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- rdf:value = " BENEFICIOS PARA DEUDORES MOROSOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. VETO.El señor ALLENDE (Presidente).-
Continúa la discusión de las observaciones del Ejecutivo al proyecto que otorga beneficios a los deudores morosos de impuestos y contribuciones.
-Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 33ª, en 22 de agosto de 1967. En cuarto trámite, sesión 1ª, en 4 de octubre de 1967.
Observaciones:
En segundo trámite, sesión 27ª, en 22 de noviembre de 1967.
Informes Comisiones de:
Hacienda (Primero), sesión 43ª, en 7 de septiembre de 1967.
Hacienda (Segundo), sesión 52ª, en 14 de septiembre de 1967.
Hacienda (Veto), sesión 33ª, en 30 de noviembre de 1967.
Discusiones:
Sesiones 44ª, en 7 de septiembre de 1967 (se aprueba en general); 53ª, en 14 de septiembre de 1967 (se aprueba en particular); 5ª, en 11 de octubre de 1967 (se aprueba en cuarto trámite).
El señor PABLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ALLENDE (Presidente).-
¿Sobre la Cuenta, señor Senador?
El señor PABLO.-
Pido excusas al Senado por acudir a disposiciones reglamentarias para detener su labor, pero lo hago en cumplimiento de una obligación.
El artículo 99 del Reglamento de la Corporación expresa: "La discusión será aplazada a lo menos para el día siguiente cuando lo solicite un Senador por no estar impresos los proyectos o los informes respectivos, o cuando no se hubieren puesto a disposición de los Senadores con dos días de anticipación al comienzo de aquélla".
Ahora bien, la Comisión de Hacienda sesionó ayer en la mañana, de modo que el informe no ha sido puesto a disposición de los Senadores con dos días de anticipación.
Me acojo, pues, a la norma reglamentaria para, solicitar el aplazamiento de la discusión de esta iniciativa legal.
El señor BARROS.-
¡La tinterillada legal...!
La señora CAMPUSANO.-
Los Senadores comunistas manifestamos nuestra extrañeza por la actitud del Honorable señor Pablo.
Ellos, por medio de sus cadenas de radio e informativas, han fustigado siempre al Senado por la demora en despachar los proyectos. Y ahora, cuando se trata de una iniciativa que beneficia especialmente! a los trabajadores y a quienes viven en poblaciones CORV1 o de emergencia, el Honorable señor Pablo se aprovecha de un resorte reglamentario para impedir su aprobación.
Además, denuncio que el Honorable señor Pablo asume esta actitud después de fracasarle las "maquinitas" que andaba armando en la tarde de ayer para que esta sesión no se realizara. Trataba de ganarse a algunos Senadores para dejar sin efecto esta sesión.
El señor RODRIGUEZ.-
En mi opinión, todo sector político y todo Comité tiene facultad para ejercer los derechos que confiere el Reglamento en la forma que estime más conveniente. Pero, sin duda, con el sistema del Honorable señor Pablo estamos llegando a lo que yo califico de majadería, porque la verdad es que los Senadores de mayoría perseveraremos, con arreglo a los mismos preceptos reglamentarios, en citar a las sesiones consecutivas que sean necesarias para rechazar el veto del ejecutivo que afecta tan gravemente a un vasto sector de servidores publicos y privados.
Durante todos estos días hemos visto en al Senado, como esta mañana, a numerosos grupos de jubilados, gente que ha entregado al trabajo una larga etapa de su vicia, preocupados por la tentativa del Gobierno de recortarles derechos adquiridos, derechos patrimoniales, tentativa que incluso, sí no me equívoco, ha sido rechazada como norma de Gobierno por los propios tribunales de justicia, y que también afectaría, para el futuro, al sector activo de la administración fiscal semifiscal y privada.
Con este ejemplo, el presidente del Comite Demócrata Cristiano demuestra la doblez de su partido, porque, después que en la campaña presidencial ofreció buena plata para los trabajadores, no solamente la ha negado al no. otorgar reajustes correctos, sino que llega más allá, a recortar derechos previsionales, a reducir el patrimonio escuálido de los sectores pasivos, e intenta, a la postre, retrasar la decisión democrática del Senado.
Ahora mismo pudimos observar que la Democracia Cristiana no quería dar número para esta sesión. Afortunadamente, los sectores responsables lo hemos logrado esta mañana, y creo que lo lograremos en las sesiones próximas.
Considero que los trámites dilatorios planteados por el Honorable señor Pablo tienen un solo efecto: dejar a! trasluz la política real de la Democracia Cristiana y particularmente del Gobierno. Pero no conseguirán su propósito. Los Senadores de mayoría -lo espero confiadamente- rechazaremos el veto del Ejecutivo y daremos satisfacción a este justo anhelo de decenas de miles de trabajadores.
Por eso, junto con exteriorizar mi protesta por estos expedientes dilatorios, expresamos nuestra tenacidad para seguir adelante y, en las sesiones venideras, despachar favorablemente lo que reclaman los trabajadores que nos observan desde las tribunas y que representan a muchos miles más.
El señor MIRANDA.-
Señor Presidente, resulta muy extraño comprobar que en el Senado los representantes del Gobierno y el Comité Demócrata Cristiano pidan postergar la discusión de un veto del Ejecutivo alegando las razones que escuchamos al Honorable señor Pablo: el hecho de que el informe se haya entregado a última hora. Y resulta extraño, en primer lugar, porque la materia la conocen sobradamente, sobre todo el mismo señor Sanador, en su calidad de miembro de la Comisión que estudió las observaciones, y, en seguida, porque se trata de un veto del Ejecutivo y, como se ha informado profusamente en la prensa, cada vez que eso ocurre se realizan reuniones del Gobierno con los parlamentarios de su partido.
Pero mucho más curioso todavía es que
se pretenda hacer uso del procedimiento señalado, en circunstancias de que en la zona electoral, la octava agrupación, el candidato del Gobierno aparece como el campeón de las conquistas sociales, y también como el campeón, en representación de su partido, del otorgamiento de las más amplias garantías de orden social para los trabajadores del Estado, el campesinado, etcétera.
Dejo constancia de que ésta no es más que una maniobra de la Democracia Cristiana encaminada a postergar, una vez más, los derechos de los trabajadores del país. Porque, ¿de qué se trata aquí, señor Presidente? ¡Si no es un veto demasiado extenso! Como lo ha dicho el Honorable señor Rodríguez, se trata precisamente de una indicación que tuve el agrado de formular en compañía de mi distinguido colega el Honorable señor Víctor Contreras, y que yo amplié, en virtud de la cual se repone la situación anterior que beneficiaba a los jubilados, al derogar el artículo 99 de la ley 16.617, la última sobre reajuste de remuneraciones.
Hago hincapié en que el Partido Demócrata Cristiano asume en el Senado una actitud contraria a los legítimos intereses de los trabajadores, presentándola, naturalmente, en una forma vedada, como acostumbra este partido, mientras en la octava agrupación el señor candidato de la Democracia Cristiana recorre las tres provincias, Malleco, Bío-Bío y Cautín, apareciendo como el campeón de los derechos sociales y de las reivindicaciones de los trabajadores.
Ese es el fondo de la cuestión. Todo lo demás no son más que argucias propias de tinterillos que no se atreven a enfrentar el fondo del problema, mucho más cuando los propios Diputados de su partido, al emitir su voto en forma secreta, lograron rechazar el veto del Ejecutivo. Nos encontramos ahora frente a este divorcio entre las fuerzas del Partido Demócrata Cristiano y el Gobierno. Aquí, el Honorable señor Pablo, jefe del Comité Demócrata Cristiano, quiere postergar el pronunciamiento para que no tenga influencia demasiado directa en las elecciones de la octava agrupación. Por fortuna, el pueblo sabe perfectamente de parte de quién está la razón y quiénes son realmente los defensores de los derechos de los trabajadores.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Cedo mi turno al Honorable señor Pablo.
El señor PABLO.-
Intervendré a continuación.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS (don Víctor). -
Estimo necesario hacer un poco de historia con relación a este veto.
AI llegar las observaciones del Ejecutivo a la Comisión de Hacienda, el representante democratacristiano pidió discutir en primer lugar lo relativo a la Corporación de Magallanes y después el veto sobre el proyecto que da facilidades a los deudores morosos. Despachado el primer asunto, se convocó a reunión con el propósito de tratar ese veto, pero el Honorable señor Pablo solicitó segunda discusión. Ayer fue citada nuevamente la Comisión, a las diez de la mañana. Lamentablemente para ellos, llegaron tarde a pedir la postergación de la votación y a reclamar de la hora, porque la Comisión, integrada por los Honorables señores Bossay y Contreras Labarca y por el que habla, ya había despachado el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara.
Luego, durante la sesión ordinaria de ayer, se pidió incorporar a la Cuenta el informe sobre estas observaciones, pero no hubo acuerdo porque faltaba la firma de un señor Senador, en circunstancias de que en otras oportunidades esto había sido aceptado. En la hora de Incidentes, se pidió de nuevo su inclusión en la Cuenta, pero una vez más se recurrió al Reglamento.
Ahora se ha solicitado aplazar la discusión.
¿Qué hay en todo esto, señor Presidente? ¿Acaso el Gobierno no tiene interés en que salga el proyecto? Tienen interés, pero les está penando el artículo 38 del proyecto vetado. ¿Y qué significa este artículo? El artículo 99 de la ley 16.617 concedió un beneficio a los funcionarios fiscales y semifiscales; pero en la ley de Reajustes el Ejecutivo consumó un verdadero atentado contra los funcionarios de la administración central. En vista de ello, oportunamente formulamos indicación con el propósito de derogar el precepto mencionado, que significó para los funcionarios del Estado la pérdida de un derecho adquirido. Por medio del artículo 38 del proyecto se pretende restablecer ese derecho, porque, como lo hicimos presente, estimamos que no se puede retroceder en materia previsional. Por lo contrario, se debe avanzar. Sin embargo, el Ejecutivo cree que la mejor manera de financiar las cajas de previsión es restar los beneficios alcanzados por los trabajadores del Estado o particulares a lo largo de los años, a costa de extraordinarias luchas y muchos desvelos de los dirigentes gremiales.
Siempre se está argumentando que los institutos de previsión están en falencia; pero, al mismo tiempo, reiteradamente se hacen concesiones a la industria privada mediante la celebración de convenios. Ello sin tomar en consideración que tanto loa aportes fiscales como los particulares no se entregan a las cajas de previsión, no obstante ser descontados mensualmente a los trabajadores. Es así como, de acuerdo con informaciones proporcionadas por la Superintendencia de Seguridad Social, el fisco adeuda 164 millones de escudos a esos institutos, deuda que junto a la de los particulares asciende a 400 millones de escudos. O sea, 400 mil millones de pesos no ingresan a los organismos previsionales a causa de las concesiones a que me he referido.
Tales con las causas básicas por las cuales se está tratando a toda costa de postergar el despacho de estas observaciones, aun cuando el Ejecutivo tiene interés en algunos otros preceptos.
Anteayer se planteó la censura a la Mesa del Senado basada en la supuesta improcedencia de algunas indicaciones relacionadas con la minería. Sin embargo, este proyecto es una verdadera macedonia: hay de todo un poco.
El señor JULIET.-
Es un mercado persa.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
De manera que con ocasión de este proyecto nosotros pudimos haber hecho oportunamente una reclamación similar. No lo hicimos porque, como se hizo ver en la sesión de ayer, cuando los parlamentarios tienen la posibilidad de presentar sus proyectos en una legislatura ordinaria, tales iniciativas no se despachan, debido a que su tramitación es obstruida por tocios los medios. Así ocurrió, por ejemplo, con el proyecto presentado por los Senadores comunistas que favorecía a un millón 400 mil trabajadores del sector privado, quienes no tuvieron derecho al reajuste de sus remuneraciones durante el año en curso por no haber sido considerados en la ley respectiva. Con relación a tal iniciativa, se buscó toda clase de triquiñuelas para empantanarla. Después de 20 citaciones -no digo sesiones, porque la mayoría de éstas fracasaron por falta de quórum-, logró ser despachada por la Comisión.
Creo llegado el momento de pronunciar menos discursos y tomar una determinación definitiva, a fin de que cada partido asuma su responsabilidad.
Si en este instante existe el propósito de restablecer un beneficio concedido a los empleados públicos -que con posterioridad fueron postergados o rechazados-, y no obstante reconocer el derecho de los señores Senadores de recurrir al Reglamento, me parece que no se justifica postergar el restablecimiento de algo. de que ya estaban disfrutando esos servidores. Ello con mayor razón si se considera que no se trata de nuevos beneficios, sino de devolver una conquista ganada después de largos años de lucha.
El señor PABLO.-
Nada más molesto para mí que asilarme en una disposición reglamentaria para defender la posición del Gobierno en este proyecto de ley.
No estamos debatiendo aquí una cosa baladí, sino una disposición que representa un costo extraordinario, que sobrepasa, incluso, el rendimiento que se obtendrá por concepto del impuesto patrimonial.
Ahora bien, algunos sectores de la Corporación pretenden que los Senadores de estas bancas no hemos tenido conciencia social para restablecer un "beneficio que antes existía. Sin embargo, ellos saben positivamente que eso no es así, que su argumento es falaz.
En efecto, antes la jubilación reajusta-ble correspondía al ciento por ciento del sueldo imponible. En ese porcentaje no se tomaban en consideración las horas extraordinarias, las asignaciones de estímulo ni aquellas percibidas por los profesionales, etcétera. Ello significaba que 70% de las pensiones -como quedó muy claro cuando se discutió la ley anterior- significaría una cifra muy superior a lo que percibían los jubilados con anterioridad a la dicta-ción de esa ley. Ahora, mediante el otorgamiento de ciento por ciento, se pretende aumentar considerablemente las pensiones. ¿Quién financia el mayor gasto? ¿Quién ha pensado en el costo que significa para el Estado pagar 2% más sobre todos los sueldos y salarios de la Administración Pública? ¿Acaso los Senadores que creen en la economía planificada estiman justo hacer un gasto de esa magnitud, sin tener una visión total de la economía del país y sin que nosotros podamos hacer valer nuestros puntos de vista? Es efectivo que nuestra actitud es contraria al precepto en referencia, pero esta posición no es cómoda para el Senador que habla. En tribunas y galerías veo a muchas personas, algunas de las cuales son amigos míos.
El señor AMPUERO.-
¡Eran. . . !
El señor PABLO.-
Tal vez, podrán ahora dejar de serlo, pero creo que antes de servir a los amigos, debo servir al país. Y al respecto, tengo que cumplir con la obligación de hacer presente al Senado la tremenda gravedad que este veto reviste.
Esa es nuestra obligación, la cual no nos coloca en posición cómoda.
A mí también me agrada la popularidad, y sé que no me la estoy granjeando; pero más importante que tener ambiciones populistas para una determinada elección, es tener conciencia de estar cumpliendo con el deber y con la nación. Y el Senador que habla cree estar cumpliendo su obligación de respetar y defender los intereses generales del país.
Esta disposición significa o aumentar sustancialmente la tributación, o menos reforma agraria, menos escuelas, menos industrias.
Si debo solidarizar con gentes en servicio activo o con aquellas que están jubiladas, también debo solidarizar con los hombres que procuran trabajo y con los cambios de estructura que necesita el país. No conozco nación alguna que haya comenzado sus cambios profundos para salir del subdesarrollo sin hacer fuertes sacrificios, con comprensión de todos los habitantes. Lo dije ayer al rendir homenaje a la República Socialista Federativa de Yugoslavia. Así sucedió en Rusia, y también en Cuba. Y así debe acontecer en todos aquellos países subdesarrollados que pretenden sacar a su pueblo de ese estado.
Aquí, bajo el pretexto de que se está concediendo un beneficio circunstancial, que a la postre puede traducirse en mayor inflación o desempleo, nos tildan de estar contra los intereses de los trabajadores. No es así: estoy cumpliendo mi obligación, y la cumpliré hasta el final, por creer que en tal forma defiendo los intereses permanentes del país.
Sigo asilándome en la disposición reglamentaria invocada.
El señor CHADWICK.-
A mi juicio, lo dicho en la sesión de hoy es suficiente: nadie puede agregar nada para esclarecer ningún concepto, porque todos estamos perfectamente definidos. No se precisa de mayores explicaciones.
El Partido de Gobierno, una vez más, invoca la reforma agraria y sus planes de desarrollo para justificar una política decididamente contraria a los intereses de los trabajadores. Ya se ha repetido mucho esa misma posición. Pienso que debemos ser consecuentes con lo que afirmamos. Estimo innecesario participar en un debate más prolongado, porque quien conozca la materia en debate tiene juicio formado y definitivo respecto de la política social del Gobierno.
El señor BOSSAY.-
En los planteamientos del Honorable señor Pablo, hay algo que nos llama la atención.
Estas observaciones, como es lógico, deben cumplir los dos trámites de rigor. Ya tuvo el de la Cámara de Diputados; la Comisión de Hacienda del Senado no ha hecho sino aprobar lo que esa rama legislativa resolvió respecto de las disposiciones más importantes del proyecto 'al insistir por dos tercios. La Cámara insistió con la votación favorable de Diputados democratacristianos, que -imagino- deben de atenerse a las mismas instrucciones que su partido imparte a sus Senadores. De otro modo no habría una actitud' concordante y unitaria de los parlamentarios de esa colectividad política. Es de suponer, por tanto, que si aquí existe la extraordinaria inquietud en cuanto al financiamiento que el Honorable señor Pablo nos acaba de expresar, semejante criterio debió ser considerado también por los Diputados del partido oficial. En consecuencia, ellos habrán tenido que escoger entre el aspecto social que nosotros planteamos y la cuestión financiera.
A mi juicio, existen otros rubros en los cuales el sector público perfectamente puede ahorrar sin menoscabar los derechos sociales de los funcionarios ya jubilados o que han terminado su carrera. Al parecer, la sala de Diputados democratacristianos -muy numerosa- escogió la doctrina sustentada por la mayoría del Sonado. En primer lugar, debieron estiman justo el planteamiento y, en seguida, que existen recursos suficientes para devolver un derecho a los servidores públicos, por las razones que se han hecho ver en este debate.
Si se desea efectuar algunos ahorros en el campo de las inversiones públicas, no se deben realizar en aquellas que afectan los medios de vida y las esperanzas de los empleados públicos.
Antes de dictarse el Estatuto Administrativo, fui el autor de la ley que consagró el derecho de la compatibilidad entre la jubilación y el desahucio. En esa época, cuando despachamos el primer informe de la Cámara de Diputados, procedimos a incluir en el actual Estatuto Administrativo, la disposición que da el derecho a percibir veinticuatro meses de desahucio. La ley primitiva sólo beneficiaba a los empleados fiscales y a ciertos parlamentarios. Después se agregaron otros sectores. Recuerdo, por ejemplo, que el ex Diputadodon Vasco Valdebenito incluyó a los ferroviarios, y así se fueron ampliando los beneficios hasta llegar a la disposición vigente.
¿Para qué engañarnos? ¿Constituye o no constituye el precepto en referencia una sublimación de las esperanzas más sentidas de una enorme cantidad de funcionarios, de personas que viven de un sueldo o un salario?
En verdad, las instituciones de previsión, por las razones expresadas por el Honorable señor Contreras y otras de orden técnico, no están capacitadas para otorgar casa a todos los funcionarios mientras se encuentran en servicio activo. Como es lógico, todos los empleados públicos anhelaban recibir su desahucio para adquirir la vivienda que les dé tranquilidad en su vejez, o comprar una parcela o un pequeño negocio que los proteja de la desvalorización que reduce sus jubilaciones y les permita hacer más llevaderos sus últimos años de vida, que por lo común son difíciles a causa de los gastos en que deben incurrir por razones de salud, y al abandono en que muchas veces quedan por motivos de orden social.
Menoscabar esta realización, que complementa los beneficios que las cajas de previsión, de acuerdo con sus leyes respectivas, otorgan al funcionario, es una medida bastante delicada y grave que, a nuestro juicio, no debe aplicarse. El propósito de restringir el desahucio nos hace pensar también en la idea que existe de pagarlo en bonos y en el conjunto de medidas que van cercenando el poder de com-pra de quienes viven de un sueldo o salario. Ello nos induce a creer en la existencia de una mentalidad similar a la de ciertos técnicos que otrora fueron repudiados por los Senadores democratacristianos de la época, entre quienes recuerdo a los señores Echavarri, Tomic, el actual Presidente Frei y el Honorable señor Pablo. Ellos rechazaban entonces las ideas tipo Klein-Saks; de modo que, a mi juicio, la mejor manera, de contestarles -por lo menos, yo ya tengo algunas respuestas preparadas- es leyendo tes propios discursos de la bancada democratacristiana, sin agregar absolutamente nada sobre el particular.
El señor PABLO.-
Yo también tengo preparadas nuestras respuestas.
El señor BOSSAY.-
Eso va a ser muy difícil, señor Senador.
Como digo, bastará con reproducir lo que plantearon en debates como éste. Por lo menos, hay un caso exactamente igual. En esa oportunidad expusieron sus planteamientos con pasión, con evidente deseo de rechazar las ideas propuestas en aquella época y de realizar una labor de justicia. Más tarde mantuvieron su actitud durante la campaña electoral, en la cual alcanzaron éxito innegable. El pueblo creyó que ésas eran las ideas matrices de la Democracia Cristiana y que se mantendrían. Tengo la impresión -ya tendremos oportunidad más adelante de discutir en detalle este punto, pues no es ésta la ocasión - de que la Democracia Cristiana ha modificado de manera sustancial sus planteamientos de entonces, y que su criterio actual sobre la forma de combatir la inflación se está acercando mucho al tan repudiado sistema Klein-Saks y a otros que recomendaban constreñir el poder de compra del sector asalariado como la mejor forma de impedir el alza de los precios, y no a la inversa, como debe ser: efectuar un esfuerzo serio -porque también se habla de un esfuerzo, que yo no creo serio- por aumentar la producción.
Evidentemente, en Chile existe deseo de dar un corte a esta situación.
Encuentro la razón al Honorable señor Pablo cuando dice que se coloca en situación difícil al asilarse en una disposición de orden reglamentario; no sólo por lo expresado ayer, sino por los problemas actuales, porque hay muchas cosas de que conversar en este país. Escuché el discurso de Su Excelencia el Presidente de la República en el cual acusó a ciertos sectores de Chile de ser prácticamente los responsables, y si cambiáramos el término, los asesinos de ios obreros. En verdad, hay que establecer quiénes son los verdaderos culpables y, en síntesis, cuál es la línea básica que se está siguiendo en cuanto a la solución de este tipo de problemas.
Pero de lo que ahora no nos cabe duda es de que nuestro deber, por lo menos ahora y cuantas veces sea necesario, es despachar este proyecto conforme a las ideas que tenemos sobre el particular. Por lo tanto, la mayoría de los Comités deben asilarse en las disposiciones reglamentarias respectivas con el propósito de defender a las personas que nos eligieron para que los protegiéramos.
El señor LUENGO.-
El Honorable señor Pablo ha sostenido que no estamos ante un asunto baladí, pues el proyecto tendría un costo muy alto. Concuerdo con Su Señoría en cuanto, a que este asunto no es baladí; pero no precisamente por su costo, sino por la situación a que se ha llevado a numerosos funcionarios de la Administración Pública que, desde la dictación de la ley N° 16.617, están recibiendo jubilaciones inferiores en treinta o cuarenta por ciento a las remuneraciones del personal en servicio activo. Por- lo tanto, lo que debe interesarnos fundamentalmente en esta materia no es el costo del proyecto, sino la situación de los funcionarios que después de treinta, treinta y cinco y, a veces, cuarenta años de servicios, jubilan con una pensión muy inferior al suélelo de los servidores en actividad.
Además, debemos tomar en cuenta que en virtud del artículo 99 de la ley N° 16.G17, prácticamente el empleado público no puede jubilar. En efecto, nadie puede pretender que un funcionario cuyos ingresos mensuales le son absolutamente insuficientes para solventar todos los gastos de su hogar, pueda jubilar en tales condiciones. A mi juicio -insisto-, esto es lo fundamental en la iniciativa en debate. Es en este terreno donde debemos demostrar alguna sensibilidad. Pienso que el Gobierno de la Democracia Cristiana debería exteriorizarla con mayor razón en esta oportunidad, pues cuando esa colectividad política era Oposición tenían un criterio semejante al que estamos sosteniendo los Senadores de Izquierda respecto de todas las materias relacionadas con las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Por otra parte, no me es posible precisar a cuánto ascienden los recursos necesarios para financiar el pago de las pensiones reajustadas al ciento por ciento del sueldo del personal activo, pero sí puedo señalar que el Gobierno, por su parte, está dilapidando dineros fiscales en cantidades apreciables. Sabemos que este año se están gastando en la Promoción Popular, organismo constituido ilegalmente, alrededor de sesenta millones de escudos.
Después de haber rechazado el Senado el capítulo correspondiente a la Promoción Popular y de haber obligado, poco menos, al Ejecutivo a presentar indicación para retirar esa materia del proyecto sobre juntas de vecinos, el Gobierno, sin embargo, mantiene dicho servicio mediante la Corporación de Servicios Habitacionales, al cual destina la suma de sesenta millones de escudos al año para pagar las remuneraciones de quinientos o más funcionarios que están ilegalmente nombrados. En efecto, como seguramente se ha dicho más de una vez en la Sala, la Contraloría General de la República ha rechazado tres veces este año Ja planta de funcionarios de la Corporación de Servicios Habitacionales. Aún más: en el presupuesto de 1967 se consignan subvenciones millonarias. Según tengo entendido, se destinan catorce millones ochocientos mil escudos a instituciones que nadie conoce, pero que todos sabemos que hacen exclusivamente labor política, proselitista, a favor del partido único de Gobierno. Si a ello agregamos los ítem de los diversos Ministerios, servicios públicos, fiscales y semifiscales o de administración autónoma, destinados a la contratación de personal a honorarios o a gastos reservados, de los cuales sólo se da cuenta global a la Contraloría General de la República, debemos concluir que, del presupuesto de este año, el Gobierno está gastando cerca de doscientos millones de escudos en labores de tipo político, para ganar nuevos adeptos a la Democracia Cristiana y constituir comités que aumenten el número de militantes de ese partido.
A nuestro juicio, para redistribuir el gasto fiscal, el Ejecutivo debe comenzar por hacer determinadas economías, por eliminar dichos ítem en los distintos servicios y Ministerios, a fin de que esos fondos permitan cumplir con la finalidad que pretendemos al derogar el artículo 99 de la ley 16.617.
A nuestro entender, el Ejecutivo no tiene derecho a sancionar a los empleados de la Administración Pública que han jubilado por vejez o por años de servicios, con una pensión misérrima, para que vivan malamente, en circunstancias de que algunos funcionarios del Estado en servicio activo reajustan sus remuneraciones en forma absolutamente ilegal, o, en todo caso, mediante subterfugios legales, al margen de los límites que fijamos en las leyes de reajuste y que deben ser igualmente aplicables a todos. En efecto, conocemos casos de gerentes de organismos como la ENAP, ENDESA y otras empresas estatales semejantes, que se fijan sus remuneraciones según decreto anual del Ministerio de Hacienda, en porcentajes hasta de 80%; mucho más allá del 15% autorizado por las leyes. Ahora mismo se ha denunciado que el señor Subsecretario de Hacienda, don Andrés Zaldívar, está procurando reajustarse sus rentas.
El señor MUSALEM.-
Es una falsedad.
El señor LUENGO.-
A Sus Señorías corresponde aclararlo.
El señor PABLO.-
Ya se aclarará.
El señor LUENGO.-
Ya llegará el momento de conocer el proyecto. Ahí tendremos oportunidad de desmenuzarlo y, en consecuencia, de establecer cuál es la verdad.
El señor PABLO.-
Su Señoría está disparando a la bandada y es Vicepresidente del Senado...
El señor LUENGO.-
En todo caso, hay funcionarios que están reajustándose sus rentas en porcentaje muy superior a lo permitido por las leyes.
Estimo que la Democracia Cristiana no tiene derecho a postergar más la discusión de una iniciativa cuyo veto conocemos hoy, que está pendiente desde hace mucho tiempo en el Congreso Nacional. Aún más: considero ilegítimo usar recursos dilatorios, como ha hecho el Honorable señor Pablo, en circunstancias de que el Senado debió tratar el proyecto con urgencia en los trámites segundo y cuarto. No se justifica, entonces, después de haber pedido urgencia el Ejecutivo para los "trámites señalados, que los propios parlamentarios de Gobierno pidan postergar la discusión del veto recaído en la misma iniciativa.
El señor AMPUERO.-
Y, además, no dan quórum para que se celebren las sesiones.
El señor LUENGO.-
Efectivamente.
Además, la Democracia Cristiana está acusando permanentemente al Congreso de no despachar las iniciativas propuestas por el Gobierno; pero, al mismo tiempo, vemos que los parlamentarios de esa colectividad son quienes están poniendo dificultades al despacho del proyecto. Todavía más: la observación más polémica de todas, la relacionada con el artículo 99 de la ley 16.617, fue rechazada por la Cámara con los votos de los Diputados democratacristianos. Por lo tanto considero que lo más lógico sería que los Senado res de la Democracia Cristiana mantuvieran la misma actitud de sus colegas de la Cámara, pues suponemos que ese partido debe tener una dirección única; de modo que los Diputados democratacristianos deben de haber procedido según instrucciones que, en mi opinión, también deben ser obligatorias para los Senadores de esa colectividad.
Creo que la actitud del partido de Gobierno lo deja en descubierto ante la opinión pública, fundamentalmente ante la ciudadanía de Bío-Bío, Malleco y Cautín, que está llamada a pronunciarse en una elección de Senador el 17 de diciembre próximo, pues la Democracia Cristiana ha estado sosteniendo ante el electorado de esas provincias que nunca otro Gobierno habría reajustado las remuneraciones en porcentaje superior al alza del costo de la vida, como esta Administración lo ha hecho. -
El señor PABLO.-
Así ha sido, Honorable colega.
El señor LUENGO.-
Pienso que la actitud asumida por el Honorable señor Pablo le ha significado, como él mismo lo ha reconocido, perder amigos entre los jubilados, montepiadas y personal retirado en general. Además, la actitud del señor Senador pondrá en contra del partido de Gobierno al vasto sector de funcionarios pasivos.
Por lo expuesto, quiero expresar mi protesta por la forma cómo ha procedido mi Honorable colega, ajustado al Reglamento, sin duda, pero ello de manera alguna justifica a los Senadores de Gobierno.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
Se ha dicho que el rechazo del veto al artículo 38 significará un gasto de millones de escudos al erario; y que los Senadores opositores a la derogación del artículo 99 son quienes defienden verdaderamente el interés nacional. Nosotros no queremos modestamente otro título que el de defensores del interés nacional.
En esta oportunidad, deseamos proteger a los funcionarios públicos, a quienes envejecieron en alguna repartición fiscal, a los que han tenido como meta el logro de una pensión que les permita vivir con tranquilidad en los últimos días de su vida, aun cuando, en estos instantes, todo lo que lleguen a ganar es insuficiente para afrontar los gastos que irroga la subsistencia.
Cuando se presentó lo que hoy es el artículo 99 de la ley, anunciamos nuestros votos contrarios y lo votamos negativamente. En aquella oportunidad, el señor Ministro de Hacienda procuró por todos los medios a su alcance convencer al Senado de que no significaría menoscabo en las pensiones de los funcionarios públicos el hecho de imponer sólo 70% de los valores percibidos. Pero no fue así, y en aquel entonces, al oponernos teníamos la razón, tal como la tenemos ahora.
Sin embargo, en esa ocasión, no hubo de parte de los funcionarios estatales la efervescencia que ahora se advierte ni se movilizaron para defender su previsión.
Con el correr del tiempo y recordando, tal vez, un viejo adagio popular que dice que "los palos enseñan a gente", todas las organizaciones de funcionarios públicos fiscales y semifiscales se percataron de la realidad y ahora se han movilizado para defender sus derechos.
El artículo objetado castigó a los jubilados y a quienes estaban próximos a serlo con la peor de las sanciones, pues significa disminuir las rentas de quienes llegan al término de una larga carrera en la Administración Pública. Con dicho precepto se entusiamó a los jóvenes, porque, de acuerdo con el artículo 99, se les reducían sus descuentos previsionales, por cuanto habrían de imponer sobre el 70 % de sus sueldos, y el 30% restante lo percibirían sin tales descuentos.
Probablemente esos empleados jóvenes quedaron felices; en el hecho aumentaron sus rentas, pero muchos olvidaron que tienen padres o abuelos, ex empleados de avanzada edad, sobre quienes pesarían las consecuencias. Y ellos mismos, los que hoy están en la plenitud de su vida, no pensaron en que mañana también serán pasivos, jubilados, y habrán de depender de pensiones realmente insignificantes.
Cuando tratamos los problemas previsionales suele decírsenos que en ninguna parte del mundo las pensiones son superiores a 75% del sueldo activo. Algunos señores Senadores olvidan que diariamente nos agobian y martirizan la devaluación monetaria y el consecuente encarecimiento de los productos, para el cual no ha habido freno.
A mi juicio, aumentar los sufrimientos, privaciones, inquietudes y deudas de los asalariados no constituye un medio eficaz para contener la creciente carestía de la vida. Pero no otra cosa se ha pretendido al aplicar el artículo 99.
En materia de previsión social, no sólo ha habido esa tentativa. Más de una vez se ha pretendido suprimir el artículo 47 de la ley 10.383, que concede pensiones reajustables a los imponentes del Servicio de Seguro Social, lo cual es contrario al interés de los obreros.
En mi opinión, como decía denantes, no se puede retroceder. Si bien es cierto que la derogación del artículo 99 implica un mayor gasto, no lo es menos que los funcionarios públicos recibirán menos dinero, porque deberán imponer sobre el total de los sueldos percibidos. Este sacrificio tendría por finalidad obtener en lo futuro una pensión que no sólo les permita subsistir, sino vivir.
Como si esto fuera poco -aun cuando no conozco el proyecto de reajustes elaborado por el Ministro señor Molina-, se dice que una parte de los desahucios se pagara en dinero, y otra, en bonos. ¿Es admisible retener los fondos depositados en cuentas personales por los imponentes de la Caja de Empleados Públicos, que es el fruto de su trabajo y sacrificios de una vida entera, de 30 años de servicio como mínimo V
También se dice que con esos recursos se formará un fondo común para que los trabajadores sean los dueños de las industrias. No quisiera morirme tan luego; quisiera seguir viviendo unos años más. . .
El señor JARAMILLO LYON.-
Asi lo esperamos todos.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
...para convencerme de que semejante milagro puede ocurrir en nuestro país.
Considero que no puede postergarse por más tiempo la discusión del veto que nos ocupa, pues ahora se trata de devolver un beneficio que tenían los funcionarios públicos, y no de una nueva conquista social.
Seguramente, reponer dicho beneficio representará mayor desembolso. Busquemos, entonces, el adecuado financiamiento para las cajas de previsión, pero no en el bolsillo de quienes viven en condiciones precarias y, a veces, miserables. Busquemos los recursos donde los hay: en las grandes utilidades de los bancos, en las grandes ganancias de las sociedades anónimas, en los fabulosos beneficios obtenidos por las empresas cupreras, las cuales se llevan de nuestro país, cada día, cada 24 horas, un millón de dólares. Busquemos allí los recursos necesarios y demos a los pasivos, a los que han envejecido, lo que les pertenece.
Cuando hablo de los viejos servidores tengo presente la ley 16.464, sancionada por nosotros, por medio de la cual dimos una pensión a los obreros que han cumplido más de sesenta y cinco años. Ha transcurrido más de un año y los obreros que nacieron en el siglo pasado continúan exhibiendo sus andrajos y su miseria por las calles de Chile, debido a que la ley carece de financiamiento. Con todo, el Ejecutivo no ha tomado la iniciativa para suplir tal deficiencia. Así, cuando los parlamentarios llegamos a los pueblos pequeños, nos encontramos con un drama permanente. Decenas de personas se acercan a nosotros a preguntarnos cuándo les serán concedidas las pensiones de la mencionada ley, porque hasta ahora no se ha procurado financiarla ni se ha dictado la reglamentación necesaria.
En algunas oportunidades, hemos recurrido a las pensiones de gracia, pero nuestras iniciativas han sido vetadas y no se han promulgado las leyes respectivas.
He hablado varias veces del caso de Humberto Planet, gloria del deporte nacional, campeón sudamericano. Hoy, a los sesenta y nueve años de edad, vive en el abandono; suele vérsele sentado en algún banco de la Plaza de Iquique o lustrando zapatos. Su pensión aún no la percibe, pese a las gestiones realizadas por la Asociación de Box. Otro tanto ha ocurrido a los ancianos que sirvieron en la Empresa de Tranvías. Además, tenemos el caso de Mariano Guerra, abandonado en un rincón del pueblo de Hijuelas, sin previsión, cesante, privado de toda clase de medios para subsistir.
Estimo que debemos realizar un esfuerzo común para lograr que la previsión, que data en Chile desde 1925, pueda ser reformada, porque las condiciones económicas y sociales de los trabajadores en este país han cambiado fundamentalmente. Es necesario una reforma, pero no para empeorar la situación, como sucedió con la ley de Accidentes del Trabajo en cuanto declaró incompatible dos pensiones mínimas : la de accidentes y la del Servicio de Seguro Social. El Senado aprobó una disposición que hacía compatible dos pensiones mínimas equivalentes al sueldo vital escala A) del departamento de Santiago, o sea, 600 mil pesos.
Pregunto a los señores Senadores si se han preocupado por saber cuánto se gasta en sus hogares. Pues bien, se consideró que 20 mil pesos diarios era una pensión demasiado alta, de manera que no prosperó la compatibilidad entre ambas pensiones. De este modo, los viejos, que han entregado una vida en el fondo de la mina o acosados por las enfermedades, habrán de conformarse con vivir con una u otra pensión, cuyo monto actual es de 174 mil pesos.
Mucho se ha hablado de los aumentos concedidos por el Gobierno. Es verdad que los ha dado, pero debe tenerse en cuenta que durante el año en curso nada hizo en tal sentido por el sector privado.
Ya que se habla de aumentos, anuncio que pediré a la Oficina de Informaciones del Senado los datos relativos al aumento del salario mínimo obrero y de los sueldos de los empleados con relación al alza del costo de la vida en los últimos tres años. Todo cuanto se diga respecto de esta situación queda pálido ante la realidad que está viviendo nuestra población, pues todo lo que percibe por concepto de sueldo o salario es insuficiente para poder siquiera subsistir.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Hay indicación formulada para aplazar la discusión. ¿Debió votarse, señor Presidente?
El señor ALLENDE (Presidente).-
Señor Senador, de acuerdo con el artículo 99 del Reglamento, podría objetarse la indicación formulada por el Honorable señor Pablo, pues el inciso segundo de la referida disposición dice que "no obstante, con el acuerdo de los Comités que represente los dos tercios de los Senadores en ejercicio, el aplazamiento se tendrá por rechazado". Ha llegado a la Mesa una presentación de seis Comités, suscrita por los Honorables señores Gómez, Chadwick, Rodríguez, Barros, Contreras Tapia y Curtí. Sin embargo, por representar estos Comités sólo veinticinco Senadores, en circunstancias de que los dos tercios de los mismos en ejercicio -treinta y nueve en total- son veintiséis Senadores, la discusión deberá quedar aplazada para el día siguiente. Falta un señor Senador para alcanzar los dos tercios.
El señor GOMEZ.-
Podría firmar la presentación el Honorable señor Sepúlveda.
El señor ALLENDE (Presidente).-
No, señor Senador, porque debe ser Comité.
Por lo tanto, reglamentariamente, la discusión queda aplazada en 24 horas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Vamos por parte. A mi juicio, en el presente caso habría que aplicar, en primer lugar, el número lº del artículo 112 del Reglamento, mediante el cual un Senador o un Comité puede formular indicación "para aplazar temporalmente la consideración del asunto en debate. La aprobación de esta indicación no obsta a la facultad del Presidente de la República de hacer presente la urgencia".
El señor PABLO. -
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Deseo terminar mis observaciones.
En segundo lugar, el último inciso del número 8º -referente al procedimiento- del mismo artículo, dice: "Las otras indicaciones" -se refiere a otras materias, entre ellas, la constitucionalidad- "se votarán en el acto, si su autor así lo solicita. En caso contrario se discutirá junto con la proposición en debate y se votará antes que ésta", es decir, antes del proyecto en consideración. Por lo tanto, sólo nos cabe pronunciarnos sobre la indicación formulada.
El señor PABLO.-
Su Señoría está equivocado. El procedimiento que he invocado es el establecido en el artículo 99 del Reglamento y no el del 112.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
El Senado asiste a un debate bastante lastimoso. Se han oído discursos muy emotivos, que tocan el sentimiento. En mi concepto, no se ha ido al fondo de la cuestión.
El legislador debe ser justo y parejo en sus determinaciones. Aquí estamos para hacer respetar los intereses que mueven a la comunidad, y entre nuestras principales obligaciones está la de ser ecuánime en el procedimiento.
Por ejemplo, tengo un antecedente proporcionado por personal, con conocimiento de la materia. En él figuran una serie de observaciones que demuestran que el argumento expuesto por el Honorable señor Pablo para aplazar la discusión del proyecto, no es racional. Se expresa en el referido documento que la ley de reajustes de los sueldos para 1967 discriminó en cuanto a los servicios que debían hacer las imposiciones a las Cajas que ese cuerpo legal establece. Así, habría dejado al margen -esta afirmación puede verificarse luego- del cumplimiento de esa obligación al Congreso Nacional, a la Contralo-ría, a los Ministerios de Obras Públicas, de la Vivienda y de Agricultura y sus dependencias, Superintendencia de Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Carabineros, Profesorado, Sindicatura General de Quiebras, CORA, Ferrocarriles del Estado, Empresas Portuaria, CORFO, INDAP, ECA, y todos los servicios autónomos y el personal auxiliar de los Tribunales de Justicia, Conservadores, Notarios, Archiveros, Receptores, Procuradores, etcétera. Por lo tanto, sólo sobre una parte de la administración está pesando el precepto en debate, lo cual no alcanza a tener los ribetes dramáticos expresados por el Honorable señor Pablo. No puede todo esto estar deteniendo el despacho del proyecto.
Como decía en un comienzo, estamos asistiendo a un debate que resulta penoso por la forma como se desenvuelve.
En seguida, en este asunto advierto algo más. Políticamente, es obligación del partido de Gobierno y de sus representantes colaborar en los planes económicos que el Ejecutivo desarrolla. El veto que ahora debatimos fue rechazado en la Cámara por 39 votos contra 11. El partido de Gobierno, que tiene más de ochenta bancas en esa rama del Congreso, lo cual configura una mayoría absoluta para imponer sus puntos de vista, sólo obtuvo 11 votos a favor de lo propuesto por el Ejecutivo. Yo no quiero ser ofensivo con nadie, pero la verdad es que los Senadores democratacristianos constituyen un número muy escaso -pueden contarse con los dedos de una mano- para mantener una política. Entonces, se presenta un caso inverosímil de la política nacional: se está legislando con equipos de la Oposición. No me parece que esto sea recomendable. Pienso que el Gobierno no tiene derecho a pedir a los Senadores de Oposición que hagamos negocio con nuestros votos.
Además, no puede continuar esta situación, a mi juicio muy extraña, en que el Senado se presenta ante la opinión pública.
Estimo que en este caso debe procederse de acuerdo con el Reglamento; es decir, la petición de aplazamiento formulada debe votarse en el acto, para luego despachar el veto en debate.
Aunque el artículo 112 no se refiere al aplazamiento de la discusión de un proyecto, es éste y no el artículo 99, el que debe aplicarse en esta ocasión.
El señor ALLENDE (Presidente).-
De conformidad con el artículo 99, que se ha invocado, sólo dos tercios de los Senadores en ejercicio pueden rechazar la petición de aplazamiento. Hasta el momento, no hay oposición. Para ello, falta la firma de un Senador en la presentación correspondiente. En consecuencia, la discusión del veto debe quedar aplazada para el día siguiente.
Desde luego, comunico al Senado que, en virtud de las atribuciones que el Reglamento me otorga, citaré a sesión con tal objeto para mañana a las once.
El señor TEITELBOIM.-
Recordemos la gran campaña desatada, en tiempo no lejano, por el Primer Mandatario, en contra del Congreso Nacional, particularmente el Senado, acusándolo de desidia, de no cumplir su deber. El partido de Gobierno ha formado parte en esa campaña.
Hoy día presenciamos aquí, una vez más, la expresión más típica del filibusterismo parlamentario, de la obstrucción sistemática, al recurrirse a todas las argucias posibles y usando el Reglamento hasta el último extremo. El Honorable señor Pablo, que ayer o anteayer protagonizó un episodio curioso. . .
El señor CHADWICK.-
Y penoso.
El señor TEITELBOIM.-
. . . y penoso, como acota el Honorable señor Chadwick, en la vida del Senado, al deducir una censura contra la Mesa -aparentemente por cuenta propia-, formuló una indicación para aplazar la discusión del veto en debate. Reconozco que la censura que Su Señoría presentó era pintoresca en sus términos -para emplear un adjetivo bondadoso-, aunque, en verdad, la referida censura no tenía nada de justificado, ni en el fondo, ni reglamentariamente, . . .
El señor AYLWIN. -
Reglamentariamente, sí.
El señor TEITELBOIM.-
... ni desde el punto de vista de la forma.
El señor MUSALEM.-
Estaba justificada moralmente.
El señor TEITELBOIM.-
¿Moralmente justificada por las palabras que usó el Honorable señor Pablo?
El señor PABLO.-
Sí.
El señor TEITELBOIM.-
No deseo repetir esas palabras, por respeto a la Corporación.
A nuestro juicio, la conducta del Honorable señor Pablo, al tratar de justificar la actitud asumida por él y su partido esta mañana, golpeará directamente, como lo han señalado algunos señores Senadores aquí, a sus colegas de la Cámara de Diputados. Su Señoría, colocando por encima de todo el interés nacional, rechaza el artículo discutido, en virtud del costo que supondría su aprobación. Pero los Diputados democratacristianos pensaron otra cosa. Sin embargo, pregunto ¿cuál es el interés nacional? Según la política del Gobierno, aquél se ha definido, más duramente en los últimos días, en dos aspectos. Primero, significa disminuir sueldos y salarios mediante el proyecto sobre remuneraciones para este año, anunciado por el Ministro de Hacienda, señor Molina, y por el Gobierno, y segundo significa entrar a saco en los desahucios. Es decir, se obliga a ahorrar a una masa popular que, en su 70 por ciento, percibe menos de un sueldo vital y que, por lo tanto, vive en el filo mismo de la miseria.
Yo encontraría razón al Honorable señor Pablo si en nuestro país no hubiera otras fuentes de financiamiento, pero éstas existen. Sin embargo, ellas no serán jamás tocadas por el Gobierno, porque pertenecen a los muy poderosos del país, particularmente a las compañías norteamericanas.
Se ha establecido fehacientemente que, en virtud de los convenios del cobre, la tributación de las compañías norteamericanas ha bajado en más de cien millones de dólares durante el año pasado y el actual. Se estima patriótico y nacional entregar este dinero a las compañías del cobre. Me parece que esto es un poco el mundo al revés. Se obliga a ahorrar a los que no tienen; se disminuyen sus sueldos y salarios; se pretende pagar con bonos una parte de sus reajustes, y, luego, se rebaja en 30 por ciento el derecho de los jubilados. De la misma manera se desea actuar respecto de los desahucios. A mi juicio, todo lo anterior no constituye el interés nacional ni del pueblo, sino el de un pequeño grupo económico favorecido, pues no pagan lo que debieran, no obstante poseer grandes medios financieros en el país. Todo lo que ellos dejan de pagar, debe ser reemplazado por la contribución de una minoría, es decir, por el dinero de los que ganan muy poco, por el de los que nada tienen.
Repito: hay dinero, lo que permite asumir la responsabilidad de aprobar el artículo ; pero el dinero está en manos de los poderoso, y éstos no han sido tocados.
Termino manifestando al Honorable señor Pablo que los Senadores comunistas estamos dispuestos a responder a su pertinacia también con obstinación y que, por lo tanto, asistiremos a todas las sesiones que sean necesarias hasta, por fin, conseguir que este proyecto sea tratado y que realmente este veto injusto del Ejecutivo sea rechazado.
Nada más.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Se levanta la sesión.
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