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El señor ALLENDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por el señor Senador.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.-
- Señor Presidente y Honorable Senado, estamos conociendo hoy día el veto al proyecto de reajustes, proyecto que, en realidad, se está discutiendo desde noviembre del año pasado. En consecuencia, lleva hasta la fecha casi siete meses de estudio. Sin embargo, no todo ese lapso ha transcurrido en el Congreso.
Este proyecto, el segundo enviado por el Ejecutivo sobre reajustes para el año en curso, fue presentado por el Gobierno después que el Congreso rechazó el sometido a su consideración por el ex Ministro señor Molina.
Se han formulado muchas críticas al Congreso Nacional por una supuesta demora en la tramitación de esta iniciativa de ley.
Por eso mismo, como ya lo han sostenido muchos señores Senadores, vale la pena reiterar una vez más que el Congreso, particularmente el Senado, no ha sido remiso para discutir y despachar con oportunidad el proyecto.
Además, de parte del Ejecutivo ha habido muchas críticas en contra del Parlamento. Se sostiene que los Senadores y los parlamentarios en general hemos propuesto una serie de indicaciones al proyecto
para solucionar los problemas de distinto» sectores de trabajadores.
Al respecto, debo subrayar que el Gobierno, después de proponer un proyecto que se entiende debía estar afinado y considerar todas las situaciones que pueden presentarse en la Administración Pública, le formuló en la Cámara numerosas indicaciones. Con posterioridad hizo lo mismo en el Senado, sin perjuicio de que aquí, y también en la Cámara, los parlamentarios formuláramos, por nuestra parte, algunas indicaciones que nos parecían justas y que reclamaban diversos sectores.
Pues bien, luego del despacho del proyecto por el Congreso, hemos recibido las observaciones del señor Presidente de la República. Y nos encontramos con que en este conjunto de observaciones, a pesar de las distintas indicaciones ya hechas tanto en la Cámara como en el Senado por el Ejecutivo, figuran setenta vetos aditivos, vale decir, ideas nuevas que el Gobierno sólo ahora está planteando. Si el Ejecutivo pretendía que los Senadores no teníamos derecho a proponer tantas indicaciones como las que se presentaron cuando el proyecto de reajustes llegó aquí en segundo trámite constitucional, con mucho menos razón tiene derecho a enviar estos setenta vetos aditivos, sin perjuicio, todavía, de otros cincuenta y cuatro vetos sustitutivos y ciento veintidós supresivos.
Esto quiere decir que el Gobierno carece de razón para sostener que particularmente el Senado ha sido remiso en el cumplimiento de su obligación de legislar con rapidez en esta materia, sobre todo cuando las indicaciones que formulamos versaban sobre asuntos no considerados en el proyecto del Ejecutivo y eran reclamadas por diversos gremios.
Insisto una vez más en que el Gobierno envió setenta vetos aditivos, vale decir, setenta nuevas indicaciones.
En cuanto al contenido de los vetos propuestos, ellos procuran eliminar muchas de las ideas presentadas por los Senadores, que no necesitaban patrocinio del Ejecutivo, puesto que fueron aprobadas por el Congreso. Deseo referirme a dos en especial.
Una de ellas está considerada en la disposición que ya comentó el Honorable señor Bossay: el artículo 50, que autoriza la reorganización del Servicio de Prisiones, de la Dirección de Industria y Comercio, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas.
Los representantes de esos servicios nos solicitaron la aprobación de este artículo, convencidos de que con él iba a producir una reorganización que los dejaría en mejores condiciones que las que tenían hasta ese instante. Les hicimos presente nuestra reticencia a facultar al Ejecutivo para que por su cuenta reorganizara las plantas, y que nuestro criterio frente a los casos de reorganización era que el Gobierno presentara un proyecto al Congreso Nacional, a fin de despacharlo con la opinión de los Senadores. Sin embargo, en esta oportunidad, en atención a que los dirigentes de esos servicios nos pidieron oficialmente nuestro apoyo en tal sentido, estuvimos dispuestos a dárselo. Les advertimos, eso sí personalmente, así lo hice, que no nos culparan posteriormente a nosotros si el Ejecutivo, en definitiva, no respetaba los resguardos y garantías establecidos en el artículo 50.
En efecto, ahora estamos comprobando que el Gobierno propone suprimir el inciso cuarto de ese precepto, que dice: "La reorganización de las plantas de los servicios e instituciones que se autoriza por la presente ley no podrá significar eliminación ni traslados de personal en actual servicio, rebaja de grado o categoría, disminución de sus remuneraciones, pérdida de su actual régimen previsional o beneficios que le confiere el artículo 132 del D. F. L. Nº 338, de 1960", que es el Estatuto Administrativo.
En virtud de ese veto supresivo, por desgracia, ya aprobado por la Cámara, dichos servicios quedarán entregados al arbitrio del Ejecutivo en cuanto a la reorganización. Lo más grave es que el Gobierno no estará obligado a respetar los grados o categorías de los funcionarios; de modo que la reorganización puede consistir en la rebaja de un grado o categoría del personal en actividad. Puede ocurrir en este caso, y ahora con mayor gravedad, lo mismo que sucedió con la reestructuración de la Dirección General del Trabajo, donde servidores que teman la categoría de jefes pasaron a ser simples oficiales de secretaría. Por cierto, en aquel caso se pagó a los afectados la diferencia de sueldos por planilla suplementaria, pero se les hizo perder su rango de jefes, y creo que, para los efectos de la jubilación, tendrán muchas dificultades los funcionarios que tengan que retirarse.
En el caso en análisis, es posible que no se respete el grado o categoría de los empleados en actual servicio.
Por eso, me agradaría que el señor Ministro de Hacienda, aquí presente, pudiera decirnos si realmente respetará los grados y categorías, a los funcionarios. Si el señor Ministro quisiera contestarme, le concedería un par de minutos de mi tiempo, para saber exactamente cuál es la intención del Ejecutivo al formular este veto.
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