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- rdf:value = " El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, ante las palabras del Honorable señor Ahumada, insistiré en mis observaciones, porque, por mucha que sea la fe que debamos dar a las opiniones de los técnicos, hay ciertos hechos que nos hacen dudar de ellas.
Estoy absolutamente cierto, por una comprobación directa, de que el régimen de las remuneraciones imponibles ha ido separando a los trabajadores de la realidad, en cuanto a su sistema de previsión. Cada empresario, especialmente en el sector de los empleados, cada empleador, diría con más precisión, trata de bajar las imposiciones a que está obligado por ley, y para ello acude a un sistema generalizado, consistente en disfrazar con otros nombres lo que indudablemente forma parte del sueldo. Mediante el procedimiento de las gratificaciones y otros sistemas, el empleado, especialmente, aparece percibiendo un sueldo inferior al efectivo. Si se toma en cuenta este hecho de la vida real, resulta que los cálculos presentados por los organismos oficiales podrán corresponder perfectamente a la ciencia actuarial, a las apreciaciones matemáticas superiores, y señalar coeficientes indicadores de que con 2,5%, como es el caso, se satisfacen las necesidades financieras. Pero nosotros tenemos derecho a revisar estos criterios. Me parece de toda evidencia que el cálculo falla, como quiera que su base es falsa.
Estimo igualmente de toda certeza que facultar al Ejecutivo para regular la tasa adicional o aun llegar a la exención según sea el grado de seguridad que ofrezca la empresa, trae aparejado el peligro cierto de que los grandes grupos de presión que constituyen ciertas empresas terminarán por prevalecer, y restringirá los efectos que se persiguen por el artículo 7º, que aborda el problema de las enfermedades profesionales.
A mi juicio, es indudable que el Ejecutivo no podrá incluir toda la amplia gama de las enfermedades profesionales si le están cercenados los recursos para atender estos riesgos. En este orden de cosas, soy contrario -no sólo ahora; siempre he manifestado igual opinión-a dejar al Ejecutivo expuesto a las altas presiones de los intereses que se mueven aceleradamente, sin descanso, en su afán de obtener rebajas, disminuciones, menor gravamen en las obligaciones impuestas por las leyes.
Por eso, considero que la indicación renovada, originada en una iniciativa del Partido Comunista, es lo único saludable, pues resuelve el problema del financiamiento derechamente, con una tasa fija que escapa a las variaciones de las partes interesadas. Si resultare que este procedimiento no da lugar a obtener los- frutos perseguidos, entonces se harían las innovaciones. No despachemos un proyecto de ley a sabiendas de que no está financiado.
Ahora, en cuanto a la filosofía que se dice inspiraría al artículo 12, cada vez más debemos ir abandonando la consideración individual para resolver estos problemas. Estos son riesgos que deben compartise socialmente. No es posible, por ejemplo, que el pequeño empresario, como decía el Honorable señor Contreras Tapia, o las minas que se trabajan en la fatídica quebrada El Culebrón, en Andacollo, vayan a tener que soportar por sí mismas toda la responsabilidad que lleva envuelta la obligación de cubrir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Porque si fuera así, la verdad es que habría que cerrar esos lugares de trabajo. Y hay algo que está por encima de todas estas consideraciones: la dramática posición del obrero desocupado, la falta de trabajo, la necesidad de admitir –aunque sea duro- que hay riesgos que, por graves que sean, debemos afrontar. ¿Quién podría contestarme en este Senado si no se pone en peor situación a la empresa que trabaja las minas subterráneas de la gran minería, donde es sabido que al cabo de siete años, salvo contadas excepciones, nadie escapa de contraer silicosis? ¿Cómo cuantificar este riesgo, que casi pierde el carácter de eventualidad que lleva envuelto el concepto y pasa a ser una condenación inevitable? Pienso que si nosotros entendemos el proyecto como una unidad, tendremos que llegar a la conclusión de que es antisocial distinguir grados en los riesgos que producen las distintas empresas, porque eso no está determinado principalmente por actos voluntarios del empleador: están en gran parte fatalmente influidos o condicionados por la misma estructura de la sociedad en que vivimos.
Estimo, además, que no se puede desatender tan ligeramente esta reiterada observación que venimos formulando, porque en la medida en que este proyecto resulte desfinanciado, serán más limitados, más inciertos o eventuales los beneficios que puedan recoger quienes contraigan la enfermedad profesional. Porque aquí hemos renunciado a catalogarla, a definirla, y hemos entregado esta materia al Poder Ejecutivo, que no podrá ir más allá de lo que permita el financiamiento que efectivamente tenga la ley.
Por eso, con calor e insistencia, y con el perdón del Honorable Senado, me atrevo a repetir una vez más que la suerte de todo el proyecto, su verdadera significación, está en la decisión que adoptemos respecto de la indicación renovada.
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