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El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, siguiendo con este análisis de lo que calificamos como de injusticia social, también tenemos que referirnos a la política fiscal.
Los gastos públicos entre 1965 y 1968, calculados en moneda estable, se han duplicado; y esto no corresponde a una mayor capitalización sino, desgraciadamente, a gastos de consumo. Esto es tan cierto que, respecto del balance consolidado del sector público de los años 1961 a 1965, puedo dar a conocer algunos antecedentes que confirman mi aseveración.
Los gastos del sector fiscal descentralizado público, que incluyen como porcentaje el del producto interno bruto, el año
1955 correspondían al 25,1% ; en el año 1961, al 33,3% ; en el año 1965, al 35,8% ; en el año 1966, al 38% y en el año 1967 se supera este porcentaje. He tomado un valor absoluto que viene a reafirmar lo que he estado sosteniendo.
Aparte de esto, la deuda externa, como lo podemos probar, analizando las diversas leyes de presupuesto de los años 1965, 1966, 1967 y 1968, ha aumentado a razón de 200 millones de dólares anuales. Y si se considera que el sector privado, en este aspecto, ha disminuido sus deudas, tie-ne que llegarse a la conclusión de que el endeudamiento del sector fiscal es muy superior.
En las exposiciones de la Hacienda Pública, el Gobierno ha presentado informes globales sobre esta materia, lo que hace difícil poder precisar cuál ha sido el incremento de los gastos del Gobierno, en este rubro. Pero, en todo eso tenemos un hecho evidente: que no sólo para financiar los gastos de capital del presupuesto, sino los de consumo, a través de los arbitrios establecidos en la misma Ley de Presupuestos, que permite cargar gastos corrientes a gastos de capital, se ha hecho uso del crédito externo. ¡Y serán las futuras generaciones las que tendrán que pagar la deuda que este Gobierno ha incrementado enormemente y que grava a todo el país!
Señor Presidente, no se ha resuelto tampoco el problema de la falta de oportunidades para recibir educación. En estos días, yo creo que todos los parlamentarios han sido asediados por los jóvenes que postulan a ingresar a las Universidades, porque, mientras más de 30 mil aspiran a ello, en su conjunto, las Universidades no podrán recibir a más de 10 mil.
¡ Para qué vamos a hablar de la enseñanza media, donde los alumnos egresados del Octavo Año, no van a tener cabida en los centros de educación que les corresponde ; y ello creará un problema que gol-
peará la conciencia nacional el próximo mes de marzo, cuando se inicie el período escolar!
Podríamos seguir analizando todas las ramas de la educación. Desgraciadamente, el tiempo no lo permite aunque hemos cumplido el propósito enunciado por el Gobierno de solucionar las imperfecciones de la economía nacional.
Recuerdo que el señor Ministro de Hacienda, en su primera exposición de la Hacienda Pública, en noviembre del año 1964, sostuvo que los empréstitos que obtenía el país en el extranjero son un factor determinante que limita la soberanía del país. En esto nosotros estamos de acuerdo; pero resulta que este Gobierno no ha corregido la situación de la deuda pública y todo lo que ha hecho, -como lo he manifestado y lo podemos probar- es ir incrementando, de año en año, el endeudamiento interno y externo del país.
Y ahora, como un medio para resolver los problemas nacionales en el orden económico, se nos presenta este proyecto de reajustes que establece el ahorro forzoso. Se obliga a los trabajadores, cuyas condiciones económicas son tremendamente dramáticas, a ahorrar para capitalizar el país. ¡ Qué ironía! A quienes no tienen siquiera capacidad de consumo para actuar de acuerdo y dentro del marco de la civilización contemporánea, se les obliga a desprenderse de parte de sus remuneraciones.
En el hecho, este ahorro forzoso significa un impuesto. Sea cualquiera el nombre que se le quiera dar y los efectos que se quieran obtener, en el hecho, es un impuesto que pagan los trabajadores.
Como contrapartida, se dice que las empresas contribuirán con un porcentaje igual en beneficio de los trabajadores. Pero resulta que éstas no son instituciones de beneficencia, porque actúan de acuerdo con el sistema económico vigente, procurando utilidades. Naturalmente, entonces,
ese porcentaje lo cargarán a los costos de los artículos que producen o distribuyen, y, en último término, lo pagará el sector consumidor, formado en más de un 90% por obreros, empleados y campesinos. En buenas cuentas, será un impuesto que también pagarán los trabajadores.
Si esa disposición se aprobara, la lucha, de muchos años de los trabajadores habría sido estéril. Cuando Luis Emilio Re-cabarren organizaba a los trabajadores pampinos y los llevaba a la lucha, a principios de este siglo, la principal, la más importante reivindicación por la cual entregaban sus vidas generosas, era la de terminar con el abuso de las compañías salitreras que les pagaban con fichas sus remuneraciones. Eso, para terminarlo, costó muchas vidas.
Para citar uno de los actos de heroísmo de los trabajadores, la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, se debió precisamente a la decisión de los trabajadores de terminar con este sistema de explotación.
El Gobierno o el país, porque aquí no sólo se trata del Gobierno, ha adherido a los acuerdos de la Oficina Internacional del Trabajo, que determinan que las remuneraciones de los trabajadores deben pagarse en moneda de curso legal. De tal manera que esto solo bastaría para que rechazáramos y para que el Gobierno retirara los preceptos que establecen que una parte del reajuste de este año será pagado en papeles, en bonos.
En seguida está el derecho de huelga. Los movimientos gremiales tienen un objetivo fundamental: resolver los problemas de orden económico y, también, los de orden social. Quienes estamos vinculados a los trabajadores, incluso los colegas que ven esto sólo como espectadores, sabemos que el objetivo más importante que se aborda én un conflicto colectivo, es el problema del reajuste de remuneraciones. Y éstas se limitarán al porcentaje que se en-
tregue por este proyecto si se convierte en ley; y el saldo pasará a incrementar el Fondo de Ahorro Nacional.
Creo que esto, como se demostró el 26 de noviembre pasado, significará un conflicto de carácter nacional de extraordinaria gravedad.
Si nos atuviéramos a lo que ha ocurrido en los últimos años en relación con los días de huelga que han significado pérdida de producción, resultaría que los 500 ó 600 millones de escudos que el Gobierno pretende recaudar mediante este sistema, el país los va a perder en esta puja histórica que tendrán que librar los trabajadores en defensa de sus conquistas.
Señor Presidente, reitero lo que expresé en una interrupción que me concedió el señor Ballesteros: los socialistas populares no hemos presentado indicaciones de ninguna naturaleza a este proyecto. Respetamos como el que más el derecho que reglamentariamente tienen todos los parlamentarios de formular indicaciones. Nosotros respondemos por nuestra propia conducta, y se la hemos explicado a los dirigentes gremiales. Estamos decididamente en contra de este proyecto y no hemos querido revestirlo con algunos agregados y aleluyas que lo hicieran atractivo a determinados sectores, porque no los queremos desilusionar con la posición de nuestros Senadores en la Cámara Alta, que votarán en contra de la idea de legislar.
Por eso estaremos aquí hasta expresar nuestro criterio en la votación general del proyecto, porque creemos que votar en particular su articulado y las indicaciones que se renueven, es inducir a un error a muchos sectores de trabajadores de nuestra patria.
Dentro del tiempo de que disponíamos -que agradecemos a la Honorable Cámara- hemos expuesto nuestro criterio, y reiteramos que estamos en contra de este proyecto, porque lo consideramos regresivo y funesto para los intereses de los
trabajadores y para el desarrollo económico de nuestro país.
Nada más, señor Presidente.
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