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- rdf:value = " El señor AMPUERO.-
Con relación a la industria salitrera, es indispensable decir algo en la discusión de este proyecto de ley.
Efectivamente, el artículo consigna un procedimiento nuevo, no habitual. Se trata de que el Ejecutivo, el Congreso y algunos sectores de obreros, empleados y técnicos vinculados a la industria del salitre, participen en la elaboración de la iniciativa legal respectiva, sin perjuicio de que el Presidente de la República proponga el texto que, de acuerdo con sus facultades constitucionales, considere más conveniente. La solución del problema exige un previo y detenido estudio de las líneas generales que han de caracterizar a la ley que deba regir en esta materia, frente a la cual es muy probable que tengamos que legislar con apresuramiento inconveniente. Tocio el mundo sabe, y el Gobierno en primer término, que en el mes de junio del año próximo caduca la actual legislación del salitre, tanto la ley 5.350, que dio origen al estanco, como el referéndum salitrero, que también fue ratificado por una ley. Es decir, está en vísperas de desaparecer toda legislación particular sobre la industria salitrera, con lo cual se producirá un vacío jurídico en lo que se refiere al manejo de esta industria. Hasta el momento, no hay la menor noticia de que el Gobierno piense sustituir esta legislación por otra que permita mantener la continuidad de la industria. Tememos, con fundada razón, que de aquí a treinta, sesenta o noventa días el Ejecutivo envíe con urgencia extrema un proyecto en que nos proponga un nuevo estatuto salitrero. Como no será posible analizarlo con el tiempo y la tranquilidad suficientes y con la participación adecuada de los distintos sectores políticos, en forma que esa legislación refleje el sentimiento del país, el Honorable señor Chadwick formuló la indicación en debate -personalmente la comparto en su integridad- tendiente a subsanar tal problema.
No deseo ahora entrar en detalles para recordar cómo los términos en que se despachó el referéndum salitrero han significado un negocio escandaloso para la Compañía Anglo Lautaro, y ello se debe, entre otras razones, al apresuramiento que siempre los Gobiernos de Chile ponen para mejorar las condiciones del desenvolvimiento de la industria del nitrato. Por eso, pido a los señores Senadores aprobar el artículo en debate.
Además, deseo señalar de paso que, hace unos seis años, previendo que debía renovarse la legislación salitrera, propusimos en el Senado un proyecto, que se transformó en ley, en virtud del cual se creaba un Centro de Investigación del Salitre y de la Industria Química. Se trataba de estudiar, con suficiente anticipación, no sólo las normas jurídicas de la industria, sino también sus problemas de desarrollo. Por desgracia, y como comprobación de la falta de interés del Ejecutivo de entonces y del actual por esta materia, es lamentable comprobar que tal iniciativa legal, no obstante estar sancionada como ley, jamás se ha llevado a la práctica. Nunca se creó el centro mencionado; la Corporación de Fomento jamás entregó los fondos respectivos, y la propia Universidad de Chile no ha tenido fortuna al exigir el cumplimiento de la ley. A nuestro juicio, esta negligencia para enfrentar una actividad industrial vital para el norte, debería ser corregida ahora mediante la disposición contenida en el artículo 18.
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