TRANSFERENCIA DE POBLACIONES RAFAEL SAAVEDRA Y CAÑETE, DE VIÑA DEL MAR, A SUS OCUPANTES. VETO.
TRANSFERENCIA DE POBLACIONES RAFAEL SAAVEDRA Y CAÑETE, DE VIÑA DEL MAR, A SUS OCUPANTES. VETO.El señor LUENGO (Vicepresidente).- En primer lugar, corresponde discutir el informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en la observación del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que ordena vender a sus actuales ocupantes las casas dé las poblaciones Rafael Saavedra y Cañete, de Viña del Mar. -Los acuerdos de la Cámara de Diputados sobre la observación, y el informe, figuran en los Anexos de las sesiones 26 y 43ª, en 29 de noviembre y 27 de diciembre de 1966, documentos Nºs. 6 y 5, respectivamente. El señor FIGUEROA (Secretario).- El informe, suscrito por los Honorables señores Sepúlveda (presidente).- Víctor Contreras, Chadwick, Gómez y Musalem, recomienda rechazar la observación e insistir en el texto del Congreso. Por su parte, la Cámara de Diputados desechó el veto y acordó insistir en el proyecto primitivo. El señor LUENGO (Vicepresidente).- En discusión. Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa. El señor CARMONA (Ministro de Defensa Nacional).- Honorable Senado, el Ejecutivo ha vetado este proyecto de ley, que tuvo origen en una iniciativa de Diputados y dispone la venta a sus actuales ocupantes de 67 casas de la población Rafael Saavedra y 22 de la población Cañete, ubicadas en la comuna de Viña del Mar. Esas viviendas están ocupadas en la actualidad por personal en servicio activo, principalmente del Regimentó Coraceros, de Viña del Mar, y en grado menor, del Regimiento Maipo, de Valparaíso. Las casas de la población Cañete fueron construidas gracias a la acción directa del mismo Ejército, con el apoyo de la ex Caja de la Habitación Popular. Las de la población Rafael Saavedra fueron edificadas por la CORVI, la cual prácticamente recibió un mandato del Ministerio de Defensa Nacional con tal objeto, para ser entregadas más tarde al Regimiento Coraceros. Todas estas viviendas están destinadas a servir exclusivamente al personal en servicio activo del Ejército, y de modo principal al Regimiento Coraceros. Llamo la atención de los señores Senadores hacia el hecho de que las casas de la población Rafael Saavedra se encuentran en el interior de un predio fiscal y formando un solo paño con ese regimiento, o sea, se encuentran incorporadas en éste. Las habitaciones de la otra población no distan más de dos cuadras de ese recinto militar. Y, en virtud de la política que han señalado las instituciones armadas, muy en particular, en este último caso, esas viviendas quieren ser preservadas como patrimonio fiscal, como patrimonio de cada una de las instituciones, a fin de poder contar, merced a la aplicación de un régimen adecuado, con habitaciones suficientes para el cumplimiento de las destinaciones y traslados del personal en servicio activo. El proyecto aprobado por el Congreso ordena perentoriamente la venta de esas viviendas a sus actuales ocupantes. Cabe destacar que la redacción de esta iniciativa de ley difiere de la que se ha dado a otros proyectos similares. En efecto, en los casos anteriores se autorizaba al Ejecutivo para proceder a la venta, en vista del carácter de administrador que al Gobierno confiere la Constitución Política, con el propósito de que, de acuerdo con sus facultades, permitiera la enajenación si la estimaba compatible con los intereses fiscales. Como digo, tal sistema se ha variado en esta oportunidad: se establece en forma categórica la obligación de vender las casas a los ocupantes actuales. El Ejecutivo ha vetado el proyecto porque trastorna el régimen de los institutos armados en cuanto a las destinaciones y traslados del personal en servicio activo y, al mismo tiempo, la política habitacional que se está siguiendo con relación a los miembros de la Defensa Nacional. En estos instantes, debido al afán de preservar el patrimonio del Estado, más o menos 40% del personal' en servicio activo de las instituciones armadas puede ocupar casas fiscales. Comprenderán los Honorables Senadores la extraordinaria importancia que reviste en entidades de este tipo el poder disponer de casas incorporadas a los terrenos de los regimientos o muy cercanas a ellos, para, el cumplimiento cabal de las destinaciones. En el caso concreto del Regimiento Coraceros, por medio de esta política se ha logrado que la totalidad de los oficiales y suboficiales disponga de casa fiscal. Si ese personal es trasladado, quienes lo reemplacen en dicha unidad tendrán asegurada su vivienda. Tal política es seria y responsable y tiende a asegurar las funciones propias de los institutos armados. Además, guarda, estricta relación con la política habitacional seguida por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional respecto de cada uno de los servidores y ex servidores de las Fuerzas Armadas. En el último tiempo se ha acrecentado enormemente la posibilidad de que los miembros o ex miembros de la Defensa Nacional puedan convertirse en propietarios de una casa. En este sentido, la Caja respectiva ha aplicado una política extraordinariamente progresista, junto con aprovechar el interés por construir o adquirir viviendas manifestado por las personas agrupadas en comunidades o cooperativas. Así, en Valparaíso, dicha institución entregó, hace poco, más de 700 viviendas al personal integrado en este tipo de organizaciones. Y por medio de este plan, se espera completar la entrega de aproximadamente dos mil viviendas en 1967. El principal beneficiado es el personal en servicio activo de la Defensa Nacional. Si tomamos en consideración que el número total de miembros activos de la Armada en Valparaíso es de 8 mil personas y que, descontando a los asignatarios de casas fiscales, la Caja ha proporcionado viviendas a dos mil imponentes, se comprende el extraordinario esfuerzo realizado y la validez de la política del Ejecutivo al respecto. La situación de Valparaíso se repite en todo el país, como lo demuestran las cifras que se entregaron a la Comisión de Obras Públicas del Senado, que son suficientemente decidoras de la acción desempeñada por la Caja de la Defensa Nacional. Doy estos antecedentes para demostrar que se está conjungando una política en extremo coordinada. Por un lado, la preservación de la propiedad fiscal permite a las instituciones armadas cumplir sus funciones, llevar a efecto las destinaciones y traslados y no tener tropiezos en ninguna unidad. Por otro, una política eficaz y adecuada ha allanado el camino para que cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas pueda adquirir su propia vivienda, en virtud de prioridades y puntajes-establecidos por su instituto previsional, o bien en virtud de su propio interés e iniciativa para formar organizaciones comunitarias o cooperativas. Ambos aspectos se verían notoriamente resentidos al doblegarse la situación de la propiedad fiscal. En primer lugar, los servidores activos de la Defensa; Nacional no podrían cumplir sus funciones de manera adecuada en el futuro. En seguida, con motivo de la entrega a sus actuales ocupantes de las viviendas de propiedad fiscal, resultaría afectada toda la política habitacional de la Caja referida, pues se alterarían todas las normas sobre prioridades y requisitos y el régimen vigente se tornaría injusto y discriminatorio. En la Comisión de Obras Públicas del Honorable Senado, junto con proporcionar estos antecedentes y exponer el significado del quebrantamiento de una política de tal naturaleza, manifesté el interés del Ejecutivo por seguir adelante su política en tal sentido. Al respecto, se reiteró la seguridad dada por el Gobierno ante el caso particular de personas que están a. punto de retirarse del Regimiento Coraceros, en el sentido de darles prioridad para que puedan adquirir una propiedad o vivienda antes de alejarse del servicio. De esta manera se resuelven los casos aislados que pudieran presentarse con motivo de ia observación hecha presente por el Ejecutivo. La aprobación del proyecto, a mi juicio, implica perturbar la política, que está siguiendo el Ejecutivo en materia tan importante como ésta, y, al mismo tiempo, provocar serios trastornos al propio Regimiento Coraceros. Los señores Senadores deben comprender que si mañana se venden en propiedad particular a sus actuales ocupantes las casas ubicadas dentro de los límites del Regimiento Coraceros, y el nuevo propietario es trasladado en virtud de la naturaleza de los servicios en la Defensa Nacional, aquél podrá arrendar su vivienda a cualquiera persona extraña a la institución armada, e, incluso, venderla a un tercero, con lo cual provocará un grave problema en la vida institucional. Estas son las razones que tuvo presente el Ejecutivo al enviar el veto que considera en estos momentos el Honorable Senado. A juicio del Gobierno, son muy claras y definidas en materia de política habitacional para las Fuerzas Armadas. Pido a los señores Senadores tomar en consideración estas argumentaciones y aprobar el veto, pues su rechazo daría lugar a graves trastornos en el Ejército, y, muy especialmente, en la unidad a que me referí. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Señor Presidente, estamos abocados a la discusión del veto a un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. Ruego a los señores Senadores poner atención, a fin de que se formen juicio cabal del espíritu que guió a quienes presentaron esta iniciativa legal, que tuvo origen -repito- en la Cámara, por moción de los Diputados señores Ballesteros, Presidente de esa rama del Congreso, Cardemil, Sanhueza y Santibáñez, todos militantes del Partido Demócrata Cristiano y representantes parlamentarios por la provincia de Valparaíso. ¿Qué razones invocaron los Diputados firmantes de esta iniciativa de ley? Mediante el boletín Nº 10.472, se dio cuenta a la Sala de la Cámara, en de 5 de octubre de 1965, de la iniciativa legal en referencia. Fue aprobada por esa rama del Parlamento el 27 de julio de 1966, y ésta, por oficio 781, de 29 de julio de 1966, comunicó al Senado su aprobación. Posteriormente, esta última Corporación la devolvió a la Cámara, también aprobada, el 14 de septiembre de 1966. Por último, por oficio Nº 1.002, de 20 de septiembre de 1966, la Cámara de Diputados la remitió al Presidente de la República para su promulgación, y éste la vetó desaprobándola en su totalidad. El señor LUENGO (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.