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- rdf:value = " El señor VALENTE.-
Señor Presidente, los Diputados comunistas apoyaremos el proyecto en debate, porque hemos recibido una petición del gremio de comerciantes minoristas para hacerlo así. Sin embargo, dejaremos establecida nuestra oposición a varios artículos, porque los estimamos atentatorios de sus intereses. En efecto el artículo 1º del proyecto discrimina, precisamente, respecto de los comerciantes minoristas, al señalar que una de las razones de la creación del Registro Nacional de Comerciantes sería "la dignificación del comercio, la ética profesional y propenderá a la eliminación del comercio clandestino. "
Estamos de acuerdo con las disposiciones y con la redacción del proyecto, pero consideramos que esa última frase, que tiende a la supresión del comercio Clandestino, significa la eliminación de importantes sectores de comerciantes. Estamos contra el comercio clandestino. Pero creemos que por la aplicación de alguna atribución del alcalde, en cualquier comuna, pueden quedar al margen que la inscripción, en este Registro, los comerciantes ambulantes, los comerciantes detallistas los comerciantes de ferias y mercados, a todos los cuales no se les haya renovado su permiso municipal y que no gozan de una patente. Por el hecho de no tener renovados sus permisos municipales, ellos tendrían la calidad de comerciantes clandestinos y, en consecuencia, no podrían seguir participando en esta actividad comercial.
Creemos un tanto discriminatorio el planteamiento que está haciendo, en estos instantes la Convención Nacional de la Producción y del Comercio, que ha querido echar en un mismo saco a la poderosa oligarquía financiera criolla, junto con los pequeños comerciantes ambulantes con los detallistas, con el compañero que vende, en una esquina, maní en un buquesito.
Consideramos que esta actitud de la Convención Nacional de la Producción y del Comercio no tiene otra finalidad que la de crear un organismo más poderoso, que elimine la competencia de los pequeños minoristas o comerciantes medianos, con el objeto de que los empresarios sean los distribuidores de los productos, encareciendo, por supuesto, el costo de ellos.
Con falta de ética profesional la Convención Nacional de la Producción y del Comercio ha publicado, en los últimos días, algunos avisos de propaganda uno de los cuales dice: "Los muertos no pagan impuestos. Una "tributación desproporcionada y una legislación inadecuada, matan a la Empresa. Se acaban, en consecuencia, el trabajo y la prosperidad. "
"¡Que esto no pase!" "Asista a la gran concentración... etcétera".
Esta Convención Nacional de la Producción y del Comercio no es otra cosa que un torneo político, en el que se pretende revivir una candidatura presidencial obsoleta; un torneo en el cual se pretende organizar la defensa, precisamente de los privilegios de que goza la oligarquía financiera y los sectores de la gran burguesía nacional; los industriales, los monopolistas y las empresas extranjeras. Se ha pretendido sorprender a la opinión pública; podemos demostrar que no todos los participantes en la Convención gozan de los misinos privilegios, ni del mismo trato tributario. Por ejemplo, tengo aquí, algunas informaciones respecto de la tributación de los latifundistas de los grandes terratenientes. No pagan impuesto a la renta, pues tienen un tratamiento especial, en virtud del cual se les aplicó una presunción sobre la rentabilidad, la que empieza con un 4% y no sube de un 10%. Esta tributación les ha permitido obtener, a los latifundistas de Chile, en los últimos seis años, una utilidad líquida de 1. 261 millones de escudos y escasamente han tributado impuestos al erario, durante este lapso. Por ello, las utilidades de este sector se han incrementado en un 245%. Y hay empresas como la "Agrícola Chilena", "Ganadera Tierra del Fuego", "Forestal Copihue", "Forestal Colcura”, "SOFRU-CO, "Viña Concha y Toro", etcétera, que sólo en un año han obtenido 17 millones de escudos de utilidad líquida. No han tributado como le corresponde, por ejemplo, al manicero, a quien se le presume renta y que muchas veces paga más tributación que estos latifundistas.
En el mismo caso están las industrias manufactureras, ya que gozan de un tratamiento especial, pues tienen una rebaja porcentual de sus impuestos, en razón de un presunto aumento de su producción. Todos saben cómo se ha producido en el país, a raíz de la acumulación de capitales, de esta concentración del poder económico, el control de las industrias por parte de las instituciones bancarias: el Banco Sudamericano con 130 sociedades anónimas; el Banco de Chile, con 74; el Banco Edwards, con 61; el Grupo Punta Arenas, con 40; el Banco Español-Chile, con 42.
Todos estos empresarios que integrarán el Registro Nacional de Comerciantes, junto con el compañero que, por ejemplo, vende frutas o verduras en Ja feria, mantendrán sus privilegios, y, sobre todo, querrán eliminar a los comerciantes minoristas para ellos empezar a distribuir estos productos con precios encarecidos, mediante los supermercados.
Tocias las empresas exportadoras, amparadas por la ley Nº 16. 528 gozan también de un trato especial; y, al respecto, tenemos informaciones que queremos proporcionar. Por ejemplo, los exportadores pesqueros obtuvieron en el año 1967, no el año completo, sino en 4 meses -entre julio y octubre- la devolución de 432 millones de pesos por bonificación a las exportaciones. Y en el mes de octubre se dictó también el decreto de Hacienda Nº 1.240 ¡escuche bien la Cámara la injusticia de esta disposición! que devolvió a los exportadores pesqueros la cantidad de 7 mil millones de pesos por las exportaciones realizadas.
Estos exportadores, que gozan de franquicias tributarias excesivas, pagan menos impuestos que los obreros o empleados de esas mismas industrias. Mientras estas empresas o empresarios pesqueros pagan el 3% si es sociedad anónima, y el 2%, si es sociedad colectiva, el obrero o el empleado de esa misma empresa, que gana apenas un poco más del sueldo vital, paga el 3,5% de impuesto a la renta, proporcionalmente más que el empresario.
Lo mismo sucede con las industrias que explotan el hierro. En anteriores oportunidades hemos dado a conocer cifras referentes, por ejemplo, a la Bethlehem Iron Co., a la Santa Fe, a la Santa Bárbara. La Bethlehem, en los 50 años que opera en Chile ha hecho exportaciones por 1.064 millones de dólares. Han quedado en el país 64 millones de dólares. No han retornado a Chile 1.000 millones de dólares. Fácil es comprender la importancia de rescatar esta riqueza nacional para que sea explotada en beneficio del país. Con 1.000 millones de dólares podríamos haber puesto en marca un plan de industrialización desde Arica a Punta Arenas, creando nuevas fuentes de divisas y, sobre todo, realizado un plan de edificaciones escolares para absorber la creciente cesantía que se observa en Chile. Lo mismo sucede con las empresas de aeronavegación comercial, concretamente con LADECO que pertenece al "clan" Edwards y a la Anaconda Mining Co., que gozan de un gran número de franquicias tributarias, en virtud de las leyes Nºs. 10. 645 y 15.334 y de decretos con fuerza de ley. Y ante la oposición del Parlamento a seguirles otorgando nuevos beneficios, el Gobierno, mediante un decreto publicado hace dos o tres días, les concede nuevos privilegios a esas empresas particulares. También las industrias que laboran el cobre, el hierro o el acero, las empresas navieras, las que explotan el salitre, el yodo y otras sales minerales, gozan de exenciones tributarias que no pueden compararse con los impuestos que gravan al pequeño comerciante, al comerciante ambulante, al comerciante minorista, establecido en algunas poblaciones o barrios.
El señor BALLESTEROS (Presidente accidental).-
¿Me permite señor Diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.
El señor VALENTE.-
Todo esto nos obliga a plantear la necesidad de modificar el articulado del proyecto, especialmente los artículos 1º y 2º -en el momento oportuno daremos a conocer nuestras observaciones sobre este último artículo- para dar algunas posibilidades al comerciante minorista, hoy prácticamente postergado en sus aspiraciones.
El Diputado señor Stark dio a conocer uno de los anhelos de los comerciantes minoristas, cual es tener previsión. Lamentablemente, la mayoría de la Cámara se ha opuesto a legislar sobre la materia. El señor Valenzuela Valderrama manifestó que en el proyecto de reajustes se ha incluido una disposición que permite a los comerciantes minoristas y a otros trabajadores independientes acogerse a la previsión. Eso no es cierto.
Es simplemente un volador de luces, un intento de atrasar la tramitación y la aprobación de un proyecto de previsión integral para el comercio minorista, porque ese artículo, como bien decía, incorpora al régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares a los sectores independientes, o a los grupos económicos independientes, pero no entrega financiamiento, no establece ninguna norma, ningún beneficio, ni señala cuál es la condición que debe cumplir ese imponente futuro para lograr algún derecho previsional.
Lo que pasa es que la mayoría de esta Cámara, y también el Gobierno tiene el propósito de paralizar la tramitación de un proyecto de ley sobre la materia. El proyecto que hemos presentado hace cuatro años, y que está aprobado en general por la Cámara, ha sido postergado, precisamente, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside el señor Valenzuela Valderrama.
Nosotros hemos dado nuestro asentimiento para que se incorpore en la versión de esta sesión el texto del proyecto a que ha hecho mención el Diputado señor Stark. Y reclamamos no solamente que se inserte en la versión de esta sesión nuestro proyecto, cuyo primer informe fue aprobado por la Cámara, repito, sino, además, que se le pida al Presidente de la República que lo incluya en la convocatoria, y se le dé un plazo a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para que despache el segundo informe de este proyecto, porque estimamos que es el más completo. Ha sido aprobado por más de 70 organizaciones de comerciantes minoristas a lo largo del país y en una convención de comercio minorista que se efectuó hace tres años en la capital. Este proyecto, por razones netamente políticas, ha sido postergado sin ninguna justificación.
Podemos apreciar la opinión que sobre este proyecto tienen los comerciantes minoristas, los pequeños industriales y los pequeños agricultores, por el resultado de una concentración que hubo el año pasado en el TeatroCaupolicán, donde por aclamación se aprobó y se pidió al señor Leighton, Ministro del Interior de la época, que el Ejecutivo patrocinara esta iniciativa y la incluyera en la convocatoria extraordinaria para que fuera despachada cuanto antes por esta Cámara, a fin de que el Senado también la aprobara y se convirtiera en ley de la República.
En consecuencia, vamos a objetar el artículo 1º, porque, con el pretexto de la eliminación del comercio clandestino, se puede afectar a miles de comerciantes detallistas, a miles de comerciantes ambulantes, como pasó hace algunos días, por ejemplo, con los que operan en la Alameda y en el centro.
El comercio ambulante, no establecido trabaja con un permiso municipal. Por eso, desde el momento que la municipalidad, que arremetió contra este gremio de comerciantes, les niega la revalorización de esos permisos los dejará de inmediato sin la autorización para trabajar. Entonces, pasarán a tener la condición de clandestinos, con la consiguiente eliminación del Registro Nacional de Comerciantes y la imposibilidad de seguir trabajando en la actividad que les permite ganar algún dinero para el sustento de sus familias.
Señor Presidente, no sé si se ha presentado alguna indicación aclaratoria al artículo 1º. Si no es así, nos vamos a ver obligados a votar en contra, porque no queremos ser cómplices de la persecución que puede engendrar este artículo 1º, mediante la eliminación del comerciante detallista, ambulante, estacionado en el centro de la ciudad.
Nada más.
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