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- rdf:value = " El señor CHADWICK.-
Oigo con cierto estupor el desarrollo de lo que se ha llamado la filosofía del proyecto. Según ella, la prevención de los accidentes estaría entregada a cierto afán de lucro o de economía del empresario, el que, movido por el estímulo de que se le rebajen las tasas, tomaría determinadas medidas para precaver los accidentes.
Si nos detenemos un momento a pensar en tal filosofía, más de un temblor de espanto -creo- nos ha de sobrecoger.
No, señor Presidente. La verdad es que en cualquier país civilizado la autoridad pública tiene lo que se llama la potestad de policía, que va mucho más allá del simple estímulo económico consistente en rebajar tasas o dar determinadas ventajas pecuniarias, cuando se trata de proteger la vida, la integridad corporal o la salud de obreros y empleados.
Si la cosa fuera tan sencilla como aquí se insinúa, el problema estaría resuelto. Bastaría ejercer la autoridad de policía; que se reglamentara, por la Dirección de Minas del Estado, el Servicio Nacional de Salud o cualquiera de esas reparticiones llamadas a velar por la seguridad, la vida o el estado de salud de las personas, y se determinara cuáles son las condiciones mínimas que dan una garantía.
¡El problema es otro! El problema no puede ser resuelto sencillamente por la vía de los reglamentos o de las disposiciones, ni siquiera por la de los estímulos. El número de accidentes es consecuencia de una relación, que cualquier estudioso podría poner de manifiesto, entre el estado económico-social de un pueblo y las exigencias que tiene que afrontar, y, en seguida, de ciertas condiciones naturales. En Estados Unidos, por ejemplo, puede abordarse el problema de la silicosis mediante el uso de dispositivos que manejan el agua y crean cortinas que limpian el aire. Pero los procedimientos especiales empleados para aplicar ese método, no se pueden utilizar en las minas del norte de nuestro país. En Estados Unidos, ningún obrero blanco entraría a trabajar en una mina como es la de El Salvador. Nadie iría a vender su salud por un salario mediocre. Nadie aceptaría trabajar en una actividad que lo incapacita al cabo de 7 años. Pero aquí la cesantía y la miseria empujan a la gente, y el Gobierno no puede prohibir ese trabajo, no está en condiciones de alterar las cosas. Hay un riesgo social que se está produciendo por las deficiencias de nuestra estructura básica.
Pero que no se diga aquí que la filosofía del proyecto consiste en obtener, por medio de estímulos, de rebajas de prima o de tasa, lo que se podría obtener por un adecuado ejercicio de la facultad de policía. Si fuera cierto esto, yo diría que hemos caído muy abajo.
"
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