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- rdf:value = " El señor LUENGO.-
El Honorable señor Pablo ha sostenido que no estamos ante un asunto baladí, pues el proyecto tendría un costo muy alto. Concuerdo con Su Señoría en cuanto, a que este asunto no es baladí; pero no precisamente por su costo, sino por la situación a que se ha llevado a numerosos funcionarios de la Administración Pública que, desde la dictación de la ley N° 16.617, están recibiendo jubilaciones inferiores en treinta o cuarenta por ciento a las remuneraciones del personal en servicio activo. Por- lo tanto, lo que debe interesarnos fundamentalmente en esta materia no es el costo del proyecto, sino la situación de los funcionarios que después de treinta, treinta y cinco y, a veces, cuarenta años de servicios, jubilan con una pensión muy inferior al suélelo de los servidores en actividad.
Además, debemos tomar en cuenta que en virtud del artículo 99 de la ley N° 16.G17, prácticamente el empleado público no puede jubilar. En efecto, nadie puede pretender que un funcionario cuyos ingresos mensuales le son absolutamente insuficientes para solventar todos los gastos de su hogar, pueda jubilar en tales condiciones. A mi juicio -insisto-, esto es lo fundamental en la iniciativa en debate. Es en este terreno donde debemos demostrar alguna sensibilidad. Pienso que el Gobierno de la Democracia Cristiana debería exteriorizarla con mayor razón en esta oportunidad, pues cuando esa colectividad política era Oposición tenían un criterio semejante al que estamos sosteniendo los Senadores de Izquierda respecto de todas las materias relacionadas con las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Por otra parte, no me es posible precisar a cuánto ascienden los recursos necesarios para financiar el pago de las pensiones reajustadas al ciento por ciento del sueldo del personal activo, pero sí puedo señalar que el Gobierno, por su parte, está dilapidando dineros fiscales en cantidades apreciables. Sabemos que este año se están gastando en la Promoción Popular, organismo constituido ilegalmente, alrededor de sesenta millones de escudos.
Después de haber rechazado el Senado el capítulo correspondiente a la Promoción Popular y de haber obligado, poco menos, al Ejecutivo a presentar indicación para retirar esa materia del proyecto sobre juntas de vecinos, el Gobierno, sin embargo, mantiene dicho servicio mediante la Corporación de Servicios Habitacionales, al cual destina la suma de sesenta millones de escudos al año para pagar las remuneraciones de quinientos o más funcionarios que están ilegalmente nombrados. En efecto, como seguramente se ha dicho más de una vez en la Sala, la Contraloría General de la República ha rechazado tres veces este año Ja planta de funcionarios de la Corporación de Servicios Habitacionales. Aún más: en el presupuesto de 1967 se consignan subvenciones millonarias. Según tengo entendido, se destinan catorce millones ochocientos mil escudos a instituciones que nadie conoce, pero que todos sabemos que hacen exclusivamente labor política, proselitista, a favor del partido único de Gobierno. Si a ello agregamos los ítem de los diversos Ministerios, servicios públicos, fiscales y semifiscales o de administración autónoma, destinados a la contratación de personal a honorarios o a gastos reservados, de los cuales sólo se da cuenta global a la Contraloría General de la República, debemos concluir que, del presupuesto de este año, el Gobierno está gastando cerca de doscientos millones de escudos en labores de tipo político, para ganar nuevos adeptos a la Democracia Cristiana y constituir comités que aumenten el número de militantes de ese partido.
A nuestro juicio, para redistribuir el gasto fiscal, el Ejecutivo debe comenzar por hacer determinadas economías, por eliminar dichos ítem en los distintos servicios y Ministerios, a fin de que esos fondos permitan cumplir con la finalidad que pretendemos al derogar el artículo 99 de la ley 16.617.
A nuestro entender, el Ejecutivo no tiene derecho a sancionar a los empleados de la Administración Pública que han jubilado por vejez o por años de servicios, con una pensión misérrima, para que vivan malamente, en circunstancias de que algunos funcionarios del Estado en servicio activo reajustan sus remuneraciones en forma absolutamente ilegal, o, en todo caso, mediante subterfugios legales, al margen de los límites que fijamos en las leyes de reajuste y que deben ser igualmente aplicables a todos. En efecto, conocemos casos de gerentes de organismos como la ENAP, ENDESA y otras empresas estatales semejantes, que se fijan sus remuneraciones según decreto anual del Ministerio de Hacienda, en porcentajes hasta de 80%; mucho más allá del 15% autorizado por las leyes. Ahora mismo se ha denunciado que el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, está procurando reajustarse sus rentas.
El señor MUSALEM.-
Es una falsedad.
El señor LUENGO.-
A Sus Señorías corresponde aclararlo.
El señor PABLO.-
Ya se aclarará.
El señor LUENGO.-
Ya llegará el momento de conocer el proyecto. Ahí tendremos oportunidad de desmenuzarlo y, en consecuencia, de establecer cuál es la verdad.
El señor PABLO.-
Su Señoría está disparando a la bandada y es Vicepresidente del Senado...
El señor LUENGO.-
En todo caso, hay funcionarios que están reajustándose sus rentas en porcentaje muy superior a lo permitido por las leyes.
Estimo que la Democracia Cristiana no tiene derecho a postergar más la discusión de una iniciativa cuyo veto conocemos hoy, que está pendiente desde hace mucho tiempo en el Congreso Nacional. Aún más: considero ilegítimo usar recursos dilatorios, como ha hecho el Honorable señor Pablo, en circunstancias de que el Senado debió tratar el proyecto con urgencia en los trámites segundo y cuarto. No se justifica, entonces, después de haber pedido urgencia el Ejecutivo para los "trámites señalados, que los propios parlamentarios de Gobierno pidan postergar la discusión del veto recaído en la misma iniciativa.
El señor AMPUERO.-
Y, además, no dan quórum para que se celebren las sesiones.
El señor LUENGO.-
Efectivamente.
Además, la Democracia Cristiana está acusando permanentemente al Congreso de no despachar las iniciativas propuestas por el Gobierno; pero, al mismo tiempo, vemos que los parlamentarios de esa colectividad son quienes están poniendo dificultades al despacho del proyecto. Todavía más: la observación más polémica de todas, la relacionada con el artículo 99 de la ley 16.617, fue rechazada por la Cámara con los votos de los Diputados democratacristianos. Por lo tanto considero que lo más lógico sería que los Senado res de la Democracia Cristiana mantuvieran la misma actitud de sus colegas de la Cámara, pues suponemos que ese partido debe tener una dirección única; de modo que los Diputados democratacristianos deben de haber procedido según instrucciones que, en mi opinión, también deben ser obligatorias para los Senadores de esa colectividad.
Creo que la actitud del partido de Gobierno lo deja en descubierto ante la opinión pública, fundamentalmente ante la ciudadanía de Bío-Bío, Malleco y Cautín, que está llamada a pronunciarse en una elección de Senador el 17 de diciembre próximo, pues la Democracia Cristiana ha estado sosteniendo ante el electorado de esas provincias que nunca otro Gobierno habría reajustado las remuneraciones en porcentaje superior al alza del costo de la vida, como esta Administración lo ha hecho. -
El señor PABLO.-
Así ha sido, Honorable colega.
El señor LUENGO.-
Pienso que la actitud asumida por el Honorable señor Pablo le ha significado, como él mismo lo ha reconocido, perder amigos entre los jubilados, montepiadas y personal retirado en general. Además, la actitud del señor Senador pondrá en contra del partido de Gobierno al vasto sector de funcionarios pasivos.
Por lo expuesto, quiero expresar mi protesta por la forma cómo ha procedido mi Honorable colega, ajustado al Reglamento, sin duda, pero ello de manera alguna justifica a los Senadores de Gobierno.
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