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- rdf:value = " REFORMA CONSTITUCIONAL. CALIFICACION DE URGENCIA.El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Corresponde calificar la urgencia hecha presente por el Ejecutivo respecto del proyecto que modifica la Constitución Política del Estado.
El señor AHUMADA.-
Pido la palabra.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ampuero. A continuación, podrá usar de ella Su Señoría.
El señor REYES (Presidente).-
No corresponde acoger la petición de Su Señoría, pues en la forma en que ha sido formulada no se ajusta a las disposiciones del artículo 129 del Reglamento, según el cual deben las urgencias calificarse de inmediato, salvo las excepciones que indica. Es decir, Su Señoría debe atenerse a éstas, para poder dar curso a su petición.
El señor AMPUERO.-
El problema consiste en saber si ese artículo se aplica al caso, porque de lo que dudamos es de si puede declararse la urgencia respecto de un proyecto de reforma constitucional.
El señor AMPUERO.-
Señor Presidente, quiero hacer una petición y fundarla en forma muy breve.
Con motivo de la discusión de varios aspectos procesales relativos a la reforma constitucional, en el debate que se produjo en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, llegamos a situar entre los puntos controvertidos el de si procede o no procede la urgencia cuando se trata de mociones o mensajes de reforma de la Carta Fundamental. El debate fue bastante amplio y su resultado, en verdad, bastante precario: dos señores Senadores estimaron que había razones suficientes para sostener que la urgencia procedía también con relación a las reformas constitucionales. No es del caso hacer un resumen de sus argumentos, para los fines que me propongo explicar en seguida. Otros sostuvimos que ello era dudoso, discutible, no obstante los precedentes. También omitiré nuestros argumentos en esta cuenta.
En definitiva, colocado el punto en votación, se obtuvo el siguiente resultado: dos señores Senadores estimaron procedente la modalidad de la urgencia en esta materia, y otros dos -el Honorable señor Bulnes y el que habla- nos abstuvimos. En consecuencia, en ese momento no hubo decisión al respecto. En una sesión ulterior, con asistencia de los mismos Senadores, se volvió a votar, con idéntico resultado. La Comisión acordó entonces, reglamentariamente, consignar en sus conclusiones una que acepta la modalidad de la urgencia como procedente en el caso de reformas constitucionales, pero como resultado -repito- de una votación que revela hasta qué punto el asunto es discutible y dudoso.
En estas circunstancias, solicito como cuestión previa que, antes de calificar la urgencia a que ha hecho referencia la Mesa, se pida a la Comisión de Constitución que desglose de su propio informe este asunto -sin necesidad, por supuesto, de ningún debate nuevo- para, al menos, reproducir los argumentos de unos y otros y traerlos a la Sala, a fin de dirimir este problema, que tenía hasta hace poco un valor puramente teórico, pero que ahora tiene significación práctica en el tratamiento de la reforma constitucional.
Formulo esta petición en nombre del Comité Socialista, aunque anticipo que la opinión jurídica que di es estrictamente personal, vale decir, no compromete a mi Comité, ya que mis colegas de partido han de formarse su propio juicio cuando se produzca el debate en toda su necesaria extensión en esta Sala.
El señor REYES (Presidente).-
Señor Senador, el problema mencionado por la Mesa es que la resolución del asunto debe encuadrarse dentro del artículo 129. Si Su Señoría se impone de él, podrá seguramente condicionar su petición a los términos en que está redactado.
Entretanto, puede usar de la palabra el Honorable señor Ahumada.
El señor AHUMADA.-
En verdad, deseo anunciar la oportunidad en que mi partido se pronunciará sobre la calificación misma de la urgencia. No me referiré a la cuestión previa planteada por el Honorable señor Ampuero.
Como lo dijo Su Señoría, no estuve presente cuando se discutió en la Comisión la procedencia o improcedencia de la urgencia en las reformas constitucionales y, por lo tanto, no pude dar mi opinión. Pero supe que los Honorables señores Prado y Luengo fueron partidarios de aquélla y que se abstuvieron los Honorables señores Ampuero y Bulnes.
No quiero profundizar en la materia, pero como juicio personal puedo señalar que el artículo 108 de nuestra Carta Fundamental, relativo a las reformas constitucionales, las somete a igual tramitación que a cualquier otro proyecto de ley, salvo las excepciones que indica, entre las cuales no se encuentra la materia en debate.
En cuanto a la calificación de la urgencia, expondré el pensamiento de mi partido cuando se abra debate sobre aquélla.
El señor REYES (Presidente).-
De acuerdo con el artículo 129 del Reglamento, la petición del Honorable señor Ampuero sobre una consulta previa a la Comisión...
El señor BULNES SANFUENTES.-
No se oye, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
El Honorable señor Ampuero ha formulado petición para que previamente se conozca el pronunciamiento de la Comisión de Constitución sobre si procede o no procede la declaración de urgencia en un proyecto de reforma constitucional.
El criterio de la Mesa es claro sobre este punto: en primer lugar, existe el precedente de otro proyecto de reforma constitucional tramitado con urgencia. Entonces rediscutió si ella se calificaba de suma urgencia, de discusión inmediata o de simple urgencia. Luego, debe entenderse que tales reformas quedan sujetas a ese trámite.
En seguida, las actas de la Comisión de Constitución y Legislación en lo referente al punto sobre el cual el Honorable señor Ampuero ha solicitado consulta, dicen expresamente que, después de un debate y por dos votos afirmativos contra dos abstenciones, se concluyó que la urgencia es procedente. Luego, el informe de esta Comisión debe entenderse emitido, ya que las actas son recientes y abordan este punto específico.
El señor AMPUERO.-
Si Su Señoría lo entiende así, es preciso dejar constancia de que todas las otras conclusiones de la Comisión deben entenderse emitidas, pues ésta no es la única determinación a que ha llegado la Comisión de Constitución. Debe aplicarse el mismo razonamiento al resto de las conclusiones.
El señor LUENGO.-
Hay otro problema: el informe consigna la opinión de la citada Comisión, y tenemos entendido que, en definitiva, la Sala puede aceptarlo o rechazarlo en su totalidad, o aceptar determinados puntos y rechazar otros. Pero la petición del Honorable señor Ampuero tiene por objeto pedir el pronunciamiento de la Sala respecto del criterio de la Comisión en este punto.
El señor REYES (Presidente).-
Hice especial hincapié hace un instante en que la Mesa no tiene otro camino que ajustarse al texto del artículo 129. Por este motivo, sugerí al Honorable señor Ampuero que repasara su texto a fin de que planteara su petición mediante otra fórmula, como el aplazamiento de la calificación, y mientras tanto, se realizara la consulta 'del caso. Pero, en este momento, reglamentariamente me veo obligado a plantear la calificación de la urgencia.
El señor AMPUERO.-
Deseo dejar sentado que, al plantear el asunto, lo hago para ser consecuente con la posición que sostuve en el seno de la Comisión de Constitución, al margen de cualquiera otra consideración respecto de la velocidad con que se discute este proyecto. Pero ya que el señor Presidente, en el hecho, ha planteado la improcedencia de mi indicación -ésa es la situación reglamentaria que se ha producido-, deseo, al menos, reservar mi opinión respecto del problema de fondo: la procedencia o improcedencia de la urgencia en materia de reformas constitucionales. En segundo lugar, también deseó manifestar -mis reservas sobre el procedimiento, pues resulta evidente que deberíamos calificar de inmediato la urgencia si estuviéramos de acuerdo en la procedencia de ella.
En todo caso, mi planteamiento incide precisamente en si procede o no procede la urgencia en el caso de los proyectos de reforma constitucional. De tal manera que la aplicación mecánica del artículo 129 no parece, al menos en mi concepto, tan lógica como lo es a juicio del señor Presidente. No obstante, recogiendo sus sugerencias, con el objeto de que al menos este problema de la declaración de urgencia sea debidamente sopesado por nuestros compañeros de representación, solicitaré el aplazamiento de la calificación de la urgencia. Debo manifestar que esto lo hacemos, aparte las razones ya dadas, con el objeto de que entretanto se avance todo lo posible en la aprobación de la reforma del número 10 del artículo 10 de la Constitución Política y, como digo, al margen de las consideraciones de procedimiento y reglamentarias.
Esto, a mi juicio, no resultará extraño a los señores Senadores. Desde hace algún tiempo, la prensa y diversos parlamentarios han afirmado que tal vez la empresa más audaz que pudo haberse propuesto el Gobierno es el enfrentamiento del problema agrario. En la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto de reforma agraria que, en sus líneas generales, nosotros suscribimos. Pero estamos convencidos de que dicha iniciativa será inoperante, quedará al margen de la Constitución, si previa o simultáneamente no se obtiene un nuevo tratamiento de las expropiaciones en materia de derecho de propiedad. A nuestro juicio, esto no merece explicación especial. Constituye el fundamento de la actitud reiteradamente sostenida por los parlamentarios socialistas y el FRAP durante las últimas semanas.
Con el apoyo de la Democracia Cristiana, logramos que en la Comisión se diera preferencia a este proyecto de los Honorables señores Corbalán, Chadwick y Luengo, y del Senador que habla, proyecto que reproduce el texto ya aprobado por la Cámara.
Precisamente cuando entrábamos a considerar este aspecto de las reformas constitucionales y a darle el ritmo indispensable para aprobarlo antes de promulgarse la ley de reforma agraria, el Gobierno, en un afán indisimulado de obstruir el tratamiento preferente de la reforma del número 10 del artículo 10, solicitó la semana pasada la urgencia para el proyecto grande, por así decirlo. Esta iniciativa, que viene de la Cámara de Diputados, como se ha dicho más de una vez modifica 50 artículos de la Constitución. Vale decir, enmienda más de la mitad del articulado de la Ley Fundamental en vigencia.
Por esa razón, nos parece necesario agotar los esfuerzos a fin de cumplir la voluntad mayoritaria de la Comisión. Esta celebró dos sesiones el día lunes, una tercera hoy, y citó a una cuarta para el jueves, con el propósito de tratar el proyecto de reforma a que se le asignó preferencia. Esperamos que se logre materializar esa voluntad mayoritaria, antes de que la urgencia hecha presente para las otras reformas obstruya su estudio, en la forma y ritmo que le estábamos dando.
Además, quiero señalar que, en el deseo de apresurar la aprobación de las reformas constitucionales, ni los socialistas, ni los comunistas, ni el Partido Social Demócrata, representado por el Honorable señor Luengo, hemos sido remisos. Por el contrario, desde el primer momento nos hemos esmerado por establecer una vía expedita para que' ellas se aprueben con celeridad, por supuesto reflejando también el criterio de mayoría de la Corporación. Así fue como en la primera oportunidad sugerimos adoptar un procedimiento nuevo, hasta cierto punto innovador, respecto del proyecto que considerábamos en su segundo trámite constitucional. Dicho procedimiento consistía en discutirlo primero en particular y sólo al término de tal trámite provocar una votación general. Veíamos enormes ventajas en ese procemiento: desde luego, habríamos entrado de inmediato a tratar las materias de fondo y, con posterioridad a tal debate, cada miembro de la Comisión habría sabido a qué idea de legislar estaba prestando su aprobación. Al terminar la discusión del artículo 2º, nos disponíamos a seguir con otros de tanta importancia como ése; pero nos encontramos con un cambio de actitud de la representación democratacristiana que obligó a revisar el acuerdo de procedimiento y, virtualmente, anular lo que habíamos empezado a discutir, a fin de someternos al sistema tradicional. Esto último significó un nuevo retardo en la aprobación del proyecto de la Cámara de Diputados, originado en un mensaje del Ejecutivo.
Todo esto lo digo sólo para dejar constancia, una vez más, de que se falta a la verdad cuando se sostiene que en los partidos y Senadores de Izquierda ha existido un propósito obstruccionista. Al revés: siempre hemos querido apresurar el despacho de este proyecto y hemos demostrado, por medio de indicaciones perfectamente concretas y procedentes, que nuestro ánimo de innovar en materia constitucional se mantiene en su integridad.
El señor REYES (Presidente).-
En conformidad a lo solicitado por el Honorable señor Ampuero, la calificación de urgencia quedaría aplazada.
Si le parece a la Sala, se solicitará a la Comisión de Legislación que antes del martes próximo emita un informe oficial sobre la procedencia de la urgencia en los proyectos de reforma constitucional.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, a propósito de las palabras recientes del Honorable señor Ampuero, debo manifestar que no he dudado en ningún momento de que el Frente de Acción Popular tiene el sincero propósito de realizar todos los esfuerzos necesarios para que la reforma constitucional, especialmente en lo relativo a la enmienda del número 10 del artículo 10, y la reforma agraria sean despachadas con la mayor rapidez que permite nuestra Carta Fundamental.
Pero el señor Senador ha hecho una afirmación que, a mi juicio, constituye un cargo o suposición injusta en contra del Gobierno y de la Democracia Cristiana. El Honorable señor Ampuero ha sostenido haber visto con desazón que, después de acordado el desglose del artículo 10 para su trato preferente, el Gobierno solicitó la urgencia para el proyecto de reforma constitucional, y ha agregado que, a su modo de ver, ello no tiene por objeto sino retardar en definitiva el despacho, tanto de la reforma constitucional misma, como de la reforma agraria.
Considero que la afirmación de Su Señoría es un tanto gratuita y, en lo que a mí respecta, no creo que podamos aceptarla. No existe ni puede existir en el Gobierno ningún ánimo de dilatar el despacho de los proyecto que patrocina. No puede suponerse que, en lo relativo a los proyectos de reforma constitucional y agraria, de que es autor, esté empeñado en retardar su aprobación.
A mi juicio, respecto de este punto simplemente ha habido un malentendido derivado de una precipitación. Por mi parte, no creo que el hecho de pedir urgencia para la totalidad del proyecto de reforma constitucional pueda ser considerado como una maniobra del Gobierno destinada a demorar el despacho de estos proyectos. Y tan así es que tengo a la vista una declaración de la Comisión Política del Partido Comunista, publicada en el diario "El Siglo" del 8 de este mes, en la cual, después de expresar que el Partido Comunista colaborará para el despacho de las reformas constitucional y agraria, se felicita, primero, del desglose del artículo 10, número 10, para su trato preferencial, y después dice: "La Comisión Política del Partido Comunista saluda el acuerdo de la mayoría de la Comisión de||AMPERSAND||quot; Constitución, Legislación y Justicia del Senado de apresurar el despacho, desglosándola, de la modificación del número 10 del artículo 10 de la Constitución. Reiteramos que debe aprobarse rápidamente esta modificación y darse trámite de urgencia a la reforma agraria, al conjunto de la reforma constitucional y a la sindicalización de los trabajadores agrícolas."
Es decir, la Comisión Política del Partido Comunista, con posterioridad a la determinación del Partido Demócrata Cristiano y del Gobierno de pedir la urgencia para el trámite de la reforma constitucional en su totalidad, estimó precisamente lo mismo, en el sentido de que no sólo debe tratarse el número 10 del artículo 10 de la Ley Suprema, sino también debe pedirse la urgencia para el proyecto de reforma constitucional en su conjunto y el de reforma agraria.
Yo no creo que el Partido Comunista esté haciéndole el juego al Presidente de la República, al Gobierno y a la Democracia Cristiana...
El señor JARAMILLO LYON.-
¡Podría ser... !
El señor FUENTEALBA.-
...solicitando algo exactamente igual a la determinación adoptada por el Partido Demócrata Cristiano y el Gobierno, en cuanto a pedir la urgencia para la reforma constitucional. Tampoco creo que el Partido Comunista esté empeñado, como lo supone el Honorable señor Ampuero, en impedir la tramitación del artículo 10, número 10, de la Carta Fundamental y el despacho de la reforma constitucional, con posterioridad al de la reforma agraria.
Quería hacer esta salvedad, porque no es admisible entrar en el terreno de las suposiciones. Considero que tanto el Gobierno como el Frente de Acción Popular quieren que salgan adelante las reformas constitucional y agraria. Tal deseo es compartido también por otras colectividades políticas. Pero en ningún momento ha existido la intención, por parte nuestra -eso es lo que a mí me consta-, de impedir o demorar el tratamiento de esos dos proyectos tan importantes.
El señor AHUMADA.-
Nuestro partido expresó claramente en la Comisión de Legislación, y ahora lo hace en la Sala, que desea legislar de manera específica sobre las siguientes y determinadas materias: primero, el derecho de propiedad y las condiciones de su ejercicio, para que cumpla adecuadamente su función social; segundo, nuevos derechos y garantías constitucionales; tercero, inhabilidades e incompatibilidades parlamentarias; cuarto, prolongación del período de la legislatura ordinaria, y quinto, nueva división administrativa interior.
Ello por considerar que estas materias representan una mejor ordenación jurídica, un cambio de estructuras en nuestra sociedad y la incorporación de nuevas libertades y derechos, como también una más adecuada distribución de la renta nacional.
En cumplimiento de esta resolución de mi partido, presenté al Congreso Nacional un proyecto que modifica la Constitución Política del Estado. Al solicitar a la Comisión un tratamiento preferente en la tabla, fue pospuesto por la mayoría de ella debido al desglose del artículo 10, número 10, de iniciativa de los señores Senadores Corbalán, Luengo y Ampuero y que reproduce, como lo dijo este último Honorable colega, el texto aprobado por la mayoría de la Cámara de Diputados. Ese desglose contó con el apoyo del representante de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión.
Ya en estado de tabla en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado, el Ejecutivo ha estimado inconveniente este desglose, por intermedio de la petición de calificación de urgencia.
Frente a este hecho, mi partido expresa que no participará en el conflicto que se ha producido entre la posición gubernamental y la mayoría circunstancial de la Comisión de Legislación y Justicia, con relación al desglose del artículo 10, número 10. Votaremos en general tal disposición; pero no participamos en el desglose.
En consecuencia, teniendo una posición perfectamente definida sobre las materias en que es urgente legislar, rechazamos perentoriamente todas aquellas otras aprobadas por la mayoría de la Cámara de Diputados que pretenden aumentar las facultades del Gobierno y disminuir las de los Poderes Legislativo y Judicial, como asimismo acentuar el fuerte régimen presidencial existente, que puede conducir a la instauración de un sistema de dictadura legal que asegure la perpetuación en el Poder del partido gobernante.
Estimamos necesario hacer esta declaración en el momento en que se trata el problema de la calificación de urgencia.
El señor TEITELBOIM.-
No era mi intención terciar en este debate, pero el Honorable señor Fuentealba hizo alusión a la posición del Partido Comunista y dio lectura a algunas líneas de la declaración que su Comisión Política emitió el 7 del mes en curso.
El énfasis que Su Señoría puso en la lectura de ciertos aspectos y el hecho de no haber subrayado el orden de precedencia de los problemas que recalcó el Partido Comunista, dan una falsa impresión.
En primer término, la Comisión Política del Partido Comunista, como recordó el Honorable señor Fuentealba, saluda el acuerdo de la Comisión de Legislación del Senado de apresurar, desglosándola, el despacho de la modificación del número 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Este es el hecho inicial, el eslabón básico para poder movilizar tanto la reforma agraria como la constitucional. Por desgracia, este hecho inicial básico, de acelerar todo el proceso de transformación, fue desautorizado por la dirección del Partido Demócrata Cristiano, después de que el Honorable señor Prado votó favorablemente el proyecto de los señores Senadores Ampuero, Luengo y Corbalán, don Salomón, tendiente a desglosar la modificación señalada del proyecto de reforma constitucional aprobado en primer trámite por la Cámara.
Para nadie es un misterio que los comunistas somos partidarios de acelerar toda legislación que realmente signifique cambios, y en este terreno pensamos en el desglose. Fuimos personalmente hasta la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para formular una declaración en este sentido. Manifestamos que en torno del artículo 10 la reacción chilena estaba generando una atmósfera muy grave en este país; que tomaba la ofensiva política no sólo en contra del Gobierno, sino contra el proyecto de reforma agraria por medio' de su máquina propagandística y que, a nuestro juicio, había conseguido y ha conseguido, en algún sentido, colocar a la defensiva al Gobierno y arrinconarlo en muchos aspectos, y que grandes sectores de campesinos medios, que serán favorecidos por la reforma agraria, se coloquen en contra de ella. Por lo tanto, nos parecía indispensable que se pasara por encima de esta situación anómala, precisamente tomando el toro por las astas y poniendo, en primer término, la discusión del número 10 del artículo 10 de la Constitución, sobre el derecho de propiedad.
Primeramente, la Democracia Cristiana, por medio del Presidente de la Comisión, estuvo a favor. Pero, ¿qué ocurrió? Luego, ha habido una desautorización de esta posición, y ese partido ha dicho que no acepta el desglose. Lo lamentamos profundamente. Esto no quiere decir, por cierto, que nosotros debamos asumir la responsabilidad de este paso atrás del Gobierno. Queremos que se vaya adelante y reiteramos nuestra posición en favor de la aceleración de todo proceso de cambio.
En la declaración a que me refiero, dijimos, contra el argumento que se había esgrimido -de que se trataba de una maniobra tendiente a hacer aprobar el artículo 10 y dejar dormir indefinidamente el resto de la reforma constitucional y, también, la reforma agraria-, que queríamos que ambos proyectos marcharán con el ritmo más acelerado posible. Reiteramos en esta Sala esa declaración.
Habría sido muy interesante- desgraciadamente no hay tiempo para ello- haber leído otros párrafos de nuestra declaración política que aclaran perfectamente nuestro ánimo en este terreno. Se habla en ella de la necesidad de pasar por encima de la resistencia reaccionaria, de sacar adelante la reforma agraria y de que la conciliación es un camino de derrota. Y nosotros vemos en el hecho de que se haya dado pie atrás en el desglose, una especie de conciliación con los enemigos de la reforma agraria.
El señor FUENTEALBA.-
Estimo necesario corregir un error de hecho en que incurre el Honorable señor Teitelboim cuando afirma que el Partido Demócrata Cristiano o su Consejo Nacional ha puesto marcha atrás, luego de la actitud que asumió en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el Honorable señor Prado. La verdad es que no son así las cosas. El acuerdo del Consejo Nacional de nuestro partido es anterior a la actitud asumida por el Honorable señor Prado dentro del seno de esa Comisión. De manera que no se ha echado pie atrás, no se ha dejado sin efecto lo obrado por el Honorable señor Prado. La actitud del Honorable Senador es posterior al acuerdo del partido y obedeció a otras causas. En ningún momento ha habido de parte de nadie mala fe, sino simplemente un error.
Me ha parecido necesario puntualizar estos hechos, porque el Honorable señor Teitelboim hace hincapié en este asunto, en circunstancias de que las cosas no ocurrieron como él ha sostenido: primero se produjo el acuerdo del partido y, después, la actitud del Honorable señor Prado.
El señor TEITELBOIM.-
Nosotros nos quedamos con nuestra afirmación, por el hecho de que un Senador de la Democracia Cristiana, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, votó favorablemente el desglose, lo cual nos merece respeto y configura una posición.
Quiero terminar mis palabras diciendo que la declaración a que hacía referencia agrega que la actitud del Gobierno ante la ofensiva reaccionaria ha estado hasta ahora marcada por el telón de la con-temporanización de algunos de sus más altos personeros con el grupo oligárquico, lo cual sólo contribuye a magnificar la importancia política de estos elementos. Este es otro pensamiento claro.
La Democracia Cristiana tendrá el apoyo del Partido Comunista en todo lo que signifique marchar hacia adelante, sin contemporización alguna con la Derecha y la oligarquía.
El señor AMPUERO.-
Intervengo de nuevo con el ánimo, también, de puntualizar algunos hechos, a continuación de las expresiones del Honorable señor Fuentealba. El ha manifestado que es injusto sostener que la Democracia Cristiana o el Gobierno han obstruido el despacho de la reforma del artículo 10, segregada del proyecto que comprende en conjunto las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados.
Debo recordar que, junto con el señor Presidente de la Comisión de Constitución, convinimos, primero, en segregar el número 10 del artículo 10 y, en seguida, en la necesidad de dar rápida tramitación al resto de la reforma. Este acuerdo estaba expresando el propósito reiterado de los Senadores del FRAP en orden a que todo el conjunto de la reforma tuviera pronta sanción legislativa. Por supuesto, la posibilidad de proceder de común acuerdo los 13 Senadores de la Democracia Cristiana y los 15 del FRAP, en lo que se refiere al análisis de las reformas constitucionales que estamos estudiando en segundo trámite constitucional, le da una velocidad indiscutida y, además, la certeza de que los aspectos fundamentales serían abordados con el mismo criterio de la Cámara de Diputados o con alguno ligeramente distinto. Esto hacía innecesaria la urgencia, considerada como medio de compulsión del Ejecutivo sobre una u otra de las Cámaras.
En segundo lugar, el solo itinerario de los acontecimientos del día jueves es más que ilustrativo y más que comprobatorio. A mediodía del jueves se produjo la votación en que el FRAP y la Democracia Cristiana sancionaron el desglose del artículo 10, para tratarlo en forma separada, acompañado del propósito común de dar término a la discusión en el día de hoy y votar el jueves. No creo que hubiera necesidad de estar muy cerca del Palacio de La Moneda, para darse cuenta de los trajines que se originaron como consecuencia de este acuerdo. Son testigos todos los periodistas, los parlamentarios y los televidentes, como se dice de los espectadores de la televisión, quienes escucharon al Honorable señor Gumucio en algunas expresiones muy espontáneas y sinceras, como consecuencia de todos estos hechos.
Pues bien: ¿cómo puede decirse ahora que la petición de urgencia no tiene nada que ver con el acuerdo de la Comisión del jueves a mediodía? Somos un poco duros para comulgar, y mucho más cuando se nos quiere obligar a comulgar con ruedas de carreta. No puede el Honorable señor Fuentealba seguir insistiendo en que no hay ninguna conexión entre estos hechos. No estoy calificando intenciones. Estoy sosteniendo que, a continuación del acuerdo de la Comisión, hubo revuelo en el partido de Gobierno, que se tradujo en una petición concreta a los funcionarios del Senado de mantenerse en sus funciones más allá de la jornada habitual, a fin de recibir el oficio por el cual el Ejecutivo haría presente la urgencia y que, tengo entendido, llegó por fin a las ocho y media de la noche. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Creemos que cada uno tiene derecho a ser más o menos ingenuo, pero nosotros rechazamos la obligación de ser ingenuos.
Como es de conocimiento público, la aprobación del desglose en la Comisión fue una sorpresa para gran parte de los Senadores democratacristianos, especialmente para quienes habían estado actuando en la Comisión. Ellos entendieron, igual que nosotros, que la petición de urgencia para el otro proyecto era una manera de atravesarse en el camino de la discusión del número 10 del artículo 10. Además, reglamentariamente no cabe otra interpretación. Si el Gobierno no desea obstruir el tratamiento del artículo 10 en forma independiente, quiere decir que tiene un desconocimiento bastante penoso del Reglamento del Senado; que habría cierta incompetencia manifiesta entre los personeros del Ejecutivo vinculados a la actividad del Congreso porque reglamentariamente el proyectó con urgencia se antepone a cualquier otro que no la tenga. Esto es de la esencia de la institución; yo diría, una conclusión más o menos mecánica derivada de su propio nombre.
El señor PABLO.-
Un proyecto puede ser tratado en sesiones especiales en la Sala y, en tal caso, no le afectaría la urgencia declarada para otro proyecto.
El señor AMPUERO.-
Me alegro mucho de la declaración.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Se lo dije en la Comisión, pero Su Señoría no me creyó.
El señor AMPUERO.-
El artículo 135 del Reglamento, en el cual fundo tácitamente gran parte de mi argumentación, dispone: "La simple urgencia dejará el asunto, tan pronto como esté en estado de tabla, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, en el primer lugar del Orden del Día de las sesiones ordinarias y extraordinarias y de las especiales que se celebren para este efecto."
Esto excluye, evidentemente, la posibilidad de sesiones especiales. No obstante, aquí es donde daremos oportunidad a la Democracia Cristiana para revelar hasta dónde la petición de urgencia tenía un propósito obstruccionista. Indudablemente si seguimos el calendario de las sesiones ordinarias y extraordinarias, la urgencia para el proyecto despachado por la Cámara de Diputados posterga inequívocamente el proyecto de reforma del número 10 del artículo .10, que estábamos tratando en forma separada.
Si es falsa nuestra interpretación -nos alegraríamos de que lo fuera-, existe la oportunidad de demostrarlo ahora. Bastaría que el presidente de la Comisión y el presidente de la Democracia Cristiana, que se encuentran en la Sala, aun cuando estos compromisos públicos están un tanto desprestigiados, nos manifestaran su aquiescencia para realizar sesiones especiales. Los Senadores del FRAP estamos dispuestos a concurrir a todas las que sean necesarias para despachar esta semana la modificación al número 10 del artículo 10 de la Constitución. Y quiero decirlo así, porque tenía mis dudas acerca de la posibilidad de que este compromiso fuera contraído por el Honorable señor Prado, no tanto por su propia voluntad, sino por la situación un tanto incierta en que lo colocó su partido. Si eso se aclara aquí, estoy llano a retirar mis palabras en cuanto pueda haber calificado intenciones en forma injusta. Bastaría esa afirmación categórica, que espero se haga en algunos momentos más.
El señor ENRIQUEZ.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor BULNES SANFUENTES.-
Con mucho gusto.
El señor BULNES SANFUENTES.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ENRIQUEZ.-
A mi juicio, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado debería pronunciarse sobre este aspecto, que me parece, esencial.
Muchas gracias por la interrupción, señor Senador.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Antes de entrar propiamente a la materia del debate, que es la urgencia hecha presente por el Gobierno, deseo señalar el asombro y estupor que me produce ver a un representante del Partido Comunista, el Honorable señor Teitelboim, erigido en tutor del partido de Gobierno y del Gobierno mismo, reprobar enérgicamente toda posibilidad de que el Partido Demócrata Cristiano pudiera conciliar con cualquier otro sector que no fuera el comunista. Quien escuchara al Honorable señor Teitelboim sin saber nada de la elección presidencial verificada hace tan poco en Chile, pensaría que el Partido Comunista fue en esa elección un aliado del Partido Demócrata Cristiano; que contribuyó con sus votos a elegir al actual Presidente de la República, y que ahora lo llama a no desviarse de los compromisos que habría adoptado. Pero la verdad es del todo diferente. El actual Jefe del Estado tuvo el apoyo de su propio partido y también, sin compromisos de ninguna especie, el de otros partidos, de otros ciudadanos, que se lo otorgaron con mayor o menor buena voluntad, pero se lo concedieron y contribuyeron a su triunfo. En cambio, el gran derrotado de la última campaña presidencial fue precisamente el Partido Comunista.
El señor TEITELBOIM.-
O el Partido Conservador.
El señor BULNES SANFUENTES.-
El Partido Conservador no está en juego, pues no ha asumido el papel de tutor del partido de Gobierno. La campaña presidencial se planteó precisamente en torno del comunismo, y fue éste el gran derrotado en la elección presidencial. Por lo tanto, me parece desmedido..
El señor TEITELBOIM.-
¿Cuántos Diputados eligió el Partido Conservador en las últimas elecciones parlamentarias?
El señor BULNES SANFUENTES.-
Escuché con toda calma las observaciones del señor Senador. Le ruego, en consecuencia, demostrar ahora los sentimientos democráticos de que tanto alarde hace cada vez que habla, y escucharme con el mismo respeto.
El señor TEITELBOIM.-
Pero Su Señoría hace referencias muy directas...
El señor BULNES SANFUENTES.-
Resulta, por lo tanto, más que sorprendente, realmente irrisorio que el Honorable señor Teitelboim considere una desviación todo lo que en el actual Gobierno de la República no signifique afrontar los importantes problemas del país del brazo y en completo acuerdo con el Partido Comunista. .
Me referiré ahora a la materia, en debate, de la cual nos hemos apartado un poco.
A mi juicio, frente a la presentación de urgencia que ha hecho el Gobierno, se plantean dos problemas: en primer lugar, si puede el Presidente de la República, constitucionalmente hablando, representar la urgencia de un proyecto de ley de reforma constitucional, y, en segundo término, en caso de que la Constitución permita hacerlo, si es compatible con el respeto al orden jurídico y con una sana convivencia democrática que un proyecto de reforma constitucional de la naturaleza y de la complejidad del que patrocina el Gobierno se, tramite con urgencia.
El primer problema fue analizado en la Comisión de Legislación. No asistió en esa oportunidad el Honorable señor Ahumada. Los Honorables señores Luengo y Prado estimaron que la urgencia era procedente. El Honorable señor Ampuero y yo nos abstuvimos de votar. En mi caso específico, manifesté que la cuestión me merecía dudas, que no tenía formado criterio completo sobré la materia y que, al abstenerme de votar, no difería de la opinión de la mayoría de la Comisión, sino que me reservaba el derecho de formarme un juicio cabal al respecto.
Después de haber estudiado los antecedentes, pienso que, por un lamentable error del constituyente -y diré por qué lo considero un lamentable error-, puede el Presidente de la República representar la urgencia de un proyecto de reforma constitucional. Puede hacerlo porque el artículo 108, que trata de la reforma de la Carta Fundamental, dispone que la enmienda de las disposiciones constitucionales se someterá a la tramitación de un proyecto de ley, salvo las excepciones que la misma disposición indica. Ese inciso ha sido interpretado invariablemente en el sentido de que rigen en la tramitación de la reforma constitucional todas las reglas aplicables a la de un proyecto de ley. Y nadie puede discutir que la disposición concerniente a la urgencia es específicamente un precepto que regla la tramitación de los proyectos y que no tiene otro objeto que reglar esa tramitación. En estas condiciones, el claro texto constitucional lleva a la conclusión de que el Presidente de la República puede representar la urgencia. Yo sostengo que se trata de un error del constituyente, pues, si se observa lo dispuesto por los artículos 108 y 109, quiso el constituyente rodear a la reforma constitucional de todas las garantías necesarias en cuanto a tiempo. Incluso otorgó a los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados la posibilidad de cambiar su criterio. Por ese motivo, la Constitución establece que, aprobado un proyecto de reforma constitucional por la mayoría absoluta de Senadores y Diputados en ejercicio, se esperará un término de sesenta días, al cabo de los cuales se reunirá el Congreso y volverá a pronunciarse sobre la reforma constitucional. El constituyente, como puede apreciarse, no sólo estimó que un proyecto de reforma constitucional no podía ser muy urgente, sino que dio a los parlamentarios que ya habían concurrido a aprobarlo, la oportunidad de meditar mejor sobre la materia y de rectificar su opinión. A ese objeto obedece este trámite especial que ha de verificarse después de despachado un proyecto por ambas Cámaras.
Si el constituyente hubiera sido lógico y consecuente con su propio criterio, habría establecido que el proyecto de reforma constitucional no es susceptible de tramitarse con urgencia. Pero, seguramente porque la urgencia era una institución nueva en la Constitución de 1925, por tratarse de un injerto en la Carta Fundamental, el constituyente olvidó establecer que entre las disposiciones de tramitación no se aplicaría a la reforma constitucional lo relativo a la urgencia. De ahí que, tal como está el texto de la Constitución, podemos hacer la crítica de él, podemos señalar que el constituyente cometió un error; pero no podemos apartarnos de su tenor literal. Por desgracia, debemos admitir que el Presidente de la República puede representar la urgencia de un proyecto de reforma constitucional.
Ahora viene la segunda cuestión. ¿Es compatible con el debido respeto al orden jurídico y con las sanas prácticas de convivencia democrática que se trate con urgencia un proyecto como el presentado por el Ejecutivo? No he contado el número de sus disposiciones, pero sí he escuchado al señor Ministro de Justicia, en la Comisión de Legislación, decir que contiene más de setenta enmiendas a la actual Constitución. No todas estaban en el proyecto original; algunas fueron agregadas en la Cámara de Diputados. Ciertas enmiendas son tan graves y trascendentales como la reforma del derecho de propiedad, la delegación de facultades, la restricción de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos y la transformación completa de nuestro régimen administrativo interior. Debo agregar que todas aquellas disposiciones constitucionales no consignadas específicamente en el proyecto, también están sometidas a revisión, pues, como el proyecto abarca un sinfín de materias, no cabe sostener que él comprende sólo determinadas materias de la Carta Fundamental: su materia es toda la Constitución. De manera que sería perfectamente lícito modificar también todos aquellos artículos que, según el proyecto no están modificados.
El señor ENRIQUEZ.-
Agradezco la interrupción concedida por el señor Senador.
Hay un punto de extrema importancia y sobre el cual entiendo que no se ha pronunciado la Comisión de Legislación, en lo relativo a un proyecto de reforma constitucional. El proyecto de ley del Ejecutivo reforma diversas materias tratadas por nuestra Carta. Política. Esta última se refiere a órdenes diferentes de materias o de ideas: los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, la organización de los poderes públicos, la formación de las leyes, la iniciativa parlamentaria, la organización de la administración interior, etcétera. El proyecto del Ejecutivo se refiere a un sinnúmero de materias. Pregunto yo, pese a que tengo mi propia contestación: ¿es independiente cada una de las reformas constitucionales sobre diversos órdenes de ideas o materias, y deben ser tratadas separadamente? En tal caso, no hay posibilidad de contrabando legislativo. ¿Se quieren reformas sobre los derechos o garantías constitucionales? Esa es una materia sobre la cual habrá que aprobar o rechazar la idea de legislar. ¿Se quiere modificar la Constitución en la parte referente a la formación de las leyes? Esa es otra materia. ¿Se quiere reformar la Constitución en cuanto a delegación de facultades? Es otro asunto. ¿Se quiere enmendar la Constitución en lo tocante al derecho de propiedad? Ese es un tema diferente. Cada uno de ellos juega independientemente. Pero el Ejecutivo nos ha enviado un proyecto de ley que constituye un abanico, pues en su texto se hallan comprendidos diversos aspectos de la Carta Fundamental, y está encaminado, según la idea de mi partido, a una finalidad: la suma del poder para el Gobierno y las herramientas para proceder según sea su criterio. Es un juego político -lo reconozco- sumamente hábil. Se quiere jugar con una opinión dividida: en unas materias con unos y en otras materias con otros. Hay quienes estaríamos de acuerdo con ciertas reformas, pero estimamos improcedentes otras.
Vuelvo, para no quitar mayor tiempo al Senado, a mi pregunta: ¿Cómo deben tratarse los proyectos de reforma constitucional que abarcan diversos aspectos y modifican tantos puntos fundamentales de la Constitución? ¿Significa la idea de legislar sobre ese proyecto, que se puede legislar sobre cada uno de los puntos a que se refiere? ¿O la idea de legislar debe ser votada separadamente respecto de cada orden de materias?
Planteo estas observaciones porque no se trata de un proyecto de ley común y corriente, sino de un proyecto de reformas constitucionales, y esto lo traducen muy bien tanto el Reglamento del Senado como el de la Cámara. Un proyecto de ley se refiere a una materia determinada, y el Reglamento impide -cosa que se ha vulnerado con mucha frecuencia- agregarle ideas extrañas a su idea matriz. Se legisla así sobre salud, sobre previsión, sobre reajuste, sobre obras públicas, sobre lo que se quiera; pero cada proyecto se encamina y endereza a una determinada idea fundamental. Por eso, reglamentaria o estatutariamente, deben excluirse las materias extrañas a la idea central.
En este caso, nos encontramos ante un proyecto de reforma que abarca diversos aspectos constitucionales. Cada reforma constitucional, ¿no constituye una idea separada, en que hay que votar separadamente la idea de legislar?
El señor BULNES SANFUENTES.-
Voy a continuar, señor Presidente.
Como decía, el proyecto despachado por la Cámara de Diputados contiene más de setenta modificaciones. Suponiendo que el estudio de la Comisión se concretara a ellas y no surgiera -lo que es imposible en la práctica- ninguna otra enmienda nueva propuesta por los señores Senadores, como la urgencia da 6 días de plazo para emitir el informe y una Comisión
no puede funcionar con el debido rendimiento más de seis horas diarias, llegaríamos a la conclusión de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispondrá de media hora para estudiar, debatir y pronunciarse sobre cada una de las reformas constitucionales. Media hora para el derecho de propiedad; media hora para la delegación de facultades; media hora para el régimen administrativo interior; media hora para el plebiscito y media hora para los derechos sociales. En ese lapso, escasamente alcanzan a fundar su voto los cinco miembros de la Comisión. Queda totalmente descartado el propósito de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con un elemental sentido de responsabilidad, de escuchar, frente a cada una de las reformas más importantes, la opinión de los catedráticos del ramo. Queda descartada no sólo esa posibilidad, sino también la de hacer un estudio real y efectivo de cada una de las modificaciones. Más todavía, me atrevería a decir que queda eliminada la posibilidad de redactar siquiera medianamente bien las disposiciones constitucionales. Y cuando hablamos de redacción de disposiciones constitucionales, debemos recordar que ello es algo extremadamente difícil, pues cuando en una ley se usan palabras imprecisas, nada cuesta hacer otra para aclararla; pero en un precepto constitucional, donde en poquísimas palabras se tratan materias fundamentales y se dan reglas destinadas a perdurar por mucho tiempo, la redacción debe ser muy cuidadosa.
Por lo tanto, es absolutamente imposible que una Comisión responsable emita su dictamen sobre el proyecto de reformas constitucionales del Gobierno, dentro de los límites de la urgencia. Desde lue-go, el Senador que habla no se prestará para esa mascarada. Yo no asistiré a la Comisión. Yo no firmaré un informe emitido en el plazo de 6' días sobre ese proyecto, porque si lo hiciera estaría ratificando con mi firma un acto de irresponsabilidad. Entonces, aun cuando me inclino a creer que constitucionalmente la declaración de urgencia es lícita, en mi concepto no lo es dentro de una sana convivencia democrática, ni tampoco dentro de un respeto elemental del orden jurídico; porque si hay algo necesario para que una democracia exista y funcione bien, es la estabilidad de sus disposiciones constitucionales. La única garantía que tienen las minorías, en cuanto a que las mayorías; ocasionales o no, no abusen de ellas, 'es la Constitución, y de ahí que sus disposiciones deben ser estables. Por ello, su reforma tiene que ser fruto de un estudio detenido. Y cuando se pretende hacer una revisión total de una Constitución dentro del plazo de la urgencia, se atenta -creo que no en forma deliberada, sino inconscientemente, por falta de análisis de la cuestión- contra las normas de respeto más elemental al orden jurídico.
He querido dejar constancia de mi opinión, porque no me negaré a votar la calificación de la urgencia, por cuanto, a mi juicio, ello es constitucionalmente procedente; pero dejo formulada mi reserva absoluta y mi discrepancia total por el uso que el Presidente de la República ha hecho, en este caso, de su atribución constitucional de hacer presente la urgencia del proyecto.
El señor PRADO.-
No tengo inconveniente de ninguna especie en asumir en esta sala la responsabilidad que me cupo al votar favorablemente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que presido, el desglose de las enmiendas al número 10 del artículo 10 de la Constitución Política, del proyecto de reforma constitucional enviado por el Gobierno y despachado por la Cámara de Diputados, de acuerdo con una moción presentada separadamente por cuatro Senadores del FRAP.
No tengo inconveniente en asumir dicha responsabilidad, porque, a mi juicio, en un debate político del nivel que corresponde a un proyecto de reforma constitucional, jamás deben quedar ocultas las intenciones ni los pasos que se van dando.
Tampoco deseo que se pretenda sacar subproductos de mi actuación, a fin de hacerme aparecer en una actitud contraria o lesiva a la mantenida por la Democracia Cristiana frente al proyecto de reforma constitucional. Pienso que las cosas deben situarse en su lugar y que de este modo podremos ir abriéndonos paso hacia el futuro, como se trató de hacerlo en esta oportunidad con relación al proyecto de reforma constitucional del Gobierno, que dentro de pocos meses enterará un año en el Parlamento y que se encuentra más de 4 meses en el Senado.
He visto, como ha visto todo el país, que algunas disposiciones de la iniciativa del Gobierno han producido silencio y que otras han provocado imputaciones a la' Democracia Cristiana o al Ejecutivo por parte de las bancas de Izquierda. Por otro lado, asistíamos a una especie de esfuerzo concentrado y concertado en el país para ir creando un clima -diría yo- de violencia de los espíritus, que se produce cuando empieza a infiltrarse el temor, en cuanto a cuál será el texto del número 10 del artículo 10 de la Constitución Política, relativo al derecho de la "propiedad; qué pasará con quien tiene una vivienda; qué ocurrirá con el que disfruta de una pensión o de una previsión; qué sucederá con el que tiene una tierra que cultiva directamente. Todos asistíamos -y estamos asistiendo hoy día- a una especie de gran concierto en que poco a poco se ha tratado de hacer penetrar el temor en los ánimos, para detener una reforma constitucional auspiciada por el Gobierno; concebida desde hace años, desde que nació la Democracia Cristiana entre los partidos políticos chilenos, pues estaba contenida en sus estatutos, en su declaración de principios, y que fue implícitamente consagrada el 30 de noviembre del año antepasado, fecha en que el proyecto respectivo se envió a la Cámara de Diputados, y, después, en las elecciones del 7 de marzo, cuando el pueblo fue llamado a escoger y designó como depositarios de su confianza a algunos partidos políticos y postergó a otros en forma aplastante, en cuanto a su significado político.
Pues bien, yo había recibido la autorización respectiva de parte del presidente de mi partido. Por desgracia, se presentó un problema de velocidad -la Democracia Cristiana formuló sus declaraciones el miércoles y la votación se produjo el jueves- que me impidió sentirme notificado de un acuerdo explícito en otro sentido. Como expliqué en la Comisión -es un hecho que tiene importancia-, me ausenté a las 5 de la tarde para ir a Calera acompañando al señor Ministro del Interior, a fin de tratar de resolver un conflicto que llevaba varios días y que era urgente solucionar, y regresé a las cinco y media de la mañana, con el señor Ministro. Llegué justo al comienzo de la sesión, que empezaba a las diez y media. Inicié la reunión y la levanté, para tratar de ponerme en contacto con el presidente de mi colectividad, lo que no logré hacer en ese momento. Entonces se produjo la votación, en que yo di mi voto conscientemente, en primer lugar, porque en ese instante, como lo he dicho y lo saben el Honorable señor Ampuero y los demás Senadores de la Comisión, creía no estar contrariando una orden de mi partido.
El señor AMPUERO.-
Así lo estimó también el Honorable señor Gumucio.
El señor PRADO.-
Exacto.
Sabía que existía un criterio contrario al desglose; criterio que si bien existe, no es fundamental, pues el desglose de una disposición no representa un pensamiento de fondo sobre el contenido de ella, ni siquiera sobre la rapidez con que debiera ser aprobada. En efecto, ahora el Gobierno, mediante la urgencia, coloca al Congreso en la necesidad de aprobar todo el proyecto -en consecuencia, también el número 10 del artículo 10-, con la rapidez que el país requiere. Por lo tanto, como digo, no hay nada tan fundamental en esto, pues se trataba sólo de un criterio.
Yo apliqué las facultades que me había dado el presidente de mi partido para conversar sobre la iniciativa y el propósito del Gobierno, en un momento determinado, cuando los Senadores del FRAP expresaron en la Comisión estar dispuestos a votar favorablemente en general, preferentemente y antes del desglose, el proyecto del Ejecutivo. Había escuchado a los Honorables señores Teitelboim, Luengo y Ampuero manifestar opiniones en tal sentido. Después de haber visto durante muchos meses esta campaña sorda tendiente a crear determinado clima con relación al derecho de propiedad; cuando el país entero espera la reforma constitucional, y el Senador que habla era un voto, muchas veces contra 4 y otras contra 3 -en todo caso un voto minoritario que no permitía avanzar nada-, yo conversé con los Honorables señores Ampuero y Luengo sobre la manera de salvar este estancamiento y dar velocidad al despacho del proyecto. Para ello debía contar con sus votos, a fin de aprobarlo en general; y si no con los votos de ellos, por lo menos en cuanto a definir materias determinadas, había que poner las cartas sobre la mesa.
Este punto lo expliqué al consejo de mi partido, para que no se creyera ver en mi actitud -soy un viejo militante democratacristiano- el ánimo de desobedecer una orden perentoria que, por carencia de tiempo, fue imposible notificarme oportunamente. El jueves leí en la prensa la entrevista y las declaraciones públicas hechas por el presidente de mi partido en lo relativo a la urgencia.
Debo agregar -y con esto deseo terminar mis observaciones, pues no me referiré en este instante al problema de la
urgencia, por cuanto la Comisión informó lo expresado por la Mesa- que el problema de fondo no consiste en sacar subproductos de una situación planteada, que, en primer lugar, no entraña responsabilidad para la Democracia Cristiana, pues, sin duda, hay documentos públicos, como la prensa, que dejan constancia del pensamiento del partido. Yo no dejaría, en ningún momento, que mi actitud se prestara para ello. No está bien sacar ese subproducto,
A mi juicio, el primer pronunciamiento que debe haber en la Comisión es saber qué partidos aceptan la invitación a acelerar el despacho del proyecto de reforma constitucional del Gobierno, aceleración que, por mi parte, creí ver, en conciencia, en el desglose, seguido del otro proyecto.
No estamos hablando de dogmas, sino de materias respecto de las cuales puede haber muchos matices y caminos. El consejo ejecutivo de mi partido teme que, después de aprobado este desglose, que es el único que envuelve conceptos sustanciales con relación a las enmiendas propuestas, el resto del articulado, que también contiene aspectos tan fundamentales como inhabilidades, incompatibilidades parlamentarias, facultades al Ejecutivo y la división administrativa del país, sea postergado por años. Eso fue lo que temí cuando quise llegar a un criterio que permitiera acelerar la tramitación de esta iniciativa legal, y por eso pedí que todos pusiéramos las cartas sobre la mesa a fin de conocer el pensamiento que cada cual tenía respecto de estas reformas.
Me parece que la manera de responder políticamente a este planteamiento consiste en decir, como lo manifestó esta tarde el Honorable señor Teitelboim, que estamos dispuestos a acelerar el proceso de tramitación. No trataremos de afirmarnos en el hecho específico del desglose, que, como digo, no es en sí sustancial, sino de procedimiento. Contestaremos políticamente, asumiendo un papel frente a la necesidad social y política que el país mira: la conveniencia de dar rapidez al despacho de las reformas constitucionales, que, por lo demás, no constituyen una novedad de este Gobierno -muchas veces se ha hablado de reformas constitucionales en diversos aspectos-, sino que responden a un clamor acogido por la actual Administración al iniciar su mandato.
Finalmente, quiero decir que hoy día, por mandato de mi partido, el presidente de la colectividad a que pertenezco y yo hemos presentado a la Comisión una indicación al texto sugerido por el Gobierno del número 10 del artículo 10 de la Constitución Política, desglosado, para precisar cuál es nuestro pensamiento definitivo sobre el contenido de esa norma. Esta indicación permitirá a los señores Senadores de todas las bancas saber a ciencia cierta cuál es nuestro criterio de fondo en materia de derecho de propiedad.
En la indicación a que hago referencia se puede apreciar que la pequeña propiedad agrícola, la vivienda habitada por su dueño y la tierra trabajada por su propietario, nada deben temer en materia de expropiación. En ella se comprobará un criterio muy sólido, de que al Estado corresponde el papel impulsor del desarrollo económico y social del país y que, cuando se sacrifica en forma específica un derecho de propiedad constituido, con pago diferido, el Estado debe fijar responsablemente las condiciones de ese pago.
Hemos puesto las cartas sobre la mesa. Más que insistir en el problema del desglose -que he explicado, cuya responsabilidad asumo y en lo cual mi partido nada tiene efectivamente que ver, como lo reconozco en la Sala- es preciso contestar a ese otro emplazamiento político destinado a saber si estamos de acuerdo, con las bancas de la Izquierda, en acelerar el proceso de las reformas constitucionales, iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por el actual Gobierno hace un año y que el Senado debe despachar con celeridad ahora.
El señor AYLWIN.-
Señor Presidente, no deseo prolongar este debate, pero lo dicho aquí hace necesario precisar algunos conceptos.
Antes que todo, lo relativo a la reforma constitucional no constituye novedad en el debate político chileno. En realidad, es un asunto que se viene planteando desde hace no menos de diez años, anualmente, en todas las campañas electorales, en foros, en conferencias, en libros, en debates en el propio Parlamento, en proyectos de reforma presentados al Congreso por los Gobiernos de los señores Ibáñez y Alessandri y por la actual Administración. Es decir, existe consenso nacional en cuanto a que la Carta Fundamental que nos rige está anticuada, no responde a las necesidades y requerimientos sociales de nuestros días y necesita modificaciones urgentes. Los puntos básicos o materias fundamentales que requieren ser modificados han sido objeto de ese análisis y, en sucesivos comicios electorales, el pueblo ha expresado su voluntad de que esas enmiendas se hagan.
Frente a lo expuesto anteriormente, tenemos la actitud de minimizar el problema, mediante tramitaciones que aparecen más bien como artificio del juego parlamentario: primero se debaten problemas reglamentarios en largas sesiones y luego cada grupo empieza a decir: "desglosemos esto, desglosemos esto otro e iniciemos de nuevo el proceso", en circunstancias de que ya existe un proyecto aprobado en su primer trámite por la Cámara, que está en segundo trámite en el Senado, que el país conoce desde hace más de un año y respecto del cual todo político chileno, todo dirigente de alguna colectividad política responsable tiene que haberse formado juicio. Todo esto creo que desprestigia al sistema democrático. Aparece como que se juega, que se hacen escaramuzas y que, entretanto, mediante ellas, se va retardando el cumplimiento de la voluntad del pueblo y de lo que todos, en el fondo de nuestras conciencias, reconocemos que es necesario: reformar la Constitución Política del Estado.
El señor BULNES SANFUENTES.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador? Es a propósito de lo que Su Señoría acaba de expresar, y bastante ilustrativo.
Creo que mal se puede hablar de escaramuzas y de juego parlamentario en lo que va de tramitación del proyecto de reforma constitucional del Gobierno.
En primer lugar, la Comisión no se dedicó a resolver cuestiones académicas, sino problemas gravísimos sobre la tramitación del proyecto, que nunca antes habían sido resueltos, porque los anteriores proyectos de reforma constitucional fueron muy sencillos y habían sido materia de discusión entre los catedráticos y los aficionados al Derecho Constitucional. Al resolver previamente estas cuestiones, se quiso que ellas no fueran dilucidadas, el día de mañana, con criterio político, de acuerdo con las conveniencias circunstanciales del momento, sino al comenzar la discusión del proyecto, cuando ningún Senador podía saber si las soluciones jurídicas que en esos momentos daba iban a convenir o no a sus propios conceptos.
En segundo lugar, la Comisión de Legislación está presidida por el Senador democratacristiano señor Prado. El ha podido citar a cuantas sesiones ha deseado. Y sucede, Honorable señor Aylwin, que ninguna de esas sesiones, ¡absolutamente ninguna!, ha fracasado por falta de quórum. Más todavía: en muchas oportunidades, por ausencia del representante democratacristiano,. se habría podido reclamar de la hora de comienzo de la sesión; pero los Senadores que no formamos parte del Gobierno hemos tenido toda la paciencia necesaria, hemos esperado que se entere el quórum, que llegue el Senador democratacristiano -unas veces, el Honorable señor Prado; otras, el Honorable señor Gumucio-, y todas las sesiones se han verificado.
Dejo constancia de estos hechos, porque es una imputación absoluta y totalmente gratuita la que, dentro y fuera del Senado, ha hecho Su Señoría a la Comisión de Legislación.
Repito: la Comisión se ha reunido todas las veces que ha sido citada por su presidente democratacristiano. Si no ha sesionado más, es porque el Senador de Gobierno no la ha citado más.
Por lo tanto, rechazo en la forma más enérgica -creo que en esto concurren todos mis colegas de la Comisión- el cargo de que se ha hecho juego parlamentario o de que se ha recurrido a ardides para prolongar la tramitación del proyecto.
El señor AYLWIN.-
Me alegra que el Honorable señor Bulnes reconozca que lo que yo digo fuera del Senado lo manifiesto también aquí, y no, como expresó días atrás en la televisión, que yo no me atrevía a decir las cosas aquí.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Hemos tenido oportunidad de escuchar este cargo en el Senado, después que Su Señoría lo formuló fuera de él hace una semana.
El señor AYLWIN.-
Con relación a lo que acaba de exponer el Honorable señor Bulnes, que me aparta un poco de mis observaciones, debo decir que, cuando la Comisión de Legislación se abocó al estudio de cómo debía tramitarse un proyecto de reforma constitucional, lo hizo a sabiendas de que existía un informe evacuado por ella misma, aprobado por el Senado en 1943, el cual, para acelerar la tramitación de un proyecto de esa naturaleza, establece un procedimiento más expedito y fácil que el de ahora. Cambiando el criterio aprobado unánimemente por esta Corporación en 1943, se ha acordado lo que, no obstante todas las explicaciones que hemos oído,...
El señor AMPUERO.-
¿Me concede una interrupción?
El señor AYLWIN.-
Permítame terminar.
El señor AMPUERO.-
Deseo saber poiqué es más expedito.
El señor AYLWIN.-
Quisiera terminar mis observaciones y que me contestaran al final. He escuchado a todos los señores Senadores sin interrumpirlos.
El señor AMPUERO.-
He formulado una pregunta a Su Señoría, para que no deje en el aire su afirmación.
El señor AMPUERO.-
Así fue.
El señor AYLWIN.-
La abstención de Su Señoría es muy sintomática. Revela que carece de argumentos suficientes para votar negativamente.
El señor AMPUERO.-
Ya discutiremos eso el próximo martes.
Creo tener antecedentes más que suficientes en favor de mi posición.
El señor AYLWIN.-
Consideramos que aquél es un mecanismo constitucional posible. No pretendemos ahogar ni festinar el debate; pero sí creemos que se festina y rebaja mediante el sistema del desglose. Es nuestro propósito materializar las reformas básicas que el país pide. El pueblo las espera y distintos Mandatarios han señalado la necesidad de llevarlas a cabo.
El señor AYLWIN.-
Cuando he hablado de la minimización del problema, me he referido, más que nada, al juego de los desgloses. ¿Por qué? Porque -repito- creo que el país espera una reforma constitucional, más que sobre el mero derecho de propiedad -el debate nacional está maduro sobre diversos aspectos-, acerca de las materias fundamentales incluidas por el Ejecutivo en el proyecto que envió a la Cámara de Diputados: reforma al derecho de propiedad, declaración de derechos sociales, delegación legislativa. Desde hace por lo menos 30 años se viene practicando en Chile la delegación legislativa. En 1942, se dictó la ley 7.200, y la Comisión de Legislación del Senado ideó un sistema que institucionaliza la delegación legislativa en el país, sin reconocer que sea delegación legislativa. Desde el año 1942 hasta ahora, se ha vivido en un subterfugio, se han dictado tomos y tomos de decretos con fuerza de ley y, sin embargo, la delegación legislativa no está consagrada en el texto constitucional. Se vive en un sistema de artificio, y ello desprestigia al régimen institucional y jurídico y a nuestra democracia. Senadores de distintas bancas -con la sola excepción del Partido Radical, que también ha votado leyes de delegación legislativa- han presentado proyectos de reforma destinados a constitucionalizar la delegación legislativa. Al respecto, existen proyectos de los ex Presidentes Alessandri e Ibáñez, del ex Senador señor Frei y del ex Diputado conservador señor Héctor Correa Letelier. Es decir, todos han estado de acuerdo en la necesidad de legislar en tal sentido. Sin embargo, ¿qué suerte han corrido esos proyectos? La de dormir en los archivos de las Comisiones del Congreso Nacional.
La necesidad de modificar el régimen administrativo interior, para descentralizarlo, dar mayores atribuciones a los organismos de la administración interior del Estado y adecuarlo a la división económica en zonas del país, es compartida por todos los sectores nacionales. Hay un proyecto de reforma constitucional presentado por don Gabriel González Videla cuando era Presidente de la República que aún duerme en los archivos. Fue presentado después de una Convención Nacional de Provincias verificada en Viña del Mar y de otra celebrada al año siguiente en Concepción. Allí se sentaron los principios básicos para una descentralización administrativa regional.
La necesidad de que, para la planificación económica y el buen manejo financiero del país, el Ejecutivo se reserve exclusivamente la iniciativa en determinadas leyes, más allá de lo que en la actualidad autoriza el artículo 45 de la Constitución, ha sido señalada por el ex PresidenteIbáñez, como también por el ex PresidenteAlessandri en todos sus Mensajes al Congreso. Además, fue incorporada a los proyectos de reforma constitucional presentados por ambos Mandatarios con el apoyo de los partidos políticos que respaldaban sus Gobiernos. Sobre esa necesidad existe consenso nacional. Se ha debatido durante muchos años y, sin embargo, hasta ahora nada se ha resuelto.
Digo esto sin ánimo de molestar. Deseo elevar el debate al mayor grado de con-vivencia democrática. Pero, ¿prestigia ello a nuestro régimen democrático? ¿Satisface las aspiraciones del pueblo? ¿Da la impresión de que estamos cumpliendo nuestro deber con el país?
Nos parece evidente que no sólo respecto de determinadas materias, que un partido u otro, por dictado o imposición propia, por decisión unilateral decida que se traten mediante un desglose, debemos hacer una reforma constitucional.
Considero -hablo en nombre de mi partido, interpretando un acuerdo de su Consejo Nacional- perfectamente posible que todos los partidos políticos aquí representados podamos ponernos de acuerdo respecto de cuáles son las materias fundamentales contenidas en el proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno que podríamos despachar desde luego, sin mayores tramitaciones y no mediante un desglose. Este no es realmente un desglose, sino un nuevo proyecto, y significa perder todo lo hecho por la Cámara. En otras palabras, somos partidarios, mediante un debate, de precisar aquellas ideas fundamentales que reclama el país, para así dar una tramitación acelerada a aquellas ideas, dejando de mano, por ahora, las que consideremos que carecen de esa importancia vital.
Por nuestra parte, ponemos las cartas sobre la mesa: la reforma del derecho de propiedad, la declaración de los derechos sociales, la modificación del régimen administrativo, la iniciativa del Ejecutivo en ciertas materias, la incompatibilidad parlamentaria y el plebiscito, son los asuntos que responden a lo que el país necesita en esta hora. Pensamos que sobre esas materias podríamos ponernos de acuerdo o entrar en debate, dentro del proyecto de reforma presentado por el Gobierno, para darles rápida tramitación. Estamos llanos a conversar sobre otros asuntos y a considerarlos dentro del debate de aquéllas.. ,
El señor RODRIGUEZ.-
¡Ese es el drama de ustedes!
El señor CORBALAN.-
¡ Pasan conversando ...!
El señor AYLWIN.-
... o sobre las modificaciones que deseen plantear otros señores Senadores, porque creemos que el país no puede seguir esperando indefinidamente que esto se haga.
El señor ALTAMIRANO.-
Sus Señorías invitan a conversar. Por ese camino nos demoraremos más. Lo que debemos hacer es votar.
El señor AYLWIN.-
Estamos dispuestos a votar en el momento que lo deseen; pero lo que vamos a votar no lo decidirán unilateralmente Sus Señorías.
El señor ALTAMIRANO.-
No pretendo eso.
El señor AYLWIN.-
Cuando se pretende desglosar determinado artículo para centrar en él el debate y dejar el resto para tramitarlo después con calma, es evidente que el resto de la reforma constitucional seguirá la misma suerte que los proyectos presentados en los últimos diez años, o más, desde la época de don Gabriel González Videla; es decir, que duerman, se olviden y el país siga esperando.
Dentro de ese predicamento fue que el lunes, antes de que ocurrieran estos episodios, el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano acordó pedir al Presidente de la República que solicitara la urgencia para el proyecto de reforma constitucional, y expresó su desacuerdo con la idea del desglose. El miércoles la mesa directiva de mi partido hizo declaraciones en tal sentido. Dio las razones de tal predicamento en conferencia de prensa. El jueves en la mañana me entrevisté con Su Excelencia para comunicarle la petición del Partido.
El señor AMPUERO.-
¿Cuándo? ¿El jueves?
El señor AYLWIN.-
El jueves en la mañana. Ese día apareció en todos los diarios la declaración oficial emitida por el Partido Demócrata Cristiano, en la cual señala su posición en la materia.
Tal como expresó el Honorable señor Prado, no creemos que se pueda hablar de mascarada -término empleado por el Honorable señor Bulnes- para calificar un método utilizado con el fin de tramitar con la urgencia que el caso requiere, un proyecto de reforma constitucional sobre las bases que he planteado. Consideramos, en cambio, que cuando no existe verdadera voluntad para adoptar decisiones, cualquier plazo es demasiado corto.
Queremos despachar la reforma constitucional como un conjunto, limitándola a aquellas materias más urgentes. Deseamos que esto se haga rápidamente. No creemos que la solución esté en el desglose. Por eso, estimamos que la urgencia, que ningún señor Senador se ha atrevido' a sostener aquí que no proceda jurídicamente....
El señor AMPUERO.-
Yo he sostenido su improcedencia.
El señor AYLWIN.-
Hay precedentes constitucionales de que ella es admisible. Por lo demás, Su Señoría, en mi presencia, en la Comisión expresó que se abstenía de votar; no que votaba en contra.
El señor AMPUERO.-
Pido la palabra.
El señor ENRIQUEZ.-
¿Me permite una breve interrupción, Honorable colega?
El señor AMPUERO.-
Si el señor Presidente me concede la palabra, no tengo ningún inconveniente.
El señor REYES (Presidente) .-
Tiene la palabra el Honorable señor Teitelboim; en seguida, Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.-
Deseo referirme a algunas expresiones vertidas di rectamente con relación a la posición del partido Comunista.
El Honorable señor Bulnes expresó su asombro por el hecho de que, en su concepto, el Partido Comunista se hubiese convertido en tutor de la Democracia Cristiana. A mi juicio, el asombro es gratuito por cuanto no corresponde a la realidad. No somos tutores de nadie ni pretendemos serlo. Al igual que los Partidos Conservador, Radical y demás colectividades políticas, nos hemos limitado a dar nuestra opinión acerca de los puntos en debate y a expresar nuestro juicio respecto de la actitud de determinados partidos, en la misma forma como ellos han juzgado la nuestra.
De haber sido tutores de la Democracia Cristiana, no se habría presentado al Congreso el proyecto de reforma agraria que conoce el país, sino otro mucho más decidido y profundo. Consideramos del todo insuficiente esa iniciativa. No tiene el cuño del FRAP. Si lo hubiera tenido, no habría sido una reforma de "macetero" o de "flor en el ojal", porque la aprobada durante la Administración anterior nadie la ha visto, en el hecho no existe, es sencillamente una ficción.
El señor CURTI.-
Se han expropiado 200 mil hectáreas.
El señor TEITELBOIM.-
En cuanto a la afirmación de que habríamos contribuido con nuestros votos a la elección del actual Presidente de la República, todo el mundo sabe que ello no es efectivo. Como a Sus Señorías les consta, apoyamos a Salvador Allende.
Por otra parte, sí es efectivo que elementos de los partidos Conservador y Liberal apoyaron al señor Frei. Se ha dicho -creo que es verdad- que entre quienes votaron por el actual Mandatario hay dos sectores: el que votó por los cambios, y aquel que lo hizo en defensa de sus intereses, que estimaron amagados por un eventual triunfo del FRAP. Por eso, en algunos aspectos, actualmente se dividenesas fuerzas, y aquellos que votaron en defensa de sus intereses, cuando ven que hay un peligro para ellos, se oponen. En otros proyectos, cuando piensan que sus intereses están cautelados, apoyan a la Democracia Cristiana.
En cambio, nuestra actitud no obedece a intereses, sino a principios. Fuimos los primeros en hablar de reforma agraria en este país, cuando nació nuestro partido, hace más de cuarenta años. La hemos estado proponiendo durante muchas décadas, y no será ésta la ocasión, porque la propone la Democracia Cristiana, en que negaremos nuestro apoyo. Por ello, no somos tutores de nadie, sino que permanecemos fieles a nuestros principios.
Si nosotros hubiéramos impuesto nuestra voluntad, como se ha insinuado aquí, no habríamos dicho jamás las palabras pronunciadas hace unos instantes en la Sala por el presidente de la Democracia Cristiana : invitar a todos los sectores a conversar sobre el proyecto de reforma constitucional y abrir la puerta a una transacción: Nuestro criterio es diferente. Pensamos que, cuando se va por la vía de la transacción, se jibarizan de tal manera los proyectos que finalmente resultan inútiles. No habrá reforma constitucional profunda ni reforma agraria a fondo, como las que el país necesita, si seguimos por ese camino. Esto habla bien claro respecto de nuestra diferencia de posición.
Junto con estas palabras, deseábamos referirnos al gran derrotado. Se ha dicho que el gran derrotado fue el comunismo; pero, en nuestro concepto, la elección de marzo -en cierto sentido la continuación de la de septiembre- señaló que fue el Partido Conservador quien sufrió una derrota, posiblemente la más estrepitosa de toda su historia política. En esto hablan las cifras. Hace tiempo que no recordábamos este hecho; pero está en la historia. Y cuando se pretende decir que el gran derrotado fue el Partido Comunista -que en realidad acrecentó su representación parlamentaria- me parece absolutamente indispensable aclarar un tanto las cosas.
Finalmente, una palabra más respecto del desglose. Nosotros pensamos, aparte las razones que sobre este punto han dado los Senadores del Frente de Acción Popular, que el desglose tenía una finalidad importante, frente al argumento de inconstitucionalidad del proyecto de reforma agraria, en todo lo que éste pudiera significar una modificación del derecho de propiedad. Es evidente que legislar ante todo, mediante una disposición clara, sobre un nuevo concepto de ese derecho, ha de constituir la espina dorsal de la reforma agraria. Nosotros hemos pretendido desglosar este artículo a fin de que esa reforma -que hace ya casi dos meses se encuentra pendiente sin avanzar en la Cámara de Diputados- pueda adelantar por un camino expedito desde el punto de vista constitucional. Esa ha sido nuestra intención.
El señor ENRIQUEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor AMPUERO.-
He concedido una interrupción al Honorable señor Altamirano.
El señor FERRANDO.-
¡Apuremos la discusión!
El señor REYES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Enríquez.
El señor AMPUERO.-
Perdóneme, señor Presidente, pero yo tengo el uso de la palabra. Sólo había concedido una interrupción.
En seguida, el Honorable señor Aylwin incluía dentro del concepto de maniobra politiquera más o menos deleznable, el criterio del desglose. Ya he explicado qué razones justifican el desglose o la segregación del artículo 10. Pero lo curioso no está en esa afirmación, sino en que, a continuación, dicho señor Senador, para apresurar el despacho de la reforma, nos propone el desglose de otras materias.
El señor AYLWIN.-
No, señor Senador.
El señor AMPUERO.-
Porque una selección de diez materias entre cincuenta, es un desglose. Desglose es separar, con una diferencia importante: el mecanismo político del desglose. ¿En qué consistiría? En una conversación universal, abierta y democrática para ponerse de acuerdo, ojalá todos, en reformas sustanciales o fundamentales"
El señor AYLWIN.-
Materias, simplemente.
El señor AMPUERO.-
Materias. Pero ocurre que si la Democracia Cristiana va a consultar a todos, obtendrá el siguiente resultado: el Partido Conservador le dirá: "No toquemos el derecho de propiedad". Es probable que el Partido Liberal elimine algunas otras disposiciones; que los radicales supriman lo relativo al plebiscito u otros preceptos; que nosotros eliminemos otros relacionados con la centralización del poder en manos del Presidente de la República, por ejemplo. Total, en sus manos quedará sólo el mango de las reformas constitucionales. Y lo grave es que no sería por casualidad, sino porque lo están buscando.
El señor AYLWIN.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor AMPUERO.-
Denantes Su Señoría no me la dio, y ahora quiero pagarle con la misma moneda.
La verdad estricta es que el partido más asustado con las reformas constitucionales es la Democracia Cristiana.
El señor AYLWIN.-
Esa es una suposición gratuita.
El señor AMPUERO.-
Señor Presidente, no acostumbro a reiterar mis intervenciones cuando se trata de un tema único. Pero la intervención o disertación del presidente de la Democracia Cristiana, Senador señor Aylwin, me obliga a decir algunas palabras que omití en mi intervención anterior.
En primer lugar, deseo manifestar, como lo he hecho en más de una ocasión, que pocos presidentes de Comisiones han contado con un apoyo, colaboración o ayuda más sostenida que la prestada al Honorable señor Prado, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. En efecto, si no ha habido mayor celeridad en el estudio de estas materias, si no se ha destinado más tiempo o más sesiones a su discusión, ha sido por consideraciones calificadas y resueltas estrictamente por el presidente de esa Comisión, militante del partido de Gobierno.
Ya en una ocasión reclamé por la lentitud y ofrecí nuestra colaboración -la de los Senadores del FRAP- para intensificar el trabajo y lograr resultados más positivos con mayor presteza. Quisiera que en alguna oportunidad se nos desmintiera con hechos la disposición de ánimo que exhibíamos, como una clara demostración de la responsabilidad con que hemos enfrentado nuestra tarea. Lo que el Honorable señor Aylwin ha señalado como maniobras que producen pésimo efecto en la opinión pública y contribuyen al desprestigio del Congreso Nacional, en verdad no resiste el menor análisis.
El primer gran problema de procedimiento que nos preocupó se refiere, en efecto, a una materia vinculada al informe del año 1943. La Comisión llegó a conclusiones exactamente contrarias a aquellas suscritas por la respectiva Comisión del Senado de ese año. Cuando se discuta aquí en detalle esta materia, se podrá comprender la razón de este cambio de actitud. Sólo quiero mencionar un aspecto: de seguir manteniéndose la tesis de 1943, el resultado de una reforma constitucional sería diametralmente opuesto según cual fuere la Cámara de origen, en el supuesto de que ambas ramas del Parlamento tuvieran mayorías políticas diversas, como ocurre en la actualidad. El resultado, repito, sería opuesto. Vale decir, para exagerar el ejemplo, podría darse el caso, dentro de esa doctrina, de que un proyecto relativo a la reforma de la propiedad aprobado por el Senado diera una definición socialista de tal derecho en la Constitución Política; y que, sin embargo, si ese mismo proyecto tuviera origen en la Cámara, consagrara una doctrina ciento por ciento liberal. Dentro del mecanismo establecido por el dictamen de ' 1943, variaría sustancialmente el resultado esencial, concreto; cambiaría el contenido de la reforma según cual fuera la Cámara de orgien y cual la revisora.
Además, como los señores Senadores saben, por no haber plazo para la presentación de proyectos de reforma constitucional, podría llegarse a la aberración de que una reforma inspirada en un criterio liberal, por la circunstancia de que la Cámara de origen tuviese una mayoría de tal carácter, al día siguiente de ser sancionada como Carta Fundamental, fuera reemplazada por otra reforma, esta vez con origen en la otra Cámara, como consecuencia de este mismo mecanismo.
Es decir, una reflexión elemental nos conduce a una interpretación del artículo 108, a fin de establecer perfecto equilibrio en las posibilidades de legislación, cualquiera que sea la Cámara de origen o la revisora.
Por ahora sólo adelanto esto. Ya vendrá la oportunidad de analizar el informe de la Comisión, para entrar al fondo del problema. Entonces los señores Senadores tendrán que reconocer que esta posición no obedece a ningún capricho. Por lo demás, los Senadores del FRAP no hemos hecho otra cosa que ratificar, veinte años después, exactamente la misma tesis sostenida por los parlamentarios de nuestra filiación política en 1943.
El señor FERRANDO.-
En esta discusión planteada por el Honorable señor Ampuero, una cosa me llama la atención, no como hombre de leyes, sino arrogándome la representación del hombre común : para evitar demora en el despacho de un proyecto de ley, se desglosa de éste una materia, pero en cambio hay discusión en cuanto a la urgencia hecha presente respecto de la misma iniciativa. Esto es lo que no entiendo y que produce un poco de desconcierto en la ciudadanía. Tales dudas reglamentarias son llamadas "triquiñuelas" por el pueblo. Yo no quiero calificarlas así, pero hacen que se pierda confianza en la razón de ser del Senado o del Parlamento.
Buscamos apresuramiento, queremos rapidez. ¿Por qué, entonces, no procedemos rápidamente? ¿Por qué no calificar en seguida la urgencia y discutir en otra oportunidad el aspecto reglamentario en general? En la discusión particular veremos en qué aspectos estamos de acuerdo y en cuáles no lo estamos. En mi opinión, andando es como se avanza, y no empezando por buscar diferencias de opinión.
Estas largas discusiones, esto de no llegar al grano, a lo que realmente queremos hacer, es lo que, a mi juicio, desorienta a la opinión pública.
El señor AMPUERO.-
Señor Presidente, creo que si nuestro colega el Honorable señor Ferrando leyera, además de "La Nación", otros diarios, tendría una idea mucho más clara de los problemas políticos del país. Estoy convencido de que la publicidad de la Democracia Cristiana está turbando el juicio de muchos hombres.
Y quiero explicar, de paso, algo que "La Nación" no explica, pero que cualquier hombre común que leyera otro diario entendería con facilidad. De un escrutinio muy ligero se deduce que, de todas las disposiciones de la Carta Fundamental, son 51 los artículos modificados o derogados por el proyecto de la Cámara de Diputados, lo que implica el 50% de las materias comprendidas en la Constitución. Todos esos artículos son interesantes: unos más, otros menos. Hay uno solo -¡uno solo!- que tiene relación inmediata y directa con otro gran problema nacional: es el número 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, porque sin esa modificación, aunque la reforma agraria se aprobara mañana con toda celeridad -que cada día es menor en la Cámara de Diputados-, ella no podría aplicarse. Y tan así es que, según tengo entendido, el Ejecutivo envió una indicación en cuya virtud determinados artículos del proyecto de reforma agraria sólo podrían aplicarse cuando la reforma constitucional se consagrara; es decir, son artículos que se aprueban en forma condicional, porque, por lo demás, tampoco el Gobierno puede saber cuál será el contenido de la reforma constitucional, y esos artículos pueden quedar definitivamente obsoletos, para usar esta palabra de moda y tan desagradable desde el punto de vista fonético.
La única disposición, en consecuencia, que requiere una extraordinaria celeridad, una preocupación singular del Congreso, para que la polémica a su alrededor se resuelva antes de la promulgación y tal vez antes de la discusión del proyecto de ley de reforma agraria, es el número 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Todo lo demás puede esperar. El país puede vivir perfectamente seis meses más sin tribunal constitucional, como ha vivido durante cuarenta o cien años; puede vivir sin establecer nuevas incompatibilidades para el trabajo parlamentario; puede vivir sin que sea dividido el territorio en zonas; sin nombrar intendentes regionales. Pueden transcurrir perfectamente seis meses sin que se apruebe ninguna otra disposición. Pero no podría aprobarse la reforma agraria, que en este momento parece ser la viga maestra de la política del Gobierno -y estoy más próximo a aceptar esto que respecto de los convenios del cobre-,...
El señor CURTI.-
Hay varias vigas maestras.
El señor AMPUERO.-
...o podría aprobarse pero no operaría, si previamente no hemos reformado el artículo 10.
El señor FERRANDO.-
Pero si en veinte días podemos tratar todas las materias, no veo por qué el artículo 10 habría de quedar atrás. En ese plazo pueden aprobarse ese artículo y todos los demás, pues sobre ellos la mayoría de nosotros ya tiene criterio formado, como también lo tiene la opinión pública.
El señor AMPUERO.-
Señor Presidente, me siento débil en argumentos para convencer al Honorable señor Ferrando. Dada esta limitación mía, le pido que concurra a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y haga el milagro de producir la luz en unos cuantos minutos, de modo que puedan votase las diversas disposiciones con la mayor rapidez.
La verdad es que puede estar muy clara en cada uno de nosotros la posición que debemos sostener frente a cada reforma, pero no estamos solos; y si queremos exponer nuestras razones, intentar siquiera convencer al adversario -es decir, cumplir con la función de un Parlamento y de una Comisión parlamentaria-, cincuenta y tantas reformas no pueden despacharse, racionalmente, en veinte días. Sabemos que es necesario mucho más tiempo para resolver acerca de todo el conjunto de reformas que nos ha llegado de la Cámara de Diputados, y creemos que ese tiempo no puede esperarlo la reforma agraria. En consecuencia, la única excepción legítima, el único desglose justificado es el que se refiere al artículo 10 de la Constitución Política del Estado, porque respecto de él concurren razones que no existen con relación a ninguna otra disposición.
Si después de estas explicaciones todavía tiene dudas el Honorable señor Ferrando, perdóneme, señor Senador, pero he agotado mi capacidad de convicción.
El señor ALTAMIRANO.-
El Honorable señor Ferrando se pregunta, con cierta ingenuidad,...
El señor FERRANDO.-
Más inquietud que ingenuidad.
El señor ALTAMIRANO.-
...qué razones existen para no ponerse de acuerdo, en un plazo breve de 20 días, sobre las distintas modificaciones a la Carta Fundamental. Me atrevo a contestar que el principal inconveniente es, precisamente, que la Democracia Cristiana no tiene criterio formado sobre la materia, no' obstante que el presidente de dicha colectividad política, SenadorPatricio Aylwin, dijo lo siguiente: "Si el país conoce desde hace más de un año las enmiendas propuestas a la Constitución, ¿por qué no nos pronunciamos de inmediato sobre ellas?"
Yo pregunto, a mi vez, a la Democracia Cristiana: si hace más de un año que el país conoce las enmiendas a la Ley Suprema, ¿por qué sólo hoy el Honorable señor Prado nos ha anunciado que se modificará el artículo 10, en la forma como lo despachó la Cámara de Diputados? O sea, hasta hoy a las 18.15, la Democracia Cristiana tenía un concepto del derecho de propiedad; y a las 18.20 ya tiene otro. ¡Así vive la Democracia Cristiana: en esta permanente vacilación, en esta continua indefinición!
En respuesta al desafío que permanentemente hace en sus gigantescos medios de publicidad, hemos expresado a la Democracia Cristiana que, aun cuando ello no satisface íntegramente las aspiraciones del movimiento popular, y en concreto del Partido Socialista, concordamos en votar las modificaciones al número 10 del artículo 10 de la Constitución, tal como han sido despachadas por la Cámara de Diputados.
Inmediatamente que decimos "sí" a la Democracia Cristiana, ésta encuentra apestoso el artículo, lo modifica, lo considera malo: "El FRAP, el Partido Socialista y los comunistas aprueban el artículo. Entonces, vamos a transar, vamos a conversar".
¡Eso es lo malo! ¡Viven conversando; quieren conversar con Sergio Fernández y con Jorge Prat; quieren conversar con el Partido Comunista y con los socialistas; no quieren actuar; no quieren asumir responsabilidades; no quieren definir posiciones !
Por eso, respondiendo la pregunta del Honorable señor Ferrando, le digo que es muy difícil pronunciarse en 20 días, porque cada vez que vamos constestando "sí" o "no" frente a cada uno de los artículos, los van modificando, los van cambiando, de acuerdo con las presiones que se producen en La Moneda, aquí en los pasillos del Senado y en las distintas comidas y almuerzos celebrados por los distintos personeros de la Democracia -Cristiana.
Por eso, es difícil llegar a un entendimiento claro. Contestamos "sí" frente al artículo 10, número 10, de la Constitución Política, tal como lo despachó la representación democratacristiana en la Cámara de Diputados. Pero ustedes ya hoy lo modifican, pese a que el Honorable señor Aylwin tenía criterio formado hace un año . . . Tan poco formado lo tenía, que hoy lo cambió. ¿Quién puede decir que no lo cambiará mañana o pasado? ¿Cuándo estaremos de acuerdo? ¿Cuándo es definitiva su actitud? ¿Cuál es la reforma constitucional que ustedes apoyan, si viven modificándola ¡Lo único que no han cambiado han sido los convenios del cobre, porque los prepararon la Anaconda y la Kennecott, y estaban muy bien preparados desde el punto de vista de ellas!
El señor AMPUERO.-
En primer lugar, por la ausencia de interés real en la tramitación y, en seguida, por su afán de someter deliberadamente las reformas constitucionales al juego cruzado de la Derecha o de la Izquierda, para quedarse yo no sé con quién y, sobre todo, para poder explicar ante la opinión pública que esta revolución pasterizada, a media vela, ni siquiera se podrá hacer en las condiciones limitadas que sus promotores tuvieron en vista en los primeros momentos: será mucho más pasterizada y tendrá las velas mucho más abajo todavía. En consecuencia, echará la responsabilidad sobre los hombres de los partidos que están fuera del Gobierno y "que se coluden para que no funcione la revolución en libertad". De ahí resultará que los Senadores Bulnes y Ampuero han impedido que se aprueben las reformas progresistas del derecho de propiedad, y que los Senadores Chadwick, Curti y Jaramillo han hecho otro tanto en otros aspectos.
Me parece que aquella frase empleada con extraordinaria propiedad por el actual Presidente de la República señor Frei, en cuanto a que la verdad tiene su hora, en este momento está sonando para el partido de Gobierno. La hora de la verdad, para nosotros, implica en este instante la hora de las definiciones,...
El señor FERRANDO.-
¡ Démosle urgencia al proyecto!
El señor AMPUERO.-
...la oportunidad de revelar, clara y terminantemente, los propósitos que se tienen en el ejercicio del Poder.
Eso no se logrará. Ni siquiera lograrán engañar a la opinión pública más desprevenida, con aquellos intentos de diálogo universal, cuyos resultados se saben anticipadamente negativos y cuya finalidad política me atreví a prejuzgar denantes.
De todas las reformas constitucionales, el aspecto capital, además de ser el más urgente, es indiscutiblemente el relativo a la propiedad. Quien haya estudiado la historia, quien pretenda tener siquiera algunos ligeros conocimientos de sociología, cualquier político que pretenda mantener tal calificación, sabe que el derecho de propiedad es el elemento definitorio de cualquier sociedad; el elemento que define el régimen económico y las relaciones sociales y de producción y, en último término, otros elementos de la que los marxistas llamamos "superestructura". No es el único. Lo digo de paso para que no se me conteste en la misma forma habitual de algunos críticos poco informados. Pero, evidentemente, el derecho de propiedad es la muestra, el núcleo, el elemento sustancial para conocer la fuente y características principales de una sociedad determinada. Por eso, entre otras cosas, el derecho de propiedad es el tema más significativo dentro de la reforma constitucional.
Pues bien, nosotros estimamos que si la segregación de este artículo se justifica, la proposición de entrar a un análisis global de la reforma por todos los partidos constituye una manera de desvirtuar el escaso significado progresista que ella podría tener, fundamentalmente, en las características del actual artículo 10 de la Constitución.
Por lo demás, la realidad es que la Cámara de Diputados, que estudió un proyecto que debe suponerse aprobado por los 82 Diputados que son mayoría aplastante en esa Corporación, se demoró 6 u 8 meses en discutir el proyecto de reformas constitucionales. Jamás al Ejecutivo le pasó por la mente la idea de pedir la urgencia a una Cámara cuya mayoría conocía y había aprobado privadamente, en el seno de su partido, la misma reforma que aceptaría solemnemente en la Cámara de Diputados. En el Senado, donde llevamos sólo 4 meses -mal utilizados, pero únicamente 4 meses; virtualmente la mitad de lo que ocupó la Cámara- y donde los dos tercios de sus componentes no han conocido la materia con la antipación que tuvieron los miembros de la Cámara Baja, ni menos aceptado el texto de las reformas, se nos quiere constreñir a aprobarlo en 20 días, de acuerdo con los plazos reglamentarios.
Señalo esto porque el Honorable señor Aylwin, con cierta falta de respeto por la verdad y por sus colegas, usó al comienzo de sus observaciones un tono acusador. Temeroso tal vez de que se le siga colocan- do entre los "blandos" de su partido, ha adoptado un estilo duro, ensayado por él, con distinta fortuna, dentro y fuera del Senado.
Con tranquilidad debo decir que la posición del FRAP sigue siendo la misma: creemos que el artículo 10 aprobado por la Cámara es un progreso. No diseña ni describe el tipo de sociedad por el que nosotros luchamos; pero remueve, al menos, los viejos obstáculos jurídicos que harían más difícil algún día el paso de nuestro país hacia un régimen socialista. Por eso lo aceptamos, aunque tenemos reservas respecto de su fondo, de su escasa claridad y de su redacción; aunque lo estimamos, en muchos sentidos, imperfecto. En vez de hacer preciosismos jurídicos, queremos declarar aquí que le ponemos el hombro a una reforma de la estructura de la propiedad en Chile, que permitirá realizar más adelante transformaciones efectivamente revolucionarias. Y lo decimos en los términos concretos que conoció el Honorable señor Prado; es decir, aprobado por la Comisión de Legislación el precepto relativo al derecho de propiedad, inmediatamente los Senadores del FRAP y todos los miembros de la Comisión, por mandato reglamentario, entrarían al examen del proyecto proveniente de la Cámara de Diputados. Y nosotros, que como partido y como combinación hemos expresado lo que teníamos que manifestar en la discusión general, no tendremos ningún inconveniente, en cuanto se plantee la votación, de votarlo favorablemente, manteniendo respecto de su contenido y de cada disposición la libertad necesaria para hacerlo de acuerdo con nuestras convicciones, nuestra doctrina y nuestros puntos de vista políticos.
Creo que esto se podría hacer con la mayor brevedad, si algún día tuviéramos una clara dirección en el partido mayoritario de esta Corporación y el único que tiene ingerencia en el Gobierno. Pero debemos decirlo claramente: ha habido contradicciones inexplicables, marchas y contramarchas, instrucciones y contra instrucciones, actitudes resueltas de algunos Senadores y desautorizaciones que nadie ha podido explicar con claridad. Por ese camino, sin duda, el partido de Gobierno es la primera víctima de sus propios errores, y resulta injusto, por lo tanto, pretender endosarlos a otras fuerzas políticas. Nosotros tenemos la seguridad de haber obrado con absoluta consecuencia, de haber tenido una limpia actitud respecto dé este proyecto, y estamos llanos a manifestar nuestro compromiso en la misma forma como lo expresamos hace algunos días.
El señor ENRIQUEZ.-
Señor Presidente, como lo manifestó el Honorable señor Ahumada, y como antes también lo dio a conocer a la opinión pública, el Partido Radical ha fijado su criterio frente al proyecto de reforma constitucional y señalado cuáles son las materias sobre las que está dispuesto a legislar y cuáles le parece inconveniente abordar en esta oportunidad, en la forma en que viene redactado el proyecto del Gobierno.
Hemos asistido, y yo con particular atención, a este débate. En ciertos momentos, me han parecido bastante académicas las argumentaciones que se han hecho, particularmente de parte del presidente de la Democracia Cristiana, Honorable señor Aylwin. ¿Pretende el señor Senador que los que nos sentamos en estos bancos estamos viviendo en el limbo? ¿Cree igual cosa el Honorable señor Ferrando, cuando nos dice: aprobemos la urgencia y vamos rápido? ¡Si todavía sigue en pie la cuestión fundamental que he planteado! ¿Hay una sola reforma constitucional, o cada reforma es un proyecto diferente? Y la he planteado para que el Senado pueda pronunciarse sobre esas cincuenta y tantas reformas, sabiendo el alcance y significación que tendrá cada una de ellas. Pero no por el hecho de aprobar en general determinado proyecto, vamos a quedar expuestos -porque, repito, no estamos en el limbo- a que pueda pasar como mercadería de contrabando una serie de ideas que no compartimos, sobre todo aquellas que tienen por objeto dar la suma del Poder al Ejecutivo, no sólo al Gobierno de la Democracia Cristiana, sino a cualquier otro que pueda venir más adelante. Queremos evitar, dentro del proceso de formación de la ley en cada rama del Congreso, que las mayorías o minorías de las fuerzas políticas podamos encontrarnos con sorpresas el día de mañana; que se nos tilde de ingenuos, y que el país quede sometido a un gravísimo riesgo. Como recordaba el Honorable señor Ampuero, ya tenemos alguna experiencia en cuanto a la línea zigzagueante de la Democracia Cristiana, que la indujo a no cumplir el compromiso contraído ante el país con el Partido Radical, con ocasión del debate sobre los convenios del cobre.
Por vía de ejemplo, el señor Presidente de la Democracia Cristiana se extendió a la delegación de facultades y dijo que ésta se había aprobado inconstitucional-mente -en eso estoy plenamente de acuerdo- para otros Gobiernos en el orden administrativo. ¿Cuáles son las facultades extraordinarias que ha pedido la Democracia Cristiana a este Congreso respecto de proyectos de ley ? Y, lo que es peor, ¿qué reforma constitucional primitiva se sometió a la consideración del Congreso en este aspecto? Prácticamente, no dejó ninguna materia de ley de las importantes -porque otras son inocuas y no tienen hoy ninguna relevancia-, respecto de la cual no pidiera que el Congreso le delegara sus atribuciones; incluso, dentro de ellas, una de la esencia del régimen democrático: la facultad de imponer impuestos y contribuciones por simples decretos. Si bien esta pretensión no prosperó en la Cámara de Diputados, ¿quién nos dice que mañana, mediante la tramitación del proyecto de reforma constitucional, su mayoría en la Cámara de Diputados y el plebiscito, no puede obtenerse la aprobación de una monstruosidad semejante, y que por simples decretos con fuerza de ley, que no tienen historia, los contribuyentes, de un día para otro, se vean obligados a pagar tales o cuales impuestos? ¿Quién nos da esa garantía con el Gobierno democratacristiano? ¿No tenemos, en cambio, experiencia en sentido contrario?
Nos dice el señor Presidente de la Democracia Cristiana que esto no prestigia la conducta del Congreso, el régimen democrático. Quiero afirmar enfáticamente que un debate como éste, abierto y público, prestigia precisamente al Congreso y a la democracia representativa, y no tiene el carácter que despectiva o peyorativamente imaginan algunos personeros democratacristianos. ¿No saben lo que es el Congreso? ¿No saben que aquí están representadas las diversas corrientes de opinión, los diversos grupos de intereses, y que cada uno puede venir a hablar con libertad? Es probable que uno no sea un técnico, un experto o un supersabio, pero conoce la sociedad en que está viviendo y sabe hacer oír las necesidades, los anhelos, las esperanzas de grandes sectores de opinión.
Cuando se opina de ciertas cosas y se dan argumentos como los oídos, alguna razón habrá, pero no se pretenda, como no lo pretendemos nosotros, ser depositarios de la verdad absoluta. Queremos precaver, queremos que las leyes y, sobre todo, la fundamental, sean aprobadas en la mejor forma posible. De ahí que, defendiendo nuestro régimen democrático representativo, hayamos dicho que no sólo estamos dispuestos a aceptar la reforma del derecho de propiedad, asunto con el cual encabezamos nuestra declaración, sino que agregamos otras cuatro materias. Debemos hacer presente, sí, que si la Democracia Cristiana persevera en su actitud y no queda aclarado si se trata de una o de cincuenta y tantas reformas, votaremos en contra del total de la idea de legislar. Defendemos con eso nuestra democracia, a los ciudadanos, a la gente humilde de este país, a todos, de un régimen que mañana, con este u otro Gobierno, puede convertirse en totalitario.
Nos agrada mucho haber oído al señor presidente de la Democracia Cristiana manifestar que está permanentemente dispuesto al diálogo y que, en definitiva, sus cincuenta y tantas' reformas las reduce nada más que a seis. Cinco corresponden a las que auspicia el Partido Radical, y el Honorable señor Aylwin ha agregado el plebiscito, que mi partido no acepta. Ya parece que estamos más cerca de un acuerdo, porque bastaría renunciar a una para poder tratar y apoyar las reformas en los términos en que las plantea el Partido Radical.
El señor AMPUERO.-
Pueden transar en cinco y medio.
El señor ENRIQUEZ.-
Podríamos discutir el derecho de propiedad, los nuevos derechos sociales y garantías constitucionales, las inhabilidades e incompatibilidades parlamentarias, la prolongación de la legislatura ordinaria de sesiones del Congreso y la nueva división administrativa del país. Sobre esta última materia incluso existe un proyecto presentado por el Partido Radical.
Pero si se quiere reducir a un ente al Congreso Nacional, si se le quieren disminuir sus atribuciones, y lo mismo se pretende con las facultades del Poder Judicial; si se desea, además, delegación de facultades extraordinarias o ir a plebiscitos amañados por el Gobierno, nosotros decimos perentoriamente que no. Lo hemos sostenido y explicado ante el país. Nuestra posición es absolutamente clara. La Democracia Cristiana es una corriente de opinión más, victoriosa en este momento; pero nosotros todavía no hemos perdido el derecho a expresar nuestra opinión y a defendernos.
El señor AYLWIN.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-
Señor Presidente, corriendo los riesgos inherentes a los vientos que soplan, manifiesto estar de acuerdo por lo menos con dos declaraciones que acabo de escuchar al Honorable señor Ampuero. La primera de ellas es que ha sonado para la Democracia Cristiana esa hora terrible, largamente dilatada: la hora de las definiciones.
El señor AMPUERO.-
Para decidir entre la ideología de Su Señoría y la nuestra, o la de los aliados que encontrarán en el camino.
El señor IBAÑEZ.-
No oí a Su Señoría.
El señor AMPUERO.-
Quiero decirle -porque por ahí, entre los Senadores de la Democracia Cristiana, hubo algunas carrasperas sospechosas- que estamos de acuerdo en que ese partido está frente a una decisión tajante. Parece que eso daba lugar a ciertas ideas en cuanto a que persistía la colusión denunciada...
La señora CAMP'USANO.-
¡Defiende los intereses del pueblo, de los trabajadores y de la clase obrera.
El señor IBAÑEZ.-
Me gustaría discutirlo extensa y públicamente. A mi juicio, los intereses que ese partido defiende no son los del pueblo.
La señora CAMPUSANO. -
Donde quiera, señor Senador.
El señor TEITELBOIM.-
Si me formula esa pregunta, deme también la posibilidad de contestarle, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.-
Con mucho gusto.
El señor CURTI.-
¡Domina mejor el idioma... !
El señor IBAÑEZ.-
Por desgracia, no los tengo a mano.
El señor TEITELBOIM.-
Estoy haciendo apuntes sobre lo que está manifestando Su Señoría, no sobre lo que se dijo en la Unión Soviética.
El señor IBAÑEZ.-
Por eso dije, al comenzar mis palabras, que era muy peligroso mi reconocimiento.
El señor AMPUERO.-
...entre los partidos de Derecha y de extrema Izquierda. Para desvirtuarla, precisamente, manifestaba que la Democracia Cristiana enfrenta la decisión de elegir entre seguir la senda de tipo liberal, tradicional, o un camino evidentemente revolucionario y socialista.
El señor IBAÑEZ.-
Comparto también otra idea expresada por el Honorable señor Ampuero, en cuanto a que el régimen de propiedad es el elemento definitorio de la organización de una sociedad y de la ideología de cualquier partido político.
El Gobierno ha preferido hasta este momento buscar los más sutiles medios para esquivar un pronunciamiento. Y entre decir que es partidario de un sistema colectivista, como el preconizado por el Honorable señor Ampuero, o de un sistema liberal, que patrocinamos los Senadores de estas bancas, prefiere sostener que el régimen de propiedad debe ser aquél que resuelva Su Excelencia el Presidente de la República.
Es probable que después de este exordio se siga haciendo afirmaciones sobre la existencia de una colusión o contubernio.
No con el ánimo de contradecir esa especie tan infundada, sino de precisar mis puntos de vista, deseo también refutar una afirmación hecha por el Honorable señor Ampuero.
El señor Senador, en un pasaje de su brillante intervención, se refirió al régimen de propiedad que ellos preconizan como sinónimo de una actitud progresista. Yo quiero decir que discrepo en forma absoluta de su planteamiento y que, si observamos lo acontecido en el mundo contemporáneo, encontraremos que el mayor progreso social, la mayor elevación del sector asalariado, el mejoramiento más notorio de los grupos más humildes, existe, precisamente en aquellos países que mantienen firmemente el régimen de propiedad tal como nosotros lo concebimos. Estimo, por lo mismo, que la, actitud progresista es la que nosotros sostenemos. Comprendo que no hay ninguna obligación de ninguno de los parlamentarios de otros partidos de suscribir un pensamiento de esta naturaleza; pero me atengo solamente a la realidad del mundo contemporáneo, para decir que quienes son verdaderamente progresistas, quienes han realizado un mejoramiento social que no tiene parangón en otra parte del mundo, son los países occidentales, que no han modificado en absoluto su concepto sobre el derecho de propiedad.
El señor CHADWICK.-
Pero están explotados.
El señor IBAÑEZ.-
Con relación a las afirmaciones de los Senadores de la Democracia Cristiana, han quedado dos cosas en claro: primero, que ha habido una confesión muy abierta y franca, que todos debemos celebrar, en el sentido de que el Honorable señor Prado votó por el desglose del número 10 del artículo 10 sin conocer el acuerdo contrario en este sentido adoptado por la directiva de su partido...
El señor AMPUERO.-
Es de suponer que tampoco lo conocía el Honorable señor Gumucio, que estaba en la Comisión.
El señor IBAÑEZ.-
A eso voy. Si bien el Honorable señor Prado no estaba enterado de él,. entiendo que lo conocía muy bien el Honorable señor Gumucio, quien ha guardado discreto silencio en el curso dé todo el debate y cuya ausencia da la Sala deploro en estos instantes.
Lo segundo que ha quedado en claro es que la Democracia Cristiana, para atenuar los efectos de esta actitud involuntaria de parte del Senador señor Prado -deliberada, creo, de parte del Honorable señor Gumucio-, resolvió dar el paso de solicitar la urgencia. Y aquí, entonces, nos encontramos frente a un serio conflicto, que ha motivado todo este debate.
En verdad, se puede discutir si la declaración de urgencia impide o entorpece la discusión del número 10 del artículo 10, tal como fue solicitada por la mayoría de la Comisión en determinado momento; pero lo que no cabe discutir en forma alguna es lo que explicó de manera tan brillante y bien argumentada el Honorable señor Bulnes, de cuyo punto de vista se han hecho eco Senadores de las tendencias más opuestas. El Honorable colega sostuvo, en síntesis, que aun cuando el
Presidente de la República tiene el derecho de solicitar la urgencia para la tramitación de cualquiera iniciativa sometida a la decisión del Parlamento, el hacerla presente para el despacho del proyecto de reforma propuesto significa desconsideración absoluta al respeto debido a nuestro régimen constitucional. Yo me atrevería a decir que igual desconsideración implica respecto de la opinión pública del país.
Distintos señores Senadores han hecho ver la imposibilidad absoluta de pronunciarse, en el breve plazo que conceden las urgencias, sobre una modificación constitucional de envergadura, que abarca tan vastas y disímiles materias. Al decir del Honorable señor Ampuero -pido excusas al señor Senador por seguir citando sus palabras-, habría sido casi imposible producir la luz requerida para resolver asuntos de esta complejidad, en los breves minutos de que dispuso la Comisión de Legislación. Debo decir, incurriendo nuevamente en esta coincidencia de ideas que pudiera motejarse de colusión política, que los Senadores de estas bancas tampoco somos capaces de producir el chispazo que ilumine las mentes para despachar las enmiendas constitucionales dentro de tan Corto lapso.
El señor GUMUCIO.-
¡Su Señoría no se puede iluminar ni con ampolletas de mercurio...!
El señor BULNES SANFUENTES.-
¡Toda la luz la tienen acaparada Sus Señorías!
El señor IBAÑEZ.-
Interesa poner de relieve la falta de seriedad con que la Democracia Cristiana ha abordado estas materias, y su persistencia en tal actitud, pese a lo delicado del asunto que ha suscitado el debate habido hoy.
Discrepo en forma absoluta de los cargos formulados por el Honorable señor Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana. Ha sostenido el señor Senador que la demora en el debate desacredita al régimen democrático. Al rectificar sus erróneas apreciaciones, me atrevo a decirle que está en la conciencia de la opinión pública que los extraños enredos suscitados alrededor de este debate, los cuales lo entorpecen y demoran, únicamente desacreditan al partido que Su Señoría preside, porque, en el fondo -ello no es misterio para nadie-, las dificultades que vive la Democracia Cristiana, sus querellas internas, se reflejan en estas actitudes vacilantes, en estas danzas y contradanzas que hacen imposible conocer la posición del partido de Gobierno, y, por lo tanto, adelantar en el despacho de las reformas. Oportunamente dilucidaremos la materia de fondo.
Quiero también recoger algunas expresiones que escuchamos, hace breves instantes, al Honorable señor. Teitel-boim. Dijo el Honorable colega, en forma que debo rechazar del modo más terminante, que entre las actitudes que se perfilaban frente a la reforma constitucional, estaba la de los Senadores de estas bancas, que la perturbaban o impedían, en defensa de sus intereses. Sostengo que ésa es una imputación abiertamente injuriosa, y -repito- la rechazo en la forma más enérgica en que puedo hacerlo. Si nos fuera lícito adoptar el lenguaje del Honorable señor Teitelboim, podríamos hablar mucho con relación a los intereses que defiende el Partido Comunista.
El señor IBAÑEZ.-
Aquí, en el Senado.
Los Senadores de estas bancas defendemos los intereses del país, de acuerdo con una actitud política progresista, tal cual seria y lealmente la entendemos. La alusión del Honorable señor Teitelboim a la actitud de las fuerzas políticas que representamos en el curso de la última campaña presidencial, me obliga a declarar que nosotros -desde luego, yo y muchos otros- acompañamos lealmente al señor Frei en esa elección. No lo hicimos a gusto nuestro. Hoy, a más de un año de distancia, existen, a mi modo de ver, la perspectiva y la seriedad suficientes para decir, incluso, que grandes sectores de los que nosotros representamos y que apoyaron al señor Frei, probablemente habrían estado con la candidatura del señor Allende, de no mediar las vinculaciones de éste con el Partido Comunista. Me parece que ésta es una actitud absolutamente respetable y no autoriza a ningún señor Senador para emitir juicios como los que escuchamos esta tarde al Honorable señor Teitelboim.
El señor Senador se refirió al gran derrotado en aquellas elecciones y, naturalmente, de nuevo su dedo acusador nos señaló a nosotros. ¿Por qué, si eso es verdad, se preocupa tanto de lo que hacemos o no hacemos? ¿Por qué su partido vive preocupado de las actitudes que adoptamos? ¿Por qué su vocero, el diario. "El Siglo", dedica las principales páginas de sus publicaciones a analizar nuestras actitudes y la posición política que representamos?
El señor TEITELBOIM.-
Lo haré de inmediato.
Respecto de las palabras que acaba de pronunciar el Honorable señor Ibáñez, debo decirle que, en efecto, el Partido Comunista se preocupa de las actividades de la Derecha y de los partidos que la integran. También es cierto que "El Siglo" analiza las expresiones e, igualmente, las acciones de los representantes de la Derecha. Ello es debido a que, según nuestra opinión, en Chile se está produciendo un hecho profundamente contradictorio y en extremo peligroso. Las elecciones de marzo pasado, última consulta general hecha al electorado, significaron una derrota abrumadora para los partidos tradicionales. El Partido Conservador -repito- quedó disminuido en su expresión política, tal vez como nunca en su historia, y el Liberal experimentó también una baja considerable. Tal circunstancia, desde el punto de vista de nuestros principios y como adversarios decididos de la Derecha, constituye un progreso en Chile y es altamente positivo. La Derecha política fue derrotada en forma amplia. Sin embargo, desde el punto de vista económico, mantuvo toda su vigencia y su fuerza. Esta fuerza económica se manifiesta, sobre todo, en el terreno de la propaganda y en la capacidad de plasmar una opinión pública. Debemos reconocer que, en la lucha presidencial pasada, hubo una campaña terrible en contra del candidato señor Allende, que no se inspiró en la verdad ni respetó nada.
El Honorable señor Ibáñez sostiene que algunos partidarios del señor Frei hubieran podido acompañar al señor Allende. Pero lo que se dijo contra Salvador Allende, inclusive haciendo alusiones personales o atribuyéndole enfermedades gravísimas inexistentes; los procedimientos a que se recurrió luego de expirados los plazos para hacer propaganda, como el de transmitir un disco fonográfico de Juana Castro,...
El señor CHADWICK.-
Muy bien pagado en dólares.
El señor TEITELBOIM.-
... todo ello fue organizado por la inmensa máquina propagandística de la Derecha. Ahora ésta ha cambiado un poco su dirección y se ha lanzado en contra del concepto de la reforma agraria, para pintarla como el infierno en la tierra, como el fin de la libertad y de la democracia en nuestra patria.
Por eso nos preocupamos de la Derecha: porque, si bien tiene una opinión o expresión políticamente restringida y parlamentariamente disminuida, posee un poder de propaganda y de resonancia extraordinariamente grande. Y como ve difícil la posibilidad de retornar al poder por la vía electoral, no desdeña la de que se le abra otro camino milagroso, que ya se ha trazado en otros países de América Latina, de acuerdo con intereses que no son precisamente los de las grandes masas populares chilenas, ni responden tampoco a su voluntad.
Por ese motivo, el Partido Comunista se preocupa y se seguirá preocupando de ella, de la Derecha. Debido a eso se preocupa también de las andanzas del señor Sergio Fernández Larraín, las que denuncia, y se inquieta ante el hecho de que el Ministro del Interior, muy desafortunadamente, a nuestro juicio, vaya a conversar con representantes de la Derecha. Por otra parte, esta actitud nuestra no es sino una especie de retribución, muy correspondida, porque la Derecha se preocupa muchísimo del Partido Comunista. Durante la campaña presidencial pasada, tocó hasta la exasperación, en forma histérica, el tema anticomunista. Ahora también se toca el disco anticomunista, so pretexto de envolver, dentro del concepto amplio, sumamente extraño y personalismo de un comunismo mal entendido por ellos, a todo el mundo, incluso a sectores democráticos que quieren marchar hacia, adelante, por no decir a todo el FRAP, cuyo candidato, a posteriori, habrían estado dispuestos a apoyar. Por eso nos preocupamos de la Derecha y deberemos seguir preocupándonos de ella, porque representamos sectores e intereses diametralmente opuestos.
El Partido Comunista es una colectividad substancialmente de clase obrera, de gentes modestas, de intelectuales no vinculados a los grandes negocios ni a las grandes industrias. Generalmente, son personas de un pasar muy mediano. Los comunistas estamos orientados por principios; no por aspectos personales; sostenemos puntos de vista de clase, y estimamos a la gran tenencia de la tierra como vestigio de un pasado que ha desaparecido en muchas partes, que tiene muchas reminiscencias feudales o semifeudales, pero que se mantiene en el campo. Pensamos que así como Estados Unidos se puso al día en siglos pasados, como Inglaterra lo hizo con la revolución de Cromwell, y Francia, con la revolución de 1789, también podemos hacerlo nosotros en 1966, con uno o dos siglos de atraso, pero no en el siglo XXI. Esa es nuestra preocupación.
El señor IBAÑEZ.-
Continúo, señor Presidente.
En ningún momento he dicho que la Derecha habría apoyado al candidato del FRAP en las elecciones pasadas. Sostuve que grandes sectores que votaron por el señor Frei habrían estado dispuestos a acompañar al señor Allende, de no mediar el apoyo que éste tenía del Partido Comunista. Son dos cosas muy diferentes.
El señor TEITELBOIM.-
No tan diferentes.
El señor IBAÑEZ.-
El Honorable señor Teitelboim ha hablado de la derrota abrumadora de los partidos de Derecha. Quisiera preguntarle cómo califica él la votación del Partido Comunista, que obtuvo un número de sufragios inferior al de los Partidos Liberal y Conservador juntos.
Lo sucedido en marzo fue muy distinto de lo expresado por el Honorable señor Teitelboim. Ello explica también lo que está sucediendo ahora. En marzo, el electorado de nuestro país, en proporción considerable, apoyó al Presidente que ese mismo electorado había elegido. Ese mismo hecho ha inducido a grave error de apreciación a los políticos de la Democracia Cristiana, al atribuirse la totalidad de los votos obtenidos por el señor Frei en la elección presidencial y en marzo, los cuales -reitero- en parte importante correspondieron al electorado de los partidos que nosotros representamos.
Pues bien, ahora sucede que ese electorado comienza a volver lentamente, primero, y en forma acelerada, ahora, a sus cauces tradicionales, y ello es lo que preocupa profundamente a la Democracia Cristiana y al Partido Comunista. A este último interesa y conviene el planteamiento formulado por el partido de Gobierno: que no hay otra alternativa en el país que la Democracia Cristiana o el comunismo. Reconozco que tal planteamiento me produce serio temor, pues si el destino del país tuviera que estar entregado a la dirección de la Democracia Cristiana o al comunismo y no hubiese otra alternativa, a mi juicio, sería pavoroso. Por fortuna sectores cada vez más grandes de Chile están pensando de manera diferente. Crean que esa alternativa no es real y que tal disyuntiva no es válida ; por lo tanto, vuelven a reforzar las filas que nosotros representamos. Este fenómeno político -repito- es el que preocupa a los comunistas, que tienen gran sensibilidad social, y constituye el motivo de su campaña y sus publicaciones en el diario "El Siglo".
Deseo insinuar -sería, desde luego, falta de modestia afirmarlo de manera demasiado rotunda- que tras el propósito de seguir los pasos a la Derecha y suponerle toda clase de intenciones torcidas, en el fondo no hay más que el temor de que los muertos que vos matásteis estén todavía gozando de buena salud.
Pero el punto que debemos discutir es otro: la urgencia para el despacho del proyecto de reformas constitucionales..
Sin embargo, antes de volver a esa materia, deseo decir, refutando otras afirmaciones del Honorable señor Teitelboim, que la Derecha no hace propaganda. Esta se encuentra en manos del Gobierno, hecho que nosotros hemos denunciado...
El señor GUMUCIO.-
¿Y los avisos en "El Mercurio"?
El señor IBAÑEZ.-
... a propósito del proyecto del cobre, que debía haberse discutido en su último trámite esta tarde. Eso demostrará al señor Senador la independencia de nuestros procedimientos.
El señor TEITELBOIM.-
Los avisos contra la reforma agraria que aparecen en los diarios, ¿los hace el Gobierno?
El señor BULNES SANFUENTES.-
¡Pero déjennos publicar algún avisito...!
El señor TEITELBOIM.-
Está muy bien ese reconocimiento.
El señor IBAÑEZ.-
Pero los miles de avisos que se transmiten por la radio para torcer el pensamiento de las masas, los hace el Gobierno con fondos que hasta ahora no han podido ser precisados.
Lamento que el Partido Comunista no siga la línea de independencia que nos caracteriza. En efecto, nosotros denunciamos y reprochamos procedimientos absolutamente reprobables e indebidos como éstos, aun respecto de materias por las cuales podríamos tener alguna simpatía, como el proyecto del cobre. Sin embargo, no he oído la protesta de los Senadores comunistas por la campaña que está realizando el Gobierno para introducir en la mente del pueblo la necesidad de una reforma agraria, que el pueblo no conoce ni desea.
El señor GUMUCIO.-
¿.Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor TEITELBOIM.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor IBAÑEZ.-
Deseo terminar mi intervención. Seré muy breve en mis observaciones finales.
Decía que estamos discutiendo la urgencia del proyecto de reformas constitucionales. Respecto de este punto, he oído, con no poca sorpresa, a nuestro colega señor Teitelboim hablar con inusitado entusiasmo a favor de la rapidez con que debe despacharse tal iniciativa. Mi sorpresa proviene del hecho de que hace apenas dos o tres meses, con ocasión del interesantísimo viaje que realizamos a la Unión Soviética, discutimos allá, en la sede del Soviet Supremo, el tema de la reforma constitucional, a raíz de unas observaciones que hicimos en una reunión a la que nos invitó el Presidente de ese organismo, señor Spiridov. Ellos observaron que, no había razón para tomar demasiado al pie de la letra algunas disposiciones de la Constitución soviética, pues ésta se encuentra sujeta a revisión y muy pronto será modificada. Han ocurrido cambios sociales considerables en esa gran nación, que obligan a modificaciones políticas acordes con aquéllos, y en consecuencia, hacen urgente una reforma constitucional; en sentido, por cierto -por todo cuanto pude darme cuenta-, inverso al que aquí se ha querido dar a la reforma constitucional propuesta por el Gobierno. Y cuando preguntamos a Spiridov cuándo podría ser conocida esa reforma, si se había avanzado en los estudios pertinentes, nos contestó que sí, que se había avanzado mucho y que se estaban haciendo desde hacía dos o tres años. No sé sí el Honorable señor Teitelboim, quien seguramente está revisando sus apuntes de viaje, donde debe de tener todo lo que nosotros anotamos, podrá darnos mayores antecedentes al respecto.
El señor IBAÑEZ.-
El señor Spiridov dijo que la reforma constitucional se estaba estudiando en la Unión Soviética desde hacía largo tiempo, y que en fecha que no precisaron, pero que no sería lejana, según ellos, promulgarían una nueva Constitución.
Me extraña esa parsimonia, ese cuidado, para atender a materia tan delicada como es una reforma constitucional, que demostraron los gobernantes de la Unión Soviética, si se compara con la urgencia y apremio repentino en que desea colocarnos el Honorable señor Teitelboim.
No creo que sea ésta la primera ni la última gran discrepancia entre lo que el comunismo realiza en Moscú y lo que auspicia en Chile.
El señor TEITELBOIM.-
Quiere decir que no hay órdenes de Moscú y que cada Partido Comunista hace lo que quiere.
El señor IBAÑEZ.-
Otro día me referiré a ese punto, y espero hacerlo en el Senado, pues deseo explicar las causas de discrepancia tan notorias entre lo que allí se hace y lo que aquí se auspicia.
El señor TEITELBOIM.-
Lo escucharemos con mucha atención.
El señor IBAÑEZ.-
Termino diciendo que concuerdo con las opiniones vertidas aquí en cuanto a que el despacho de las reformas constitucionales con urgencia, me parece un acto de irresponsabilidad. Personalmente, usaré de los derechos que me asisten, hasta donde me sea posible, para dar a esa reforma la consideración que el país entero reclama con relación a la Carta Fundamental, de la cual dependen la vida y destino de todo un pueblo y de nuestra patria.
El señor AMPUERO.-
¡Pero, señor Senador, si hasta intentamos votar y hubo oposición del Honorable señor Bulnes para hacerlo de inmediato!
Deploro que el Honorable señor Prado no esté en la Sala.
El señor MUSALEM.-
Así es.
El señor AYLWIN.-
Reconozco que en la sesión del jueves de la semana pasada ocurrió así. Esa fue la primera oportunidad en que se pronunciaron.
El señor AMPUERO.-
Es que estábamos cumpliendo nuestro compromiso.
El señor AYLWIN.-
Lo consecuente, a nuestro juicio, si se tiene el propósito de despachar el proyecto, es hacerlo con la debida urgencia. Pero no es intención del Gobierno ni puede serla, constreñir al Congreso dentro de un plazo absolutamente improrrogable. Seis días son suficientes para que la Comisión vote en general, si hay ambiente para ello.
El señor AMPUERO.-
Pero en la Comisión habrá que hacer la discusión particular también en seis días.
El señor AYLWIN.-
Pero esa discusión particular, en el primer informe, es de carácter global. No necesita ser una discusión circunstanciada respecto de cómo quedará el texto en definitiva.
El señor AMPUERO.-
Por desgracia, es así, señor Senador.
El señor AYLWIN.-
Para la redacción definitiva está la discusión particular.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. -
Eso dice el Reglamento.
El señor AYLWIN.-
Lamento tener que volver a intervenir, pero debo hacerlo por haber sido aludido reiteradamente.
Estábamos citados para tratar otra materia, pero este debate se ha prolongado demasiado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. -
¡No se ha hecho nada!
El señor AYLWIN.-
Resulta una paradoja que en distintos sectores se pretenda sostener que el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano, que han abocado al Honorable Senado a pronunciarse sobre la urgencia del proyecto de reforma constitucional y sobre la reforma en sí, como lo hizo antes con el impuesto patrimonial y diversas otras iniciativas, y que ha enfrentado al país a la necesidad de pronunciarse sobre la reforma agraria, sean un Gobierno indefinido y un partido indeciso. ¿Quién es indefinido? ¿Quién es indeciso? ¿El que está planteando estas cosas y exigiendo un pronunciamiento o quienes desean postergar dicho pronunciamiento?
También se ha hecho referencia a mis expresiones anteriores. Al respectó, precisaré mi pensamiento en forma breve.
La circunstancia de que, por razones de orden reglamentario o por veinte mil motivos, un proyecto de tanta trascendencia como la reforma constitucional pueda correr la misma suerte que tuvieron dos iniciativas anteriores, presentadas por los Gobiernos de aquel entonces, que no tuvieron la decisión de traerlas al Parlamento, para que éste' se pronunciara sobre ellas, y de acicatearlo para su despacho, desprestigia a la democracia y al Congreso. Que durante quince años todo el mundo hable de la necesidad de reformar la Carta Fundamental y después se jibarice el proyecto que se presenta y se apruebe un articulito desglosado, mientras el resto duerme el sueño de los justos, también desprestigia a la democracia.
La insinuación que hice hace un instante no pretende obtener una transacción, como equivocadamente creyó entender el Honorable señor Teitelboim, ni busca un compromiso universal. He dicho que hemos presentado un proyecto, que primitivamente contenía nueve materias; que la Cámara lo despachó, no en una discusión de ocho meses, Honorable señor Ampuero -el proyecto fue presentado en diciembre, pero la Cámara en ejercicio de esa época no lo tramitó, y sólo empezó a tratarse el 21 de mayo, cuando asumieron los actuales Diputados- sino de tres, y que aquí lleva cuatro meses. Aquella rama del Congreso -repito- lo despachó en tres meses y lo amplió con muchas materias no consignadas en el proyecto primitivo, algunas de las cuales fueron iniciativas de otros sectores políticos, y no de la Democracia Cristiana; pero que nuestra mayoría estuvo llana a considerar y aceptar.
Deseamos que ese proyecto básico, el presentado por el Gobierno y aprobado por la Cámara, sirva como base de discusión. Naturalmente, como queremos despacharlo, estimamos necesaria la urgencia. En nuestro concepto, si ésta impide un debate exhaustivo, en la Comisión se podra dar preferencia a las materias en las cuales hay acuerdo, a fin de despacharlas dentro de ese proyecto. Pero en caso de que tal acuerdo no se produjera, reivindicaríamos el derecho de que sirva de base de debate nuestra iniciativa, la presentada por el Gobierno de la República, quien tiene la responsabilidad de la administración y conducción política del país.
A falta de acuerdo -repito-, no podemos aceptar que sirva de base de discusión lo que deseen unos u otros. ¡ No! Debe ser el proyecto original presentado por el Ejecutivo, aprobado ya por la Cámara y que se encuentra en segundo trámite en el Senado. Dicha iniciativa representa un sistema que configura un todo y contiene reformas constitucionales destinadas a modernizar y agilizar la maquinaria del Estado chileno y el sistema institucional y social de nuestro país, y a dar a todas las cosas la debida importancia.
La declaración que hemos escuchado al Honorable señor Ampuero, en el sentido de que los Senadores del FRAP darán su voto favorable, en general, al proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno, en el segundo trámite constitucional, es, sin duda, positiva y, por eso, la recogemos.
El señor AMPUERO.-
Es muy antigua. Desde la Cámara de Diputados hemos estado votando así.
El señor AYLWIN.-
Sí, Honorable colega, pero aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara, ciertos sectores, no obstante haberlo votado favorablemente en esa rama del Congreso, en el Senado anuncian sus votos contrarios a la aprobación general. Por lo demás, hasta ahora los representantes del FRAP no habían formulado la declaración tan categórica que acabamos de oír al Honorable señor Ampuero.
El señor AYLWIN.-
Entonces, en la discusión particular será posible obtener las renovaciones de la urgencia que sean necesarias para un análisis exhaustivo de todas las materias.
Reconocemos y asignamos preferencia a la reforma del derecho de propiedad, pero ello no significa que hemos de dejar para las "calendas griegas" el resto de la reforma constitucional.
Deploro que no se encuentre en la Sala el Honorable señor Enríquez, pues deseo hacer dos alcances a las palabras por él pronunciadas. El primero, una protesta categórica y enérgica por lo que, a mi juicio, constituye una majadería. En efecto, el Honorable colega sabe, en conciencia, y no tiene derecho a seguir repitiéndolo, que no es efectivo que nosotros hayamos faltado a algún compromiso en torno del proyecto del cobre. El segundo alcance dice relación a su novedosa teoría de que cada artículo de un proyecto de reforma constitucional o cada materia -habría que precisar qué entiende el señor Senador por materia-, es un proyecto aparte. De acuerdo con ese planteamiento, en la iniciativa presentada por el Honorable señor Ahumada habría, por lo menos, cinco proyectos, y el del Gobierno contendría, originariamente, nueve proyectos, convertidos por la Cámara en muchos más.
En verdad, ésta es la primera vez que se formula tal teoría. Con el mismo criterio se podría proceder respecto de cualquiera otra iniciativa legal. De acuerdo con ese predicamento, para discutir una reforma constitucional que abarcara diversos artículos, no cabría otro procedimiento que convocar a un Congreso Constituyente, pues, si se quiere modificar la Constitución Política de conformidad con el procedimiento que esta teoría establece, habría que ir presentando un proyecto aparte por cada artículo" que se tratara de enmendar, lo cual es absurdo.
El señor GOMEZ.-
Sigue manifestando el señor Presidente:
"Al solicitar la inserción mencionada, Su Señoría, según consta en la página 3.341, dijo lo siguiente: . "Con relación al rubro "inversiones de capital" a que me estoy refiriendo, quiero ser justo y decir que, en las deliberaciones habidas en las Comisiones unidas, se planteó esto por mí a los personeros del Gobierno; y tanto el señor Ministro de Minería como sus asesores discutieron conmigo los puntos de vista sobre capitalización referente a la ley Nº 11.828. Se llegó a una redacción que, parece, se habría aceptado. No lo sé. El Gobierno dirá si esto es oficial o no lo es. En todo caso -repito-, se habría aceptado una redacción, que es la que tengo a la mano, que haré llegar a la Mesa, y que tiene por objeto incorporar todos los fondos que se produzcan por el cobre, tanto en las participaciones fiscales como los impuestos, para, de esa suma total, obtener lo correspondiente a capitalización nacional.
"En la sesión 46ª, en miércoles 8 de septiembre de 1965, Su Señoría volvió a referirse a las cláusulas de inversión y a la mejor manera de garantizar el buen cumplimiento de la ley 11.828, según consta en la página 3.799 del boletín correspondiente."
"En el punto segundo Su Señoría plantea: "Si es efectivo o no que el señor Aylwin no formuló objeciones algunas a tal planteamiento y que, por el contrario manifestó que el Gobierno compartía los puntos de vista del Partido Radical.".
"Según consta en la página 3.591 del boletín correspondiente a la sesión 44ª, en martes 7 de septiembre de 1965, el señor Aylwin expresó refiriéndose a las inversiones..."
El señor REYES (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Deseo dar una información a la Sala.
Distintos Comités, en vista de que en esta sesión se han debatido materias totalmente ajenas a las previstas en la tabla, están dispuestos a no seguir tratando hoy el veto a los convenios del cobre y proseguir mañana en sesiones de 10.30 a 11.30, de 11.30 a 13.30 y dé 16 a 21 horas.
El señor GOMEZ.-
Por mi parte, señor Presidente, no doy mi asentimiento a tal acuerdo e insisto en que sólo se celebre la sesión ordinaria que corresponde.
El señor REYES (Presidente) .-
La Mesa no está solicitando el acuerdo de la Sala señor Senador, pues ya está citada la Corporación. Doy esta información sólo para conocimiento de los señores Senadores.
El señor GOMEZ.-
O sea, la Mesa ha citado a la Corporación en uso de sus facultades.
El señor REYES (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor GOMEZ.-
El Senador que habla no ha. dado su asentimiento.
El señor REYES (Presidente).-
No se trata de acuerdo de los Comités; sólo me refería al deseo expresado por algunos de ellos de no continuar tratando en esta sesión el veto a los convenios del cobre.
El señor AYLWIN.-
¿ Me permite ?
El señor GOMEZ.-
En seguida, señor Senador.
El señor AYLWIN.-
Su Señoría está haciendo uso de una interrupción que le concedí.
El señor GOMEZ.-
Entonces, le concedo una subinterrupción.
El señor GOMEZ.-
El Honorable señor Aylwin, en sus últimas expresiones, pretende desconocer que se entregó a la Sala una indicación escrita.
El señor AYLWIN.-
Sobre la cual no me pronuncié.
El señor GOMEZ.-
Sí se pronunció Su Señoría.
El señor AYLWIN.-
No es así, señor Senador.
El señor GOMEZ.-
Me consta que Su Señoría se pronunció.
El señor AYLWIN.-
No, señor Senador. Basta leer ...
El señor GOMEZ.-
El señor Senador se pronunció, porque en aquella oportunidad manifestó, textualmente, lo siguiente: "Sobre esta materia el Gobierno comparte los puntos de vista del Partido Radical ..."
El señor PALMA.-
Conversados con el Honorable señor Enríquez, y no sujetos a indicación escrita.
El señor GOMEZ.-
-No, Honorable colega. El Honorable señor Aylwin dio respuesta a una intervención del Senador que habla, cuando usé de la palabra en nombre del Partido Radical -de la misma manera que lo hago ahora-, y cuando un partido entrega una indicación escrita, no puede desconocerla ni manifestar que no se refirió a ella. Esta es una manera muy hipócrita de proceder, señor Presidente.
El señor AYLWIN.-
Es Su Señoría quien empieza a aplicar adjetivos.
El señor GOMEZ.-
Y aplico ese calificativo con serenidad y frialdad ...
El señor AYLWIN.-
¡No tiene derecho!
El señor GOMEZ.-
Se lo digo sin ninguna ofuscación: sería una manera hipócrita de proceder el venir a decir a pos-teriori que no se refería a la indicación. He demostrado al Senado que la indicación fue presentada a solicitud del partido. Nadie puede discutirlo, pues ello significaría negar la firma.
El señor AYLWIN.-
No, señor Senador. Su Señoría está equivocado.
El señor GOMEZ.-
La indicación se presentó y el señor Senador se refirió a ella. Así consta en el acuerdo que me ha enviado el Presidente del Senado, y yo me remito, simplemente, a ese acuerdo, que tiene mayor valor que cuanto podamos decir aquí.
El señor AYLWIN.-
También me atengo a la nota del señor Presidente. Vale decir, ambos nos atenemos a la nota.
El señor GOMEZ.-
Mantengo que hubo incumplimiento de parte del Gobierno.
El señor AYLWIN.-
Y yo mantengo que no lo hubo.
El señor REYES (Presidente).-
Debo informar que he dado respuesta a una petición escrita, de la cual se dio cuenta en la Sala, ateniéndome estrictamente a las versiones taquigráficas. No he hecho ninguna interpretación de los textos, pues me pareció que no me estaba permitido hacerlo. En seguida, los señores Senadores tienen plena libertad para estimar que cuanto se dijo o no se dijo se ajusta a su propio criterio o no se ajusta.
Por otra parte, debo informar a la Sala que el Honorable señor Aylwin conoció esta nota y que en ella, incluso, están transcritos el párrafo principal de su respuesta y su petición.
El señor GOMEZ.-
Se dio lectura al párrafo principal.
El señor REYES (Presidente).-
En seguida, ha solicitado la palabra el señor Ministro de Minería.
El señor CHADWICK.-
¿ Me permite, previamente, señor Presidente?
Para continuar en esta larga sesión se- ría útil informar a los asistentes -que ya quedan muy pocos- sobre la materia que está en debate.
El señor REYES (Presidente).-
En realidad, señor Senador, de haber actuado según mi propio criterio, no habría permitido este debate. Sólo por respeto a los señores Senadores y a sus intervenciones y criterios, para que nadie se sintiera privado de su derecho en circunstancias de que otro Senador se había referido a la materia, he tolerado que el debate haya seguido el curso que tomó. Esta sesión no tiene sentido ni propósito alguno.
El señor CHADWICK.-
Estamos tratando la urgencia hecha presente por el Ejecutivo para el proyecto de reforma constitucional.
El señor REYES (Presidente).-
Pero
se ha alargado el debate, por cuanto el Honorable señor Aylwin, movido por una intervención del señor Enríquez, se refirió a la materia, lo que posteriormente ha motivado la intervención del Honorable señor Gómez.
El señor GOMEZ.-
Tuve que defender al Honorable señor Enríquez.
El señor REYES (Presidente).-
Ahora, sobre la misma materia, ha pedido la palabra el señor Ministro de Minería.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería).-
Seré muy breve en la materia que ha abordado el Honorable señor Gómez.
El señor Senador, principalmente, se refirió a la informalidad del Gobierno. El Ejecutivo, en estos momentos, está representado por el Ministro que habla, de manera que, ante imputaciones de tal naturaleza, no sería propio que yo, a pesar de quitarle unos minutos a esta Honorable Corporación, guardara silencio.
Deseo referirme explícita y exclusivamente a la materia abordada por el señor Senador: la destinación de fondos específicos determinada por la ley 11.828 a obras de capitalización.
Estoy seguro de que Su Señoría no me podrá desmentir si declaro ante el Senado que en numerosas conversaciones que sostuvimos en las Comisiones, en los pasillos del Senado, etcétera, manifesté reiteradamente que este proyecto de ley no obedecía a la intención de cambiar las destinaciones de los fondos asignados por la ley 11.828. En ello fui absolutamente categórico. Además, agregué que ello, en todo caso, no era materia de la cartera a mi cargo, sino que dependía del Ministerio de Hacienda. Ahora, no puedo desconocer -y nadie podría hacerlo- el derecho del Honorable señor Gómez para presentar indicaciones y hacerse asesorar, para su redacción, de las personas que el señor Senador estime conveniente, sean ellas funcionarios del Departamento del Cobre o no lo sean. Pero eso, en mi opinión, no significa un compromiso de parte del Ejecutivo y, en consecuencia, el Gobierno no ha actuado de la manera que él califica de informal.
Siempre fui claro y categórico en esta materia. Lamentablemente, debo insistir una vez más que el proyecto no pretendía cambiar las destinaciones que la ley 11.828 asignaba a los ingresos y participaciones fiscales.
El señor GOMEZ.-
Debo hacerme cargo de las expresiones vertidas por el Honorable señor Aylwin respecto del presidente de mi partido, Honorable señor Enríquez.
Su Señoría ha protestado porque el presidente de mi colectividad política manifestó que el Gobierno no había cumplido su compromiso con el Partido Radical. El señor Senador empleó adjetivos que no debió usar y habló en tono enérgico, que no se compadece con la solvencia del Ejecutivo, para referirse a esta materia.
Yo no gritaré, señor Presidente. Trataré de hablar lo más suave posible, porque, como decía Leonardo, "dove si grida, noné vera scienza'", o sea, "donde se grita, no hay real conocimiento".
Quiero hacer mías las expresiones del Honorable señor Enríquez en cuanto a que el Gobierno rio cumplió su compromiso, pues tengo conciencia cabal de ello.
Lo que interesa ante esta situación es que el país la entienda. Aquí ya no vale lo que diga el Ejecutivo, el presidente del partido de Gobierno o el de mi partido; lo que importa es poder explicar a la ciudadanía en qué consiste el incumplimiento por parte del Ejecutivo.
No quiero entrar en materias que son objeto de discusión o que pueden ser motivo de interpretación de las palabras o de lucubraciones sobre lo que se dijo o no se dijo. ¡Imagine el país a lo que podríamos llegar en una discusión de esta índole! Sería una discusión bizantina. Por eso, quiero ceñirme a lo que está escrito, a aquello respecto de lo cual no pueden caber dudas, a hechos que son de claridad meridiana.
Por casualidad tengo a la mano la respuesta que dio el Presidente del Senado a una consulta que le hice respecto del cumplimiento que habría dado o no habría dado el Gobierno a determinado compromiso con el Partido Radical. Le solicité su pronunciamiento con el objeto de darlo a conocer en el debate que debió haberse celebrado esta tarde y que, seguramente, deberá quedar postergado para el día de mañana.
La nota en referencia, a mi juicio, clarifica esta materia. Expongo los hechos por respeto al país, y no en respuesta al Honorable señor Aylwin, pues ello no interesa. El señor Senador tiene su punto de vista, y nosotros, el nuestro.
Lo que importa -repito- es que el país entienda que el Gobierno ha procedido de manera informal, y lo trataré de demostrar.
La nota enviada por el señor Presidente del Senado dice así:
"Doy respuesta a su comunicación del 5 del presente, de la que se dio cuenta en la sesión del Senado de esa misma fecha.
"En ella me solicita que certifique diversas actuaciones ocurridas durante el debate del proyecto de ley sobre el cobre, en las que cupo participación a Su Señoría y al Senadordon Patricio Aylwin.
"No conozco precedentes sobre consultas de parecida naturaleza, sin embargo, creo mi deber darle respuesta ajustán-dome estrictamente a las versiones taquigráficas de las sesiones en que fueron abordados los temas de su referencia, sin entrar a emitir juicios que excederían mis atribuciones de Presidente de la Corporación.
"En el punto 1º, Su Señoría dice textualmente: "Si es efectivo o no que las aspiraciones del Partido Radical sobre las inversiones de capital, señaladas en los artículos 26, 27, 28 y 33 de la ley 11.828, están contenidas en una indicación entregada a la Mesa del Senado en la sesión 42ª, de 6 de septiembre de 1965".
"Efectivamente, consta en el Diario de Sesiones correspondiente a la sesión 42ª, en 6 de septiembre de 1965, en las páginas 3.341 y 3.342, la indicación a que se refiere Su Señoría, la que fue insertada a su petición, sin dársele lectura en la Sala".
Omitiré la lectura de la indicación. Lo que me interesa es dejar constancia de que ella fue entregada en su oportunidad.
Solicito de la Mesa que en la versión correspondiente se inserte el texto completo de la indicación, tal como consta en la carta del señor Presidente del Senado, a que estoy dando lectura.
El señor REYES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se hará la inserción solicitada por Su Señoría.
Acordado.
-El documento que se acuerda insertar dice como sigue:
"Para los efectos del párrafo 4º de la ley 11.828 y de la ley 13.196, serán considerados como participación fiscal en la industria del Cobre:
"a) Los impuestos que deben tributar las empresas de la Gran Minería del cobre, de acuerdo con los artículos 1° y 2º de la ley 11.828.
"b) El recargo del impuesto a las utilidades de 5% establecido en el artículo 11 de la ley Nº 14.603 y la tasa adicional de 8% establecida en la letra c) del artículo 26 de la ley 14.688.
"c) Las utilidades, intereses y dividendos que perciba la Corporación de las Sociedades Mineras Mixtas.
"d) Los impuestos que paguen las Sociedades Mineras Mixtas en que tenga participación la Corporación del Cobre, por concepto de impuesto de la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta y al impuesto adicional sobre los dividendos que paguen los accionistas de estas sociedades .
"e) Todo otro ingreso fiscal que provenga en el futuro de las utilidades de la industria del cobre.
"Lo anterior no será aplicable a aquellas sociedades mixtas cuyos yacimientos se encuentren ubicados en provincias distintas de las mencionadas en el artículo 27 de la ley 11.828, en cuyo caso será el Presidente de la República quien hará la distribución de los ingresos a que se refiere el inciso anterior contemplando un sistema similar al establecido en el Párrafo IV de la ley 11.828.
"Los saldos de los ingresos referidos que no tengan distribución o que no hayan sido consultados en el Presupuesto a que se refiere la letra n) del artículo 18 de la ley 11.828, ingresarán a fondos generales de la Nación en el plazo y condiciones que establezca el Presidente de la República.
"Indicación a los artículos 27, 28 y 33 de la ley 11.828:
"1°.- Para reemplazar en el inciso 1° del artículo 27 la frase "del ingreso que produzcan los artículos 1° y 2º de la presente ley" por la siguiente: "de la participación fiscal en la industria del cobre".
"2°.- Reemplazar en el artículo 28 la frase "de los ingresos que produzcan los impuestos establecidos en los artículos 1° y 2º" por "de la participación fiscal en la industria del cobre".
"3°.- Reemplazar en el inciso 1° del artículo 33 la frase "del ingreso que produzcan los impuestos establecidos en los artículos 1° y 2º de la presente ley" por "de la participación fiscal en la industria del cobre"."
El señor GOMEZ.-
Conforme.
Continúa la nota del señor Presidente sobre esta materia: "El señor Aylwin expresó refiriéndose a las inversiones: Otros puntos planteados en las observaciones del Partido Radical se refieren a las inversiones de capital conforme con los artículos 26, 27, 28 y 33 de la ley 11.828, que destinan fondos del cobre para diversos objetivos de capitalización nacional, en especial para las provincias cupreras. Sobre esta materia, el Gobierno comparte esos puntos de vista y estamos de acuerdo en que esas destinaciones sean debidamente resguardadas."
O sea, el Honorable señor Alywin contestó lo siguiente: "Estamos de acuerdo" -lo dijo en nombre de su partido y del Gobierno- "con los puntos de vista del Partido Radical".
Como se ha visto, los puntos de vista del Partido Radical -esto ha sido certificado por el señor Presidente del Senado- están contenidos en una indicación que discutí con los personeros de Gobierno y que estos mismos redactaron. Además, en la sesión correspondiente pedí que el Gobierno dijera si tal indicación tenía carácter oficial o no lo tenía. El Honorable señor Aylwin, contestando por su partido y por el Gobierno, manifestó que compartía los puntos de vista del Partido Radical sobre esa materia.
El señor AYLWIN.-
Es conveniente recordar los términos textuales de lo que dije y que Su Señoría ha leído:
"Otros puntos planteados en las observaciones del Partido Radical se refieren a las inversiones de capital conforme con los artículos 26, 27, 28 y 33 de la ley 11.828". O sea, de conformidad con esos artículos que destinan fondos del cobre para diversos objetivos de capitalización nacional, en especial para las provincias cupreras.
"Sobre esta materia" -dije- "el Gobierno compartía esos puntos de vista y estamos de acuerdo en que esas destinaciones sean debidamente resguardadas".
¿ Qué había planteado Su Señoría ? Fundamentalmente, la necesidad de que las destinaciones a que se refieren esos artículos fueran resguardadas. Respecto de la indicación, dije -lo acaba de leer Su Señoría en la copia textual- que no sabía si el Gobierno compartía esa redacción o no la compartía y que ello lo determinaría el Ejecutivo.
Contestando esa materia, no acepté ni objeté esa redacción; no me referí a ella. Sólo sostuve que el Gobierno compartía la necesidad de resguardar las inversiones de capital de conformidad con los artículos 26, 27, 28 y 33 de la ley 11.828. Y eso es lo que el Ejecutivo ha hecho.
El señor GOMEZ.-
Seguiré contestando a Su Señoría de acuerdo con lo que ha certificado el Presidente del Senado. No buscaré ningún otro argumento en las versiones taquigráficas. Quiero ser lo más objetivo al opinar lo menos posible.
El Presidente del Senado extractó de la versión lo que le pareció conveniente. Me fundaré sólo en lo que transcribe el señor Presidente de la Corporación acerca de lo que manifesté al entregar la indicación. Dice así: "En todo caso -repito-, se habría aceptado una redacción, que es la que tengo a la mano, que haré llegar a la Mesa, y que tiene por objeto incorporar todos los fondos que se produzcan por el cobre...". Es decir, no sólo parte de los fondos provenientes del cobre, sino su totalidad, para evitar la martingala que se hace mediante la aplicación del artículo 26. Porque Su Señoría bien sabe que se desglosa lo correspondiente a defensa nacional, por ejemplo, y luego de efectuada esa resta, se destina 30% a las inversiones de capital de que habla el artículo 26.
Manifesté que mi indicación tenía por objeto hacer el cálculo correspondiente sobre el total de esos fondos. En seguida, para mayor abundamiento, entregué dicha indicación a la Mesa. En consecuencia, los puntos de vista del Partido Radical estaban consignados en una indicación escrita, que no leí en esa sesión para no cansar a los señores Senadores, porque, además, ella había sido discutida con el Gobierno y redactada por sus personeros, como expresé en esa misma sesión. Por lo tanto, Su Señoría no puede alegar desconocimiento de la indicación, toda vez que -repito -fue entregada a la Mesa, discutida con el Gobierno y redactada por sus personeros.
Acerca de si tal indicación era oficial o no lo era, la respuesta de Su Señoría sobre la materia fue que "el Gobierno compartía esos puntos de vista". ¿Cuál era esa materia? Precisamente, la consignada en la indicación. Para ser más claro -repito- entregué la indicación a la Mesa, y Su Señoría manifestó que el Gobierno compartía esos puntos de vista, y agregó: "Estamos de acuerdo en que esas destinaciones sean debidamente resguardadas".
¿ Resguardadas de qué ? De la martingala contable de no fijar el porcentaje correspondiente sobre la masa total de fondos, sino sobre parte de ellos.
Esto es totalmente claro.
El Honorable señor Aylwin, a posterio, dice...
El señor AYLWIN.-
Esto parece un diálogo.
El señor GOMEZ.-
Me estoy dirigiendo al país; mantengo mis puntos de vista y corroboro lo que dijo el Presidente de mi partido...
El señor AYLWIN.-
Y yo mantengo los míos.
El señor GOMEZ.-
..., en el sentido de que el Gobierno ha sido informal y no ha cumplido sus compromisos.
No deseo responder al Honorable señor Aylwin con la prepotencia por él empleada al hablar de majadería o de qué sé yo. Quiero hacerlo con toda tranquilidad, muy sobriamente, como actúa siempre el Partido Radical, para que el país conozca que ha habido informalidad por parte del Gobierno, afirmación que estoy fundamentando.
El señor Presidente del Senado agrega en su nota:
"A este respecto consultada la comunicación de Su Señoría por escrito con el Honorable señor Aylwin agrega el párrafo que a continuación transcribo: "Como se ve, yo no me referí a la indicación del Honorable Senador Gómez: ni la objeté, ni la acepté. Sólo expresé que compartíamos los puntos de vista en orden a resguardar Jas destinaciones o inversiones de capital conforme con los artículos 26, 27, 28 y 33 de la ley 11.828."
El Honorable señor Aylwin podrá decir que él no se refirió a la indicación, pero eso no lo manifiesta en su respuesta. El se refiere a los planteamientos del Partido Radical sobre inversiones de capital, y ellos estaban contenidos en una indicación escrita que el Senador que habla expresó haber discutido con el propio Gobierno y sus personeros, y redactada por los asesores del Ministro de Minería. En ella estaban contenidas las aspiraciones del Partido Radical en esta materia. Por lo tanto, mal puede decir el Honorable señor Aylwin. que no se refirió a esa indicación.
¿A qué estaba refiriéndose, entonces? ¿Estaba hablando con las sombras? Es una manera muy elegante de eludir responsabilidades. Pero este asunto, ante el país, no resiste el menor examen, y aquí hay una comprobación tajante y definitiva del incumplimiento, por parte del Gobierno, de los compromisos contraídos frente al país con relación a planteamientos hechos por el Partido Radical.
En la comunicación del señor Presidente hay otro párrafo en que también se deja constancia de ello, pero no seguiré prolongando el debate, pues lo que he manifestado y la lectura de las partes pertinentes de la comunicación del señor Presidente del Senado, me parecen más que suficientes para dejar en claro que hubo incumplimiento por parte del Gobierno frente a un compromiso escrito. No me referiré a aquello en que pueda haber interpretación en uno u otro sentido o que sea materia de juristas que acomodan de una manera u otra las cosas. No, me refiero a una cuestión clara y definitiva: a una indicación escrita que el Gobierno ha desconocido, y ello me permite decir que ha habido incumplimiento y se ha faltado a un compromiso.
Además, debo decir que la Democracia Cristiana ha procedido de manera distinta frente a esa misma indicación, pues la Cámara de Diputados aceptó una parte de lo aprobado por el Senado. Diputados y Senadores democratacristianos aceptaron esa indicación y la votaron favorablemente, salvo en lo atinente a los fondos del 5 % y 8%, que fueron desglosados por la Cámara. Yo entendí que el problema quedaba resuelto en esa forma. Sin embargo, el veto lo deshace todo.
Ahora, si hemos de hablar en el terreno a que el Honorable señor Aylwin ha conducido el debate, también se ha faltado a otros compromisos, porque el veto sobre esta materia va mucho más lejos y no adopta los resguardos a que se refería el propio señor Senador. En efecto, repone lo primitivamente aprobado por la Cámara y desglosa de la masa de los fondos del cobre el compromiso contraído por el Gobierno para la formación de sociedades mixtas. Esos fondos, de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, consignada en el veto, reducen la participación fiscal en la industria del cobre y sólo sobre el remanente se calcula lo que corresponde a inversiones de capital. O sea, el Ejecutivo ha hecho tabla rasa del compromiso; no ha dejado absolutamente nada y ha vuelto a la posición primitiva contenida en el proyecto aprobado por la Cámara y objetado por los Senadores radicales.
Las explicaciones que he dado dejan perfectamente en claro que ha habido incumplimiento. Lo digo serenamente, sin recurrir a adjetivos, a movimientos de manos, ni a expresiones fuertes como las empleadas por mi distinguido amigo el
Honorable señor Patricio Aylwin, que debo rechazar con el tono más suave posible.
El señor AYLWIN.-
Recupero el uso de la palabra.
Sólo deseo manifestar que no he empleado ningún adjetivo. Creo que es una majadería -esto es un sustantivo- seguir repitiendo, repitiendo y repitiendo una cosa que -estoy seguro- el Honorable señor Enríquez, de acuerdo con las conversaciones que sostuvo conmigo en presencia del señor Raúl Sáez al discutirse el artículo 15-B, sabe que no es como la ha presentado en la Sala el Honorable señor Gómez.
En cuanto a las palabras del señor Senador, como claramente se deduce de la lectura del documento a que ha hecho referencia y del texto que se presentó en aquella oportunidad, puede haber, a mi juicio, un problema de interpretación o un mal entendido, pero no se trata de incumplimiento. Fui categórico en sostener que el Gobierno era partidario de la mantención y el resguardo de los destinos de capitales establecidos en los artículos 26, 27, 28 y 33 de la ley 11.828. Así se ha hecho, y en los mismos términos en que la destinación estaba consignada, se ha conservado. En consecuencia, se ha resguardado la distribución. Eso y no otra cosa es lo que planteé en aquella oportunidad.
El señor GOMEZ.-
No he dicho que fue...
El señor CHADWICK.-
El debate ha degenerado a un tema extraño a su origen, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).-
Así es, señor Senador.
El señor GOMEZ.-
... el señor Ministro quien adquirió el compromiso. Pero él tenía conocimiento de estas conversaciones y de la indicación.
Luego manifiesta que yo tenía derecho a presentar indicaciones, como todos los demás señores Senadores. Pero el señor Ministro ha desconocido y silenciado que la indicación se planteó con motivo de una demanda nuestra, antes de dar nuestros votos. En esa ocasión se planteó y la certificó el señor Presidente del Senado. El señor Ministro no dijo ni "pío" cuando él señor Aylwin manifestó lo que ya leí: que sobre esta materia el Gobierno compartía los puntos de vista a que se refería mi indicación. El señor Ministro aceptó que el Honorable señor Aylwin hablara en nombre del Gobierno, al que comprometía en su calidad de presidente de la Democracia Cristiana.
Es efectivo que el señor Simián manifestó, posteriormente, que ese asunto concernía al Ministerio de Hacienda,...
El señor SIMIAN (Ministro de Minería).-
Lo hice permanentemente, señor Senador.
El señor GOMEZ.-
... pero también era asunto nuestro el no dar los votos.
El Gobierno accedió a nuestros planteamientos, y los aceptó con las frases que he repetido. Si el Ejecutivo hubiese actuado en forma clara, habría dicho: "Esa indicación no la aceptamos; estamos de acuerdo respecto de las inversiones de capital, con esto y esto otro, pero la totalidad del planteamiento radical no es aceptable, según nuestro criterio." Esa habría sido una conducta clara. Y perdóneme el señor Ministro que me atreva a decir cómo debió actuar el Gobierno. Lo digo porque tiene relación con un episodio en que yo actué. Lo claro, lo correcto -repito-, habría sido responder de esa manera.
El Gobierno no ha aceptado esa indicación, pero el Honorable señor Aylwin viene a manifestar, en carta dirigida al señor Presidente del Senado, que no se pronunció respecto de ella, que no la aceptó ni la rechazó. Sin embargo, están en la versión las expresiones que ya he señalado : "Sobre esta materia, el Gobierno comparte los puntos de vista del Partido Radical". Los puntos de vista de mi partido -insisto- estaban contenidos en la indicación que ha certificado el Presidente del Senado, formulada al plantearse nuestras exigencias antes de dar nuestros votos. La conducta observada por el Gobierno y por el partido oficial no es clara. Debo decir, aunque me duela, que aquél ha faltado a un compromiso.
¿Qué querían que dijera yo ante la respuesta del Honorable señor AylwiNº ¿Qué querían que expresara después que el señor Senador manifestó: "El Gobierno comparte esos puntos de vista"? ¿Querían que fuéramos a firmar ante un notario? Habría sido demasiado. Me parece que, entre caballeros, basta la conversación. Por desgracia, estábamos equivocados unos respecto de los otros en lo relativo a este problema. Estábamos equivocados en cuanto a la forma como procederíamos unos y otros. Y así se produjo lo que el país conoce.
Es efectivo que comparto plenamente las expresiones del presidente de mi partido en cuanto a que el Gobierno no habría cumplido los compromisos contraídos frente al país a instancias del Partido Radical.
Tal es mi posición general, muy firme, muy definitiva y muy serena.
El señor REYES (Presidente).-
De acuerdo con la petición del Comité Socialista, la calificación de la urgencia ha quedado aplazada, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento. El pronunciamiento sobre la improcedencia o procedencia de la calificación de urgencia se solicitará a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Naturalmente, el informe de dicha Comisión debe ser emitido antes de la sesión del próximo martes.
El señor PRADO.-
Me había extrañado, porque la procedencia de la declaración de urgencia para el proyecto de reforma constitucional, como se ha dicho en la Sala, ya fue discutida, y cada uno de los señores Senadores planteó su opinión. De manera que, simplemente, procedería que la Comisión transcribiera las actas pertinentes.
El señor REYES (Presidente).-
Como la Sala conoció sólo el acta de manera informal, ahora corresponde a la Comisión transcribir el pronunciamiento adoptado por ella sobre el particular.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/596611/seccion/akn596611-ds2
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/596611