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    • rdf:value = " AUMENTO DE REMUNERACIONES A LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.El señor REYES (Presidente).- Corresponde continuar ocupándose en la discusión general, del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado. -El proyecto y el informe figuran en los Anexos de la sesión 72ª, en 8 de marzo de 1966, documentos Nº 1 y 6, páginas 4042 y 4115. El señor REYES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Barros. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite, señor Senador? Quiero sólo hacer una acotación. El señor BARROS.- Desgraciadamente, dispongo de poco tiempo para mis observaciones. El señor BARROS.- Señor Presidente, agotadas ya prácticamente las observaciones que merece este proyecto en sus aspectos puramente económicos, por las intervenciones de diversos señores Senadores, consideramos que -aun cuando no tenemos autoridad para adentrarnos en la ciencia de la economía-, podemos, sin embargo, formular algunas críticas a la iniciativa en debate. Y naturalmente queremos situarnos en la posición del hombre de la calle, da la dueña de casa o sencillamente del militante de avanzada que no mira desde el balcón, sino que vive el drama lacerante de remuneraciones que no pueden vestirlo, satisfacer las necesidades de sus hijos o alimentarlo medianamente. Para analizar con la simpleza del hombre que lucha por condiciones vegetativas mínimas, como son dormir, comer algo y tenderse en un jergón, es preciso plantear una primera interrogante. ¿Está o no está el pueblo en el Poder? Sencillamente, no lo está. A Chile lo gobiernan, por parcelas, una burguesía monopolista; profesionales con jugosa cuenta bancaria; empresarios que han acumulado rentas fabulosas, y agentes de los Estados Unidos a través de sus concesiones leoninas de ese país clasificado como un pueblo de niños gobernado por piratas. Piratas que mediante empréstitos han enriquecido en otros suelos de América a los gamonales de turno en el poder, alimentando burocracias oficialistas. En este proceso de alienación en nuestro régimen capitalista, se han ido creando inmensas riquezas que pasan por las manos de los trabajadores sin que ellos suelan jamás ser propietarios de las mismas. En suma, jamás en nuestra patria el pueblo ha estado en el Poder. En él está el asesor, el promovido desde la calle, el equipador comunitario que, predicando la caridad por casa, comienza por equipar el Palacio de La Moneda con iluminación "a giorno", cambiarle cortinajes, tapices, alfombras y cuadros al gusto del decorador de interiores más caro y lujoso, haciendo chorrear los escudos por miles y miles. Están en el Poder el Ministro ahito de viajes o el Embajador lejano que excursiona a! menudeo como quien acude alquiosco a comprar el diario mañanero. Los vimos en días de Pascua y Año Nuevo, a tropezones entre ellos mismos por las calles céntricas de Santiago. Ellos no se funden con el pueblo. Ellos no vibran con la masa. Ellos, en suma, no son pueblo: son agentes viajeros de un Gobierno que también está acuñando su lema "Gobernar es viajar". ¡Y qué viajes, qué chorro de dólares! Gobierna también el parlamentario que impúdicamente cobra doble remuneración; dieta y miles de dólares por pasear en la sede de esa asamblea de charlatanes llamada Naciones Unidas, la cual no reconoce a media humanidad consciente en el seno de sus deliberaciones. Gobierna el "caballero de industria" que insulta la miseria con su lujoso automóvil detenido frente al templo de la degeneración llamado Casino de Viña del Mar, las termas fastuosas o la mansión señorial con perros finos, carne a destajo, verduras frescas, calefactores, etcétera, mientras en la cruz de la medalla una montepiada, por dignidad, no puede salir a la calle con un bastón, un quiltro y una jarrita a pedir limosna. Esa pobre mujer, como el jubilado, como el obrero cuprero o del carbón, como el trabajador campesino, como el modesto y eficiente empleado, jamás estuvieron en el Poder. La estructura económico-social de esta zona geográfica del hambre llamada Chile, donde podrían vivir holgadamente 20 millones de habitantes, recibe el ludibrio de miles de explotadores que hasta han sacado sus bienes a los bancos extranjeros. Si bien no todos son democratacristianos son, en cambio, cristianos que esquilmaron al país, llevándose el robo, la plusvalía de pulmones podridos de obreros, de carne de hospital o huesos de de fosa común. Esos basurales humanos que hicieron fortuna sobre montañas de cadáveres, se aprovechan ahora de la ciencia estadística para cantar loas a un reajuste que está más divorciado de la realidad que una simbiosis de un zorro con una gallina. Disraeli afirmaba conocer tres grandes mentiras. La propiamente tal; la mentira piadosa y la mentira estadística, significando que esta última, como las busconas, se entrega al mejor postor. Y es lógico que ante los guarismos extraídos del índice de precios de determinados artículos al consumidor, nuestra mayoría consciente de las Comisiones unidas ha debido alargarlos lo más posible, aunque de todas maneras el elástico aprieta y marca la pantorrilla raquítica del pueblo hambreado. De ahí entonces la pugna por alcanzar un 40% de reajuste al sector privado, gol de media cancha al arco de fierro casi cerrado del Gobierno; de ahí la anarquía de un 15% para aquellos que ganen más de tres sueldos vitales, castigando la antigüedad, experiencia y más cargas familiares de quienes ganan sobre ese límite; un enano 25% para los demás y un 30% para considerarlo en el proyecto de las Fuerzas Armadas. O sea, los estómagos chilenos quedan estratificados por categorías, y nuestro pueblo aparece dividido, para los efectos del reajuste, entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas desarmadas. Ahora, como los automóviles serán considerados artículos de primera necesidad, a la hora que al señor Chaparro se le ocurra encajarlos dentro del guarismo de índice de precios al consumidor, tendremos a fin de año que el alza del costo de la vida alcanzará apenas la cifra del agente 009. Si el próximo año agrega la baja de los televisores, de los pianos o de una sobre producción de bombos y de dulce de membrillo, entonces el pueblo puede morirse tranquilo, esperando el santo advenimiento, porque es seguro que se anunciará una baja del costo de la vida, un milagro estadístico de la Revolución en Libertad. El señor GUMUCIO.- La incidencia de los artículos de primera necesidad se calcula de otra manera. El señor BARROS.- Es una forma irónica de demostrar hasta qué punto -repito- los índices se entregan, como las busconas, al mejor postor. El señor GUMUCIO.- Los índices tienen bases y éstas, un determinado número de artículos, dentro de los cuales no se puede incluir a los automóviles y televisores. El señor BARROS.- Es lógico, y lo sé; pero yo lo digo en sentido irónico que Su Señoría parece no comprender. En fin, siquiera las fuerzas activas, aunque están cercadas por la represión de las bayonetas, pueden mientras tanto hacer una huelga reivindicativa. Pero yo me pregunto, ¿qué pueden hacer las fuerzas pasivas de jubilados, pensionados y montepiados, a quienes el Gobierno -en lugar de concederles 37 millones de escudos para que la revalorización de sus pensiones en 1966 sea, como piden, relativamente equitativa- les otorga sólo 7 millones de escudos? Esta es la burla más sangrienta que he conocido. Yo exhibo aquí el facsímil de un cheque del Banco del Estado, publicado en "El Mercurio" de Valparaíso, el 2 de marzo recién pasado, es decir, hace una semana. Copio la leyenda que aparece al pie de él: "El drama de una montepiada, doña Inés Salinas, de 45 años, hija soltera de un ex radiólogo del Servicio Nacional de Salud. Ha gastado 720 pasos, o sea, algo más del 50% de su pensión mensual. Ella ha tenido que viajar dos veces desde el cerro Larraín hasta la oficina central del Servicio Nacional de Salud y recién ha podido cobrar el montepío que comenzó a percibir a la muerte de su padre. Un cheque por 1.250 pesos (un escudo veinticinco centésimos). Esa es la suma que constituye su "entrada" fija mensual. Este cheque lo denunció a este diario y mostró el cheque serie D.L. Nº 1951236 de la Cuenta Unica [Única] Fiscal, subsidiaria del Banco del Estado, Central Prat. Efectivamente, el documento ratifica claramente su drama...". Y así hay chilenos y patrones explotadores que hinchan el pecho de orgullo cuando hablan de nuestro sistema previsional, que ellos, al igual que el Código del Trabajo, concibieron en un parto bien poco feliz. El drama de la hija de ese médico radiólogo que entregó su vida al servicio de sus semejantes, en una especialidad peligrosa, es el drama futuro -de seguir las condiciones estáticas actuales- de todas las viudas o montepiadas del Servicio Nacional de Salud que piden un trato humano. Yo conozco viudas de profesores distinguidos de la Facultad de Medicina que no alcanzan a percibir el sueldo que en vida pagamos a una empleada doméstica, quien, puertas adentro, por lo menos tiene y comida. Y así el miserable reajuste para mis hermanos de profesión comenzará en abril. Los pobres obreros agrícolas quedaron como vulgarmente se dice: ¡"pa mayo"! ¿Cómo no se va a sublevar el espíritu más aplomado ante aberraciones tan abismantes? Por lo demás, en el proyecto se habla de todo, la materia en debate está adobada de "un cuantuay". El neofacismo "ad portas" lo condimenta suprimiendo el derecho a la huelga, como bien lo ha demostrado en Potrerillos y Barquitos, donde sólo falta el napalm para semejarse a los bucaneros yanquis que hoyaron con sus pezuñas la sagrada tierra vietnamita. A este proyecto, calificado ya como el Arca de Noé o como el arbolito de Pascua del régimen bombástico, me atrevo a llamarlo el proyecto "bolsillo de payaso", porque de sus diferentes artículos salen asesores, transportes, profesores cocinados a la rápida en la "Marmicoc" del presupuesto; el Presidente designa organismos tales como federaciones de estudiantes, juntas vecinales, entidades de Fuerzas Armadas en retiro, para que ayuden a servir de acusetes de la DIRINCO, y lo más pintoresco de todo es que, después de promulgada la ley en debate, el león del zoológico (así se denomina esta clase de jardines en todas partes del mundo) no aullará al Cerro San Cristóbal, sino al producto refundido del "Zoo" con dicho cerro, que se llamará Parque Metropolitano de Santiago. Con esto, los caballeros del bombo han puesto una pica en Flandes. ¡No hay peligro de que se les agote el chirumen! Yo celebro, pese a la presión del Consejo de Rectores Universitarios, que a las universidades confesionales, en un país en que la Iglesia está separada del Estado, no se les siga aumentando las jugosas asignaciones, como tampoco a aquellas particulares que reciben legados y ayuda de organismos imperialistas que contribuyen a envenenar la mente de los nativos y preparan para recibir con los brazos abiertos a una futura invasión. Sé que es difícil pedir a un Parlamento burgués, que no tiene adentrada la ideología del proletariado, justicia total en materia de reajustes, aunque siempre las correas saldrán de los mismos tientos. Los impuestos directos e indirectos recaerán en el pueblo que a la larga financia el reajuste. Los imperialistas yanquis, que, con nuestro cobre robado a precio de guerra para fabricar armas y asesinar vietnamitas, están haciendo el negocio del siglo ante la pachorra de los señores del bombo; esos imperialistas -repito- no son tocados, como no lo son los banqueros y expertos financistas en evadir impuestos y acarrear dinero fuera de Chile. Ante no recibir reajuste o aceptar esa limosna, votaré afirmativamente el proyecto, que trataremos de mejorar en un nuevo trámite. He dicho, señor Presidente. El señor REYES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Señor Presidente, al intervenir en la discusión general del proyecto de reajuste de sueldos y salarios de la Administración Pública y del sector privado, quiero, en primer lugar, hacer presente la situación verdaderamente dramática que deben vivir a comienzos de cada año esos trabajadores. Es ya una costumbre prolongar más allá de lo conveniente la discusión de estas leyes, en sus distintos trámites, en el Congreso Nacional. Pero tal demora no debe imputarse, como lo ha pretendido el Ejecutivo en más de una oportunidad, a la Honorable Cámara de Diputados y al Senado de la República; ella obedece fundamentalmente a que, desde hace bastantes años, el Ejecutivo nos envía proyectos de ley sumamente complicados. La verdad es que no entiendo por qué deban contener tantos artículos discriminatorios con relación a diversos sectores de la Administración Pública, ni, por otra parte, numerosas disposiciones relativas a materias del todo ajenas al reajuste. Según confesión de propios parlamentarios democratacristianos en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda del Senado, el Ejecutivo procede así con el objetivo de aprovechar el interés que los parlamentarios tenemos en despachar estas iniciativas sobre reajuste. A mi juicio, ello no puede seguir permitiéndose, y es de esperar que en lo futuro el Gobierno se abstenga de incluir en esos proyectos materias ajenas al reajuste mismo. El procedimiento actual reviste mayor gravedad si se toma en cuenta que las Mesas de la Cámara y del Senado, pertenecientes al partido oficial, aplican distinto criterio para considerar las indicaciones con las que el Ejecutivo incluye diversas materias sin ninguna relación entre ellas, y las que formulamos los parlamentarios, las cuales, por lo general, son declaradas improcedentes con el argumento de que no se refieren a la materia en discusión. La situación que he señalado es la causa fundamental de la demora con que se dictan estas leyes. Es necesario, a mi juicio, establecer, en lo posible, un sistema que permita reajustar automáticamente las rentas de la Administración Pública y del sector privado, desde el primero de enero de cada año, previa comprobación de que en el curso del año transcurrido se ha producido aumento en el costo de la vida. Y digo así porque el Gobierno ha sostenido que en dos o tres años ya no habrá más alzas, por haberse logrado la total estabilización. ¡Ojalá tal intención se convierta en realidad! Por mi parte, anticipo mi absoluta incredulidad al respecto. En el proyecto que está conociendo el Senado, se otorga un reajuste de 25% a las rentas de hasta tres sueldos vitales, y 15% a las demás. Este criterio es discriminatorio y no tiene justificación ninguna ante el laza del costo de la vida, que perjudica por igual a todos los sectores, cualquiera que sea su remuneración. En todo caso, si alguna justificación pudiera tener, ella podría aceptarse sólo para las rentas muy altas, aquellas superiores a diez o más sueldos vitales, como existen muchas en el país. Un reajuste de 25% y de 15% es insuficiente para cualquier sector de los trabajadores del país. En las Comisiones unidas tuvimos oportunidad de oír a representantes de diversos organismos, particularmente a los de las dos más importantes agrupaciones de trabajadores de Chile: la Central Unica [Única] de Trabajadores y la Confederación de Empleados Particulares. Sus personeros sostuvieron que el alza del costo de la vida, según el índice de precios al consumidor, de ninguna manera puede ser 25,9%, como lo ha afirmado el Gobierno de acuerdo con sus estadísticas. También estimaron, fundadamente, con buenas razones y abundante documentación, que en ningún caso dicha alza es inferior a 40%. Por tales razones, los parlamentarios de Izquierda acogimos las observaciones de los representantes de los trabajadores y propusimos en las Comisiones unidas un reajuste de 40% para el sector privado, único campo en el que la iniciativa parlamentaria no está limitada, y esa indicación fue aprobada en las Comisiones. Del mismo modo solicitamos y obtuvimos que las Comisiones acordaran oficiar al Ejecutivo pidiéndole estudiar la posibilidad de otorgar a la Administración Pública un reajuste de sueldos también equivalente a 40%. Esperamos que nuestra iniciativa encuentre en aquél buena acogida, especialmente si éste sostiene que nunca un Gobierno otorgó reajustes de remuneraciones en la forma como lo hace el actual. Nosotros hemos sostenido que es ineficaz sistema de índice de precios al consumidor mediante el cual la Dirección General de Estadísticas establece el alza de costo de la vida. Hemos dicho que la tabla empleada es caduca y no concuerda con la situación económico social chilena. En efecto, el índice mencionado se basa en los precios de 234 artículos esenciales, en circunstancias de que, según lo han manifestado organismos representativos de los trabajadores, aquéllos son más de 350. Por eso, han planteado, con toda justicia, que el sueldo vital para este año no puede ser inferior a 414 escudos mensuales y que el salario mínimo para obreros y campesinos debe ser superior a 7 escudos al día. Sostuvimos en las Comisiones unidas -y deseo recordarlo ahora, en la Sala- que en los últimos años, en cierto modo, se ha desvirtuado el concepto de sueldo vital, al estimarse que éste es el indispensable para que viva una familia. El sistema de los sueldos vitales fue copiado de la legislación francesa y establecido en Chile por la ley 6.020. Consiste en la remuneración que se asigna a un aprendiz de empleado y cuyo monto se estima suficiente sólo para que pueda contribuir al presupuesto familiar. Al mismo tiempo, la Confederación de Empleados Particulares de Chile manifestó que la remuneración mínima para un jefe de familia compuesta por cuatro personas -él, su mujer y dos hijos- no puede bajar de 717 escudos mensuales. Sin embargo, debo reconocer como positiva la norma incluida en el proyecto en discusión, en el sentido de que en la Administración Pública no habrá sueldos inferiores al vital para los empleados. Esta disposición constituye realmente un avance, que reconozco; sin embargo, no es de ninguna manera el desiderátum, pues con un sueldo vital no puede vivir una familia. Al respecto, ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para incluir en mi exposición dos cuadros del folleto que nos fue entregado por la Central Unica [Única] de Trabajadores, en los cuales se estudia la disminución del poder adquisitivo de sueldos y salarios y la pérdida anual que ella ha significado para empleados y obreros agrícolas desde 1950 hasta 1965. Deseo, así, demostrar que, en definitiva, desde 1954, en que comenzó la disminución del poder adquisitivo de los sueldos vitales y salarios mínimos agrícolas, hasta 1965 inclusive, un empleado ha sufrido una pérdida total por disminución del poder adquisitivo, respecto del año 1953, equivalente a Eº 12.490,80, y un obrero agrícola una pérdida total de Eº 6.675,30. -Se accede a lo solicitado. -Los cuadros cuya inserción se acuerda son del tenor siguiente: DISMINUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SUELDO VITAL Y PERDIDA ANUAL POR EMPLEADO  Suma perdida desde 1954 hasta 1965 por un empleado que gana el sueldo vital: E° 12.490.8 Las cifras de la primera columna, referentes al sueldo vital de Santiago, se obtuvieron de los boletines del Banco Central, con datos de la Dirección de Estadística y Censos, Corresponden a sueldos vitales fijados por la ley 7.295; en 1956, ley 12.006; en 1957, ley 12.432; en 1958. ley 12.861; en 1959, ley 13.305. En 1960 no se fijó; la ley 14.501 concedió una bonificación sobre los sueldos de 1959, que en 1961 se incorporó al sueldo; a partir del 1º de julio la ley 14.688 estableció un nuevo sueldo vital; en 1962, 63, 64 y 65, la misma. El poder adquisito en Eº de diciembre 1964, se calculó en cada año dividiendo el salario nominal por el índice de precios al consumidor con base diciembre: 100. La disminución del poder adquisitivo por mes, con respecto a 1953, se calculó como diferencia entre el poder adquisitivo de cada año y el de 1953. La pérdida anual por disminución del poder adquisitivo con respecto a 1953, se calculó multiplicando la disminución del poder adquisitivo mensual por 12. DISMINUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MINIMO AGRICOLA Y PERDIDA ANUAL POR OBRERO AGRICOLA Suma perdida desde 1954 hasta 1965 por un obrero agrícola que gana el salario mínimo: Eº 6.675,3 escudos. Las cifras de la primera columna, referentes al salario diario mínimo para obreros agrícolas, se obtuvieron de los boletines del Banco Central, con datos de la Dirección de Estadística y Censos. El poder adquisitivo en Eº de diciembre de 1964, se calculó en cada año dividiendo el salario nominal por el índice de precios al consumidor con base diciembre de 1964 100. La disminución de poder adquisitivo por día con respecto a 1953, se calculó como diferencia entre el poder adquisitivo de cada año y el de 1953. La pérdida anual se calculó multiplicando la disminución de poder adquisitivo por 365 (días del año). El señor LUENGO.- Por otra parte, quiero hacer notar que el Ejecutivo no aplica una política de remuneraciones parejamente a todas las instituciones y a la Administración Pública. Durante la discusión del proyecto en las Comisiones, hemos podido comprobar que, en la actualidad, sólo dentro de dicha administración, existen numerosas escalas de sueldos y diferencias entre un servicio y otro. Particularmente, las instituciones semifiscales están en general en mejores condiciones que las públicas. Al respecto deseo hacer notar que la Empresa Nacional de Minería, facultada por su estatuto para fijar anualmente su planta de empleados y los sueldos correspondientes, en virtud de un decreto publicado en febrero de este año en el Diario Oficial, aumentó las rentas de su personal, de capitán a paje, en 87% con relación a sus sueldos del año pasado. La Corporación de Fomento de la Producción, también facultada legal-mente para fijar los sueldos de su personal, aumentó este año las remuneraciones en 67%. ¡Qué tremendas diferencias se producen al permitir a determinados organismos, que gozan reconocidamente de sueldos muy superiores a los de la Administración Pública, reajustar sus rentas en 87% ó 67%, mientras el resto de empleados y obreros fiscales perciben sólo 25% hasta tres sueldos vitales, y 15% pasado ese límite! Otro tanto podría decir, señor Presidente, del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Corporación de la Reforma Agraria, creados por este Gobierno, con funcionarios recién ingresados y cuyos sueldos están muy por encima de sus similares en la Administración Pública. Así ocurre, en efecto, con el personal del Ministerio de Agricultura, del cual dependen esos organismos, y cuyos funcionarios, no obstante desempeñarse en la propia Secretaría de Estado, tienen rentas equivalentes apenas a la mitad o a la tercera parte de las que ganan funcionarios del INDAP o de la CORA. Para qué hablar, Honorable Senado, de otros servicios de la Administración Pública, como el de Correos y Telégrafos, cuya situación tuvimos ocasión de conocer en las Comisiones unidas; o el de Prisiones, que, como todos saben, es uno de los más mal pagados, no obstante lo cual el Ejecutivo nada hace por mejorar la condición económica de sus servidores. Todo esto contribuye a que cada día aumente la anarquía en los sueldos y salarios. Todavía más: el sistema establecido en este proyecto hará que, como consecuencia de aplicar los porcentajes propuestos por el Ejecutivo, en muchos servicios aquellos que ganaban menos sueldo percibirán rentas superiores a las de quienes hasta ahora los superaban. De ese modo, la anarquía continúa en la Administración Pública y se rompe la jerarquía que necesariamente debe existir en todos los servicios entre jefes y subordinados. Es lamentable que el Ejecutivo no haya aprovechado esta oportunidad para establecer una escala única de sueldos en la Administración Pública, medida indispensable de tomar en un país como el nuestro, donde existen tan numerosos servicios y las influencias permiten que algunos de ellos obtengan regalías de que no gozan los otros. Quiero recordar que durante la Administración de don Juan Antonio Ríos se hizo un intento muy serio para establecer dicha escala única de sueldos; y debo reconocer que ese Presidente estuvo a punto de obtener realmente su aprobación. Sólo quedaron excluidos en aquella oportunidad las Fuerzas Armadas y dos o tres servicios más que, por distintas razones, fue imposible incluir. Después de ese intento, se han venido produciendo nuevas diferencias de sueldos entre las diversas escalas, de tal manera que hoy los personales de muchos servicios, en lugar de atender al desempeño de sus funciones propias, se pasan el día comparando lo que ellos ganan con lo que perciben los funcionarios del servicio vecino, lo cual, naturalmente, trae desaliento entre los servidores públicos y el consiguiente resentimiento en el eficaz desempeño de sus cargos. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor LUENGO- Con todo gusto. El señor GUMUCIO.- Coincido plenamente con las observaciones de Su Señoría en orden a la necesidad y urgencia que existe de fijar una escala única de sueldos. A tal punto lo estimo así, que si el Honorable colega propusiera un acuerdo del Senado para requerir del Ejecutivo el pronto envío de un proyecto en tal sentido, lo acompañaría, como seguramente lo haría la unanimidad del Senado. El señor CHADWICK.- Está en la Cámara el proyecto de racionalización. El señor GUMUCIO.- Eso es otra cosa. El señor CHADWICK.- Es lo mismo. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor LUENGO.- Con todo gusto, siempre que sea con cargo a su tiempo. El señor LUENGO.- Con mucho agrado, tomaré esa iniciativa en el momento oportuno En este proyecto se establece, además, una disposición en virtud de la cual la diferencia proveniente del primer mes del aumento que se otorga a los funcionarios con motivo de este reajuste, debe ingresar a las cajas de previsión. Quiero hacer notar, al respecto, que tal precepto hará disminuir notablemente el beneficio que concede el artículo 1? del proyecto, pues los funcionarios no percibirán esa diferencia y, en consecuencia, es dinero que no podrán incorporar a sus remuneraciones y deberán descontar del reajuste de 25% o de 15%, en su caso. Por otra parte, es un hecho reconocido que estas leyes de reajuste tienden solamente a permitir a los funcionarios públicos recuperar el poder adquisitivo de sus sueldos y salarios. Por eso, desde 1959 se ha legislado en el sentido de no enterar el aumento del primer mes en las cajas de previsión, y sería ésta, por lo tanto, la primera oportunidad en que, por iniciativa del Gobierno, se cambiaría tal sistema. Cabe observar también que las cajas no han sufrido ningún desfinanciamiento por este concepto. Si alguna institución de previsión ha reclamado, sus reparos no se han referido a las disposiciones que permiten a los empleados beneficiarse con el aumento correspondiente al primer mes reajustado, sino por otras razones. Al respecto, quiero recordar que algunos institutos de previsión puntualizaron que el desfinanciamiento que les afecta se estaba produciendo por aquella disposición que permitía a los funcionarios recibir su desahucio mientras estaban en servicio, precepto que ha sido suprimido con ocasión de la ley que aclaró disposiciones de ¡a ley 16.250. Todavía más, tengo la absoluta seguridad de que la retención de este primer aumento a los funcionarios públicos no beneficiará a las cajas donde deben ellos imponer, ni éstas lo recibirán nunca, porque todos sabemos que en estos momentos existe una fuerte deuda de arrastre, que viene desde hace muchos años, del fisco para con los organismos de previsión. De manera que la disposición del proyecto que destina la diferencia del primer mes a esos institutos no significa otra cosa que ahorrar al fisco el primer mes de reajuste. Decía hace un momento que creo indispensable estudiar un mecanismo que permita otorgar automáticamente un reajuste de remuneraciones a los funcionarios, cada vez que se haya producido un aumento en el costo de la vida. Me parece difícil lograrlo; pero estimo, también, que nadie hasta ahora ha estudiado esta materia con el propósito decidido de buscarle solución. No soy el más indicado para hacerlo, pero, en todo caso, seguiré manteniendo esa preocupación y me asesoraré de las personas que considere más idóneas para intentar, o insinuar, por mi parte alguna solución al problema, a fin de que los funcionarios no tengan que esperar todos los años tres o cuatro meses la dictación de una ley de reajuste que deba aplicarse con efecto retroactivo. Deseo, también, hacer presente que desde hace mucho tiempo estábamos reclamando de parte del Ejecutivo el envío de una indicación que permitiera pagar por lo menos un anticipo a los funcionarios públicos, a cuenta de los reajustes. Sólo ahora el Gobierno está considerando esta petición, después de habérselo solicitado nosotros por oficio, a cuyo envío concurrió la totalidad de los miembros de las Comisiones unidas de Hacienda y de Gobierno del Senado. Espero que el Ejecutivo tenga la buena voluntad de hacer efectivo ese anticipo, y declaro que, en mi opinión, no es tan difícil otorgarlo en estos momentos, porque se dispone de gran parte del dinero necesario para financiarlo, o se están recibiendo los recursos. Como saben los Honorables Senadores por el texto del informe, del cual han debido imponerse, hay ya 353,5 millones de escudos consignados en el presupuesto de 1966 para financiar el reajuste; además, 35 millones de escudos que ingresarán en arcas fiscales con igual objeto, provenientes del reajuste del impuesto a la renta que ya fue también aprobado por el Congreso Nacional, y, por último, otros 15 millones por concepto de aumento en las patentes de los vehículos, en aplicación. En consecuencia, de los cuatrocientos y tantos millones de escudos que cuesta este proyecto de reajuste para el sector público, sólo falta por financiar 52 millones. Según el señor Ministro de Hacienda, ellos serán cubiertos con 33 millones que producirán las modificaciones a la ley de timbres, estampillas y papel sellado, en cuanto aumentan los impuestos a las letras de cambio, créditos bancarios y cheques, y 19 millones que ingresarán con motivo de la modificación del arancel aduanero. Pero no es esto todo. El señor Ministro sostuvo, en las Comisiones unidas, que el financiamiento establecido en el proyecto con cargo a modificaciones a la ley de timbres, estampillas y papel sellado y al arancel aduanero, está calculado a partir del 1° de abril de este año; de manera que hasta este momento el Ejecutivo no ha perdido un solo escudo de ingreso por estos conceptos. El señor GUMUCIO.- No hay inconveniente. Seré muy breve. Quiero solamente hacer presente que en las Comisiones unidas concurrí con mi voto al acuerdo para que se estudiara la posibilidad de pagar un anticipo del reajuste. El señor Senador ha manifestado que en la ley de presupuestos se reservaron trescientos y tantos millones para financiar este reajuste, pero la verdad es que ello no significa que estos fondos estén integrados en arcas fiscales. La ley de presupuestos es un cálculo de las entradas y gastos que se producirán a lo largo del año. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor LUENGO.- Con la venia de la Mesa, señor Senador, y siempre que no sea con cargo al tiempo del Comité a que pertenezco. El señor LUENGO.- No he dicho eso, Honorable colega. He manifestado que la ley de Presupuestos para este año consigna 353,5 millones de escudos a fin de atender a estos reajustes; pero es evidente que si no ha terminado el año, no han podido ingresar estos 353,5 millones de escudos. Los ingresos correspondientes empezaron a producirse desde el 1° de enero, y como los reajustes se pagan mensualmente, es de suponer que lo ingresado hasta comienzos de marzo permitirá, por lo menos, pagar los correspondientes a enero y febrero, y a fines de marzo habrá ingresos suficientes para cancelar los de este mes. Eso es lo que he sostenido. Por tales razones, espero que el Ejecutivo tenga la sensibilidad suficiente para enviar un proyecto de ley separado, y muy breve, que permita conceder este anticipo. Sabe el Ejecutivo que esa iniciativa contaría, desde luego, con el asentimiento de todos los sectores del Congreso Nacional, pues, como se ha recordado, el oficio en que se pidió el envío de ese proyecto de ley fue solicitado por la unanimidad de las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, en las cuales están representados todos los sectores del Senado. Quiero hacer presente que entre las materias ajenas al reajuste incluidas por el Ejecutivo en el proyecto en debate, figuraba una disposición signada como artículo 59, Este precepto autoriza al Ejecutivo para hacer uso, por determinado plazo, de un sistema destinado a decretar la reanudación de faenas en aquellas empresas en las cuales se produzcan conflictos. Los Senadores de Izquierda, acompañados por otros sectores del Senado, rechazamos este artículo en las Comisiones unidas. Esperamos que el Congreso Nacional, en definitiva, acepte el criterio de las Comisiones, porque estimamos inaceptable una disposición de esta naturaleza, que atenta precisamente contra el derecho de huelga y que incluso pretende limitar el derecho de los trabajadores a solicitar determinados aumentos de remuneraciones. Me explico: de conformidad con la legislación vigente, en particular los artículos 626 del Código del Trabajo y 38 de la ley 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado, el Ejecutivo puede decretar la reanudación de faenas en determinadas industrias. No obstante su legalidad, ese procedimiento está bastante desprestigiado, porque cada vez que éste o anteriores Gobiernos han pretendido usar estas facultades, la unidad de los trabajadores y la justicia de sus peticiones han logrado romper la reanudación de faenas decretada con arreglo a esos preceptos. Sin embargo, el Ejecutivo, al parecer, considera insuficientes las facultades que le otorgan los dos preceptos mencionados, pues pretendió ampliarlas mediante el artículo 59 a que me estoy refiriendo. El artículo 626 del Código del Trabajo faculta para decretar la reanudación de faenas en casos de huelgas o cierre de fábricas, en empresas o servicios cuya paralización pusiera en peligro inmediato la salud o la vida económico-social de la población. Esas dos son las únicas causales que podrían invocarse para ordenar la reanudación de faenas, de acuerdo con el Código del Trabajo. Por su parte, la ley de Seguridad Interior del Estado establece que la reanudación de faenas puede decretarse "en caso de paralización de industrias vitales para la economía nacional o de empresas de transportes, productoras o elaboradoras de artículos o mercaderías esenciales para la defensa nacional o para el abastecimiento de la población o que atienden servicios públicos o de utilidad pública". Ambas disposiciones, en cierto modo, circunscriben la facultad del Ejecutivo para decretar la reanudación de faenas sólo respecto de determinadas industrias. No obstante, el artículo 59 aprobado por la Cámara de Diputados permite recurrir a ese procedimiento cuando se ha producido "la paralización de faenas en empresas de transporte, productoras, elaboradoras o distribuidoras de bienes o servicios esenciales para la Defensa Nacional o para el abastecimiento de la población o que atiendan servicios públicos u otros de importancia principal para la economía nacional". Es decir, en virtud del artículo 59, no habría empresa, industria u otra actividad en la cual el Ejecutivo no pudiera decretar la reanudación de faenas. El proyecto no fija las condiciones en que debe reanudarse el trabajo. Y sobre el particular deseo refutar lo manifestado en sesión de ayer por mi Honorable colega el señor Gumucio. Sostuvo que lo preceptuado sobre esta materia por el Código del Trabajo es más perjudicial para los trabajadores que lo dispuesto por el artículo 59 del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, porque aquel cuerpo legal -según mi Honorable colega- ordena la vuelta al trabajo en las mismas condiciones existentes con anterioridad al conflicto. Ello no es exacto, pues el artículo 626 expresa que, en los casos en que se decrete la reanudación de faenas, "la contratación del personal necesario no podrá hacerse en condiciones inferiores a las fijadas por el informe de la junta permanente de conciliación". O sea, no podrá efectuarse la contratación en las condiciones vigentes con anterioridad al conflicto, ni menos en condiciones inferiores a las que existían en esa época. Insisto en que las condiciones no podrán ser inferiores a aquellas que haya propuesto la junta de conciliación, organismo que, como sabemos, está formado por obreros y empleados, y es presidido por un funcionario de la Dirección del Trabajo. Compete a esta junta proponer determinadas condiciones, que, por supuesto, deberán ser mejores que las imperantes antes del conflicto. El señor GUMUCIO.- Sería dentro de los trece minutos que, según entiendo, restan al Comité de mi partido. Quiero hacer presente que Su Señoría interpretó mal mis palabras. Al decir yo que, una vez decretada la reanudación de faenas, los obreros no podían volver al trabajo en las condiciones anteriores al conflicto, me refería a que si esos obreros mantenían la huelga, era porque no habían aceptado el informe de la junta de conciliación y, por lo tanto, no podrían volver al trabajo en mejores condiciones que las propuestas por dicha junta. El señor LUENGO.- Posiblemente las palabras traicionaron a Su Señoría. Debo recordarle que solicité la parte final de su intervención y pude comprobar que lo dicho por el señor Senador es que, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo, las faenas se reanudan en las condiciones anteriores al conflicto, lo que no es así. Además, la ley de Seguridad Interior del Estado dispone que en tales casos, "el personal de obreros y empleados volverá al trabajo en las condiciones que determine el informe de la Junta Permanente de Conciliación, que no podrán ser inferiores a las que regían al tiempo de plantearse el conflicto". De manera que la eventual aprobación del artículo 59 del proyecto de la Cámara de Diputados podría significar un franco retroceso pan los trabajadores que se encuentran en conflicto, con relación a lo que actualmente disponen el Código del Trabajo y la ley de Seguridad Interior del Estado. Por otra parte, el artículo mencionado dice que habrá un tribunal integrado por dos representantes de la empresa, dos de los trabajadores y uno del Ministerio del Trabajo. Sin duda, este tribunal no ofrece garantía alguna a los trabajadores. Sabemos lo que han sido los tribunales arbitrales en los conflictos laborales. Precisamente por esa experiencia, los trabajadores han sido permanentemente contrarios al sistema de arbitraje. Y, en este caso, la situación será mucho más inconveniente para ellos, porque el tribunal mencionado se atendrá a la política de remuneraciones del Ejecutivo. Desde luego, el Gobierno ha declarado que no deben otorgarse reajustes superiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Ello, por cierto, será acogido con mucho agrado por los patrones, empresarios o empleadores miembros de este nuevo tribunal, y, con mayor razón, lo acogerá el representante del Ministerio del Trabajo. Mediante ese tribunal, ningún grupo de trabajadores tendrá la posibilidad de obtener aumentos de remuneraciones superiores al alza del costo de la vida, calculado según el índice de precios al consumidor, índice que ya todos hemos criticado y discutido. Es efectivo que la disposición en referencia permite suponer que en determinados casos podrán concederse aumentos de salarios superiores al alza del costo de la vida, pero eso es pura música, pues se exige al mencionado tribunal que fundamente con precisión las razones que justificarían conceder tal aumento en el caso particular de que se trate. Aparte esta exigencia, prácticamente se obliga a pagar los aumentos superiores al ciento por ciento del alza del costo de la vida en cuotas de ahorro, en bonos de vivienda económica o en otras formas que señale el tribunal. De tal manera que cualquier mejoramiento sobre ese nivel, con intervención del tribunal mencionado, será del todo ilusorio. Dispone también el artículo que el tribunal podrá requerir la asesoría de cualquier servicio de la Administración Pública, semifiscal o de administración autónoma. Pero la verdad es que el tribunal no tendrá imperio para hacer valer sus requerimientos en tal sentido, pues la disposición no obliga a las reparticiones públicas mencionadas a proporcionar esa asesoría. Todo, pues, indica que el artículo 59 es perjudicial para los trabajadores y que, en consecuencia, conviene mantener el criterio de las Comisiones unidas en el sentido de rechazarlo. Por último, quiero decir breves palabras acerca del Título IV, relativo a los precios. Estimo buena política la de legislar en un mismo proyecto sobre aumento de remuneraciones y sobre precios, pues ambos aspectos tienen una relación evidente. Por otra parte, conviene aplicar respecto de los precios de los artículos esenciales o de uso o consumo habitual un criterio semejante al que el Ejecutivo desea aplicar en materia de sueldos y salarios. Esta es una intención positiva del Gobierno. Con todo, debo manifestar que las disposiciones del Título IV no son enteramente satisfactorias. En efecto, ellas permiten un margen de oscilación en la fijación de precios que no se compadece con la rigidez con que el Ejecutivo pretende legislar sobre aumentos de sueldos y salarios. Por eso, los Senadores de las bancas de Izquierda propusimos una enmienda al primero de estos artículos, en el cual se fijan normas acerca de los precios de los artículos de primera necesidad. Y dijimos que éstos no podrán tener un aumento superior a 13% de los precios que regían en 1965 y, en ningún caso, a 25% de los vigentes en 1964. Creemos que si el Ejecutivo tiene el propósito, como lo ha manifestado, de terminar con la inflación y lograr en forma definitiva la estabilización, debe estar agradecido de estas bancas por haberle puesto un marco no muy rígido, dentro del cual deberá actuar en materia de fijación de precios. También, por indicación de los Senadores de Izquierda, en este título se agregaron numerosas otras disposiciones que, a nuestro juicio, permitirán mejor control de los precios y establecer sanciones para los productores, distribuidores o empresas que los violen. Sin lugar a dudas, ello constituye una ayuda positiva para lograr la estabilización que, según ha expresado muchas veces el Ejecutivo, pretende obtener durante su Administración. Naturalmente, la discusión general del proyecto no permite abordar todas las materias que nos merecen alguna consideración, en especial porque en esta iniciativa, como hice ya notar, el Ejecutivo ha incluido una serie de disposiciones relativas a materias no relacionadas directamente con los reajustes de sueldos y salarios. Por tal motivo, me reservo el derecho de hacer valer, durante la discusión particular, nuestros puntos de vista referentes a aquellos preceptos que ahora no he tenido oportunidad de tocar. No obstante la crítica general que me merece la iniciativa en debate, debo anunciar mi voto favorable a la idea de legislar sobre reajuste de sueldos y salarios, pues todos sabemos que los trabajadores lo necesitan en forma imperiosa. Lo haré, sin perjuicio de que durante la discusión particular propongamos otras disposiciones tendientes a mejorar el proyecto. Votaré, pues, favorablemente la idea de legislar. El señor REYES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Miranda. El señor CHADWICK.- ¿Me permite, señor Senador? Deseo solicitar del señor Presidente que recabe el asentimiento de la Sala para insertar los documentos de que hice mención en mi discurso pronunciado durante la sesión de ayer, a fin de que sean conocidos por la opinión pública. -Se accede a lo solicitado. -Los documentos que se acuerda insertar son los siguientes: "Información de hechos ocurridos en Potrerrillos, en la noche del viernes 4 al sábado 5 de marzo de 1966. En la casa de José Armando Alanis Salcedo, Dublé 66, casa 4, obrero de la fundición, con ocho años de trabajo, mujer y cinco hijos, sucedió lo siguiente: A las 2 y un cuarto de la madrugada, más o menos, estando durmiendo todos los habitantes de la casa, fueron despertados por los golpes que con gran violencia se daban en la puerta, hasta el extremo de que parecía que la iban a botar. Se levantó en ropa de dormir el dueño de casa y sin abrir la puerta, para saber la causa de esos golpes, preguntó quién era, y se le contestó que era Giglio Trabucco, segundo jefe de oficina de empleos y leyes sociales. Al abrir la puerta el dueño de casa, irrumpieron junto con Trabucco ocho funcionarios de carabineros y del ejército, más dos civiles. Rodearon al dueño de casa, y le exigieron que firmara un papel que llevaba Trabucco, que según éste era el "azul". El dueño de casa se negó a firmar y por esta causa fue arrancado de su domicilio y trasladado a Pueblo Hundido, después de amenazarlo con llevarlo tal como estaba durmiendo, si no se vestía. La esposa del obrero detenido fue objeto de malos tratamientos de palabras y de burlas. Un teniente de carabineros, alto, delgado, de lentes obscuros, fue el que dio la orden de llevarse detenido a Alanis. No ha tenido más noticias de su marido. (Fdo.) : Fresia de Alamos. A la casa de Dublé 102, casa 5, a las 2 y media de la misma madrugada, el señor Trabucco golpeó a la casa de Hugo Thompson Adasme. Cuando éste le abrió, al oírle que venía a notificarle una orden de la Compañía, entraron a la casa Trabucco, cuatro detectives y cuatro carabineros, y el mencionado Trabucco dijo al dueño de casa que tenía que firmar el "azul". Thompson le contestó que no podía firmar. Entonces un detective nuevo, chico, moreno, que come en el Hotel Chileno, de bigotes, mostró un laque, que le puso en a espalda, y le dijo: "Ya, "te vestís al tiro y vamos andando". Thompson le respondió que se iba con su hija de siete años, a lo que el mismo funcionario de Investigaciones se opuso, afirmando que la niña quedaba ahí no más, botada. El señor Trabucco le dijo que si firmaba se quedaba con su niña, lo que Thompson hizo. Cuando discutía Thompson por el abuso que se iba a cometer, un Sargento de Carabineros que formaba parte del grupo, dijo que tenía orden del Gobierno y de la Compañía para sacar a todos los que no querían firmar. Al salir a cerrar la puerta de la calle, se dio cuenta que había sido rodeada su casa por más de veinte personas, algunas con uniforme. (Fdo.) : Hugo Thompson A. En calle Chileno F-12, fueron diez minutos antes de las 2 de la madrugada, a golpear la casa. Se despertaron Alida Rodríguez y después su marido, Juan Villegas. Como insistían en golpear, preguntó quiénes eran y el señor Trabucco se dio a conocer. El marido se levantó y cuando estaba vistiéndose, le volvieron a golpear la puerta, con gran fuerza, despertando los cinco hijos. A la casa entraron Trabucco y un funcionario de carabineros, que no sabe si era sargento, y al lado afuera se quedaron cuatro detectives, mientras atrás de la casa había dos carabineros. Trabucco le dijo al marido que tenía que firmar el azul por abandono de trabajo y sin más apremio el marido firmó. Una vez que firmó, le dijeron que tenía que abandonar inmediatamente el mineral y acompañarlos a Pueblo Hundido. La esposa vio cuando lo subieron a una micro, donde estaban ya como tres detenidos más. En el interior de la micro, iban además cuatro carabineros, sin considerar a los cuatro detectives que estaban abajo cerca de la puerta de la casa, los dos carabineros que estaban atrás de la casa, y el sargento o carabinero que había entrado con Trabucco a la casa. Después la señora fue al cuartel a preguntar por su marido y allí el Teniente Giovanelli le dijo que nada sabía de lo que estaba pasando. Cuando se retiraba y al pasar cerca de la casa de Hugo Thompson vio que los carabineros se bajaban corriendo de la micro donde llevaban a su marido y de la station wagons de Trabuceo, los carabineros para rodear la casa de Thompson. Se acercó para hablar con su marido, pero un carabinero con un revólver hizo que su marido se subiera a la micro, de donde se había bajado a ver a su mujer. (Fdo.) : Alida de Villegas. En Dublé 87-2, poco antes de las tres de la madrugada, el señor Trabucco, cinco carabineros y un oficial de lentes obscuros, alto, más o menos de edad, y un militar, chico, gordo, también de lentes obscuros, golpearon la puerta y como no se les abriera, golpearon la ventana, muy fuerte, y cuando preguntó el dueño de casa, Raúl Donoso, el señor Trabucco contestó que era de parte de el Bienestar. Raúl Donoso fue a vestirse y les abrió la puerta, entrando todas las personas mencionadas. Trabucco exigió a Donoso que firmara el "azul" y al negarse el requerido, los uniformados se introdujeron a las otras dependencias de la casa y después se llevaron detenido a Donoso. (Fdo.) : María Ortiz. En camarote 74, pieza 14, a las 2 de la mañana, llegaron golpeando la puerta y por último se introdujeron hasta la puerta de la pieza interior, en la cual dormían a esa hora, Waldo Rojas Silva y su hermano Raúl Rojas Silva, y haciendo fuerza que hacía temer que derribaran la puerta interior, obligaron a abrirla. Trabucco dándose a conocer exigió que se abriera la puerta y Waldo Rojas contestó que iría a la mañana siguiente a hablar con él, a la oficina. Trabucco le dijo que era cosa de un minuto y que era urgente lo que tenía que comunicarle. Entonces, Waldo Rojas se levantó a abrirle la puerta y en ese momento entraron cuatro carabineros, con el señor Tra- buceo, quien exigió que firmara el "azul", a lo que se negó Waldo Rojas, porque no era justo que a esa hora se le viniera a exigir eso. Los carabineros dijeron que tenía que acompañarlos a la Comisaría, a lo que Waldo Rojas también se negó. Entrando más al interior de la pieza, lo rodearon y tuvo que salir a la fuerza. (Fdo.) : Raúl Rojas. En Dublé 97-2, a las tres un cuarto de la madrugada, todos estaban durmiendo, cuando empezaron a golpear con extraordinaria fuerza, y como la dueña de casa, Eliana Meza, preguntara, en vez de contestarle, golpearon más fuerte la puerta, y parecía que la iban a hacer tiras. Abrió y llegaron y pasaron para dentro, le dijeron donde estaba su marido. Eran tres carabineros, dos vestidos de civil y el señor Trabucco. Además ordenaron a otros carabineros que estaban afuera que fueran a golpear a la casa del vecino. Cuando no encontraron al marido, registraron la casa y como había dos jóvenes durmiendo, confundieron al dueño de casa con uno de ellos, pero los dos pudieron acreditar identidad. A la señora, en presencia de sus tres hijos, la sometieron a interrogatorio sobre el paradero de su marido. De ahí se fueron a golpear a la casa 6, donde había una fiesta. En la parte de atrás de la casa había dos carabineros". (Fdo.) : Eliana Meza. "Información sobre hechos ocurridos en El Salvador en la noche del viernes 4 al sábado 5 de marzo de 1966. A las 23.45 horas, del viernes 4, en circunstancias que dormía en su domicilio, calle Pilar del Barrio 1014, el obrero de la Cía. de la Sección Minería, Juan Gregorio Suárez Alamos, fue despertado por los violentos golpes que se daban en la puerta de su casa, abrió la ventana de su dormitorio y comprobó que dos personas de civil decían querer hablar con él. Se vistió y abrió la puerta, lo que aprovecharon los que habían estado golpeando la puerta para introducirse a la casa. Se dieron a conocer como funcionarios de Investigaciones, aunque no dieron sus nombres, no mostraron sus placas ni exhibieron orden ninguna. Agregaron que por orden superior debía acompañarlos al Bienestar. El obrero Suárez pidió la justificación de esa orden y la autoridad que la había dado. Contestaron que era orden verbal del Jefe de la Plaza. El obrero Suárez aceptó acompañarlos. Afuera había una camioneta, como a diez metros de la casa, y un cabo de Carabineros y otro funcionario uniformado. En el mismo vehículo ya traían detenido al empleado don Juan Araya, en la cabina al lado del Cabo de Carabineros. De ahí se fueron a la calle Kelly Nº 1107, y se bajaron los dos funcionarios que actuaron en su detención, quienes procedieron a golpear la puerta de la casa y no supo por quién preguntaron, porque la camioneta quedó retirada como a 20 metros. No encontraron a la persona que buscaban. Se fueron caminando hasta la casa subsiguiente y repitieron los mismos golpes y tampoco encontraron a la persona que buscaban. Siguieron a la calle Amunátegui y allí detuvieron a David Moyano, a quien hicieron entrar en la camioneta donde se me mantenía detenido. Nos llevaron a la Oficina de Bienestar de la Compañía, pero en realidad nos condujeron a la oficina Leyes Sociales. íbamos tres detenidos y cuatro aprehensores, de ellos dos uniformados y con las armas a la vista, mientras los dos civiles se comportaban como si fueran armados, aunque no se les veía las armas. Los detenidos fuimos entregados al jefe señor Marzall. En la puerta de entrada estaban apostados dos carabineros con carabinas. Los aprehensores se volvieron aparentemente para hacer nuevas detenciones. El señor Marzall se dirigió a los detenidos de uno por uno, dejando a los restantes en la antesala. A cada uno de ellos les dijo que el contrato estaba caducado y que tenía orden superior de hacer firmar el azul. El obrero Suárez se negó a firmar, lo mismo hicieron los otros dos detenidos. El señor Marzall les dijo: Por mi parte los tengo desocupados e hizo firmar el azul a cada uno por el Jefe que estaba a su lado, como testigo de la notificación. El testigo era una persona rubia, alta, de lentes que el obrero Suárez podría reconocer. Los tres obreros quedaron detenidos por los dos carabineros que estaban en la puerta, pues les dijeron: ustedes no pueden salir . Después fueron llegando los demás detenidos. El obrero Suárez cree que llegó Tomás Osorio, después Roberto Guanel, después Pedro Ordenes, en seguida el señor Miguel Castillo a quien acompañaba su señora esposa muy afligida y asustada, por último Bascur Díaz. Como a las dos de la madrugada, llegó el Teniente de Carabineros, alto, desconocido hasta entonces para el obrero Suárez y después de hablar con el señor Marzall, ordenó a los ocho detenidos que le acompañaran haciéndolos salir adelante de él. En esos momentos actuaba una fuerza de siete carabineros, más los dos que estaban en la puerta, el Primero Abarzúa y el Teniente. Abrieron calle para hacer pasar a los detenidos hasta la micro. Los que estaban a la subida de la micro portaban metralletas y los demás carabinas. Los detenidos ignoraban dónde se les llevaba. Pero al subir el teniente a la micro, les dijo: señores, ustedes han dejado de pertenecer a la Compañía, porque sus contratos están caducados; la orden superior es irlos a dejar a Pueblo Hundido. En seguida, ordenó al Primero que cumpliera su misión. El empleado Juan Araya y el obrero David Moyano preguntaron por la suerte de sus familias. El teniente contestó: No se les dé nada que nosotros llevaremos sus familias a Pueblo Hundido. Después de las tres de la mañana, los dejaron en la plaza de Pueblo Hundido". (Fdo.) : Juan Suárez. "Información sobre hechos ocurridos en Potrerillos en la noche del viernes cuatro al sábado cinco de marzo de 1966. En la calle Dublé 138, casa 2, vive Josué Monardes Yáñez. Es obrero de la Compañía desde hace dieciete [diecisiete] años. Casado, seis hijos, una hermana. Es militante demócratacristiano desde 1958. Su carnet de militante demócrata cristiano lleva Nº 42503. Le tocó gozar de sus vacaciones desde el 29 de enero de 1966. Estuvo en Vallenar hasta el 1° de marzo y debía entrar a trabajar el 2 de marzo, lo que no hizo porque estaban paralizadas las faenas. Un cuarto para las tres de la mañana, mientras dormía profundamente, fue despertado por violentos golpes que se daban en su puerta de calle. Sin atinar a explicarse lo que podía pasar, en ropa de dormir abrió ¡a puerta para ver quiénes eran. Lo primero que vio fue al señor Trabucco, quien luego de preguntar si ahí vivía el obrero Josué Monardes, se introdujo a la casa seguido de un oficial de Ejército y uno de Carabineros y tres Carabineros, más dos detectives. Trabucco me dijo que firmara el azul, que estaba cancelado. El obrero Monardes al principio se negó, pero se le dijo que daba igual no más, porque había dos testigos, que eran los detectives. Uno de estos detectives me obligó a firmar, diciéndome que "firmara no más". Yo no tuve libertad para hacer lo que quería. Tenía temor. Cuando firmé Trabucco me dijo que fuera a buscar el arreglo a la oficina, y en ese mismo instante el oficial de Ejército me dijo que me vistiera. Mientras lo hacía me vigilaba un Carabinero armado de carabina, quien no me dejó de vigilar ni siquiera cuando usé los servicios higiénicos. Mi mujer y mis niños se pusieron a llorar. Les pedí que no se alarmaran, pero el Carabinero no me dejaba hablarles con tranquilidad y se interponía a todo lo que yo pudiera decirle a la señora. Cuando me sacaron, me hicieron subir a una micro, donde había tres carabineros más, en total eran diez los carabineros, no contando al oficial. Digo este número porque fueron los que nos trajeron hasta Pueblo Hundido, donde nos dejaron como a las 8.20 de la mañana. Yo fui el último recogido, porque después de mi casa fueron donde Thompson, pero a éste lo dejaron allá. De allí nos llevaron a la Comisaría, sin bajarnos, y un oficial dio la orden de trasladarnos a Pueblo Hundido. En Salvador nos llevaron a la Tenencia, detenidos y después, un cuarto para las siete, nos hicieron subir a otra micro, en la que nos trajeron a Pueblo Hundido. No nos permitieron traer ropa, ni dinero. No me dieron ninguna explicación que no fuera la de que mi contrato estaba caducado. Me dijeron que dentro de ocho días me traerían la familia. Esto lo dijo el Teniente de carabineros, alto, moreno, de lentes oscuros, que no es de Potrerillos, por lo menos yo no lo había visto nunca. No sé cómo se llama. Ahora estamos sin saber qué nos va a pasar, especialmente qué podremos hacer para mantener la familia, ni cuándo va a llegar." (Fdo.) : José Monárdez. El señor CHADWICK.- ¿ Me permite una interrupción, señor Senador? El señor MIRANDA.- Con todo agrado. El señor MIRANDA.- Una vez más, el Congreso está dedicado al estudio de un proyecto que reajusta los sueldos y salarios de los sectores público y privado. Y este proyecto, igual que los que hemos conocido en los últimos doce años, incurre en los mismos defectos tantas veces criticados. En efecto, contiene disposiciones de lo más variado, que reglan no solamente los reajustes de remuneraciones, sino también otras cuestiones muy diversas que, por cierto, como aquí se ha sostenido, nada tienen de común con el propósito fundamental que anima el proyecto. No vamos a detenernos a repetir las objecciones formuladas anteriormente, pues todos los señores Senadores las conocen. Deseamos sí señalar que al lado de aquellas disposiciones que fijan una política de salarios y sueldos propiamente tal, se encuentran otras que dicen relación a modificaciones de la ley 11.828, que estableció un nuevo trato a la industria del cobre de la gran minería, o que, en dos artículos, pretenden modificar el actual arancel aduanero, y a la organización de la Empresa Portuaria de Chile. Hay incorporadas, además, disposiciones que se refieren a estatutos de diversos sectores de empleados o a previsión, que naturalmente tienen atinencia con una legislación de remuneraciones y que, por lo tanto, deben merecer un estudio más detenido. Antes de analizar el sentido general del proyecto, deseo referirme a la crítica ligera que algunos personeros de Gobierno y sus órganos de prensa han hecho al Senado, en el sentido de que habría demorado innecesaria e injustificadamente el despacho de la iniciativa en debate, con lo cual habría ocasionado grave daño a los intereses de los asalariados del país a quienes este proyecto pretende beneficiar. Ellos agregan -y algún señor Senador adhirió a esta imputación- que habríamos procedido con criterio político de obstrucción, con el sólo propósito de dilatar su despacho, perjudicando gravemente a los trabajadores. Nada más ajeno a los hechos y a la conducta de los Senadores que formaron en la Oposición. Desde el momento mismo que las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda estuvieron en condiciones de empezar a conocer el proyecto, es decir, cuando estuvo impreso el boletín con las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados, su Presidente nos citó a las sesiones que fueron necesarias para despacharlo con la rapidez que las circunstancias aconsejaban. Pero, señor Presidente, conscientes de la necesidad apremiante de los sectores de trabajadores, y como un medio eficaz de suplir una ley urgente que se hacía difícil despachar en menos tiempo que el empleado, en razón, como ya lo he expresado, de las diversas materias contenidas en ella, propuse, al terminar el debate general, oficiar al Gobierno para proponerle el envío de un proyecto breve y sencillo que otorgara un anticipo a los trabajadores, a cuenta de los reajustes de este año. Nuestra iniciativa encontró acogida en las Comisiones y, como se deja constancia en el informe, lo cual ya destacó en el día de ayer el Honorable señor Contreras Labarca, se acordó por unanimidad patrocinar dicho proyecto de pago de anticipo ante el Gobierno. Posteriormente, la ANEF recurrió al Ejecutivo en demanda de un anticipo como el que propusimos. En su oportunidad, el propio señor Ministro de Hacienda manifestó en el seno de las Comisiones que estaba dispuesto a estudiar esta proposición, respecto de la cual no formuló objeciones. La verdad, sin embargo, es que se han perdido más de 15 días, en los que, naturalmente, se habría podido despachar un proyecto que otorgara un anticipo que nosotros propusimos. ¿Cuál es el espíritu que informa el proyecto y cuál es su origen? Considerando las disposiciones que establecen los reajustes del sector público, empleados y obreros de la Administración Pública, Poder Judial, institutos semifiscales, empresas y organismos autónomos y municipalidades, debemos destacar en primer término que el proyecto es semejante a anteriores que se otorgaron discriminadamente. Aquéllos fueron rechazados y condenados por la Democracia Cristiana; hoy se proponen por su Gobierno. Se reajustan, como se sabe, en 25%, a contar del 1° de enero de 1966, las remuneraciones imponibles vigentes al 31 de diciembre de 1965, de este sector, siempre que no excedan de 8 sueldos vitales de 1965, escala A) del departamento de Santiago; y solamente se reajustan en 15% los sueldos y salarios de aquellos empleados y obreros de dicho sector que excedan de 3 sueldos vitales. Es decir, señor Presidente, se castiga a aquellos empleados y obreros que por su responsabilidad, su antigüedad en el servicio o por sus méritos funcionarios han alcanzado a grados que les signifiquen una modesta renta un poco superior a 3 sueldos vitales. Rechazamos esta discriminación con las mismas razones que han dado ya en esta sala otros colegas y que, oportunamente esgrimió la Democracia Cristiana. ¿Y por qué el reajuste es de sólo 25%? Porque el Gobierno pretende dar cumplimiento aparente a su promesa de dar reajustes del ciento por ciento del alza del costo de la vida. Según la Dirección General de Estadísticas, el índice del alza correspondiente al año pasado fue de 25,9%, con relación al año anterior. Pues bien, se ha dejado en claro por varios señores Senadores que basta restar el 8,33% correspondiente al primer mes de aumento, que conforme al proyecto del Ejecutivo debe ingresar a la respectiva caja de previsión, para concluir que ni siquiera se otorgará el 25% a los grupos cuyas rentas sean inferiores a tres sueldos vitales. Esta incidencia corresponde al 2,16%. Según las propias palabras del señor Ministro de Hacienda, el reajuste medio de la Administración Pública propuesto es del orden del 22%, y, según el proyecto del Ejecutivo, para la totalidad de los asalariados, tanto públicos como privados, el reajuste alcanza a 21,8%. Se sostiene por los personeros del Gobierno que el proyecto consulta un reajuste del ciento por ciento del alza del costo de la vida, pero en la forma discriminada que ya hemos dicho. Ya vimos que esto no es efectivo respecto de un sector importante y que ni siquiera lo es del grupo mayoritario, pues sólo el descuento del primer mes lo reduce, como ya se ha dicho, en un porcentaje importante. Acabamos de subrayar los promedios entregados por el propio señor Ministro de Hacienda en las Comisiones unidas. Es interesante recordar que la ley de reajustes del año pasado, la Nº 16.250, otorgó un reajuste de 38,4%, es decir, el ciento por ciento del alza del costo de vida, según el índice de precios al consumidor, pero sin discriminaciones de ninguna especie. Para todos por igual se pagó este reajuste, que consideraba ese porcentaje de alza según el índice señalado. Detengámanos ahora a señalar muy brevemente, concordado con otros señores Senadores, que el pretendido ciento por ciento del alza del costo de la vida no corresponde a la realidad económica a que debe enfrentarse día a día el obrero y el empleado. Se ha sostenido por diversos sectores de la opinión pública, empezando, como es natural, por las organizaciones más importantes de los gremios de empleados y obreros, que el índice de alzas que sirve de medida en la aplicación de los reajustes no es real, fundado en el hecho de que el sistema mediante el cual se calcula, ha probado ser erróneo. No hemos sostenido que esté falsificado o se haya falseado por los funcionarios a quienes corresponde fijarlo. Es el sistema el que no corresponde a la realidad. Desde luego, como aquí se ha sostenido, en él se incluyen 125 productos, servicios o bienes. No se consideran otros que influyen poderosamente en el costo de la vida. Basta una simple lectura de algunos grupos de artículos o de bienes de este índice de precios al consumidor para darse cuenta de que no puede reflejar la realidad. Por ejemplo, en el rubro de verduras y frutas no se consideran los tomates, los choclos, los zapallos, las sandías, las uvas, las tunas. No se considera en el rubro de alimentos varios, por ejemplo, el grupo de las conservas, que, como sabe el Senado, en el último tiempo se ha desarrollado extraordinariamente. Algunos sectores, particularmente los que represento en esta Corporación, tienen un consumo extraordinario de conservas, en especial en las zonas mineras de la provincia de Atacama y, por cierto, de todo el país. Es útil recordar las palabras del Honorable señor Gumucio, que, a nuestro juicio, constituyen un reconocimiento de la insuficiencia del sistema aplicado. Ayer no más, admitía que efectivamente el método hasta ahora empleado ofrece inconvenientes y contiene imperfecciones. En economías en desarrollo, como la nuestra, no se puede aplicar índices sobre consumos que se desplazan con frecuencia y que, por lo tanto, hacen variar sensiblemente sus resultados. El señor CHADWICK.- En el mineral de El Tofo, está en desarrollo un conflicto colectivo, para cuyo efecto los obreros se han preocupado de hacer autentificar los precios que regían en ese centro minero el 5 de enero de 1965 y de relacionarlos con los vigentes en la misma fecha de este año. De la comparación de estas cifras oficiales, resulta que el alza del costo de la vida en El Tofo es de 60%, dato que no merece la menor duda, porque descansa en informaciones provenientes de la compañía, que mantiene la pulpería correspondiente para sus obreros. Ahí están, partida por partida, los distintos alimentos que ellos consumen. En consecuencia, si la ley en proyecto obligara a los asalariados de El Tofo a no exigir más de un 25% de reajuste de sus remuneraciones, reduciría su capacidad de adquisición de alimentos en la diferencia que va de 25% al 60% comprobado. Muchas gracias. El señor MIRANDA.- Las palabras del Honorable señor Chadwick confirman lo que he estado sosteniendo y, además, agregan un antecedente muy valioso, pues el índice de precios, en su forma actual, al basarse en los precios al consumidor, no refleja la realidad nacional, ya que hay zonas, como lo afirma el señor Senador respecto de algunas que conoce muy bien, donde se producen alzas muy superiores a las del resto del territorio. Por eso, aceptamos la proposición de crear una comisión del más alto nivel encargada de fijar, previos los análisis correspondientes, el verdadero índice de alza de los precios y del costo de la vida en general. Creemos que ella podría estar integrada, por ejemplo, por el propio Ministro de Economía, por el presidente de la Central Unica [Única] de Trabajadores o de la Confederación de Empleados Particulares, y por el presidente de la Confederación de la Industria y el Comercio. Por eso también, propusimos a las Comisiones, y ellas lo aceptaron, volver al sistema implantado por la ley 7.295, porque tenemos conciencia de que el sistema actualmente en uso ha fracasado. Nos parece natural el retorno al sistema anterior, en virtud del cual, por medio de encuestas que reflejaban la realidad económica del país, se fijaban anualmente los sueldos vitales. Por las mismas razones, propusimos en su oportunidad un reajuste de 40% para el sector privado, respecto del cual tenemos iniciativa parlamentaria. Podrá discutirse la cifra y sostenerse que la de 40 % constituye una apreciación exagerada del alza del costo de la vida; pero también podría argumentarse con igual fundamento que el 25,9% que arroja el índice de precios al consumidor adolece de la misma arbitrariedad y, por consiguiente, no es un valor que sirva para medir con propiedad el alza del costo de la vida. Se ha dicho, y con razón, que la principal arma a disposición del Gobierno para lograr una mayor participación de los asalarios en la renta nacional es una justa política de remuneraciones. Hasta ahora, hemos estado tratando de devolver a los asalarios la pérdida del poder de compra sufrida. De ninguna manera, aumentarla. Los reajustes de sueldos y salarios que se traducen en mayor poder adquisitivo no constituyen por sí mismos factor inflacionario. Esto ocurre solamente cuando la producción es insuficiente para absorberlos. Creemos que el esfuerzo del Gobierno debe dirigirse en un sentido creador que asegure la producción al máximo de la capacidad instalada de las empresas, de tal manera que aumente la cantidad de bienes en el mercado. Sostenemos que la participación de los asalariados en la renta nacional debe mejorarse en desmedro de los grupos no asalariados, a los cuales hasta ahora se les ha permitido capitalizar y aprovechar los aumentos de precios sin soportar su cuota de sacrificio en el combate antinflacionario en que se encuentra empeñado el Gobierno. Por estos motivos, impugnamos el reajuste de 25% discriminatorio propuesto por el Ejecutivo. Otro aspecto importante del proyecto está formado por las disposiciones tendientes a instaurar un control de precios más acabado que el que actualmente puede ejercer el Gobierno en virtud de sus atribuciones legales. Nosotros, desde nuestras bancas de la Oposición, hemos acompañado al Gobierno en este esfuerzo y mejorado ostensiblemente las normas propuestas. La iniciativa en debate contiene otras materias de interés, ya enunciadas y respecto de las cuales volveremos en la discusión particular. Sin embargo, por su trascendencia social, no podríamos dejar de referirnos, aunque sea brevemente, al propósito del Ejecutivo de limitar el derecho de huelga de los trabajadores. Mucho se ha hablado a este respecto durante el debate. A nuestro parecer, tal como está formalizada la proposición de ley del Gobierno, significa un retroceso en materia de legislación social. Aquí se ha dicho con claridad que la modificación de ley de Seguridad Interior del Estado y del propio Código del Trabajo que se propugna, amplía de tal manera el grupo de las empresas y actividades sujetas a limitación en cuanto al monto de los reajustes que pueden conceder, que no podemos aceptarla de ninguna manera; muchos menos si se tiene en cuenta que no acogemos la forma de calcular o aplicar el índice de alza del costo de la vida. Las normas del proyecto sobre el particular impedirían el libre ejercicio del derecho de huelga en aquellas empresas en que los asalariados trataran de conseguir un aumento superior al ciento por ciento al alza de dicho costo. Se propone aplicar el mismo sistema restrictivo a las empresas distribuidoras o productoras de bienes y servicios y, en general, a las empresas de importancia principal para la economía del país, en forma tan amplia, que prácticamente abarcaría toda la actividad nacional. Los radicales, fieles a nuestros principios, nos oponemos en forma absoluta a la limitación del derecho a huelga. Del mismo modo, me referiré someramente al problema creado a los sectores pasivos del país a causa del desfinanciamiento del fondo de revalorización de pensiones. Nos esforzamos en las Comisiones unidas por financiar debidamente dicho fondo, al menos para evitar un mayor deterioro de las pensiones, pues de no considerarse un financiamiento superior a los 30 millones de escudos, ni siquiera podrá mantenerse para este año, como aquí se ha sostenido, el nivel actual de las pensiones. Señor Presidente, la conclusión de las palabras con que he analizado el proyecto de reajuste no puede dejar de tener estrecha relación con aquellas que dije al comienzo y que he tratado de probar: sean cuales fueren los argumentos que se hagan, la verdad es que la práctica de la política del Gobierno, traducida en sus proyectos de ley, no corresponde a las medidas que ofreció y propuso cuando pidió al electorado su respaldo para llegar a serlo. Comprendo fácilmente las terribles dificultades que debe afrontar el señor Ministro de Hacienda para equilibrar el presupuesto público y para presentar, frente a los organismos internacionales que dispensan la ayuda que Chile utiliza con tanta amplitud, un rostro del país en que la principal acción sea la lucha antinflacionaria a cualquier precio y a cualquier costo. Pero eso es un error. Un error que ayer cometimos nosotros y que hoy está cometiendo el Gobierno de la Democracia Cristiana. Una vez más, el peso de la lucha antinflacionaria se está haciendo recaer sobre los hombros de las grandes masas que viven de un sueldo o un salario. Nadie ignora que, comenzando por el Fondo Monetario y siguiendo, sin excepción, por todos los organismos de crédito internacional, su política, su orientación, su criterio, los hombres que los dirigen, expresan de una manera ortodoxa y genuina los tradicionales principios de la economía capitalista. Parecía que, al usar la Democracia Cristiana la palabra "revolución", aunque le agregara "en libertad", esa revolución iba a significar un rompimiento de tales amarras. No ha sido así. La cara que ha logrado mostrar el Gobierno le ha valido una generosidad inusitada y hasta ahora desconocida en el crédito internacional. Acaba de recibir del Fondo Monetario Internacional un crédito "stand by" por 40 millones de dólares para ser girado este año, pese a que Chile ya debe a ese organismo 130 millones de dólares. Sin embargo, el resultado de esta generosidad del crédito externo no se refleja ni traduce con la intensidad debida en el mejoramiento "revolucionario" del nivel de vida de las clases trabajadoras. La renta nacional -la actual, la de hoy; no la que puede alcanzarse cuando todos esos créditos, si son bien invertidos, comiencen a producir- no ha sido redistribuida favoreciendo a los que tienen menos y restando a los que tienen demasiado. Porque no hay que temer a las palabras. Debe decirse con franqueza y claridad que sólo existe un camino para dar más participación en la renta nacional a los grupos asalariados, y ese único camino es disminuir la participación que ahora tienen los grupos no asalariados. Todo lo que se diga en sentido contrario es falso. No es serio ni honrado que el Gobierno o sus defensores utilicen el argumento de que "ustedes también lo hicieron", pues precisamente nosotros estamos sentados aquí, en la Oposición, y ellos en el Gobierno, por esa razón. Por cierto, en un país con represión de movimiento sindical; con una práctica congelación de sueldos y salarios; con tolerancia para los beneficios de las grandes empresas, que, lógicamente, dejan mayor margen para capitalización, resulta mucho más fácil mostrar ante los grandes círculos financieros internacionales una nación que los llene de satisfacción y seguridad, y a donde tal vez el capital internacional querrá afluir alegremente. Pero, ¿cuál será la condición del pueblo de Chile? ¿Serán más felices nuestras grandes masas populares en un país así, de lo que lo son hoy día en el nuestro? Es preciso advertir que ese "slogan" de la Democracia Cristiana -que, en realidad, comparte la inmensa mayoría del pueblo de Chile-, "revolución en libertad", sólo puede cumplirse cuando se sirve real y verdaderamente a las grandes masas, porque sólo ellas son capaces de hacer la revolución y porque ésta sólo puede ser en libertad cuando es aceptada por la mayoría, ya que está a su servicio. El proyecto que discutimos y las ideas del Gobierno sobre él, no son "revolución", y por ello, como los hechos lo han demostrado, no ha podido tampoco hacerse "en libertad". Porque lo único verdaderamente revolucionario fue lo que hicieron los Gobiernos radicales, aquellos en que el Partido Radical tenía desde el poder supremo la responsabilidad plena: aumentar sueldos y salarios más allá del ciento por ciento del alza del costo de la vida, porque ello sí significa redistribuir la renta nacional en beneficio de los asalariados y en perjuicio de los no asalariados. Por estas razones, y en virtud de no poder restar nuestros votos a este proyecto de ley, porque de alguna manera tiende a mejorar en parte la situación actual de los trabajadores del país, votaremos afirmativamente. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Si le parece a la Sala, se levantará esta sesión. Hago presente que a las 16 habrá una nueva, aun cuando la iniciativa en debate debe votarse, por acuerdo de los Comités, a las 19. Respecto de los señores Senadores ausentes, sé que por lo menos el Honorable señor Curti desea intervenir. En cuanto al señor Ministro de Economía, que está presente, podría hacer uso de la palabra de inmediato, si así lo desea. El señor Ministro de Hacienda excusó su inasistencia a la presente sesión, pues debía asistir a una reunión con la directiva de la ANEF, con el objeto de tratar sobre esta misma materia. "
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