REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA
Sesión 97ª, en jueves 14 de abril de 1966.
Especial.
(De 16.14 a 0.56).

PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOMAS REYES VICUÑA Y 
DEL VICEPRESIDENTE DON JOSE GARCIA GONZALEZ.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO

INDICE

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESION
III.- LECTURA DE LA CUENTA

IV.- ORDEN DEL DIA:

Proyecto de reforma del artículo 10, 10, de la Constitución Política del Estado. Informe complementario. (Se aprueba) 6177

Anexos

DOCUMENTO:

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de diversos aspectos relacionados con el procedimiento para el despacho de los proyectos de reforma constitucional 6259

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.- ASISTENCIA. 

Asistieron los señores:

Aguirre D., Humberto;
Ahumada, Kermes;
Altamirano O., Carlos;
Allende, Salvador;
Ampuero, Raúl;
Aylwin, Patricio;
Barros, Jaime;
Bossay, Luis;
Bulnes S., Francisco;
Campusano, Julieta;
Contreras, Carlos;
Contreras, Víctor;
Corbalán, Salomón;
Curti, Enrique;
Chadwick, Tomás;
Durán, Julio;
Enríquez, Humberto;
Ferrando, Ricardo;
Foncea, José;
Fuentealba, Renán;
García, José;
Gómez, Jonás;
González M., Exequiel;
Gormaz, Raúl;
Gumucio, R. Agustín;
Ibáñez, Pedro;
Jaramillo, Armando;
Juliet, Raúl;
Luengo, L. Femando;
Maurás, Juan L.;
Miranda, Hugo;
Musalem, José;
Noemi, Alejandro;
Pablo, Tomás;
Palma, Ignacio;
Prado, Benjamín;
Reyes, Tomás;
Rodríguez, Aniceto;
Sepúlveda, Sergio;
Teitelboim, Volodia y;
Von Mühlenbrock, Julio;

Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda y de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Federico Walker Letelier.


II.- APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor GARCIA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.


III.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor GARCIA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios.

Tres del señor Ministro de Obras Públicas y del señor Rector de la Universidad de Chile, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (1) y Ahumada (2):
1) Pavimentación en poblaciones de Chillán.
2) Problemas de la pequeña minería de O'Higgins y Colchagua.
Creación de Colegio Regional en Rancagua.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informe.

Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta de la Sala acerca de diversos aspectos relacionados con el procedimiento para el despacho de los proyectos de reforma constitucional.
-Queda para tabla.

Permiso Constitucional.

El Honorable Senador señor Rafael Tarud solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días.
-Por acuerdo de la Sala, se concede.


IV.- ORDEN DEL DIA.

REFORMA DEL ARTICULO 10, Nº 10, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde seguir tratando los incisos tercero y cuarto del proyecto de reforma constitucional, propuestos en el informe complementario evacuado por la Comisión de Legislación.- El proyecto figura en los Anexos de la sesión 45ª, en 15 de diciembre de 1965, documento N° 10, página 2271, y los informes, en los de la sesión 83ª, en 22 de marzo de 1966, documento N° 2, pág. 4843 y en los de la sesión 96ª, en 14 de abril de 1966, documento 1, página 6168.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor DURAN.- Señor Presidente, en nombre del Partido Radical, deseo fundar las indicaciones que dieron base a los incisos tercero, cuarto, quinto y parte del sexto, y al artículo transitorio, sobre los cuales debe pronunciarse el Senado en estos momentos.
Los preceptos aludidos versan sobre tres materias. Uno reserva para el Estado el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de toda clase de minas, covaderas y depósitos de carbón e hidrocarburos. Se exceptúan las arcillas, rocas, arenas y demás materiales aplicables directamente a la construcción, que se encuentren en terrenos de propiedad privada, los que pertenecerán al dueño del suelo.. El inciso cuarto determina que las sustancias se podrán entregar en concesión, con la única salvedad de los hidrocarburos. Aquí hubo discrepancia de opiniones, pero mayoría para mantener lo que ha existido hasta hoy como consecuencia de disposiciones legales. A ello, sin embargo, se le ha querido dar respaldo constitucional, para hacer más fuerte el anhelo del constituyente, de que estas riquezas naturales sean explotadas directamente por el Estado. En cuanto a las concesiones después da un debate acerca de su naturaleza jurídica, en especial acerca de si ellas dan nacimiento a derechos personales y también a derechos reales, como acontece hoy con el Código de Minería, se analizó en forma muy amplia un planteamiento de fondo relativo a la nacionalidad de las personas naturales o jurídicas a las que se pueden otorgar estas concesiones.
Deseo hacerme cargo de exponer el fundamento que ha tenido el Partido Radical para formular esta indicación, por medio de sus Senadores, y para ordenarles, como lo ha hecho su directiva, votarla favorablemente. Además, considero indispensable aclarar algunos conceptos que, tanto en la Sala como en la Comisión, han emitido el señor Ministro de Justicia y, principalmente, el de Minería.
Por estimarlo de mucho interés, anoté una expresión del señor Ministro de Minería: "incentivar". La palabra "incentivar", dentro de los lenguajes nuevos, representa, para el señor Ministro, la inquietud del Gobierno por obtener mayores inversiones en actividades mineras, a fin de acelerar el desarrollo económico y, como consecuencia de ello, elevar el nivel de vida del pueblo. Sostuvo el señor Ministro que restan empuje a este sistema de "incentivación" el precepto que acabo de mencionar y el inciso que, en definitiva, pasó a ser artículo transitorio, que concierne fundamentalmente a los plazos para la nacionalización.
Quiero precisar algunos juicios por considerar que nada es hoy más importante que señalar, respecto del artículo 10, Nº 10, los puntos de vista que las colectividades políticas sostienen y defienden con relación a lo que constituye la base medular de sus doctrinas.
Basados en la Constitución, hemos afirmado que la ley debe ser aplicada por parejo a todos los habitantes de la República y que todos éstos son iguales ante los textos legislativos. Hemos sostenido, asimismo, que tenemos clara conciencia del despertar del mundo a horas nuevas, en las que viejos imperios, atomizados por las presiones populares, emergen como naciones independientes. En este proceso, los imperios coloniales han entregado al manejo autónomo de esos países no sólo la vida política de estos nuevos Estados, sino algo más fundamental: la posibilidad de su desarrollo económico. En América Latina se plantearon, con el lenguaje empleado por el ex Presidente Kennedy, fórmulas llenas de esperanzas: las que nacen del llamado Pacto de la Alianza para el Progreso. Estas fórmulas, en definitiva, pretenden, canalizando las inquietudes nuevas y partiendo de estos anhelos populares, buscar caminos más justos y anchurosos para las mayorías nacionales.
En función de las dos tesis que vengo sosteniendo, nos ha parecido que, en la línea de las realizaciones concretas, lo más lógico y justo, frente a este desarrollo y a este despertar, es que todos los chilenos y todos los extranjeros tengan en nuestro país igual trato en lo referente a las cosas útiles, a las cargas y a la obligación de colaborar con esfuerzos comunes. No parece equitativo que, en esta hora de sacrificios que deben ser compartidos, haya una especie de discriminación racial, donde determinados sectores económicos, por venir del exterior para "incentivar" la economía, tienen un trato de privilegio que se niega, en cambio, a los que nacieron en Chile o pertenecen a la República por haberse nacionalizado en ella. A éstos se les deja sufrir solos, en este despertar a horas nuevas, todo el peso del caminar veloz en la línea de las grandes esperanzas populares. Con relación a esa filosofía, observamos que el Gobierno, con un criterio trágico, piensa que debe dejarse caer todo el peso sobre los nativos, sobre los chilenos, porque aquí nacieron o porque aquí se vincularon mediante la nacionalización. En esta hora de grandes responsabilidades y de reajustes, se le dice al país y al mundo que en Chile, en nuestra tierra, tienen tratamiento de privilegio y gozan de preferencias quienes traen capitales desde el exterior. Nos parece no sólo injusto, sino monstruoso, plantear, en el seno de la República, una verdadera discriminación racial -como lo expresé en la Comisión- entre aquellos que tiene pelo rubio y ojos verdes y los de tez morena. A los primeros se les dan más derechos para vivir y desarrollarse en nuestro territorio.
Esa actitud, que para nosotros es incomprensible, nos ha llevado a buscar, por medio de la reforma constitucional, los senderos que conduzcan a dejar las cosas en el lugar que les corresponde. ¿Se pide toda clase de esfuerzos y sacrificios? Lo aceptamos; pero esfuerzos y sacrificios que recaigan sobre todos aquellos hombres que laboran en nuestro país, sin discriminar entre los capitales nacionales y los foráneos. La "incentivación" de que nos habla el señor Ministro de Minería es una expresión muy amplia, y pienso que no sólo merecen protección o "incentivación" -para emplear sus propias palabras- los capitales extranjeros: también la necesitan ios hombres que son chilenos, ya sea por haber nacido en nuestro país o por haberse nacionalizado, que han colaborado al nacimiento y desarrollo industrial y han vivido encorvados en el campo para procurar extraer el máximo de riquezas en beneficio del bien común. Insisto en que las leyes deben tener aplicación general y no discriminatoria.
Por otra parte, junto a este hecho, fundamento espiritual de una línea que anhela un concepto de justicia social, compartida en el esfuerzo común de todos, nosotros consideramos que una fórmula poco conveniente en el manejo de los negocios de Chile es aceptar la existencia de compañías que poseen una condición muy especial: tener un pie asentado en esta República y el otro en el extranjero. En tales condiciones, el régimen de contabilidad y de controles se hace no sólo difícil e insuficiente, sino también, en muchos casos, imposible, porque todo el sistema entroncado para los efectos de ver cómo se gasta, cómo se invierte y cómo se compran numerosos artículos que importan las empresas, no queda sujeto a fiscalización real por medio de nuestro sistema impositivo y tributario.
 En la Comisión se adujo que esta iniciativa echará por tierra todo lo conocido como nuevo trato al cobre. Yo no soy tan pesimista. Me parece que las compañías llegarán a comprender, por medio de este debate, que aquí hay ciudadanos que velan por el bien común y están dispuestos a buscar fórmulas para que todos, con un trato igualitario, podamos esforzarnos en la búsqueda de rutas que nos guíen a horizontes más amplios. Creo, además, que es tan veloz el acontecer histórico, que lo que nos parecía ayer una cosa imposible puede convertirse, el día de mañana o en poco tiempo más, en posibilidades reales. No me atrevería a pensar, porque ello sería una injuria, que el Senador demócrata señor Kennedy, en las declaraciones que hizo a la prensa hace pocos días al regresar de un viaje por el continente americano y por otros países, hubiera sostenido sólo para el consumo interno de su pueblo que debe darse a los países americanos un trato más justo, generoso, amplio y democrático. Yo creo en sus palabras y pienso, al mismo tiempo, que un gran golpe en el pensamiento de Estados Unidos habrá de permitir, por medio de estas indicaciones, cuya inspiración estoy señalando, buscar el camino para rectificar el trato al cobre, que, paso a paso, se irá haciendo un camino más angosto.
Comprendo que, hace seis meses, ésa pudo haber sido una solución; pero también comprendo, por este devenir veloz del tiempo, en las horas apretadas que vivimos, que eso puede, en estos instantes, merecer rectificaciones y abrir posibilidades para el mañana. 
Por lo demás, deben comprender las grandes potencias del mundo que no pueden, con un criterio tan simple, hablar de la necesidad de hacer, en estos países subdesarrollados, una redistribución de las rentas, que son escasas. ¡Si en los países subdesarrollados este reparto de rentas representa, en el fondo, repartir pobrezas! El problema hay que mirarlo en otro nivel.
y así hemos tenido oportunidad de señalarlo en múltiples ocasiones.
Del mismo modo como hay injusticia en la distribución de la renta nacional, existe tremenda y trágica injusticia en el reparto de la renta mundial. Mientras pueblos muy industrializados captan extraordinarias entradas y dan buen nivel de vida a sus pueblos, países empobrecidos y subdesarrollados vagan -por emplear una expresión-, viajando por la historia, mostrando sus andrajos y miserias.
Cuando hablamos de una rectificación del mundo, cuando el partido eje del Gobierno nos hace presente su anhelo de revolución en libertad y de cambios profundos, creo que esos cambios deben cumplir la condición primera de inspirarse en la justicia. Por eso, me ha extrañado observar a sus representantes en una actitud de reticencia frente a estos planteamientos.
No es verdad que esta indicación pueda retraer a los inversionistas con relación a las grandes compañías del cobre. Eso no es efectivo, y voy a decir por qué, como se lo dije ayer al señor Ministro.
Creo que estas compañías norteamericanas tienen asesores inteligentes, que les darán a conocer todos los debates parlamentarios y los resultados que van obteniendo en las diversas iniciativas, en su tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado. La reforma que en este instante estamos estudiando consigna disposiciones muy claras, que, a mi juicio, no deben de haber sido analizadas por esas empresas. El señor Ministro me dijo que había tomado contacto con las compañías y que, en verdad, no había notado en ellas ninguna duda o retraimiento respecto de lo que constituía un riesgo. Agregó el señor Ministro que él y las empresas comprenden que, en materia de inversiones, de negocios, siemprehay un riesgo, y que ellas estaban dispuestas a enfrentarlo. Las normas en debate pueden constituir ese riesgo y, en consecuencia, deben estar dentro de sus posibilidades de análisis.
Pero yo sostengo que los temores de los inversionistas no nacerán tanto de estas ideas o iniciativas, a las cuales el señor Ministro, en el orden comparativo, se refirió esta mañana diciendo que fijaban, en el artículo transitorio, un plazo de muerte de cinco años respecto de la minería, y, en cambio, respecto de los demás, de los otros industriales y de los agricultores, significaban una muerte sin precisión de fecha. Y el señor Ministro creía haber dado satisfacción a las inquietudes de todos nosotros, porque, para él, el problema consistía en conocer la fecha en que debe contratarse el servicio de pompas fúnebres.
Creo que el problema no radica ahí, sino que es mucho más profundo. Es el planteamiento de la reforma constitucional lo que debe despertar inquietud en todos los chilenos.
Debo confesar que, en muchos aspectos, esta reforma me ha parecido excesiva. Noto que el derecho de propiedad ha quedado un poco, no digo totalmente, en el aire. Pero comprendo que la inspiración de los revolucionarios en libertad lleva a ese partido y al Gobierno a estos planteamientos nuevos, que, aun cuando no los compartía en su totalidad, desde mi punto de vista, estaban despertando esta posibilidad rectificadora.
Me excusará el señor Presidente que distraiga algunos instantes más al Senado, al recordar que el inciso tercero dice:- "Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que tengan importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país". En consecuencia, aquí ya habíamos establecido, y lo hemos completado ahora -ya lo sabe el país-, que cuando una determinada materia tenga interés para la comunidad, puede caer dentro de esas disposiciones, o en las siguientes, relativas a la expropiación.
El inciso siguiente expresa: "Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador". Consignamos, en consecuencia, la norma de la expropiación. Pero hay un impulso más: la Cámara de Diputados está tratando un proyecto de reforma agraria en el cual se plantean ideas para que el Estado, haciendo efectivo el anhelo de reforma en este aspecto, vaya tomando predios que pueden ser expropiados con una fórmula de pago muy especial que llega hasta 25 años plazo -fórmula que algunos, hablando mal castellano, han llamado "pago diferido"- y 10% al contado.
Si esta norma regirá para los chilenos, ¿qué de extraño tiene que el país anhele que el 75% de una riqueza básica, mucho más importante que todo el proceso de la agricultura y que nos proporciona moneda dura, sea nacional? ¿No ha llegado acaso el Gobierno a pactos con las compañías para controlar, en manos del Estado -no de los chilenos, pues se trata, en forma más exclusiva, del Estado-, el 51% de la Braden? En consecuencia, estamos discutiendo nacionalizar esa industria sólo en un 25% más, no por intermedio del Estado, sino da particulares, según ¡o planteado en la indicación.
Ahora, si respecto de los nativos se acepta el procedimiento de pagar 10% al contado y el saldo en 25 años, con un reajuste que está en discusión, ¿por qué no se ha querido establecer eso clara y perentoriamente? Todavía más, trataremos una indicación formulada por el Honorable señor Barros, que yo, con todo respeto, encuentro divertida, y que dice: "No siempre se tendrá derecho a una indemnización o compensación".
Si establecemos esa forma de pago respecto de los nativos, ¿por qué, con qué derecho se dan normas de excepción para otros grupos económicos? ¿Por qué se tiene, como antes expresé, una actitud de discriminación racial? ¿Por qué el 25% mencionado con relación a la Braden no puede ser pagado por el Estado de Chile con 10% al contado, y el resto en 25 años? ¿No sabemos que la utilidad de esas minas nos puede dar un poco más de lo necesario para pagar en el transcurso de ese plazo?
Si enfocamos el argumento desde otro ángulo, ¿creen los señores Senadores que los agricultores que serán expropiados se negarían a un pacto de nacionalización como el del cobre, de acuerdo con el cual el Estado les dijera: "Caballeros, ustedes han trabajado mal sus tierras, y eso no me gusta. Yo les propongo un negocio: nos iremos mitad y mitad, o, como dice la gente del campo, "a partir de la yegua muerta"; la mitad para cada uno. Yo les doy toda clase de garantías; compramos maquinarias, arados, enseres, semillas, abonos, animales para la engorda, todo",. ..
El señor JARAMILLO LYON.- Y aval.
El señor DURAN.- . . ."y también les concedo aval. Pidan prestado, pues yo los respaldo"?
¿Cree alguien que los agricultores, frente a una reforma agraria así, no se habrían subido a las sillas para aplaudir? Es claro que lo habrían hecho, porque el proceso de aumento de la producción tendría respaldo económico y la garantía del Estado de Chile en el exterior, y además, resultaría de utilidad para gran porcentaje de ellos.
¿Por qué, entonces, si hemos buscado el camino del nuevo trato al cobre para producir más, como una forma de ir nacionalizando y, en parte, estatizando, no seguir el mismo camino respecto de los demás rubros de la economía?
Por eso, creo que las ideas planteadas por el Partido Radical son justas, no obstante que se ha hecho mucho alarde, en el comentario, de que el plazo de cinco años para los efectos de morir, como expresaba el señor Ministro de Justicia, es angustioso. ¿Y qué dice el señor Ministro de los plazos que por ahora se están concediendo a los agricultores dentro de la reforma agraria, y de los que mañana se pueden aplicar a los sectores industriales, a los banqueros, a todas las actividades del sistema económico de Chile? Para eso, no hay plazo. Para eso, puede ser pasado mañana o pudo ser ayer, de acuerdo con las normas que rigen las actuales expropiaciones.
Entonces, no nos quejemos. Cuando el zapato aprieta, que los pies les duelan a todos los que lo usan, pero no en posición de privilegio.
Ahora, el plazo que propone nuestro partido no es angustioso. ¡Es de cinco años! Aquí se habló mucho esta mañana, como antes se habló en la Comisión, de que ésta era una grave cortapisa para todos los mineros, de que ella crearía tremenda inquietud entre esos trabajadores, porque no sabían por qué sistema se ampararían: si por el viejo sistema de pago de una patente o por el de comprobación de trabajo efectivo. Si el artículo transitorio da cinco años de plazo y, en su inciso segundo, establece que en el Código de Minería se fijarán los plazos y formas de los traspasos -cinco años-, ¿dónde está la gravedad que justifique la inquietud? Todos los mineros sabrán una cosa: no habrá "rifleros"; el negocio de las minas no consistirá en inscribir títulos que permitan años de expoliación mediante el simple pago de una patente, sino en explotarlas.
Todo el sistema de normas legales que modificará al Código de Minería será aplicado mucho antes de los cinco años que se establecen. Se me dirá que esto no es válido para la gran minería. Tal observación en parte es justa.
Dentro de la gran minería, cinco años puede no ser plazo suficiente para que las empresas puedan vender entero su "paquete" a alguna compañía o particular chileno. Pero nosotros sabemos que en el sistema de nuevo trato al cobre se ha ideado el régimen de asociación: 51% para el Estado chileno y 49% para la Braden. Falta, como dije antes, un 24% para enterar el 75% a que se refiere esta reforma. ¿Por qué no tomar una iniciativa para ver si la capacidad de ahorro de Chile, lo mismo que respecto de la construcción de casas, permite la suscripción, eventualmente, de ese 24% para los efectos de completar la nacionalización del 75% exigido por este precepto? Como ése, puede haber muchos otros procedimientos. Incluso, en la ley se pueden establecer fórmulas para declarar que el concepto de sociedad nacional, para todos los chilenos, debe estar constituido por determinados requisitos; o fijar procedimientos de aporte de los capitales. Porque plazo hay.
El problema a que está abocado el Ejecutivo, que yo comprendo, es, en parte, aquel que nace de los compromisos ya tomados respecto de las compañías del cobre y de un cierto temor natural de que pueda estimarse que la palabra empeñada por el Gobierno y por el Congreso Nacional -en consecuencia, por Chile- no vale nada.
Pero respecto de esta materia, deseo hacer un alcance: están equivocados el Gobierno, los democratacristianos y las compañías si creen que el nuevo trato al cobre es una ley de tipo institucional. En realidad, es una ley como las otras, con características muy especiales,' pero no inamovibles. En consecuencia, las mayorías parlamentarias, que cambian, pueden dejar sin efecto el nuevo trato; las elecciones presidenciales que no lleven al éxito la línea triunfante en la última elección, que no repitan el triunfo de una fórmula democratacristiana, pueden dar al traste con estas iniciativas del nuevo trato. Por lo tanto, se trata de un planteamiento de riesgo permanente.
Pero hay algo que quiero decir al terminar mis observaciones. De la lectura de todo el mecanismo constitucional y de las iniciativas legales fluye una discriminación racial de la que, como hombre nacido en esta tierra de rostro moreno, me quejo y protesto. Al pulsar el pueblo estas disposiciones discriminatorias, me parece que no resultará una posición cómoda para las compañías norteamericanas.
Es posible que en este instante la amplia propaganda del Gobierno, realizada mediante sus órganos oficiales, logre, como lo ha hecho hasta hoy, tener un poco adormecido al país; pero no hay plazo que no se venza y, en consecuencia, hora llegará en que se tome conocimiento de estas discusiones, que, a mi juicio, en este minuto, no tienen mayor trascendencia. Creo que el lenguaje nuestro se ha escuchado sólo aquí, en el hemiciclo, y será conocido por unos pocos que leen alguna prensa, porque la fórmula para llegar a la calle es el sistema de las cadenas radiales, manejadas con tanta agilidad por el Gobierno. Sin embargo, llegará el día en que todo el pueblo conocerá esta posición discriminatoria de que he venido hablando. Entonces, a esas mismas compañías no les va a convenir para nada que el hombre común logre formarse conciencia -primero en su cerebro; más tarde en su corazón y en su sangre- de una posición de resistencia, de aversión, de odios y rencores, porque se habrá estado legislando con criterio protector de los de afuera, y persecutorio de los de adentro. Y cuando esa hora llegue -¡hora dura y amarga para los chilenos!-, los Senadores radicales queremos tener nuestra conciencia tranquila.
No hemos estado planteando, con criterio "chauvinista", fórmulas contra ninguna nación del mundo; pero sí hemos querido demostrar, para esa hora que se avecina, que tuvimos una visión clara y que la exhibimos con plena franqueza.
Yo sé que algunos comentarán que estas ideas son un poco revanchistas con relación a las fórmulas de protección a los terratenientes.
No obstante que en el exterior se ha hablado mucho de la riqueza de la gente y de que algunos andan con la cola entre las piernas, escabullendo el bulto de sus posibilidades de ser hombres de fortuna, y llegan, en el debate, a decir que ciertos Senadores son de una pobreza franciscana -y casi hemos visto hacer "striptease" para mostrar que sus ropas son mínimas, después de asegurar que sólo son amigos de un hombre rico-, yo digo con plena satisfacción que, a mi edad, después de trabajar en forma ardua, no soy un hombre que pueda quejarse de mala suerte ni de tener en el orden económico una situación aflictiva.
Como los demás, es natural que esté bastante afligido por las disposiciones legales dictadas por este Gobierno, que nos han encajonado mucho; pero tengo un buen pasar.
No soy terrateniente ni latifundista. Soy descendiente de hombres que conocieron los trabajos agrícolas -mi abuelo era colono en la zona de Vilcún- y conozco el problema agrario, por haber vivido en el campo. No tengo más tierras que las que me pudieran corresponder en una sucesión, ahora también apretada por las leyes de parcelación, donde ya no se permitirá nada; sucesión en la que podría tener una cuota correspondiente a 80 hectáreas de rulo, no regadas, en la zona de Cautín. Creo que esos terrenos dan para una pequeña quinta. Por lo tanto, no creo posible que se me trate de latifundista, aunque sé que en la prensa, de todas maneras, cuando se anuncie lo de las 80 hectáreas, le agregarán mil, ateniéndose a que uno está en la línea de la lucha política.
En consecuencia, hablo al margen de todo interés personal. Me mueve e inquieta el futuro del país, al cual veo seriamente amenazado, fundamentalmente por esta línea discriminatoria.
Por eso, llamo a los señores Senadores para que, con serenidad y sin prejuicios, mediten sobre la conveniencia de que el tipo de legislación que hemos planteado rija en lo futuro. Al sugerir dichas medidas, los radicales no hemos tenido en vista sino el anhelo de servir los intereses generales del país y evitar, mañana, problemas y complicaciones que podrían crearnos profundas dificultades.
Muchas gracias.
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, en los incisos en debate figuran dos ideas fundamentales.
La primera es la de establecer que el Estado tiene un dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, de las covaderas y de los depósitos de carbón e hidrocarburo, con las excepciones establecidas en el inciso tercero. Se agrega que la ley determinará las condiciones que harán posible la mantención de las concesiones que sobre las minas otorgue el Estado.
La segunda idea es la de disponer que las concesiones, que vienen a sustituir la propiedad minera, sólo podrán otorgarse a personas naturales o jurídicas de nacionalidad chilena, entendiéndose por persona jurídica chilena aquella en que el 75% de su capital está en poder de chilenos y en cuyo directorio éstos constituyan a lo menos igual porcentaje.
Brevemente, quiero referirme a cada una de estas ideas centrales.
Siempre he considerado que el dominio de todas las minas existentes en el país pertenece al Estado y que el llamado "propietario minero" -el que adquiere una pertenencia- es una especie de concesionario de caracteres especiales, porque su concesión le otorga derechos reales en la pertenencia sobre la cual recae. También he estimado siempre que la manera justa y conveniente para el país de amparar las pertenencias mineras es la del trabajo y no la de la patente.
Reiteradamente señalé estos puntos de vista en el curso del debate sobre el proyecto del cobre. En esa oportunidad, manifesté que, a mi juicio, las empresas de la gran minería, como cualquier otro empresario minero, debían considerarse concesionarias, o algo parecido; concesionarias, pero no propietarias de la mina que el Estado les había permitido laborar. Agregué que sería perfectamente lícito que, si dichas empresas continuaban resistiéndose a trabajar las pertenencias, a menos que el Estado les otorgara toda clase de beneficios y garantías especialísimos, el Estado procediera a cambiar el sistema de amparo de las pertenencias, a exigirles el trabajo para ampararlas y a hacer caducar las que no fueran debidamente explotadas.
Creo que éste es el verdadero concepto jurídico sobre la llamada propiedad minera y, también, el único compatible con el interés del país. No considero defendible, a la luz de la justicia o de la equidad, que las grandes empresas, todavía extranjeras, posean pertenencias sobre minerales valiosísimos, que pueden cambiar el destino del país, y que para cumplir su obligación de explotarlas exijan al Estado que les conceda estatutos de privilegio, como en el hecho ha sucedido en Chile.
A fin de que la empresa Kennecott cumpla la obligación que a mi juicio tiene de trabajar la parte inferior del mineral que le está confiado, es necesario que el país celebre con ella un convenio que permita a esa compañía retirar del país 90 millones de dólares y obligue al Estado a aportar esta suma y a otorgarle su aval por 150 millones de dólares -si la memoria no me engaña-, todo lo cual ten definitiva se traduce en que la compañía Kennecott aumentará su utilidad en cerca de 90%, mientras la del Estado aumentará en poco más de 20%.
Tampoco es aceptable que la compañía Anaconda, para trabajar pertenencias mineras casi contiguas a las que actualmente explota y que pueden considerarse-parte de una misma mina, exija del Estado toda clase de garantías y privilegios.
Por lo demás, en nuestro sistema legal, la pertenencia minera estuvo amparada durante muchos años por el trabajo. Quien no trabajaba la pertenencia, perdía su derecho a ella. Más adelante este sistema se sustituyó por el pago de una patente, pero ésta se fijó en un porcentaje tan oneroso que quien no laboraba la mina no podía pagarla; de manera que el sistema de patente, primitivamente, equivalía al de amparo por el trabajo. Con el tiempo y la depreciación de la moneda, las patentes disminuyeron y ahora se puede poseer toda clase de pertenencias mineras de la mayor importancia, mediante el pago de una miserable patente, lo cual no rinde frutos de ninguna especie para el país.
Por lo tanto, considero útil restablecer el concepto de que el dueño de la pertenencia es una especie de concesionario, con derechos sobre aquélla, pero caducables, Me parece bien que éste sea un principio constitucional, porque siendo la minería una actividad tan fundamental para el país, siendo, muy lejos, su principal fuente de divisas, es lógico que la fisonomía jurídica de ella quede establecida en la Carta Fundamental y no en simples leyes.
Por este motivo, en la Comisión voté favorablemente -y lo haré también en la Sala- los incisos que pasarán a ser segundo y tercero del número 10 del artículo 10 de la Constitución.
Sin embargo, quiero hacer presente que la redacción de estos incisos, en mi concepto, no es suficientemente adecuada. Sólo ayer la Comisión se abocó por primera vez a este problema, en una larguísima y fatigosa sesión que comenzó a las 11 dela mañana y se levantó a las 23.30, habiendo sido suspendida durante una hora para almorzar. Me parece que dichos incisos deben trabajarse mejor, para reflejar en ellos la idea de que el dueño de una pertenencia, si bien es una especie de concesionario, no es un mero concesionario; de que adquiere sobre ella derechos reales que lo autorizan para defenderla frente a terceros y lo ponen a cubierto, en cuanto a la caducidad de su pertenencia, de los cambios de legislación. Si nos- otros colocamos a las pertenencias mineras en situación de que cualquiera ley pueda fijarles nuevas causales de caducidad, evidentemente, las inversiones mineras se verán retraídas. No se harán inversiones cuantiosas si los que las hacen quedan expuestos a que, por leyes posteriores, cambien las reglas del juego y se llegue a desposeerlos de la pertenencia, no obstante haber cumplido las condiciones fijadas por la ley vigente en el momento de su otorgamiento.
Por fortuna, este proyecto se encuentra en su primer trámite, de manera que la Cámara de Diputados actuará como revisora. Espero que, en la revisión que practique puedan analizarse mejor estos dos incisos, desde el punto de vista jurídico, para mantener el concepto de que el dueño de una pertenencia es una especie de concesionario, pero está a cubierto, en medida fundamental, de que por leyes posteriores se alteren las bases sobre las cuales ha adquirido su pertenencia.
La segunda idea central de estos incisos, reflejada en el inciso cuarto del Nº 10 y en el artículo transitorio que se propone agregar a la Constitución, es la de que sólo podrán ser concesionarios de minas o dueños de pertenencias las personas naturales o jurídicas de nacionalidad chilena, entendiéndose que es persona jurídica chilena aquella en que el 75% del capital y el 75% de los directores son nacionales.
Soy totalmente partidario del concepto básico de que se tienda a chilenizar la minería. 
Considero -y lo manifesté en forma reiterada durante el estudio del proyecto sobre convenios del cobre- que las utilidades de la minería, en especial de la gran minería, que por lo general pasan de todo rendimiento normal, deben reinvertirse en el país en una medida adecuada. Considero altamente inconveniente para el país -y es muy fácil demostrar con cifras que la inconveniencia es realmente monstruosa- que año tras año se vayan del país, para no volver a producir frutos de ninguna especie dentro de nuestro territorio, muchas decenas de millones de dólares, que no corresponden propiamente a la producción, sino a la extracción de una riqueza que desaparece para siempre. Cuando las empresas mineras extranjeras se llevan su cuota de utilidad, dejan en Chile un hoyo a cambio de ella. Es totalmente distinto de lo que ocurre cuando una empresa nacional obtiene una utilidad, porque ésta se reproduce en el país y vuelve a crear riqueza. Por esa consideración, yo luché mucho, durante la tramitación del proyecto del cobre, por que se establecieran disposiciones adecuadas sobre reinversión.
En ese proyecto, el artículo que la Comisión preparó y que el Senado aprobó sobre esta materia era bien prudente, porque establecía la obligación de reinvertir sólo cuando la utilidad excedía del 10% del capital propio de la empresa; y sobre este exceso, es decir más allá del 10%, establecía una escala que comenzaba de manera bastante tímida, en 10% de tal exceso, y sólo llegaba hasta 50% del mismo. Sin embargo, el Gobierno vetó esa disposición y propuso una nueva que, francamente, sólo representa el festinamiento de la idea de reinversión: la obligación para las empresas de la gran minería de reinvertir en el país 5% de la utilidad que exceda del 10% del capital propio, vale decir, la veinteava parte de la utilidad que exceda del 10% del capital propio. Esa veinteava parte no ha de hacer más rico ni más pobre al país, y no merecía tanta discusión ni tanto esfuerzo como el desarrollado en torno de la idea de reinversión.
Creo, por lo tanto, que deben tomarse, en primer término, los resguardos debidos para que las utilidades de la gran minería del cobre, cuando sean hechas por extranjeros, queden en el país en una medida prudente, con el objeto de crear nuevas riquezas.
En seguida, me parece que las empresas mineras del cobre deben tener su sede en el país, no en forma figurada, sino en forma real. No basta con que una gran empresa internacional establezca en Chile una filial que sea poco más que una ficción y que se maneje desde Nueva York. Estimo indispensable que estas compañías estén efectivamente radicadas en el país, porque sólo en ese caso, sólo cuando toda su contabilidad se lleve en Chile, será posible controlar los gastos en que incurren en el exterior y si están o no entregando al Estado la cuota que le corresponde en las utilidades. Hoy en día la Anaconda y la Kennecott tienen constituidas filiales en el país; pero quienes hacen las adquisiciones en el extranjero no son las filiales, sino...
El señor CHADWICK.- Las sucursales.
El señor BULNES SANFUENTES.- ... las casas matrices u otras compañías subsidiarias de éstas, de modo que el Departamento del Cobre sabe si determina- da cosa que se compró era o no era necesaria, pero no sabe si el precio pagado es real o si ese elemento que aparece comprándose para la mina no es sino una manera de encubrir utilidades en el extranjero y de restar al Estado de Chile la participación que le corresponde en las utilidades de la gran minería.
Yo creo, por lo tanto, señor Presidente, que deben tomarse disposiciones sobre diversas materias, como la reinversión, la sede y las utilidades de las compañías, como también sobre otros aspectos que en este momento no alcanzo a divisar, para que, efectivamente, el Estado pueda controlar a las empresas mineras y el país se beneficie en una medida prudente con las utilidades que ellas obtienen.
Pero, a mi juicio, por la complejidad del problema, esta materia debió ser regulada en el campo de la ley y no de la Constitución. En una ley bien estudiada pueden dictarse disposiciones efectivas, que deberían ser bastante complejas para lograr los propósitos que señalo.
En la Constitución, se está incorporando un precepto que, a mi entender, es demasiado rígido. En primer lugar, se establece lo que, francamente, considero una aberración: que las personas naturales dueñas de minas tendrán que ser necesariamente chilenas. Con ello estamos negando al extranjero residente en Chile la posibilidad de explotar una mina, aunque sea la más modesta. Yo propuse, en la Comisión, que se sustituyera, en cuanto a las personas naturales, el concepto "chilenas" por el de "residentes en Chile", porque creo que si una nación acoge a un extranjero y le permite residir en el país, debe darle, en materia patrimonial, el mismo tratamiento que le da a un nacional. Lo demás es "chauvinismo", es una regresión en el terreno de los principios jurídicos.
Y espero que se produzca en la Sala el acuerdo unánime necesario para sustituir este concepto de "personas naturales chilenas" por el de "personas naturales residentes en el país". No deseo que nuestra Constitución aparezca ante el mundo, ante todos los estudiosos de derecho constitucional del mundo, como una Constitución "chauvinista" que, después de declarar, en la primera de las garantías constitucionales, la igualdad ante la ley de los chilenos y de los extranjeros llega a la décima de tales garantías y le dice al extranjero: "Usted, aunque sea residente en el país, no podrá explotar una mina". Comprendo que se restrinjan las posibilidades de los extranjeros en ciertas y determinadas materias -en cuanto a poseer propiedades en zonas fronterizas; tal vez en el cabotaje-, pero na considero compatible con sanos principios jurídicos impedirles penetrar en un campo tan grande como el de la minería. Esto por lo que se refiere a las personas naturales.
En lo referente a las personas jurídicas, a mi entender la materia necesita una ley que establezca preceptos que hagan las distinciones debidas; que conduzca a que las utilidades de la minería se aprovechen en Chile y a que los negocios en esta actividad se lleven en Chile, pero que no llegue ja exigir necesariamente que el 75% del capital de la empresa pertenezca a chilenos, porque respecto de esta idea pueden hacerse las mismas objeciones que expuse en cuanto a la exigencia de que la persona natural que trabaja la mina sea chilena.
Por estas consideraciones, votaré favorablemente los incisos tercero y cuarto, pero dejo constancia de mi deseo de que ellos sean mejor estudiados y perfeccionados desde el punto de vista jurídico.
En cuanto al inciso quinto, relativo a la nacionalidad, personalmente me abstendré, porque si bien considero que la disposición, tal como ha quedado redactada, es extremada e inconveniente, estoy de acuerdo con el concepto central, de que deben tomarse medidas, que a mi juicio deberían ser legales, para chilenizar la minería y en especial las empresas de la gran minería.
Señor Presidente, con relación a este problema de los chilenos y de los extranjeros, quiero adherir a los conceptos expresados hace un momento por el Honorable señor Durán, y que, con otras palabras, también hemos manifestado reiteradamente en esta" 
Sala el Honorable señor Ibáñez y el Senador que habla. Con palabras duras, probablemente más duras -por tratarse de una improvisación- que las que hubiera querido usar, la semana pasada, en la discusión del proyecto sobre parcelaciones, yo califiqué la idea central de la política económica del actual Gobierno, como una idea antinacional. Debo manifestar una vez más que, al igual que los Honorables señores Durán e Ibáñez, condeno enérgicamente la política que se está siguiendo, que consiste en llenar de trabas, de inseguridad, de zozobra, al capital nacional, mientras se acoge al capital extranjero en medio de 'los privilegios y de las ventajas más increíbles, a que jamás aspiró el capital nacional.
El señor ALTAMIRANO.- Me permite, señor Senador?
Nos agradaría conocer el pensamiento de Su Señoría, que entiendo representa el del Partido Conservador y de la Derecha en general, en cuanto a si su oposición a la política abiertamente discriminatoria de la Democracia Cristiana se refiere exclusivamente al hecho de que se pretenda presentar una reforma agraria relativamente radical en las palabras, o también al saqueo brutal de nuestras riquezas básicas por medio de los convenios del cobre.
A nosotros nos pareció entender, en las palabras de Su Señoría y en las expresadas por el Honorable señor Durán, que la molestia esencial derivaría de las medidas que se pretenden poner en práctica en virtud de la reforma agraria, y no de la entrega de nuestras riquezas al imperialismo norteamericano.
El señor BULNES SANFUENTES.- Desgraciadamente, no podré darle una respuesta muy breve.
Cuando se discutió el proyecto sobre los convenios del cobre, no estaba en el tapete la reforma agraria; no la teníamos, en ese momento, en la mente.
El señor ALTAMIRANO.- La reforma constitucional estaba presentada.
El señor BULNES SANFUENTES.- Reiteradamente, en la discusión del proyecto que autorizaba los convenios del cobre, en un discurso escrito y en muchas intervenciones improvisadas, dije que, a mi juicio, las ventajas, beneficios y seguridades que se daban a las compañías de la gran minería en los convenios aprobados en principio, iban más allá de lo aceptable. Para mí, sin embargo, había sólo dos alternativas. . .
El señor ALTAMIRANO.- ¿Me perdona una nueva interrupción, señor Senador, que desde luego se la agradezco?
Eso es efectivo. Honorable colega, aunque, por lo demás, no necesita mi certificación. En verdad. Su Señoría sabía muy bien que al votar en general los convenios del cobre, en definitiva, dados los mecanismos legales y jurídicos, el Gobierno y la Democracia Cristiana impondrían en su totalidad esos convenios, que, como muy bien han dicho Sus Señorías y los señores Senadores del Partido Radical, son profundamente lesivos para el país, pues nos comprometen por 20 años a entregar a las compañías lo fundamental de nuestras riquezas.
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Senador, no sabíamos, ni sabemos todavía con certidumbre, si el Gobierno va a imponer en todas sus partes los convenios que tenía celebrados. Personalmente, espero que no lo haga así; que no se celebre el convenio con Cerro de Pasco y que el convenio con la Kennecott se modifique. Esos son los convenios que objeté, por falta de equidad en las ventajas que recibían el Estado y la empresa, en cada caso.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Sus Señorías dieron los avales.
El señor CHADWICK- El Gobierno dispone de la facultad legal correspondiente.
El señor BULNES SANFUENTES.- Su Señoría puede estar mejor informado que yo, pero personalmente no he sabido que los convenios hayan sido celebrados en definitiva. Si así no ha sido, seguramente ello se debe a que se está estudiando la manera de mejorarlos.
El señor LUENGO.- Se debe a que el Gobierno no tenía los avales de que ahora dispone.
El señor CHADWICK.- Tuvimos los textos firmados en nuestras manos.
El señor BULNES SANFUENTES.- Los que nosotros vimos eran acuerdos en principio. Ese punto lo discutimos largamente con Su Señoría en la Comisión. Quedó claramente establecido entonces que esos acuerdos no eran oficiales, sino acuerdos en principio, y que sólo una vez que el Gobierno tuviera facultades legales para celebrar los convenios podría entrar a suscribir acuerdos obligatorios. Esa es la buena doctrina jurídica.
Volviendo a la pregunta del Honorable señor Altamirano, nosotros nos encontrábamos en una encrucijada. Había dos posibilidades: o negábamos, como lo hizo la extrema izquierda, la autorización al Gobierno, determinando con ello que el cobre se mantuviera en la situación lánguida en que actualmente está, que no aumentara su producción, porque sabíamos que este Gobierno no tomaría otras medidas, no nacionalizaría el cobre; o bien, permitíamos que se celebraran esos convenios defectuosos, pero entregábamos al Gobierno y al país una palanca para su desarrrollo económico.
La cuestión no era clara de resolver. Personalmente, tuve muchas dudas y vacilaciones sobre mi actitud. Me formé, por último, en conciencia, el criterio de que en la alternativa de mantener la minería del cobre en la situación actual, como se mantuvo durante todo el Gobierno del se-ñor Alessandri, del cual estuve muy cerca, o de ir a estos convenios defectuosos, era en definitiva mejor para el país, que necesita desarrollo económico a corto plazo porque es indispensable un mejora- miento social a plazo muy breve, pactar esos convenios. No estaba en nuestras manos modificarlos. Para nosotros era totalmente imposible, y teníamos la experiencia de que durante el Gobierno del señor Alessandri había sido imposible, llegar Con las empresas de la gran minería del cobre a soluciones equitativas para el país.
Probablemente, otra habría sido nuestra actitud si hubiera existido una disposición constitucional como la que ahora se trata de aprobar, en virtud de la cual se declara que el Estado es el propietario absoluto de las minas y que los dueños da pertenencias mineras tienen derechos que se amparan con el trabajo. Si esa disposición constitucional hubiera existido, probablemente, sin que pueda decirlo con certeza, el Senador que habla se habría decidido en sentido contrario, porque las compañías habrían podido ser compelidas a trabajar las pertenencias o a devolverlas al Estado.
Por eso, acojo este precepto constitucional con mucho agrado y, puedo decir, con entusiasmo. Sólo discrepo de que la disposición sobre chilenización de las empresas mineras sea tan rígida y se incorpore en el texto de la Constitución. Me parece que este segundo punto, no obstante ser muy importante, debe estar entregado a normas flexibles de la ley, de modo que puedan modificarse de acuerdo con las circunstancias.
Era cuanto quería manifestar, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GOMEZ.- Señor Presidente, el Honorable señor Bulnes ha manifestado que, en gran medida, las disposiciones propuestas por el Partido Radical son más bien materia de ley que de la Constitución.
En estricta técnica jurídica, seguramente es así. Pero una Constitución es un campo en que juegan dos ingredientes: de un lado, la técnica jurídica, y del otro, el ansia popular. Tanto es así que, al redactarse la mayoría de las constituciones del mundo, los pueblos han librado grandes batallas contra la técnica jurídica, para ver incorporados sus apetencias y sus deseos, aquellos aspectos dominantes que derivan de la vida de un país, en la Carta Fundamental. De aquí, pues, que, si bien algunas de estas disposiciones no encuadran perfectamente dentro de lo que podríamos denominar técnica jurídica, quedan, no obstante, comprendidas dentro de ese otro aspecto mucho más amplio, expectante e importante, constituido por el anhelo de los pueblos de ver incorporadas sus necesidades en la Constitución del Estado.
Chile es un país esencialmente minero, y parece lógico que un concepto sobre la minería quede incorporado en la Carta Fundamental, especialmente aquel que consagra que la propiedad, la concesión de la explotación minera, se ampara por el trabajo, por la racional explotación de las minas, en consonancia con los intereses o derechos que el país tiene a obtener de sus riquezas mineras los más altos beneficios.
Decía, también, el Honorable señor Bulnes que no compartía el criterio de que solamente las personas naturales chilenas tuvieran derecho a la explotación de las minas. Al respecto, quisiera aclarar que la indicación de mi partido tenía este concepto. La idea nuestra fue referirnos, en la expresión "personas naturales o jurídicas de nacionalidad chilena", a personas avecindadas en el país, para otorgarles derecho a ejercer la actividad minera. De otro modo, podría interpretarse que ciudadanos chilenos radicados en otros países pudieran tener propiedad sobre minas chilenas, lo cual sería absurdo.
Somos contrarios, como lo hemos dicho, a la discriminación racial. Tampoco deseamos que se ejerza dentro del país esa discriminación, en contra de extranjeros que han venido a radicarse en Chile, que han formado su hogar y han sumado sus esfuerzos al desarrollo nacional. Podríamos obviar esta dificultad introduciendo, por la unanimidad de la Sala, una modificación insignificante en el texto, para decir que las concesiones a que se refiere el inciso anterior sólo podrán otorgarse a personas naturales residentes en Chile o a personas jurídicas de nacionalidad chilena. Además de subsanar la dificultad señalada por el Honorable señor Bulnes, evitaría discrepancias en la interpretación del texto constitucional. El propósito nuestro ha sido amplísimo. De esta manera podrán ejercer actividades mineras todas las personas domiciliadas en Chile, aun los extranjeros, como los eslavos en Magallanes o el norte, los italianos, los alemanes, que han sumado su esfuerzo al desarrollo del país, en el aspecto industrial y del trabajo. Ese es el espíritu que encierra nuestra indicación, y para aprobarla con esa amplitud solicito del señor Presidente que recabe el asentimiento unánime de la Sala.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En el momento oportuno se solicitará el acuerdo de la Sala, señor Senador.
El señor GOMEZ.- En otros de los discursos que hemos escuchado, también se señaló el hecho de la discriminación racial, lo cual ha movido a algunos a pensar que la actitud del Partido Radical y la de otros señores Senadores podría tener un impulso de tipo revanchista frente a la reforma agraria.
Debo destacar que ese concepto fue enunciado y combatido por nuestro partido al discutirse la ley que autorizaba los convenios del cobre. El Senador que habla, en una de las primeras intervenciones en ese debate, requerido por la Democracia Cristiana, expresó que se oponía a que en el país existiera discriminación racial. El Senador Durán, interpretando la línea del Partido Radical, puesta de manifiesto en forma destacada en la referida discusión, ha vuelto a insistir en que nos oponemos a la discriminación racial, tan claramente establecida en el proyecto que autorizaba los convenios del cobre, pues por medio de ellos se daban franquicias excepcionales a las compañías extranjeras, en tanto que se negaba a los mineros chilenos el otorgamiento de iguales franquicias. Hicimos indicaciones en ese sentido, pero fueron rechazadas por la tenaz oposición del Gobierno, siguiendo la línea extranjerizante de la revolución en libertad, de la cual la reforma constitucional es uno de sus capítulos o episodios. En esa ley, la del cobre, se marcaba claramente la inclinación del actual Gobierno a hacer una revolución dentro de Chile afectando a los chilenos, pero salvaguardando previamente los intereses de las grandes compañías extranjeras. Este Gobierno pretende realizar el desarrollo de Chile marginando y sometiendo a los chilenos y otorgando franquicias ilimitadas a los extranjeros.
Tal política se hace evidente, en forma muy clara, en la conducta oficial. Se espera todo del Estatuto del Inversionista; grandes desarrollos por parte del inversionista extranjero. Pero al nacional no se le dan las mismas facilidades para dicho desarrollo. Ni siquiera el trato adecuado por parte de los funcionarios, porque allí sí hay una discriminación racial horrorosa. Sobre el particular, puedo citar centenares de casos. En cambio, llegan técnicos y empresarios que no hablan español, y son recibidos por las autoridades con extraordinarias consideraciones.
El señor CHAYWICK.- ¡Y son condecorados!
El señor GOMEZ.- Para el chileno no hay audiencias. Nuestros compatriotas de-ben acudir a Senadores o Diputados para conseguir entrevistas con los Subsecretarios o directores de tal o cual departamento. El chileno está sometido a la mendicidad de la entrevista, en tanto que los extranjeros. ..Es así, señor Ministro, aunque usted mueva la cabeza. Le ruego verificar mis afirmaciones.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Justicia).- Puedo demostrarle lo contrario.
El señor GOMEZ.- Una revolución debe ser, ante todo, nacionalista. En esa forma estamos dispuestos a apoyarla y darle el más profundo respaldo; pero no a una revolución extranjerizante que pretenda colonizar el país.
Chile está siendo paulatinamente colonizado. Lo vimos con motivo de los convenios del cobre. El Partido Radical hizo intentos muy serios para otorgar al Ejecutivo esa ley, la viga maestra que necesitaba para todo el desarrollo' que pretende impulsar. Dijimos muy claramente que estábamos dispuestos a entregar esa herramienta legal siempre que se salvaguardara el interés nacional, que el país avanzara y no retrocediera. Nuestra lucha fue extraordinaria para lograr que se mantuviera el nuevo sistema de ventas, por ejemplo. No se habría podido alzar el precio de nuestro cobre a 62 centavos la libra si las ventas hubiesen quedado radicadas en Nueva York, en conformidad a los convenios. El Partido Radical impidió esa entrega a las presiones foráneas, y esto permite que el país sea soberano en cuanto al comercio del metal y que los precios puedan ser alzados.
En otros aspectos, los compromisos adquiridos con el Partido Radical no fueron cumplidos. El país sufrió en su soberanía y en su derecho, pues la ley no cauteló debidamente los intereses nacionales, porque hubo incumplimiento.
Expresamos estar dispuestos a aceptar las sociedades mixtas siempre que éstas significaran que las ventajas que se dieran al capital extranjero fueran aparejadas con el aumento de producción, cuando el país obtuviera los mayores beneficios. No se hizo así. No se cumplió el compromiso de incorporar a la ley lo que se había concertado con mi partido. Entonces, se otorgaron concesiones inmediatas a las empresas extranjeras y no cuando hubiese mayor producción. Esto ocurrió en el caso de El Teniente, por ejemplo, en que el capital extranjero, con el 49% del haber social de la empresa, percibirá un 50% más de utilidad al día siguiente de formarse la respectiva sociedad mixta.
Como decía, tal es el planteamiento que mi partido formuló oportunamente con el mejor deseo de colaborar con el Gobierno en su revolución. Creemos que una revolución, para que sea moral, lo primero que debe hacer es redimir las materias primas básicas, redimir las utilidades que salen de Chile. Esta revolución debe hacerse, fundamentalmente, impidiendo que las compañías extranjeras saquen esas utilidades del país. El primer signo de una revolución es impedir la agotadora succión de la riqueza nacional. Esto lo anunciaba el partido de Gobierno cuando iba en pos del Poder. Esto lo destacaban los ex Senadores Tomic y Freí, y es precisamente lo que no han hecho desde el Poder. La revolución la están cimentando exclusivamente frente a los chilenos, pero dejando incólume la posición de los extranjeros.. .
El señor RODRIGUEZ.- ¡ De qué revolución me habla!
El señor GOMEZ.- Esto constituye un ansia nacionalista, un anhelo de Chile, y es lo que hemos venido a grabar en la Carta Fundamental.
Nuestras indicaciones persiguen chilenizar las materias primas fundamentales del país. ¿No ofrecieron chilenización? ¡Hagámosla efectiva! Esta es una forma de hacer chilenización, nacionalización; de hacer que las riquezas básicas del país pasen a manos chilenas. Esto no se hace, según nuestras indicaciones, de manera violenta, sino pausadamente, respetando los intereses de las compañías radicadas en el país. Se fija un plazo de cinco años para que cumplan con lo dispuesto en el precepto constitucional, plazo en el cual podrá darse paso a una nueva legislación que considere los aspectos fundamentales de lo que debe ser una bien concebida política minera.
Entendemos que el país requiere cambios fundamentales, necesita reemplazar las viejas estructuras. Por eso hemos formulado indicaciones que introducen en la Constitución aspectos esenciales, como el tratamiento de las minas y la fijación de las líneas básicas de una política minera. Por eso hemos propuesto equiparar el trato a los chilenos con el que se está dando a las compañías extranjeras y a los intereses foráneos.
Con estas indicaciones estamos moralizando el curso de la revolución que se desea poner en marcha en nuestro país. Estamos dispuestos y deseosos de apoyar esa revolución siempre que ella sea nacionalista, profundamente moral y no haya discriminaciones ni trato desigual.
Invitamos a los Senadores de Gobierno a que revisen su política y las discriminaciones que ahora existen, para que así su revolución sea justa.
Votaremos afirmativamente, y ruego al señor Presidente solicitar de la Sala la rectificación que pedí, a fin de que no existan diversas interpretaciones del precepto constitucional.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Al iniciarse la votación la Mesa pondrá en discusión la indicación de Su Señoría.
Por otra parte, ruego a los señores Senadores que, dentro de lo posible, se refieran a los incisos en debate, pues, de lo contrario, no se dispondrá de tiempo para discutir los restantes.
El señor RODRIGUEZ.- A ellos se están refiriendo los señores Senadores. ¡Dan para mucho esos incisos!
El señor GARCIA (Vicepresidente).- 
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
El señor PRADO.- Agradezco la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Chadwick.
Todos nos formamos una imagen al escuchar palabras tan ambiguas, tan folklóricas y genéricas como las que con tanta facilidad se han expresado esta tarde, en especial por parte del Honorable señor Darán. No contestaremos esas palabras en esta oportunidad, por creer que, más que esa imagen, vale para el país la que retienen los hogares chilenos de los últimos veinte o treinta años. Porque los persone- ros de esos partidos, que suelen hablar en el Senado, no son nuevos. No lo son ni ellos ni sus colectividades; tampoco sus mensajes ni sus verdades. La historia de Chile les ha dado oportunidad de demostrar lo que, con tanto énfasis y facilidad, con lenguaje tan ligero y con imágenes tan claras, exponen desde sus bancas ahora que están en la Oposición. Pero lo serio es que el pueblo tiene aún muchas preguntas pendientes de respuesta, acerca de qué ganó al elegir a algunos de los Presidentes de la República radicales, al dar al país Parlamentos radicales o Parlamentos de Derecha, o al permitir la formación de verdaderas aplanadoras legislativas. Estas permitieron la dictación de toda suerte de leyes, entre ellas, una que sirve de símbolo al término de los Gobiernos pasados y al comienzo del actual. Me refiero a una legislación que nadie ignora y que sirvió de base para negociaciones que se transformaron en usura inicua: los bonos-dólares.
Repito que no contestaremos esta tarde las expresiones a que me refiero, por cuanto queremos que la reforma del derecho de propiedad sea realidad cuanto antes. Explicaremos con hechos, en el futuro, lo que haremos con esta reforma. Estoy seguro de que los hombres que no tienen buen pasar están tranquilos y seguirán tranquilos. Pero estoy seguro, también, de que a quienes tienen buen pasar y que no deberían tenerlo tan bueno, les asisten razones para no estar tan tranquilos, porque la "distribución de la justicia debe hacerse siempre a expensas de alguien.
Nada más.
El señor DURAN.- El Honorable señor Chadwick me ha permitido una interrupción.
Es bastante cómoda la posición que se desprende da las expresiones del representante de la Democracia Cristiana en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El señor Senador se instala en el balcón del Olimpo y, luego de formular críticas al pasado histórico de Chile, se reserva para otra ocasión -no para ésta, cuando se debate el problema- la discusión de esta materia tan trascendente. Pero, por mi parte, deseo recoger las observaciones que ha hecho con mentalidad estática.
El señor Senador cree que el devenir de los años, el cambio de la historia -que se va acelerando-, debe ser analizado siempre con un mismo criterio. Por eso, se extraña de que hoy se formulen indicaciones que debieron formularse hace veinte o treinta años.
Grave error histórico, señor Presidente. Porque de la misma manera como el señor Senador plantea ese tipo de críticas, podría preguntársele a la Democracia Cristiana -tan partidaria hoy de la reforma agraria-, por qué cuando fue Gobierno y ocupó las Carteras de Agricultura y de Obras Públicas, no planteó entonces sus formulaciones respecto de dicha reforma.
El señor ALTAMIRANO.- ¡Porque los norteamericanos no le habían dado permiso!
El señor DURAN.- Porque las condiciones eran distintas. Y yo no me atrevo a censurarlos por ello. De ahí que no acepte que con relación al Partido Radical se formulen críticas semejantes.
El señor ALTAMIRANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor DURAN.- No puedo hacerlo.
pues estoy haciendo uso de una. Lo prohibe el Reglamento.
Ahora, si el señor Senador planteó lo relativo a la gente que tiene un buen pasar para referirse a mí, debo decirle, en síntesis, que un hombre que ha logrado alcanzar una situación como consecuencia del trabajo que ha realizado, siente una satisfacción que no pueden sentir quienes, luego de haber ejercido una profesión, han llegado a estas alturas sin otra posibilidad que la de venir a mostrar al Senado su condición de hombres sin éxito y, en algunos casos, de fracasados. Por lo tanto, si el alcance que ha formulado Su Señoría tiene carácter personal, deseo que reciba esta respuesta en ese mismo carácter.
Como respuesta de mi partido, debo expresarle que este pueblo y este país son testigos del esfuerzo y de los cambios que, en la medida de las posibilidades y de los hechos que fuimos viviendo, entregamos a la nación. Toda la maquinaria que permitió el despertar industrial, mediante el organismo llamado Corporación de Fomento de la Producción, fue ideada y realizada por esos Gobiernos. Y, como hombre de la calle, hay que tener una posición muy ingrata para no reconocer en los Gobiernos que nacieron en 1938 una clara y firme actitud constructiva, que ha hecho posible, en el orden del respeto democrático, el advenimiento al poder del Partido Demócrata Cristiano, donde uno observa a personeros tan llenos de orgullo, con tanta prepotencia y con tan poco fundamento para esgrimir críticas sobre el pasado histórico de mi patria.
El señor CHADWICK.- El Honorable señor Altamirano me ha pedido una interrupción, que le concedo con mucho agrado.
El señor ALTAMIRANO.- Sólo deseo hacer una pequeña acotación a lo expresado por el Honorable señor Durán.
Su Señoría planteaba que las condiciones han cambiado. En verdad, el único cambio que hay en América Latina es la autorización que ha dado Estados Unidos para hacer la reforma agraria. Por eso, la Democracia Cristiana y este Gobierno, fiel ejecutor de lo que los norteamericanos permiten, plantean en Chile una reforma agraria, que nosotros compartimos en sus términos generales. Pero no plantean una reforma del gran latifundio minero, que saquea nuestras riquezas fundamentales. Para eso los norteamericanos no les dieron permiso. Y por esa razón se le dan toda clase de privilegios.
El problema fundamental es que el Gobierno democratacristiano piensa que puede hacer reformas para los nativos chilenos, pero no para los norteamericanos, pues toda su política, su viga maestra, está basada en los créditos y ayuda americanos. Si no fuera por esos créditos y esa ayuda, este Gobierno no podría subsistir, como lo hemos dicho más de una vez. El más alto precio del cobre lo está demostrando.
Ayer, el Honorable señor Noemi hablaba de las magníficas condiciones de la balanza de pagos. Sin embargo, ello no obedece a ninguna política especial, inteligente, racional, de este Gobierno, sino a dos hechos en los cuales él no tiene mayor participación: el alza del precio del cobre y los mayores créditos norteamericanos. Hemos demostrado, con cifras no desmentidas, que el año pasado este Gobierno contó con 280 millones de dólares más que en el mejor período de la Administración del señor Alessandri. Con 280 millones más logró financiar la balanza de pagos. Allí reside todo su éxito, pero no en modificaciones reales de estructura ni en una mejor organización de la política productiva del país.
Por lo expuesto, a nuestro juicio, el cambio de las condiciones no se produjo en Chile, sino en el patrón. El patrón autorizó la reforma agraria en Chile, pero no en Guatemala, porque allá la United Fruit es propietaria de las grandes posesiones de la tierra. En Guatemala, los norteamericanos permiten la reforma minera, no la agraria; en Chile, a la inversa, permiten la reforma agraria y no la minera. Ese es el fondo del problema, en nuestro concepto.
El señor RODRIGUEZ.- Y allí están sometidos.
El señor FUENTEALBA.- Parece que ese disco lo hemos oído.
El señor CHADWICK.- Por momentos, pareciera que las voces que se escuchan en el Senado son el eco de las palabras que nosotros hemos venido pronunciando encendidamente a través del país, desafiando los prejuicios, el desprecio y, a veces, la persecución: que las riquezas naturales fundamentales de Chile, las minas de las cuales depende su desarrollo, cuya explotación nos pone en contacto con el mercado mundial y nos asegura el abastecimiento de la maquinaria y los elementos indispensables que debemos importar porque no se producen en nuestra patria, estén bajo la soberanía nacional. Esa nos pareció siempre, desde nuestros primeros balbuceos políticos, la condición esencial para una recuperación de nuestro país, para cifrar alguna esperanza en su progreso y en el futuro de todos.
No me corresponde, y nada agregaría a este debate, procurar desentrañar a través de qué desfiladeros, chocando con qué rocas, venciendo qué espacios helados, ha ido rebotando nuestra palabra, para volver de nuevo desde otra dirección y ser recibida por nosotros como un aporte.
Cualquiera que sea la razón o causa circunstancial o definitiva, lo cierto es que aquí comprobamos que hay hechos que terminan por imponer toda la majestad de su fuerza decisiva. Se nos pudo haber repudiado, excecrado, llamándonos marxistas y, a algunos de los partidos populares, proscribiéndolos de la legalidad republicana, mandando a sus hombres a campos de concentración, a las cárceles -donde muchos hemos estado-, a las islas -que también conocimos-, por haber profesado lo que hoy día se nos trae como una voz unánime del Senado. No nos enorgullecemos de esto, señor Presidente. No buscamos en los archivos de esta Corporación las innumerables ocasiones en que hemos traído al debate este problema fundamental. Ni siquiera queremos detenernos en el recuerdo de que el Frente de Acción Popular perdió la última campaña presidencial por haber teñido el coraje de plantear esta materia básica en primer plano.
Todo lo que hicieron los norteamericanos para aplastarnos con una propaganda innoble, con los recursos más variados, no lo hacían para defender el latifundio agrícola que ellos auspician destruir; no lo hacían por defender a industriales y comerciantes en determinados regímenes tributarios que ellos auspician modificar para que sean más gravosos y el Estado chileno se financie sin necesidad de recurrir a empréstitos. Lo hacían -de esto tiene conciencia el país- porque habíamos indicado valiente y honradamente que Chile no tendría porvenir mientras se mantuviera el estatuto de la llamada propiedad minera, que permitía a sus titulares -como ahora lo ha recordado el Honorable señor Bulnes- colocarse frente al Estado, del cual emana la concesión, en una actitud de exigencia y extorsión inicua, irracional y aberrante, que se caracteriza por el ultimátum. Si no se otorgan a los concesionarios de la propiedad minera -excúseme el Senado que lo repita, porque ya lo expresó el Honorable señor Bulnes-, que recibieron las minas del Estado, determinadas y excepcionales condiciones, privilegios que a nadie se dan, sencillamente se niegan a trabajar las minas; colocan a la economía en la inanición.
Ha sido necesario vivir la tragedia de estos convenios del cobre y que ocurran otros hechos más -que no voy a examinar, porque no me interesan las causas por las cuales se produce ahora este consenso en el Senado-, para que en Chile deje de tener cabida la doctrina que sistemáticamente ha estado manteniendo el representante oficial de los intereses extranjeros en este país -"El Mercurio"- y que hoy renueva en un editorial apresurado, a la sola noticia de que en las últimas horas de la noche de ayer la Comisión despachó la modificación que hoy día examina el Senado.
Nosotros vemos en estos hechos una comprobación no sólo de que hemos estado siempre en la verdad, sino, además, de que hay etapas inevitables. El proceso social chileno, como lo recordaba hace un momento el Honorable señor Durán, no puede ser contenido, por grandes o abrumadoras que parezcan las fuerzas que se junten para evitar lo inevitable.
Ha bastado que esta Corporación tenga que emitir un pronunciamiento sobre el régimen de dominio o propiedad bajo el imperio de una Constitución que estamos reformando, para que, en forma espontánea y separada, los Senadores radicales y socialistas -y al decir socialistas hablo del Frente de Acción Popular con todos sus integrantes- presentaran las indicaciones que todos conocen y que -necesito decirlo, pues deseo ser justo- encontraron de inmediato la aceptación de los personeros de Gobierno. Esto significa que, en Chile, ya nadie que tenga un mínimo de conciencia política, de sentido de responsabilidad frente a los destinos nacionales, puede aceptar que subsista la mañosa fórmula con que fuera redactada nuestra legislación minera y se desnaturalice un concepto que para todos los estudiosos debe ser claro. Ya nadie puede aceptar que lo que pertenece al Estado por la naturaleza misma de las cosas, que aquello que sólo se entrega con fines de explotación o aprovechamiento, se constituya en una propiedad o dominio igual o semejante a la propiedad o dominio civil. Debido a este cambio sustancial que se hizo en el Código de Minería, avanzó en Chile la penetración imperialista. El dominio no es ni puede ser -nosotros lo hemos sostenido muchas veces- un derecho sometido a caducidad por la sola circunstancia de no estar amparado, como lo fue hasta 1888, por medio del trabajo o, desde esa fecha para adelante, por el pago de una patente. La idea de caducidad es contraria a la esencia misma del dominio. No hay dominio sobre una cosa cuando el derecho recae sobre lo que pertenece a otro: al llamado propietario del predio superficial. No es dominio el que recae sobre una cosa y admite que, sobre ese mismo bien, otro individuo tenga el dominio civil y aun el derecho de goce en la finalidad minera prevista por el legislador. De mo- do que, si desde el punto de vista de la técnica jurídica resulta elemental la conclusión de que el legislador minero usó un lenguaje impropio al decir en los artículos del código del ramo que lo que concedía la ley era una propiedad minera y que ésta era un inmueble, y, en general, al emplear términos destinados a dar una apariencia que no corresponde a la esencia ni a la verdad del derecho concedido, no podríamos haber entrado a dar normas modernas sobre el derecho de propiedad sin corregir este mal uso de las palabras en que cayó el legislador minero.
Por otro lado, comprendo que mis observaciones no pueden limitarse al examen del aspecto jurídico del problema en debate.
Soy marxista. Lo proclamo con orgullo y, al mismo tiempo, con modestia. Con orgullo, porque me enaltece el haberme incorporado al pensamiento renovador que está fijando la orientación fundamental de los pueblos y que determinará toda una etapa en la historia de la humanidad. Con modestia, porque conozco mis limitaciones y defectos. Y, naturalmente, cuando me proclamo marxista, no lo hago para hablar en un sentido dogmático. Debo, por lo tanto, atender a los hechos, saber exactamente qué consecuencias ha de traer el que, en el texto constitucional reformado, desaparezca la trampa, el error, la maquinación que tomó forma en el Código de Minería.
El efecto principalísimo, la consecuencia que ningún hombre honorable puede negarse a sancionar, es que todo concesionario minero deberá colocarse frente al Estado que le entrega la concesión o merced, en la natural subordinación, en la dependencia absolutamente esencial de la relación de derecho que se crea, en el abandono de toda pretensión de prepotencia, en el reconocimiento de que, si se recibe la concesión, es para cumplir las funciones que el constituyente y el legislador han tenido en cuenta al autorizar su otorgamiento.
En el debate en general de los convenios del cobre, yo sostuve que el error más grave cometido en toda la negociación consistía en haber aceptado la premisa falsa de que las compañías extranjeras explotadoras del cobre estaban en libertad para trabajar o no sus pertenencias. Afirmé que, bajo el imperio de la antigua ley, pese a la terminología equivocada del Código de Minería, podía el legislador cambiar el régimen de amparo de las pertenencias y establecer lo que la lógica más elemental re- clama: la caducidad de las concesiones cuando no se les da la utilización prevista por el legislador.
El señor FUENTEALBA.- ¿Alguien ponía en duda que ello era posible?
El señor CHADWICK.- Debo recordarle al Honorable señor Fuentealba que, hasta entonces, con la interpretación acomodada de los términos de la ley, que, sin duda, daba pie formal para sostener esa doctrina, se había enseñado unánimemente que la concesión era una propiedad y que, por lo tanto, tenía incorporado un derecho adquirido que no podía modificarse. Nosotros, que invocábamos el artículo 12 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, éramos una voz clamando en el desierto. En el debate habido en la Sala y en las Comisiones unidas, se fue esclareciendo el problema. No quiero jactarme al decir que buen aporte hicimos nosotros, los Senadores del FRAP, para que aun las personas que nunca habían pensado en este orden de ideas terminaran por concurrir con nuestra posición básica.
No podemos estarnos refiriendo en cada instante a lo que pasó, por deplorable que haya sido. Lo que nos interesa es el futuro; lo que nos mueve fundamentalmente es la siempre renovada convicción de que habrá un camino para dar a Chile lo que le corresponde. Sé perfectamente que ahora, cuando el partido de Gobierno ha anunciado expresamente su conformidad con los incisos tercero y cuarto, salvo la excepción que se consigna en la última frase del inciso cuarto...
El señor FUENTEALBA.- También estamos de acuerdo.
El señor CHADWICK.- Mejor si están de acuerdo. Mi error al respecto se debe a la reserva formulada ayer, en la Comisión, por el señor Ministro de Minería.
La disposición correspondiente, por lo tanto, habrá de ser aprobada, por cuanto sobre ella existe la conformidad de los hombres de Gobierno, del Partido Radical, de los partidos de Derecha y la nuestra, anticipada a lo largo de los años. Ya podemos decir que Chile, por sobre las diferencias políticas, por encima de los rencores que nos separan, y empujado por la fuerza de las circunstancias, por la inevitable respuesta que debemos dar a los actos de presión a que estamos sometidos, ha deshecho la telaraña de las disposiciones del Código de Minería que nos enredaban. Ahora, la concesión pasará a ser reconocida, en las propias disposiciones constitucionales, como lo que es: un derecho que emana del Estado y que tiene por finalidad el aprovechamiento de las riquezas que se esconden en el subsuelo.
El Honorable señor Bulnes ha expresado dudas en cuanto al acierto con que se han utilizado algunas palabras y ha manifestado su deseo de que estas disposiciones tengan nueva redacción. No pienso que pueda haber duda alguna respecto del sentido perfectamente explícito, meridiano y categórico que alcanzan los preceptos que comento, los cuales han sido redactados sin precipitación alguna. Ellos corresponden a las mismas ideas que logramos fueran aprobadas por esta Corporación, durante la discusión particular de los convenios del cobre, en el artículo 6° transitorio. Reitero que esos conceptos responden a una posición política largamente mantenida. Además, ocurrió que los juristas que trabajan por encargo del Gobierno en una comisión designada por el Ministerio del ramo, tenían preparado un texto que se inspiraba en la misma doctrina. No hay, pues, precipitación. Ha habido una coincidencia que se produjo por diversos caminos, pero que-repito- responde a una necesidad profunda e ineludible de nuestra patria.
No me parece conveniente romper el orden natural en que este debate ha de llevarse. Considero que mis observaciones deben limitarse a lo ya dicho, para poder intervenir más adelante, precisamente cuando se ponga en discusión el inciso quinto del texto propuesto por la Comisión. Entonces habrá lugar a rebatir algunas apreciaciones hechas en esta Sala y que, según mi parecer, podrán desvirtuarse si tenemos el buen propósito de examinar los hechos y sus consecuencias, sin sujeción a ninguna clase de prejuicios.
Por último, no puedo ocultar que para el Partido Socialista es motivo de extraordinaria satisfacción ver concurrir a todos los sectores del Senado a la aprobación de los incisos tercero y cuarto, que están llamados a tener gran influencia en la vida nacional.
Nada más.
El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente, con el objeto de ser estrictamente breve, no deseo abundar en las consideraciones de fondo, que, en nombre del Partido Comunista, hicimos en nuestra intervención de anteayer, a propósito de este proyecto. Me referiré, concretamente, a la materia debatida en esta ocasión.
El Partido Comunista es partidario, sustancialmente, y en forma decidida, de las modificaciones al número 10 del articulo 10 de la Constitución Política del Estado que aquí se proponen. Quiera fijar en el texto constitucional, de manera aún más fuerte y definida de lo que se hace actualmente, la calidad del dominio que el Estado tiene sobre las minas, como absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, por creer que, realmente, esta riqueza fundamental del país estará en condiciones, a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de los convenios del cobre, de retornar, en día no lejano, al patrimonio nacional.
También compartimos la idea de modernizar, de poner al día la disposición constitucional, al incorporar a su letra las covaderas, los depósitos de carbón e hidrocarburos, porque responden, naturalmente, al estado actual de la industria y de la minería.
Del mismo modo, estimamos que las excepciones que se hacen dentro de este inciso son justificadas por la realidad.
Deploramos que no se incorporen las caídas de agua entre los recursos que se declaran propiedad del Estado, pues en la hora actual la potencialidad hidráulica de un país es uno de sus factores decisivos de desarrollo económico. Estimamos de altísimo interés, y una necesidad viva en lo presente y lo futuro, lograr que el Estado sea el dueño absoluto también de las caídas de agua.
Los comunistas concordamos también con la idea de definir en forma más clara la facultad del Estado para otorgar concesiones respecto de las sustancias que pueden entregarse para su exploración y explotación; las formas y resguardos de su otorgamiento; el objeto sobre el cual recaerán los derechos que confiera, y la actividad, como aquí se ha subrayado, que los concesionarios estarán obligados a desarrollar en beneficio del país para poder impetrar y merecer amparo, cobertura y garantía legal, puesto que, como se ha expresado por varios oradores en esta Sala, constituye una corruptela y un atentado contra el interés de la nación el hecho de que, por una simple patente de mísero costo, se dejen durmiendo enormes extensiones y yacimientos minerales que no se explotan.
Los comunistas creemos que es el trabajo el que justifica la concesión. Si se adquiere una concesión para no hacer nada, se está burlando el interés nacional, y ella debe caducar cuanto antes.
Asimismo, estuvimos decididamente de acuerdo en la idea de excepcionar del sistema de concesiones la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, y dejar su exploración y explotación exclusivamente en manos del Estado chileno. Creemos que una riqueza tan básica como el petróleo, respecto de la cual los grandes y tentaculares monopolios internacionales, por conquistar sus yacimientos a lo largo de los cinco continentes del mundo, no han vacilado incluso en recurrir a guerras, intrigas políticas y golpes de Estado, debe quedar en Chile al margen de ese peligro. Eso se logra entregando exclusivamente al Estado la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
En esta Sala ha habido una discusión por momentos acalorada en torno de aquel inciso que envuelve la idea de la nacionalización, en el sentido de reservar para los chilenos la exploración y explotación mineras y de fijar porcentajes respecto de ella. Nosotros estamos de acuerdo con este precepto. Se ha dicho por algunos que esto viene a librar al país de una discriminación que se ejerce en un solo sentido, de la discriminación que en este momento se impulsa contra los chile-nos y en favor de las compañías extranjeras. Creo que los comunistas no pretendemos tomar banderas que no hicimos flamear ayer, que no abrazamos desde el origen mismo de nuestra organización, si decimos que desde los tiempos de Recabarren estamos luchando precisamente para que este país sea de manera esencial para los chilenos y para que no haya clases privilegiadas.
En la intervención que tuvimos anteayer, expresamos que estamos contra todas las formas de la gran propiedad, que se beneficia a si misma beneficiando muy poco al país. En ese sentido, apoyamos este artículo, porque es un camino necesario en la aprobación de la reforma agraria.
Un diario trae la noticia de que, en los últimos quince años, Chile ha debido comprar 1.600 millones de dólares en alimentos al extranjero, precisamente a causa de la incapacidad de la agricultura chilena para producirlos. Naturalmente, esta situación ha llegado a un punto en que, o hay un cambio profundo en el agro, o el hambre se hará presente con mayor intensidad en los hogares de millones de chilenos.
Estamos de acuerdo con este artículo y también con todo paso que signifique recordar que la caridad empieza por casa y que, incluso, los chilenos están antes que las compañías extranjeras.
Fuimos y somos adversarios rotundos, tajantes y acerados de los convenios del cobre, porque los consideramos gravemente lesivos para el interés nacional.
Todos los hombres del movimiento popular hemos clamado, en el Congreso Nacional y en todos los lugares donde nos ha sido posible, acerca de la ignominia envuelta en un precio del cobre ruinoso, irrisorio, artificialmente bajo y que no guardaba ninguna relación con el precio del mercado internacional de Londres. Hoy día, el Gobierno ha tomado la determinación de alzar el precio de la libra de cobre en 20 centavos de dólar; de 42 centavos a 62, exceptuando las 90 mil toneladas que se entregan al Gobierno norteamericano.
Queremos decir que ése es un paso adelante; que se ha hecho sentir el clamor del país. Podríamos estimar, con un sentido limitado, en él cual no deseo incurrir, que ésta es, simplemente, una victoria del Frente de Acción Popular, que puso el grito en el cielo, muchas veces en tono destemplado pero justo, por la magnitud del despojo, en contra de esta ignominia. Nos inclinamos por decir que es un triunfo de Chile, de la razón, del sentido común. Victoria parcial, puesto que, de cualquier modo, el precio es bajo con relación ai del mercado de Londres, el cual, según mi información, hoy ha alcanzado a 95 centavos de dólar por libra de cobre. En todo caso, es mejor cobrar 62 centavos que 42.
Nos duele lo tardío de la' medida. Pensamos en los millones de dólares perdidos y en lo que se hubiera podido hacer con todos ellos en materia de casas para nuestro pueblo, en kilómetros de caminos, en hospitales y en escuelas, que tanta falta hacen en nuestro país.
Pero no queremos incurrir en la actitud de la lechera que llora ante la leche derramada. Ahora miramos al presente y al futuro. Es un paso adelante que ojalá se consolide de veras, hasta lograr que el cobra chileno se transe a su precio justo, determinado libremente en el mercado internacional, y, finalmente, conduzca también hacia la nacionalización, que es la verdadera chilenización de esta fuente básica de materias primas.
Deseo hacer notar que, en esta hora, fuerzas que ayer no estuvieron con esta posición han expresado aquí su malestar ante el hecho de que los chilenos sean preteridos y de que, en su propia casa, sean cenicientas que están en la cocina, o ciudadanos de segunda clase.
Para terminar, quiero decirles que oja-la perseveren en esta actitud. No tenemos muchas esperanzas de que así ocurra, porque creemos que se trata de una colusión de intereses del momento, determinada por el hecho que aquí aclaró el Honorable señor Altamirano. Hoy día son ellos los golpeados, los grandes señores de la tierra; y ese golpe se produce un tanto a traición por aquella fuerza que durante casi un siglo .marchó del brazo, en una especie de alianza, con los grandes intereses creados, porque en este país, desde hace un siglo, los intereses extranjeros y del latifundio marcharon codo a codo, en calidad de sociedad no escrita, pero ratificada mil veces en los hechos. Hoy se rompe esa asociación, pues alguien debe ser sacrificado ante este cambio impetuoso.
Han tratado de cortar el cordel por lo más delgado, y para salvarse ellos en gloria y majestad, para mantener sus posiciones y aumentar aún más los privilegios del imperialismo -el socio de ayer-, abandonan a su amigo del pasado. Naturalmente; esa traición tiene que provocar profundo resentimiento y amargura. ¡Son ironías de la historia! ; La historia es trágica y también, a veces, tragicómica!
El movimiento popular, que siempre ha mantenido una actitud invariable contra las tres grandes fuerzas que representan los intereses creados en este país, no tiene de qué arrepentirse. Debe celebrar sí la caída probable de la gran propiedad territorial que inmovilizaba el campo; pero al mismo tiempo quiere destacar la necesidad de que los otros dos grandes enemigos que siguen gravitando sobre el país como si fueran dueños de casa, sean puestos en su sitio, a fin de que Chile sea en todo sentido un país para los chilenos y, sobre todo, para los chilenos de nuestra patria.
El señor IBAÑEZ.- Antes de abordar la materia central de mi intervención, deseo recoger algunas de las palabras que acabamos de escuchar al Honorable señor Teitelboim, y parafraseando sus conceptos, decir que las fuerzas que hasta ayer combatieron las ideas políticas por nosotros sustentadas, en especial 'las relativas a la economía, aparecen hoy haciendo, por boca del Honorable colega del Partido Comunista, a propósito de la fijación de los precios del cobre, la apología de los mercados y las cotizaciones libres.
No puedo sino celebrar tal pronunciamiento de nuestro Honorable colega, que tal vez refleja los cambios acelerados que se observan hoy en la nación de la cual emana la doctrina que Su Señoría profesa. Confío en que el señor Senador mantendrá y acrecentará su fe en el valor e importancia de la libertad económica, como él mismo acaba de señalarlo al referirse a 'los precios del cobre.
El señor TEITELBOIM.- Prefiero el mercado de Londres porque es mejor para Chile.
El señor IBAÑEZ.- Porque es libre.
El señor TEITELBOIM.- Por ser el mejor, pues allí se transa el cobre a 95 centavos de dólar la libra, y no a 42.
El señor IBAÑEZ.- Porque es un mercado libre, se transa en mejores condiciones para nuestro país.
El señor TEITELBOIM.- Si el mercado libre es mejor para Chile que el controlado por los Estados Unidos, naturalmente lo prefiero.
El señor IBAÑEZ.- Los mercados libres son siempre mejores que los controlados, señor Senador; y éste es el punto que quería poner de relieve.
Celebro el ejemplo tan relevante dado por Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.- Si se refiere al mercado norteamericano. Su Señoría tiene la razón.
El señor NOEMI.- No siempre ha ocurrido así, porque el precio del mercado de Londres a veces estuvo más bajo.
El señor IBAÑEZ.- Estamos en presencia de un hecho político que era perfectamente previsible. Comprobamos hoy lo que sucede cuando un Gobierno adopta la demagogia como política. Lo que entonces acontece es que a corto plazo esas fuerzas de Gobierno que adoptan la demagogia como norma, son rápidamente emuladas y superadas por otros grupos que pronto les hacen imposibles sus iniciativas, porque Van mucho más lejos en sus posiciones demagógicas que el propio Gobierno sustentaba.
Es, precisamente, el caso de hoy con relación al debilitamiento y la supresión de las garantías constitucionales que el Ejecutivo impulsa respecto de las actividades nacionales y que otros sectores políticos, por razones que en estos momentos no analizaré, quieren hacer extensivas a todas las actividades económicas que se desarrollan en el país, y, en forma muy particular, a aquéllas cuya propiedad está en manos de extranjeros.
Comprendo que el Gobierno está enfrentado a una situación extraordinariamente compleja y que su "viga maestra" sufre un serio quebranto por iniciativa de algunos grupos políticos opositores a su gestión. Me basta señalar por el momento este hecho que oportunamente habíamos advertí-" do, cuyo desenlace presenciaremos y el Gobierno habrá de experimentar.
Entrando a la materia misma del debate, deseo manifestar que, a propósito de esta enmienda constitucional, nos vemos enfrentados a decidir sobre una materia de extraordinaria trascendencia, que es la siguiente: cuando se rodea a la actividad chilena de inseguridad constitucional, como sucede con el proyecto en debate, ¿será posible mantener garantías y derechos especiales que en otras circunstancias, serían explicables y hasta justificados, a favor de determinadas empresas extranjeras? Pienso que ello no es posible.
No creo que haya parlamentarios, que, al requerírseles pronunciamiento sobre la materia, puedan optar por dar su respaldo a un régimen que favorece en forma excepcional a los inversionistas foráneos, en circunstancias de que en este mismo proyecto de ley se establece en la práctica, una sentencia de muerte para muchos empresarios nacionales.
Somos absolutamente contrarios -lo hemos expresado a lo largo del debate- a debilitar, y con mucha mayor razón, a suprimir la garantía del derecho de propiedad. Pero si se establece esa inseguridad para las empresas chilenas y se nos pide pronunciamiento acerca de la situación en que deberán quedar las extranjeras, mantendremos el principio que hemos enunciado en cuanto a que las disposiciones constitucionales no pueden tener carácter discriminatorio a favor o en contra de nadie.
Lamentamos que el texto sometido a nuestra decisión comprenda materias, ideas y formas de redacción con las cuales no, podemos concordar, aunque haya conceptos de fondo, especialmente, la discriminación a que me acabo de referir, respecto de los cuales nuestra decisión no nos ofrece duda. Así también, los incisos primero, segundo y tercero no cuentan con nuestro respaldo, por las razones manifestadas en la discusión general del proyecto. Incluso me atrevo a decir que las prohibiciones de carácter constitucional aquí consignadas, pueden constituir a corto plazo un escollo gravísimo para la vida nacional. Me refiero, entre otras, a la parte final del inciso cuarto, donde se dice que "ni la exploración ni la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos podrán ser objeto de concesiones".
Estimo dicho precepto extraordinariamente peligroso, pues ya no es secreto para nadie que, no obstante los grandes esfuerzos realizados, no ha sido posible des- cubrir nuevos yacimientos da petróleo en Chile, y que los actuales están condenados a agotarse en breve plazo. Me pregunto, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando esos yacimientos se agoten ? Es preferible tener diversas...
El señor CHADWICK.- Buscar otros.
El señor CURTI.- No es cuestión sólo de buscarlos, sino de encontrarlos.
El señor IBAÑEZ.- Eso es lo que ha estado tratando de hacer la ENAP, en forma infructuosa. Además, es necesario tener recursos para prospectarlos.
En este momento, no intento hacer ningún alegato a favor del otorgamiento de concesiones petroleras a empresas extranjeras; pero sostengo que es extraordinariamente arriesgado y hasta insensato establecer una prohibición constitucional que impida dar esas concesiones, si en un momento dado el interés público aconsejare seguir ese camino.
Respecto del inciso quinto, acojo y hago mías las observaciones que escuchamos al Honorable señor Bulnes.
No creo que podamos establecer la obligación de que todas las empresas, en especial las más grandes, tengan que ser forzosamente de propiedad de ciudadanos chilenos. En mi opinión, aunque ello constituya un anhelo muy sentido, que comparto, escapa a nuestras posibilidades económicas. Concuerdo, pues, con la idea del Honorable señor Bulnes en cuanto a que esas empresas, que son propiedad de inversionistas extranjeros, estén, para todos los efectos legales, radicadas en nuestro país. En consecuencia, anticipo mi disposición favorable para votar un texto de la naturaleza que acabo de señalar. Si en este momento debo abstenerme de votar afirmativamente tal precepto, es porque tengo suficiente realismo para comprender que la disyuntiva que esta disposición nos ofrece es tener grandes empresas mineras o no tenerlas. En efecto, si se establece como condición para que ellas existan la de que pertenezcan a personas naturales chilenas -o en su gran mayoría, a chilenos-, podemos tener la seguridad de que esas actividades no podrán existir.
Con relación a estas materias, dejo planteada mi posición en cuanto a que estoy muy dispuesto a apoyar un texto constitucional que suprima las discriminaciones a favor de los inversionistas extranjeros. Estimo que así como no debemos discriminar en contra ellos -siempre me he opuesto a esa actitud, sustentada por otros partidos políticos, inclusive la Democracia Cristiana-, tampoco es aceptable hacerlo a su favor.
Considero necesario invertir esos capitales en nuestro país, paro ellos deberían llegar a Chile amparados por la legislación que a todos nos rige. Esas empresas, en mi opinión, deben radicarse en nuestro país y correr la suerte de sus congéneres chilenas, en cuanto a garantías constitucionales y facilidades que nuestras leyes otorguen.
El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Quisiera disipar un malentendido. En realidad, aquí se ha hablado mucho de discriminación. Desde luego, estamos a favor del inciso que discutimos, pero en él no se establece discriminación alguna, desde el momento en que la ley común puede regular por igual a nacionales y extranjeros. El nacional puede ser afectado por la expropiación, si se aprueba la reforma agraria, sobre la base de la disposición que reserva para el Estado el dominio exclusivo de ciertos bienes. Tal precepto puede aplicarse también a los extranjeros. En consecuencia, no aparece discriminación en el texto del primer informe, y no se debe seguir argumentando respecto de una discriminación que no figura en el texto de la iniciativa que conocimos anteayer.
 El señor IBAÑEZ.- Es evidente, como sostiene Su Señoría, que se puede hacer una cosa y la otra. Pero yo me refiero a lo que ya se está haciendo, a las franquicias y garantías que se otorgan a las empresas extranjeras y a los obstáculos y amenazas que el Gobierno crea a los empresarios nacionales. De modo que no me refiero a lo que hipotéticamente esta disposición constitucional permitiría o no permitiría hacer: hablo sobre las experiencias que en estos momentos estamos viviendo en Chile. Esas discriminaciones son particularmente odiosas para nosotros, porque implican -lo reitero hoy- grave amenaza al orden político, pues la inseguridad de que se rodea al empresario nacional amedrenta a la clase media chilena, vale decir, al sector más vigoroso en las actividades económicas del país; la cohibe y desalienta en sus impulsos creadores y la retrate en el ejercicio de su libertad política..
He explicado ya que iniciativas de esta índole, tanto en lo atinente a los extranjeros como en lo relativo a los chile- nos, no son ni tan contradictorias ni tan absurdas como superficialmente pueden aparecer. Son consecuencia de una línea política que no acepta que el desarrollo económico se realice por chilenos independientes, que pueden discrepar de las ideas políticas del Gobierno. Y a eso tienden los impuestos agobiadores que pesan sobre los ciudadanos chilenos en los precisos momentos en que se rebajan los que recaen sobre los extranjeros. A ese mismo fin tiende la pretensión de sustituir las garantías constitucionales, que, como muy bien explicaba ayer el señor Ministro, son parejas, rígidas y gratuitas, por disposiciones de carácter legal, derogares, flexibles, discriminatorias y condicionadas, como lo son las que el Gobierno podrá establecer.
Reitero que es a la esforzada clase media de este país a la que se pretende amedrentar, reduciendo su independencia por la amenaza que se cierne sobre sus patrimonios es decir, sobre el fruto de sus esfuerzos.
Debo decir que a diario y en forma creciente, recibo testimonios de lo que aquí sostengo, y ello me tiene profundamente alarmado.
He sido y seguiré siendo defensor de los inversionistas extranjeros, porque desde el punto de vista económico, y con los debidos resguardos, la labor que ellos realizan es conveniente para el país. Pero si se nos pide mantener garantías especiales a los aportes de capital extranjero para impulsar nuestro desarrollo económico cuando simultáneamente se amenaza de destrucción directa o indirecta a nuestro sistema democrático mediante el debilitamiento del derecho de propiedad, debo decir al país, al Gobierno y los inversionistas foráneos, que aunque nuestro desarrollo económico sea más lento y tengamos que circunscribirlo al sudor de nuestra frente, deberemos aceptar que tal desenvolvimiento se efectúe en esa forma más retardada, pero no aceptaremos jamás debilitar nuestras libertades democráticas ni que esa expansión del cobre permita continuar una política que implica la ruina 'de los esfuerzos de los chilenos.
Por este motivo, votaré en contrario los incisos segundo, tercero y cuarto, y me abstendré en el quinto, sin perjuicio de votar favorablemente una disposición que coloque a las empresas extranjeras en pie de igualdad con los empresarios nacionales.
El señor ALLENDE.- Era mi propósito no intervenir en el debate; sin embargo, las palabras pronunciadas por el Senador democratacristiano por Valparaíso, Honorable señor Prado, me obligan, antes de entrar al fondo del problema, a precisar algunos hechos.
Los hombres del movimiento popular, los Senadores del FRAP -socialistas y comunistas-, hemos mantenido, en el Gobierno o fuera de él, un mismo pensamiento y una misma actitud. Nunca tuvimos mayoría en el Congreso- me refiero a la Izquierda- ni influencia decisiva en los Gobiernos, pero nos responsabilizamos plenamente de nuestra actitud. Con respecto al Gobierno Popular de Pedro Aguirre Cerda, señalamos con satisfacción y orgullo que representó un avance indiscutible en el progreso económico y social de Chile. Contribuimos a elegir a ese Presidente y fuimos sus colaborado-res en una línea de auténtico progreso dentro de la realidad nacional. En ese Gobierno, y por primera vez, se alzó la tributación del cobre y -lo dije en el Senado- se hizo posible el desarrollo industrial de Chile al dar al país hierro, acero, petróleo, energía eléctrica. Para darle petróleo hubo que luchar muy duramente contra la actitud tradicional del Gobierno norteamericano y de los intereses petroleros. La ENAP, para impulsar la producción de petróleo en Chile, no ha recibido jamás un centavo de dólar, y sólo el esfuerzo nacional ha hecho posible el éxito de dicha industria.
En seguida, debemos recordar que, a lo largo de los años, a veces contando con un grupo parlamentario numeroso, y otras, con sólo un Senador socialista -en la época negra de la ley de Defensa de la Democracia-, hemos mantenido el mismo pensamiento, idéntico criterio. No podemos decir lo mismo de los democratacristianos, pues ellos, por ejemplo, defendieron el nuevo trato al cobre y el referéndum salitrero, y de ello hay constancia en las intervenciones de los señores Tomic y Frei.
También, aunque parezca majadero, debo recordar las iniciativas nuestras sobre Corporación del Cobre, Corporación de Minerales Básicos, nacionalización del la industria cuprera, y todos nuestros planteamientos en el debate de los convenios. Fuimos los únicos en denunciar lo que significó para Chile la política estadounidense de fijar precio arbitrario al cobre producido fuera de sus fronteras, vale decir en nuestro país, diferente del extraído dentro de su territorio. Me refiero a la época en que Norteamérica creó un solo poder de compra: la "Metal Reserve". Se estima en una cifra extraordinariamente alta, de millones de dólares, lo que representó para Chile esa sangría impuesta por el establecimiento de un solo poder de compra. ¡Y se ha dicho que ésa fue una contribución de nuestro país a la victoria de las democracias...!
Es conveniente recordar esos hechos, porque reflejan nuestra política. Más todavía: no pertenecía yo al Partido Socialista Popular cuando dicha colectividad estuvo en el Gobierno, durante la Administración del señor Ibáñez; pero es útil destacar que el señor Clodomiro Almeyda, Ministro de Minas, tuvo que renunciar precisamente por exigencia partidaria frente a la política cuprera.
De ahí que podamos expresar con satisfacción que nuestra actitud ha sido siempre la misma. Y si recuerdo estos hechos, es porque me ha parecido inconveniente dejarlos pasar, y debido a que ellos permiten dejar las cosas en su lugar.
Ahora bien, esta tarde constituye para nosotros un momento de satisfacción. Vemos que fructifica la semilla sembrada en la conciencia nacional a lo largo de tantos años, en parte por la determinación mayoritaria que tomará el Senado de introducir en la Constitución conceptos que significan defender para Chile sus riquezas básicas. Quiero destacar que no podía ser otra nuestra actitud; hemos nacido a la vida política para realizar una revolución nacional popular, antimperialista, antioligárquica y antifeudal, y luchamos por la consecución de ese objetivo. En ningún acto de nuestra vida, en ningún planteamiento, en ninguna posición doctrinaria hemos claudicado de ese propósito, que constituye la base esencial de nuestra existencia política. Conviene tener firmeza en los principios, pues ello nos otorga cierta autoridad moral que nadie puede discutir. Y tenemos la certeza de que la dura ruta elegida es la única posible para lograr el proceso de transformación que nuestras naciones reclaman.
Hemos destacado en forma reiterada que los países como el nuestro no podrán alcanzar su independencia y desarrollo económico si no existe la determinación, la voluntad nacional que permita hacerlos dueños de sus riquezas fundamentales.
Cuando se discutieron los convenios del cobre -no es el caso reiterar nuestros argumentos-, dijimos por qué éramos contrarios a ellos. Señalamos que, a nuestro juicio, constituía grave error de la Democracia Cristiana asentar la penetración del capital extranjero y darle ventajas extraordinarias. Expresé en esa oportunidad que nuestra- actitud contraria Gobierno del señor Frei no era oportunista, sino que representaba la que siempre hemos observado. La tuvimos en todos los Gobiernos a los cuales hemos combatido lealmente como Oposición, y también en aquellos otros en que participamos de manera eventual y transitoria, y de acuerdo, por cierto, con la realidad de la época y del momento.
Cuando Chile triunfó -lo estimo así- con el Gobierno popular de Pedro Aguirre Cerda los socialistas no planteamos que fuera un Gobierno socialista. Dijimos que era burgués progresista, que lucharía por dar pan, techo y abrigo al pueblo, y explicamos que en aquella etapa de Chile estábamos en esa actitud, lo cual no significaba renunciar -nunca lo hemos hecho- a nuestros propósitos de instaurar en definitiva el socialismo.
Por eso, junto con precisar estas cosas, debemos señalar algunas circunstancias que nos llevan a la convicción íntima de que en 'la actitud política del Gobierno del señor Frei, hay un error de hecho cuando, planteando la necesidad de realizar cambios estructurales en el país, pone su acento sólo en la transformación de la propiedad de la tierra, en el término del latifundio agrícola, cosa que también nosotros hemos destacado como indispensable desde hace muchos años. Somos antifeudales, pero hemos agregado rotunda y categóricamente que no es posible la transformación de un país como el nuestro, en vías de desarrollo, aunque termine el latifundio agrícola, si no se toca el latifundio minero. Y Chile es un país dominado.
Precisamente, por el capital foráneo que controla la gran riqueza nacional.
Si el latifundio es una lacra en una nación incapaz de alimentar a sus habitantes, que cada año debe importar ciento veinte millones de dólares o más, de carne, trigo, grasas, aceite y mantequilla. Si vivimos en actitud mendicante y expuestos a tener que soportar la injuria, como cuando en publicaciones de la propia Embajada norteamericana se destacó que dos millones de chilenos reciben alimentos de los Estados Unidos. Si conocemos el juego del paquete Cáritas y de los excedentes agrícolas. Si estamos ciertos de que toda esa situación tiene origen, básica y esencialmente, en que las riquezas del país están en manos de capitales foráneos. Si hemos dado hasta la saciedad las cifras demostrativas de cómo ese capital, en el curso de veinte o treinta años, se ha llevado de Chile el cincuenta por ciento de la riqueza nacional. Más aún, señalamos que con los convenios del cobre, en veinte años se iba a llevar cuatro mil millones o seis mil millones de dólares, según se consideraran los gastos de fletes, seguros y otros servicios, o no se tomaran en cuenta. Ese es nuestro planteamiento, y de ahí la discrepancia de fon- do.
Con lenguaje tranquilo y sereno hemos afirmado que la Democracia Cristiana no es antiimperialista y que toda su filosofía se ha asentado en la adopción de medidas que no lesionen al gran capital foráneo, para evitar presiones internacionales -sabemos que existen- de parte del Departamento de Estado, que siempre se toman contra los países que se atreven a herir los intereses norteamericanos.
Sabemos perfectamente que la política estadounidense es descarada en ese sentido. Declaraciones del propio Gobierno y del Departamento de Estado expresan que las inversiones de sus connacionales tienen el resguardo y el amparo del Estado norteamericano. De ahí, entonces, nuestra permanente actitud de crítica. De ahí que no vacile- nos ni tengamos contemplaciones ni contemporizaciones con el capital foráneo.
Fuimos los primeros en señalar el trato discriminatorio -no acepto que se lo exprese como discriminación racial- entre el capital extranjero y el nacional, ni las ventajas que él representa. Asimismo, hace 15 ó 20 años señalamos que el cobre, el salitre y el hierro tienen un trato de excepción; que es una vergüenza nacional que la contabilidad de las empresas se lleve de acuerdo con las normas que rigen en Estados Unidos; que no se coticen en la Bolsa de Comercio de Chile las acciones da las compañías del cobre. Estos hechos demuestran falta de sentido nacional superior en los distintos Gobiernos.
Hemos hecho presente que, desde el punto de vista nuestro y de la interpretación que damos a nuestro sistema económico y social, ha habido colusión, como lo destacaba el Honorable señor Teitelboim, entre los intereses del capital foráneo y los de las oligarquías terratenientes, bancaria y feudal.
Es por eso por lo cual hoy día, junto con destacar que la siembra que hicimos en tantos años fructifica en un criterio nacional, es satisfactorio señalar que para llegar a este proceso, a esta etapa distinta, han contribuido Senadores de todos los Bancos. Tal hecho es auspicioso, pues representa un avance indiscutible.
Seguiremos insistiendo en nuestras ideas, por comprender que más temprano que tarde, la plenitud de nuestra concepción encontrará eco aún en quienes más obstinadamente han tratado de oponerse al avance social y, por lo tanto, a la transformación económica del país.
Cuando uno repasa cuatro o cinco cifras de la realidad latinoamericana, en lo relativo a analfabetismo, vivienda, alimentación; cuando se sabe el desnivel en las relaciones de intercambio; cuando se aprecia, inclusive en los sesudos estudios de la CEPAL, lo que representa el flujo del capital extranjero, que es inferior al que sale del país; cuando comprobamos -puedo dar a conocer cifras al respecto- que ahora debemos vender físicamente más que antes para comprar menos, porque vendemos barato y compramos caro, se consolida nuestra convicción de que esta actitud, mantenida en forma permanente, es fiel reflejo de la realidad.
Cabe insistir sobre el particular, porque existe el prurito de transformar la realidad y el propósito bastardo y artero de colocar al movimiento popular y a otros sectores que no comparten la posición del Gobierno en actitud de oposición cerrada.
Ayer, por ejemplo, en la hora de Incidentes, cuando había muy pocos señores Senadores, dije que mientras esperaba audiencia con el Contralor General de la República, me llamó la atención un folleto sobre la reforma agraria y otro, que tengo en la mano titulado "Chile ha elegido su camino". Tomé los dos folletos. La señora secretaria que estaba allí me dijo que 'los llevara -había muchos-. Le di las gracias. No los leí allá, pero en el Senado, después de hojearlos, pedí la palabra en Incidentes. El último de los señalados es un folleto sin pie de imprenta; ni siquiera tiene una sigla, un nombre, que señale quién lo editó. Está escrito en lenguaje agresivo, intencionado -yo, diría malévolo -en contra de los sectores opositores en general y, fundamentalmente, del movimiento popular.
Yo decía ayer, en presencia de uno o dos Senadores democratacristianos, que si a algunos de nosotros nos dijeran que somos deshonestos, o -repito lo que manifesté ayer- se nos calificara de ladrones, no reaccionaríamos violentamente, porque tenemos conciencia de que en las filas del movimiento popular la gente es honesta, y el país lo sabe. Creo que en la mayoría de los partidos no existe la posibilidad siquiera de motejar en esos términos a ningún parlamentario. Pero es mucho más duro, injusto, torpe, cobarde, canallesco y vil lo que se dice en ese folleto. Eso sí que duele: "Los otros buscan la violencia y el caos para imponer su dictadura. Quieren un pueblo esclavo y sujeto a las órdenes de potencias extranjeras. Quitan recursos al Gobierno para mantener la miseria. No defienden los verdaderos intereses de los trabajadores, porque sólo buscan el predominio político. ¡Pero el pueblo los conoce!". Y, en seguida: Si usted tiene problemas en su hogar, si hay falta de alimentos, el FRAP tiene la culpa. Faltan casas en Chile, que podrían construirse: el FRAP lo impidió. ¿Cuántas personas hay sin trabajo? Ahora pudieron obtenerlo, pero el FRAP se opuso a ello. ¿Cuántos campesinos necesitan la reforma agraria? Ahora pudieron tenerla, pero el FRAP lo impidió. La huelga del cobre detiene el progreso del pueblo, etcéteta. Y sigue el folleto con ese mismo lenguaje...
Creo útil denunciar estas cosas con serenidad e inquietud, porque se está formando un clima moral desquiciador para la convivencia democrática. Es inadmisible que folletos de este tipo circulen y estén a disposición de quien quiera en las oficinas públicas. ¿No está prohibido por la ley editar folletos sin pie de imprenta?
El señor CHADWICK.- Es una cobardía.
El señor ALLENDE.- Sé que no es cierto cuanto en estos folletos se afirma, pero si quienes los editan piensan que lo es, tienen la obligación moral de decirlo frente a nosotros.
Estos son los hechos que me han movido, más que la reforma constitucional, a decir esta tarde unas cuantas palabras. Si va a haber reforma agraria, es porque los Senadores de estos bancos nos hemos precipitado a desglosar la enmienda del número 10 del artículo 10, de la Constitución, pues de ese modo se ha promovido el cambio de ideas respecto de conceptos muy arraigados sobre el derecho de propiedad. Se va a terminar con la actitud contraria a la auténtica reforma agraria. Evitemos que se hagan parcelaciones, fantasmas o irreales.
"Queremos el fracaso del Gobierno, para que haya miseria". Esta es una acusación sin precedentes, porque la miseria es el hambre, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento para los nuestros, para la mayoría de la gente que milita en los partidos populares. No hablo de casos personales, porque yo tuve la suerte de que mi padre me diera una profesión y, por último, soy parlamentario. Ningún señor Senador podrá decir que pasa hambre. En nuestro partido y en el Comunista el 90% o 95% de sus militantes son obreros, trabajadores que tienen entradas rígidas, constituidas por un salario, de modo que el impacto de la inflación conduce a que cada día la penuria de su existencia sea mayor.
i Responsabilizarnos a nosotros! ¿Es necesario que diga cuántas veces, como lo hacemos ahora, hemos golpeado donde ustedes, Senadores de la Democracia Cristiana, y ante el Gobierno para que se alce el precio del cobre, medida recién establecida por el Presidente Frei? ¿Tendré que reiterarles la crítica justa que hicimos tantas veces a su política incomprensible, que significaba entregar riquezas de Chile a raudales? Cuando en mala hora se rebajó el precio de ese metal, de 42, a 36 centavos para entregar 90 mil toneladas a los americanos, dijimos que tal medida significaría una pérdida neta de 3 millones 500 mil dólares y que la llamada compensación no seria tal, sino un préstamo' intencionado, pues habría que gastarlo en comprar maquinarias en Estados Unidos en donde tienen precio superior en 20% 6 25 por ciento al del mercado mundial..Fue una aberración increíble Eso sucedió cuando el precio del cobre estaba a 42 centavos.
El señor CHADWICK.- Precio oficial.
El señor ALLENDE.- He hecho un pequeño cálculo de lo que habríamos ganado eventualmente al vender a 45 centavos, no ya a 62, como se ha fijado: ¡habríamos obtenido 15 millones 241 mil 600 dólares más!
Es decir, un Gobierno que dice ser antiimperialista, revolucionario, que se niega a otorgar facilidades al capital foráneo, entrega esa cantidad. Sin embargo, nos preguntan cuántas escuelas y casas se habrían construido, cuantas ocupaciones se habrían dado, si la huelga del cobre -no insistiremos sobre ella, porque ya hemos dicho bastante y porque este asunto está sellado con algo que no se olvida: la muerte de seis obreros y dos mujeres- no se hubiera declarado.
Con los millones de dólares que estaba en manos del Gobierno obtener al alzar el precio, como ahora lo hace, ¿cuánto se habría logrado? ¡Cuánto ha reclamado el movimiento popular el cumplimiento de disposiciones legales! ¡Si el Senador comunista Honorable señor Teitelboim envió al señor Freí, al comienzo de su Gobierno, una carta pública al respecto, la cual, según tengo entendido, no mereció respuesta!
Otro tanto podría decir del Gobierno del señor Alessandri, a quien criticamos cuando manifestó que "bona fide" -se me quedó gravado el término, y por eso lo empleo, a pesar de no ser partidario de usarlos, y, por lo demás, no domino ningún otro idioma-, de buena fe, las compañías debían devolver la utilidad extraordinaria que percibirían por el alza del valor del dólar. ¡Pero las empresas no dejaron un cinco en Chile! Y a esas compañías que no han querido devolver 23 millones de dólares que, de acuerdo con la ley, nos pertenecen, ahora se les regalan 15 millones más, lo cual, en matemáticas elementales, suma 38 millones de dólares. Entonces tenemos que sostener, con respeto pero con claridad, que no entendemos esta posición.
Estamos coincidiendo en una actitud análoga. Vemos con satisfacción que ahora, cuando están lesionados algunos intereses, brota en algunos sectores de la Derecha el sentido auténticamente nacional que siempre hemos reclamado. Pero ese sentido nacional debe medirse, no sólo en razón de los intereses materiales del país, que son fundamentales, sino también de la dignidad, la independencia y la soberanía de la nación, y en la posibilidad del desarrollo integral de la personalidad humana.
Cuando se nos moteja, en forma injusta, de querer disminuir genéricamente el sentido del hombre, a veces callamos, y otras, reímos despectivamente. Nosotros luchamos por un hombre nuevo en una sociedad distinta. ¡Si no somos tarados! Muchos provenimos de la pequeña burguesía; hemos nacido en el régimen que defiende el Honorable señor Ibáñez: de libre empresa, de libre comercio. Pero el señor Senador no entiende el planteamiento de fondo que hizo el Honorable señor Teitelboim. No hay contradicción en lo que sostuvo: que en un régimen capitalista es preferible, para Chile, un mercado que pague más a uno que pague menos.
Tenemos criterio formado respecto del papel del hombre en la economía futura del país. Tenemos un sentido nacional auténtico expresado en el aforismo "la riqueza de Chile para los chilenos, más posibilidades de desarrollo con el esfuerzo de los chilenos y sobre la base de controlar nuestras riquezas esenciales".
¿No han visto, acaso, que ya en América Latina no hay dudas respecto de la necesidad de innovar fundamentalmente la Alianza para el Progreso; que los gobernantes, aun los reaccionarios, expresan el fracaso de esa organización, y que en los propios Estados Unidos hay preocupación por ello?
¿Se podrían hacer estos cambios en países latinoamericanos donde hay gente que defiende los intereses del latifundio, vinculados a la banca, los monopolios y el capital foráneo?
¡Ese es el fondo del problema!
Nos congratulamos de lo que está sucediendo. Estimamos auspicioso para Chile -no pongo exageración en mis palabras- que nazca aquí, constreñida o no, pero expresada en la Carta Fundamental, una voluntad nacional que reclama igualdad de trato para los chilenos y terminar con la ventaja del capital foráneo, que no sólo lo es en el orden económico, señores Senadores democratacristianos, radicales y de la Derecha, sino que se expresa en la presión política, en la intervención, en doblar la mano a la actitud de independencia que pudiera pretender un gobierno. Los Senadores de la Democracia Cristiana lo saben perfectamente.
Nosotros, que hemos combatido y combatimos al Gobierno del señor Frei, hemos reconocido, por ejemplo, que tuvo una actitud distinta en Santo Domingo, pero sabemos también por qué no pudo avanzar más allá: si lo hacía, ¡ahí está el empréstito que no llega, la presión económica que se ejerce, la dádiva que no se alcanza!
Por eso, reclamo el respeto hacia nuestra actitud. Por eso, también, en la pasada campaña presidencial -muy pocas veces me refiero a ella, porque no quiero poner acento alguno que se interprete como personal, porque tengo dureza y me resbalan los calificativos de antipatriota, de traidor, de sometido a la voluntad foránea-, sostuvimos la necesidad de dictar, no una reforma, sino una nueva Constitución, con nuevos conceptos. Lo dijimos a Chile entero: "Dentro del régimen jurídico, vamos a dictar una nueva Constitución con un concepto distinto de la propiedad, pero también con un concepto diferente de los derechos sociales y humanos, incorporando a la Carta Fundamental el derecho de los niños, de los ancianos, de las madres, el derecho al trabajo y a la salud". Todo eso echo de menos en la actual reforma. La nuestra tenía un contenido profundo, porque para nosotros el hombre, genéricamente hablando, es lo que interesa.
Si luchamos por el progreso de Chile, es porque colectivamente nos estimamos, y porque también es posible el avance individual, el progreso de cada hombre, de cada mujer, de cada persona, en forma colectiva.
Criticamos hechos que representan una tendencia, una filosofía, una actitud, cuando vemos que no tienen explicación.
Leí el acta de la Comisión y me encontré con las palabras del Ministro señor Simián, en que rechaza el monopolio del Estado para los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
¡Simián! Yo pensaba: "¡Cómo pasan los años!" Y recordaba al muchacho Simián...
El señor AMPUERO.- Ahora es de la "patria joven".
El señor ALLENDE.- Viajé con él en el primer avión en que volvía, orgulloso, con dos frasquitos que contenían petróleo. Había nacido el primer pozo. Estuve con él en el pozo 19 e hicimos algo -no lo explicaré aquí- para que no se secara ese pozo y que es tradición entre los per- foristas. No se secó el pozo ni tampoco nosotros.
Pues bien, ¿qué dice el Ministro Siinián? Expresa su rechazo a la indicación, fundado en que podría ocurrir que fuera conveniente hacer algunas concesiones en materia de exploraciones petroleras. Es decir, a esta altura, cuando el mundo revolucionario, cuando los pueblos no marxistas, cuando los movimientos populares libertadores, cuando una conciencia universal expresada en Africa, Asia y América Latina bulle por reconquistar las riquezas que están en manos del capital foráneo; cuando el petróleo ha sido defendido en gobiernos burgueses -lo era el del señor Aguirre Cerda, pero también era progresista, honesto y serio, y puso acento dramático para hacer realidad la ENAP-; cuando vemos que Diputados de la propia Democracia Cristiana, como el señor Papic, en palabras encendidas, con razonamientos serios, destacan cuán inconcebible es que la distribución de las riquezas emanadas del petróleo esté en manos de capitales extranjeros en alto porcentaje, cuando ocurre todo esto, ¡nos encontramos en esas palabras del Ministro señor Simián!
¡ Qué empresas se van a interesar tan sólo en las exploraciones! ¿Puede alguien imaginar que el capital extranjero se interesará en explorar el petróleo de Chile si no sabe que tras la exploración, que implica inversión de capitales, vendrá una concesión, y en seguida, las ventajas brutales que constituyen el drama de los países petroleros? Ahí están el cobre, el salitre y el hierro: no son nuestros. Ahora, el petróleo, que mañana también puede dejar de ser nuestro.
Por eso, esta tarde, con palabras encendidas, con calor, pero con calor razonado, con la fe que ilumina nuestro camino, nos sentimos muy satisfechos de haber sembrado en la conciencia nacional lo que vemos en esta reforma y que mañana significará un triunfo definitivo, cuando haya una voluntad nacional para hacer de Chile un país independiente en lo económico y, por lo tanto, digno y soberano en lo político.
He dicho.
El señor GUMUCIO.- Deseo dejar constancia de mi extrañeza por este largo debate. Se inició a las cuatro y cuarto de la tarde y ya son las siete veinticinco. O sea, más de tres horas ocupadas en discutir un inciso respecto del cual parecía existir acuerdo casi unánime.
Gran parte de ese tiempo ha sido destinado a atacar a la Democracia Cristiana.
El Honorable señor Durán expresó que no consideraba vituperable que una persona reconociera sus errores, se convirtiera a las nuevas ideas y estuviera consciente del momento que vive el país y el mundo actual, a mi juicio, revolucionario.
Aplaudimos esa actitud; no la atacamos ni la consideramos vituperable. Sin embargo, ocurre el fenómeno curioso de que, producida esa conversión, se ataca a quien no es solidario con el pasado que quiere borrarse. Nosotros, por ejemplo, no somos solidarios de los errores que ahora el Honorable señor Durán estima tales. Por lo tanto, consideramos injusto que en una tarea tan noble como la de reconocer un error y de convertirse a una realidad, seamos nosotros quienes, como se dice vulgarmente, paguemos el pato.
En seguida, las observaciones del Honorable señor Durán estuvieron encaminadas, fundamentalmente, a atacar una discriminación que se haría en el proyecto en discusión entre nacionales y extranjeros.
¿Cuál es el mérito de la innovación surgida en esta iniciativa del Gobierno? No debemos olvidar que el derecho de propiedad será reglado por la ley, y ésta puede legislar sobre los nacionales o los extranjeros como lo estime conveniente. En consecuencia, no existe tal discriminación.
Votaremos afirmativamente el inciso en debate, porque la legislación chilena positiva ya lo establece, y para nosotros es conveniente que la Constitución lo consigne.
Otras de las observaciones escuchadas esta tarde, como la del Honorable señor Gómez, han sido de carácter netamente político. Repitió conceptos ya emitidos durante la discusión de los convenios del cobre, casi sin ninguna ingerencia con la materia que debatimos.
El señor GOMEZ.- Si me permite una interrupción, lo puedo sacar del error en que está Su Señoría.
El señor GUMUCIO.- Perdoné, pero no dispongo de tiempo.
El señor GOMEZ.- No se puede hablar con tanta ligereza y, además, no conceder interrupciones.
El señor GUMUCIO.- Después hubo otro tipo de ataques.
El Honorable señor Allende, siempre en tono muy elevado, ha hecho críticas bastante duras en el fondo, aunque no en la forma, al partido de Gobierno. Pero esas críticas han servido para confirmar la estabilidad maravillosa de una ley que nunca ha sido modificada en Chile ni en ninguna parte del mundo: la del embudo, ancha para unos, angosta para otros.
El Honorable señor Allende, con mucha razón, a mi juicio, recordó que los socialistas formaron parte del Gobierno de Aguirre Cerda y que alzaron la tributación del cobre. Bien hecho; los aplaudimos. ¡Pero no pudieron hacer más! ¿No es así ?
En realidad, la política se da en la medida de lo posible. El Partido Socialista no nacionalizó las minas de cobre cuando fue Gobierno con Aguirre Cerda. Lo más que consiguió fue elevar los tributos del cobre. También fue Gobierno con Ibáñez, aunque durante lapso breve...
El señor ALTAMIRANO.- Sólo durante cuatro meses.
El señor GUMUCIO.- ..., y tampoco pudo conseguir lo que considera vital y que en forma perentoria exige a este Gobierno : la nacionalización total de las minas de cobre.
Respetamos el criterio de Sus Señorías, porque cuando fueron Gobierno no pudieron hacer más. Por eso aparece tan benevolente Su Señoría cuando se otorga autobendición al afirmar que han seguido una línea y hecho lo que han podido.
A nuestro juicio, esa actitud ha sido muy positiva. No se lo discutimos. Pero, ¿por qué se nos aplica a nosotros un criterio tan distinto? ¡Quieren que en año y medio hubiéramos hecho todo lo que Sus Señorías no pudieron realizar en distintos Gobiernos! Aquí se aplica en forma demasiado amplia esa magnífica ley del embudo.
Quiero referirme a otro fenómeno muy curioso. El actual Gobierno puede tener defectos, y yo, no obstante pertenecer a él, estoy muy atento a que no disminuya su dinamismo de tipo revolucionario. Criticaré dentro de los organismos pertinentes de mi partido cualquiera vacilación en este aspecto. Pero lo positivo es que el Gobierno actual ha hecho cosas que otros no realizaron.
Si hubo Gobiernos como los de Aguirre Cerda e Ibáñez, en los cuales participó la Izquierda, ¿por qué nunca se pudo dar al país esta reforma al derecho de propiedad? Este debate -forzoso es reconocerlo- y todo lo que hemos discutido tienen origen en una iniciativa del Ejecutivo relacionada con la reforma de nuestra Carta Fundamental, que incluía conceptos sobre el derecho de propiedad, proyecto que mereció el apoyo de Su Señoría. Y tan así fue que ayer, casi al término de la sesión, el Honorable señor Ampuero dijo: "No tenemos todavía acordado si vamos a hacer más indicaciones. Este texto no responde exactamente a lo que nosotros queremos como socialistas. No es, naturalmente, nuestro ideal, pero reconocemos que es un paso de avanzada, que no quisiéramos nosotros entorpecer. Por lo tanto, no tenemos resuelto si hacemos o no indicaciones. Después resolveremos". Y así lo hicieron.
Pero cuando el Gobierno realiza una acción positiva, toma la iniciativa de proponer la reforma agraria y modificar el derecho de propiedad, lo cual no hicieron en Chile una serie de Administraciones anteriores, se adopta una actitud de crítica al partido que ostenta el Poder y al Mandatario que emprendió ese paso revolucionario que nunca antes se había dado.
Y así seguimos. Cada vez que se presenta una iniciativa que recibe apoyo, todo se trastoca. Se envió un proyecto de ley sobre parcelaciones, legislación accidental y transitoria, mientras se aprueba la reforma agraria. En consecuencia, era de esperar que esa iniciativa hubiera encontrado acogida, sin discusiones. Pero no ocurrió así. Se presentaron indicaciones que exageraron en forma tal el contenido del, proyecto, que durante el debate "se dio vuelta la tortilla", como se dice, y apareció la Democracia Cristiana en posición reaccionaria, como negándose a hacer "lo que se debe hacer. Comprendo que se trata de un juego de Oposición: dar vueltas las cosas en forma tal, que el autor de una iniciativa que merece aplausos, termine censurado. Pero éste es un juego de Oposición que la opinión pública conoce, percibe y puede pesar. Y así podría seguir enumerando una serie de casos.
Seguramente, debo de ser un poco ingenuo, pues cuando se dice "estamos de acuerdo con esta legislación básica para que en Chile se produzca la revolución", lo creo, y pienso: "Esto va a ser facilísimo. Nadie hablará y sólo vamos a votar, porque estamos todos de acuerdo". Pero ocurre todo lo contrario: se ocupan tres horas y media para atacar al Gobierno y al Partido Demócrata Cristiano con ocasión de discutirse proyectos que, como Sus Señorías reconocen, corresponden a iniciativas del Ejecutivo, como la reforma del derecho de propiedad.
El señor FUENTEALBA.- -Redactado por el Gobierno y sus asesores.
El señor GUMUCIO.- Como no disponemos de mucho tiempo, deseo referirme a ciertas ideas relacionadas con el inciso en debate y otros preceptos.
No estamos de acuerdo con el inciso que señala un porcentaje para poder declarar nacional el capital de las posesiones mineras.
El señor CHADWICK.- Eso no está en debate, señor Senador.
¿Me permite una interrupción, para referirme a este tema?
El señor GUMUCIO.- Con mucho gusto.
El señor CHADWICK.- No creo conveniente confundir el debate. Por mi parte, he hecho todos los esfuer2os a mi alcance para circunscribir la discusión a lo que votaremos en seguida, vale decir, los dos incisos en debate. Después se discutirá la exigencia de la nacionalidad de la concesión.
El señor GUMUCIO.- En realidad, la recomendación viene muy de cerca, pues generalmente Su Señoría no es el más adicto a circunscribirse a las materias en debate. Me hace tanta fuerza el hecho de ser el señor Senador quien me formula esa recomendación, que trataré de respetarla.
El señor REYES (Presidente).- Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor GUMUCIO.- Entendí que a las nueve de la noche empezaremos a votar, y entonces no habrá posibilidad de referirse a los demás incisos.
El señor REYES (Presidente).- Así es, señor Senador.
El señor GUMUCIO.- Por eso, no hablaré sobre el inciso en debate, sino acerca del último, pues hay un aspecto que deseo dejar muy en claro.
El señor IBAÑEZ.- A propósito de la hora, deseo saber si la votación no se efectuará antes de las nueve.
El señor REYES (Presidente).- No, señor Senador. A las nueve termina el debate, y aquellos asuntos que se encuentren pendientes sólo serán votados.
El señor PRADO.- Pero puede haber votación antes de esa hora.
El señor CHADWICK.- Si termina antes el debate.
El señor GUMUCIO.- En vista de lo expresado, me remitiré al último inciso, donde aparece una expresión de extraordinaria trascendencia conceptual. Dice ese precepto: "El Estado propenderá a la socialización de las empresas..."
Respecto de este inciso, de indudable valor conceptual, como dije, deseo formular algunos alcances que consideramos fundamentales.
Nosotros aceptamos la palabra "socialización" como va consignada en el inciso. En nuestro concepto, su contenido ha excedido el marco rígido del marxismo para expresar un proceso cada vez más dinámico de la convivencia humana, buscando mayor eficiencia comunitaria de los hombres para mejorar todos los niveles de vida, desde el cultural hasta el productivo. Aceptamos el término como significativo del propósito indicado, que, en concreto, en lo relativo a la producción de bienes básicos, busca la posibilidad de traslado de dominio de esos bienes a los grupos de trabajadores o a la nación, en su caso. Pero de manera alguna lo entendemos en la concepción corriente y vulgar de una estatización exagerada.
Al margen del sectarismo, tal vez nadie se ha referido al concepto amplio de socialización como el Papa Juan XXIII. Y al respecto, me permitiré leer lo siguiente de la encíclica Mater et Magistra, donde el Papa Juan XXIII usa la palabra "socialización" en forma, a mi juicio, extraordinariamente interesante.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Está de acuerdo con sus compañeros de equipo?
El señor GUMUCIO.- Estamos de acuerdo.
Dice el Papa Juan XXIII:
"Uno de los aspectos típicos que caracteriza a nuestra época es la socialización, entendida como un progresivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, con diversas formas de vida y de actividad asociada, y como institucionalización jurídica".
Más adelante, agrega: "La socialización es, al mismo tiempo, reflejo y causa de una creciente intervención de los poderes públicos aún en los sectores más delicados, como los relativos a la sanidad, la instrucción y la educación de las nuevas generaciones, la orientación profesional, los métodos para la reeducación y readaptación de sujetos inhabilitados de cualquier manera..."
En otro párrafo expresa: "Semejante tendencia ha dado vida, sobre todo en estos últimos decenios, a una rica serie de grupos, de movimientos, de asociaciones, de instituciones para fines económicos, culturales, sociales, deportivos, recreativos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las comunidades nacionales, como en plano mundial."
"Es claro que la socialización así entendida" -agrega- "acarrea muchas ventajas. En efecto, hace que puedan satisfacerse muchos derechos de la persona, particularmente los llamados económico-sociales, como, por ejemplo, el derecho a los medios indispensables para el sustento humano,"...
Y luego dice: "Para este fin, sin embargo, se requiere que a los hombres investidos de autoridad pública presida y gobierne una sana concepción del bien común; concepción que se concreta en el conjunto de las condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. Creemos además necesario que los organismos intermedios y las múltiples iniciativas sociales, en las cuales tiende ante todo a expresarse y actuarse la socialización, gocen de una autonomía efectiva respecto de los poderes públicos y vayan tras sus intereses específicos con relaciones de leal colaboración mutua y con subordinación a las exigencias del bien común".
Donde dice que deben existir organismos intermedios y autonomía efectiva de los trabajadores para la autogestión de los bienes que posean colectivamente, el Papa Juan XXIII está señalando un concepto de la socialización que, desde luego, nosotros aceptamos. Comprendemos que el término dará motivo a muchas confusiones, que para nosotros representarán algunos riesgos evidentes de incomprensión. Pero creemos, al mismo tiempo, que la honestidad política nos obliga, desde el momento en que entendemos el término en la forma que he expresado, a votar a favor de la inclusión de esa frase tal cual está consignada en el inciso, sin perjuicio de que en la Cámara, si hay oportunidad, pueda agregarse alguna expresión que complete, en lo posible, el significado de esa palabra, para que interprete el sentir de muchos sectores que no están limitados exclusivamente dentro del campo del marxismo.
El señor RODRIGUEZ.- Pero el señor Frei lo puede vetar.
El señor PRADO.- Lamentablemente para la brevedad que debió haber tenido este debate, ya llevamos discutiendo el proyecto, como decía el Honorable señor Gumucio, durante varias horas.
Hasta la reciente intervención del Honorable colega, los Senadores de estas bancas nos habíamos abstenido de participar en el debate y nos habíamos queda- dado con las explicaciones, fundamentaciones y criterios expuestos por el señor Ministro de Justicia sobre estas disposiciones, que, como se ha dicho, votaremos favorablemente. Me refiero a los incisos tercero y cuarto, incluida la parte relativa a la exploración y explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Ni siquiera pediremos votación separada de esos preceptos. Pero hacemos presente, eso sí, que esta materia bien podría no haber quedado en la Constitución Política, sino bajo el amparo de la ley y del Parlamento, como ha ocurrido hasta hoy con la ley sobre el petróleo, producto que se ha reservado exclusivamente al dominio del Estado.
Por la especial significación de esta materia y en razón de lo que se ha planteado, deseamos que no haya interpretaciones al respecto.
Somos partidarios de conservar para Chile la exploración y explotación de sus riquezas básicas. Queremos precisar, sin embargo, para que se entiendan bien las palabras del señor Ministro de Justicia respecto de lo expresado por el Honorable señor Allende, que la indicación presentada en ese momento no es la que aparece en el texto. En efecto, aquélla se refería al petróleo, subproductos y derivados. Y al hablar de exploración y explotación, se estaba recurriendo a una serie de interpretaciones no muy felices. Por tal razón, y con la permanente colaboración de los asesores del Ministro de Minería, se redactaron estos dos incisos, que nosotros, tal como hemos anunciado, votaremos favorablemente, incluida la parte relativa al petróleo.
Antes de hacer otros alcances, que espero formular de la manera más breve, deseo plantear una duda que, en lo personal, me siento obligado a exponer. Lo haré sin ninguna reserva mental, pues, en mi concepto, en un hemiciclo como éste, uno tiene el deber de dar a las palabras su verdadero sentido.
El Honorable señor Durán se sintió tocado personalmente por unas breves palabras que yo pronuncié. Seguramente, debo de haber construido las frases muy mal para que el señor Senador se sintiera personalmente aludido.
Su Señoría hizo un planteamiento político alrededor de una imagen que llamó diferenciación o discriminación racial entre extranjeros y chilenos. Cuando se refirió a los chilenos, habló en general de ellos; pero supuse que estaba aludiendo, fundamentalmente, como dije, a los hombres de buen pasar. Hizo esa imagen, y por eso yo la usé; no pretendí referirme a él, sino a los hombres que en Chile son dueños de la riqueza, en el campo y en la ciudad, en la mina y en la banca.
Cualquiera que sea la forma que asuma el capital, en Chile hay un grupo de hombres que tiene el dominio de ellos y que ha aprovechado muy bien el acceso a esos bienes. Creí que el Honorable señor Durán se refería a eso. Y cuando manifestó que existe discriminación racial entre el capitalismo e imperialismo extranjeros y el capitalismo chileno, pensé que estaba haciendo un planteamiento político. Por eso expresé que, a mi juicio, era inconveniente contestar en ese momento, porque el problema estaba en examinar el pasado.
Pienso que la teoría de lo estático enunciada por el Honorable señor Durán y que me atribuyó a mí, no sirve. Los hombres que actúan en política -nosotros estamos en ese caso-, cuando están haciendo política están construyendo la suerte del país y son responsables de lo que hacen. Si después cambian de opinión, para lo cual tienes perfecto derecho, subsiste su responsabilidad para lo futuro, ante la historia y ante el país. Por eso, lo importante no es entrar al debate para juzgar lo que el Gobierno hace en este momento. Ello nos habría llevado a un planteamiento más de fondo de nuestras metas. Con todo, espero que tendremos la oportunidad de tratar el tema en este hemiciclo.
Debo manifestar, sin embargo, que en ningún momento he tenido la intención de aludir personalmente a ninguno de mis Honorables colegas. Considero que tales alusiones no tienen utilidad alguna, ni mucho menos cuando se hacen respecto de hombres que ejercen un cargo de representación política. He considerado necesario hacer este alcance porque no acostumbro, -supongo que el Senado bien lo sabe- hablar de este tipo de cosas.
Deseo plantear otro punto, por estimarlo necesario, al advertir que varios señores Senadores, al referirse a las enmiendas constitucionales, en especial a las concernientes a las riquezas mineras, han tratado da presentar a la Democracia Cristiana -según expresiones usadas por el Honorable señor Bulnes- sustentando una política antinacional, contraria a los intereses chilenos, de puertas abiertas al capital foráneo, al que se estaría otorgando toda clase de franquicias. Vale la pena reflexionar un poco y extraer algunas conclusiones.
Con todo el respeto que me merecen los hombres, pero dentro del criterio que tenemos derecho a sustentar en el orden de los conceptos, declaro que alguien debe ser culpable de que en Chile haya pobreza; de que haya tres millones de hombres, mujeres y niños que viven en el campo exclusivamente de lo que la tierra produce, carentes de cultura, analfabetos casi todos. Alguien debe ser responsable de que esos tres millones de chilenos no tengan sentido alguno de solidaridad con el resto del país, por carecer de vínculos sociales y culturales. Alguien debe tener la culpa de que en Chile, donde hay ocho millones de habitantes, tres millones de nuestros connacionales vivan en semejantes condiciones.
No temo simplificar en una frase algo que acepto sin mayores reservas; los países latinoamericanos están limitados en su soberanía. Me atrevo a decirlo en este hemiciclo, por estimar que aquí no podemos hablar de estas cosas disimulando su verdadera significación. Los países en vías de desarrollo, como lo son en su mayor parte los del continente sudamericano -incluso Chile, y tal vez en alto grado- se esfuerzan por levantarse y superar sus muy precarias condiciones de vida. Mientras tanto, otras naciones han alcanzado el nivel económico que se llama "de los artículos elaborados", donde, por su alto nivel de vida, los problemas se reducen a las dificultad de estacionar el automóvil o ubicar el nuevo refrigerador. Nuestro problema, en cambio, dado que somos países en vías de desarrollo, consiste en la forma de hacer justicia social; esto es, cómo distribuir mejor, internamente, lo que nuestro país posee, a fin de lograr esa justicia social. Si para conseguir esa finalidad disminuimos la tasa de inversión y tratamos de incrementar el ahorro interno, porque sería difícil hacerlo de otra manera, ocurriría una verdadera catástrofe. Esa es una realidad que no podemos esquivar.
El Presidente Frei, al asumir el mando en 1964, se encontró con una realidad que nosotros no hicimos, inventamos ni creamos. Se enfrentó con los estatutos que diversos Gobiernos aprobaron con relación al trato a la industria cuprera, incluso con algunos que fueron negociados a última hora, como fue la llamada "negociación Mackenna". Varios señores Senadores que formaban parte del anterior Gobierno, han reconocido que esa negociación fue desventajosa en comparación con los términos de los actuales convenios.
El señor GOMEZ.- Lo que se ha dicho al respecto es todo lo contrario.
El señor IBAÑEZ.- En efecto, se dijo todo lo contrario. Son inaceptables las afirmaciones del señor Senador.
El señor PRADO.- En resumen, cuando se argumenta sobre la base de tantas cifras, porcentajes y estadísticas, las cosas se complican, pero no se oscurece la visión que el pueblo tiene de la realidad que uno conoce y que es sencilla: que después de tantos años seguíamos produciendo y refinando lo mismo; nos manteníamos en calidad de país extractor de cobre, que paga obreros para hacer esas faenas, pero que no remunera ingenieros ni técnicos en número suficiente, no elabora artículos ni exporta manufacturas de cobre, las cuales, aparte el valor de la materia prima, tienen también el de la mano de obra incorporada, lo que habría redundado en que volvieran más dólares indispensables para entonar nuestra balanza de pagos. Eso fue lo que pasó durante tantos años.
El señor IBAÑEZ.- Porque se opuso la Democracia Cristiana.
El señor PRADO.- Después llegamos al Gobierno. Para nosotros, el proyecto ideal habría sido...
El señor GOMEZ.- La ley sobre convenios del cobre es distinta del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El señor PRADO.- Quiero expresar que, para nosotros, el proyecto ideal habría sido nacionalizar el cobre. Habríamos deseado que, a la fecha en que el Presidente Frei asumió la Presidencia de la República, el país hubiera tenido acumulado el ahorro interno suficiente para afrontar la nacionalización. Declaro esto último, para destacar que nunca hemos pretendido hacer un despojo.
Insisto en que, ojalá, hubiéramos estado en condiciones económicas adecuadas para nacionalizar el cobre; pero el cuadro con que nos encontramos era muy distinto. Vimos que, para alcanzar esa meta, era indispensable un esfuerzo interno, y eso se llama ahorro. Y ¿cómo exigir más ahorro para ese objeto a un país que vive pidiendo más hospitales, 500 mil nuevas viviendas y que se halla en permanente reclamo por la insatisfacción de las necesidades básicas del pueblo, por una mejor distribución en cuanto a consumos y gastos? ¿A quién se le podría ocurrir hacer semejantes cosas en un país donde, hace tan sólo algunos años, con motivo de haberse aumentado en pocos centavos las tarifas de los microbuses, su pueblo sintió surgir dentro de sí la ira y hubo una conmoción que muchos presenciamos, pero que algunos señores Senadores parecen haber olvidado?
¿Quién podría pensar que en este país, carente de ahorro interno formado, insatisfecho en sus necesidades básicas, sin estructuras económicas fundamentales desarrolladas, se podría imponer, de rompe y rasga, una nacionalización tan costosa? Nacionalizar el cobre en tales condiciones, sin tener con qué pagar, habría sido un despojo.
A mi parecer, el estado de cosas existente a la fecha en que fue elegido el Presidente Frei -no pretendo caer en la personificación directa ni indirecta- es culpa de los políticos en quienes el pueblo depositó su confianza y a los cuales eligió por creerlos capaces de conducir el país y de aplicar eficazmente las soluciones que ofrecían para resolver los problemas nacionales. La culpa es de quienes no pudieron o no quisieron hacer lo que ofrecieron a favor del pueblo que los eligió. El resultado de todo esto es la injusticia social cometida por una clase capitalista que ha sabido gozar de toda suerte de ventajas; que ha tenido el control del Parlamento y manejado la industria y la banca del país. Han creado riquezas y las han disfrutado al amparo de los privilegios existentes. Nos costará cambiar tal estado de cosas, pero habrá que hacerlo. Todos sabemos cuáles son esos privilegios.
¿No es cierto, acaso, que la industria ha crecido al amparo de la legislación? Comprendo que en un comienzo fue necesario ayudarla por ese medio, para que naciera y pudiera formarse, tal como se hace con un niño al que se da la mano para sostenerlo cuando intenta sus primeros pasos. Hoy la industria ya no necesita el apoyo basado en esos privilegios, pero resultará difícil suprimirlos, pues quienes han gozado de tan abusivos beneficios no se conformarán con verse privados de ellos. Puedo citar el caso concreto de la legislación aduanera y la dictada a favor de la marina mercante. ¿Sirvió esta última para aumentar nuestro potencial naviero? No, señores Senadores. Sencillamente, se transformó en privilegio para quienes manejan esa actividad nacional.
El señor IBAÑEZ.- ¿Cómo puede decir esa actividad nacional.
El señor PRADO.- Respecto de la agricultura, se dictaron numerosas medidas sobre protección aduanera, con fines de fomento agropecuario. Ello privó a las Aduanas de percibir muchos millones de pesos oro. ¿Qué ocurrió con estas leyes de fomento agrícola? Después de veinte o veinticinco años, nuestra producción agropecuaria, que podía exportar por valor de 34 millones de dólares, contra importaciones, en ese mismo rubro, ascendentes sólo a once millones de dólares, hoy día realiza ventas al exterior por 38 millones, mientras la importación de alimentos ha subido a 170 millones. Esto es tanto más grave cuanto que el volumen de nuestro comercio exterior apenas excede los quinientos millones de dólares, por concepto del total de nuestras exportaciones.
En este mismo orden de ideas, cabe señalar el caso de la legislación aprobada con motivo de terremotos que han asolado partes de nuestro territorio. Esas leyes, que han afectado, en lo patrimonial, a todos los chilenos, han ordenado reponer las pérdidas sufridas por algunos industriales a causa de la catástrofe. Si a un ciudadano cualquiera se le incendió la casa, por ejemplo, ¿dictamos alguna ley que le otorgue una compensación por los daños sufridos?
También ha imperado un criterio injusto en la legislación sobre impuesto a la renta, lo cual hemos procurado corregir mediante el impuesto patrimonial. ¿No sabemos de numerosas personas que, no obstante su buen pasar y alto nivel dé vida, no pagaban impuestos, porque, ante la legislación tributaria, eran ciudadanos carentes de rentas ? En verdad, esta situación subsiste, pero notoriamente aminorada por la aplicación del mencionado impuesto patrimonial. Dicho gravamen ha significado ingresos por 120 mil millones de escudos, aunque en un principio se pensó que rendiría mucho más.
En mi concepto, casos como los citados demuestran que no se puede tratar a Chile conforme a ,1a imagen concebida por los hombres vinculados a la empresa de nuestro país. No digo que sea ilegítima la actividad dé esos ciudadanos; no pretendo hacer tal afirmación. Pero es inadmisible el lenguaje de una clase capitalista formada por empresarios que ahora sostienen haber sido sacrificados siempre.
He citado casos concretos de leyes que estaban vigentes. ¿Qué daño ha causado a esos empresarios la actual legislación? Diré, al respecto, que si los hay son los derivados inevitablemente del camino que este Gobierno ofreció antes de ser elegido. ¿Acaso no anunció al país ni le prometió establecer el impuesto patrimonial?
En cuanto a la política de sueldos y salarios, que aún es insuficiente y, en el fondo, es una pobre política, declaro que me causa pena ver a los dirigentes de organizaciones sindicales emplear todo su talento y gastar todos sus esfuerzos en procurar reajustes. No obstante, el mejoramiento de las remuneraciones es una exigencia que se ha hecho el Estado a sí mismo y que, en el plano privado, ha impuesto a los empresarios, para cumplir en este aspecto con un mínimo, mientras se logra un adecuado nivel de estabilización.
Me pregunto, también, si no es cierto lo ocurrido ante el solo anuncio de la reforma agraria, a la que muchos señores Senadores suponen consecuencias negativas. Hace poco, estuve en algunas provincias del sur y pude comprobar que, debido, seguramente, a cláusulas incorporadas; en el proyecto en referencia, en especial la relativa al mejoramiento de la vida en el campo, so pena de expropiación en caso de incumplimiento, ya se han empezado a refaccionar muchas viviendas campesinas. También, por el mismo motivo, muchos propietarios agrícolas se están esforzando por ponerse al día en el pago de las imposiciones previsionales. Es, entonces, inevitable cambiar esta situación, lo que será difícil, pues ella se arrastra desde hace muchos años.
Al mismo propósito obedecen las leyes anunciadas sobre reforma de las actuales disposiciones que rigen a las sociedades anónimas y al Banco Central, porque el crédito del país, que es fruto del esfuerzo nacional, del ahorro de todo Chile, ha sido manejado de manera tan discriminatoria que millones de chilenos no lo conocen. Se exceptúan sólo unos pocos, que no saben sino del ahorro que se registra en las libretas correspondientes que entrega el Banco del Estado. Pero, aun en ese caso, no más de diez por ciento de los tenedores de cuentas de ahorro a plazo han recibido créditos a cambio de ese esfuerzo. Tal proporción, durante el actual Gobierno, ha subido a más del doble, a 27%, según me parece. 
¿Alguien podría negar que han ocurrido todas estas cosas? No es justo ni serio que nos presenten la imagen del empresario capitalista víctima del sistema legal imperante en los gobiernos anteriores. Lejos de haber sido víctimas de leyes abusivas, fueron usufructuarios de verdaderos privilegios. Un señor Senador afirmaba que los industriales se sienten perseguidos porque algunos funcionarios revisan sus libros de contabilidad. En verdad, no cabe hablar aquí de persecución, porque no se trata sino de la aplicación de normas vigentes desde hace años.
Lo dicho sobre estas materias obedece a otro criterio y no a una imagen reflexiva de lo que al país interesa conocer.
Para los efectos de dar el salto hacia adelante, en Chile no tenemos más que dos salidas. Una consiste en imponer al ciudadano chileno un esfuerzo que no le es posible realizar. Al respecto, ha sido notoria la campaña emprendida por intermedio de la prensa frente a lo poco que ya se ha hecho. A diario, con cajas formadas ex profeso, se han publicado avisos tendientes a deformar el criterio del Gobierno. Así lo comprobamos, en particular, cuando se discutió el impuesto patrimonial, cuando se anunció el envío al Parlamento del proyecto sobre reforma agraria y, más recientemente, cuando se empezó a tramitar en el Congreso la medida de emergencia destinada a impedir las parcelaciones de predios agrícolas. Sólo en dos provincias, O'Higgins y Colcha- gua, y en los meses de enero y febrero de este año, se pretendió parcelar 60 mil hectáreas para eludir la aplicación futura de la reforma agraria.
A mi juicio, sólo hay dos caminos: o se impone a la ciudadanía un sacrificio que, como dije, no es capaz de hacer, o recurrimos a nuestras riquezas básicas, entre las cuales la fundamental, la mejor pagada y que mayor demanda tiene en el mundo, es el cobre. Lo demuestra el aumento de precio decretado recientemente por la Corporación del Cobre. Medidas de esa índole permitirán obtener las divisas necesarias para suplir lo que no pudo hacer el ahorro interno: llevar a cabo la reforma agraria, industrializar mejor al país y producir más.
No se puede hacer justicia social, si al mismo tiempo no existen bienes que distribuir entre los chilenos. En esta lucha estamos. No es otro el propósito que nos mueve.
Por esta razón, hemos impulsado los convenios del cobre. Si la pasada política del cobre hubiera nivelado la balanza de pagos y configurado las condiciones para elevar el ahorro interno, podríamos haber sido dueños de esta riqueza, y no habríamos necesitado imponer en este momento a los chilenos un sacrificio mayor que el que hasta ahora han soportado.
Es cuanto quería decir sobre el particular.
El señor CHADWICK.- Reclamo la aplicación del Reglamento, en el sentido de que los señores Senadores se ciñan estrictamente al tema en estudio. No creo conveniente transformar indefinidamente el debate en una discusión ajena a la reforma constitucional!, pues de ese modo algunos temas no podrán ser tratados con la extensión indispensable.
Insisto en que se aplique el Reglamento y que los oradores se refieran en forma precisa a la materia en debate: los incisos tercero y cuarto del artículo único del proyecto.
El señor CURTI.- Su Señoría no se atuvo a la materia en debate.
El señor REYES (Presidente).- Ruego a los señores Senadores que harán uso de la palabra, referirse, en lo posible, a la materia en discusión.
El señor IBAÑEZ.- Deseo referirme a dos o tres materias mencionadas por el Honorable señor Prado, aunque bien podría hacerlo respecto de todas.
El señor Senador ha sostenido, al analizar la política del cobre, que cuanto ahora sucede es culpa del pasado. Y agregó que era culpa política. Estoy de acuerdo con Su Señoría: es culpa política y del pasado, pero en ella tuvo extraordinaria participación la Democracia Cristiana. Si sus representantes en el Parlamento no se hubieran opuesto a todos los intentos que se hicieron para desarrollar la minería del cobre, no existiría hoy día el panorama de estancamiento de la minería nacional.
El señor PALMA.- Nosotros no nos opusimos.
El señor IBAÑEZ.- Su Señoría no estaba en el Senado y, por lo tanto, no escuchó los discursos de los señores Frei y Tomic, en que se oponían a todas esas iniciativas.
El señor PABLO.- Yo me opuse sólo en el segundo trámite constitucional.
El señor IBAÑEZ.- ¡Se opusieron porque no querían permitir el desarrollo de la minería del cobre.
Quiero explicar la diferencia que existe entre el proyecto al que se opuso el Honorable señor Pablo y la iniciativa patrocinada por el actual Gobierno.
El señor CHADWICK.- ¡Reclamo la aplicación del Reglamento! ¡No podemos estar aquí hasta las 12 de la noche!
El señor IBAÑEZ.- No se pueden dejar sin respuesta algunas afirmaciones que se han hecho aquí. En todo caso, seré muy breve.
La diferencia estriba en que, de acuerdo con la negociación Mackenna, la expansión de la producción de cobre la pagarían los norteamericanos con sus propios recursos; en cambio, la llevada a cabo por el actual Gobierno la pagará el pueblo chileno mediante empréstitos que será necesario contratar para desarrollar la minería del cobre.
Advierto que, como muy bien saben los Senadores democratacristianos, esa iniciativa ni siquiera es de la actual Administración, sino de las compañías norteamericanas, las cuales impusieron la condición de que Chile contratara los préstamos indispensables para realizar el desarrollo de la industria cuprera, por desconfiar del Gobierno.
Por lo tanto, el Partido Demócrata Cristiano ni siquiera puede adjudicarse la paternidad del proyecto, porque éste es producto de las condiciones impuestas por las compañías norteamericanas, y cuya actitud respeto, pues les asiste todo el derecho a defender sus intereses.
Deploro que hayamos llegado a una situación tal que los inversionistas extranjeros se nieguen a aportar recursos a Chile y exijan que sea el Gobierno chileno, y por intermedio de éste, el pueblo chileno, quien pague la expansión de esa industria.
En eso consiste la diferencia de la negociación hecha por el Gobierno anterior y la llevada a cabo por la actual Administración.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pido la palabra.
El señor REYES (Presidente).- Reitero a los señores Senadores la conveniencia de atenerse estrictamente a los preceptos en debate.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Si el señor Presidente desea hacer respetar el Reglamento, no debió hacérselo presente sólo al orador que ahora hablará. Igual recomendación, debió formular al
Honorable señor Prado, quien se extendió en la defensa del régimen actual.
El señor FUENTEALBA.- La Mesa ha hecho igual petición a todos los sectores, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Las palabras pronunciadas por el Honorable señor Prado, que dejan en el ambiente del Senado y de la opinión pública una impresión distinta de la realidad de los hechos, son las que me han inducido a intervenir, pues no pensaba participar en el debate.
Si se quiere votar, casi no hay necesidad seguir discutiendo, pues existe ambiente para aprobar los incisos tercero y cuarto en la forma como los despachó la Comisión.
En todo caso, quiero decir algunas palabras acerca de por qué existe inquietud ante el Gobierno de la Democracia Cristiana.
Suscribo la mayor parte de lo dicho por el Honorable señor Prado, y lo hago porque su exposición me parece honesta. Su Señoría, que se incorporó hace poco al Senado, ha hecho un análisis general de la situación económica del país y ha dicho muchas cosas ciertas. Pero debo recordarle que el proceso del cobre, al que se llamó la viga maestra de la economía, fue abordado por los Senadores democratacristianos de manera distinta que ahora. Antes hablaban de la política de nacionalización del cobre...
El señor PABLO.- Hemos hablado de chilenización.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ... y sobre la base de ese planteamiento y con el anhelo de hacer transformaciones, solicitaron los sufragios a la ciudadanía. Basta leer los discursos de la época.
Se ha manifestado a la Democracia Cristiana en este recinto -cosa que no ha sido respondida- de dónde nace la inquietud a que me vengo refiriendo. Se le ha hecho presente, por ejemplo, que según informe de la Contraloría General de la Re-pública y el Consejo de Defensa del Estado las compañías adeudan al fisco 23 millones de dólares, suma que el país necesita. Pues bien, aquí se ha anunciado la posibilidad de celebrar una sesión secreta.
¿ Para qué ? Para referirse a los créditos recientes del país.
El señor FUENTEALBA.- Oportunamente le contestaremos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- j Curiosa política! ¡ Curiosa manera de llevar las cosas!
El señor FUENTEALBA.- El señor Senador no puede usar esas palabras. Primero hay que imponerse de los antecedentes.
El señor GUMUCIO.- Es otro el objeto de la sesión secreta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Lo sé. Pero al país interesa conocer los antecedentes.
El señor GUMUCIO.- Evidente, señor 'Senador, pero. . .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- No se ponga nervioso. Honorable colega.
- Ahora bien, el Gobierno se ha empeñado en llevar adelante esta transformación en la industria del cobre. En su oportunidad, el Presidente de la República me pidió que lo acompañara; yo le expresé por qué no podía hacerlo; en mi opinión, todos los tratos del cobre, estatuidos por diversas leyes, han ido menoscabando el interés del país. No existe un solo texto legal que haya resultado beneficioso, desde ese punto de vista, para la economía nacional. La ley que entregó al Banco Central el manejo del cobre fue la única que resguardó el interés de Chile, pues se cauteló mejor el proceso de ese metal, se aseguró mayor refinación, mejores ventas y precios ventajosos para ellas.
¿Qué ha ocurrido después? En cuanto a los convenios celebrados con las empresas, debo decir, aparte lo manifestado por el Honorable señor Ibáñez, que no sólo el
Gobierno no ha dictado su propia política, sino que los consorcios cupreros han ido más allá. Es un asunto de orden político destinado a unafinalidad: si mañana hay en Chile un Gobierno de Izquierda, Estados Unidos vendrá a defender su propiedad, porque ha alcanzado a tenerla en el manejo del cobre y porque está asociado con el Estado chileno para la explotación del metal.
De manera que éste es un proceso político claro: la Democracia Cristiana ha entregado los derechos sobre el cobre al capital extranjero en condiciones que nunca antes se habían alcanzado.
El señor RODRIGUEZ.- Así es.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pero debo agregar algo más. En las negociaciones del cobre, pese a ser considerable el precio en el mercado internacional, el metal rojo se ha vendido a precio inferior. Ello es inexplicable si estamos abocados a defender los ingresos nacionales y a fomentar nuestra economía. Más aún, hemos vendido a Norteamérica 90 mil toneladas a 36 centavos la libra y se ha contraído un préstamo pagadero a 40 años. ¡Es decir, comprometeremos los intereses económicos del país por dos generaciones!
He llegado a pensar que una reforma constitucional adecuada debiera introducir algunas enmiendas destinadas a impedir que una Administración, salvo casos extraordinarios de guerra exterior, pueda comprometer los intereses del país por tan largo tiempo. Porque la verdad es que este Gobierno no ha tenido otra preocupación que empeñarse en comprometer el crédito nacional.
Pues bien, mucho se ha hablado aquí del carácter de la reforma agraria, pero la mayor parte de las medidas propuestas por el Ejecutivo están teñidas de sentido político, partidista. Precisamente, hace poco despachamos una legislación tendiente a facultar a la CORA para intervenir con el objeto de que no se hagan subdivisiones en predios de extensión superior a 80 hectáreas. Ello, a mi juicio, es un error, pues bastaba declarar que en Chile no se puede hacer ninguna subdivisión del suelo sino mediante la intervención de ese organismo, ya que la inmensa mayoría tienen menos de esa superficie
Cabe hacer notar, al respecto, que en Cautín, Osorno y Llanquihue, y en el sur, en general, no se puede hablar de predios de 80 hactáreas. Por eso -repito-, bastaba con facultar a la CORA para intervenir.
Mucho se ha hablado del problema de la reforma agraria; sin embargo, el Gobierno, al comienzo de su Administración, pudo haberla aplicado valiéndose de las mismas tierras del Estado, de la Iglesia y de los latifundios, que no tienen sino carácter especulativo, o sea, son inversiones de dinero sin el propósito de trabajar el suelo. Con eso, el Ejecutivo ya tenía bastante para iniciar un proceso de reforma del agro.
En cambio, lo que ha querido hacer el Gobierno es política. Esto es lo que causa desconfianza a la opinión pública y que en más de una ocasión hemos planteado en el Congreso Nacional.
Cuando se inició la campaña gubernamental relacionada con esta reforma, todo el mundo pudo observar carteles en los muros de las calles, pegados al amparo de la oscuridad, en los cuales se decía que dicha iniciativa significaría la dignificación del campesinado chileno y la muerte de la oligarquía. Y esa propaganda, hecha al lado de La Moneda, ¿significa algo constructivo, algo positivo?
A mi juicio, debió decirse que la reforma agraria significaba aumentar la producción agropecuaria. Eso sí que sería constructivo y habría estimulado a los ciudadanos. Lo otro, en cambio, estaba destinado a captar votos para el partido, a mover a la opinión pública en sentido determinado y no en pro del interés nacional.
Esa es la razón por la cual existe inquietud.
Repudiamos algunos actos del partido de Gobierno. No obstante, acompañaré a Sus Señorías en muchas de las reformas de carácter social, por estimar que el país las necesita, y, en particular, la reforma constitucional, porque, como lo dije en la sesión de la mañana, ella tiene extraordinaria importancia.
Debo aplaudir algo que ya comienza a advertirse: un sentido nacionalista con relación a las riquezas extractivas del país. Es interesante comprobarlo, pues constituye una de los hechos más estimulantes que involucra esta reforma.
Por eso, estoy de acuerdo con los incisos tercero y cuarto y los votaré afirmativamente.
El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el inciso tercero.
- (Durante la votación).
El señor BARROS.- Deseo fundar brevemente el voto.
Me alegra la propiedad estatal sobre todas las minas y, sobremanera, me complace que ello ocurra respecto de las de materiales radiactivos.
Como todos sabemos, Chile tiene reservas importantes de uranio, mineral cuyos yacimientos son sumamente codiciados por el imperialismo norteamericano.
Cuando aprobamos la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la ley estableció una trampa en el sentido de respetar la propiedad de materiales ya prospectados por el imperialismo estadounidense.
Este inciso, además de dar al Estado, el derecho de dominio sobre el petróleo, implícitamente agrega aquel material estratégico y científico de alta valía.
Por tales consideraciones, voto que sí.
-Se aprueba el inciso tercero (38 votos contra uno).
-Sin debate, se aprueba el inciso cuarto (38 votos contra 2).El señor REYES (Presidente).- En discusión el inciso quinto.
Ofrezco la palabra.
El señor SEPULVEDA-En la Comisión de Legislación, como consta en las actas que acompañaron al primer informe, dejé claramente establecido mi pensamiento respecto de esta reforma constitucional y de las iniciativas pendientes, destinadas a innovar las estructuras institucionales, económicas y sociales del país. Allí manifesté que mi posición no es en absoluto negativa, sino, por lo contrario, abierta y positiva.
Soy de los que creen que, sin destruir lo que hemos venido construyendo en el pasado, el fruto de tantos esfuerzos de los chilenos; sin arrasar lo que nuestros conciudadanos han podido formar, mediante el uso legítimo de sus derechos, para contribuir al desarrollo económico y social, debemos dar oportunidad a la realización de algunos cambios importantes en esas estructuras, a fin de satisfacer las necesidades de progreso y para que la evolución, tan fundamental en una democracia viva, se manifieste en esta oportunidad activa y vigorosa.
Tengo un concepto, emanado de mi filosofía liberal, eminentemente evolutivo y estimo que, en virtud de él, ninguna innovación constructiva es repudiable; por lo contrario, es deseable cuando se hace dentro del respeto de las normas fundamentales de la democracia, a cuyos postulados no podemos renunciar, y cuando se procede con justicia respecto de los legítimos intereses de nuestros conciudadanos.
Por eso acepté que en nuestra legislación se realicen cambios de importancia; no debemos oponernos a ellos ni obstruirlos. Debemos velar, sí, por que se lleven a cabo en forma que no destruyan el patrimonio material y espiritual de todos los chilenos.
Por tales motivos, también expresé mi preocupación por que en el texto primitivo del proyecto podían amagarse las garantías básicas de algo que para nuestra organización democrática es fundamental: el derecho de propiedad. Me inquieta su destino, más que como medio de lograr riquezas materiales por determinadas personas, como parte de la organización democrática de nuestra nacionalidad. Nunca he tenido la obsesión de las riquezas materiales; me siento liberado de ella. Sin embargo, me preocupa profundamente la estructura constitucional relacionada con el derecho de propiedad, como medio de mantener nuestras instituciones democráticas y la integridad de las libertades públicas e individuales, las cuales, a mi juicio, desaparecen cuando deja de existir el derecho de propiedad privada en todas sus especies.
Cuando se dio otra redacción a este artículo durante el primer informe en la Comisión de Legislación, se tuvo en vista satisfacer las nuevas necesidades del progreso social y abrir las puertas a la realización de la reforma agraria, la cual, en mi concepto, debe realizarse con la profundidad que las circunstancias reclaman, pero respetando también los derechos legítimos de nuestros conciudadanos, sin arbitrariedades y sin destruir la producción agrícola nacional.
El hecho de que en nuestra Carta Fundamental se introduzca una definición más amplia, más propia y más viva de lo que es la función social de la propiedad, también me satisface, siempre que se mantengan las garantías fundamentales del derecho de propiedad. Por esa razón, no puedo estar en contra de la idea de legislar sobre reforma constitucional. En el debate general habido en la Sala, quedó precisado satisfactoriamente el alcance que tendrá la Ley Suprema en cuanto a su trato con la propiedad, en especial con los medulares discursos del señor Ministro de Justicia y del Honorable señor Bulnes. Este último, en forma brillante, con criterio jurídico ampliamente reconocido en la Sa-la, estableció el alcance de la reforma. Ello, a mi juicio, permitió cumplir el objetivo de dar un importante paso adelante y hacer posibles estos cambios, manteniendo las garantías o seguridades básicas del derecho de propiedad como instrumento de progreso económico y social dentro de la democracia y la libertad.
No estuve presente en la Sala durante la votación. Me retiré del hemiciclo al término del debate, no porque hubiera eludido la cuestión ni haya tenido temor de participar en la votación, pues siempre realizo mis actos con plena serenidad y cabal conciencia de lo que hago. Me retiré porque no podía votar en contra la idea de avanzar y hacer innovaciones en nuestra Carta Fundamental y porque deberes de solidaridad que caballerosamente me impongo, me impedían actuar de otra manera.
En este momento discutimos una idea nueva surgida de las indicaciones presentadas al informe complementario, el cual, no obstante haber sido elaborado en forma tan rápida e improvisada que ni siquiera tiene el alcance ni la fuerza que, en el orden reglamentario, debe tener un segundo informe, consigna ideas constructivas, convenientes, las cuales forman parte de este acervo de innovaciones que el país quiere lograr y que ha venido madurando desde hace muchos años.
Si ya en el Código Civil se establecieron los principios por los cuales se reservaba al Estado el dominio de las riquezas naturales del subsuelo; si con posterioridad, en el Código de Minería, esos principios se perfeccionaron, ¿no era lógico, entonces, que la Constitución Política consagrara esa reserva para el Estado, en la forma como se propone en esta oportunidad?
Aun cuando por la premura del tiempo estas disposiciones no se han redactado con la precisión y perfección requeridas, ellas en sí mismas constituyen un avance satisfactorio. Por lo demás, representan una necesidad y una imposición de la época, por lo cual debo aceptarlas con agrado.
Después de los dos incisos que acabamos de votar favorablemente, está contenida una nueva disposición que exige un requisito de nacionalidad para las personas y empresas que quieran optar a la concesión de explotación de esas riquezas del subsuelo chileno. Y hablo de las riquezas del subsuelo chileno, porque, a mi juicio, clarificar dicho concepto es lo que justifica en forma plena esa disposición. Necesariamente debo hacer un distingo entre las demás riquezas que posee nuestro país y las que extrae el esfuerzo del hombre desde las entrañas mismas de la tierra, porque estas últimas se obtienen mediante un proceso industrial extractivo que saca la materia prima de la tierra, la elabora y exporta. Son riquezas que se agotan, que se restan de nuestras reservas y que pertenecen al patrimonio de todos los chilenos. Por ello, acepto el principio de que la explotación de la riqueza minera debe ser realizada esencialmente por manos y capitales chilenos.
En mi opinión, debe hacerse esa diferencia fundamental con los otros tipos de actividades industriales y con la explotación agrícola, que no es extractiva, sino productiva, pues en ella el esfuerzo del hombre cultiva la tierra en procesos periódicos y rotativos que originan productos destinados al consumo de nuestros habitantes o a la exportación, sin agotar en forma irrecuperable una riqueza nacional.
Lo que se extrae de las minas, es decir, del territorio nacional, pertenece a todos nuestros conciudadanos. Por eso, acepto que tales riquezas deban ser explotadas y trabajadas por capitales chilenos. Pero hay más: me parece que debemos recoger experiencia del pasado.
Si tanto se ha discutido, en nuestro país, respecto de la constitución de esas grandes empresas extranjeras, que hasta suelen se motejadas de haber llegado a erigirse en estado dentro de otro estado, estimo que debemos legislar, en nuestra Carta Fundamental, de tal manera que, en lo futuro, no se repita ese mismo proceso, y que se exija a las nuevas empresas mineras que se instalen, el requisito fundamental de la nacionalidad, en las personas y en los capitales.
Me parece muy bien que tales personas deban ser residentes en Chile, y en esto comparto la observación hecha por el Honorable señor Bulnes, en el sentido de que no debe limitarse a los ciudadanos chilenos la posibilidad de explotar minas, sino que también se extienda a los extranjeros que vienen a compartir la suerte de nuestros conciudadanos, tanto más cuanto que muchos de ellos son forjadores de gran parte de nuestro progreso, como es el caso de quienes han venido a radicarse en distintas zonas del país a trabajar nuestros campos, en nuestra industria y en el comercio, que dejan hijos chilenos y construyen fortunas chilenas. Para ellos no debe haber discriminación ninguna en nuestra legislación, sino los mismos derechos que se reconoce a los ciudadanos nacidos en Chile.
Asimismo, me parece muy bien que sean capitales nacionales los que exploten esta riqueza, para evitar que se repita el proceso señalado y que sigamos indefinidamente lamentándonos de que empresas extranjeras vengan a explotar riquezas nacionales que no pueden sustituirse, y a constituirse en una especie de potencia dentro del país, lo que crea problemas de orden económico, social y político que todo aconseja prevenir en lo futuro.
Por eso, he votado con mucho agrado por los dos incisos precedentes y también contribuiré con mi voto a este inciso quinto, que establece la nacionalidad chilena de las personas y de 75 % de los capitales que han de explotar nuestras riquezas mineras.
El señor AMPUERO.- Antes de votar, sería conveniente que la Mesa nos ilustrara acerca del quórum requerido para sancionar la disposición que discutimos.
El señor REYES (Presidente).- El quórum es de 22 votos, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Aylwin.
 El señor AYLWIN.- Señor Presidente, con relación a este inciso quisiera formular algunas observaciones.
Nosotros aspiramos a que las concesiones mineras estén en manos de chilenos, y creo que este Gobierno ha sido el primero, en la historia de nuestro país, en dar un paso positivo tendiente a colocar en manos de Chile las riquezas básicas de la gran minería del cobre, mediante el mecanismo aprobado recientemente por el Congreso Nacional, por el cual se instituyen las sociedades mixtas, entidades chilenas en las cuales el Estado será dueño, en algunos casos, de 25% del capital, y en el caso del mineral El Teniente, el más grande yacimiento cuprero de Chile, de 51%.
Es para mí sorprendente que quienes han detentado y ejercido el poder en Chile durante los últimos cuarenta o cincuenta años, y que en todo ese período no propusieron ninguna ley ni adoptaron ninguna medida para reservar a los chilenos la explotación minera nacional, escojan esta oportunidad para plantear tal exigencia en los términos que el inciso sugiere; elijan para ello esta ocasión en que no son Gobierno, en que no tienen la responsabilidad del manejo del país y pueden, en consecuencia, "lavarse las manos"; aprovechen para ello este momento, cuando han transcurrido pocos días de haberse aprobado una ley cuyo objeto es hacer posible una política del cobre planteada al país por el Gobierno y tendiente a ir chilenizando progresivamente la gran minería del cobre y, al mismo tiempo, a desarrollarla, sobre la base de la inversión de capital extranjero.
Me parece sorprendente que quienes saben que la tasa de ahorro nacional es escasa; que los recursos fiscales son reducidos; que la capacidad tributaria llega a su tope -y se quejan de ello-; que nuestro país, para desarrollar su economía, necesita el concurso de capitales y, en ciertos rubros, sobre la base del respeto a la soberanía nacional y a la legislación chilena, inversiones foráneas, ahora, después de haberse promulgado la ley respectiva, expresen su aspiración de que en adelante no haya en Chile explotación minera sino por empresas chilenas, entendiéndose por tales aquellas en que 75% del capital y del directorio esté en manos de nacionales. El Honorable Senado sabe que esta disposición, como está planteada, significa prácticamente decir no, en un texto constitucional, a lo que el Congreso ha dicho que sí, hace pocos días, al aprobar la política 'del cobre.
A mi juicio, el Estado debe ir progresivamente hacia la nacionalización, y ésa es nuestra política. Nosotros somos -repito- quienes empezaron a practicar esa política. Nosotros, y no los radicales ni los Gobiernos en que participaron socialistas u otros partidos, fuimos los primeros en aplicar esa política.
El señor ALTAMIRANO.- Hace 20 años que Sus Señorías han tenido Ministros.
En el año 1938...
El señor AYLWIN.- Un Ministro, pero no el control del Gobierno. El Partido Radical y el Partido Socialista fueron dueños del Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y no transitoriamente.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Bernardo Leighton fue Ministro de Gabriel González Videla, por ejemplo.
El señor JARAMILLO LYON.- El propio señor Frei fue Ministro.
El señor AYLWIN.- No veo por qué se ponen tan nerviosos.
El señor CORBALAN (don Salomón).- No; el nervioso es Su Señoría.
El señor AMPUERO.- Hagan la revolución de una vez.
El señor AYLWIN.- Estoy exponiendo argumentos, como Sus Señorías expusieron los suyos.
El señor RODRIGUEZ.- No haga afirmaciones inexactas.
El señor AYLWIN.- El hecho que cité es cierto e histórico y bastaría ver si en alguna de las reformas presentadas por el Partido Radical o por el FRAP en los últimos veinte o veinticinco años se ha planteado la idea que ahora se propone como norma constitucional. Sería bueno que nos lo dijeran.
El señor CHADWICK.- Es que nosotros proponemos la nacionalización de las minas.
El señor RODRIGUEZ.- ¡No entiende...
El señor ALYWIN.- Estimamos que este inciso, tal como está redactado, unido a la disposición del artículo transitorio propuesto por los mismos autores de aquél, tiende a hacer absolutamente imposible la ejecución de la política del cobre enunciada por el Gobierno.
Hace unos instantes, el Honorable señor Durán, a quien todos respetamos, decía que dentro da cinco años Chile, los inversionistas chilenos, los particulares chilenos y el Estado chileno pueden reunir lo necesario para adquirir 25% ó 24% que falta para enterar 75% del capital de Braden Copper, y juntar lo necesario para enterar el mismo porcentaje en las otras inversiones, donde falta 50%, y en las pocas que queden, donde falta 100%.
Yo digo: conociendo la tasa de inversión de nuestro país y su capacidad de ahorro, ¿se puede buenamente pensar en reunir en cinco años los capitales necesarios para aquello, sin imposibilitar al país para invertir en otros rubros fundamentales de su desarrollo económico? Chile no puede concentrar todo su esfuerzo de inversión en este rubro. La fórmula ideada por el Gobierno, aprobada por el Congreso y convertida en ley de la República, con conocimiento de lo que se trata de hacer, constituye el mejor medio para ir hacia la nacionalización progresiva sin centrar todos los recursos de inversión o la mayorparte de la capacidad de inversión del país en este solo rubro.
La reforma agraria exige inversiones. El desarrollo industrial también las exige. Si vamos a concentrar las inversiones particulares o del fisco chileno para alcanzar 75% del capital de la gran minería del cobre, de todos los yacimientos chilenos en manos de sociedades extranjeras, las posibilidades de invertir en las reforma agraria, el plan habitacional y el desarrollo industrial, indudablemente, mermarán de manera dramática.
Quiero agregar algo más: este inciso establece una norma rígida que no es necesaria en presencia de lo dispuesto en el inciso anterior.
Las normas que reservan al Estado el dominio de las minas y que entregan a la ley la determinación de las sustancias que pueden darse en concesión y el régimen de esas concesiones, son preceptos que no sólo han contado con nuestro apoyo, sino disposiciones en cuya elaboración han aportado su experiencia colaboradores del Gobierno para perfeccionarlos en su redacción. Como ya he dicho, el Gobierno tenía el propósito de presentar estas indicaciones en el resto de las reformas constitucionales y no con motivo del derecho de propiedad. Quería consagrar en el texto constitucional este principio ya instituido en el Código Civil y vuelto a consagrar en el Código de Minería, pero perfeccionado, para sustituir el régimen de amparo de la propiedad minera por la patente por el de amparo mediante el trabajo, lo cual importa el cumplimiento de la función social del titular de la concesión minera.
Por eso, esta redacción no es improvisada, sino el fruto de un estudio que el Gobierno tenía preparado, razón por la cual es totalmente presentada por él. Corresponde a lo que ya estaba estudiado y se iba a presentar en su oportunidad.
El señor CORBALAN (don Salomón). Votarán a favor, entonces.
El señor AYLWIN.- Votaremos a favor, por eso, los incisos tercero y cuarto, pero creemos que dentro de éste último, cuando se entrega a la ley la determinación de la actividad que los concesionarios deberán desarrollar en pro del interés nacional para merecer amparo y garantías legales, y las demás condiciones necesarias para su obtención y disfrute, se está entregando a la ley la facultad, entre esas condiciones, de imponer el requisito de nacionalidad. A mi juicio, es un poco liviano, para no emplear un adjetivo más duro, imponer esta condición de manera tan categórica, tan tajante, y tan simple e insuficiente como se propone en el inciso quinto. Es realmente igualar la condición de cualquier yacimiento minero, de cualquiera concesión minera, para los efectos de que deba estar en manos de chilenos o de extranjeros.
Aquí se ha dicho, con mucha razón -sobre el particular, el Honorable colega señor Fuentealba tiene más experiencia que yo en materias mineras, y puede proporcionar testimonio y antecedentes suficientes al respecto-, que hay muchos mineros extranjeros, radicados en Chile, que residen en nuestro país, que se han incorporado a la nacionalidad chilena sin tenerla legalmente. A este mediano o pequeño minero le vamos a caducar su concesión si no se nacionaliza, o lo obligaremos a renunciar a su nacionalidad de origen.
El señor GOMEZ.- Se ha hecho una indicación sobre eso, señor Senador.
El señor ALYWIN.- El texto que se somete a votación en este momento no hace distingos. Exige que se trate de personas naturales chilenas.
Luego, respecto de las personas jurídicas, para considerarlas de nacionalidad chilena se les exige tener 75% de capital chileno. Sin duda, tal requisito puede resultar excesivo e innecesario en muchos casos; más aún: excede lo establecido en otros países, como Méjico, por ejemplo considerado de avanzada, progresista y revolucionario dentro de nuestro continente, donde 51% en manos del Estado se ha considerado suficiente garantía de control efectivo sobre las compañías.
¿No es más lógico que el legislador pueda establecer en la ley, conforme al inciso cuarto que hemos aprobado, las condiciones para obtener las concesiones y disfrutar de ellas? ¿No es preferible indicar en forma graduada las diferentes naturalezas de propiedades mineras, distinguiendo entre el grande, mediano y el pequeño propietario, señalando los minerales de mayor o menor trascendencia para la economía nacional, y, en consecuencia, permitir el establecimiento de un mecanismo de mayor flexibilidad?
El precepto del inciso cuarto permite hacer esto, de manara que aprobar la disposición en debate tal como se propone, significa pura y simplemente consagrar una norma rígida que resultará paralizante. Nadie podrá calificarme de sospechoso o de tendencioso si pienso que esta indicación ¡leva envuelta la clara intención de impedir que se materialicen los convenios del cobre.
Por estas razones, estimamos inaceptable el inciso en los términos como está redactado. Aceptamos la idea central de ir a la nacionalización progresiva, pero creemos que tal idea se puede ir materializando por medio de la ley, y que la forma que aquí se plantea persigue una clara finalidad de obstruir la política de chileniza- ción del cobre, puesta en marcha por este Gobierno y aprobada por este Congreso. Por eso, tal precepto es inaceptable.
He concedido una interrupción al Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, en vista de haber sido aludido por mi distinguido colega el Honorable señor Aylwin, quisiera decir que, efectivamente, por el hecho de haber ejercido mi profesión durante quince años en una zona minera, como la provincia de Coquimbo, adquirí gran experiencia sobre la materia. Sostengo -puede también corroborarlo la representación parlamentaria de esa región- que numerosos extranjeros residentes en Chile desempeñan sus actividades en la mediana y pequeña minerías.
El señor CHADWICK.- Aceptamos la modificación.
El señor FUENTEALBA.- Muchos de esos extranjeros son casados con chilenas, tienen hijos chilenos y, prácticamente, han vivido toda su existencia en este país. De ser aprobada esta disposición del inciso quinto, resultarían directamente afectados, quedarían expuestos a perder su propiedad minera, después de haber contribuido con su esfuerzo a incrementar la riqueza nacional y aumentar las entradas que, por concepto de importaciones mineras, puede percibir el país.
Por otra parte, quisiera también abundar en lo que señalaba el Honorable señor Aylwin, en el sentido de que la disposición del inciso quinto es innecesaria. Lo es porque, tal como lo expresaba el Honorable colega, ya el inciso cuarto entrega al legislador la determinación de las condiciones necesarias para obtener una concesión minera, y entre ellas, indudablemente, corresponde al legislador señalar las relativas a la capacidad para adquirir esas concesiones. Tan así es que el actual Código de Minería, que es, evidentemente, la ley en esta materia, contiene un título segundo que se refiere en particular a la capacidad para adquirir pertenencias. De manera que la determinación de la capacidad para adquirirlas es materia de ley," y no propia de un texto constitucional. La Constitución estableció ya, en el inciso cuarto que hemos aprobado, que el legislador podrá determinar esas condiciones, entre las cuales están las concernientes a la nacionalidad de las personas.
Por eso, me parece que esta disposición, cuyo espíritu o intención lejanos pudieran ser aceptables, no puede ser aprobado sin serio daño, sin grave desmedro de los derechos de numerosos medianos y pequeños mineros extranjeros, que resultarían injustamente perjudicados. Incluso, esta disposición alcanzaría a personas jurídicas formadas por extranjeros modestos. Numerosos latinoamerioanos -ecuatorianos, peruanos- son ingenieros de minas que se han establecido en las provincias de Atacama y Coquimbo, que han logrado formar sociedades mineras pequeñas y que han significado un aporte efectivo para esa zona. Esos extranjeros tendrían que irse del país, abandonar las propiedades que con gran sacrificio, como si fueran chilenos, han contribuido a formar. Tal medida, a mi juicio, sería excesivamente grave.
Por otra parte, tampoco es tan fácil determinar. . .
El señor REYES (Presidente).- Ha terminado el tiempo.
Cerrado el debate.
El señor CHADWICK.- Pido la palabra, para una cuestión de orden.
Solicito a la Mesa se sirva consultar a la Sala acerca de si habría unanimidad para conceder quince minutos a cada Comité a fin de fundar el voto en esta materia importante.
Formulo tal proposición, porque los Senadores de la Democracia Cristiana, en razón del orden de inscripción que les correspondió, ocuparon todo el tiempo destinado a debatir esta materia. Por lo tanto, si no modificamos el acuerdo en la forma que sugiero, estaremos limitados a cinco minutos por Senador, lo que nos obliga a fraccionar las ideas entre distintos oradores, lo cual no beneficiará en nada el mejor examen de esta materia.
El señor AYLWIN.- ¿Su Señoría propone conceder quince minutos por Comité en lugar de los cinco acordados por cada Senador?
El señor CORBALAN (don Salomón).- 
Exactamente, y ello sería en lugar del fundamento del voto.
El señor JARAMILLO LYON.- Tiene razón el Honorable señor Chadwick. Es más racional y equitativo el procedimiento.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Incluso, el debate total resulta más breve y pueden decirse cosas inteligibles.
El señor GUMUCIO.- Pero sin fundamento de voto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿En qué situación quedaríamos los Senadores independientes?
El señor CHADWICK.- Les respetaríamos el derecho a hablar también quince minutos.
El señor REYES (Presidente).- La Sala ha escuchado la proposición-: se sugiere otorgar quince minutos a cada Comité, en el entendido de que cada Senador renunciaría a su derecho a fundar el voto. Además, se reconocería el mismo tiempo a los señores Senadores independientes.
El señor BULNES SANFUENTES.- Que el fundamento de voto del inciso quinto incluya el del artículo transitorio, por ser consecuencia directa de aquél.
El señor CHADWICK.- No es consecuencia del inciso quinto, señor Senador.
El señor REYES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada?
Acordado.
El Honorable señor Gómez ha propuesto que, a continuación de la frase "... a personas naturales...que figura en el inciso quinto, se agregue lo siguiente: "residentes en Chile".
El señor LUENGO.- Domiciliadas en Chile, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).- Como se trata de una indicación ajena al texto aprobado por la Comisión, se requiere el acuerdo unánime de la Sala para incluirla.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Conviene dejar constancia de que los Senadores democratacristianos se oponen en este caso a que esas concesiones beneficien a extranjeros. ¡Parece que hay que pedir "por abajo".
El señor PALMA.- No es bastante.
El señor BULNES SANFUENTES.- Dejo constancia de que la misma indicación fue presentada por mí en la Comisión y rechazada por ésta.
El señor REYES (Presidente).- No hay unanimidad para aceptar la proposición del Honorable señor Gómez.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Que quede constancia de por qué no hubo unanimidad.
El señor REYES (Presidente).- En votación el inciso quinto.
-(Durante la votación).
El señor BULNES SANFUENTES.- No deseo repetir "in extenso" las observaciones que respecto de este inciso formulé en el curso de esta sesión. Me limitaré a expresar en forma sintética que no votare a favor de él por considerar que la disposición proyectada es demasiado rígida; tampoco lo votaré en contra, pues estoy de acuerdo en lo fundamental con el concepto de que se debe tender a una auténtica chilenización de la minería
Para mí, la chilenización de la minería consiste, más que en la nacionalidad de los accionistas de las empresas, en que las utilidades que esas compañías obtienen se reinviertan en medida adecuada en el país; en que sus administraciones estén constituidas en Chile, en manos de chilenos, y en que sus contabilidades se lleven en el país.
No voto en contrario porque deseo que el inciso sea aprobado, a fin de que la Cámara de Diputados, que actuará como Cámara revisora, pueda encontrar una fórmula que, sin tener el inconveniente de la rigidez de la actual, establezca en la Constitución el principio de la chilenización da la minería.
A propósito de lo que el Honorable señor Aylwin nos decía hace un momento quiero manifestar que no estoy de acuerdo con la política de chilenización que el Gobierno está desarrollando o dice desarrollar. ¿Por qué no lo estoy?
Podría decir que concuerdo con las medidas que se adoptarán con relación a la Anaconda. Empero, no estoy acorde con la llamada chilenización de El Teniente. Como he manifestado hasta la saciedad y demostrado con cifras, es una chilenización demasiado cara: la Braden Copper se lleva la parte del león, y el Estado de Chile, la menor, no obstante hacer éste aportes sustanciales para desarrollar y explotar ese mineral.
Tampoco concuerdo con la proyectada chilenización de la compañía Cerro Pasco respecto del mineral de Río Blanco, que esa empresa adquirió hace 4 ó 5 años en millón y medio de dólares y en el cual ha invertido, por concepto de estudios, sumas que no pueden ser fabulosas. Aparte eso, compró el hotel de Río Blanco en 72 mil escudos y ha ejecutado también algunas obras menores en el mineral, pero lo sustancial es que te. mina se pondrá en trabajo con un crédito de 40 millones de dólares que será contratado bajo la exclusiva responsabilidad y con el aval del Estado de Chile. La compañía Cerro Pasco se ha; negado terminantemente -se negó ante las Comisiones unidas de Minería y de Hacienda- a avalar ese crédito por tratarse de un negocio riesgoso. Y en esas condiciones, el Estado chileno será dueño de 25% de la Compañía Andina -si el convenio se celebra- y en Cerro Pasco, de 75%. A mi juicio, eso no es chile- nizar.
Repito: me importa poco la nacionalidad de los tenedores de acciones; sí me interesa que las compañías estén sometidas al control del Gobierno de Chile y que las utilidades se traduzcan y en la medida de lo posible, en nuevas riquezas para el país.
En cuanto al comentario que formuló el Honorable señor Aylwin respecto de la actitud de fuerzas que han estado en el Gobierno durante 40 años y no han sustenta-do esta política con anterioridad, no sé si su observación se refería de manera exclusiva al Partido Radical o también a la colectividad en que milito. Al respecto, deseo plantear algunas observaciones.
En primer lugar, en lo relativo a nosotros, no es efectivo que hayamos estado en el Gobierno durante ese lapso. Participamos en dos Administraciones, y como partido minoritario: en la de don Arturo Alessandri, hace ya 30 años, y en la de don Jorge Alessandri, recientemente. Fuera de eso, integramos por breve tiempo el Gobierno del señor González Videla. Fue una participación mucho más breve de la que entonces tuvieron los antiguos falangistas.
En segundo lugar, aunque hubiésemos estado 40 años en el Gobierno, no debemos olvidar que el cobre no tenía en la vida económica del país la importancia que ahora ha adquirido. Y tan así es que no la tenía, que durante la guerra mundial, sin la protesta de ningún sector, el Gobierno de Chile concertó un convenio funesto por el cual nos obligamos a vender todo nuestro cobre a 12 centavos la libra mientras duró el conflicto, situación que pudo haberse mantenido por muchos años más si la conflagración se hubiere prolongado. La verdad es que el país no tenía conciencia de la importancia de dicho metal.
En tercer lugar, en 40 ó 50 años, y tal vez en plazos mucho menores, las circunstancias sociales van cambiando: se va enriqueciendo el conocimiento de los hombres y es perfectamente lícito y muy aconsejable, no que la gente abandone sus principios fundamentales, pero sí que vaya modificando la expresión de ellos, las ideas respecto de problemas concretos.
El señor CORBALAN (don Salomón).-¡La Democracia Cristiana dijo que en Chile todo tiene que cambiar!
El señor BULNES SANFUENTES.- Lo declaro con honradez: el día en que yo dejara de cambiar de idea sobre todas las cosas, me consideraría un muerto en vida. Yo mismo me atribuiría ese calificativo tan simpático que nos dedica "El Clarín": el de momias.
Por lo demás, en las bancas democratacristianas hay gente que ha cambiado en materias más fundamentales, y no se los reprocho. Hace 30 años algunos de esos Senadores, aquí presentes, eran conservadores. No los repruebo. Es perfectamente legítimo. No han abandonado su filosofía fundamental. Al paso de nuevas circunstancias sociales que ellos han interpretado de una manera, y yo, de otra, han ido cambiando sus posiciones. ¡Y Dios me libre del momento en que todos nos anquilosemos y empecemos a repetir, repetir y repetir, a no cambiar jamás de posición!
A mi juicio, en el problema del cobre es muy difícil tirar la primera piedra. Soy político antiguo. Durante muchos años, cuando Sus Señorías no pertenecían todavía al Congreso, dicho metal no constituía problema que alarmara a nadie, por no conocerse la importancia que tendría para el futuro del país. Desde el momento en que se empezó a adquirir conciencia de su importancia, los distintos sectores nos preocupamos de que la riqueza que el metal produce diera al país los beneficios a que éste tiene derecho.
Me abstendré de votar esta disposición, pues temo que, de hacerlo en contrario, impediría su aprobación. No concuerdo con la forma que se le ha dado ni con el concepto que contiene, pero deseo que ella se estudie y espero que el resultado final sea un precepto que, sin ser demasiado rígido conduzca a una efectiva chilenización de la minería.
He dicho.
El señor CHADWICK.- No considero acertada la resolución del Senado de dar tratamiento conjunto a estas dos disposiciones, pues una es de efectos permanentes, y la otra, transitorios. Sin embargo, estoy, obligado a someterme a lo acordado en esta materia.
Quiero ocuparme, en primer término, en el inciso quinto.Es propio de una Carta Fundamental contener disposiciones que modifiquen o limiten el alcance de otras sancionadas en ella. En consecuencia, si entendemos que el principio de garantía constitucional, que otorga igual tratamiento ante la ley a todos los habitantes del país, no puede modificarse por ley, debemos llegar a la conclusión de que sólo mediante una reforma constitucional podremos alcanzar los resultados que nos proponemos lograr. De tal manera, el argumento dado en contrario no resiste ese examen.
¿Por qué nosotros estamos profundamente interesados en incorporar esta proposición a la Constitución Política? Por muchas razones. La primera es fundamental : porque en Chile las minas tienen una función económica de prevaleciente valor. Hoy día ya no se puede poner en duda que nuestra única posibilidad cierta de alcanzar el desarrollo y financiar las empresas del progreso social, está en el fomento del desarrollo minero. Las minas tiene, entonces, esa condición prevaleciente en lo económico, además de la característica ya señalada por el Honorable señor Sepúlveda, de ser una riqueza que se agota con su explotación. Y presentan, también, una tercera característica: que en ellas tiene puestas las manos, fundamentalmente en Chile, el capital financiero internacional.
Para nosotros, el problema de la nacionalidad del titular de la concesión es una materia que no se presenta en un plano abstracto o teórico. Incide en forma sustancial en el carácter de las relaciones que el país debe tener con el capital financiero internacional. Por eso, no se dice todo cuando se advierte la necesidad de que la contabilidad, por ejemplo, de las empresas mineras extranjeras se lleve en Chile. ¡ Si el problema es mucho más hondo: trasciende la mera cuestión del control de los gastos, por importante que ella sea! Debe tomarse en consideración su influencia sobre la balanza de pagos, lo que sucede con las utilidades y las amortizaciones; después, lo relativo a las disponibilidades de productos adquiridos, y, generalmente pido al Senado que ponga atención en ello-, la cuestión de la soberanía del país con referencia a esta sustancial riqueza. Por decidida que sea la voluntar nacional de someter a determinado régimen a la propiedad minera, la sola circunstancia de que el titular de la concesión sea extranjero abre el camino para que la potencia, de la cual dicho titular es súbdito, haga valer influencias en el plano internacional.
No es, por lo tanto, un propósito puramente "chauvinista", de nacionalismo ligero o exagerado, lo que nos lleva a poner de relieve la extraordinaria significación de que en estas reformas se incluya la disposición propuesta.
Por eso, nos preguntamos: ¿cuáles son los argumentos que podrían inducir al Senado a rechazar la fórmula en examen?
Se nos dice: "¡ Si el Congreso acaba de despachar una ley que tiene por objeto regular la actividad de empresas extranjeras por 20 años, y el Gobierno ha puesto en esos convenios todas sus esperanzas de prosperidad para el país!" ¡Pero si cuando se trajo ese proyecto a la consideración del Congreso, la Constitución Política no permitía tomar otra decisión! Ahora han cambiado las circunstancias: la Carta Fundamental, modificada, entregará un instrumento que entonces no estaba en nuestras manos.
¿Podrá criticarse a quienes, constreñidos por aquella situación constitucional, no aceptaron la idea del Frente de Acción Popular de la nacionalización y eligieron el camino de apoyar el proyecto del Gobierno ? Evidentemente, es un reproche ligero, que no admite la calificación de decisivo, que ni siquiera tiene fundamento serio. Pero lo que acaba de expresar el Honorable señor Bulnes sí que tiene importancia decisiva para que nos formemos juicio sobre el problema en debate. Si en el transcurso del tiempo ha llegado a tener plena evidencia que lo que afirmaban algunos y discutían otros posee una realidad inobjetable; si ahora, en los últimos meses, los propios directores de las empresas extranjeras han confesado que el cobre se ha transformado en un metal escaso, que no se encuentra en el mundo en cantidad suficiente para abastecer los requerimientos más urgentes de la industrial contemporánea; si ahora sabemos que somos dueños de riquezas naturales que no se encuentran en otras partes ; si sabe el Congreso que estos minerales pueden ser explotados a los más bajos costos; si el propio Gobierno acepta que el costo del cobre de la gran minería es sólo de 20 centavos de dólar la libra y acaba de fijar su precio oficial de venta en 62 centavos; si, en consecuencia, hay un margen extraordinario de utilidades que no tienen parangón en ninguna industria extractiva del mundo, en ningún proceso industrial; si ello demuestra que se trata de una riqueza extraordinaria, como lo fue grande la del salitre, en su tiempo, ¿vamos a incurrir de nuevo en el viejo error cometido con la industria salitrera, de no tomar las previsiones que el propio Bal- maceda concibió y que le costaron su vida: impedir que sean extranjeros quienes la conserven en sus manos, exporten las utilidades, retengan las amortizaciones, determinen el comercio e invoquen la protección de sus Gobiernos para imponer sus intereses por sobre los de nuestro país?
Es cierto que hay pequeña, mediana y gran minería. Pero no hay razón para que este hecho nos perturbe. La mediana minería no puede tener grandes problemas al someterse a la norma de la nacionalidad de la persona jurídica empresaria y de que 75% del capital sea chileno. Al pequeño minero, aquel que está trabajando entre nosotros porque se ha identificado con nuestro país, la adopción de nacionalidad chilena no puede ser sino una mera formalidad. Si está viviendo y trabajando» aquí; si ha formado su familia en Chile; si sus intereses están en esta patria, no podrá desalentarlo el hecho de que nuestro país le dé una nacionalidad que es título- de orgullo para todos nosotros. Entonces, el problema radica de manera exclusiva en la gran minería, y no se puede desconocer la absoluta necesidad de liberarnos de las consecuencias inherentes a la condición de extranjero que tienen las empresas explotadoras de la gran minería. Ni siquiera se podría objetar que estas ideas representan una innovación trascendental en nuestros hábitos.
Cuando no se ha tratado de dominio, se han reservado a chilenos actividades muy importantes. La ley de cabotaje, que, según entiendo, es de 1922, reservó a los chilenos ese importante comercio, que en esa época lo era mucho mayor. En ella se incluyeron diversas normas destinadas a impedir que elementos extranjeros pudieran participar en esa actividad por procedimientos indirectos. Una ley que, según entiendo, fue dictada en 1928 y ratificada después por un decreto ley de 21 de mayo de 1931, reservó el comercio de seguros a los chilenos.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Aplique él Reglamento, señor Presidente.
El señor CHADWICK.- Solicito que se me prorrogue el tiempo, pues estoy expresando ideas y abandonando la polémica sobre las cosas más o menos circunstanciales. En consecuencia, ruego al señor Presidente recabar el acuerdo de la Sala para permitirme terminar mi fundamento de voto, como se ha hecho en otras oportunidades, inclusive con el Honorable señor Ibáñez, no hace muchos días.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- ¿Cuánto tiempo necesita Su Señoría?
El señor CHADWICK.- Seis minutos.
El señor CURTI.- No, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- No hay acuerdo, señor Senador.El señor LUENGO.- Démosle dos minutos.
El señor CURTI.- ¡No terminará ni en quince minutos!
El señor CHADWICK.- Entonces, pido que se me concedan cinco minutos.
- (Risas).
El señor JARAMILLO LYON.- Por nuestra parte, no hay inconveniente en permitir al señor Senador que use de la palabra por el tiempo que le sea necesario.
El señor CURTI.- No le alcanzará de ninguna manera.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Chadwick.
El señor CHADWICK.- Podría parecer contradictorio afirmar ahora que leyes anteriores, bajo el imperio de la Constitución que modificamos y de la que le antecedió, han reservado para Chile determinadas actividades, y al mismo tiempo, sostener que antes no tuvimos ocasión de proponer esta ieda central. Pero -repito- ahora se trata de salvar un obstáculo que pudo haber paralizado cualquiera tentativa de legislar sobre la reserva de concesiones mineras a los nacionales.
Otro aspecto del asunto debo tratar, aunque sea en forma sumaria, cual es el problema de cómo deben aplicarse las normas transitorias en caso de aprobarse la disposición que acabo de examinar.
Estudiamos el problema en la Comisión y nos encontramos en la necesidad de evitar que todo cuanto declarara la Constitución se transformara en letra muerta por falta de una ley que hiciera aplicable el precepto constitucional general.
Recordamos, por ejemplo, el precepto de la Carta Fundamental en virtud del cual toda persona que ha sido procesada y, más tarde, absuelta, tiene derecho a la indemnización que establezca la ley. No se ha dictado la legislación respectiva y, por lo tanto, ese derecho no pasa de ser una declaración platónica.
Hemos propuesto un plazo largo, de cinco años, que aboque, tanto al Ejecutivo como al Congreso, a la exigencia de dictar un nuevo Código de Minería que se conforme a los principios que hemos sancionado en esta reforma.
A nuestro juicio, no deben provocar sobresalto alguno las medidas ya acordadas sobre amparo por el trabajo. Debe definirse de manera terminante que se trata de concesión y no de propiedad minera, pues nadie puede suponer que el legislador chileno haya perdido el juicio y abandone algo que está presente en el ánimo y propósito del constituyente: que el amparo se haga por el adecuado trabajo, en las condiciones que el legislador deberá especificar.
Respecto de la nacionalidad, cabe advertir que en momentos en que las instituciones internacionales pretenden abordar con su ayuda los problemas básicos del desarrollo, tenemos derecho a reclamar en esta materia la asistencia hasta ahora concedida a favor de empresarios particulares, a fin de dejar en el país tres veces más de lo que hoy queda en manos de extranjeros.
Voto que sí.
El señor FUENTEALBA.- El Honorable señor Aylwin y el Senador que habla hemos expuesto las razones por las cuales estimamos que el inciso 5º debe ser rechazado, aun cuando pudiéramos concordar con el espíritu e intención que animan ese precepto.
Hemos manifestado nuestro desacuerdo con la disposición en referencia porque la materia que ella regula es más bien propia de la ley, a la cual se remite el inciso anterior, y porque hace una exclusión injusta respecto de extranjeros residentes en Chile desde hace muchos años y que trabajan en actividades mineras. Además, excluye también a las pequeñas sociedades en que tienen participación extranjeros que llevan largos años de permanencia en Chile, lo que no es materia propia de una reforma constitucional, sino -repito- de ley, como lo demuestra el Código de Minería en 'actual vigencia, el cual expresamente regula todo cuanto atañe a la capacidad para obtener concesiones o pertenencias mineras.
En estos minutos quiero referirme de preferencia al artículo transitorio, íntimamente vinculado con el inciso quinto, sin profundizar en el hecho de que todo este conjunto de disposiciones pretende, en el fondo, dejar sin efecto los convenios del cobre.
Sostengo que, desde el punto de vista jurídico, el artículo transitorio es absurdo por donde quiera que se lo examine. En efecto, expresa que lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto comenzará a regir dentro del plazo de cinco años, contados desde la fecha de comunicación de esta reforma.
¿Qué dicen los incisos cuarto y quinto? El primero de ellos, o sea, el cuarto, preceptúa que la ley habrá de determinar las sustancias que podrán ser entregadas en concesión para su exploración y explotación. Y el inciso quinto dispone que las concesiones a que se refiere el inciso anterior, o sea, las concesiones que la ley determine, sólo podrán otorgarse a tales o cuales personas. De manera que los incisos cuarto y quinto serán aplicables desde el momento en que se dicte la ley que, en buenas cuentas, reemplazará al Código de Minería en sus disposiciones más fundamentales, porque aquí hemos aprobado un nuevo espíritu para dicho Código. La ley en cuestión no ha sido dictada ni podrá serlo mientras no se promulgue la reforma constitucional. Sin embargo, se incurre en el absurdo de decir que lo dispuesto en estos incisos cuarto y quinto, que requieren la dictación de una ley, comenzará a regir dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de la reforma. Esto es absolutamente absurdo, porque, en todo caso, ese lapso debiera contarse desde la fecha de dictación de la ley, y no desde la de promulgación de la reforma.
Pero es más absurda la disposición en lo que sigue. Dice, a continuación, que, vencido el plazo de cinco años, caducarán las propiedades mineras, concesiones y explotaciones que no cumplan los requisitos establecidos en dichos incisos. ¿A qué requisitos se refiere? A los que deberá establecer la ley. ¿Y existe la ley? No existe; ella se dictará en lo futuro.
Pero resulta que los actuales concesionarios de propiedades mineras serán despojados, pues la concesión caducará, evidentemente, si no se dicta aquella ley, por incumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos cuarto y quinto, pero éstos disponen que tales requisitos habrán de ser establecidos por la ley. Es decir, se incurre en el absurdo de preceptuar que transcurra un plazo para cumplir determinados requisitos antes de que sea dictada la ley que debe especificarlos.
¿Cómo podrán los actuales concesionarios cumplir requisitos cuya existencia no ha sido determinada por la ley? ¿No es absolutamente injusto y absurdo que puedan perder su propiedad minera por incumplimiento de condiciones que ningún cuerpo legal ha establecido? Ello carece de sentido desde el punto de vista jurídico. Es una disposición absurda, llamada a producir el caos en las actividades mineras nacionales, mucho más si se considera que en virtud de las reformas constitucionales aprobadas mediante los incisos tercero y cuarto, una vez promulgadas dichas reformas, en especial la contenida en el inciso 4º, el Código de Minería será derogado automáticamente en todos sus preceptos que sean contrarios a lo establecido por estos incisos.
Por consiguiente, estas disposiciones, inspiradas exclusivamente en el ánimo político de anular los convenios del cobre, han sido propuestas en forma precipitada, sin mayor estudio, y encierran, en consecuencia, grave injusticia en contra de particulares, en especial contra extranjeros de condición económica más bien modesta, antiguos residentes en nuestro país, que desde hace muchos años colaboran en la producción nacional.
Votaremos en contra del inciso 5º y del artículo transitorio, por constituir disposiciones prácticamente inaplicables o que, si se llegan a aplicar, resultarán absurdas y, en todo caso, injustas.
El señor CHADWICK.- La verdad es que no vale la pena discutir con Su Señoría. El señor Senador ha leído mal todas esas disposiciones y, lo que es peor, las leyó en forma incompleta.
El señor SEPULVEDA.- Después que usé de la palabra para referirme al inciso quinto, relativo a la nacionalidad de las personas y al promedio de capitales chilenos que habrán de tener en lo futuro las empresas mineras, se adoptó el acuerdo de fundar en conjunto los votos relacionados con el inciso quinto y el artículo transitorio. Estos dos últimos preceptos complementan las disposiciones anteriores y guardan relación directa con el inciso en discusión. Ya señalé claramente mi parecer sobre el inciso quinto y los anteriores, que establecieron nuevo trato constitucional respecto de la propiedad de los yacimientos mineros. Pero estimo que todo cuanto hemos aprobado hasta el momento y lo que aprobaremos, seguramente, dentro de algunos minutos, al tratar el inciso quinto, tiene alcance y vigencia muy diferentes a los del artículo transitorio, respecto del cual debemos también fundar nuestro pronunciamiento.
Considero que esas disposiciones rigen para lo futuro, desde el momento en que la reforma constitucional entre en vigencia. Desde ese instante se aplicará el nuevo estatuto jurídico establecido en nuestra Carta Fundamental y en las leyes complementarias que se dicten con motivo de la reforma. Es la iniciación de una nueva etapa en el trato a la propiedad minera constituida en Chile; es, como dicen los tratados, un hito de referencia que marcará esta nueva etapa. En cambio, el artículo transitorio tiene efecto diferente, pues hace caducar, en plazo de cinco años, las concesiones ya otorgadas de conformidad con la Constitución Política y las leyes vigentes en Chile y que han constituido hasta el momento un derecho legítimo. De manera que entramos a legislar caducando intereses y derechos legítimamente adquiridos hasta ahora bajo el amparo de la ley chilena.
Al respecto, tengo un criterio muy diferente, que deseo expresar con absoluta claridad y lealtad.
Cualquiera que sea la opinión que se tenga respecto de las bondades del régimen de chilenización o del de nacionalización, el hecho político positivo en Chile es que el país se ha pronunciado respecto de uno de estos sistemas: la chirenización.
Hemos dictado una ley que se ha discutido durante más de un año en el Congreso, tendiente a autorizar el nuevo sistema de chilenización, sobre la base de los convenios con la gran minería del cobre. Pero esa ley no es sólo producto de un año de debate en el Parlamento, sino también el resultado de una discusión muy amplia ante la opinión pública. Por eso, si hay algo sobre lo cual se ha pronunciado la voluntad ciudadana en Chile, es con relación al régimen al cual debe ser sometida la gran minería del cobre en nuestro país.
No podemos olvidar que durante la campaña presidencial se planteó como problema fundamental lo que se haría con el cobre. Los programas de los candidatos debieron ser precisados en sus alcances mediante cartas que se hicieron públicas y en las cuales cada uno exponía sus propósitos. El veredicto de la cuidadanía fue la elección del actual Presidente de la República, quien patrocinaba claramente el sistema de chilenización, que es muy diferente del de nacionalización.
Una vez elegido el actual Jefe del Estado y en ejercicio de su mandato, envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar los convenios del cobre. Sometido a la consideración del Parlamento, surgieron las primeras dificultades. El Primer Mandatario consultó nuevamente a la ciudadanía, la cual se pronunció en la elección parlamentaria de marzo. A mi juicio, nada ha sido objeto de pronunciamiento explícito de manera más reiterada que este sistema. Para llevarlo a la práctica la mayoría parlamentaria que cristalizó en la Cámara de Diputados entregó al nuevo Gobierno las herramientas y facultades necesarias.
Por eso voté favorablemente el proyecto de los convenios del cobre, y en las razones que estoy exponiendo en estos momentos fundé mi voto favorable a aquella iniciativa.
Hace pocos días dimos paso al último de los requisitos que se necesitaban para materializar los convenios, al autorizar los avales que el Gobierno estaba pidiendo y que eran consecuencia de la ley ya dictada.
Por lo tanto, el Congreso también se ha pronunciado sobre esta materia. No resultaría serio, en consecuencia, para los intereses del país que de la noche a la mañana cambiáramos las reglas del juego y quisiéramos imponer, mediante una disposición que surgió de un día para otro, producto de una indicación que estuvo sólo un día en la Comisión, un régimen totalmente diferente, en circunstancias de que el Parlamento ya había discutido y aprobado un sistema respecto del cual da voluntad nacional se había pronunciado en forma inequívoca.
Esa es la razón por la cual deseo que, a este respecto, las cosas queden como están y que cada cual asuma su responsabilidad.
El Presidente de la República ha sido investido de la facultad democrática de poner en ejecución el plan que él ha llamado "viga maestra de su Gobierno". En consecuencia, no estaría bien que, después de esa expresión de voluntad, que el país ha ratificado, al igual que el Congreso al dictar la ley antes mencionada, nosotros destruyéramos lo hecho y aprobáramos normas totalmente diferentes.
Por eso, al fundar mi voto y considerar las observaciones formuladas con anterioridad, dejo claramente establecido mi criterio en cuanto a Jas normas futuras que han de regir la explotación de la minería en Chile.
Como ahora se trata de votar, quiero manifestar que ése es el principal fundamento moral y nacional que involucra la disposición que aprobaremos en algunos minutos más con relación a la nacionalidad de los capitales que explotarán las minas chilenas.
No deseo que en lo futuro se vuelvan a plantear los mismos problemas; que se creen de nuevo los mismos, intereses, y que otra vez el Parlamento y la ciudadanía' deban dirimir sobre la base de despojar, liquidar o anular derechos adquiridos al amparo de la legislación chilena.
De ahí que, respecto del inciso quinto, mi voto ha de ser favorable, y en cuanto al artículo transitorio, negativo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Señor Presidente, comienzo por declarar que no soy revolucionario, sino evolucionista. Sin embargo, apoyaré los dos incisos. Lo hago porque creo indispensable acentuar el sentido nacionalista que se ha perdido y que se echa de menos cuando se reconoce que el capital extranjero recibe las mayores ventajas, con desmedro del capital chileno.
No me alarma el caso de extranjeros poseedores de pertenencias en la mediana minería, porque lo natural es que, si aquí residen y labran su fortuna, soliciten carta de ciudadanía.
En los Estados Unidos, se exige ese requisito a los extranjeros después de pocos años de permanencia.
La cita del Honorable señor Aylwin respecto de México, difiere en cuanto al petróleo, cuya nacionalización se impuso después de dramática batalla contra los intereses que lo explotaron hasta 1938.
Por otra parte, el plazo de cinco años que la enmienda consigna, constituye plazo suficiente para regular la aplicación del precepto.
Voto que sí.
El señor GOMEZ.- Debo hacerme cargo de algunas expresiones vertidas por el Honorable señor Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, quien embistió contra la obra realizada por los regímenes radicales, como si ella estuviera pesando sobre el actual Gobierno. Sobre lo último, creo que el Honorable colega tiene razón.
El señor Senador considera extraño que quienes no patrocinaron ninguna medida respecto del cobre cuando fueron Gobierno, hayan auspiciado estas indicaciones.
Su Señoría está en un error muy profundo. La obra del Partido Radical en cuanto al cobre ha sido extraordinaria. A mi juicio, el país podría conformarse con que la Democracia Cristiana hiciera lo mismo que realizamos nosotros respecto de ese metal.
Cuando éramos Gobierno, recibimos una industria cuprera que no pagaba impuestos. Era como las empresas norteamericanas de Guatemala, Cuba o cualquier país centroamericano. El Partido Radical impuso los primeros gravámenes y entregó su tercera Administración con una tributación ascendente a 87%. Con ello se construyó la planta de sulfuros de Chuquicamata sin necesidad de nuevas concesiones. Además, se tomó el control de las ventas, rubro que el partido de Gobierno quería situar en Nueva York, en manos de comisiones paritarias.
Esa es la obra del Partido Radical en cuanto al cobre, que ha sido desconocida por el Honorable señor Aylwin.
Después de los Gobiernos radicales vino el retroceso de la ley 11.828.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Y antes de eso, los convenios de Washington.
El señor GOMEZ.- Luego, seguimos retrocediendo con el nuevo trato que se ha establecido.
Respecto de la nacionalización, el radicalismo entregó al Estado la riqueza petrolera, y éste desarrolló una industria con brazos y mentes chilenos Bajo la dirección del Partido Radical y la colaboración de otros sectores, como los Partidos Socialista y Comunista, el Estado chileno realizó esa obra formidable.
En lo que nosotros realizamos respecto del petróleo está el germen de lo que vendrá en lo futuro. Esa es la piedra sillar sobre la cual deberemos construir un edificio nacionalista distinto del que está trazando con sus actos el partido de Gobierno.
Llamó la atención del Honorable señor Aylwin el hecho de que, a pocos días de dictarse una ley sobre el cobre, que contó con nuestro apoyo evidente en la votación general, nosotros presentáramos estas indicaciones tendientes a modificar todo el sistema. A mi juicio, valdría más al señor Senador no hacer recuerdos. Es mejor que se conforme con las reminiscencias antiguas y que no haga memoria sobre ese episodio, pues Su Señoría sabe perfectamente que, tanto respecto del veto como de la conducta de los Senadores de Gobierno, se modificaron las reglas de juego que habíamos convenido durante la discusión general de dicha iniciativa. Ese veto destruyó todo lo que se había pactado en el Senado.
Tendré la elegancia de no entrar en el campo de los recuerdos...
El señor RODRIGUEZ.- Pero ya entró.
El señor PRADO.- ¡Su Señoría es el árbitro de la elegancia...!
El señor GOMEZ.- Inspirado en los recuerdos, Su Señoría fue demasiado insistente.
En todo caso, lo dicho es motivo más que suficiente para justificar las indicaciones que hemos presentado, pues se trata de corregir lo que se hizo mal.
Aquí se ha hablado de "chilenizar". Bueno, como el resultado de la ley no es el que ideó el legisilador, la carambola salió distinta, y por eso estamos corrigiendo ahora lo que se hizo mal en aquel momento.
Somos consecuentes con nuestros puntos de vista, con nuestros planteamientos y con los compromisos que se contrajeron en el Senado y ante él país.
El Honorable señor Aylwin manifestó que la capacidad tributaria del país ha llegado a su nivel máximo y que, entonces, sería necesario traer capitales extranjeros para impulsar el desarrollo de Chile, la reforma agraria y, en fin, todo cuanto se ha dado en llamar revolución en libertad. Se pretende conseguir combustible extranjero para realizar esa revolución en contra de los chilenos.
Yo pregunto al Honorable señor Aylwin: ¿acaso es aceptable lo manifestado por Su Señoría en cuanto a vender cobre a Estados Unidos a 36 centavos la libra cuando hoy vale 62? Si el país no dispone de recursos, ¿por qué regalar a esa tremenda potencia del Norte esta enorme diferencia de precio?
El señor FUENTEALBA.- ¿Y qué hicieron los Gobiernos radicales? ¡Vendieron a 12 centavos!
El señor GOMEZ.- Nuestras Administraciones tomaron el control de las ventas del cobre y dicho producto fue colocado a los más altos precios en el mercado mundial. Eso hizo el Partido Radical.
El señor AYLWIN.- ¡ A 12 centavos!
El señor NOEMI.- Recuerde Su Señoría que el precio fue de 12 centavos durante la guerra.
El señor GOMEZ.- Su Señoría se refiere a la época de guerra, cuando se entregó el cobre a 12 centavos de dólar la libra, en circunstancias de que se cotizaba a 24. Eso es efectivo. Fue un error. Pero no había conciencia clara de lo que significaba el cobre; estábamos saliendo de una etapa en que las compañías manejaban el precio del metal a su pleno arbitrio, y ni siquiera pagaban tributos.
Ya dije que el Partido Radical impuso gravámenes a la industria extractiva del cobre. Y las ventas al precio señalado constituyeron una colaboración al mundo occidental; una contribución para ganar la guerra por parte del mundo occidental, del cual Sus Señorías se jactan en estos momentos, pues dicen ser los defensores de la cultura del mundo libre. Nosotros contribuimos al mantenimiento de esa cultura vendiendo el cobre a 12 centavos. Tenía su significado proceder de esa manera. Ahora, ¿ qué significación tiene la actitud de Sus Señorías de vender el cobre a 36 centavos? Me parece que son situaciones totalmente distintas.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Ahora se trata de la guerra de Vietnam.
El señor IBAÑEZ.- En esa ocasión, estaban de acuerdo.
El señor PRADO.- ¡Qué teoría de conciencia!
El señor GOMEZ.- El Honorable señor Fuentealba manifestó que el inciso quinto significaba discriminación. Ya dimos a conocer el sentido de nuestra indicación: señalamos que los radicales deseábamos que todas las personas -residentes en el país o domiciliadas en el- tuvieran acceso a la explotación de la minería. Y en el término "chilenos", comprendemos a todas aquéllas.
Quisimos modificar la redacción para evitar todo equívoco. Sus Señorías se opusieron; de manera que si la indicación no fue redactada con la pulcritud que los señores Senadores deseaban, ello se debió a su negativa.
El señor PRADO.- Ya es muy tarde.
El señor GOMEZ.- No lo es, señor Senador, porque todavía queda el proyecto de reformas constitucionales. Cuando lo discutamos, tendremos oportunidad de dar la redacción que a Sus Señorías agrade.
El señor NOEMI.- En la Cámara de Diputados se rechazará.
El señor GOMEZ.- Si, señor Senador; pero insistiremos en todo el articulado aunque ustedes vuelvan a rechazarlo, como ya lo han hecho respecto de esta indicación por no estar redactada con la pulcritud que Sus Señorías reclaman.
Las razones que hemos dado nos inducen a votar afirmativamente las indicaciones presentadas por el Partido Radical con fin altamente nacionalista y patriótico y como una colaboración a la revolución que proclama el partido de Gobierno. Para canalizar debidamente esa revolución y desviarla de los rumbos equivocados que está tomando al tratar de favorecer de manera irritante al capital y empresas extranjeros, votamos favorablemente las dos disposiciones.
El señor TEITELBOIM.- Hasta el instante de debatir este inciso, la marcha del FRAP y de la Democracia Cristiana siguió un camino favorable a las modificaciones de la Constitución contenidas en este artículo único. Coincidimos en la votación favorable respecto de los incisos ya tratados. Pero en este momento las sendas se bifurcan y se tropieza con un motivo poderoso que divide y contrapone las trayectorias.
Una vez Quijote dijo a Sancho que hahía tropezado con una gran piedra, y esa gran piedra era la Iglesia, frente a la cual la recomendación era no afrontarla. Ahora nos hemos tropezado con el peñasco de la época contemporánea y con la más poderosa fuente de succión de la riqueza nacional: el imperialismo norteamericano. No podemos dejar de afrontarlo. Y la verdad es que en el fondo de este inciso, el problema relacionado con las grandes empresas norteamericanas está presidiendo todo el debate. Lo mismo se puede afirmar respecto del artículo transitorio.
Quiero insistir en que la posición de los Senadores del FRAP trata de ser nacionalista, de poner en primer término, lógicamente, los intereses de Chile. Por eso se ha propuesto -también es la idea del Partido Radical- que ese 75% del capital pertenezca a los chilenos.
Aquí se esbozó la idea de que sería injusto excluir a los extranjeros domiciliados. Y nosotros aceptamos que esta injusticia pueda existir, porque no se trata de un criterio "chauvinista", de xenofobia primitiva, de discriminación por la nacionalidad misma de las personas, sino de que el empresario minero realmente incorpore su trabajo al territorio, aunque no haya nacido en él. Pero habiendo fijado aquí su domicilio y teniendo en este país, de la tierra que trabaja, los beneficios de nuestra patria, aceptamos plenamente que no exista discriminación entre el chileno nativo o nacionalizado y los extranjeros que, sin haber adoptado nuestra nacionalidad, están domiciliados en Chile, es decir, que tienen en nuestro territorio su residencia permanente.
Esto prueba que tratamos de no proceder con obcecación ni ceguera, sino con espíritu de ecuanimidad, poniendo siempre primero el interés de los chilenos.
El Honorable señor González Madariaga ha recordado que, en este terreno, Estados Unidos es mucho más exigente. Allá, el extranjero que permanece cinco años en su territorio está obligado a nacionalizarse o, en caso contrario, debe abandonar el país. Nosotros no queremos imponer esa medida, que nos parece compulsiva, respecto de una decisión tan fundamental y de tan entrañable importancia como la determinación de la propia nacionalidad.
Medidas como ésta se han tomado en muchas partes. Y, por cierto, en Estados Unidos no se autoriza que los yacimientos de cobre, que sin duda también existen en ese país, sobre todo en el Estado de Montana, pertenezcan a extranjeros. Ellos tienen el control. Y si el Papa hace una cosa, ¿por qué nosotros vamos a ser mucho más papistas que el Papa?
Me parece una línea equivocada estimar que los intereses norteamericanos son sacrosantos. Asimismo, considero que esta determinación nuestra, en cuanto a considerar persona jurídica chilena a aquella en que el 75% de su capital pertenezca al chilenos o a extranjeros domiciliados y en cuyo directorio éstos constituyan a los menos igual porcentaje, resguarda debidamente el interés nacional.
Aquí se ha dicho que el artículo transitorio sería una aberración jurídica, un disparate. Entiendo este artículo transitorio directa e íntimamente vinculado con los incisos que comentamos, en dos sentidos fundamentales. De él se desprenden dos mandatos constitucionales respecto a la ley que debe nacer después del Código Fundamental, pero no mucho más tarde, porque aquí se ha sostenido, con afirmación gozosa, que el Código de Minería está listo o casi listo y que varias de las disposiciones que hemos aprobado y que han sido presentadas como de la Comisión a la consideración de esta Sala, han sido elaboradas por la comisión que prepara ese cuerpo legal. De manera que yo no entendería que transcurrieran cinco años sin que ese Código se presentara para su aprobación como ley por el Congreso Nacional.
También entiendo este mandato constitucional en otro sentido; que ese Código de Minería y las leyes posteriores que digan relación con esta materia, deben observar los principios rectores, fundamentales y directivos fijados en la Constitución. Precisamente, ése es el sentido de la Carta Fundamental: es la ley de las leyes y, por lo tanto, toda ley posterior debe remitirse necesariamente a ella.
Me parece que el artículo transitorio es perfectamente lógico y se encuadra dentro de la celeridad natural con que deben despacharse las legislaciones complementarias derivadas de lo que aquí se está proponiendo. No hay por qué temer que vaya a resultar una aberración o un contrasentido. Por el contrario, considero que desde el punto de vista jurídico las cosas están perfectamente en regla.
Por estas consideraciones, los Senadores comunistas votaremos favorablemente tanto el inciso quinto como él artículo transitorio.
El señor LUENGO.- Como ya se ha dicho, el inciso quinto en debate tuvo origen en indicaciones presentadas por Senadores del Frente de Acción Popular y del Partido Radical. Hemos creído indispensable establecerlo, para complementar los incisos tercero y cuarto, aprobados anteriormente.
Estimamos de extraordinaria importancia este inciso, por creer que con él se inicia la marcha hacia la nacionalización de las minas de cobre y de todas las minas en general, aun cuando para muchos de nosotros lo ideal sería llegar a la estatización de ellas.
Este inciso permite que las minas puedan ser explotadas por chilenos, aun cuando no lo sean por el Estado. Por lo demás, esta actitud es consecuente con la que hemos sostenido en el Senado, en especial durante la discusión del proyecto sobre convenios del cobre, oportunidad en que muchos de los parlamentarios que patrocinamos este inciso apoyamos la nacionalización de las minas de cobre.
En mi concepto, ya se han dado razones más que suficientes y existe consenso casi unánime para aprobar este inciso, con la sola excepción de los Senadores democratacristianos, me parece.
Deseo hacer presente que él pudo quedar mejor redactado todavía si le hubiéramos agregado, después de "personas naturales", la expresión "domiciliadas en Chile", como lo propusieron varios señores Senadores, inclusive del partido de Gobierno. Estimo, además, que debió añadirse, en la segunda parte de esta disposición, después de las palabras "y en cuyo directorio", las siguientes: "si lo tuviere". Porque se exige que las personas jurídicas, para ser consideradas chilenas, tengan un 75% de su capital en manos de chilenos y que en su directorio éstos constituyan a lo menos igual porcentaje. Pero sucede que no todas las sociedades son anónimas y, en consecuencia, no todas tienen directorio. Por eso, para esclarecimiento del concepto, me parece necesario introducir dicha salvedad. Lamento que la Democracia Cristiana se haya negado a dar la unanimidad para agregar siquiera una de estas dos frases, respecto de las cuales, sin embargo, manifestó su conformidad. Aun cuando hubieran participado de tal unanimidad, los Senadores democratacristianos podrían votar negativamente todo el inciso, si no les pareciera satisfactorio.
Dejo constancia de ello, para que, el día de mañana, no se diga que el Senado aprobó una disposición mal redactada, y para que, si en definitiva quedara como está, todos sepan que se debe a que la Democracia Cristiana negó su asentimiento para modificarla.
El señor NOEMI.- El inciso estaba mal redactado desde el principio.
El señor LUENGO.- En todo caso. Sus Señorías también hicieron notar esa anomalía y después no quisieron conceder su acuerdo para corregirla.
En cuanto al artículo transitorio, íntimamente ligado al inciso quinto, se ha expresado aquí -particularmente por parte del Honorable señor Sepúlveda, que no es partidario de la disposición- que las modificaciones que se introduzcan deben regir para lo futuro. Nosotros hemos entendido siempre que así es, pues, bien examinado el artículo, se ve que, entre otras finalidades, tiende a que las reformas rijan para el futuro, pero no para el futuro inmediato. Incluso hemos sido generosos al establecer que los incisos cuarto y quinto tendrán efecto cinco años después de la promulgación de la reforma, salvo que con anterioridad se apruebe el nuevo Código de Minería, cuyo proyecto el señor Ministro del ramo anunció tener casi totalmente terminado. Estimamos que un quinquenio es plazo más que suficiente para que el Ejecutivo envíe ese proyecto y el Congreso Nacional lo apruebe. Espero que este anuncio del Gobierno no sea uno de los tantos que, de vez en cuando, hace en el sentido de que enviará tales o cuales iniciativas, que, en definitiva, no llegan nunca al Parlamento.
El señor FUENTEALBA.- Pero el anuncio que menciona Su Señoría no se ha hecho.
El señor LUENGO.- Lo hizo el señor Ministro de Minería en la Comisión, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.- No lo ha hecho.
El señor LUENGO.- Por eso -repito -, para el caso de que tal iniciativa no se envíe al Congreso, hemos establecido que después de cinco años de la promulgación de la reforma caducarán las propiedades mineras, las concesiones de exploración y explotación que se hayan otorgado.
Finalmente, dejo constancia de que, por nuestra parte, no existe ánimo preconcebido para que esta disposición perturbe los convenios del cobre, que el Ejecutivo defendió con tanto empeño y que por fin obtuvo en el Congreso. No es ésa nuestra intención, porque, como tuvimos ocasión de expresarlo al discutirse la respectiva ley, nosotros siempre estimamos que los convenios no eran contratos leyes y que, en consecuencia, el Poder Legislativo de Chile mantenía íntegra su potestad para modificar las disposiciones aprobadas en esa ocasión. Nunca nos hemos sentido amarrados por la aprobación de los convenios del cobre, en el sentido de mantener intacto durante veinte años, como pretende el Ejecutivo, un estatuto que consideramos lesivo para el país. Nosotros pensamos que en cualquier instante, aun ahora mismo, podemos modificar ese estatuto.
Por eso, insisto en que hemos sido generosos al fijar un plazo de cinco años para la entrada en vigencia de la reforma en debate, vale decir, para que ella obligue a todas las concesiones de explotación y exploración.
Por lo dicho, votaré favorablemente el, artículo transitorio y el inciso quinto en discusión.
El señor IBAÑEZ.- Me abstengo, por las razones que expresé en el curso del debate y por las que adujo el Honorable señor Bulnes. Además, deseo manifestar que he quedado un tanto perplejo por la crítica hecha a esta disposición por el Honorable señor Fuentealba, en circunstancias de que el Honorable señor Prado dio ayer su voto para aprobarla, a pesar...
El señor REYES (Presidente).- No puede fundar su voto, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.- ...de las serias observaciones formuladas por el Honorable señor Bulnes al respecto.
El señor BARROS.- Ocuparé tres minutos del tiempo asignado al Comité Mixto.
El señor REYES (Presidente).- No puede hacerlo Su Señoría.
El señor LUENGO.- ¡Pero si yo no ocupé los quince minutos que me correspondían, señor Presidente!
El señor REYES (Presidente).- Hay un acuerdo de la Sala, señor Senador.
-Se aprueba el inciso quinto (24 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y 2 abstenciones).
El señor REYES (Presidente).- Si a la Sala le parece, se aprobará el artículo transitorio con la misma votación anterior, computando como contrario el voto del Honorable señor Sepúlveda. Vale decir, el artículo se aprobaría por 23 votos contra 15, con dos abstenciones.
Aprobado.
Quedan por votar los incisos sexto, séptimo y octavo. Por lo tanto, propongo a la Sala suspender la sesión durante una hora.
El señor LUENGO.- Quedan muchas votaciones, señor Presidente.
El señor GORMAZ.- Votemos de inmediato.
El señor ALLENDE.- Terminemos.
El señor REYES (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Procede votar el inciso sexto, que corresponde al primitivo inciso tercero.
El señor REYES (Presidente).- En votación.
El señor BULNES SANFUENTES.- Pido dividir la votación del inciso en tres partes, correspondientes a las tres oraciones que "lo componen.
El señor REYES (Presidente).- De este modo, faltan tres votaciones más. Podríamos suspender la sesión.
El señor LUENGO.- Avancemos, señor Presidente.
El señor ENRIQUEZ.- Su Señoría tiene plena facultad para suspenderla cuando lo estime conveniente.
El señor REYES (Presidente).- Se suspende la sesión por una hora.
-Se suspendió a las 22.27.- Se reanudó a las 23.34.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Se ha pedido dividir la votación del inciso sexto en tres partes.
La primera corresponde a la frase que dice: "Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros que tengan importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votación.
- (Durante la votación).
El señor LUENGO.- Voto afirmativamente en la inteligencia de que la aprobación de este inciso no impide votar la indicación número cinco.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Si al Senado le parece, daré por aprobada esta parte del inciso sexto, en el entendido de que con posterioridad serán votadas las indicaciones presentadas.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda parte del inciso sexto dice: "El Estado propenderá a la socialización de las empresas, medios de producción y recursos naturales, básicos para el bienestar y progreso del país".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votacción.
- (Durante la votación).
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, voy a fundar mi voto muy brevemente, sólo para decir que en los países europeos los partidos socialdemócratas han vuelto atrás, hace ya bastante tiempo, en la idea de la socialización de los medios de producción y de las empresas. El Partido Social Demócrata alemán, en una convención que tuvo en 1958 o 1959, declaró que la socialización de los medios de producción era una medida de emergencia, que sólo podía adoptar en estados anormales y respecto de bienes muy determinados. El Partido Laborista inglés lleva un año en el Gobierno y no ha realizado todavía ninguna socialización. En este momento, duda acerca de si socializa o no socializa la industria metalúrgica. Y no se anuncia ninguna otra socialización por parte de esa colectividad, que podría incluirse entre los partidos socialdemócra- tas de Europa.
Me explico perfectamente que los partidos marxistas apoyen la idea de socializar en 
Chile los medios de producción, los recursos naturales y las empresas básicas para el bienestar y progreso del país; pero me parece que el hecho de que otros partidos participen de ese concepto no está de acuerdo con las tendencias modernas de la socialdemocracia o del socialismo de Estado.
El régimen de propiedad privada -así lo ha demostrado la experiencia- o se aplica en toda integridad o no se aplica, porque la propiedad privada a medias es posiblemente el peor de todos los regímenes. Para que el sistema de propiedad privada funcione bien, es necesario que el capital tenga confianza y no esté amenazado por la socialización. Por eso, me parece que a esta altura de la evolución del mundo, con toda la experiencia acumulada, o se es partidario del régimen de propiedad privada, o se es contrario a él; pero las fórmulas intermedias, que significan mantener sobre la propiedad privada una perpetua amenaza de socialización, en la práctica son las que resultan menos favorables al desarrollo económico de los pueblos.
Voto en contra de esta disposición.
El señor LUENGO.- Soy francamente partidario de aprobar la idea contenida en la segunda frase del inciso sexto.
Debo decir que, aun cuando no está constituido legalmente el Partido Social Demócrata en Chile, cuya organización estoy patrocinando con otros compañeros del partido antiguo, no pueden alcanzarnos las referencias hechas por el Honorable señor Bulnes a los partidos socialdemócratas europeos. Nosotros, al adoptar un nombre para la vida política exterior -porque en el Senado, evidentemente, no existe legalmente reconocido este partido-, no estamos sujetándonos a determirnados esquemas. Estamos patrocinando una organización política profundamente chilena y adaptando su programa a lo que creemos necesario para Chile.
Si hemos adoptado una denominación que puede tener homónimos en otros países, ello no significa que debamos seguir estrictamente sus doctrinas. Estableceremos en nuestro programa, en nuestros estatutos, las ideas que nos parezcan más convenientes para Chile y los chilenos. Entre ellas, figura la necesidad de socializar los medios de producción, los recursos básicos y las empresas.
En esta forma, aun cuando sea con muy mal hilvanadas palabras, porque me han tomado de sorpresa las expresiones del Honorable señor Bulnes, reitero mi pensamiento favorable a esta disposición.
Voto que sí.
El señor GUMUCIO.- Esta tarde, seguramente en ausencia del Honorable señor Bulnes, me permití fundar y aprobar, en nombre de mi partido, la inclusión en este inciso de la palabra "socialización". Manifesté que este concepto, en el trascurso de la historia, había excedido los marcos limitados de la doctrina marxista, al extremo de que Juan XXIII, en un capítulo bastante claro y preciso, habla directamente de socialización.
El señor BULNES SANFUENTES.- Es una mala traducción del latín. Honorable señor Gumucio.
El señor GUMUCIO.- El concepto de socialización usado en este inciso, en resumen, se refiere a la necesidad de que haya mayor comunidad entre los hombres, a fin de conseguir mejor nivel de vida en todos los órdenes: social, cultural, económico. Recalca la creación en el mundo moderno de instituciones intermedias entre el estado y el individuo que pueden tener una tuición muy directa en la vida económica. Recalca, además, un punto básico: la autogestión.
Con referencia al dominio o propiedad de los bienes de producción, claramente se piensa, al hablar de socialización, en la posibilidad de que haya traslado del dominio a grupos de trabajadores o de la nación. No se trata sino del movimiento cooperativo en el mundo o de otras experiencias en que los trabajadores tienen la propiedad colectiva, el dominio de algunos bienes. Eso no quiere decir en absoluto que esté excluida la propiedad individual sobre una serie de elementos, como herramientas, elementos artesanales, etcétera.
Por lo tanto, pese a estar conscientes de que la inclusión de la palabra "socialización" en este inciso puede prestarse a equívocos -y se prestará-, nuestra dignidad doctrinaria nos lleva a aceptar un término acogido universalmente, porque ocurre que hay términos o valores de doctrina que, como dije al principio, exceden los marcos primitivos y limitados de esa misma doctrina. Así como hay valores cristianos que aun el marxismo no puede discutir ni negar -y de los cuales tácita o directamente hace mención-, hay también ciertos valores de tipo socialista que han trascendido y que no pueden desconocer quienes sustentan posiciones antagónicas a esa doctrina. Negarse a reconocer en los tiempos modernos la trascendencia de ciertos valores doctrinarios por el solo hecho de ser antagónicos, es ponerse al margen de lo que sucede en el mundo.
Por eso, hemos aceptado la idea de colocar la palabra socialización en este inciso, sin perjuicio de que la Cámara de Diputados...
El señor LUENGO.- La rechace.
El señor GUMUCIO.- Su Señoría es muy mal pensado. No se trata de que la Cámara la rechace, sino de que le dé a esta palabra su verdadero y amplio significado, de acuerdo con lo que nosotros entendemos por socialización. Entonces el inciso quedará en forma satisfactoria.
El señor BULNES SANFUENTES.- ¡Es decir, no votan por la socialización!
El señor PALMA.- Las explicaciones dadas por el Honorable señor Gumucio bastan, desde muchos puntos de vista, para explicar nuestra actitud favorable al término "socialización", en la dimensión humanista y genérica que hoy tiene y que trasciende, por cierto, de aquellos conceptos que el marxismo ha tratado de concretar en esta misma expresión, aun cuando, en realidad, las definiciones en este sentido son todavía muy vagas.
Nosotros, en este orden de cosas, estamos llevando adelante una política concreta, que, en el curso del largo debate habido esta tarde, en muchas ocasiones ha sido juzgada con falta de datos o con antecedentes que no merecen un análisis serio.
Durante el debate, varias veces hemos aludido a la política de intervención del Estado y de participación efectiva de él en lo relativo al cobre, política que hemos iniciado por medio de la nueva ley del cobre y, concretamente, por medio del establecimiento de las sociedades mixtas.
Acerca de éstas se han vertido múltiples apreciaciones de carácter general. Sin embargo, deseo referirme a la situación absolutamente real de la única sociedad mixta importante constituida o por constituirse: la de El Teniente.
En ella, el Estado chileno entrará a participar con el 51% de su capital y tendrá una participación absolutamente directa. Ello permitirá algo que diversos señores Senadores han citado como requisito indispensable antes de entrar a manejar cualquier tipo de actividad económica: el conocimiento previo de la realidad interna, de los datos del mercado, en fin, de una cantidad de antecedentes que ni el Departamento del Cobre ni las instituciones que han existido hasta la fecha han logrado conocer en particular.
Quiero destacar los valores reales que significan, en definitiva, las disposiciones legales que hemos aprobado con el concurso de todos los señores Senadores -porque cada uno ha hecho un aporte en esta materia- y que en último término se traducen en beneficio para el Estado de Chile.
Digo esto porque es una manera práctica de socializar y aun de estatizar un tipo de empresa de extraordinaria importancia para el país...
El señor AMPUERO.- ¿Están en discusión los convenios del cobre, señor Presidente?
El señor PALMA.- En 1964, la Braden Copper pagó una tributación media de 81,62%. Es decir, por cada 100 dóiares de utilidad, debió pagar al Estado 81,62 dólares, en virtud de la ley 11.828 y de otras dos que imponen recargos especiales de 8% y 5% y que todos los señores Senadores conocen. En tal forma, esa empresa dejaba en el país 81,62 dólares.
Si acaso se hubiera aplicado la política de obligar a la compañía a invertir, como lo sostuvo un señor Senador en la tarde, todo el capital necesario para duplicar la producción, habría desaparecido automáticamente un 25% de dicha tasa y, por lo tanto, esa nueva inversión habría dejado en el país, por concepto de tributación, sólo 63 dólares por cada 100 de utilidad.
De acuerdo con la ley que hemos despachado, la situación es la siguiente: por efecto de la tasa de categoría, por participación de utilidades y por impuesto adicional sobre los dividendos de la parte extranjera, resulta un total de 72,56 dólares; y si a esto agregamos 5% de impuesto CORVI y 4% de reinversión, cuando empiece a funcionar la sociedad mixta de El Teniente, de cada 100 dólares que la compañía produzca, quedarán en el país 81,62 dólares.
El señor JARAMILLO LYON.- ¡Los convenios se despacharon hace mucho tiempo!
El señor PALMA.- Es decir, más que aquello que la compañía no aceptó como condición para realizar las inversiones. Además, se verá duplicada la producción nacional y estabilizada la participación importantísima del Estado dentro de esa empresa.
Quiero señalar cómo, mediante esa legislación, estamos realizando medidas prácticas de socialización que se traducen en importantes y permanentes resultados para el Gobierno de Chile.
El señor LUENGO.- Esa materia la discutimos hace mucho tiempo.El señor CORBALAN (don Salomón).- ¡Que fundamente la renta presunta, también!
-Se aprueba la segunda frase del inciso sexto (32 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y 2 abstenciones).
El señor FIGUEROA (Secretario).- La frase final dice: "Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votación.
El señor BULNES SANFUENTES.- Hay acuerdo unánime.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, la daré por aprobada por unanimidad.
Aprobada.
-Se adoptó este acuerdo unánime en presencia de 38 señores Senadores.
El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor Ampuero ha solicitado votar la indicación 5, formulada por Su Señoría, para colocar una coma después de la palabra "producción" y suprimir la coma que figura después del vocablo "otros".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votación la indicación del Honorable señor Ampuero.
- (Durante la votación).
El señor ALLENDE.- Que se apruebe por unanimidad.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Hay acuerdo unánime.
El señor ENRIQUEZ.- Quiero explicar en pocas palabras la votación radical.
El cambio de la coma significa una alteración del sentido de la proposición, pues en esa forma la Constitución preconizaría la socialización de todos los medios de producción, como lo propugna la doctrina marxista. Nuestro socialismo permite que pueda haber medios de producción en dominio de los particulares y, en consecuencia, no persigue la socialización de todos los bienes de producción, salvo en las condiciones a que se refiere el precepto aprobado por las Comisiones. El sentido cambia totalmente con la ubicación de la coma.
Por eso, votamos que no.
El señor AMPUERO.- O sea, nuestra única diferencia con el radicalismo es una coma.
El señor CORBALAN (don Salomón).- Tenemos una coma de diferencia.
El señor MAURAS.- Nos separa una coma, nada más.
El señor AMPUERO.- Solamente quiero explicar que la coma se corrió en la Comisión. Originalmente venía en el lugar donde pretendemos reponerla.
El señor BULNES SANFUENTES.- La verdad es que la coma había sido olvidada, pero nosotros hicimos ver la omisión. La mayoría de la Comisión reconoció el error y colocó la coma en el lugar correspondiente.
El señor AMPUERO.- ¿Quiénes estaban equivocados? ¿Los que querían colocarla después de "bienes de producción", o quienes deseaban incluirla después de las palabras "u otros bienes"?
Estimo importante dejar constancia de que, para los socialistas, la reserva para el Estado del dominio exclusivo de ciertas formas de propiedad -las relativas a los recursos naturales y a los bienes de producción, por el solo hecho de tener ese carácter- merecía quedar establecida en forma clara.
Creemos, por una parte, que el patrimonio de la nación debe ser usufructuado por la generalidad de los chilenos y, por la otra, que los bienes de producción, por la trascendencia social que su empleo envuelve, deberían también quedar en propiedad del Estado y ser administrados por sociedades de productores.
El señor ENRIQUEZ.- Eso se contradice incluso con el concepto ya aprobado por Sus Señorías, de protección la mediana y pequeña empresa. Con la ubicación de la coma propuesta por Su Seño-ría, el Estado tendría que propender a la socialización de todo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Estamos en votación.
El señor AMPUERO.- A mi juicio, hay cierta confusión en el Honorable señor Enríquez, porque la oración -así nos hemos acostumbrado a decir esta noche- que se refiere a la totalidad de las empresas es la segunda. Dice: "El Estado propenderá a la socialización de las empresas, medios de producción y recursos naturales, básicos para el bienestar y progreso del país".
La primera oración no se refiere a las empresas, sino directamente a los recursos naturales y a los bienes de producción, y agrega: "u otros, que tengan importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país".
Lo que quiero confirmar es que votamos a plena conciencia en favor de la ubicación de la coma en su lugar original, porque pensamos que, por la sola circunstancia de tratarse de recursos naturales y de bienes de producción, esos bienes deberían estar reservados al Estado.
Por último, hay una tercera clase de bienes, difícil de clasificar o definir anticipadamente, pero que por su significación económica quedaría en la misma situación de los anteriores.
En consecuencia, creo que quienes se precian de socialistas marxistas o de los otros, si es que hay de los otros,. . .
El señor FUENTEALBA.- Científicos.
El señor AMPUERO.- .. .deberían estar con nosotros y colocar la coma donde debe bailarse.
El señor LUENGO.- Voto por que se corra la coma más adelante, como lo propone la indicación, y por que los radicales se corran más acá.
El señor PRADO.- No pasarán.
El señor GOMEZ.- Voto por que la coma quede donde está.
El señor PALMA.- ¿Y el Partido Radical ?
-Se rechaza la indicación (25 votos contra 13).
El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, la Comisión propone aprobar el inciso séptimo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votación.
- (Durante la votación).
El señor GOMEZ.- Hay unanimidad, señor Presidente.
El señor CHADWICK.- Consulto a la Sala si se puede tomar la votación de manera que el Senado pueda pronunciarse en forma separada sobre la palabra "siempre".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se requiere unanimidad.
El señor CHADWICK.- Voy a fundar mi petición.
En la técnica jurídica contemporánea, se admite que hay casos en que se puede exceptuar el pago de indemnización, a que la Constitución ligeramente obliga, sin hacer salvedad alguna. Los casos son fundamentalmente dos.
El primero, el menos discutible, es el de la expropiación parcial, destinada a favorecer directamente al propietario, cuando mejora su condición por la expropiación. Esta materia ha sido tratada incluso por nuestra jurisprudencia, y hay dos sentencias que así lo reconocen. Si hoy día aprobamos ligeramente el texto constitucional, que en forma imperativa dice "siempre", no habría posibilidad de que la ley pudiera regular el caso que la jurisprudencia libremente ha aceptado como natural excepción. Repito que hay dos fallos de la actual Corte Suprema, cuya autoridad invoco, porque muchas veces he tenido oportunidad de decir que mantiene doctrinas bastantes tradicionales y ajenas a un pensamiento renovador.
El segundo caso es el de la indemnización a que da lugar el extremado mal uso de la propiedad, que obliga incluso a hacerla sin tomar en cuenta la pérdida para el Estado. Puede haber ocasiones en que el Estado deba expropiar porque el tenedor de la cosa no obtiene ningún provecho de ella y únicamente crea conflictos y problemas, los que sólo pueden salvarse pasando la cosa al dominio del Estado. Naturalmente, este caso particular sería reglado por la ley.
Por eso, me parece imprudente decir en forma tan categórica e inamovible que siempre habrá de darse indemnización.
En mi concepto, seria mejor suprimir la palabra "siempre" y dejar el problema para una interpretación más progresiva del texto constitucional. Si se conserva la redacción actual, pero sin la palabra "siempre", por regla general habrá indemnización, salvo casos muy excepcionales.
Pido, pues, la aquiescencia de la Sala, para poder votar esta palabra en forma separada.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad para acceder a lo solicitado por el Honorable señor Chadwick ?
El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Me permite, señor Presidente?
No conozco ninguna Constitución, de ningún país democrático, por lo menos, que establezca expropiaciones sin indemnización.
El señor PABLO.- La colombiana.
El señor BULNES SANFUENTES.- Tampoco conozco ningún fallo de la Corte Suprema que haya establecido que es lícito expropiar sin indemnización.
El Honorable señor Chadwick se ha referido a dos casos. En primer lugar, al caso de que una indemnización parcial pueda resultar favorable al dueño de la cosa expropiada. Esa posibilidad ya está consultada en el artículo propuesto, al establecer que la indemnización deberá determinarse equitativamente, considerando los intereses del Estado y del expropiado.
El señor Senador se ha referido también al caso de que alguien hiciera mal uso de su propiedad, de que la tuviera absolutamente sin explotar, de que no reportara de ella ningún beneficio. A mi juicio, si se tratara de una propiedad que tuviera función social, sólo sería lícito al legislador elevar a la categoría de delito el mal uso que de ella se -hiciera y establecer, por la vía de la sanción penal, algo equivalente a una merma de la indemnización. Pero no creo que la Constitución de ningún país democrático establezca la posibilidad de expropiar sin indemnización; o sea, sin reparar en forma alguna el daño que sufre el propietario.
Por lo demás, pienso que en esta materia no cabe pedir división de la votación, porque la idea propuesta por la Comisión es un todo, en el sentido de que el expropiado siempre tendrá derecho a indemnización.
Por último, se puede votar en contra de la idea de que el propietario tenga derecho a indemnización, pero no se puede votar, a esta altura del debate, cuando no se pueden presentar nuevas indicaciones, por una idea totalmente diferente, ya rechazada por la Comisión cuando desechó la indicación del Honorable señor Barros para que el expropiado tuviera derecho a indemnización algunas veces y otras no. En mi concepto, reglamentariamente no cabe votar en forma separada la palabra "siempre".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- No hay unanimidad. Honorable señor Chadwick, para acceder a su petición. En consecuencia, se vota el inciso séptimo completo.
El señor AMPUERO.- ¿Y la palabra "equitativamente" ?
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se votará después.
El señor AYLWIN.- Al votar a favor de este inciso, deseamos dejar constancia del alcance que atribuimos a algunas de sus expresiones.
A nuestro juicio, la palabra "siempre", que ha dado origen al reciente debate, no se opone en absoluto al planteamiento formulado por el Honorable señor Chadwick. La indemnización es la compensación del daño, y de acuerdo con el texto propuesto por la Comisión y que estamos votando, el monto y las condiciones de pago de la indemnización se determinarán equitativamente, tomando en consideración los intereses de la colectividad y los de los expropiados. Esto supone un análisis de las condiciones de cada caso. La equidad no se determina en absoluto "a priori", sino según las circunstancias. Y si el beneficio que recibirá el expropiado -por ejemplo, en el caso de la expropiación parcial que valoriza el resto de la cosa- excede del monto del perjuicio que le causa la privación de una parte, en ese caso no habrá daño que indemnizar. Siempre habrá derecho a recibir indemnización, pero en tal caso realmente no habrá daño que reparar. Por lo demás, esto ha sido aceptado incluso por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, con el texto actual de la Constitución Política.
Y cuando el texto establece que ¡a determinación se hará equitativamente,...
El señor CHADWICK.- Se votará una indicación sobre el particular.
El señor AYLWIN.- Entonces, por ahora me limito a este punto.
Esclarecido en este sentido el alcance de la palabra "siempre", votaremos afirmativamente el texto en su integridad.
El señor CHADWICK.- Votaré afirmativamente la disposición, no obstante haber confirmado mi concepto acerca de la conveniencia de eliminar la palabra "siempre", pues si dicho vocablo se emplea en la oración "el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinarán equitativamente", no hay duda de que estamos creando un obstáculo para que siga vigente la doctrina ya aceptada por la Corte Suprema, en el caso no discutido de que, no existiendo daño, haya expropiación. Sin embargo, el precepto dice que el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización.
A mi juicio, ésta no es una dificultad insuperable. Es posible que, con mayor meditación, pueda ser corregida en la Cámara.
Por último, espero que las razones de equidad que informan la doctrina de la Corte Suprema pesen más" que el texto literal de la disposición. Pero insisto en que no es ventajoso ni aconsejable introducir problemas donde no los hay.
Por lo expuesto, con la reserva expresada, y no pudiendo proceder de otra manera, voto afirmativamente.
El señor BARROS.- Respecto del inciso séptimo, que antes era tercero, formulé indicación para sustituirlo por el siguiente: "Cualquier persona, sociedad o institución pueden ser privados de su propiedad en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social calificada por el legislador". En seguida, viene la frase relacionada precisamente con lo que se estaba discutiendo en este instante, la que, como dijo el Honorable señor Bulnes, fue rechazada por la Comisión. Esa frase expresa; "El expropiado no siempre tendrá derecho a indemnización".
Yo sostengo que no siempre debe tener derecho a indemnización el expropiado. Me baso para ello en mi concepción doctrinaria marxista leninista. Lenin, en su obra "Tareas de la Revolución", expresaba: "El Gobierno Soviético deberá declarar inmediatamente abolida, sin indemnización, la gran propiedad privada sobre la tierra, entregándola a los Comités de campesinos para que la administren". Más adelante, agregaba: "Todo Gobierno que tarde en implantar estas medidas debe ser considerado como enemigo del pueblo, como un gobierno merecedor de ser derribado y aplastado por la insurrección de los obreros y campesinos. Y, por el contrario, sólo podrá ser considerado comogobierno del pueblo el gobierno que imponga estas medidas".
Esta mañana leía algo semejante en la obra "Cuestiones del Leninismo", escrita por Stalin, donde se expresa: "Para eliminar a los kulaks como clase no basta con la política de restricción y eliminación de grupos aislados de kulaks. Para eliminar a los kulaks como clase hay que aplastar en campo abierto la resistencia de esta clase y cegar las fuentes económicas de su existencia y desarrollo (el libre disfrute de la tierra, los instrumentos de producción, los arrendamientos, el derecho a emplear trabajo asalariado, etcétera"...
"El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Y qué dijo Khruschev?
El señor BARROS.- "...y en esto es en lo que consiste el viraje hacia la política de la liquidación de los kulaks como clase. Sin esto, las conversaciones sobre la eliminación de los kulaks como clase no son más que vana charlatanería, que sólo puede aprovechar y favorecer a los elementos de la desviación derechista".
¿Quedan eliminados los terratenientes con la aprobación del inciso séptimo?
En fin, señor Presidente, como el artículo habla de expropiación con fines de interés público y de utilidad social, pienso que, salvando los reparos mencionados, cuando algún día seamos Gobierno, podremos abolir la propiedad privada y liquidarla.
El señor GUMUCIO.- ¿A quiénes se refiere el señor Senador? ¿A los socialistas o a los comunistas?
El señor BARROS.- Al pueblo.
El señor SEPULVEDA.- A "Espartaco" solamente.
-Se aprueba el inciso séptimo (37 votos afirmativos).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Honorables señores Altamirano, Allende, Ampuero y Chadwick solicitan votar la indicación Nº 8, tendiente a suprimir, en el inciso que se acaba de aprobar, la palabra "equitativamente".
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votación la indicación.
-(Durante la votación).
El señor IBAÑEZ.- Quiero dar al Senado una información que rectifica lo que acaba de expresar el Honorable señor Barros.
Efectivamente, la Unión Soviética, siguiendo las doctrinas de Lenin, desconoció todos esos derechos y despojó a los tenedores de bonos y de títulos de Rusia, sin pago alguno de indemnización. Pero eso sucedió hace más de cuarenta años, y es interesante destacar que, en la actualidad, todas esas actitudes, doctrinas y principios están sujetos a una profunda revisión.
Quiero informar a mis Honorables colegas que, desde hace dos años, se está produciendo en la Bolsa de París un hecho insólito: los títulos de la Rusia zarista, que, por supuesto, no habían sido cotizados jamás, por carecer de valor, han comenzado a ser objeto de demanda, y su cotización en bolsa se está acercando al valor paritario de esos títulos. Las personas informadas sobre la materia han hecho saber que el Gobierno Soviético está interesado en borrar precisamente esa actitud de despojo que tuvo la Revolución en sus primeros años de euforia; en reconocer que nadie puede ser despojado de un bien que le pertenece legítimamente, y en restituir su valor a los títulos de la Rusia zarista.
Al parecer, todo este movimiento observado en la Bolsa de París constituye una especie de preparación para un reingreso en sociedad de la Unión Soviética.
El señor BARROS.- Su Señoría está soñando.
El señor IBAÑEZ.- Ello también podría significar que los actuales gobernantes de la Unión Soviética comprenden que no se puede participar en el mundo civilizado y, al mismo tiempo, mantener el desconocimiento de derechos esenciales,, como el de propiedad. Voto que no.
El señor BARROS.- No puede ser lo que dice el señor Senador. La supresión de la propiedad privada es de la esencia del comunismo.
El señor CHADWICK.- La indicación que hemos presentado tiene por objeto entregar exclusivamente a la ley la calificación de la equidad con que se proceda y sustraerla del control que, de otra manera, ejercería la Corte Suprema sobre la ley expropiatoria. Nos negamos a que puede abrirse camino a recursos que dejarían supeditado todo el esfuerzo expropia- torio de un Estado moderno al juicio que pronunciara la Corte Suprema acerca de si la ley es equitativa o no lo es.
Entendemos que un tribunal que no emana directamente de la soberanía; que por su composición tiende a identificarse con los conceptos más arcaicos y reaccionarios que predominan en ciertos sectores de la sociedad, no puede, sin otro criterio o medida que su personal apreciación de lo que es la equidad, mantenerse por encima de lo que el legislador disponga.
Nuestro sistema jurídico descansa fundamentalmente en las limitaciones legales que los tribunales tienen para ajustar sus fallos y las decisiones que pronuncian. De esta manera, el soberano que imparte las normas generales, limita y orienta la actividad judicial propiamente tal. Se ha entendido que ello es una garantía de orden republicano y democrático, porque sería la ley la que vendría, en último término, a aplicarse al caso particular, mediante un proceso lógico que compruebe la coincidencia de dicho caso particular con la norma general inserta en la ley.
Pero, sí abandonamos por completo, esta concepción sistemática que da sentido republicano al Poder Judicial, formado por funcionarios inamovibles que no pueden ser afectados por los cambios sociales o políticos que se producen en el país, y le entregamos el arbitrio absoluto, la libre determinación acerca de lo que es de equidad, para que pueda pronunciarse sobre si la ley se conforma o no con la Constitución, si cumple o no cumple con este requisito general de que sea equitativa, entonces tendremos que llegar a la conclusión de que todo nuestro sistema, en vez de avanzar, retrocede; de que nada se podrá disponer en materia de indemnización si no se cuenta anticipadamente con el visto bueno de la Corte Suprema para entender lo equitativo.
Deseo poner fin a estas observaciones proponiendo el siguiente problema; ¿es equitativo o no lo es que la ley expropiatoria no regule en ciento por ciento el reajuste que habrán de percibir los expropiados por el crédito que se enterará a plazo? ¿Con qué criterio fijo emanado del legislador se va a juzgar si esa ley es equitativa? En esta materia se pueden sustentar diversas doctrinas. Nosotros sostenemos que no es equitativo que el acreedor esté al margen de las aflicciones propias de un proceso inflacionista, de desvalorización monetaria y que es injusto cargarlo todo a la cuenta del deudor. Pero, como digo, hay otras opiniones.
No es admisible que la Corte Suprema tenga la capacidad de declarar inaplicable una disposición legal si no existe un criterio claro, establecido en la Constitución, que elimine el arbitrio judicial.
Por eso, estimamos que no puede exigirse perentoriamente que las indemnizaciones que se concedan sean equitativas. Es el legislador quien, soberanamente, dirá en cada caso lo que es indemnización equitativa.
El señor AYLWIN.- Los Senadores democratacristianos votaremos en contra de la indicación.
Estimamos que la palabra "equitativamente" expresa un sentido de justicia que debe regular la forma de fijar la indemnización, tomando en cuenta tanto el interés de la colectividad como el del expropiado.
Pensamos que carece de fundamento la observación que acabamos de escuchar al Honorable señor Chadwick, por cuanto el recurso de inaplicabilidad es estrictamente de derecho. El autoriza a la Corte Suprema para declarar inaplicable cualquier precepto legal contrario a la Constitución, y ello supone la existencia de determinada norma de la Carta Fundamental que ha sido vulnerada por el texto legal a que se refiere el recurso. Ahora bien, luego de establecer que el monto y condiciones de pago de la indemnización se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados, el texto constitucional que hemos aprobado dice que será la ley la que determinará las normas para fijarla indemnización.
En consecuencia, este precepto, que exige un juicio equitativo, está destinado al legislador, y éste determinará las normas para aplicarlo. En seguida, esas normas no podrán ser calificadas por la Corte Suprema como contrarias a una disposición constitucional, pues ello significaría que dicho tribunal subroga al legislador en su atribución de fijar y resolver acerca de cuáles son las normas equitativas para determinar la indemnización.
Pero hay más: el precepto dice que la ley determinará el tribunal que conozca de las reclamaciones en cuanto al monto, y que aquél, en todo caso, fallará conforme a derecho. Por lo tanto, si dicho tribunal está obligado a fallar en esa forma, no podrá incurrir en el arbitrio judicial a que se refirió el Honorable señor Chadwick.
En cuanto al problema del reajuste planteado por Su Señoría, ha quedado en claro en el debate habido en la Comisión que el concepto de equidad no exige necesariamente reajuste. Puede la equidad determinar la imposición de reajuste, y puede que no lo exija. Así lo dijo expresamente el señor Ministro de Justicia: "El texto aprobado, que claramente permite el establecimiento del reajuste, no obliga a otorgarlo, y la determinación del porcentaje de este reajuste, indudablemente, deberá fijarse por la ley, tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados".
Por eso, nosotros creemos que la palabra "equitativamente", que expresa un sentido de justicia, debe ser mantenida.
El señor TEITELBOIM.- Hace un momento se discutió una indicación que consistía en una coma. Ese signo tenía mucha importancia. Ahora discutiremos una indicación bastante económica, que incide en una palabra: el vocablo "equitativamente".
El señor AYLWIN.- También tiene importancia.
El señor TEITELBOIM.- Efectivamente, también la tiene.
El término "equitativamente" tiene, en mi opinión, cierto prestigio de justicia. Por lo tanto, proponer su eliminación resulta antipático y sinónimo de arbitrariedad. Sin embargo, es todo lo contrario.
Ayer, en el debate habido en la Comisión, recurrimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua para establecer el exacto significado de la acepción "equitativamente", y resultó ser un concepto de contornos vagos, nebuloso y contradictorio con la legislación positiva. Una de las acepciones aplicables a este caso, desde el punto de vista jurídico, decía: justicia natural por encima de la disposición concreta y sustantiva de la legislación.
No he repetido la definición textual que da el Diccionario, porque no soy capaz de recordarla. En todo caso, ése era el" concepto. Por lo tanto, hay contraposición entre el concepto de justicia natural y el de ley positiva.
Nosotros preferimos esta última. Tiene fronteras más definidas, es menos arbitraria y está menos entregada al capricho o presión de intereses o equívocos humanos de un grupo determinado, que la palabra "equitativamente", expresión un tanto elástica y -repito- de contornos tan imprecisos.
En nuestra opinión, muchas personas que sean expropiadas podrán recurrir de inaplicabilidad ante la Corte Suprema sosteniendo que la expropiación no ha sido equitativa en su monto. En caso de haber una ley que determine, como dice en seguida el artículo, "las normas para fijar la indemnización", entre otros aspectos, consideramos que la palabra "equitativo" no tiene sentido ni aplicación, pues si existe una ley que determinará aquellas normas, es inútil, superfino e inconducente colocar el término mencionado.
A mi juicio, son conceptos intitéticos. Hay una contradicción entre una idea y otra.
Por eso, a pesar del carácter de nobleza y serenidad que envuelven a la palabra "equitativo", estimo sinceramente que nos introduce en un campo lleno de incertidumbre y que significará el origen de muchos juicios, que perfectamente podrían evitarse.
No estamos por la arbitrariedad, sino por la ley que fije en forma clara la manera de establecer las normas para aplicar la indemnización. Naturalmente, el hecho de que la forma de extinguir esta obligación, la parte que deba enterarse al contado, el plazo y condiciones, etcétera, en fin, todos aquellos aspectos que consigna el texto constitucional, se realicen por intermedio de un tribunal, tiene por objeto asegurar a la expropiación una indemnización justa.
Por estas razones, estimo que la indicación destinada a eliminar la palabra "equitativamente", es perfectamente justa y contraria al reino de la arbitrariedad.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Señor Presidente, cuando alguien que no es abogado asiste a estos debates -excúsenme los señores Senadores-, donde se hacen muy agudas especulaciones de orden jurídico, y medita sobre el pasado de la República, piensa en todas las trabas legales, que han repercutido en el avance social del país.
A mi juicio, si la recta intención es dictar una legislación progresista, como la República y el interés general lo reclaman, se está perdiendo tiempo y oscureciendo el problema.
Si la disposición en debate dijera, por ejemplo, que el expropiado tendrá derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinarán tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados, sería correctísima. Más todavía, si después la ley se preocupa de establecer las normas para fijar el pago de la indemnización, la forma como se extinguirá la obligación y todas las exigencias necesarias para llevar a cabo la expropiación, creo que se habrá dictado una legislación correcta.
Pero en ese afán de usar los términos de siempre, como ocurre ahora en el caso de la palabra "equitativo", se advierte una lucha formidable de intereses que ha sido la cadena que ha tenido aherrojado al país.
En esta forma, el comentarista de mañana tendrá que llegar a la triste conclusión de que en Chile se discute mucho y se hace poco.
Voto que sí.
El señor LUENGO.- ¡Muy bien!
El señor ENRIQUEZ.- Señor Presidente, el Partido Radical propuso en la indicación del Honorable señor Ahumada -porque fue estudiada por nosotros-, precisamente la redacción que involucrara el concepto contenido en la afirmación final del Honorable señor Teitelboim: que el expropiado tendría derecho a indemnización justa.
Sin embargo, nuestra proposición fue rechazada en la Comisión. Se alegó la sinonimia entre los términos "indemnización equitativa" o "que sería equitativamente fijada", e "indemnización justa".
Digo esto al fundar el voto, para explicar y dejar sentado, en la historia del precepto, que se ha entendido y buscado una indemnización justa, sin caer, entonces, en las disquisiciones o abundancia de inter-prestaciones que podría querer derivarse de las palabras del Honorable señor Teitelboim.
Voto que no.
El señor PABLO.- Señor Presidente, tengo a la mano el Diccionario de la Lengua, a que hizo referencia el Honorable señor Teitelboim, y, aun cuando una de las acepciones de la palabra "equidad" dice relación a lo que él expresó, la que viene al caso es la siguiente: "Moderación en el precio de las cosas que se compran o en las condiciones que se estipulan para los contratos". Es decir, tratándose de una indemnización, es la que más se ajusta al valor de la expropiación en cuanto a monto y condiciones de pago.
Voto que no.
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Senador, lea ahora la definición de "moderación".
El señor LUENGO.- La ley hace también otras excepciones.
El señor BULNES SANFUENTES.- En la votación anterior escuché -confieso que con bastante asombro- al Honorable señor Gumucio explicar que, cuando los Senadores democratacristianos votan polla socialización de los medios de producción, no lo hacen en el sentido que a esta palabra da la sociología, la economía o la ciencia política, es decir, en el de absorción de los bienes de producción por el Estado, sino en la acepción especialísima que le da la Encíclica "Mater et Magistra", donde se usa la palabra socialización en el sentido de puesta de los bienes al servicio de la colectividad, y no de absorción de éstos por el Estado.
Al respecto, debo decir que, según me han explicado personas muy entendidas en latín -naturalmente, en los tiempos de Roma, cuando se hablaba ese idioma como lengua viva, no existía la palabra socialización-, el empleo de esa expresión en la 
Encíclica "Mater et Magistra" es sólo una traducción aproximada de un concepto latino que no tiene equivalente castellano.
Pero ahora he escuchado, con más asombro todavía, al Honorable señor Aylwin tratar de demostrarnos que, cuando la Constitución Política exija que la indemnización sea equitativa, hará una simple recomendación al legislador y no impondrá un requisito susceptible del recurso de inaplicabilidad.
El señor GUMUCIO.- Así es. •
El señor LUENGO.- No es así.
El señor BULNES SANFUENTES.- Su Señoría dice que así es. Le demostraré que no lo es.
El señor PALMA.- Lo dicen las actas de la Comisión.
El señor BULNES SANFUENTES.- Esas actas no consignan lo que Su Seño- ría afirma.
Cuando el señor Ministro de Justicia sostuvo anoche esa tesis, el Honorable señor Chadwick y el Senador que habla -creo que también el Honorable señor Luengo- le dijimos que el requisito de que la indemnización sea equitativa, lo exigiría la Constitución y que si una ley establece una indemnización no equitativa, sería una ley inconstitucional, por no cumplir una exigencia impuesta por la Carta Fundamental. En tales circunstancias, cualquiera puede solicitar a la Corte Suprema que declare su inaplicabilidad.
Todas las consideraciones y reservas mentales que se hagan y todas las declaraciones que se formulen en el curso de la votación, no lograrán alterar la claridad de este texto.
El precepto va a decir que la indemnización regulará equitativamente, considerando los intereses del Estado y del expropiado. Si alguien estima que las reglas para fijar la indemnización no han sido fijadas por la iey en forma equitativa, ninguna declaración ni reserva mental impedirá a ese individuo presentarse ante la Corte Suprema a solicitar que la ley se declare inaplicable por haber faltado el requisito de equidad en la indemnización.
El señor FUENTEALBA.- Esa no es la mejor fundamentación. El señor BULNES SANFUENTES.- Estoy fundando mi voto y reclamo el derecho de no ser interrumpido.
Respecto de los Senadores de la extrema Izquierda me encuentro en el extremo opuesto de una misma línea, pero de una línea clara. Siempre sé dónde los encuentro, lo que piensan y lo que hacen, y creo que ellos también saben lo que yo hago y pienso. Sin embargo, de los Senadores de la Democracia Cristiana, me separa un zigzag, un laberinto, y nunca sé dónde los voy a encontrar.
El señor ALLENDE.- ¡ Tomen nota!
El señor BULNES SANFUENTES.- Por eso, en esta disposición constitucional no coincidimos los Senadores de la Derecha con los de extrema Izquierda. Estamos en los dos extremos de una línea clara y damos a las palabras el sentido que tienen.
Voto por la mantención de la palabra ' 'equitativamente".
El señor AMPUERO.- ¡Vota por la posición de la Derecha, pero entiende lo que queremos decir!
El señor CORBALAN (don Salomón).- ¡ Los Senadores democratacristianos van a rectificar el voto!
-Se rechaza la indicación (25 votos por la negativa y 13 por la afirmativa).
-Sin debate, se aprueba el inciso final.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- No se ha solicitado votación respecto de ninguna de las demás indicaciones. Entonces, se daría por entendido que sus autores no insisten en ellas.
El señor AMPUERO.- ¿Cuáles son las indicaciones que quedan, señor Presidente?
El señor CHADWICK.- Por desgracia, según el acuerdo de los Comités, hay que votar todas las indicaciones, salvo que sean retiradas.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- El acuerdo fue que los señores Senadores deberían hacer presente cuando desearan votar una indicación.
El señor LUENGO.- Sólo debían hacerlo cuando las retiraran.
El señor CHADWICK.- Los Comités resolvieron tratarlas todas, con excepción de aquellas que fueron refundidas en un solo texto, que hayan quedado comprendidas en las disposiciones ya aprobadas por la Sala o que sean retiradas por sus autores. Todas las demás deberían votarse.
El señor GUMUCIO.- ¿Qué interés hay?
El señor CHADWICK.- Por mi parte, ninguno.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En realidad, muchas de las indicaciones ya están aprobadas o incorporadas en los distintos incisos en que ellas incidían. Por lo tanto, sería más fácil que los señores Senadores que la formularon hagan presente cuáles desean votar.
El señor CHADWICK.- Sólo si hay acuerdo unánime de la Sala se podría proceder en esa forma.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Esa es la fórmula más fácil. Por eso, solicito acuerdo unánime de la Sala en ese sentido.
El señor LUENGO.- En verdad, esa resolución requiere acuerdo de la Sala, porque los Comités acordaron votar todas las indicaciones, excepto las que fueran retiradas por sus autores.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Entonces, propongo a la Sala someter a votación sólo aquellas indicaciones respecto de las cuales se pida pronunciamiento.
El señor ENRIQUEZ.- Las indicaciones que quedan son contradictorias con lo aprobado.
El señor BULNES SANFUENTES.- Se estableció que si una indicación era contradictoria con lo ya aprobado, no debería votarse.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En consecuencia, no habría que votar ninguna.
¿O algún señor Senador desea expreso pronunciamiento de la Sala sobre alguna de ellas?.
El señor LUENGO.- De acuerdo con los acuerdos adoptados por los Comités, procedería que los Senadores que presentaron indicaciones las retiren. De lo contrario, habría que votarlas.
El señor JULIET.- Son contradictorias.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- La proposición de la Mesa es igual a la de Su Señoría, pues cada señor Senador puede pedir votar su indicación.
El señor CORBALAN (don Salomón).- No es lo mismo, sino lo contrario.
El señor AMPUERO.- Se ha planteado lo inverso: en principio, se votan las indicaciones, salvo que el autor la retire. Ese fue el acuerdo de los Comités.
El señor JULIET.- O que sea contradictoria con lo ya aprobado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se darán a conocer las indicaciones.
El señor ENRIQUEZ.- Las indicaciones formuladas por los Senadores radicales, que no han sido votadas, quedan retiradas.
El señor BARROS.- Yo también retiro la mía.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación Nº 3.
El señor LUENGO.- Esa fue retirada.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación Nº 4, formulada por los Honorables señores Aylwin, Pablo y Prado, para dar iniciativa al Presidente de la República en la materia que señala.
El señor PRADO.- Que se vote.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- En votación.
-(Durante la votación).
El señor FUENTEALBA.- Me abstengo, porque no veo dónde encaja la indicación.
-Se rechaza la indicación (22 votos por la negativa, 15 por la afirmativa y una abstención).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación Nº 10.
El señor ENRIQUEZ.- Que se rechace con la misma votación, pues se trata de la misma idea.
El señor PRADO.- Exactamente.
-Se rechaza, con la misma votación anterior.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación Nº 12, de los Honorables señores Altamirano,...
El señor CHADWICK.- Está comprendida en lo ya aprobado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).- Queda terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.


-Se levantó a las 0.56.
Dr. Raúl Valenzuela García, 
Subjefe de la Redacción.