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- ¿Podría explicarlo el Honorable señor Teitelboim?
El señor TEITELBOIM.- Se trata de algo muy sencillo.
He pedido que el Senado se dirija al Presidente de la República para representarle que esta Corporación aboga por una solución rápida y justa de los conflictos del Magisterio, Correos y Telégrafos y otros que estuvieren pendientes.
El señor JULIET.- Si el oficio se envía en nombre del Comité Comunista, que también lo sea en nombre del Comité Radical.
La señora CARRERA.- Y también en nombre del Comité Socialista.
El señor SEPULVEDA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre de los Comités Comunista, Socialista y Radical.
Se levanta la sesión.

-Se levantó a las 18.58.
Dr. Rene Vuskovié Bravo, Jefe de la Redacción.


ANEXOS

DOCUMENTOS:


1
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Valdivia para contratar empréstitos y ha insistido en la aprobación de sus textos primitivos.
Lo que tengo a honra decir a V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Alfredo horca Valencia-.- Amoldo Kaempfe Bordalí.
Texto de las observaciones del Ejecutivo:
Con fecha 26 de septiembre del año en curso, V. E. ha remitido el oficio Nº 2.168, de 15 del mes en curso, en cuyo texto comunica que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Valdivia para contratar empréstitos hasta por la suma de Eº 2.545.000, con el objeto de que se destine su producto a obras y adquisiciones para el progreso comunal y se consulta, además, otros gastos correspondientes a la compra de vehículos para movilización gratuita de estudiantes en la comuna de Valdivia y a la adquisición de predios para crear nuevas poblaciones.
El Ministerio de Hacienda ha emitido un informe con relación al referido proyecto de ley, manifestando acerca del rendimiento del impuesto territorial que se consulta en su texto, que es insuficiente' para el servicio de la deuda del empréstito, lo que hace necesario rebajarlo a E° 1.000.000 y, en consecuencia, deberán, asimismo, reducirse los gastos que se atenderán con su producto. Para este efecto, se eliminan como se indica más adelante los que se destinan a la compra de vehículos e implementos para la movilización gratuita de estudiantes en la comuna de Valdivia, y a la adquisición de uno o más predios para crear nuevas poblaciones y se rebaja el monto de otros, de acuerdo con lo antes manifestado. Para los gastos que se excluyen se ha considerado, en cuanto a los vehículos anotados, que el Ministerio de Educación Pública adquirirá buses para transportar escolares que se destinarán a las ciudades más importantes del país, y, respecto a la creación de poblaciones, el Ministerio de la Vivienda está preocupado de los programas habitacionales.
Atendidas las razones expuestas y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de ley y lo remito a V. E., a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modificaciones:
"En el artículo 1º reemplázase la cantidad de "Eº 2.545.000" por esta otra "Eº 1.000.000"."
"En el artículo 3º suprímense los números 1) y 3); el número 2) pasa a ser 1) y substituyese su monto de "Eº 245.000" por "Eº 150.000"; el número 4) pasa a ser número 2) y subsitúyese su monto de "Eº 500.000" por este otro: "Eº 300.000"; el número 5) pasa a ser 3) y substituyese su monto de "Eº 200.000" por este otro: "Eº 150.000"; el número 6) pasa a ser 4) y substituyese su monto de "Eº 300.000" por este otro: "Eº 150.000"; el número 7) pasa a ser 5) y substituyese su monto de "Eº 250.000" por este otro: "Eº 150.000"; el número 8) pasa a ser 6) y substituyese su monto de "Eº 250.000" por este otro: "Eº 100.000", y reemplácese el total de "Eº 2.545.000" por el siguiente: "Eº 1.000.000"."
Saludan atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.- Bernardo Leighton Guzmán.


2

PROYECTO DE LEY, VE LA HONORABLE CAMARA VE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE TOME PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Con motivo de la moción y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo lº-Autorízase a la Municipalidad de Tomé para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otra institución de crédito, uno o más empréstitos hasta por la cantidad de Eº 600.000, a un interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo no mayor de diez años.
Artículo 2º-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3º-El producto del o los empréstitos que se contraten en uso de la autorización concedida, en la presente ley, deberá ser invertido en los siguientes fines:
Aporte a la Dirección de Obras Sanitarias para el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado . . Eº 100.000
Aporte a la Dirección de Pavimentación Urbana para mejoramiento de calles y aceras
100.000
Expropiaciones para el cumplimiento del Plano Regulador de la ciudad
100.000
Ejecución de obras de adelanto en los diferentes barrios
de la comuna
100.000
Adquisición de vehículos motorizados para los diferentes servicios municipales
100.000
Extensión de alumbrado público en diversos barrios de
la comuna
100.000
Total
Eº 600.000
Artículo 4º-Destínase con el exclusivo objeto de atender el servicio del o los empréstitos que autoriza la presente ley, el rendimiento de la contribución territorial del uno por mil sobre el avalúo imponible de la comuna, de Tomé, a que se refiere la letra e) del artículo 2° del decreto Nº 2.047, de 29 de junio de 1965, del Ministerio de Hacienda, que fijó la tasa única del impuesto territorial.
Artículo 5º-La Municipalidad de Tomé, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
Artículo 6º-En caso de no contratarse los empréstitos, la Municipalidad de Tomé podrá girar con cargo al rendimiento de dicho tributo para su inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 3°. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el préstamo se contrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 7°-La Municipalidad de Tomé completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias, si los recursos a que se refiere el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida.
Si, por el contrario, hubiere excedente se destinará éste, sin nueva autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordare la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 8º-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda, se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Tomé, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso que no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 9º-La Municipalidad de Tomé depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del o de los empréstitos y hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Tomé deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que pro-duza la contratación del empréstito y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Alfredo Lorca Valencia.- Amoldo Kaempfe Bordalí.


3

INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA CONSULTA FORMULADA POR LA SALA DE LA CORPORACION, ACERCA DE LA INTERPRETACION Y ALCANCE DE LA DENOMINADA "ACTA MAGISTERIAL".

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informaros acerca de la Consulta formulada por la Sala, a indicación de los Honorables Senadores señores Ampuero y Teitel-boim, acerca de la interpretación y alcance de la denominada "Acta Magisterial", especialmente en lo relativo a los compromisos contraídos por el Ejecutivo, en cuanto dicen relación con los reajustes de remuneraciones del personal adscrito al citado Convenio o Acta.
A las sesiones en que vuestra Comisión estudió la consulta en informe asistieron, además de sus miembros, el señor Ministro de Educación Pública, don Máximo Pacheco Gómez; el señor Asesor Jurídico de dicho Ministerio, don Adolfo Azolas y los Dirigentes de la Federación de Educadores de Chile (FEDECH), señores Humberto Elgueta, Mario As-torga, Hugo Salazar y Francisco De la Fuente.
Improcedencia de la Consulta.
Al iniciarse la primera de las sesiones en,que vuestra Comisión consideró la Consulta en informe, el Honorable Senador señor Fuentealba hizo presente, como cuestión previa que la Comisión no tenía atribuciones para entrar a pronunciarse sobre ella. Fundó su opinión, en el hecho de consistir la Consulta en la interpretación de una Ley, lo que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a nuestro ordenamiento jurídico, está entregado al Legislador cuando se trata de explicar o interpretar la Ley de un modo generalmente obligatorio o a los Tribunales de <http://Tribunales.de>Justicia respecto de las causas que actualmente estuvieren conociendo.
Tal ha sido la jurisprudencia sentada por el Honorable Senado al aprobar informes sobre la materia, emanados de esta misma Comisión, entre los que Su Señoría citó al de 30 de noviembre de 1948, publicado en la página 513 del "Manual del Senado".
El Honorable Senador señor Chadwick expresó, sobre este particular, que, en la Sala, había solicitado se ampliara la Consulta formulada por los Honorables Senadores señores Ampuero y Teitelboim al aspecto relativo a la constitucionalidad del artículo 45 del proyecto de reajustes, hecho que, a juicio de Su Señoría, no da pábulo a la menor duda acerca de la competencia de la Comisión para informar al Senado.
Resolviendo la cuestión previa planteada, vuestra Comisión, con los votos favorables de los señores Chadwick, Juliet y Teitelboim y los votos negativos de los señores Fuentealba y Jaramillo, estimó ser plena-
mente competente para conocer de la Consulta formulada y para informar a la Corporación.
Resuelta la cuestión previa planteada por el Honorable Senador señor Fuentealba, se precisó que se ponía en debate la constitucionalidad del artículo 45 del proyecto de ley sobre reajuste, que interpreta, a su vez, al artículo 27 de la Ley Nº 16.617, conjuntamente con todos los antecedentes que dieron origen a esta última disposición y que son conocidos como "Acta, Acuerdo o Convenio Magisterial".
Intervención de los representantes de la Federación de Educadores
de Chile.
El señor Humberto Elgueta, Presidente de la Federación de Educadores de Chile, expresó que las disposiciones de la Ley Nº 16.617, son un trasunto fiel del acuerdo a que se llegó entre el Gobierno y el Magisterio, con el objeto de establecer, en el transcurso de tres años, niveles de renta adecuados y compatibles con la función docente.
Hizo presente que el Profesorado había venido luchando desde el año 1956, época en que se congelaron los sueldos y salarios, por lograr una situación por lo menos similar a la que con anterioridad a esa época tenía. En el año 1965, se hizo presente a S. E. el Presidente de la República la precaria situación económica porque atraviesa el Magisterio nacional. Como respuesta a los planteamientos del Profesorado, el Gobierno designó una Comisión Tripartita. Esta Comisión tuvo por objeto realizar un estudio cabal de la situación de los Profesores y proponer una reestructuración general de su sistema de remuneraciones.
Luego de múltiples gestiones, continuó el señor Elgueta, la Comisión logró constituirse, trabajar y evacuar un informe que se elevó a la consideración de S. E. el Presidente de la República. Este informe contenía algunos lineamientos generales acerca de nuevos niveles de renta del Profesorado y del personal del Ministerio de Educación Pública y fue aceptado a fines de 1965. Sin embargo, y durante largo tiempo, todo este arduo trabajo no se concretó en Ley.
Con posterioridad, en el mes de noviembre de 1966, el Gobierno propuso al Magisterio el llamado "Acuerdo o Acta Magisterial", en cuyo punto primero expresa "El Gobierno acuerda fijar un régimen de remuneraciones para el personal docente, Directivo Docente y Directivo, Profesional y Técnico del Ministerio de Educación cuyo costo adicional al de las rentas vigentes al momento de su aplicación integral correspondería a alrededor de 280 millones de escudos expresados en moneda de 1966".
En seguida, cuando el Acuerdo Magisterial se refiere al conjunto de niveles de rentas que corresponderían al Magisterio durante el lapso de vigencia del acuerdo, expresa textualmente "Estas rentas bases se entenderán reajustadas cada año, para los efectos del cumplimiento de este acuerdo, de conformidad al porcentaje de reajuste general que se otorgue al resto de la Administración Pública en el año correspondiente.".
En la carta contestación de la Federación de Educadores, de fecha 13 de septiembre de 1966, se plantearon algunas objeciones al Convenio, tanto respecto de los plazos en que éste habría de cumplirse como al monto de las rentas y al sistema de reajuste de las mismas. En relación a esto último, FEDECH manifestó "En último término planteamos la necesidad de establecer de común acuerdo un sistema de reajuste de las rentas bases propuestas que garantice íntegramente el mantenimiento de sü valor adquisitivo.". En otras palabras, no se aceptó la idea del Gobierno de que el reajuste de las rentas del Magisterio se hiciera sobre la base del reajuste general que se otorga anualmente a la Administración Pública. Al respecto el Magisterio no llegó a un acuerdo con el Gobierno sino solamente después de un movimiento de resistencia, al cabo del cual se- logró suscribir un Acta, entre otros por don Patricio Aylwin en representación del Partido de Gobierno, que fue posteriormente aceptada por el Ejecutivo.
Esta Acta, en su punto 5º, expresó que "El Acuerdo Magisterial se materializará a través de un proyecto de Ley, cuyo estudio y redacción se iniciará de inmediato, con participación de representantes del Gobierno y del gremio organizado y que determinará las etapas a cumplirse en cada ejercicio presupuestario.". Demuestra lo anterior, a juicio del señor El-gueta, en forma irredargüible, que antes de convertirse en Ley el sistema existió un Convenio entre el Gobierno y el gremio. Una especie de contrato especial, en el que se determinaba el monto de las rentas, sus niveles y las formas de reajustarlas, etc. En la redacción de los artículos de la Ley, el gremio trabajó de consuno con el Gobierno, reconociendo el señor Elgueta a este respecto, que no hubo un completo acuerdo en algunas de las disposiciones y que fue el Congreso Nacional el que, en definitiva, determinó los alcances de cada uno de los artículos.
En la actualidad, y hasta antes de aprobarse en la Honorable Cámara de Diputados el actual proyecto de reajustes, los Profesores tenían ya en su patrimonio los derechos que emanan de una Ley anterior, la 16.617, que estableció los niveles de rentas que deberían ganar los Profesores en los años 1968, 1969 y 1970.
Como al momento de dictarse los artículos 25 y 26 de la Ley Nº 16.617 se desconocía el real alcance de la desvalorización monetaria futura, se estableció, además, un mecanismo de reajuste de dichos niveles de rentas para los años 1968, 1969 y 1970. Este procedimiento fue establecido luego de una larga y difícil discusión. En definitiva se llegó a la solución que el Congreso Nacional sancionó en la Ley: primero, velar por que no sufrieran disminución en su valor adquisitivo los niveles de rentas para los años 1968, 1969 y 1970 y, segundo, que la situación del Magisterio, en relación con otros sectores de la Administración pública, no fuera menoscabada, es decir, que mantuviera un standard relativo con dichos sectores.
Estos fueron los orígenes del actual artículo 27 de la Ley Nº 16.617 que textualmente expresa: "Los valores asignados a las horas de clases y grados señalados en los artículos anteriores, tendrán cada año el porcen-
taje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del personal del Sector público, a partir del 1? de enero de 1968.".
De la norma legal transcrita fluyen dos conceptos fundamentales: En primer lugar, el promedio de reajuste. Para que exista un promedio se necesitan varios valores determinados previamente para que, entre ellos se efectúe posteriormente la operación matemática que corresponda. No podría, por tanto, una Ley fijarlo entregando de antemano la cantidad que se estima como tal. Por el contrario, para que puedan promediarse cantidades debe necesariamente fijárselas de antemano. A juicio del Magisterio, la determinación del promedio no requiere de Ley, sino, una vez dictada la Ley de reajuste y considerando ios diversos porcentajes de reajuste que ella contempla, puede llegar a establecerse el que corresponde al Profesorado.
La segunda cuestión que plantea el artículo 27 transcrito, consiste en que el reajuste del Magisterio sería equivalente al promedio de rea,-juste de las remuneraciones del personal del sector público. Se prefirió referir el reajuste al de las remuneraciones de los demás servidores, en atención a que el Magisterio ha podido observar que, en los últimos tiempos, los Gobiernos han ideado diversos sistemas de reajuste como, por ejemplo, el otorgamiento de bonificaciones no imponibles o, como en la actualidad, pagando parte de los reajustes en Bonos o valores.
Además de lo anterior, el sistema establecido en el artículo 27 significa la mantención del poder adquisitivo de los niveles de rentas alcanzados al dictarse las normas respectivas, esto es, que al reajustarse las normas del Magisterio para 1968, se están reajustando, de hecho las de 1969 y las de 1970, y así sucesivamente, dado que se trata de un sistema acumulativo de reajustes.
Todo este régimen especial, expresó el señor Elgueta, está dentro del patrimonio personal de todo Profesor que presta servicios a la Educación fiscal al momento de concretarse en Ley el Acuerdo Magisterial y que, en virtud de las normas de la adhesión, tendrán los restantes Profesores incorporados posteriormente al servicio docente.
En definitiva lo justo hubiese sido -dado que la Ley debe bastarse a sí misma -que, una vez dictada la actual Ley de reajuste, se calculara derechamente el promedio de las remuneraciones del sector público, lo que es un problema matemático y no jurídico. Incluso no habría necesidad de establecer un financiamiento especial, dado que la Ley Nº 16.617, ya lo contemplaba, cumpliéndose así la letra y el espíritu del Acuerdo Magisterial.
Sin embargo, el Gobierno decidió preestablecer en la propia Ley el promedio de reajuste que se concederá durante 1968. De este modo se fijó un promedio, sin que estén determinados los factores para calcularlo, violándose así en forma flagrante el Acta Magisterial y su consagración legal, lesionando patrimonialmente a los Profesores y arrebatándoles derechos adquiridos. De tal suerte continuó el señor Presidente de FEDECH, que hay inconstitucionalidad del proyecto de reajustes en actual tramitación en el Senado, incumplimiento de contrato por parte del Gobierno y falta de observancia de las disposiciones partinentes de la Ley Nº 16.617.
El señor Presidente de la Unión de Profesores de Chile, don Mario Astorga, expresó que la proposición de entregar al Profesorado niveles de rentas expresados en moneda de 1966, fue hecha por el Presidente de la República como contraproposición a la formulada por el Magisterio, adquiriéndose en esa oportunidad el compromiso a que se ha aludido. El Magisterio proponía, en aquel entonces, que se pagara al Profesor primario, Grado 15º, un sueldo mensual de Eº 650, lo que no se obtuvo de inmediato atendida la situación por la que atravesaba la Caja Fiscal. Sin embargo, si se estudian los niveles de rentas establecidos en el Acuerda Magisterial, se puede comprobar que el Profesor primario, Grado 15º, estará ganando en el año 1970, sin perjuicio de los reajustes, la suma de Eº 652 mensuales.
Continuó el señor Astorga, manifestando que el propio Gobierno, a través de un folleto que ha hecho circular profusamente la Subsecretaría de Educación, reconoce que el Acuerdo Magisterial ha tocado el fondo mismo del problema de las rentas del Magisterio. Esto es, no se ha buscado el mero mejoramiento de los factores adicionales, sino el de los sueldos bases mismos, mediante un proceso cuya duración fue fijada en tres años. Sin embargo, ahora, con el objeto de hacer aparecer al Magisterio obteniendo reajustes elevados, se han considerado en los cálculos del Gobierno, todos los factores adicionales, como antigüedad, título, etc., situación que no se compadece con el criterio y sentido del Acta Magisterial y demás documentos emanados del Gobierno.
Por otra parte, este mismo folleto de la Subsecretaría de Educación reconoce que el mejoramiento del Magisterio, se cumplirá por "dos cuerdas", una, los reajustes generales de la Administración Pública y la otra, la nivelación propiamente tal expresada en moneda de 1966.
El Acuerdo Magisterial implica un reajuste anual de aproximadamente un 10% de la renta del Profesor, el que sumado al 12,5% que se pretende entregar como reajuste general de la Administración Pública, daría al Magisterio una suma equivalente al alza experimentada por el costo de la vida durante 1967, lo que, en el hecho, implica hacer desaparecer el Acuerdo Magisterial por el año 1968. Hizo presente que, cuando se discutió con el Gobierno el sistema de reajuste aplicable a las rentas del Profesorado, el Magisterio luchó por un reajuste anual equivalente al alza del costo de la vida, sin perjuicio de los mejoramientos derivados de la nivelación acordada; pero que, a sugerencia del señor Subsecretario, se consideró más favorable establecer el promedio del que se concediera a la Administración Pública, porque se les manifestó que, en algunos casos, por el mecanismo de reajustes especiales, a determinados servicios públicos, el promedio resultaba superior al alza del costo de la vida.
Expresó, por último, que los artículos de la Ley Nº 16.617, relativos al Magisterio, son de una claridad absoluta, especialmente el artículo 27 que fija la reajustabilidad de los sueldos para los diferentes años de vigencia del Acuerdo Magisterial, y cuya redacción contempló, expresamente, el vocablo, "remuneraciones", entendiendo por tal la acepción empleada por el Estatuto Administrativo. En consecuencia, le corresponde a la Federación de Educadores defender la conquista que para el Magisterio
significa los valores contemplados por la Ley y su mecanismo de reajus-tabilidad. De ahí que se afirme que el artículo 45 del proyecto de reajuste es inconstitucional al lesionar los derechos adquiridos del Profesorado, ya incorporados a su patrimonio, y amparados por la garantía constitucional del derecho de propiedad.
El señor Hugo Salazar, Dirigente de la Federación de Educadores de Chile, manifestó que, el Convenio suscrito con el Gobierno en 1966, implica un reconocimiento expreso del desnivel de rentas que afligía al Magisterio nacional que, estimativamente, y en sumas globales, se ponderó en 280 millones de escudos. Esta cantidad, que debidamente financiada se destinó al cumplimiento de! Acta Magisterial, quedó, desde el momento en que se promulgó la Ley Nº 16.617, incorporada al patrimonio del Profesorado.
Se ha sostenido, agregó, que el mejoramiento obtenido por el Magisterio tendría el carácter de un reajuste, a pesar de que no es sino una nivelación de rentas de un servicio postergado. Por ello es preciso no confundir el cumplimiento parcial que del Convenio se ha hecho por el Gobierno, al poner a disposición del Magisterio las sumas necesarias para el primer tramo, con el reajuste de remuneraciones que, como a todo Servicio de la Administración, le corresponde al Magisterio.
Recordó que los orígenes del sistema de nivelación pactado -a cumplirse en tres años- no tiene otra razón que el gesto complaciente de FEDECH para con el Ejecutivo, al reconocerle a este último que podía satisfacer los mejoramientos para el Magisterio, gradualmente, atendido el hecho de carecer el Gobierno, en ese instante, de la suma que se acordaba entregar al Magisterio para nivelar sus rentas. De ahí que, aceptada la fórmula por el Gobierno, en cuanto a la suma global a entregarse al profesorado, se hizo fe en la palabra del Presidente de la República, del Presidente del Partido Democratacristiano, del Ministro de Educación y del Ministro de Hacienda, en lo relativo a que, en un plazo de tres años, se integraría la totalidad de los fondos necesarios para la nivelación. Por lo anterior, el hecho de haberse diferido o postergado el pago inmediato de la suma global considerada, no implica, en modo alguno, que el derecho mismo a recibirla no hubiese quedado incorporado de pleno derecho al patrimonio de todos y cada uno de los Profesores. De tal modo, el integro anual de las sumas necesarias para cubrir los niveles de rentas pactadas no es, de ninguna manera, un reajuste, sino, simplemente, el pago de una deuda que, por concepto diferente al de reajuste, ha sido contraída por el Gobierno.
De todo lo anterior se desprende, prosiguió el señor Salazar, que si en la actualidad se pretende entregar al Magisterio un reajuste del 12,5%, sólo ese porcentaje sería en realidad reajuste; no podría sumarse a él, en forma alguna, el 10% aproximado que corresponde a nivelación de rentas. De prosperar el proyecto de reajuste en actual tramitación, el Profesorado tendría un reajuste de sólo un 12,5% y, en ningún caso, de 22,5%, como sostiene el Gobierno, dado que, el 10% de ventajas obtenidas para 1968 a través del Acta Magisterial no es reajuste sino, como se dijo, una nivelación de rentas.
De haber contado el Ejecutivo con los 280 millones de escudos, a la fecha de celebrarse el Convenio y da haber cumplido, de una sola vez, lo previsto en el Acta Magisterial, el reajuste para 1968 debería calcularse, sin lugar a dudas, sobre las rentas vigentes del Magisterio, esto es, sumados a ellas los 280 millones de escudos de que se ha hablado. En consecuencia, el Gobierno, en la actualidad, está entregando al Magisterio un reajuste- para 1968, igual a un 12,5%.
Del hecho señalado, se desprendería la cuestión de la determinación real del reajuste general que el Gobierno entrega a la Administración Pública. Consultados personeros del Partido Demócrata Cristiano y del Gobierno sobre el particular, todos han coincidido que- el reajuste general para la Administración Pública es de un 20%, cifra cercana al alza del costo de la vida, y que se pagaría por dos conductos: un 12,5% en dinero efectivo y un porcentaje adicional en Bonos CORVI.
El problema fundamental que plantea esta situación es determinar si el porcentaje que se acuerde entregar en Bonos es o no reajuste. Si se sostiene que los Bonos CORVI no son reajuste, la Administración Pública estaría recibiendo un reajuste de sólo un 12,5% hecho que el Gobierno niega.
Aceptando, por el contrario, que la parte pagadera en Bonos es reajuste, el aumento de las rentas de la Administración Pública sería casi equivalente al alza del costo de la vida. En este caso, la diferencia entre el reajuste general para el sector público y lo que sostiene la Federación de Educadores que es reajuste promedio, sería mucho menor. De tal suerte, aplicando el criterio del Gobierno, correspondería al Magisterio, por el presente año, un reajuste equivalente al alza del costo de la vida; de llegar a prevalecer el criterio de la Federación de Educadores de Chile, el reajuste para el Profesorado debería ser de un 24,52%, según lo. manifestara el propio Presidente de la República en el Mensaje del proyecto de ley de reajuste, cuando se refería al promedio que recibirían los servidores públicos.
Hizo presente que el porcentaje anterior ha sido determinado sin considerar los arreglos especiales con algunos grupos de servidores que, promediados con el reajuste general, le permitirían a la Federación de Educadores solicitar un porcentaje aún muy superior. Sin embargo, el Magisterio propicia y lucha, de acuerdo con el criterio del Mensaje, por un reajuste promedio equivalente al 24,52%.
De todo lo anterior se desprende que, en ningún caso, se podría aplicar al Magisterio Nacional un reajuste inferior al alza del costo de la vida experimentada durante 1967, al aceptarse el criterio del Gobierno y, de un 24,52%. si triunfara el criterio de la Federación de Educadores. Bajo ningún punto de vista, en consecuencia, puede sostenerse que al Profesorado le corresponde un 12,5%, pues, de así estimarse, se estaría reconociendo que el 7,5% pagadero en Bonos CORVI, no es reajuste ni tiene ningún valor.
A juicio del señor Salazar, lo que normalmente se denomina reajuste no debería tener dicho nombre, ya que por su naturaleza y finalidades, no es sino una compensación por la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios durante el año calendario anterior.
Hizo presente, además, que la lucha de la Federación de Educadores sólo tiene por objeto obtener el cumplimiento de un acuerdo aceptado por el Gobierno y sancionado por una Ley, ya que el Gobierno lo interpreta de una manera tal que significa desnivelar al Magisterio Nacional en casi un 50% en relación a las rentas de que gozaba al 1° de enero de 1967, sin perjuicio de los efectos de una inflación siempre creciente, sobre sus remuneraciones.
Aceptando hipotéticamente que el criterio de interpretación jurídica sustentado por la Federación de Educadores no fuere del todo correcto, humanamente les asiste la razón, si se tiene presente la dura y fundamental misión que cumple el maestro y si se piensa en la tranquilidad económica que se requiere para ejercerla.
Por último, manifestó que, si bien el denominado Convenio Magisterial no es el anhelado reconocimiento de justicia que la función docente merece, es, en el hecho, quizás, el mejor Convenio que haya logrado suscribir el Magisterio con el Gobierno. Y precisamente, por ser de justicia lo que dicha Acta contiene, es que la Federación de Educadores de Chile luchará por su integral cumplimiento.
Intervención del señor Ministro de Educación Pública.
El señor Máximo Pacheco, Ministro de Educación, se refirió, primeramente, a los orígenes del establecimiento del denominado "Acuerdo Magisterial", e hizo presente que debió informarse de los antecedentes de la cuestión a través de los personeros del Ejecutivo que participaron en su elaboración ya que él, por esa época, no era Ministro ni se encontraba en el país.
El Presidente de la República, en una entrevista solicitada por la FEDECH, celebrada en noviembre de 1965, ofreció a este gremio la constitución de una Comisión Especial de alto nivel, destinada a elaborar un anteproyecto que, junto con contemplar el mejoramiento de las remuneraciones del Magisterio, incluyera una racionalización del sistema de rentas del personal dependiente del Ministerio de Educación Pública. El 21 de abril de 1966, siendo Ministro de Educación don Juan Gómez Millas, se constituyó oficialmente una Comisión tripartita, con representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda y con personeros de las organizaciones gremiales del Magisterio. La reunión constitutiva estuvo presidida por don Juan Gómez Millas, y contó con la presencia del entonces Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, de los Asesores de Hacienda, señores Ricardo Sáenz y José Valenzuela, del Subsecretario de Educación, don Patricio Rojas, los Asesores de Educación, señores Carlos Zúñiga y Enrique Fiori y el Presidente de la FEDECH, señor Humberto Elgueta y algunos otros dirigentes gremiales.
En la sesión de esta Comisión de fecha de 5 de julio de 1966, presidida por el representante del Ministerio de Educación don Carlos Zúñiga y en que actuó como Vicepresidente el representante de FEDECH, don Humberto Elgueta, se evacuó el informe de la Comisión y fue elevado a consideración del Ejecutivo. Contenía este informe una nueva estructura económica para las diversas Plantas del Ministerio, señalando escalas
jerárquicas que partían del vital docente, equivalente a dos sueldos vitales del Departamento de Santiago, como sueldo base, adicionado con porcentajes de aumento por años de servicio, estudios, perfeccionamiento, etc. Este informe, atendido su excesivo costo de realización, fue desestimado por el Gobierno, lo que desencadenó como consecuencia una huelga del Magisterio. Este conflicto gremial se solucionó mediante el llamado Acuerdo Magisterial, complementado por una gestión realizada por el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, don Patricio Aylwin, y la Dirección de la Federación de Educadores. Esta gestión se cristalizó en un Acta suscrita por el Senador Aylwin y la Mesa Directiva de la Federación con fecha 27 de octubre de 1966 y que puso término al conflicto gremial.
El Presidente de la República, en documento oficial entregado a la FEDECH en 1966, estableció las bases sobre las cuales se estructuraría el nuevo status económico del Profesorado. Consideró, en primer término, el Gobierno, como un elemento determinante de la voluntad del Ejecutivo para la solución del problema económico del Magisterio, las disponibilidades efectivas del erario nacional para el año 1967 y el cálculo máximo de estas disponibilidades para los años 1968, 1969 y 1970. En las cláusulas 1ª y 5ª del Acuerdo, se expresa que el monto total destinado al efecto, sería del orden de los 280 millones de escudos, aporte que para el año 1967 ascendería a Eº 40 millones.
Manifestó que para determinar un sentido real del artículo 27 de la Ley Nº 16.617, es fundamental tener presente las limitaciones emanadas de la clara voluntad del Ejecutivo en orden a destinar para la realización de este acuerdo, la suma de 280 millones de escudos en moneda de 1966.
En el número 7ª de la declaración del Ejecutivo, se enfatiza la idea de someter al Acuerdo Magisterial al marco rígido de un determinado financiamiento, señalando las normas destinadas a lograr la factibilidad de su cumplimiento mediante la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo Educacional.
La intervención del Presidente del Partido Demócrata Cristiano, como mediador del conflicto, sólo alteró la declaración del Ejecutivo al reducir de cinco a tres años el período en el cual se alcanzaría la plenitud del cumplimiento del Acta Magisterial, al acordar un aporte extraordinario de 40 millones de escudos en 1967 y la materialización del Acuerdo en un proyecto de Ley redactado con la participación del Gobierno y del gremio organizado.
Luego de numerosas reuniones con representantes gremiales del Profesorado, quedó redactado el cuerpo de indicaciones que traducirían en texto de Ley, las bases del Acta Magisterial. Con la sola exclusión del artículo que se refería a la reajustabilidad anual de las remuneraciones, existió un completo acuerdo entre el Gobierno y la FEDECH. En relación a la cláusula que establecía la reajustabilidad anual, surgieron profundas divergencias en el seno de la Comisión redactora y que se derivaban de la poca claridad que en esta materia existía en ambas partes.
Luego de rechazarse varias fórmulas, subsistieron básicamente dos planteamientos: el de la FEDECH, en orden a aplicar el reajuste prome-
dio que obtuviera la Administración pública y el criterio del Ministeri» de Hacienda, reproducido en el actual artículo 27, en orden a aplicar a las rentas del Profesorado el promedio de reajuste que obtuvieran los personales del sector público, en el entendido que luego de una reorganización de las remuneraciones de este sector se lograría un bajo reajuste para varios de los Servicios descentralizados que tenían una evidente superioridad de remuneraciones en relación a la Administración en general.
En consecuencia, el actual artículo 27 de la Ley Nº 16.617, es textualmente el mismo incluido por el Ejecutivo en el Mensaje preparado por el Ministerio de Hacienda. En este conflicto de apreciación entre el Ejecutivo y la FEDECH, primó el criterio del Ejecutivo y el contenido del artículo que en definitiva se aprobó y que figura con el número 27 de la Ley, es igual al propuesto por el Ministerio de Hacienda, quedando, en consecuencia, descartada la tesis de la FEDECH.
Con anterioridad la FEDECH había sostenido que la cláusula de reajustabilidad debía establecerse en relación al alza del costo de la vida, la que también fue rechazada, quedando subsistente, solamente, las dos alternativas antes indicadas, con los resultados ya señalados.
Agregó, el señor Ministro, que el artículo 27 de la Ley Nº 16.617 establece, que los valores asignados a las horas de clase y grados señalados en los artículos anteriores tendrán, cada año, un aumento igual al porcentaje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del sector público, a partir del 1º de enero de 1968. Sobre este particular se suscitó un largo debate en las Comisiones del Senado, se hicieron publicaciones, se dirigió una carta al Magisterio por parte de la Subsecretaría de Educación, estableciéndose siempre que el reajuste que experimentarían las remuneraciones de este sector sería equivalente al reajuste general del sector público, sin tomar en consideración los arreglos especiales. Esta situación se debió a dos razones: en primer lugar, porque el criterio del Ejecutivo estuvo centrado en relación a las disponibilidades económicas del erario nacional; en segundo lugar, porque no era posible tomar en consideración los reajustes especiales, ya que este sistema habría implicado amarrar al Ejecutivo a no poder dar reajustes especiales a ningún Servicio postergado por la incidencia que él tendría en las remuneraciones del Magisterio. Es decir, el Magisterio se habría beneficiado con todo reajuste especial, incluyendo el suyo propio. La suma que debería desembolsar el Gobierno, de aceptar este criterio, jamás fue consultada ni tendría financiamiento.
Tal es la génesis y los orígenes del llamado Convenio Magisterial y del artículo 27 de la Ley Nº 16.617, que establece el mecanismo de la reajustabilidad de las rentas.
A continuación, el señor Ministro expresó que el problema jurídico que debe resolver la Comisión es si el artículo 45 del proyecto de ley de reajuste, es o no constitucional.
Al respecto, opinó que deben cumplirse dos premisas para, que dicha norma pudiese ser declarada inconstitucional; en primer lugar, que exista un derecho adquirido e incorporado al patrimonio, y segundo, que se pretenda vulnerar ese 'derecho. Esto es, que el artículo 45 implicara que
se produce un despojo patrimonial que afecta a la garantía constitucional establecida en el artículo 10, Nº 10 de la Constitución Política del Estado. Desde luego, para que esta consecuencia pudiese llegar a producirse, el artículo 27 de la Ley Nº 16.617, debería haber significado el establecimiento de un derecho adquirido, incorporado al patrimonio del Magisterio.
Hace presente que las relaciones de los empleados públicos con la Ad
ministración no se rigen o no tienen una base contractual, sino estatu
taria. No se aplican, por tanto, las normas del Derecho Civil, sino que
es la Administración la que soberanamente determina las condiciones en
que se encuentra el empleado. Ahora bien, el artículo 27 de la Ley Nº
16.617, establece la obligación legal de efectuar un reajuste y que ese
porcentaje debe alcanzar al promedio del que se otorgue al personal del
sector público. No se establece una tasa determinada, sino que se esta
blece un procedimiento: 1) que habrá reajuste y 2) de qué orden será
este reajuste; pero no su monto numérico. El conflicto es que el Ejecu
tivo ha determinado ese reajuste en la forma que lo ha hecho el Minis
terio de Hacienda y la FEDECH estima que ese reajuste está mal
calculado.	
Cree, en consecuencia, que en este artículo 27, no habría un derecho adquirido. Expresó que los derechos estatutarios de los empleados públicos, incluso los esenciales, como son el derecho al cargo, a la función, al sueldo o a la previsión, constituyen, en el caso de los empleados, meras expactativas, jamás derecho adquirido. Existen, al respecto, numerosos precedentes de leyes que inclusive han rebajado las remuneraciones de los funcionarios.
A continuación, expresó que en materia de jurisprudencia de la Corte Suprema, se ha establecido, en forma unánime, que se entiende por derechos adquiridos a aquéllos que son consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de la Ley vigente al tiempo de que el hecho se ha realizado y que ha entrado, inmediatamente, a formar parte del patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlos valer se presente en la época ulterior en que otra Ley esté vigente. En la especie, no cabe ninguna duda, que las remuneraciones de 1968 no han entrado a formar parte del patrimonio del Magisterio. En consecuencia, de acuerdo a esta jurisprudencia, no puede haber un derecho adquirido a esas remuneraciones.
Uno de los más connotados tratadistas de Derecho Administrativo, Gastón Jeze, en su obra "Principios Generales de Derecho Administrativo", se refiere expresamente al punto. Los derechos de los empleados públicos, según el autor citado, serían status legales reglamentarios que el Legislador puede modificar para lo futuro, aumentando o reduciendo beneficios, ventajas, etc., o suprimirlos completamente. Los agentes públicos regidos por este status no podrían reclamar más que los beneficios reducidos o no podrán reclamar nada. Los beneficios serán los previstos por la Ley en vigor. Por otra parte, don Enrique Silva C, en su obra "Derecho Administrativo chileno y comparado", Tomo I, página 100, dice que el funcionario no está ligado al Estado por un contrato, en que ambos actúan de igual a igual, sino por una relación de Derecho Público
en que hay una sola voluntad determinante: la de éste. El Consejo de Defensa del Estado, por su parte, acepta la teoría que sustenta y al respecto ha dicho "Los empleados cualquiera que sea la repartición del servicio público en que prestan sus servicios, están sometidos, en lo que se refiere a sus sueldos, a las disposiciones que el Legislador tenga por conveniente establecer. El empleado público no tiene sobre los emolumentos que habrá de recibir derecho alguno adquirido, sino siempre expectativas, fundadas en la permanencia de las disposiciones legales que lo han establecido.". Tan cierto es esto, prosigue Enrique Silva, que el Legislador, en más de una oportunidad ha aceptado este punto de vista: la Ley Nº 5.005, de 1931, rebajó los sueldos del personal de 3a Administración pública.
En síntesis, prosigue, en opinión del Profesor Enrique Silva, no existirían derechos adquiridos en Derecho Administrativo y mal puede hablarse de la retroactividad de las leyes administrativas.
De todo lo anterior se deduce que, en materia administrativa, no puede haber derechos adquiridos.
Luego se dice, para seguir con la segunda premisa, continuó el señor Ministro, que se pretende vulnerar ese derecho, a través de un despojo patrimonial. Es preciso, en consecuencia, determinar en qué medida el artículo 45 vulneraría o no un derecho adquirido y sería, por ende, inconstitucional.
El artículo 27 de la Ley Nº 16.617 establece un procedimiento de reajuste; una obligación política de hacer un reajuste y un procedimiento para efectuarlo. El Ejecutivo ha estimado que para los efectos del artículo 27 de la ley citada, el reajuste es de 12,5%. El artículo 45 del proyecto se limita solamente a declarar de qué manera se va a dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley Nº 16.617. El Ejecutivo cree estar calculándolo bien, mientras el Magisterio sostiene que ha sido errado dicho cálculo.
El Legislador es soberano para interpretar la Ley de un modo generalmente obligatorio, y, en consecuencia, el Legislador puede decir "No hay reajuste" o "El reajuste será del 12,5%", etc.
No se estaría despojando a nadie de un derecho de propiedad, única posibilidad de estimar que existiría una violación del artículo 10, Nº 10, que es el único límite a que se está sujeto si se procediera de la manera indicada. Una ley puede derogar, modificar o aclarar una Ley anterior, en este caso con limitación del derecho de iniciativa por tratarse de mayor público.
Afirmó, en resumen, que no existe problema de inconstitucionalidad porque frente a los funcionarios públicos no podría sostenerse que les asisten derechos adquiridos; en segundo lugar, que el compromiso político del artículo 27 es un compromiso de reajustabilidad, y, en tercer lugar, el Ejecutivo le está dando cumplimiento a ese compromiso político de reajustabilidad con un coeficiente de reajuste que según el Magisterio está mal calculado o es insuficiente y que no habría violación del artículo 10 Nº 10 de la Constitución Política del Estado.
Opiniones manifestadas por los Honorables señores Senadores miembros
de vuestra Comisión.
El señor Chadwick sostuvo la competencia de la Comisión para emitir el informe. Argumentó que le corresponde absolver la consulta que la Sala le ha formulado, precisamente, por ser Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, organismo técnico, especializado, llamado a informar a la Corporación, en las materias de su incumbencia, según resulta de su denominación y de la invariable aplicación del Reglamento.
Sus funciones obedecen a una necesidad innegable, puesto que no es concebible que, organizada la actividad de la Sala sobre la base del trabajo de las distintas Comisiones, debiera prescindirse del dictamen previo en lo que respecta a las normas que regulan esa actividad, fijan sus limitaciones o determinan el contenido de las facultades que se ejercitan. Lo anterior es particularmente imperioso en las actuales circunstancias, caracterizadas por el dinamismo de las contradicciones sociales que conduce a una incesante creación del Derecho, por el Poder Legislativo, que, para evitar el caos, ha de procurar su sistematización, en forma que mantenga la unidad conceptual del ordenamiento jurídico.
La tendencia a lo asistemático que se advierte en el mundo contemporáneo, es manifestación de la agonía o descomposición del régimen que se informa en principios que van siendo desplazados por los que emergen de las nuevas relaciones sociales dominantes en la etapa de transición en que vivimos. Esa tendencia, por lo tanto, no tiene un valor en sí, aunque lo alcanza, indudablemente, cuando irrumpe un proceso revolucionario que busca su cauce definitivo en la capacidad creadora del movimiento espontáneo de las grandes masas sociales.
Manifiesta que ha hecho estas reflexiones, por haber visto invocado el principio de los derechos adquiridos, conquista del mundo liberal del siglo pasado, pero que referido a relaciones jurídicas como las que son materias de la consulta no es posible dejar de lado.
No es valedero sostener, a su juicio, que en los regímenes socialistas no se atienda a esta categoría de valores jurídicos y se haga prevalecer la necesidad de la comunidad. Sin entrar en grandes disquisiciones, desea observar que, en el mundo socialista, nadie puede pretender acogerse a leyes como la de Efecto Retroactivo de las Leyes, pero, lo que aparece como realmente asistemático, en nuestro ordenamiento jurídico, es que se acuerde una protección de este tipo a los derechos adquiridos dé ciertos sectores, que se identifican con los más poderosos, y que se niegue tal protección cuando ella pueda invocarse por los trabajadores del Estado, específicamente, cuando reclama esta protección el Magisterio.
No es por lo tanto, prosigue, una inclinación morbosa de hacer prevalecer lo jurídico en la actividad parlamentaria lo que lo guía; por el contrario, afirma, en la etapa actual en que vivimos, ha de serse especialmente cuidadoso en dar a los que no poseen sino su capacidad de trabajo, a los que viven en las peores condiciones, la protección a lo menos de los menguados derechos que hayan adquirido.
Considera que, la cuestión se plantea, primero, en la interpretación
del artículo 45 del proyecto, para lo cual se debe suponer, por un momento, vigente la disposición, a través de un juicio de anticipación, juzgando su alcance y su verdadera naturaleza. En este sentido se tiene que interpretarla.
Es indiscutible que la interpretación no es una función que está reservada solamente a los Tribunales o al Legislador; es una función que equivale a fijar la inteligencia de una disposición, o sea, su sentido o alcance. Está reservado al Tribunal darle el carácter obligatorio respecto del caso particular de que se trate; al Legislador darle carácter obligatorio en general; a todos es indispensable, para poder entenderla, y al Legislador, en especial, para poder derogarla o modificarla y, cuando se trata de una disposición de un proyecto, para aprobarla o rechazarla o enmendarla o juzgar sobre su constitucionalidad.
De ahí que no es argumentó el decir que, en este caso se está interpretando una disposición de un mero proyecto en que se estudia la posibilidad de dictar una norma o se hace su interpretación. Hay, en consecuencia, un error de concepto, cuando se restringe la acepción de "interpretar", solamente, a hacerlo de un modo generalmente obligatorio.
El propio artículo 45 del proyecto, en informe, está redactado con la intención de dar una interpretación al artículo 27 de la Ley Nº 16.617.
Con esta finalidad, se expresa que "se entiende" que, con lo dispuesto en el inciso primero del artículo lº del mismo proyecto, se cumple el precepto de la ley citada.
La proposición da por sentado que la parte mínima del reajuste contemplado para las remuneraciones del Sector Público, que aquel inciso primero regula en un 12,5%, es el "promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del personal del Sector Público, a partir del 1° de enero de 1968", consagrado en el artículo 27 de la Ley Nº 16.617.
Es incuestionable, en consecuencia, que el artículo 45 del proyecto interpreta el recién citado artículo 27, puesto que está destinado a fijar el alcance de este último y lo declara cumplido, mediante un precepto que ordena "entenderlo" así.
La facultad de interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio corresponde al Legislador, según se ha recordado, y no reconoce otro límite, en materias no penales, que el que resulta de las garantías individuales que la Constitución Política del Estado asegura a todos los habitantes de la Nación.
En la especie, por consiguiente, es menester determinar la naturaleza del precepto del artículo 27 que se trata de interpretar, es decir, resolver si por esa disposición se concedió, o no, un derecho al Magisterio amparado por la Constitución Política del Estado, con la garantía que se reconoce a favor de los derechos adquiridos asimilados a la propiedad o dominio.
Es útil recordar que en nuestro sistema jurídico, está expresamente establecido que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, según lo preceptúa el artículo 583 del Código Civil; que son cosas incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, en conformidad a.l artículo 565 del citado Código, y que los créditos o derechos personales son los que sólo se pueden reclamar de ciertas per-
sonas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de ley, han contraído las obligaciones correlativas, con arreglo a la definición del artículo 578.
La aplicación de estos principios conduce a que la garantía constitucional de la propiedad comprenda al derecho personal o crédito, correlativo a la respectiva obligación, en términos que resulte asegurado "el derecho de propiedad en sus diversas especies" y en forma que nadie pueda ser privado de su propiedad sobre el derecho personal o crédito sino en virtud de la ley general o especial que autorice su expropiación.
En el caso en informe, es necesario, por consecuencia, resolver si el Estado, por hecho suyo o la sola disposición de ley, ha contraído una obligación a favor de los profesores que están a su servicio, que haya hecho nacer el correlativo derecho personal.
Cabe observar, desde luego que, por antecedentes excepcionales, que la Comisión ha tenido en consideración y sobre los cuales hay consenso, las remuneraciones o emolumentos de estos servidores del Estado se rigen por un Convenio Magisterial incorporado a la Ley Nº 16.617, que vino a darle plena y cabal validez.
Esos antecedentes son: los Profesores expresaron su voluntad colectiva de romper, transitoriamente, sus vínculos con el Estado al cual prestan servicios, mediante una huelga, que terminó por un compromiso político asumido por el Partido de Gobierno, en virtud del cual se estableció una Comisión Tripartita que debía elaborar un proyecto de ley que viniera a dar fuerza obligatoria al acuerdo de las partes convenido en esa Comisión, de modo que el aumento de remuneraciones cuyo costo debía ser de 280 millones de escudos en moneda de 1966, se alcanzara en cuotas anuales sucesivas, hasta enterarse en 1970. El acuerdo, denominado Convenio Magisterial, recayó, fundamentalmente, en dos estipulaciones: por una, se fijó la norma de calcular las cuotas anuales de aumento real de las remuneraciones, de modo que alcanzara, en el plazo previsto, la expresada cantidad de 280 millones de escudos en moneda de 1966 y, por la otra, se estableció una forma especial o autónoma de determinar el reajuste necesario a fin de que la referencia a la moneda del año 1966, tuviera una equivalencia equitativa y factible de cumplirse por el Estado, durante todo el período en que debía regir la obligación de aumentar en términos reales las rentas del Magisterio.
Ya se ha dicho que el "Convenio Magisterial" quedó incorporado a las disposiciones de la Ley Nº 16.617, y esto lo demuestran los antecedentes que vuestra Comisión ha tenido a la vista, el tenor de esas disposiciones legales y lo expresado por Su Excelencia el Presidente de la República en su tercer Mensaje al Congreso Nacional, sobre la marcha política, económica y administrativa de la Nación.
En términos por demás inequívocos, el Mensaje confirma que las disposiciones del Acuerdo Magisterial se incluyeron en la Ley Nº 16.617 (página 242) y que "esta condición de trabajo y remuneración se incrementará cada año hasta 1970, estableciendo la ley, además, un concepto de reajuste automático de las nuevas rentas de acuerdo al promedio de reajuste de las remuneraciones del sector público, disposición que permitirá proteger este mejoramiento de los efectos del proceso inflacionista." (Página 243).
La relación jurídica de los profesores, prosiguió Su Señoría, con el Estado a que sirven es, por consecuencia, "sui generis", y no cabe asimilarla al régimen estatutario, que hacen valer los autores que niegan a los funcionarios, en general, la posibilidad de invocar la protección que el régimen común concede a los derechos que nacen del contrato de prestación de servicios.
A iniciativa del Ejecutivo, en una ley especial que incorporó a sus disposiciones el Convenio Magisterial, el Estado se obligó patrimonial-mente, y nació el derecho correlativo al reajuste automático, mencionado por el Presidente de la República en su recordado Mensaje, que no puede ser desconocido por una ley posterior, sin infringir la antes aludida garantía constitucional.
El artículo 45 del proyecto en informe, por la vía de una interpretación, quebranta la específica obligación del Estado y priva al Magisterio de su derecho, puesto que, consistiendo aquélla y éste en un reajuste automático que deberá hacerse anualmente en el porcentaje promedio de reajuste que experimenten las remuneraciones del sector público, se ordena que el reajuste no sea el de ese promedio, sino uno inferior, que corresponde al reajuste mínimo.
Por consecuencia, el artículo 45 del proyecto es inconstitucional, sin que valga la objeción de que el reajuste de 1968 tendría el carácter de una mera expectativa, toda vez que, a contar del 1º de enero de 1968, está llamado a regir, por expresa disposición del artículo 27 de la Ley Nº 16.617, y sólo resta determinarlo en su cuantía, lo que no es óbice a la existencia real del derecho patrimonial de que se trata.
Para desechar la referida objeción, no es necesario ocuparse de otros razonamientos que conducirían a la misma conclusión.
En cambio, ha de examinarse una distinta que mira a la facultad del Honorable Senado de declarar inconstitucional una disposición incorporada a un proyecto despachado, en primer trámite, por la Honorable Cámara de Diputados.
La objeción no es atendible y debe aceptarse la tesis contraria, por las siguientes razones:
El Nº 4 del artículo 112 del Reglamento de la Corporación contempla expresamente entre las cuestiones que tienen cabida en las discusiones de los asuntos sometidos a la consideración del Senado, la de "inadmisibiliclad a discusión o votación del asunto en debate, por ser contrario a la Constitución Política del Estado", y este precepto no distingue respecto del trámite en que se encuentre el proyecto;
Las disposiciones de los artículos 48, 49 y 50 de nuestra Carta Fundamental, que se han invocado para sostener que el Nº 4 del artículo 112 del Reglamento del Honorable Senado no tiene aplicación cuando conoce de un asunto en segundo trámite, como Cámara revisora, no legitiman esa excepción, toda vez que el principio constitucional, consagrado en el artículo 4º, prohibe a toda magistratura atribuirse otra facultad o derecho que los que se le han conferido expresamente, y el Senado y cualquiera otra Magistratura no están autorizados para debatir proyectos contrarios a la Constitución, los que sólo pueden considerarse por la vía formal de una reforma de esa Ley Fundamental;
Es imposible apartarse de la inadmisibilidad de todo asunto en que se infrinja la Constitución Política del Estado, porque cada Senador está en ejercicio de su cargo bajo la fe de su juramento o promesa de guardar la Constitución Política del Estado, y
Finalmente, admitir a debate y votación un proyecto contrario a la Constitución es concurrir a la formación de una ley con ese vicio, aunque la votación sea de rechazo, porque se deja a la Cámara de origen en condiciones de hacer prevalecer su insistencia, y esto a pesar de que todo el proceso de formación de la ley sería nulo. No parece verosímil que, hubiese vacilación en el Senado para declarar inadmisible a discusión y votación., si llegara el caso, una disposición aprobada por la otra rama del Congreso que impusiere una pena a una persona por un delito determinado o designare Ministro del Interior. La admisibilidad da un asunto a debate y votación es consecuencia ineludible del principio de legalidad, según el cual todas las autoridades del Estado han de mantenerse dentro de la órbita de sus atribuciones, que tienen en común el límite de no contrariar la Constitución.
El señor Teitelboim manifestó que, a. su juicio, el contenido del Acuerdo Magisterial no implica un reajuste de las rentas del Magisterio sino una nivelación de las remuneraciones de un Servicio Postergado de la Administración Pública. Cuando se pactó con el Gobierno la entrega de 280 millones de escudos, destinados a dar cumplimiento al Acta Magisterial, se incorporó al patrimonio de todos y cada uno de los Profesores el derecho a esa suma de dinero. No pedría ser de otra manera, continuó, puesto que dicho pacto de pago gradual, no tuvo otro origen que el haberse comprendido, por parte del Magisterio, que el Gobierno, por dificultades de erario, no estaba en condiciones de cumplir en el acto con la entrega de la suma aceptada de común acuerdo por las partes.
Sin perjuicio de lo anterior, se estableció un reajuste de sus remuneraciones, compensatorio del valor de la moneda y de la pérdida del poder adquisitivo de ella, ya que todo lo anterior, como se dijo, no es sino una nivelación. En efecto, el artículo 27 de la Ley Nº 16.617, estableció que este reajuste sería, equivalente al reajuste promedio que se otorgara a los personales del sector público, a partir del 1º de enero de 1968.
A juicio de Su Señoría, el derecho al reajuste de las rentas del Magisterio se encuentra reconocido, no solamente por la disposición legal antes citada, sino, además, por ser éste un derecho de todos los trabajadores y por haber propuesto el Ejecutivo un proyecto de esta naturaleza.
El problema queda centrado, en consecuencia, prosiguió, en determinar el porcentaje de reajuste aplicable al Magisterio. Desde luego, al emplearse la expresión "promedio", se está excluyendo la posibilidad de que el reajuste para el Magisterio pudiese llegar a ser el mínimo que se otorgue. El Gobierno, por su parte, ha sostenido que el reajuste general, que sería el que de acuerdo con la opinión del Ejecutivo correspondería a los profesores, es de un 20%, a menos que se estimare que la parte que se paga en bonos no tiene la calidad de reajuste. FEDECH discrepa del criterio anterior y sostiene, en cambio, de acuerdo con lo que se expresa en el Mensaje que acompaña al actual proyecto, que el reajuste automáti-
co promedio establecido para el Magisterio en la Ley Nº 16.617, les haría alcanzar, este año, a un 24,52%.
Siendo el problema, no el derecho al reajuste, sino el cálculo del promedio del que se otorga al sector público, se llega a la conclusión que este último es un porcentaje indeterminado que, en todo caso, no puede ser un 12,5%. El promedio llegará a determinarse, real y efectivamente, sostuvo Su Señoría, sólo cuando el actual proyecto de reajuste sea ley, no pudiendo determinarse anticipadamente dentro del propio proyecto.
Agregó que coincide con el criterio expresado por FEDECH, en el sentido de que aun cuando no se hubiese incluido al Magisterio en el actual proyecto, por tener el gremio derecho a un reajuste automático, establecido por otras normas legales, una vez promulgado como ley el proyecto actualmente en trámite, el reajuste para 1968 que obtendría el Magisterio se llegaría a determinar por un procedimiento meramente contable.
Expresó, a continuación, que se ha sostenido que la relación del empleado público con la Administración no tendría carácter contractual sino estatutario, y que, por ende, en materia de Derecho Administrativo no existirían derechos adquiridos.
Dijo que, a su juicio, todo este sistema de derechos adquiridos se entronca, directamente, con la etapa histórica en que todo el andamiaje jurídico descansaba en el concepto de la propiedad privada, piedra angular del sistema. Es la época de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, todo ello de hace un siglo atrás. La suma de estos criterios, no podía llevar muy lejos el pensamiento jurídico en el ámbito administrativo; no extraña, pues, a Su Señoría, que tratadistas como Gastón Jeze, que ha sido citado en el debate por el señor Ministro de Educación, sostuvieron planteamientos como los que se han escuchado.
Hizo presente que, por razones de lógica elemental, se permitía discrepar de las opiniones de los tratadistas citados, ya que, en la época actual, no puede sostenerse con seriedad que la relación entre el empleado público y la Administración, sea una relación de "General' a Soldado" o de "amo a servidor".
Ahora bien, si el propio Gobierno, reconoció en un momento dado la situación precaria en que se encontraba el Magisterio y decidió elevarlo económicamente en alguna medida, no puede decirse ahora que ese grupo carece de todo derecho. Aún siendo estatutaria la relación del empleado con la Administración, nadie podría sostener que el empleado público no sea titular de algunos derechos.
Hizo presente que se produciría un despojo patrimonial concreto de no otorgarse al Magisterio, de conformidad a la ley, un reajuste que alcance al promedio del que se otorga a los servidores del sector público.
Por todas, estas razones, cree que es inconstitucional la pretensión de otorgar al Magisterio un reajuste mínimo, alejado de dicho promedio, contenida en el artículo 45 del proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, en actual tramitación en el Senado.
El Honorable Senador señor Juliet manifestó que, a su juicio, el artículo 45 del proyecto no refleja el sentido del artículo 27 de la ley Nº 16.617. Ello, expresó, en atención a que la primera de esas disposi-
ciones contempla un reajuste mínimo, de 12,5% para el Magisterio, lo que viola expresamente la norma del artículo 27 que, claramente, ordena que al Magisterio corresponderá un reajuste igual al promedio del que experimenten las remuneraciones del sector público. Es particularmente grave la forma en que ha sido encarado el problema por el Ejecutivo, puesto que este sistema de cálculo de promedio será significativo en los reajustes que le corresponde percibir al Magisterio en los años 1969 y 1970, atendida la letra y el espíritu del Acuerdo Magisterial.
Comprende cabalmente que dicho Acuerdo no fue sino la nivelación de rentas de un Servicio postergado que, a pesar de la. preparación de su personal y la importancia de la función que desempeña, era uno de los más mal pagados en la República.
De atenernos a los índices que el proyecto establece, agregó Su Señoría, que, a su juicio, serían tres -33% para algunos Servicios, 24,52% según el Ejecutivo en el Mensaje del proyecto y 12,5'/' como mínimo para la Administración Pública- se llegaría a un promedio de 23,3%. Ahora, si se considera reajuste el 7,5% que se enterará en Bonos CORVI, llegaríamos a un promedio de 25,84% . Vale decir, fuese cual fuese el cálculo que se practique, el 12,5% en ningún caso representaría el promedio del reajuste que experimentarán las remuneraciones del sector público a partir dl 1º de enero de 1968.
Todo lo anterior, manifestó el señor Senador, le induce a reiterar que el artículo 45 del proyecto de reajuste en actual tramitación transgrede lo dispuesto en el artículo 27 de la ley Nº 16.617, desconoce un acuerdo que adoptó el Gobierno con el Magisterio e infringe gravemente los propósitos de mejorar la situación económica del profesorado. Asimismo, lesiona el compromiso del Presidente de la Democracia Cristiana, en orden a que su Partido legislaría en un determinado sentido, favorable a pretensiones del profesorado y contenidas en el Acuerdo Magisterial.
Refiriéndose a las atribuciones de la Comisión, manifestó que siendo éstas organismos asesores de sus respectivas Corporaciones, tienen facultad para informar a la Sala acerca del real sentido y alcance de una norma determinada, sin que, desde luego, el parecer de la Comisión tenga fuerza obligatoria, puesto que la Sala es la que en definitiva adoptará el criterio a que haya lugar.
A continuación, hizo presente que, a su juicio, la norma del artículo 45 del proyecto de ley de reajuste en actual tramitación, destruye una clara conquista del Magisterio, volviéndolo a su antigua condición de Servicio postergado, esto es, al año 1965. De ahí que el artículo 45 del proyecto no refleje ni el espíritu del Convenio Magisterial ni la letra de la ley que lo sancionó.
En segundo lugar, expresó, se ha propuesto el aspecto de la consti-tucionalidad de la norma en actual tramitación, frente a lo cual manifestó que, no obstante sentir un gran respeto por la opinión del profesor señor Enrique Silva, que fuera citada durante el debate, está en desacuerdo con las conclusiones a que se llega, luego de estudiarlas, en este caso específico.
Es así como, en efecto, en el caso del Magisterio, se trata de una situación excepcional, ya que el Acuerdo Magisterial es un verdadero
avenimiento producido entre dos partes en conflicto, en el cual se establecieron derechos, a nivel de un compromiso suscrito por el Presidente del Partido político de Gobierno, mayoritario en la Cámara de Diputados, reconocido por el Gobierno en declaración oficial, relativo a que se legislara en un sentido determinado y sobre bases también determinadas. Este compromiso, prosigue el señor Senador, constituye un contrato.
En seguida, manifestó que, desde el momento en que se dictó la ley Nº 16.617, todo el profesorado de Chile incorporó a su derecho, precisamente el derecho al promedio del reajuste que se otorgara a los personales del sector público. El derecho sería el reajuste y éste el promdio.
Por esto, si una ley posterior pretendiera violar el compromiso, como lo está haciendo el actual proyecto de reajuste, nos encontraríamos frente a una disposición inconstitucional.
Del mismo modo que en los casos de las jubilaciones o de los desahucios, opina que en la especie hay un derecho adquirido e incorporado al patrimonio de los profesores y ese derecho adquirido es el promedio del reajuste que se otorgue, y no a un mínimo.
Aún más, expresó, se está lesionando la palabra empeñada, ya que el Presidente de la República, su Ministro de Educación de la época, el Presidente del Partido Demócrata Cristiano y otros personeros del Ejecutivo, se comprometieron en orden a hacer ley y de llevar a la realidad el Acuerdo o Convenio Magisterial.
De ahí que, a juicio de Su Señoría, el artículo 45 del proyecto de reajuste no refleje en modo alguno ni al espíritu ni la letra del artículo 27 de la ley Nº 16.617 y, en seguida, es inconstitucional por infringir un derecho adquirido por el Magisterio Nacional.
El Honorable Senador señor Fuentealba, manifestó, que resulta inútil e inoficioso que la Comisión se encuentre estudiando la materia de la Consulta, porque no se contribuirá así a solucionar el problema de fondo. Cualquiera sea la decisión que se adopte acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 45 del proyecto, no va a solucionar el conflicto económico planteado. Para que haya realmente una solución, es preciso que se produzca acuerdo entre el Gobierno y el Magisterio, y que dicho acuerdo se sancione por una ley que fije, claramente, el verdadero sentido y alcance del artículo 27 de la ley Nº 16.617.
Estima que lo que se ha sostenido en el seno de la Comisión, en orden a que no se podría legislar libremente para modificar o interpretar dicho artículo 27, le parece particularmente perjudicial para la solución del conflicto, lográndose sólo añadir un factor obstaculizado!'.
En segundo lugar, expresó, que el conflicto existente radica en la diferente interpretación que se da, por las partes, al artículo 27 de la ley N° 16.617. Nadie desconoce la existencia del artículo citado; el conflicto está en determinar el alcance de la expresión "promedio del reajuste". El Magisterio, con muy buenas razones y favorecidos por ios términos literales del artículo 27, sostiene que dicho promedio se calcula sobre los porcentajes de reajustes que se apliquen el sector público. El Gobierno, por su parte, sostiene que el reajuste aplicable al profesorado es el general que se otorgue a la Administración, sin considerar los arreglos espe-
cíales. El Acuerdo Magisterial, en sí, hablaba de reajuste general, en los términos que actualmente argumenta el Gobierno, al ser la ley la traducción fiel de los términos de este Convenio, parecería más correcta la interpretación que hace el Gobierno. Uno y otro, en consecuencia, tienen buenas razones para sostener sus respectivas posiciones.
Hay, sin embargo, otros problemas, como los planteados en el seno de la Comisión por el señor Hugo Salazar, representante de la FEDECH, en el sentido de preguntarse cuál es en verdad el porcentaje de reajuste que contiene el proyecto en actual tramitación. Expresa que comparte la idea de FEDECH, en el sentido de que el reajuste general es de un 12,5% más un 7,5% pagadero en Bonos de la CORVI. De ahí que pueda afirmarse que, en la especie, se trata de un problema de interpretación de ley que se va a solucionar cuando Gobierno y Magisterio logren llevar a acuerdo sus diferencias y puedan redactar una disposición que aclare la situación.
A continuación, expresó, que no puede hablarse propiamente de un Acuerdo entre el Estado y el Magisterio, en los términos que la Legislación social atribuye a los contratos colectivos, puesto que dicha legislación del trabajo no es aplicable a los funcionarios públicos.
En el caso particular en análisis, se trata de acuerdos entre el Gobierno y el Magisterio, derivados de conversaciones destinadas a que el Ejecutivo propusiera un proyecto de ley al Congreso Nacional. La prueba más clara del ningún valor jurídico de este tipo de acuerdos, es, precisamente, que para que puedan aplicarse o tener sentido, debe legislarse sobre la materia. El único valor que dichos acuerdos tienen, es uno de carácter moral, que, por lo demás, a veces suele ser más importante que los de carácter legal.
Por otra parte, el artículo 45 del actual proyecto de reajuste, es una mala disposición, cuya redacción es desafortunada, pero no inconstitucional. Todo ello en virtud de que, según nuestro ordenamiento jurídico, los derechos adquiridos no operan en relación ai sector público; porque estima que el Legislador, en esta materia, es soberano para modificar la ley en cualquier sentido, especialmente si se trata de un Estado moderno, y porque la propia norma contenida en el artículo 27 descansa en la condición indispensable de que exista reajuste para que dicha norma opere. Mientra esa ley de reajustes no exista, no podemos hablar de promedios y, mientras no podamos hablar de promedio, no hay derecho patrimonial incorporado. El único derecho incorporado en el patrimonio de los profesores sería el derecho a recibir un reajuste. El monto de ese reajuste no puede llegar a determinarse sino cuando se promulgue la respectiva ley.
Por último, en cuanto a la interpretación del Acuerdo Magisterial, vuelve a repetir lo que planteó como cuestión previa, en el sentido de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no tiene facultades para pronunciarse sobre ese particular. Esto, porque la interpretación le corresponde darla al Legislador de una manera generalmente obligatoria. Por estas razones, se abstendrá de votar este punto.
El Honorable Senador señor Jaramillo, expresó que se encuentra en plena vigencia la ley sobre efecto retroactivo de las leyes y que, de
acuerdo con el texto de sus disposiciones, se ha creado la teoría de los derechos adquiridos y de las meras expectativas; esta ley, expresó, le merece el mismo respeto que cualquier otra vigente en la República.
Afirmó, seguidamente, que el artículo 45 del proyecto de ley de reajuste nada tiene que ver con la letra del artículo 27 de la ley Nº 16,617, más aún, le parece que el artículo 45 tiene la voluntad manifiesta de violar o vulnerar un compromiso adquirido anteriormente. Agregó, que el Senado se encuentra ante una flagrante violación de la palabra empeñada por el Gobierno.
No le cabe duda, continuó, que al Magisterio le corresponde, en conformidad a la ley, el promedio del reajuste que se otorgue a los personales del sector público. Tan cierto está de esto que, de llegar a suprimirse al artículo 45 del proyecto de ley de reajuste, estaría plenamente vigente el artículo 27 de la ley Nº 16.617, que obligaría al Gobierno a entregar al Magisterio el término medio del mejoramiento que se otorgue al personal del sector público.
Tampoco, a su juicio, sería necesario legislar expresamente en materia de reajuste para el Magisterio durante los años 1969 y 1970, dado que la sola vigencia de la norma del artículo 27 de la ley Nº 16.617, les otorgaría tal reajuste que es automático. Por eso quiere apelar a la caballerosidad del señor Ministro, para que estos argumentos-que los distintos sectores políticos han venido haciendo, los tenga en vista con el objeto de que lleguen oportunamente las indicaciones del Ejecutivo para suprimir el artículo 45 del proyecto en actual tramitación.
Distinto es el caso, afirmó, de la consulta constitucional que se ha hecho a la Comisión, por lo que reitera su negativa a pronunciarse acerca de los alcances del Acta Magisterial, porque este acuerdo, no es tal, sino simplemente una declaración unilateral del Gobierno que fue avalada, con posterioridad, por gestiones de buena voluntad del señor Patricio Aylwin, a la sazón Presidente del Partido Demócrata Cristiano. Con toda razón, los señores profesores creyeron, en esa oportunidad, en la palabra empeñada, sin imaginar que el Gobierno podría olvidar los compromisos contraídos. Pero, a su juicio, ni el Acta suscrita por el señor Aylwin ni el artículo 27 de la ley Nº 16.617, vulnera el artículo 10, en su número 10, de la Constitución Política del Estado, ni son fuentes de obligaciones patrimoniales, ni menos derechos adquiridos.
Por otra parte, refutando una aseveración hecha en la Comisión, expresó, que es cosa muy diferente un contrato administrativo y un acto administrativo como es el nombramiento de un funcionario. En el primer caso, hay dos partes que se ponen de acuerdo en obligaciones y derechos recíprocos, mientras que en el segundo, por el contrario, el funcionario no puede sino adherir a una Planta, a una remuneración, a un Estatuto determinado que es la ley. Por ello considera el acto administrativo un acto unilateral de voluntad del Ejecutivo, que nada tiene que ver con el contrato que puede llegar a celebrarse entre el Fisco y un particular, acto en el que se produce acuerdo de voluntades entre las partes que contratan.
Por todo lo anterior, se abstendrá de votar la consulta en la parte relativa a interpretar el Acta Magisterial, pues considera que el haberla formulado ha obstaculizado todavía más la posibilidad de llegar a un
acuerdo entre las partes en conflicto y, con respecto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 45 del proyecto de ley de reajuste, votará negativamente.
En mérito de las razones expuestas, vuestra Comisión tiene el honor de absolver la Consulta formulada y os propone la aprobación de los siguientes acuerdos:
1º-El artículo 45 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado, infringe el Acuerdo Magisterial al dar por cumplido lo dispuesto en el artículo 27 de la ley Nº 16.617, con el reajuste de 12,5% de las remuneraciones del profesorado, ya que dicho porcentaje de 12,5% de las remuneraciones no es el reajuste promedio de las del sector público.
(Acuerdo adoptado con los votos de los Honorables Senadores señores Chadwick, Juliet y Teitelboim, y la abstención de los Honorables Senadores señores Fuentealba y Jaramillo).
2º-El mencionado precepto del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados infringe lo dispuesto en el artículo 10, Nº 10 de la Constitución Política del Estado.
(Acuerdo adoptado con los votos de los Honorables Senadores señores Chadwick, Juliet y Teitelboim, y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Fuentealba y Jaramillo).
Sala de la Comisión, a 24 de abril de 1968.
Acordado en sesiones de 15, 16 y 17 de abril de 1968, con asistencia de los Honorables Senadores señores Chadwick (Presidente), Fuentealba, Jaramillo, Juliet y Teitelboim.
(Fdo.) : Iván Aager Labarca, Secretario.