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- rdf:value = " El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Pido la palabra.
Señor Presidente, con relación al financiamiento de este proyecto, la Cámara de Diputados estableció un impuesto básico de 3,5% que las Comisiones unidas acordaron modificar. Sin embargo, los antecedentes que permitieron fundamentar dicho financiamiento no han sido desvirtuados.
Existe el peligro de que el sistema de una tasa básica de uno por ciento y una adicional de 4% no permitirá suministrar las prestaciones que el proyecto consigna, lo que obliga a partir con un desfinanciamiento que afectará de manera fundamental a los trabajadores.
Al requerirse la opinión de los funcionarios y de los representantes de la Superintendencia de Seguridad Social que concurrieron a las Comisiones, si bien es cierto que ellos no concordaron con el financiamiento aprobado por la Cámara, no lo es menos que ellos dejaron constancia, en las sesiones respectivas, de que el financiamiento mínimo, básico, debía ser del 2,5%. No obstante las explicaciones dadas, la tasa básica se rebajó a 1%, y la adicional, a 4%.
Nosotros sabemos que el Presidente de la República tendrá facultad para aumentar la imposición básica en un momento determinado; pero sabemos también que el proyecto nacerá desfinanciado, y que pasarán meses y las penurias, sufrimientos y sacrificios de los trabajadores subsistirán.
De manera que, sabiendo que la tasa básica propuesta no será suficiente para financiar el proyecto, recurrimos a esta indicación renovada por estimar que ¡a Cámara de Diputados estuvo en lo justo al acordar un financiamiento básico de 3,5%, con el propósito de evitar que esta iniciativa no estuviera debidamente costeada.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social, para 1966 se calculó una frecuencia de accidentes, en el sector obrero, de 215.900, determinando una tasa promedio de 15% y un costo de Eº 305 por accidente. En el caso de los empleados del sector privado, la tasa de frecuencia de accidentes es de 6% (16.000) y su costo asciende a Eº 600.
En el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se señalaba que el gasto total para 210.000 accidentes anuales, con un costo de Eº 242 por obrero accidentado, tendría un valor aproximado de Eº 51.000.000, razón por la cual se había fijado la tasa básica en 3,5% de las remuneraciones. En el caso de los empleados particulares, aunque el costo por accidente es más o menos el doble del de un obrero, la tasa de accidentes es inferior -alrededor de 6%-, por lo que el gasto total representa unos ocho y medio millones de escudos, cantidad que podría cubrirse con 1% sobre sus remuneraciones.
Por este motivo, y atendiendo a la diferencia de riesgos que ofrece cada actividad y también a la necesidad de crear incentivos para que los patrones no evadan las cotizaciones, como se ha señalado en forma insistente, se estableció una tasa básica de 3,5% de la remuneración imponible que podía ser alzada hasta el doble, según los riesgos de una empresa, o disminuida hasta 1,75% anual.
Durante la discusión en particular en las Comisiones unidas del Senado, el representante de la Superintendencia señaló que el proyecto se financiaba con un 2,5%, proponiéndose por ello la cotización básica de 1%, más la adicional de hasta 4%. Como esta última puede ser reducida en parte o en su totalidad en caso de que la empresa ofrezca óptimas condiciones de seguridad, es muy dudoso de que con este sistema se financien las prestaciones.
Por otra parte, se ha señalado que en la actualidad el costo del seguro es del orden de 4,5% y 5,5% del salario y, en algunos casos, en especial en el de las enfermedades profesionales, llega a 14%. Una cotización ele 3,5% representa, sin duda, una rebaja considerable en su costo, si se considera que con ella se cubre un número de trabajadores muy superior.
Cabe hacer notar que si efectivamente el proyecto se financiara, es indispensable volver al sistema propuesto por la Cámara de Diputados, porque, a nuestro juicio, es la única manera de dictar la ley con financiamiento adecuado desde su promulgación; y no se debe recurrir a las empresas que tienen buen sistema de seguro. En muchos casos hay empresas, en especial en las de la gran minería del cobre, que tienen mucha propaganda y toman medidas desde el punto de vista publicitario, pero en el aspecto práctico no tienen seguridad para resguardar la vida de los trabajadores.
Termino haciendo presente que insistiremos en el financiamiento propuesto por la Cámara de Diputados, por estimar que es lo conveniente para este proyecto.
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