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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-
Tiene la palabra el señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, participo en este debate en representación de los Diputados socialistas populares.
La política de reajustes es uno de los aspectos fundamentales de la política económica del país, y yo, siguiendo el mismo camino del señor Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, quiero, en primer término, precisar lo que este Gobierno, especialmente a través del señor Ministro de Hacienda, ha sostenido en forma reiterada.
El año 1964, en la primera exposición de la Hacienda Pública que hizo el señor Ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuestos, sostuvo que este Gobierno iba a orientar su acción:
1º-Para resolver el problema de la inflación y del estancamiento de la producción;
2º-Terminar con la injusticia social;
3º-Solucionar la falta de oportunidad para la educación;
4. - Participación efectiva del pueblo en la vida política de la nación, y
5º-Solucionar las imperfecciones de la soberanía nacional.
Nosotros hemos sostenido, señor Presidente, en forma reiterada, que este Gobierno ha fracasado en tales propósitos.
Recuerdo que el Ministro sostuvo que la inflación debía ser detenida en un plazo de tres o cuatro años y concretamente dijo que no podía exceder, bajo ninguna circunstancia, de un 25% en 1965, de un 15% en 1966 y de un 10% en 1967. Si nos atenemos sólo a esa declaración tan enfática del personero más representativo del Gobierno, que orienta y dirige la política económica del país, la conclusión a que llegamos es absolutamente cierta. Porque frente a los porcentajes aquí enunciados, y que constan en las exposiciones de la Hacienda Pública, están estos otros: en el
año 1965, y prescindiendo del arbitrio con que se establece el índice de precios al con
sumidor, tuvimos un aumento del costo de la vida de un 25,9% ; en 1966, de un 17% ;
y, en 1967, cuando el aumento del costo de la vida debía ser de sólo un 10% y bajo ninguna circunstancia podía exceder de este porcentaje, resulta que el índice ofi cial de precios al consumidor que determi
na el alza del costo de la vida acusa un aumento de 21,9%.
En este aspecto, tan fundamental, nosotros sostenemos, sin temor de ser desmentidos, que ha habido un fracaso total y absoluto.
Ahora veamos, cómo ha cumplido el Gobierno con su propósito de corregir la injusticia social. Y aquí, tenemos que referirnos, fundamentalmente, a la política de remuneraciones.
La verdad es que el Gobierno actual no ha tenido una política de remuneraciones y existen contradicciones evidentes con lo que ha ocurrido en los años anteriores.
En 1965 -primer año del Gobierno del Excelentísimo señor Frei-, las remuneraciones de los trabajadores del sector público y del sector privado se reajustaron en virtud de lo dispuesto en la ley 16.250. Y, efectivamente, ese año se otorgó un reajuste del ciento por ciento del alza del índice de precios al consumidor, registrada por la Dirección General de Estadística y Censos, que fue del 38,4%. En 1966 cambió la política de remuneraciones del Gobierno, y esto lo podemos probar recordando las disposiciones de la ley 16.464, que reguló los reajustes de remuneraciones. Otorgó esa ley un reajuste del ciento por ciento del alza del costo de la vida a los trabajadores que percibían remuneraciones no superiores a tres sueldos vitales escala a) del departamento de Santiago, o sea, que no excedían de 623,76 escudos; para los que ganaban más de tres sueldos vitales el reajuste fue de 60% de la variación del índice de precios al consumidor, con determinación de que dicho
aumento no podría ser inferior al 25% sobre los tres sueldes vitales del año 1965. Hubo, desde luego, una variación perjudicial para los trabajadores en relación con la política de remuneraciones anunciada durante 1965.
En el año 1967, la ley Nº 16:617 estable, ció un reajuste del 15% para los trabajadores del sector público; y, naturalmente, como lo señalamos cuando se discutió ese proyecto, que se convirtió después en ley Nº 16.617, dejó al margen del reajuste de remuneraciones a todo el sector priva-do, argumentando -y de eso hay constancia en los anales de la Cámara de Diputados y del Senado- que esos trabajadores podían, a través del mecanismo establecido en el Código del Trabajo, obtener los reajustes que fueran compatibles con sus necesidades por medio de pliegos de peticiones.
La verdad es que en Chile sólo un porcentaje de los trabajadores del sector privado tiene organización. Más del 80%, o tal vez una cifra cercana a este porcentaje, carece de afiliación sindical. Por consiguiente, quedó entregada exclusivamente a la voluntad de los empleadores la decisión final sobre las remuneraciones que debían percibir los trabajadores del sector privado durante todo el año 1967.
Señor Presidente, al analizar la política de remuneraciones del actual Gobierno voy a usar algunos argumentos que han sido entregados por calificados persone-ros del Gobierno; y no quiero que esto se interprete como algo de mal gusto, o que se estime inconveniente señalar hechos. Yo creo útil, dentro del marco que permite nuestro Reglamento y del respeto que nos debemos todos los que participamos en la vida pública, usar estos antecedentes.
Yo tengo aquí el texto completo de un discurso pronunciado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social en Concepción, el 28 de marzo de 1965, el cual se titula "Política de remuneraciones en el Gobierno del señor Frei". No voy a leer total-
mente el documento, porque debo abordar otras materias; voy a referirme sólo a la sustancia de los planteamientos del señor Thayer. En dicha conferencia de Concepción del año 1965, el señor Ministro sostenía que los objetivos de la política de remuneraciones del Gobierno eran los siguientes : 1º) aumentar el poder de compra real de todos los trabajadores durante el período de vigencia de los nuevos reajustes; 2º) cada año los trabajadores deberán incrementar su poder de consumo respecto del año anterior.
Yo creo, señor Presidente, que este proyecto que nos preocupa en este instante es la negación absoluta del primer objetivo planteado por el señor Ministrodel Trabajo y Previsión Social en Concepción como política de remuneraciones del Gobierno, porque, aparte de no devolver a los trabajadores el poder de consumo que tuvieron el 1° de enero de 1967, va mucho más lejos, y que la institución del ahorro forzoso les rebaja su capacidad adquisitiva. Voy a analizar después, si el tiempo me lo permite, las consecuencias funestas que tiene en cualquier país y en toda escuela económica la reducción del poder de consumo ; sin embargo, voy a agregar dos palabras.
Tomaré como ejemplo un país capitalista, para que no se diga aquí que nosotros, los marxistas, estamos planteando problemas irreales. Cuando asumió por primera vez la presidenciade los Estados Unidos el señor Franklin Délano Roosevelt, ese país atrevasaba por una de las más graves crisis económicas que ha sufrido en su historia. Casi veinte millones de cesantes tenían paralizado al más poderoso país capitalista. ¿Y qué hizo ese mandatario? Implantó la política económica llamada del "New Deal" y su primer proyecto al Congreso, cuando había casi veinte millones de cesantes, tenía como finalidad dar a todos los trabajadores un reajuste de remuneraciones del 10%. Los opositores sostuvieron que eso era una cosa de locos, ya que un país con tal magnitud de cesantes no podía permitirse el lujo de aumentar en un 10% los sueldos y salarios en circunstancias de que se estaba viviendo una época de deflación. Sin embargo, el Gobierno del señor Roosevelt insistió y triunfó en su propósito, pues convirtió en ley su proyecto y ocurrió el milagro de que la economía paralizaba de ese país se activó. Con esta medida, los trabajadores tuvieron poder de consumo y antes del año había sido absorbida casi en un cincuenta por ciento la cesantía y, en menos de dos años, siguiendo esta tendencia, la cesantía llegó a un nivel normal. O sea, se hizo todo lo contrario de lo que se pretende implantar en nuestro país.
Sigo, señor Presidente, analizando someramente los objetivos de la política de remuneraciones del Gobierno. En el Nº 2 se sostiene que debe aumentarse especialmente el poder de compra o de consumo de Jos obreros agrícolas. La verdad es que en este aspecto algo ha ocurrido. Es indudable que ha habido un aumento. No quiero tergiversar las cosas, pero no abrigo la menor duda de que, a través de las disposiciones del proyecto que nos preocupa, se va a llegar a destruir lo que las organizaciones campesinas con su fuerza combativa, adquirida recientemente, han logrado en estos últimos años.
En el punto tercero de los objetivos se señala: "Aumentar la participación del Trabajo en la renta nacional, como consecuencia del aumento real del poder de compra y de la disminución real, en promedio, de las utilidades del sector empresario urbano, que con las limitaciones en las alzas de precio debe soportar el esfuerzo principal en la batalla inicial contra la Inflación". ¡Aumentar el poder real de compra de los trabajadores! ¡Pero si este poder de compra ha disminuido en los años que van corridos de este Gobierno, y va a disminuir mucho más! Y se reducirá más todavía si se convierte en ley el proyecto que estamos debatiendo.
En este mismo objetivo se dice que se limitarían las utilidades del sector empresario urbano. Pues bien, si revisamos los balances que publican las sociedades anónimas en el Diario Oficial, o solicitamos los antecedentes de la Dirección General de Impuestos Internos o analizamos las estadísticas que este mismo Servicio publica, llegaremos a la conclusión de que no ha habido limitación en las utilidades de las empresas, de que tampoco ha habido limitación en el alza de los precios.
El colega señor Acuña ya dio los porcentajes en que han aumentado los precios de muchos de los artículos de prime-rísíma necesidad, y eso nos economiza a nosotros repetir antecedentes que son de conocimiento público. Si esto ocurre con los artículos que están sujetos a fijación de precios, que están controlados, ¡qué no ocurrirá con aquellos que no están bajo este régimen y que son indispensables para subsistir! Tampoco este objetivo, tan amplio, de la política de remuneraciones del Gobierno se ha cumplido.
En el objetivo cuarto, el señor Ministro sostuvo en Concepción que debía excluirse paulatinamente, mientras se extingue la inflación, los reajustes en razón del alza del costo de la vida como elemento aislado de negociación colectiva. La verdad es que esto, según el texto de la exposición del señor Ministro, estaba destinado a permitir que los trabajadores pudieran, de acuerdo con el aumento de la producción, con la rentabilidad de las empresas, obtener reajustes muy superiores al alza del índice de precios al consumidor que determina el porcentaje de aumento del costo de la vida, con el objeto de que se produjera, en el hecho, una redistribución de la riqueza y del ingreso. No creo que sea necesario enfatizar lo que significa este proyecto para decir, nuevamente, que en este aspecto se ha fracasado.
El quinto objetivo era el de "eliminar, en un lapso prudente y en etapas compatibles con el plan general de desarrollo, las
discriminaciones irracionales en cuanto a remuneraciones mínimas o vitales. Por definición, la remuneración vital es el derecho de un ser humano trabajador. No hay distinto derecho a la vida para el obrero, el empleado o el empresario. Este principio se extiende, con las variaciones naturales, al campo de la Seguridad Social y significará modificaciones trascendentales en el régimen de asignaciones familiares y de jubilaciones, pensiones o montepíos, tema que abordaremos en otra oportunidad."
La verdad es que este objetivo no fue más allá de un buen propósito. Y "de buenas intenciones. Según se dice, está pavimentado el camino que lleva al cielo", porque las diferencias de las remuneraciones mínimas de los obreros con los empleados subsisten. Las diferencias en los regímenes previsionales se mantienen. En el hecho, en casi los tres años que han corrido desde la exposición que estoy comentando nada se ha hecho por corregir tanta injusticia. Por eso, este objetivo tampoco se ha cumplido.
Señalaba, después, en el punto 6º: "Estímulo y desarrollo del trabajo calificado o profesional, cuya mayor remuneración respaldada por una mayor productividad, no es inflacionaria, pues equilibra la expansión de los medios de pago con la mayor creación de riquezas."
Esta se una declaración del señor Ministro. La verdad es que todas estas leyes que comentamos y el proyecto que ahora estamos discutiendo constituyen la negación más absoluta, porque a todos los trabajadores se les quiere meter en el "zapato chino" de un proyecto regresivo que hace más difícil y más angustiosa su situación.
En el objetivo 7º dice: "Desarrollo del convenio colectivo, más que de la propia ley, como vehículo preferente para determinar las remuneraciones."
Repito, señor Presidente, porque esto tiene gran importancia: "Desarrollo del
convenio colectivo, más que de la propia ley, como vehículo preferente para determinar las remuneraciones." Pero resulta que en este proyecto se quiere limitar el campo en que los trabajadores organizados pueden defender sus peticiones y obtener los reajustes que su organización y la capacidad de la empresa les permitan.
Finalmente, en el octavo objetivo señalaba el señor Ministro: "Derrotada la inflación, regular las remuneraciones sobre la base de garantizar que la participación en el producto sea proporcionada a la contribución al producto, lo mismo al nivel de la empresa que de la industria o de cualquier otro de los grandes sectores económicos de la vida nacional, corrigiendo los resultados estrictos de esta norma, mediante los dos principales mecanismos de redistribución de rentas que son: la tributación y la seguridad social."
Todas estas declaraciones solo constituyen enunciados, porque el señor Ministro sostuvo que se podrían materializar una vez que fuera derrotada la inflación. Como la inflación sigue enseñoreándose en nuestra economía, resulta que esta materia no ha sido abordada hasta este instante.
Y como medio de acción, el señor Ministro sostenía una conclusión absoluta, que es la siguiente: "Como norma general, se otorgarán reajustes iguales al 100% del alza del costo de la vida".
La verdad, -ya lo he señalado- es que las leyes Nºs. 16.464, del año 1966, y 16.617, del año 1967, no cumplieron estos propósitos y menos lo hace el proyecto hoy día en estudio en el Congreso Nacional. Pero la injusticia social se ha agravado, porque, como se ha dicho, la cesantía en Chile se incrementa. No son sólo las provincias de la Novena Agrupación Provincial las que están hoy día afrontando un tremendo y dramático problema de cesantía; es el país en general, porque una de las actividades que da mayor trabajo y
que tiene efectos multiplicadores de gran importancia se encuentra en crisis: la actividad de la construcción.
Y no se diga que ésta es una afirmación de un Diputado de Oposición, de un Diputado que debe encontrar malo todo lo que hace el Gobierno. Tengo en mi mano la Carta .Semanal de la Alianza para el Progreso, organismo que no es marxista, que no es socialista popular, ni es de ningún partido de Oposición. En esta "Carta Semanal", del 4 de diciembre, la CIDA sostiene que la tasa de crecimiento económico de Chile disminuyó substancialmente en 1967 y que la causa más importante de la disminución de la tasa de crecimiento de nuestra economía es la paralización de Ja construcción.
No se sostenga -repito- que nosotros, como opositores, debemos encontrar todo malo. Pero en esta política de injusticia social tiene una importancia decisiva la política tributaria.
Tengo aquí el balance consolidado del sector público desde el año 1961 al año 1965, como también, el del año 1966. No voy a cansar a los colegas leyendo cifras; pero puedo sostener que, en materia de política tributaria -una prueba irrefutable es el mismo proyecto en debate- se ha ido agravando la situación del consumidor, porque este Gobierno ha buscado el camino fácil y arbitrario de aumentar los impuestos indirectos, que gravan los consumos, y se ha seguido una política de favorecer a las grandes empresas, liberándolas de los tributos con que deben contribuir a sostener el erario.
Respecto a esta materia, mi colega señor Guajardo tiene algunos datos importantes que dar a conocer. Por lo tanto, le concedo una interrupción.
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