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- rdf:value = " LEGALIZACION DE JUNTAS DE VECINOS Y DEMAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que se refiere a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias y crea la Consejería Nacional de Promoción Popular.
El informe, suscrito por los Honorables señores Bulnes Sanfuentes (Presidente), Foncea, Luengo, Miranda y Rodríguez, recomienda, en mérito de las consideraciones que expresa, rechazar la proposición de ley, tal como lo hizo la Comisión.
El proyecto aparece en los Anexos de la sesión 22ª, en 12 de julio de 1966, documento Nº 1, y el informe, en los de la sesión 26ª, en 29 de noviembre de 1966, documento Nº 9.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor FONCEA.-
Señor Presidente, tal como lo acaba de manifestar el señor Secretario, la Comisión de Gobierno rechazó este proyecto por cuatro votos contra uno, correspondiente al Senador que habla.
En verdad, prácticamente no hubo discusión constructiva en la Comisión de Gobierno, pues desde el primer momento, desde la primera sesión, los parlamentarios de Oposición declararon tener orden de partido de votar en contra de esta iniciativa legal.
Quiero recordar que cuando el Ejecutivo presentó el proyecto sobre las llamadas leyes normativas, figuraba en lugar preferente un capítulo destinado precisamente a establecer y reconocer oficialmente la. Consejería Nacional de Promoción Popular. Y en esa oportunidad, en ese Mensaje del Ejecutivo, que fue aprobado por la Cámara y después pasó al Senado, los partidos que constituyen mayoría en esta Corporación expresaron que deseaban una ley específica; es decir, que se desglosara todo lo relativo a la Promoción Popular, y declararon estar dispuestos, en esas condiciones, a tratar el proyecto.
Dejo constancia de que en el proyecto en discusión, el Ejecutivo acoge los deseos manifestados por la Oposición en orden a que se legisle en forma específica sobre la materia.
Por otro lado, como expresé hace algunos instantes, no pudo debatirse a fondo y en forma completa la iniciativa, porque todos los Senadores que formaban parte de la Comisión manifestaron tener orden de partido sobre el particular.
Ahora bien, tanto el Ministro del Interior como los representantes de la Consejería Nacional de Promoción Popular, se encargaron, en la Comisión, de aclarar muchos aspectos que eran ignorados, y los propios señores Senadores reconocieron no tener concepto cabal y exacto de los distintos aspectos de la Promoción Popular. Por ejemplo, para citar algunos casos, se manifestó, como objeción principal a la iniciativa, el hecho de que las Juntas de Vecinos y las organizaciones comunitarias iban a desempeñarse bajo la tutela del Ministerio del Interior. Este punto fue plenamente aclarado mediante los artículos aprobados por la Cámara. De modo que los reparos hechos al proyecto quedaron desvirtuados. Se dijo en esa oportunidad, que el Ministerio del Interior llevaría simplemente un registro de las Juntas de Vecinos y de las organizaciones comunitarias, y que se había preferido otorgar esta función a dicho Ministerio en atención a que tiene ramificaciones y vinculaciones a lo largo de todo el país mediante las Intendencias y Gobernaciones, lo que no ocurre en otras Secretarías de Estado.
También se objetó en el informe figura la objeción respectiva, que, tengo entendido, corresponde al Honorable señor Rodríguez el hecho de que, de acuerdo con el proyecto, la Consejería Nacional de Promoción Popular no rendiría cuentas a ningún organismo. Pero hay una disposición expresa, que citaré más adelante, que establece precisamente lo contrario. Es decir, la Consejería Nacional de Promoción Popular deberá dar cuenta a la Contraloría General de la República de los fondos que administre.
Por otra parte, se sostuvo que la Consejería Nacional de Promoción Popular sería una especie de super Ministerio y que las funciones de la Consejería iban a coincidir con las desempeñadas por diferentes Secretarías de Estado. A esta objeción, los dirigentes de Promoción Popular replicaron que dicho organismo no tendría carácter ejecutivo, pues sólo serviría de coordinador y asesor de las organizaciones comunitarias y llevaría sus programas a los diferentes Ministerios con el objeto de acceder a aquellas peticiones que se consideren justificadas.
En resumen, dejo constancia, frente a lo que he señalado, por considerarlo de interés, que no hubo debate positivo sobre la materia, por cuanto los diferentes miembros de la Comisión comenzaron por expresar que estaban bajo el peso de una orden de partido. En estas circunstancias, todas las rectificaciones y aclaraciones carecen de eficacia. Por eso, como miembro de la Comisión y por haber emitido mi voto favorable al proyecto, debo lamentar la situación producida. Comprendo perfectamente que se imparta una orden de partido cuando se trata de aspectos doctrinarios de las diferentes colectividades políticas, pero no es posible por lo menos así lo he sostenido siempre yo que esas órdenes recaigan en proyectos que ni siquiera han sido conocidos por las respectivas organizaciones políticas. Por otra parte, quedó de manifiesto que muchas de las objeciones hechas por los partidos no corresponden a la realidad.
Deseo poner énfasis en este aspecto, porque en la sesión anterior, un señor Senador anunció su voto favorable al permiso constitucional al Presidente de la República para ausentarse del país y señaló cómo, al tratarse el permiso que fue rechazado hace algún tiempo, debió votar negativamente pese a ser partidario de concederlo, por existir orden de partido al respecto, y cómo en esta última ocasión, cuando era partidario de rechazarlo, su partido acordó lo contrario. O sea, con este sistema se establece cierta interdicción que, a mi juicio, resta respetabilidad al Congreso Nacional.
También deseo insistir en que las organizaciones comunitarias y la Consejería Nacional de Promoción Popular figuran entre los puntos básicos del programa presidencial. Durante la campaña, nosotros sostuvimos que en Chile existe una estructura político administrativa...
El señor RODRIGUEZ.-
¿Podría leer la parte pertinente del programa?
El señor FONCEA.-
No lo tengo a mano, pero se lo puedo traer.
El señor RODRIGUEZ.-
¡Como es tan desconocido!
El señor FONCEA.-
Comprendo que sea desconocido para quienes fueron contrarios a la candidatura del señor Frei.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¡Podría asesorarnos el Ministro de Tierras!
El señor FONCEA.-
La campaña terminó hace bastante tiempo. De todos modos, en una próxima oportunidad accederé a la petición del Honorable señor Rodríguez y le enviaré el programa.
El señor RODRIGUEZ.-
Le cobraremos la palabra.
El señor AMPUERO.-
Se lo agradeceremos.
El señor FONCEA.-
Sin duda, en Chile existe una estructura político administrativa, pero no existe precisamente una estructura social, y es eso lo que tratamos de solucionar mediante el proyecto en debate. Para nosotros no se concibe lo hemos afirmado muchas veces la democracia sin participación del pueblo; y para que éste participe, es necesario organizarlo previamente.
Yo recuerdo y en ello me dará la razón el Honorable señor Ampuero que el propio Presidente de la República, a lo largo de toda la campaña, sostuvo que el hombre que actúa aisladamente no tiene ninguna posibilidad de ser escuchado en nuestro país. En cambio, organizado, adquiere esa posibilidad. Eso es evidente.
Por otra parte, nosotros nos hemos encontrado, no ya en el aspecto de las organizaciones comunitarias, sino en el terreno de la sindicación, con el absurdo de que en Chile, donde existen tres millones de asalariados, sólo cerca de 280 mil están afiliados a organismos gremiales. ¡Ni siquiera el diez por ciento está sindicado! Estos datos, repetidos muchas veces, no pueden rebatirse, por cuanto se ajustan rigurosamente a la realidad.
Según estudios realizados por la Consejería Nacional de Promoción Popular, en Chile existen más o menos 20 mil organizaciones comunitarias, tales como juntas de vecinos, centros de padres y clubes deportivos. De estas 20 mil, sólo 100 tienen personalidad jurídica. La situación no puede ser más deplorable. Pienso que muy pocos países presentan un cuadro similar al descrito.
También se ha objetado, y muy especialmente, lo relativo a la creación de la Consejería Nacional de Promoción Popular, por parte de los partidos de Oposición, pues sostienen que esta organización quedará sometida a la presión proselitista y partidista del partido de Gobierno, del llamado partido único, que, desde luego, no es el único, porque en la última elección todas las colectividades manifestaron su satisfacción por sus respectivos triunfos. Esto demuestra claramente la existencia de las mismas objeciones hechas valer respecto del proyecto sobre sindicación campesina. En esa oportunidad, se dijo que los sindicatos, tal como estaban reglamentados en el proyecto respectivo, que será publicado en algunos días más, iban a sufrir una acción proselitista. Sin embargo, recuerdo a los señores miembros de la Comisión que tanto el Gobierno como los representantes de la Promoción Popular insinuaron, no una vez, sino en repetidas ocasiones, que verían con mucho agrado la presentación de indicaciones destinadas a hacer desaparecer este presunto peligro, a pesar de que en el proyecto de la Cámara de Diputados, especialmente en el artículo 4º, se establece que en las organizaciones comunitarias habrá amplia tolerancia y respeto por las posiciones religiosas y políticas de los socios, y que se prohíbe en ellas toda propaganda o campaña proselitista con tales fines dentro de sus locales o actividades. Aparte eso, el Gobierno y los representantes de Promoción Popular sugirieron varias veces que se hicieran las indicaciones del caso, las que tendrían buena acogida porque no ha sido nunca propósito del Gobierno hacer proselitismo por medio de la Promoción Popular.
También se dijo en la Comisión consta en el informe que la Promoción Popular está sometida a asesoría extranjera o foránea. Sin embargo, quedó perfectamente a esclarecido que tal afirmación no corresponde a la realidad, pues se demostró que en ese organismo hay un solo funcionario extranjero, un sociólogo perteneciente a la Fundación Ford, quien desempeña sus labores desde el Gobierno anterior.
Continuando mi exposición la estoy haciendo en forma muy poco metódica, porque antes había deseado conocer los argumentos de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto, quiero señalar que esta, iniciativa, rechazada por la mayoría de la Comisión, favorece a sectores que representan aproximadamente al 50% de la población del país. Son cuatro millones o cuatro millones y medio de personas las beneficiadas con la legalización de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
Durante el debate de la Comisión también se dio a conocer me parece interesante destacarlo cómo la Consejería de Promoción Popular ya ha actuado en forma muy beneficiosa para esos sectores marginales, aunque no ha logrado todavía reconocimiento oficial. En efecto, por ejemplo, dicha Consejería ha deducido, a lo largo del país, diversas acciones judiciales tendientes a sancionar a los responsables de este verdadero fraude que significan los "loteos brujos". Aparte esta asesoría jurídica prestada, a la Promoción Popular le ha correspondido llevar a cabo otra serie de realizaciones que también fueron dadas a conocer en la Comisión.
Los funcionarios que prestan servicios en la Promoción Popular, según se indicó también en la Comisión, son 450.
El señor AMPUERO.-
¿Cuántos, señor Senador?
El señor FONCEA.-
450 funcionarios.
El señor CHADWICK.-
¿En Santiago?
El señor FONCEA.-
450 en todo Chile, señor Senador.
El señor GOMEZ.
¿Cuántos andan en comisión de servicios?
El señor FONCEA.-
Si Su Señoría desea hacer alguna rectificación, puede formularla. Los datos que señalo son auténticos. Ahora Su Señoría señala que el número de funcionarios es superior, pero no menciona cuántos. Yo afirmo concretamente que son 450 funcionarios.
El señor GOMEZ.-
¡Son muchos más!
El señor AMPUERO.-
En comisión de servicio hay varías centenas.
El señor FONCEA.-
Si los señores Senadores desean, puedo concederles interrupciones para que señalen cuál es el número exacto de estos funcionarios, ya que afirman que la cifra dada por mí no corresponde a la realidad. Reitero: son 450 funcionarios.
El año pasado, el presupuesto de la Promoción Popular fue del orden de 16 millones de escudos, de los cuales 3 millones 500 mil escudos correspondieron a remuneraciones de esos funcionarios.
El señor AMPUERO.-
¿Cuántos son los funcionarios, y cuánto, el gasto?
El señor FONCEA.-
450, en los cuales se gastaron 3 millones 500 mil escudos del presupuesto total de 16 millones de escudos.
Mucho nos habría agradado que, respecto de este proyecto de ley, hubiera habido un debate positivo, con el propósito de llegar a una solución.
Todos los partidos han reconocido su importancia, por lo menos en lo referente a las Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias. Por esta razón, tanto al Partido Demócrata Cristiano como a mí personalmente, no nos parece conveniente rechazarlo, únicamente por uno solo de sus capítulos, el cual es susceptible de enmiendas y perfeccionamiento. A ello hemos estado llanos. Precisamente en este trámite del proyecto, el Honorable señor Tomás Reyes formuló una proposición, que también fue rechazada, para celebrar una reunión de Comités y estudiar alguna solución en cuanto al capítulo que merece reparos.
El señor RODRIGUEZ.-
Pido la palabra.
De la intervención del Honorable señor Foncea parece desprenderse que este proyecto hubiese sido tratado livianamente por el Parlamento, en su conjunto, y, en particular, por sectores políticos del Senado; e incluso, que aunque se expresan opiniones en forma un tanto mecánica, en la Comisión, lo que prevalece es una orden de partido de votar en contra de esta iniciativa sobre Juntas de Vecinos y Promoción Popular.
En forma breve, deseo señalar cuál ha sido la consecuente posición del Partido Socialista sobre esta materia.
Es conocido que los partidos populares, las colectividades integrantes del FRAP, hemos sido una especie de pioneros de la organización social. Ella no sólo se ha realizado en los sindicatos, en la búsqueda de su unidad, de su organización, de su libertad y su democracia sindical. También hemos estimulado la promoción de otros sectores sociales en que la vida contemporánea ha planteado otras urgencias, como es la gran concentración de pobladores en los grandes centros urbanos, a raíz, fundamentalmente, del éxodo rural en el país, el cual ha determinado las llamadas "poblaciones callampas" en el gran cinturón de Santiago y en las principales capitales de provincia. Han sido nuestros compañeros militantes, dirigentes, regidores, alcaldes, socialistas y comunistas, hombres de Izquierda, quienes han estimulado la posibilidad de un terreno para esa gente sin techo; han sido ellos quienes han reclamado atención de la autoridad administrativa para resolver el problema de la vivienda, verdadero drama social que afecta a decenas de miles de familias. Y en el fragor de la lucha por el techo, por terreno o un sitio, se fueron formando los comités de vecinos, las juntas de vecinos que lucharon por la satisfacción de sus necesidades elementales. Allí estuvieron jugando un papel relevante, positivo, de defensa, nuestros cuadros políticos, nuestras organizaciones de base, el comando parlamentario, municipal o sindical del partido. De manera, que este trajín en defensa de las llamadas ahora "poblaciones marginales", de su organización e incorporación a la vida orgánica y política del país, no es una tarea nueva ni corresponde a la Democracia Cristiana, como afirma este partido con tanta jactancia. No han descubierto ellos el "huevo de Colón" en cuanto a la vida tan dramática y sufrida de los pobladores marginales.
Por eso, cuando el proyecto concebido inicialmente por Diputados demócrata cristianos fue presentado en la Cámara, contó con la complacencia de los partidos del FRAP; pero sólo con relación a las Juntas de Vecinos, a fin de darles vida legal, ya que en el hecho existían. Además, en ese proyecto se establecería una vinculación orgánica de esas juntas de vecinos a los gobiernos comunales y a los servicios principales del Estado. Todo ello estaba bien, y creo que la idea fundamental de dar legalidad a las Juntas de Vecinos fue un criterio compartido unánimemente en la Cámara de Diputados.
En esa forma fue aprobada en su trámite inicial; pero, ¿qué ocurrió después? Cuando la iniciativa contaba con la aceptación unánime de todos los sectores políticos y, en especial, de la Izquierda, el Gobierno le introdujo un verdadero contrabando, una idea extraña a la organicidad y juridicidad de las Juntas de Vecinos: la Promoción Popular. Y con la mayoría mecánica de la Cámara de Diputados, se trasladó este proyecto al Senado. Cuando llegó a esta Corporación, provocó verdadero desasosiego para no llamarla de otra manera la improvisación de la Democracia Cristiana sobre esta materia. Así llegamos hoy día a despachar, favorable o negativamente, este proyecto, después que el partido de Gobierno ha tenido meses y meses de conocimiento de la actitud definida de los sectores políticos del país.
En una declaración del Frente de Acción Popular, de 14 de septiembre de 1966 ruego que dicho documento sea intercalado en la parte pertinente de mi intervención, refiriéndonos a una discusión sobre el proyecto de Juntas de Vecinos y Promoción Popular, expresamos y reiteramos nuestra voluntad de apoyar toda iniciativa tendiente a amparar, defender y organizar, legal o jurídicamente, las Juntas de Vecinos; pero categóricamente manifestamos también que nos oponemos a incluir en este proyecto el título relativo a Promoción Popular el sexto, si mal no recuerdo, introducido fraudulentamente en el articulado del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Lo anterior fue puesto en conocimiento del Ministro del Interior y de los Comités de la Democracia Cristiana del Senado; reiterado personalmente por mí, como Secretario General del Partido y como miembro de la Comisión de Gobierno, a los representantes de la Promoción Popular, y planteado nuevamente por el FRAP, como conjunto, en declaraciones públicas.
Ahora, en virtud de esta actitud de principios nuestra, vinculada consecuentemente a nuestra tradición de defensa de las Juntas de Vecinos, la Democracia Cristiana utiliza mañosa y arteramente la negativa de los partidos políticos para legislar sobre las Juntas de Vecinos. Y la campaña de la mentira se desliza, en las poblaciones, a lo largo de Chile, para tratar de acusar a los partidos populares y hacernos aparecer como enemigos de las Juntas de Vecinos, de su progreso y ascenso y de otras conquistas de miles y miles de compatriotas hundidos en la miseria de las poblaciones marginales. Ellos saben que están mintiendo y engañando a una parte importante de la población; ellos saben cómo hemos sostenido siempre que si desean legalidad para las Juntas de Vecinos, estaremos siempre dispuestos, como lo estamos ahora, a poner luz verde para expresarlo en forma gráfica a esa legislación. Pero siempre hemos sido contraríes a la Promoción Popular lo dijimos hace mucho tiempo por razones fundadas; y, por si fuera poco, se han confirmado plenamente los argumentos que expusimos en aquella oportunidad.
Recientemente salimos de una campaña político-electoral en que uno de los instrumentos de presión, de chantaje político, de baja política mendicante fue, precisamente, la Promoción Popular.
De manera que si esta iniciativa se va a hundir por la decisión democrática del Senado, ella sucederá por la voluntad del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, y por la pertinacia sin sentido del personero máximo de la Promoción Popular, el señor Sergio Ossa Pretot, quien se permitió afirmar en el día de hoy "que la actitud del Gobierno es terminante" siempre la. soberbia; esa soberbia que les costó caro en las elecciones municipales "en el sentido de que se mantiene tal como ha sido enviado al Congreso Nacional el proyecto de ley de Juntas de Vecinos y de Promoción Popular". El señor Ossa Pretot agregó que no ha cambiado la actitud del Ejecutivo sobre la materia, y explicó que "el Gobierno ha planteado desde un comienzo que es indispensable contar con un instrumento jurídico que permita coordinar y orientar la política de desarrollo social en el país".
Por lo tanto, concuerdo con el Honorable señor Ampuero en que no tendría sentido la proposición del Honorable señor Reyes en orden a dilatar más nuestro pronunciamiento sobre este proyecto mediante una reunión de los Comités, a fin de ver qué destino se le da. Concretamente, los sectores populares, por lo menos, esperábamos de la Democracia Cristiana que nos declarara su conformidad con desglosar, separar, de olvidar el capítulo relativo a la Promoción Popular, para legislar sobre la personería jurídica o legalidad de las juntas de vecinos con todos sus agregados, los cuales, por supuesto, pueden mejorarse.
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor RODRIGUEZ.-
Todas las que guste, señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras).-
Con la venia de Su Señoría, deseo manifestar lo siguiente:
Considero lamentable que en el curso del debate se empleen expresiones evidentemente de carácter ofensivo. Ignoro si el Reglamento del Senado prohíbe o no prohíbe el uso de ciertos términos; pero, a mi juicio, hablar de mentiras, de chantaje, es suponer intenciones.
Es perfectamente posible también, en mi concepto, que en la discusión política se hagan interpretaciones, que los distintos bandos creen objetivas, de las circunstancias en que se verifican los debates. Pero no es admisible que los bandos, al hacer esas interpretaciones, achaquen intención torcida a los otros.
En consecuencia, las palabras del Honorable señor Rodríguez, en este caso, son injustas. Si nosotros, los miembros del Ejecutivo, del partido de Gobierno, aplicáramos el mismo sistema de discusión, estaríamos constantemente también. . .
El señor AMPUERO.-
¡ Parece que el señor Ministro nunca ha leído "La Nación"!
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras).-
emitiendo conceptos para interpretar intenciones o actos, lo que, en mi opinión, no corresponde al debate en el Senado. Debo dejar constancia de lo anterior, por estimar repito que las palabras vertidas no corresponden a esta discusión.
Deseo agregar que el Honorable señor Rodríguez hizo constar en la Comisión que estimaba plausible gran parte de la obra realizada por la Promoción Popular, según los informes que dieron allí sus representantes.
En consecuencia, creo que lo pertinente no es entrar una vez más en una polémica sin sentido y carente de importancia para la gran opinión pública del país, sino establecer canales para tratar de resolver todos estos problemas que se plantean.
Me parece que hemos dado pruebas de que deseamos hacer lo posible para llegar a acuerdo sobre esta materia. Ese es el propósito, a mi juicio, que debe tenerse como fundamental, si realmente queremos conseguir resultados de trascendencia y que la opinión pública sepa que todos los sectores desean contribuir al mejoramiento de esta iniciativa.
El señor AMPUERO.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Rodríguez?
A mi juicio, un punto indispensable para la discusión es saber si lo expresado por el señor Ossa Pretot refleja o no refleja el criterio del Gobierno. Como tenemos la suerte de contar con la presencia del señor Ministro de Tierras, quien, según entiendo, conoce perfectamente el criterio del Ejecutivo sobre el problema, me gustaría conocer su opinión.
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras).-
En mi concepto, no debo ser yo quien dé esa opinión, sino el Ministro del Interior.
El señor AMPUERO.-
No se ve por aquí.
El señor PRADO.-
Estuvo en la Sala.
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras).-
De todos modos, debo decir que, a mi juicio, en todo debate las partes plantean sus posiciones del modo más claro y firme, lo cual no impide que se converse sobre la materia.
Con relación a la Promoción Popular, algunos Senadores de Oposición consideran válida buena parte de su acción. Si entramos en una especie de formulismo rígido, naturalmente que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Precisamente se trata de evitar ese formulismo y de establecer un clima nacional diferente, en particular ahora, después de que las últimas elecciones, según veo, han dado una lección a todos: nadie ha ganado en toda la amplitud que lo deseaba, lo cual constituye cierta advertencia del pueblo que, a mi juicio, debe ser tomada en cuenta.
El señor AMPUERO.-
Creo que así como el señor Ministro nos recuerda en forma indirecta ciertas normas para el debate de la Corporación, tenemos derecho a recordar al representante del Ejecutivo, en esta discusión, algunos fundamentos de cualquier diálogo serio.
De paso, considero que no hay un cambio fundamental en las exterioridades, por lo menos, del Gobierno, aun después de lo ocurrido el 2 de abril.
Aquí hay un hecho público y notorio: el señor Ossa Pretot, consejero nacional de facto de la Promoción Popular, destinado, según este proyecto, a ser una especie de Subpresidente de la República, con un pequeño gabinete, que correspondería a todas las Secretarías de Estado, con la sola excepción de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, que no sé por qué modestia o cortedad de genio no fueron incorporados al sistema; este caballero, hombre de primera importancia en el Gobierno y predestinado o destinado a utilizar los mecanismos que pretende crear el proyecto en debate, ha dicho en forma perentoria que el Gobierno no está dispuesto a alterar el contenido fundamental de este iniciativa y que mantendrá los preceptos destinados a crear la Promoción Popular. No es el señor Ossa Pretot irresponsable. No es un audaz, ni es un desconocedor del tema que estamos discutiendo. ¿Debemos entender o no debemos entender que es la voz oficial del Gobierno respecto de este problema?
El señor Ministro, con una dialéctica acomodaticia uso la palabra "dialéctica" con reservas mentales, nos afirma que no habría que tomar muy en serio esto; que, en realidad, lo que el señor Ossa Pretot dice, o no es una opinión definitiva, total, o no refleja el criterio del Gobierno. Eso quisiera entender.
En verdad, debemos partir de algo serio: o ésa es la política del Gobierno o no lo es. Si es ésa, no hay nada que discutir sobre algo que se aparte de la línea señalada por el señor Ossa Pretot. Si, por lo contrario, no es ésa la política del Gobierno, esto está demostrando hasta qué punto un funcionario que desempeña un cargo en forma interina, asume responsabilidades sin estar aprobado el proyecto, actitud que hace presumir hasta dónde llegaría con una ley como ésta en sus manos.
Para no interrumpir de nuevo al Honorable señor Rodríguez, me parece importante destacar también, de paso, que se advierte una evidente contradicción en este afán de dar estructura legal a las juntas de vecinos, colocando por encima de ellas un organismo de protección o de patronato, que es la Promoción Popular, pues las fuerzas del Gobierno han ignorado la necesidad de romper ciertas trabas a la organización de clase del pueblo, fundamentalmente de los sindicatos. Por ejemplo, como saben los señores Senadores, en la actualidad no se puede constituir en sindicatos, de acuerdo con la ley, virtualmente todo el personal de las instituciones de la economía del sector público; y a medida que crece este sector, que la Corporación tiene filiales y hay filiales de las filiales, menos obreros y menos empleados se organizan. Creo que esto no necesita ningún ejemplo ilustrativo, pues lo saben los Honorables colegas. Se va estrechando el campo de los sindicatos, por existir una prohibición que el Gobierno no ha querido remover y que el FRAP, en cinco o seis oportunidades, intentó suprimir en el Senado, sin lograrlo.
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
El Honorable señor Ampuero está haciendo uso de una interrupción, de modo que no puede ceder otra.
El señor AMPUERO.-
Lo lamento mucho, señor Ministro, pero no puedo acceder a su petición.
Se sabe que existe una prohibición terminante del Código del Trabajo para constituir federaciones de sindicatos industriales. Nada de esto se modifica. Todos los obstáculos se mantienen. Sin embargo, después se viene aquí a. acusar a los partidos que han generado los sindicatos y los han constituido, con heroísmo de sus militantes, de no haber logrado organizar en sindicato a más de diez por ciento de los trabajadores.
En materia municipal, que evidentemente constituye un primer peldaño de democracia., cierta forma de autogobierno, un mínimo de estructura social de un país, ¿no se sabe acaso que el Gobierno está adeudando cincuenta mil millones de pesos a los municipios; que los tiene prácticamente quebrados, por no entregarles recursos que son de ellos y que el Estado ha recaudado? ¿De dónde, entonces, este afán de dar estructura legal sólo a las juntas de vecinos, aparentando por los intereses sociales de los sectores humildes dedicación y desvelo que no se advierten respecto de otros campos de la organización social?
La verdad es que la Democracia Cristiana no ha descubierto nada, sino que ha puesto nombres nuevos a cosas viejas como se ha dicho tantas veces.
Desde luego, es absurdo declarar que la estructura social del país se establecerá por ley. Es absurdo, porque la estructura social de cualquier país está determinada por su estructura económica, y mientras exista capitalismo en Chile, aquélla estará fundamentalmente constituida por un sector de empresarios capitalistas y un sector de trabajadores. Esta es fundamentalmente la división social, la segregación social básica que existe entre nosotros.
Para neutralizar los efectos de esta división fundamental y para preparar el advenimiento de una sociedad distinta, lo lógico sería poner interés primero en la organización sindical, en la organización social que agrupa a los trabajadores como tales, como dependientes de una maquinaria económica en la cual ellos no hacen otra cosa que vender su trabajo y depender de quien dispone de los instrumentos de producción. Sin embargo, hasta ahora este asunto ha sido soslayado.
Pero no deseo entrar en otros aspectos que nos alejan del tema central.
Para mí, lo importante continúa siendo saber si el Gobierno sigue con esta política doble de hacer que sus funcionarios declaren, uno, una cosa, y otro, otra; que un Ministro diga a y otro diga b. Si vamos a entrar a. un diálogo, que sea a un diálogo serio, en el cual la voz del Gobierno sea una sola y la conozcamos, sin diluirse en el curso del debate, hasta terminar con pequeñas burlas y maquinaciones en la tramitación parlamentaria, que no dignifican ni a sus autores ni a quienes ingenuamente caemos en esa trampa. Muchas veces la Democracia Cristiana ha prometido en el Senado determinadas actitudes, pero en la Cámara de Diputados ha cambiado de opinión. Se han dado explicaciones especiosas, aquí, pero el resultado final lo han logrado.
A mi juicio, la Izquierda, el FRAP socialistas y comunistas, tenemos la obligación de no reincidir en estas demostraciones angelicales de ingenuidad. Aquí, la Promoción Popular, o desaparece del proyecto, como ha planteado la representación de Izquierda, o simplemente será el proyecto lo que deberá desaparecer. Ese es nuestro criterio, y creo que no es baladí pedir que la opinión del Gobierno sea conocida en el curso del debate.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Continúa con la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.-
No creo que sea el señor Castillo quien pueda aconsejarnos sobre cómo debemos usar nuestro lenguaje, medir nuestra vehemencia o dar nuestros conceptos, pues muchas veces él no los ha medido cuando, al hablar o escribir, ha lanzado no pocos ataques contra los dirigentes del movimiento popular.
El señor CASTILLO (Ministro de Tierras y Colonización).-
Protesto, señor Presidente, porque no puedo aceptar acusaciones de este tipo.
El señor RODRIGUEZ.-
He expresado que la voluntad de la Izquierda y del Partido Socialista ha sido favorecer y estimular la organización y juridicidad de las Juntas de Vecinos, pero que nos hemos negado sistemáticamente a incorporar al proyecto el título relativo a promoción popular; y agregaba que, si teníamos motivos fundados cuando en la Comisión respectiva nos negamos a aceptar tal legislación, el tiempo nos ha dado plenamente la razón, pues ha quedado registrado a lo largo del país el grado de intervención absurda, negativa, que ha desarrollado esa Consejería Nacional de Promoción Popular, para deformar la consulta ciudadana. Pero aun más, señor Presidente expresábamos que tal organismo, que seguramente no ha sido suficientemente bien meditado por las distintas esferas de Gobierno y por el propio partido que en él se ubica, se constituye como organización superpoderosa, queda por sobre los Ministerios, tiene estricta ligazón sólo con el señor Presidente de la República y obliga a formar parte de su consejo a delegados o mandatarios de los diversos Ministerios, como lo recordaba el Honorable señor Ampuero, salvo de dos, el de Defensa y el de Relaciones Exteriores.
En efecto, como lo establece el artículo 72, en su letra c), habrá un Consejo integrado por los siguientes miembros, entre otros: "Un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: Interior; Economía, Fomento y Reconstrucción; Hacienda; Educación Pública; Justicia; Obras Públicas; Agricultura; Tierras y Colonización; Trabajo y Previsión Social; Salud Pública; Minería y Vivienda y Urbanismo". Es decir, todos los Ministerios bajo la tuición de ese verdadero Frankestein administrativo que se conforma como una institución autónoma del Estado, persona jurídica de derecho público, con patrimonio distinto del que corresponde al fisco, funcionalmente descentralizado y que se relacionará con el Gobierno directamente, por intermedio del Presidente de la República, en la forma que determinen la ley y el reglamento respectivos.
Por otra parte, en el artículo 66 se expresa: "A la Consejería corresponderá, de acuerdo a las normas que imparta el Presidente de la República, orientar..." ¿Orientar qué? "la política de desarrollo social del país en cuanto permita la incorporación de todos los sectores populares a la plenitud de la vida política, económica, social y cultural de la Nación. De tal manera que este aparentemente inofensivo organismo, que había de permitir determinadas funciones casi de asistencia social, se mete en toda la vida cultural, económica y política del país, de los pobladores cuya tuición ejercerá.
En seguida, dentro de esas atribuciones extraordinarias, se le asignan, entre otras, las de "elaborar planes y programas para tal efecto; estudiar y pronunciarse sobre los planes y programas de los diversos Ministerios...". Es decir, es casi un poder contralor; es un poder que califica los planes y programas, incluso, de cada uno de los Ministerios, que acceden dócilmente a este organismo de la promoción popular, en circunstancias de que ésta es asistida ideológicamente por elementos foráneos. Lo sabemos; hay que decirlo y no es insulto ni agravio para la Democracia Cristiana: el sello fundamental de la promoción popular, en la vida pública chilena, está en la Orden de los Jesuítas, cuya filosofía le da origen, desarrollo, aplicación e información. De tal manera que si pretendiéramos, sin mayor análisis, descubrir la raíz de la promoción popular, chocaríamos, a la vuelta de la esquina, con el cura Veckeman, con los jesuítas belgas, verdaderos bautizadores de aquélla.
Por eso, las organizaciones políticas responsables tienen el mínimo de derecho a la defensa, para que, en igualdad de condiciones, se entre a disputar, en este régimen democrático, las posibilidades de cada tendencia. Resulta demasiado "ventajero" para la Democracia Cristiana disponer de tal instrumento, con enorme caudal de recursos financieros, con enorme posibilidad de penetración excluyente, discriminatoria, odiosa, en los medios marginales de pobladores, y sobre todo porque nada tiene que ver la promoción popular con lo que es la esencia del desarrollo de las Juntas de Vecinos.
Quiero, pues, esta vez, sin abusar del tiempo, para dar lugar a opinar a otros sectores del Senado, reiterar lo que ya dijimos: siempre ayudaremos a legislar sobre Juntas de Vecinos, para darles mayor impulso e ir creando una forma de autogestión social. Lo hemos hecho siempre y con agrado. Podemos legislar sobre esta materia. Pero pretender introducir el contrabando jesuítico, el instrumento político psicológico de la promoción popular, con todas las desventajas que ya hemos señalado, es algo que no podemos aceptarlo los socialistas.
Por ello, de persistir en su criterio el partido de Gobierno, no puede sino merecer nuestro rechazo la idea de legislar en este proyecto. Deploramos que la tozudez, la porfía y la soberbia repito hayan impedido esta vez dar curso a una legislación sobre Juntas de Vecinos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se insertará el documentos de que ha hecho mención el Honorable señor Rodríguez. Se trata de una declaración del Frente de Acción Popular relativa al proyecto en debate, fechada el 14 de septiembre de 1966.
Acordado.
-El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:
"Declaración pública del FRAP sobre el Proyecto de Ley de Juntas de Vecinos.
Durante la discusión del Proyecto de Ley sobre Juntas de Vecinos producida en la Honorable Cámara de Diputados, la representación parlamentaria del FRAP expuso con latitud sus puntos de vista sobre esta importante materia. Los Partidos Socialista y Comunista declararon pública y categóricamente su apoyo a la iniciativa de legalizar las funciones de estos organismos otorgándoles personería jurídica, sobre la base de mantenerlos libres de toda tutela oficial y sin menoscabo de las facultades que corresponden al Municipio como órgano constitucional encargado de la Administración de la Comuna en que se radiquen tales Juntas.
El Título VI del proyecto despachado por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados, relativo a la Consejería Nacional de Promoción Popular, consultó la instalación por ley de este nuevo organismo burocrático que se ha extendido "de facto" en todo el territorio y que, pese a no tener todavía existencia como entidad de derecho, ha arbitrado discrecionalmente cuantiosos recursos de origen desconocido hasta hoy y no sometido a control de ninguna especie.
Esta entidad Legal se ha singularizado por su afán de introducir la división y sometimiento de los vecinos, para ponerlos al servicio de los intereses proselitistas de la Democracia Cristiana. Más aún, ha orientado una persistente y odiosa campaña contra los Municipios del país y pretendido colocarlos en pugna con organismos vecinales con que ha venido trabajando en armonía desde hace muchos años.
Con fecha 8 de agosto último, el FRAP señaló a representantes del Gobierno su rechazo a la inclusión del título referente a la "Consejería Nacional de Promoción Popular" en el Proyecto sobre Juntas de Vecinos, por constituir una materia extraña a la finalidad concreta de la iniciativa que viene a desvirtuar el objetivo básico de impulsar un eficiente desarrollo y fortalecimiento de los organismos vecinales que agrupan a los pobladores.
Fuimos, somos y seremos siempre partidarios de legislar sobre Juntas de Vecinos y Centros de Madres. Pero no podemos aceptar que se aprovechen estos organismos populares para que el Partido de Gobierno realice una labor sectaria, dogmática y excluyente.
En consecuencia, el FRAP estima un deber de su parte dirigirse públicamente al Gobierno demandando el retiro del Título VI del Proyecto, que pretende legalizar la llamada "Promoción Popular", con lo cual se facilitaría el más pronto despacho del proyecto que concede personalidad jurídica a las Juntas de Vecinos.
El rechazo de parte del Gobierno a nuestra petición, arrojaría sobre él la responsabilidad exclusiva de impedir la inmediata aprobación del reconocimiento de personalidad jurídica a las Juntas de Vecinos, asunto sobre el cual se ha demostrado decidido partidario.
Santiago, 14 de septiembre de 1966.
Luís Corvalán L., Secretario General del Partido Comunista. Aniceto Rodríguez A. Secretario General del Partido Socialista."
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Miranda.
El señor MIRANDA.-
Señor Presidente, antes de la última elección general de regidores ya éramos contrarios al proyecto en debate, que tiene por objeto establecer normas por las cuales deben regirse las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, así como crear la Consejería Nacional de Promoción Popular.
Como el país lo recuerda y el Senado lo sabe, este proyecto sirvió, precisamente en esos comicios, como una de las banderas de lucha que se agitaron por la Democracia Cristiana con mayor empeño, y que por cierto fue considerada por el partido oficialista, antes de la elección, como una de las bases más sólidas sobre las cuales descansaría el triunfo que esperaba obtener en ese acto cívico.
De tal modo que, en realidad, el país ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, y ahora, como es natural, expondremos los puntos de vista que nos conducen a rechazar la idea de legislar en la materia.
El Senado debe recordar, pues se comentó en una de las últimas sesiones de esta alta Corporación, que el Presidente de la República planteó claramente en especial en su discurso de Castro, ciudad que celebraba cuatrocientos años de existencia lo que habría de ser, con el pasar de los días, la política del Ejecutivo frente a la última elección. Y entonces, en aquel discurso de Castro, estableció su línea de acción política, convirtiéndose así en verdadero jefe electoral de su propio partido.
Ello se ha discutido mucho. No es lo que pretendo traer al debate; pero sí quiero recalcar, entre las expresiones del Presidente de la República, en virtud de las cuales se imputaban los fracasos del Gobierno a la reacción del Senado, aquella en que concretamente especificó que era precisamente la falta de aprobación por este Cuerpo Legislativo del proyecto de ley que estamos discutiendo, lo que en buena parte le había impedido acelerar el desarrollo social del país.
Por nuestra parte, estimamos que este proyecto está estructurado sobre bases que no podemos compartir.
Es evidente que existe inquietud en el pueblo por organizarse en grupos comunitarios, como ahora se les llama; y nosotros siempre hemos colaborado en dar mayor desarrollo a ese anhelo popular. Pero la verdad es que las Juntas de Vecinos están va organizadas, existen desde hace mucho tiempo en el país, así como también han existido los centros de madres, culturales, de padres y apoderados o de cualquiera otra índole, los centros deportivos y los grupos corales. Y, ¿de dónde obtenían principalmente los medios necesarios para ir mejorando y prosperando en su acción social? Precisamente, de las municipalidades. Ahora, mediante el proyecto de ley en debate, se pretende, en buenas cuentas, dejar al margen de los municipios el desarrollo de tales actividades y entregar la tuición de todo el aparato respectivo al Ministerio del Interior, por intermedio de intendentes y gobernadores.
Actualmente, como lo hacía presente el Honorable señor Foncea, se encuentra organizada la promoción popular en el seno del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, aun cuando no con el nombre de Consejería Nacional de Promoción Popular, naturalmente, sino bajo la denominación de Departamento de Desarrollo Social de la Corporación de Servicios Habitacionales. Pero el Gobierno y su partido no desean que subsista este Departamento, que, en realidad, como aquí se ha demostrado, ha realizado una obra digna de estudio y, a veces, de real interés. Lo que persigue es, como lo decía el Honorable señor Rodríguez, mediante la iniciativa de la Cámara de Diputados, convertir a ese Departamento en Consejería Nacional de Promoción Popular; es decir, darle el más alto nivel, el de la Presidencia de la República, y asignarle como objetivos dirigir, controlar y fiscalizar la promoción de todas las actividades de todos esos centros comunitarios.
Y nosotros lo volvemos a decir somos contrarios a ello. Somos partidarios de la existencia de las Juntas de Vecinos. Somos partidarios de que el pueblo se organice mediante tales centros: de madres, deportivos, culturales, etcétera; pero siempre que ellos sean paralelos a los municipios y que éstos vigilen e impulsen su funcionamiento.
Por eso, declaramos oportunamente, junto con otras colectividades políticas, que éramos partidarios, y seguimos siéndolo, de modificar en forma fundamental la legislación vigente relativa a las municipalidades, y de prestar nuestro apoyo al proyecto de ley que oportunamente presentó a la consideración de los diversos grupos políticos la Confederación de Municipalidades de Chile. A nuestro juicio, ahí está la solución. Ese es el verdadero camino; pero no lo es entregar una herramienta de esta naturaleza a un Gobierno como el actual, que, en realidad, ha usado y abusado de todos los elementos que por ley se han otorgado a la Promoción Popular, mediante los fondos de que pueden disponer intendentes y gobernadores, para realizar acción política, de intervención electoral.
Ya otros representantes de mi partido lo han planteado con mucha claridad y no me parece que sea éste el momento de seguir insistiendo sobre la materia.
Gomos absolutamente claros en nuestro pensamiento: creemos que el país, en la última elección de regidores, se pronunció sobre el programa de Gobierno del Presidente Frei. No hemos sido nosotros quienes hemos llamado al pueblo a pronunciarse al respecto, sino el propio Presidente de la República quien así lo solicitó en todas partes. Yo estaba en La Serena cuando Su Excelencia hizo una gira a esa ciudad, capital de la provincia de Coquimbo, y en ella, al igual que en otras, pidió al pueblo pronunciarse sobre su programa mediante el apoyo al partido de Gobierno.
¿Y cuál era, y es, uno de los puntos fundamentales de su programa? El de la promoción popular.
¿Cuál fue el respaldo que la ciudadanía prestó al programa del actual Gobierno y, en consecuencia, a este aspecto tan importante de él como es la promoción popular? El señor Ministro nos decía denantes que todos deberíamos sacar lección de los últimos comicios; que ninguno obtuvo un triunfo tan impresionante. Espero que entre todos se cuente, naturalmente, la propia Democracia Cristiana. En consideración a las palabras del señor Ministro, no podríamos concluir que el pueblo aceptó el programa del Presidente Frei o respaldó al partido de Gobierno en forma mayoritaria. Hay un hecho claro: la gran mayoría del país rechazó la política del PresidenteFrei, la promoción popular y las normas que mediante ella se pretende establecer.
Por eso, somos también claramente contrarios a esta iniciativa después de las últimas elecciones. Para nosotros, la manera de legislar en beneficio de estos grupos sociales consiste en aprobar el proyecto presentado por la Confederación de Municipalidades de Chile, y no la iniciativa que ahora se nos propone. En consecuencia, si el Gobierno está realmente interesado en buscar solución a los problemas de todos los chilenos que viven en tan difíciles condiciones sociales, como los agrupados en las juntas de vecinos y centros de madres, ahí tiene el camino: posibilitar la discusión de la iniciativa presentada por la Confederación de Municipalidades, la que, seguramente, contará con el apoyo de todos los sectores.
Mientras tanto, preferimos la claridad en nuestra acción política y, por eso, votaremos en contra el proyecto que ahora se discute en general.
El señor NOEMI.-
A diferencia de lo que piensa el Honorable señor Rodríguez, sabemos perfectamente que este proyecto de ley, que legaliza las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias, y crea la Consejería Nacional de Promoción Popular, ha sido ampliamente debatido por todos los sectores; en consecuencia, no creemos que el problema se esté analizando en forma ligera,...
El señor RODRIGUEZ.-
Eso no lo dije yo, sino el Honorable señor Foncea.
El señor NOEMI.-
Especialmente, por parte de aquellos sectores de pobladores más directamente interesados en su pronta aprobación.
Me permito intervenir en este debate, precisamente, porque he sido testigo del interés del pueblo en el éxito de esta legislación, y porque aquél tiene plena conciencia que su organización comunitaria debe orientarse, en primer término, por encima de banderías políticas, a la solución de sus propios problemas, que son parte de su vida misma.
La Cámara de Diputados, en la discusión particular y general del proyecto, estableció los sólidos fundamentos en que se apoya esta iniciativa. De allí que en esta oportunidad quisiera solamente destacar en forma breve, una vez más, las razones fundamentales que nos mueven a apoyar decididamente este proyecto de ley.
El análisis y discusión del proyecto en estudio ha permitido formarnos conciencia de cómo todos los sectores de la Nación están de acuerdo, en forma unánime así lo han expresado en la Comisión todos los partidos, en que es absolutamente necesario, en estos momentos, dar sólida estructura jurídica a las organizaciones de la comunidad, especialmente a las de los sectores populares, reconociéndoles, de esta manera, su indiscutible derecho a tener su propia existencia autónoma, responsablemente expresada por medio de sus mecanismos.
La justificación de este derecho se basa en el respeto a la libertad y a la solidaridad de los hombres, elementos que, a su vez, dan fundamento a las relaciones humanas y que no pueden tener otras limitaciones que las impuestas por el bien común. Este derecho, universalmente reconocido, se encuentra expresamente consagrado en nuestra Constitución Política, cuando establece y asegura a todos los habitantes el derecho a asociarse.
Participación de la Comunidad en el desarrollo de la Nación.
Ahora bien, desde el punto de vista del desarrollo de la Nación en todos sus niveles, este proyecto encuentra también su plena justificación, pues sabemos perfectamente que es indispensable para la eficacia de ese desarrollo, la participación de la comunidad organizada, ya que de otra manera estaríamos negando al pueblo su derecho a expresarse y a influir directamente en los centros de decisión. Pensamos, entonces, que ésta es una magnífica oportunidad de dar mejor y más auténtico sentido a nuestra democracia instrumentos adecuados para su eficacia.
Sin embargo, toda esta intención quedaría profundamente frustrada y aquí me hago cargo de las palabras del Honorable señor Rodríguez si, junto con dar estructura jurídica a las organizaciones comunitarias del pueblo de Chile, no les proporcionamos los instrumentos adecuados para hacer eficaz su expresión y desarrollo. Y esto no lo digo por soberbia, porque jamás la he tenido siquiera por un minuto.
La señora CAMPUSANO.-
No tanto, Honorable colega.
El señor NOEMI.-
No creo ser soberbio. En mi vida he tratado de ser lo más modesto posible. No me parece que pueda señalárseme una actitud de esa naturaleza.
La señora CAMPUSANO.-
¡Es pura modestia el señor Senador!
El señor NOEMI.-
No es por soberbia, digo, sino porque tenemos el convencimiento de que esa acción social debe ser dirigida por alguien para no frustrar el propósito perseguido.
La Consejería Nacional de Promoción Popular viene a satisfacer esa necesidad, de la misma manera que otras instituciones lo han hecho en otros campos: la Dirección General del Trabajo, en el régimen sindical; el Departamento de Cooperativas, respecto de estas organizaciones; CORA e INDAP, en el proceso de la reforma agraria.
¿Qué sentido tendría la reforma agrarias sin la intervención de CORA, que viene a ser el alma misma de esta trascendental reforma? ¿Y quién puede desconocer que INDAP ha pasado a constituirse en un poderoso motor de la promoción de los campesinos? Conjuntamente con realizar una labor de profundo sentido social, otorga asistencia técnica y crediticia a los inquilinos, medieros, pequeños propietarios, minifundistas, comuneros y campesinos, que anteriormente no disponían de este beneficio. Además, los ayuda a organizarse y a capacitarse para afrontar con un trabajo técnico el papel que Chile espera en el nuevo rostro de la agricultura nacional.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
De acuerdo con lo dispuesto por la Sala, los últimos 10 minutos del Orden del Día deben destinarse a tratar los ascensos militares.
Queda pendiente la discusión del proyecto, y con el uso de la palabra, el Honorable señor Noemi.
A continuación están inscritos el Honorable señor Bulnes y la Honorable señora Campusano.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
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