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- rdf:value = " El señor PABLO.-
Señor Presidente, los Senadores democratacristianos votaremos favorablemente la idea de legislar contenida en este proyecto. Lo hacemos convencidos de que la liberación tributaria que se propone otorgar a la Compañía de Acero del Pacífico tiene justificación; y la tiene debido a la gran inversión que ella debe realizar. Además, porque la liberación de tributos no afectará a la utilidad que pudiera obtener la compañía, sino, fundamentalmente, a aquellos impuestos que influyen en los costos, los cuales, en definitiva, son pagados por la comunidad toda.
La Compañía de Acero del Pacífico debe duplicar su producción, y para lograrlo requiere de una fuerte capitalización. Es la empresa que para desarrollar sus planes debe realizar la más alta capitalización en el país. Su inversión directa, no sólo será de 127 millones de dólares, sino, como reza el informe, alcanzará a 230 ó 250 millones de dólares, cifra esta última que significa la ampliación de Huachipato. En este instante, no hay empresa individual alguna que realice una inversión de este tipo. Por ello, estimamos que la CAP está en condiciones excepcionales, como denantes señaló el Honorable señor Enríquez, y es merecedora de la liberación de impuestos que gravitan en sus costos, y no en sus utilidades.
Los impuestos que gravitan sobre los costos de dicha empresa corresponden exclusivamente a los de bienes raíces y a las compraventas. Este último tributo, en definitiva, lo paga indirectamente también el consumidor, porque se suma al costo. Frente a eso, el Fondo Siderúrgico crea la posibilidad de recuperar, por la vía de su ampliación, un ingreso muy superior a la del impuesto a la renta que correspondería pagar a esta empresa desde 1971 a 1975. Es decir, creemos que la doctrina tributaria está bien sentada: pagar impuestos sobre las utilidades y que, aparte ello, se otorguen liberaciones en aquellos rubros que significan una traba para el desarrollo de esta empresa, como son los derechos de importación y otros.
Además, en este proyecto se establecen beneficios directos para la zona de Talcahuano al crear la posibilidad, en la primera etapa, de invertir los impuestos que se perciban y, al mismo tiempo, contratar empréstitos con cargo al producido de dichos gravámenes, lo que estimularía fuertemente el desarrollo de esa zona.
Asimismo, en el proyecto se consignaba una idea central de extraordinaria importancia: hacer desaparecer en esta empresa, como especie de plan piloto, las diferencias existentes entre empleados y obreros.
Yo no sé qué alcaldes o regidores tan "progresistas", a los cuales se refirió la Honorable señora Campusano, son los que se oponen a este proyecto. En mi concepto, ellos tienen una visión distorsionada de la realidad del problema.
Los pobladores de la comuna de Talcahuano fundaron grandes esperanzas en la aprobación de este proyecto; la mayoría municipal -prácticamente la totalidad de los regidores- esperaba lograr la solución de diversos problemas que afectan a la comunidad toda.
Por otra parte, en cuanto a la exención tributaria misma, ignoro de dónde se han obtenido cálculos tan fantásticos como los señalados por el Honorable señor Barros, quien sostuvo que se trataba de 400 mi- millones de dólares.
Cualquier suma que se pueda imputar a impuestos por concepto de importación de maquinarias, hoy día se halla exenta, sin necesidad de aprobar el proyecto en debate. Dicha exención rige por decretos anteriores, y de ella disfruta toda la industria del país.
Nos parece que a nuestros Honorables colegas los ha cegado un mal estudio del proyecto y una incomprensión indebida de la política del Gobierno, lo cual los hace votar negativamente.
En cuanto a les accionistas de la Compañía de Acero del Pacífico, debemos recordar que no ha sido este Gobierno quien los instó a ingresar a ella. Fueron Administraciones anteriores las que lo hicieron, acordándoles determinadas granjerias. Sin embargo, este Gobierno ha ido acrecentando la participación fiscal en la empresa; y estoy cierto de que, antes de terminar su período, el 51% de las acciones será del Estado.
Los Senadores democratacristianos votaremos favorablemente el proyecto, pues tenemos conciencia de que la CAP está intervenida en su totalidad por el Estado: su presidente es designado ahora por el Gobierno, y lo que es más, su directorio no puede realizar ningún acto jurídico de trascendencia sin contar con la anuencia de la Corporación de Fomento, lo que en la práctica equivale al veto del Ejecutivo.
Por lo que dejo expuesto, voto afirmativamente la idea de legislar.
"
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