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- rdf:value = " El señor AMPUERO.-
Señor Presidente, ayer el Honorable señor Gómez hizo una relación detallada de los incidentes de que fue protagonista en Antofagasta, de la forma brusca por no emplear una palabra más fuerte con que fue tratado por la fuerza pública y por oficiales de Carabineros perfectamente identificados.
El señor Senador se había limitado a solicitar una investigación, lo que fue acogida por la Sala; pero a los Senadores socialistas nos pareció que el incidente relatado esa tarde no podía silenciarse después de adoptar una medida más o menos rutinaria como era ésta de exigir a la autoridad el sumario correspondiente.
Cuando un Senador, cualquiera que sea su tendencia política, manifiesta haber sido objeto de un atropello flagrante y relata los hechos en la forma circunstanciada como lo hizo ayer el Honorable señor Gómez, me parece que un deber elemental para el resto de los Senadores es dar crédito a una versión que no podemos suponer falsa, máximo si se la trae al seno de la Corporación días después de haber ocurrido los sucesos, vale decir, cuando no existe razón alguna, ni siquiera involuntaria, que pudiera contribuir a deformar los hechos. Nos pareció, entonces, indispensable que el Senado adoptara una actitud más categórica y enérgica. Por eso, dimos nuestro asentimiento para citar a esta sesión especial, en el entendido de que, al defender el fuero parlamentario y proteger la integridad física de los Senadores frente a los atropellos de la fuerza pública, estábamos cumpliendo un deber elemental.
Pensamos, en consecuencia, que el Senado debe llegar más lejos: debe exigir derechamente sanciones para los oficiales complicados en este ingrato episodio y restablecer el respeto, que se ha ido perdiendo, por el fuero parlamentario y por la persona de los congresales.
La verdad es que, como con mucha razón recordaba el Honorable señor Gómez, siempre en estos episodios va envuelto un asunto de principios, sobre todo cuando ocurren en un ambiente políticamente tenso, en víspera electorales, y cuando se ha desplegado, a lo largo del territorio, una intervención que ni siquiera excluyó al Presidente de la República.
Los abusos de los funcionarios públicos, en realidad innumerables, denunciados por decenas por los distintos partidos de Oposición, en forma especial por el Partido Socialista, fueron consecuencia o de instrucciones muy directas de sus superiores jerárquicos o de una actitud de tolerancia y complicidad anticipada de los mismos jefes administrativos.
No podía esperarse otra cosa ni otro comportamiento de parte de los carabineros y de los funcionarios de los diferentes servicios, cuando era el Primer Mandatario el que asumía la responsabilidad pública de proclamar virtual mente a los candidatos de su partido, asumiendo un papel beligerante que no tiene precedentes en la historia del país. Indudablemente, emplear incluso tropas del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para solemnizar con su concurrencia actos netamente políticos y electorales destinados a engrandecer los méritos del Partido Demócrata Cristiano y a empequeñecer la acción de los partidos de Oposición, constituye un pésimo ejemplo. De esa conducta emergió implícitamente un comportamiento abusivo de los funcionarios en la mayor parte de las provincias de Chile.
Es público y notorio que en Arica, el día antes de la elección, la Junta de Auxilio Escolar convocó a los padres de familia a la Gobernación, para distribuir vestuario a los escolares del departamento. Esto constituye un procedimiento que jamás había sido empleado. ¡Curiosa coincidencia!: un Gobernador democratacristiano aprovecha la víspera de una elección para aparecer como mecenas mediante la entrega de bienes a personas humildes, las que concurrieron en número cercano a dos mil. En Magallanes, Llanquihue y Malleco pude comprobar personalmente que la Patria Joven, cansada de caminar, tomó por asalto las camionetas del INDAP, de la CORA y de la Promoción Popular y recorrió, así motorizada, todos los caminos de Chile, al servicio exclusivo y público de un partido. En fin, el Gobernador de Iquique, en una actitud que impugnamos severamente, en determinado momento ordenó retirar la propaganda de las fachadas de las casas, aun de aquellas cuyos dueños habían autorizado expresamente a los compañeros del Partido Socialista, para colocar la propaganda de nuestros candidatos. Lo dicho, para citar casos de no mucha gravedad.
Estoy seguro de que cada Senador estaría en condiciones de agregar una infinidad de ejemplos parecidos, que demuestran cabalmente que la administración entera del país, sin excluir a las fuerzas policiales, estuvo al servicio del Partido de Gobierno, y que éste dio virtual mente carta blanca a sus funcionarios para proceder con actitud discriminatoria de hostilidad manifiesta y flagrante contra la Oposición y de protección a los candidatos y a la actividad del Partido Demócrata Cristiano.
Por otra parte, frente al actual Gobierno, tan escrupulosamente democrático en la apariencia, que procura mantener integralmente la cáscara de la República, de la legalidad y el Derecho, pero que introduce a diario contrabando de violencia en su conducta, era indispensable reafirmar nuestra protesta colectiva, porque los oficios enviados por el Senado no sirven para nada, no son jamás considerados de buena fe por las autoridades, y menos por los Ministros.
Debo recordar, por enésima vez, que hace un año y medio, acompañando el facsímil de un oficio, reclamé contra la conducta del Gobernador de Calama, señor Castillo, quien decía literalmente en tal oficio, remitido a las esferas de Gobierno, que a petición de dos abogados de la compañía de Chuquicamata, entre ellos un hermano del Embajador en Estados Unidos, señor Tomic, solicitó el traslado del profesor que ahora resultó elegido, con la primera mayoría, como regidor en Calama. Me refiero al compañero Villalobos.
El señor PABLO.-
El señor Tomic es radical.
El señor GOMEZ.-
Es democratacristiano. Radical es su hermano Esteban Tomic.
El señor AMPUERO.-
Hay casos tal vez más escandalosos, que hieren la dignidad de la Corporación.
Se ha conocido aquí en detalle la denuncia formulada por el Honorable señor Altamirano contra el señor Eduardo Zúñiga, subdirector de Investigaciones. Se tomó conocimiento en este recinto del texto de la insolente comunicación remitida por ese funcionario subalterno, que no es de carrera, contra colegas nuestros. Se sabe de la denuncia formulada a los Tribunales al respecto. Debo recordar que el señor Zúñiga está encargado reo por haber cometido los delitos denunciados oportunamente en esta sala. Sin embargo, sigue siendo subdirector de Investigaciones y continuó a cargo de la policía política durante toda la campaña electoral. ¿Podríamos conformarnos con enviar al señor Leighton un nuevo oficio, para que siga acumulando papeles en la canasta o en el archivo? ¡Realmente, no sabría dónde los destina en definitiva!
El señor ALTAMIRANO.-
Hasta ahora, el señor Ministro no ha dado explicación alguna.
El señor AMPUERO.-
En efecto, no ha dado ninguna explicación.
Con ocasión de una denuncia que hice contra la radio "El Morro", el señor Ministro tuvo la desvergüenza de declarar por escrito que había pensado no contestar esa denuncia, porque yo estaba acusando al señor Pubill vinculado al negocio de los pollos, como todo el mundo sabe, quien es.
El señor PABLO.-
Nada tiene que ver con los pollos el señor Pubill.
El señor AMPUERO.-
un amigo personal que contaba con la profunda estimación del Presidente de la República. El señor Ministro del Interior consideraba que yo había agraviado a este señor y, en consecuencia, me respondía con el silencio. En esta forma, no se ha tenido ni siquiera el respeto elemental de contestar la correspondencia que remitimos desde aquí. Ahora que la elección pasó, me parece indispensable restablecer ese respeto y equilibrio. Es necesario, asimismo, que las Fuerzas Armadas sepan que un Senador es un dignatario democrático cuya investidura debe ser protegida y cuya personalidad debe ser respetada.
El Primer Mandatario llamó a plebiscito. Ignoró qué quería él dirimir con esta consulta. Si quiso significar que los chilenos debíamos elegir entre el Senado y el Presidente de la República, ya sabe por quién se pronunció el país; ya sabe quién está de más y carece de representatividad, para utilizar el lenguaje empleado por algunos jurisconsultos del Partido de Gobierno. Ahora bien, después de este pronunciamiento, me parece indispensable que la Corporación pida derechamente sanciones contra los oficiales que, haciendo uso de esta tolerancia que venía siendo inspirada por las más altas esferas, atropellaron a uno de nuestros colegas. De esta manera, protegemos también nuestra propia personalidad y nuestro fuero.
El Partido Socialista adhirió a la petición destinada a celebrar sesión especial, con el propósito de que no se resuelva el caso con un mero recurso administrativo, con la simple remisión de un oficio, sino por medio de una protesta categórica de la Corporación, protesta que ojalá esta vez tenga eco en el comportamiento del Presidente de la República, de sus Ministros y de las autoridades dependientes de ellos.
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