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- rdf:value = " AMNISTIA POR HECHOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD AL 25 DE OCTUBRE DE 1965.El señor FIGUEROA (Secretario).-
En el primer lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse en un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en una moción de los Honorables señores Ampuero y Chadwick que concede amnistía a determinados infractores de la ley de Seguridad Interior del Estado.
Por acuerdo de los Comités, este proyecto, que se encuentra en segunda discusión, debe ser despachado en la sesión de hoy día.
El proyecto consta de un artículo único, que dice:
"Concédese amnistía por los hechos sancionados por la ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado, cometidos con posterioridad al 25 de octubre de 1965".
-La moción aparece en los Anexos de la sesión 104ª de la legislación 298ª (septiembre de 1965 a mayo de 1966), documento Nº 1, página 6809, y el informe, en los de la sesión 3ª, de la presente legislatura, documento Nº 2, página 302.
El señor REYES (Presidente).-
En segunda discusión, en general y particular a la vez.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-
Pido la palabra.
El proyecto de ley que ocupa hoy la atención del Senado tiene por objeto poner término a una inicua persecución desencadenada contra los trabajadores del cobre y, muy en especial, contra sus dirigentes sindicales.
Todo el país sabe que, durante meses, el Gobierno se empeñó en una campaña de abierta provocación a las organizaciones de los trabajadores del cobre.
Cuando debía despacharse el proyecto destinado a facultar al Ejecutivo para celebrar los convenios con la gran minería del cobre, en manos de los norteamericanos, se suscitó una cuestión largamente postergada, cuya finalidad fundamental era otorgar a los trabajadores de dicha actividad algunas conquistas absolutamente legítimas. En esa oportunidad, octubre de 1965, se efectuaron numerosas gestiones para llegar a un entendimiento. Se hicieron valer razones que todos admitían como indiscutibles.
En ocasiones anteriores, cuando se dieron nuevas ventajas a las empresas extranjeras explotadoras del cobre, se consideró legítimo y absolutamente razonable que los trabajadores obtuvieran al menos el reconocimiento de algunos de sus derechos, y se hizo presente que, al promulgarse la ley Nº 11.828, llamada del nuevo trato al cobre, no hubo dificultad para que, incluso con el voto conforme del entonces Senador por Santiago y actual Presidente de la República, se reconociera a los obreros del cobre el derecho a gozar de una gratificación especial. Ahora, en 1965, cuando se despachaba una legislación cuyos beneficios excedían en mucho a los otorgados a las mismas compañías extranjeras por la anterior ley 11.828, esos trabajadores creyeron llegado el momento de que se les reconociera también, aunque fuera sólo en parte, derecho a recibir por su contribución a la creación de esa riqueza fundamental para el país.
Así se abrió un proceso, que debería perturbar el juicio público por la forma interesada como se desfiguraron las informaciones al respecto. Se negó a los trabajadores del cobre toda posibilidad de llegar a entendimiento sin recurrir a la huelga. Incluso, cuando ésta fue inevitable, el Gobierno rechazó las gestiones que intentamos hacer Senadores de los distintos partidos políticos que representamos en el Senado a la zona afectada por el conflicto, para buscar una solución rápida. El Gobierno procuró utilizar a los militantes de su partido para que, en el seno mismo de los sindicatos, quebraran la unidad y se rompiera la voluntad de los obreros de obtener el reconocimiento de sus garantías. Hubo toda clase de gestiones para atentar contra el derecho de los trabajadores de expresarse mediante huelgas o movimientos colectivos. Por último, se intentó un juicio absurdo, en que se inculpaba a los dirigentes del delito de sedición; y no faltaron tribunales que los encargaron reos y los pusieron en prisión, a pretexto de que el movimiento colectivo de los trabajadores, quienes perseguían reivindicaciones estrictamente económicas, conformaría dicho delito, equivalente, en el lenguaje común, al alzamiento contra el Gobierno constituido.
En esa etapa de las dificultades provocadas por el Ejecutivo, éste se negaba al entendimiento directo, a la consideración sin prejuicio, de oír a los parlamentarios de la zona, y se fue profundizando la magnitud del daño que para la economía nacional representaba la paralización de las faenas de la gran minería.
Por último, hubo un reconocimiento inequívoco de parte del Partido Demócrata Cristiano -que entró a participar en las conversaciones necesarias- para asegurar a los trabajadores que, a lo menos en los puntos esenciales de sus peticiones, se cambiaría el criterio del Gobierno. Se hizo un acta de avenimiento firmada por los dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre y el presidente en ejercicio de la Democracia Cristiana señor Musalem y de otros militantes del partido de Gobierno, con el objeto de poner término a ese conflicto, prolongado sin mayor causa o razón atendible. Bastaba oír a los mineros, examinar el problema sin prejuicios e intención torcida respecto de lo que ellos formulaban, para buscar el camino de solución y conciliación de la huelga.
Naturalmente quienes asistimos a estos hechos y seguimos su desarrollo con la debida atención, en más de una ocasión tuvimos que preguntarnos cuál era el motivo que impulsaba a esta terquedad que aparecía como provocación irracional, como un propósito da generar inútiles dificultades, como un atentado contra la economía del país.
Planteadas estas interrogantes y la inquietud de buscar la raíz misma de la conducta seguida por el Gobierno, debimos concluir que el Ejecutivo realizaba una política fríamente meditada cuya finalidad era destruir la Confederación de Trabajadores del Cobre. Pero no pudo nacerlo en esa ocasión. Los extremos a que había llegado resultaron insostenibles; tuvo que retroceder y pasar por lo que el buen juicio de su propio partido le indicaba como una salida necesaria, imposible de evitar.
En esas condiciones, se llegó a lo que parecía ser una solución definitiva de las relaciones entre el Gobierno y la Confederación; pero al poco tiempo de producida esa solución, se suscitó la huelga legal de los personales de El Teniente. Respecto de la legitimidad de este movimiento no podía caber duda alguna en cuanto a que había cumplido con estrictez todo cuanto exige la legislación vigente para que los trabajadores lleven adelante sus peticiones y las apoyen mediante una huelga. Pero no obstante tratarse de un paro legal, el Gobierno intervino de manera absolutamente arbitraria: empezó por dictar su voluntad a la empresa empleadora y transformar el conflicto entre las partes ligadas por un contrato de trabajo, en un hecho político en el cual los trabajadores debían enfrentarse con una decisión del poder público que recomendaba a la parte patronal no aceptar otra alza o aumento de sueldos y salarios que la que consentía la orientación del Gobierno, cualesquiera que fuesen las circunstancias dominantes en aquella empresa.
Aquí, en toda su tremenda magnitud, apareció lo que nosotros advertimos como una tendencia que derivaba al fascismo: el Gobierno entendía que le era permitido exigir de las empresas, aun antes de existir una legislación que lo facultara para ello, no conceder aumentos de sueldos y salarios más allá de lo que quería otorgar como reajuste de las remuneraciones del sector público, según la desvalorización de la moneda experimentada el año anterior. Como expresé, surgió entonces un hecho enteramente nuevo.
Los trabajadores de El Teniente no podían llegar a ninguna solución en su conflicto con la empresa, porque el Gobierno impedía a esta última aceptar las peticiones de aquéllos. Tal política, que nunca se expresó en términos directos, sinceros y valientes, fue encubierta con declaraciones, que permitían sin embargo, descubrir los verdaderos propósitos del Gobierno, aunque ellos no se reconocieran en forma explícita.
Así resultó que, mientras los obreros de El Teniente perdían días y semanas en gestiones destinadas al fracaso, el Presidente de la República, en un discurso pronunciado en la ciudad de Valdivia, proclamó que esos obreros ganaban un salario mensual de Eº 1.500. Y, ante la faz del país, el Gobierno denunció como una gestión antipatriótica la huelga de El Teniente, ya que estaría destinada a obtener remuneraciones exorbitantes que nadie justificaría y que conducirían a la economía nacional a la ruina, por la imposibilidad de acogerlas. Ese discurso del Primer Mandatario fue examinado en el Senado por el camarada Salomón Corbalán, y las críticas que formuló no tuvieron respuesta. Nadie sostuvo que era falso lo afirmado por Su Excelencia el Presidente de la República. Nadie puso en duda que los verdaderos hechos no permitían atribuir a los obreros de El Teniente peticiones desorbitadas o que pretendían alcanzar remuneraciones que ninguna justificación tendrían. Ningún señor Senador de Gobierno, tampoco, se atrevió a rebatir lo que el Honorable señor Corbalán demostró como cierto y evidente.
Pero, en el intertanto, la huelga de El Teniente seguía: los trabajadores agotaban todas sus reservas, pues la paralización de faenas significaba para ellos carecer de lo indispensable en la atención de sus necesidades más primordiales. Ellos pidieron la solidaridad del resto de los trabajadores del cobre, solidaridad que tiene muchos precedentes y que, incluso, se hizo efectiva teniendo la asesoría técnica legal de quien desempeña actualmente la Cartera del Trabajo en el Gabinete de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, los trabajadores no incurrieron en actos de rebeldía que dieran lugar a la aplicación de leyes penales. Se trataba de un recurso que la fraternidad proletaria ha establecido desde hace muchos años, y que ningún estudioso, con alguna sensibilidad, puede discutir como absolutamente justa cuando se llega a ciertos extremos.
Para los trabajadores de El Salvador, Potrerillos y Barquito, el asunto tenía una dimensión muy especial: no se trataba sólo de dar a sus compañeros de El Teniente el apoyo y el aliento al reconocimiento de la justicia de sus peticiones, de expresar un simple acto solidario hacia quienes trabajan en el mismo tipo de faenas para un consorcio extranjero, sino todavía de algo mucho más cercano y próximo que las interesaba de modo inmediato, lo cual determinaría la suerte de los trabajadores de esos minerales.
En efecto, ellos tenían el problema de que a comienzos de ese año, antes del 1º de mayo, deberían presentar sus pliegos de peticiones; debían hacerlo de modo impostergable, por estar prescrito en el estatuto de ¡os trabajadores del cobre que si vencido el respectivo plazo no se formulan los pliegos de peticiones, tácitamente se entiende renovado el contrato colectivo que rige las relaciones de esos trabajadores y las empresas correspondientes. De modo que, a fines de febrero, ya los trabajadores de El Salvador sabían que si la intervención ilegítima del Gobierno en el conflicto de El Teniente llegaba a prevalecer, su suerte en el pliego mencionado estaría sellada de antemano.
Por eso, los trabajadores de Potrerillos, El Salvador y Barquito, en forma espontánea, por razones que atañen muy de cerca a sus propias condiciones de vida y sin ninguna relación política, en una lucha por sus intereses económico-sociales, acordaron solidarizar con la huelga de El Teniente. Pero lo hicieron en un acuerdo adoptado por unanimidad, sin que hubiera una sola disidencia, sin que en esa resolución influyeran consideraciones de partido. Y concurrieron a ese acuerdo empleados y obreros democratacristianos, radicales, comunistas y, también, hombres y mujeres sin partido.
Resultó así que, cuando se les dio cuenta en las asambleas sindicales celebradas el día 1º de marzo, no hubo necesidad de votar ni adoptar formalmente esta clase de resoluciones, porque, de antemano y desde hacía ya mucho tiempo, los trabajadores de esos lugares sabían que la suerte de quienes laboraban en El Teniente anticipaba la que ellos seguirían. Por lo tanto, reclamaban el aporte de una manifestación colectiva de quienes también habrían de sufrir las consecuencias de la intervención gubernativa en el conflicto de El Teniente.
Esas reuniones sindicales, que se empezaron a celebrar en la tarde del día lº de marzo, no terminaron sino en las primeras horas de la madrugada siguiente. Antes de que se expresara de hecho la huelga; antes de que los trabajadores que habían tenido noticias o información del curso de los acontecimientos tuvieran la oportunidad de manifestar en los hechos su voluntad acordada desde hacía mucho tiempo, la policía de Investigaciones procedió a detener en sus domicilios a los dirigentes sindicales que se encontraban en esos sitios de trabajo. A las siete de la mañana, o minutos antes de esa hora, fueron detenidos los dirigentes de Potrerillos, El Salvador y Barquito. La orden respectiva, impartida desde Santiago por el Subsecretario del Interior, según se hizo público en algunos diarios, fue dada en el carácter de medida preventiva. Esa orden se impartió antes de que tribunal alguno decidiera acerca de la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, o acerca de la prueba que pudiera haberse rendido sobre la participación de los dirigentes sindicales en estos hechos que el Gobierno quería incriminarles. Es necesario repetir que los dirigentes sindicales primero cayeron presos, primero fueron arrastrados como delincuentes a la cárcel de Chañaral, donde se les negó la comida y se los hizo dormir en celdas desprovistas de camas y de ropa adecuada.
El día 3 de marzo, luego de veinticuatro horas de detención de tipo administrativo, se los trasladó a la Corte de Apelaciones de La Serena. Todo esto, porque así lo dispuso, como medida preventiva, el señor Subsecretario del Interior.
Naturalmente, los tribunales ordinarios de justicia no son muy inclinados a examinar los textos legales para saber si se cumplen, en los casos en que los dirigentes sindicales son inculpados, los requisitos constitutivos de delitos. Se procedió, entonces, de plano, a incomunicar a esos dirigentes sindicales, a negarles toda consideración y a tratarlos como delincuentes, como si fueran fieras acorraladas, al fin, por la fuerza pública.
Yo estaba en La Serena cuando llegaron esos dirigentes. Como gran excepción, como salvedad muy calificada, se me permitió hacerles llevar un poco de comida. Estaban condenados a seguir durmiendo en las celdas comunes, sin cama ni ropas, incomunicados unos de otros; y todo eso sin más mérito que un parte policial apresuradamente hecho, pese a que en la prensa local se publicaba que esos dirigentes sindicales habían sido detenidos -como lo manifesté- en forma preventiva, en cumplimiento de una orden gubernamental, impartida por el señor Subsecretario del Interior.
Eso ocurría el 3 de marzo, cuando llegaron a La Serena los dirigentes detenidos.
Parecía poca provocación al movimiento de los trabajadores del cobre detener a sus dirigentes y despachar órdenes que circularon por todo el país y en las cuales se recomendaba la aprehensión e incomunicación de quienes no habían sido habidos. Era necesario ir más allá: en la madrugada del día sábado 5 de marzo, brigadas especialmente formadas por Carabineros, militares y detectives de Investigaciones, comandadas por empleados de la compañía extranjera que explota los yacimientos de El Salvador y Potrerillos, fueron a golpear las casas donde dormían los trabajadores y sus familias; a remecer las puertas hasta el extremo de forzarlas si no se les abría, para irrumpir en aquellos hogares chilenos que son amparados por los fueros de la Constitución, la que no es respetada en estos casos. Sin orden judicial, se hizo levantar a los moradores y se llegó hasta la amenaza de llevarlos en ropa de dormir a lugares distantes, si no firmaban los despidos que les traían redactados, para arrancarles su consentimiento. De ese modo, se trasladó a obreros democratacristianos y a otros que no militan en partidos políticos. Así se les vejó, se atropello el respeto más elemental de la persona humana con el propósito de provocar a los trabajadores del cobre, para irritarlos e incitarlos, para impulsarlos, como quiera que fuera, a un acto que permitiera su aplastamiento físico. Ello aconteció en la madrugada del día 5 de marzo.
Son éstos hechos que no merecen discusión alguna en cuanto a su realidad. Yo los denuncié el día miércoles 7 ante el Senado. En dicha oportunidad, pedí a los señores Senadores de Gobierno que, si ponían en duda mis palabras, investigaran los hechos, se trasladaran a El Salvador y me exhibieran como embustero -recuerdo que usé esa expresión común- si mi relato no se ajustaba a la verdad.
Reitero que aquello ocurrió el día 5 de marzo, y que así se estaba dispuesto a proceder.
Me asiste la convicción de que se habría seguido con estas relegaciones administrativas si el Senador que habla no hubiese intervenido en el Senado y exhibido documentos que comprobaban los hechos de manera irrefutable. Me atrevo a hacer esta aseveración porque en El Salvador y Potrerillos existían verdaderos campos de concentración. Allí no se podía circular libremente ni entrar a la ciudad de El Salvador sin previa' autorización del jefe de las fuerzas, mediante la firma de un salvoconducto. Tampoco se podía salir de aquella ciudad sin autorización militar. Los obreros no podían reunirse, salvo en el sindicato.
Recuerdo que cité un hecho que pudiera haber escapado a toda demostración. Consistía en que, cuando llegué a El Salvador, el sábado 5 de marzo, encontré que más acá de las barreras que limitaban la zona de autoridad del jefe militar, en pleno desierto había una aglomeración humana : unas mil quinientas o dos mil personas celebraban una asamblea en el campo, fuera de la ciudad, porque había sido disposiciones de ese "césar" que aquellas personas, trabajadores de contratistas particulares, que estaban en conflicto legal, no podían reunirse en la ciudad de El Salvador, pues a él no se le antojaba permitirlo. En la investigación que practica la Cámara, este hecho quedó establecido.
En ese ambiente, moviendo todos los resortes que pueden causar indignación, hacer perder la paciencia e instar a las vías de hecho, el Gobierno condujo su actuación frente al paro de solidaridad de los trabajadores de El Salvador, Potrerillos y Barquito. Dentro de ese clima se instruyó el proceso en el que los testigos son agentes de Investigaciones, quienes declararon por orden superior, como cuando van a pararse a una esquina para hacer de puntos fijos. En esta forma, se mantuvo a los dirigentes, por semanas y semanas, privados de su derecho a la libertad condicional y, por último, se les dejó salir bajo fianza.
El problema de fondo no se agota con la simple consideración de los hechos accidentales, que van generando esta clase de conflictos entre los trabajadores y las empresas, las cuales son después sustituidas por el propio Gobierno, ni tampoco por el relato de los malos tratos infligidos a los dirigentes laborales, porque las cosas van a un nivel mucho más alto. ¿Es posible que, bajo el imperio de un Gobierno que reclama su legitimidad por intentar en Chile una revolución en libertad que habría de cambiar los marcos de la sociedad tradicional para dar a los trabajadores el pleno reconocimiento de sus derechos, se esté imponiendo la más torcida interpretación de nuestras leyes represivas, haciendo casar en las figuras de delitos, hechos que de ninguna manera están contenidos en ellas? Es cierto que son los tribunales de justicia, los llamados normalmente a decidir cuándo los hechos constituyen o no constituyen delito y a aplicar las sanciones correspondientes; pero cierto es también que la historia de los conflictos sociales es tan larga que ya no podemos dudar acerca de la naturaleza particularísima que tienen las inculpaciones que los gobiernos hacen contra los dirigentes de las organizaciones sindicales o sociales que luchan por mejorar las condiciones de vida de sus compañeros. Hay en esos conflictos algo que excede en mucho a la capacidad de los tribunales ordinarios para apreciar con justicia los hechos que están sometidos a su decisión. Cualquiera que lea, por ejemplo, el artículo 11 de la ley 11.927, sobre Seguridad Interior del Estado, que ahora se aplica a los dirigentes sindicales, tendrá que concluir que es requisito para la sanción de estos delitos que se cause daño a la industria vital correspondiente. Inútiles han sí-do hasta ahora las alegaciones que se han hecho para demostrar que ese daño no puede estar constituido exclusivamente por el lucro cesante que deriva de la paralización de faenas, porque con toda seguridad ese requisito no habría sido puesto por la ley, en razón de que bastaría la simple detención de los trabajadores para que aquél se produjera. Si la ley ha exigido la concurrencia del daño en la industria vital para que sean delito el paro o la huelga sin sujeción a las leyes que los regulan, es porque se ha puesto en el caso del sabotaje.
Los tribunales de justicia, aunque sea doloroso repetirlo una vez más, no dan garantía de la recta aplicación de la ley cuando se trata de conflictos colectivos en que están en pugna los nuevos valores de una sociedad que nace y los viejos prejuicios de la sociedad que muere. Ellos pertenecen al pasado; son incapaces de comprender que van surgiendo nuevas categorías en lo social; y así como demostraron su menosprecio por esta realidad que los supera, dando a los dirigentes sindicales el trato de delincuentes, incomunicándolos y poniéndolos en el máximo rigor de las prisiones, así también demuestran que no son idóneos para juzgar estos hechos cuando encargan reos y se niegan a decretar la libertad incondicional de quienes están inculpados de actos que, en estricto sentido, no constituyen delitos.
Nosotros, por lo tanto, consideramos que este proyecto de amnistía se justifica desde el punto de vista técnico, porque tiende a corregir el exceso que manifiestamente se produce por la aplicación de una ley mal interpretada por tribunales que carecen de las condiciones indispensables para administrar justicia en estos casos, consecuencia de todo lo cual es la injusticia y aberrante situación en que se encuentran los dirigentes sindicales afectados por estos procesos. Pero también entendemos que hay otras razones supratécnicas, que están por encima de los simples silogismos, y cuya validez arranca de premisas generales largamente consentidas. Afirmamos que si Chile quiere vivir una experiencia nueva, que traiga una esperanza para los millones de hombres, mujeres y jóvenes que carecen de lo más indispensable en una sociedad absolutamente injusta, que da enormes utilidades a unos pocos, especialmente a los capitalistas extranjeros; si Chile pretende hacer una corrección a este orden social, deberá empezar por tener comprensión, por aceptar que hombres que emergen del pueblo trayendo una representación inequívoca, sean reconocidos como verdaderos portadores de una autoridad nueva, y que en caso alguno pueden ser tratados como delincuentes. Es el caso de los dirigentes sindicales. Ellos ocupan sus cargos en virtud de elecciones que revisten más seriedad, en muchos casos, que los propios procedimientos generadores de los poderes públicos. Allí, cada trabajador que vota conoce muy bien por quién se pronuncia, qué razones lo mueven a preferir a determinado candidato y cuáles son los intereses que confía a quien será director del sindicato. Allí hay una democracia de nueva índole, porque es absolutamente realista. El voto no significa una decisión superficial, deformada por una publicidad engañadora, ni tampoco disminuida por tener que concurrir con una masa tal de otros votos que pasa a ser insignificante. Si los obreros de El Salvador son tres mil, por ejemplo, y los dirigentes del sindicato industrial, cinco, cada hombre que vota tiene conciencia muy cabal de todo lo que hace y de lo que su actitud significará más adelante. Por eso, esos dirigentes sindicales son, de manera muy legítima, auténtica e irrecusable, representantes de ese pueblo trabajador, y su dignidad, no sólo es la del hombre común, que por ser tal habrá de merecer siempre respeto, sino la dignidad acrecentada de aquellos que son depositarios de una confianza multitudinaria de los trabajadores que están creando nuestra riqueza.
Para ellos, los tribunales de justicia no tienen más que desdén; no tienen más que prejuicios; no tienen nada más que la opinión, formada por la prensa y el propio Gobierno, de que los dirigentes sindicales actúan como elementos privados de toda capacidad de juicio, en una acción automática gobernada por ciertos partidos, a los cuales identifican con el Frente de Acción Popular. Nada más falso, señor Presidente.
Se nos dijo aquí, en el Honorable Senado, que en Potrerillos y El Salvador no existía libertad suficiente para que los trabajadores pudieran elegir a los directores del sindicato o manifestar opinión en las asambleas de sus organizaciones. Y esta excusa se repitió con el falso concepto de que no tendríamos elementos de prueba para demostrar lo contrario en forma fehaciente. Pero pasaron las semanas y, mientras estaban esos minerales sometidos al rigor de la zona He emergencia, bajo la dirección militar y el arbitrio de las autoridades, se llamó a una elección complementaria destinada a reemplazar a los dirigentes que habían sido encargados reos en virtud de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado.
Y la situación de excepción, en que ningún derecho era respetado, en que todo dependía de contar con el beneplácito de las autoridades, persistió hasta las doce de la noche anterior al día de la elección. No duró más, porque los Senadores del Frente de Acción Popular, agotados ya todos los recursos para hacer cesar tal estado de excepción, que convertía a los minerales en campo de concentración, anunciaron su propósito de llevar el problema a esferas internacionales, de denunciar el abuso incalificable que consistía en llamar a elecciones en un campo de concentración. Fue esa resolución nuestra la que, finalmente, determinó que el Gobierno pusiera término a la zona de emergencia, en la noche anterior al día de la elección. Se llevó, entonces, a cabo un acto electoral en que todo lo que podía limitar las posibilidades de los sectores marcados como enemigos del Gobierno había estado vigente hasta horas antes. Quienes querían dar la falsa impresión de que los trabajadores de El Salvador y Potrerillos estaban con el Gobierno y habían sido presionados por los dirigentes encarcelados, contaron con todos los recursos a su favor. Se permitió, por ejemplo, contratar a centenares de hombres traídos apresuradamente de Copiapó y de otros lugares, para reconocerles la calidad de votantes. Bastaba con una tarjeta con determinada firma para que cada uno de esos hombres ingresara a la faena, ostentara el título tan recientemente adquirido de trabajador de El Salvador o Potrerillos, votara y contribuyera así a dar cierto asidero a la imagen totalmente falsa de que los dirigentes sindicales encarcelados no representaban a la mayoría de los trabajadores.
Pero vino la elección y el país conoció el resultado. Pasando todas las vallas, quebrando los cerrojos, rompiendo las cadenas, los trabajadores dieron...
El señor REYES (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
De acuerdo con el artículo 116 del Reglamento, ha terminado el tiempo del primer discurso de Su Señoría.
Dispone de media hora más, correspondiente a su segundo discurso.
El señor CHADWICK.-
Gracias, señor Presidente.
En esa elección, los trabajadores expusieron al país los hechos desnudos, tal como son. Ninguno de los candidatos patrocinados por el Partido Demócrata Cristiano, ninguno de los candidatos que de alguna manera se identificaban con los hechos acaecidos en El Salvador y Potrerillos, tuvo la confianza de sus compañeros de trabajo. Hubo en ello un sentir casi unánime. Aun computando los votos conseguidos a última hora con las contrataciones a que me referí, no hubo fuerza para elegir un director en el sindicato de empleados, que comprende a El Salvador y Potrerillos, ni en los sindicatos industriales de ambos centros mineros.
El señor FONCEA.-
Eso demuestra la corrección con que se procedió.
El señor CHADWICK.-
Demuestra que hay hechos inocultables y fuerzas que no se pueden detener.
¿Será necesario prolongar más esta experiencia? ¿Acaso los dirigentes de El Salvador no están procesados injustamente, privados de las garantías mínimas de imparcialidad -condición esencial de los jueces- y sometidos a la inculpación de quienes los presentan mediante diarios, radios e informaciones oficiales, como delincuentes, instrumentos de partidos políticos que se alzan contra el Gobierno constituido, hombres que quieren disminuir la producción de cobre para aumentar la miseria del país? Así piensan quienes no se dan el trabajo de violentar sus inclinaciones en favor de lo arcaico, de lo que se está cayendo de viejo, de lo que perdió vida y subsiste sólo por inercia; los que son tantos en las capas medias de la población y, sobre todo, en los sectores que identifican su futuro con el orden establecido.
Interpretando a todos nuestros compañeros del FRAP, los autores de este proyecto pedimos amnistía para esos dirigentes sindicales. Queremos obtener la ley que la Constitución ha previsto para casos semejantes, cuando es obvio que la aplicación pura y simple de las disposiciones punitivas lleva envuelta una injusticia que se percibe por razones supralegales.
Hoy día, en la técnica del derecho, se acepta que lo jurídico no se agote en el solo campo de la ley escrita; que hay principios y normas que se van formando por el consenso cultural; que hay valores que se anticipan a lo que consigue el sello definitivo de la labor legislativa.
Entre esos valores, normas y principios, deben contarse los que reconocen la validez del mandato de los trabajadores a los dirigentes; los que reconocen que en los conflictos colectivos, no sólo juega el interés de la empresa, que deja de percibir la ganancia que trae consigo la actividad industrial, sino que juega también, y de modo prevaleciente, el interés de los trabajadores, que constituyen la carne y la esperanza del pueblo entero de Chile.
Nosotros entendemos que contra esa amnistía habrán de votar los que, en definitiva, no comprenden ni pueden comprender la razón de ser de las nuevas concepciones con que está marchando el mundo. Hay gente que todavía cree que basta tener en sus manos el poder para disponer de la suerte de un país, sin percatarse de que el éxito político es circunstancial y transitorio y de que, por grande que haya sido el engaño de las masas que concurrieron a la fortuna de los vencedores, los hechos se encargan de hacer las indispensables correcciones y transformar a los vencedores de hoy en los vencidos de mañana.
No creemos, a pesar de los acuerdos que adopten los dirigentes sindicales de la Democracia Cristiana, que el partido de Gobierno se sume a los votos favorables al proyecto, para aprobarlo por unanimidad, como debiera ser si sólo nos atuviéramos a su justicia. No creemos que suceda eso.
Mi intervención está llamada a precisar las cosas y abrir el debate, para que, si los Senadores adversos al proyecto tienen algún hecho que aducir, lo hagan valer aquí, a fin de que la opini��n entera del país sepa, una vez más, quiénes nos apoyamos en la verdad, y no en la versión adulterada de ella; quiénes estamos con los trabajadores, reconociendo el imperio de sus organizaciones, el derecho y el fuero de sus dirigentes, y la necesidad de terminar con la represión de leyes punitivas que otros Gobiernos, que ahora parecen sobrepasados, estimaron indispensable imponer.
Por eso, los socialistas, autores de este proyecto, contando con el asentimiento de los demás Senadores del FRAP, esperamos tranquiles el curso de la discusión de esta iniciativa, en la seguridad de que cuanto más profundo sea el debate, mayor esclarecimiento hateemos logrado para su justificación.
He terminado, señor Presidente.
El señor ENRIQUEZ.-
Debo anunciar, desde luego, el voto favorable de los Senadores radicales a este proyecto de amnistía.
No haré una nueva relación circunstanciada de los hechos, pues acabamos de escucharla de labios del Honorable señor Chadwick. Deseo abordar el asunto desde un ángulo diferente.
Todos sabemos que hubo una huelga legal en el mineral de El Teniente, a la cual adhirieron, por solidaridad, los trabajadores de la gran minería del cobre de El Salvador, Potrerillos y Barquito; que el conflicto culminó con la muerte de ocho personas en los incidentes ocurridos en El Salvador, y que, finalmente, la compañía accedió en parte a las peticiones planteadas por los trabajadores. Sin embargo, la huelga se prolongó mucho más de lo necesario y deseable.
El Supremo Gobierno fundó su actitud en tres afirmaciones básicas: en primer lugar, en que los trabajadores del cobre constituían un gremio privilegiado en el país y, mediante sus peticiones, los obreros de El Teniente trataban de aumentar sus privilegios a costa de otros sectores de asalariados; en segundo término, en que la huelga perjudicaba enormemente a Chile, pues disminuía la producción cuprera y reducía la provisión de las divisas necesarias para cubrir los gastos en moneda extranjera, principalmente en dólares, y por último, en que mermaba la participación fiscal, puesto que, decreciendo la producción, decrecen las utilidades.
Los Senadores radicales no compartimos ni antes ni ahora los puntos de vista del Gobierno. Creemos que la huelga debió haberse solucionado de inmediato; a más tardar, a los pocos días de estallado el conflicto.
Discrepamos del concepto gubernativo de que éstos son gremios privilegiados. Todos sabemos cuál es la finalidad, reconocida por nuestra legislación del trabajo, que persiguen los conflictos obreros: mejorar, en la distribución del ingreso, a los sectores asalariados que se encuentran organizados en sus respectivos sindicatos y, en general, en el movimiento sindical. No se trata, como erróneamente ha querido plantearse en más de una ocasión, de que obreros y empleados sólo puedan recuperar la pérdida del poder adquisitivo de sus remuneraciones debido al crónico proceso inflacionario. Se trata, merced a su esfuerzo, de que puedan mejorar su participación en el ingreso y, en consecuencia, su nivel de vida,
Ningún movimiento que persiga estas finalidades dejará de contar con nuestra simpatía. No se puede, entonces, hablar de gremios privilegiados o no privilegiados.
La acción del Gobierno, como también la del Poder Legislativo, debe propender a la redistribución del ingreso nacional y evitar, en todo lo que dependa de los poderes públicos, que ello acarree como consecuencia penurias, miseria o agravamiento de los conflictos sociales. Menos aún que llegue al sacrificio de vidas, como ocurrió en El Salvador.
Si un gremio determinado mejora su posición relativa por medio de un movimiento sindical, en buena hora. ¡ Para eso existen los sindicatos y sus movimientos reivindicativos!
En consecuencia, rechazamos este punto de vista del Gobierno. Según nuestro parecer, no puede invocarse tal argumento frente al movimiento de los trabajadores.
Por lo contrario, estimamos que debe ser preocupación fundamental del Ejecutivo modificar nuestra legislación sindical, en términos de que los actuales sindicatos industriales constituyan agrupaciones más libres de los trabajadores, sin pérdida de sus recursos, e intensifiquen su poder, a fin de permitirles obtener reivindicaciones legítimas, que nosotros estamos dispuestos a apoyar.
Respecto al enorme perjuicio que habría causado al país la huelga mencionada, no repetiré las cifras -en realidad, no las recuerdo- acerca de los millones de dólares o de los cientos de millones de escudos de pérdidas que habría ocasionado esa huelga, porque, como lo diré luego, también ello carece de fundamento.
Todos sabemos que el ingreso que obtiene el país por la explotación de la gran minería del cobre proviene, en primer lugar, de lo que las compañías deben restituir a la nación para pagar los costos de explotación en Chile, y, en segundo lugar, por los impuestos que el fisco chileno aplica a las utilidades de la gran minería.
En cuanto al primer punto, los costos de explotación o de producción, en Chile, están compuestos, en porcentaje muy importante, por los sueldos y jornales que deben pagarse a empleados y obreros. Si tales remuneraciones aumentan, indudablemente ocurre lo mismo con los costos de explotación y producción. Pero ello no quiere decir que la economía nacional vea disminuida su provisión de divisas; por el contrario, la ve incrementada. Tales valores deben liquidarse por las vías legales que todos conocemos: dispone de ellas el Banco Central, a fin de atender a las necesidades de importación y demás pagos que deban hacerse en moneda extranjera.
Es falsa, pues, la argumentación del Gobierno de que, al pagarse mayores remuneraciones a los trabajadores del cobre -hablo genéricamente-, disminuye la cantidad de divisas que debe percibir el país; a la inversa, esa cantidad aumentaría.
En cuanto al otro punto -que disminuiría la participación fiscal-, es cierto que si aumentan los sueldos y jornales, el costo de explotación en Chile también se ve incrementado. ¿Y cómo? Mediante el sistema tributario vigente. Según éste, nuestro país participa de una cuota de las utilidades; al disminuir éstas, se reduce la participación fiscal. No disminuye la cantidad de dólares de que dispone el país, sino la participación fiscal en dólares que habría tenido Chile, en caso de aminorarse las utilidades por haber aumentado los costos.
Pero, ¿es cierto o no lo es que disminuye lo que el erario percibe por este concepto? ¿O debemos olvidar que los empleados y obreros que reciben estas mayores remuneraciones quedan sometidos al régimen tributario interno y que, en consecuencia, deben pagar aumentados sus impuestos directos sobre la renta, global complementario y de bienes raíces -si es que los poseen-, en general, y que la parte destinada a sus consumos debe pagar toda la gama de gravámenes indirectos?
La participación fiscal, aunque tal vez no ya íntegramente en dólares, pero sí en escudos, no se ve disminuida, sino, probablemente, acrecentada.
No existe, pues, el perjuicio que para la economía nacional ha querido señalar el Gobierno, a causa del aumento de remuneraciones de los trabajadores de la gran minería del cobre. No tengo las cifras a la mano, pero podría afirmar que posiblemente ocurre todo lo contrario, y con efecto estimulante para la economía nacional, desde nuestro punto de vista.
Sin embargo, se hizo gran caudal respecto de los puntos y rubros a que me he referido, para mantener la huelga sin solución. Indudablemente, se causó perjuicio a la economía del país; pero sostenemos que tal daño fue motivado por el Gobierno el cual, por su lenidad y pertinacia, llevó las cosas al extremo de que corrió sangre en El Salvador, incluso, sangre inocente de dos mujeres.
Y todo, ¿para qué? Con el objeto de que, pocos días después de haber accedido en lo fundamental a las peticiones de los trabajadores, el Gobierno alzara en veinte centavos de dólar americano la libra de cobre. Las condiciones del mercado mundial del cobre no habían variado. En otras palabras, el Ejecutivo, con mucha anticipación, pudo haber subido en diez o veinte centavos o en otra cantidad el precio del metal; haber puesto término al conflicto satisfaciendo las aspiraciones de los trabajadores, y no tener la merma que, calculando los más y los menos, los pro y los contras, el debe y haber, pudo haber experimentado la economía nacional y el erario, por culpa de la política del propio Gobierno.
Queremos puntualizar estas cosas para fijar nuestra posición favorable al proyecto de ley de amnistía.
El Honorable señor Gómez me ha solicitado una interrupción.
El señor GOMEZ.-
En su oportunidad, los Senadores radicales precisamos que el Gobierno era el responsable directo de la primera huelga de los trabajadores del cobre, ocurrida en noviembre del año pasado. La causa reside en la actitud vacilante asumida por el Ejecutivo y el partido oficialista ante la discusión de determinados artículos del proyecto relativo a los convenios del cobre, que involucraban conquistas sociales para los asalariados de la minería cuprera. Esas conquistas sociales fueron aprobadas en el Senado con los votos de la Democracia Cristiana, y rechazadas en la Cámara de Diputados por los mismos votos. Esa actitud incierta y vacilante originó las huelgas, que se fueron ahondando hasta culminar en los sucesos acaecidos en El Salvador el 11 de marzo, donde perdieron la vida ocho hijos de nuestro pueblo, y, entre ellos, dos mujeres.
Idéntica actitud se siguió adoptando en el veto, mediante el cual se volvieron a cercenar las conquistas que el Congreso había aprobado.
Ahí -repito- reside el motivo, la causa de los conflictos, y también nuestra justificación moral para aprobar el proyecto de ley de amnistía que ahora nos ocupa.
El Gobierno aplicó mano dura a los trabajadores, a los cuales él mismo había incitado con su actitud.
Por eso, los Senadores radicales votaremos favorablemente esta iniciativa, que pone término a los procesos seguidos en contra de los trabajadores del cobre.
Ahora, deseo recoger algunos aspectos de la intervención de mi compañero de banca y presidente del Partido Radical, Senador Humberto Enríquez, en cuanto a las sumas de dinero que el país habría dejado de percibir a causa de las huelgas.
El Ejecutivo ha dicho que estos conflictos han significado al país una pérdida de más o menos 25 millones de dólares, y con esa merma en el ingreso fiscal, justifica el hecho de no estar desarrollando obras públicas proyectadas. Es decir, las huelgas del cobre han servido de pretexto para justificar la falta de realizaciones del Gobierno en materia de obras públicas.
Quiero precisar que el solo hecho de haber mantenido por mucho tiempo el precio de la libra de cobre en 29 centavos, primero, y en 32, 34 y 36 centavos, después, significó al país pérdidas por cifras mucho mayores.
El Ejecutivo manifestó al Parlamento que lo conveniente para el país era mantener el precio del metal al nivel llamado de productores, que es el fijado por países altamente industrializados, a los cuales no importan los intereses de Chile.
La diferencia entre 29 centavos -sobre esta base se hicieron los cálculos para la dictación de la última ley relativa al cobre- y 62 centavos, que es el precio fijado actualmente, es de 33 centavos de dólar por libra. Si multiplicamos esos 33 centavos por la producción de la gran minería del cobre, de aproximadamente 580 mil toneladas anuales, resulta que el país, por esta errada política del Gobierno, ha dejado de percibir 406 millones de dólares; es decir, la diferencia de precio de un año de producción es de 406 millones de dólares. Y si se aplica a esa cifra la participación fiscal de alrededor de 70%, concluimos que la nación ha dejado de percibir, a causa de esa política, la suma de 280 millones de dólares en un solo año.
¡Y el Ejecutivo se queja de que las huelgas representan una pérdida de 25 millones de dólares!
A mi juicio, no tiene razón un Gobierno que se queja por haber perdido 25 millones de dólares a causa de una huelga legal, cuando, por mantener una política errada, ha dejado de percibir 280 millones de dólares.
Lo anterior resulta todavía mucho más grave, si se analiza lo que el Ejecutivo perseguía en los convenios: quería que el control de las ventas saliera de Chile y quedara radicado en Nueva York, en comisiones paritarias integradas por dos representantes chilenos y dos norteamericanos. Estas comisiones, para innovar en la política de ventas, es decir, en los precios de productores, de 29 ó 32 centavos, necesitaban mayoría de votos.
Hago notar que, gracias a la obstinación del Partido Radical, a nuestra gestión, al diferendo que se produjo en el Parlamento entre el Gobierno y mi partido, el país ha preservado el control sobre las ventas. El Departamento del Cobre ha mantenido la soberanía nacional en este aspecto, y ello, unido a las presiones ejercidas en el Senado, significa que el Gobierno entendió, por fin, que podía subir el precio del metal a 62 centavos la libra -cifra que aún es baja-, lo cual representa para Chite la enorme diferencia de 280 millones de dólares en un solo año.
Quería decir estas palabras y aportar estas cifras para subrayar cuánta razón tenía el presidente de mi partido al señalar que, por la actitud del Gobierno, el país ha perdido mucho más que lo que el Ejecutivo señala como merma a causa de las huelgas de los trabajadores del cobre.
Todas estas razones nos inducen a votar favorablemente el proyecto de ley en debate.
El señor ENRIQUEZ.-
Continúo, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Advierto a Su Señoría que sólo le resta un minuto.
El señor ENRIQUEZ.-
No analizaré el aspecto jurídico del problema, pues no hace falta.
Ejercemos una atribución constitucional que nos permite, según nuestro recto juicio, aprobar o desechar una amnistía con relación a estos hechos.
En razón de lo que ya hemos dicho, nos parece procedente la amnistía. Por lo tanto, los votos de los Senadores radicales serán favorables a la iniciativa en discusión.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día. Corresponde votar el proyecto.
El Comité Comunista ha pedido votación nominal.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor BARROS.-
Deseo fundar mi voto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Puede hacerlo Su Señoría.
El señor BARROS.-
Los Honorables señores Luengo y Chadwick son los autores de la moción que votamos. En ausencia del Honorable señor Luengo, deseo decir algunas palabras.
Hay un hecho cierto que se desprende del informe: se solicita amnistía para infractores a la ley de Seguridad Interior del Estado a partir del 25 de octubre de 1965, la cual afecta a los trabajadores de la gran minería del cobre "teniendo presente que el año pasado se dictó otra amnistía general por delitos castigados en la misma ley Nº 12.927".
Hay, por lo tanto, un precedente a la vista.
Por estos días, hemos recibido justas demandas de los poderosos sindicatos afectados. Ellos nos han solicitado, por acuerdo de sus asambleas, donde participan obreros de todos los credos políticos, que votemos favorablemente este proyecto de amnistía.
El sindicato industrial de la planta de Potrerillos, por intermedio de los compañeros Mario Fernández y Marcelino Contreras, presidente y secretario, respectivamente, así lo solicitan.
La totalidad de los trabajadores de El Salvador, por telegrama del compañero Bruna, formulan igual petición.
Osvaldo Pinto, presidente, y Mario López, secretario, por el comité de solidaridad de los trabajadores despedidos de El Salvador, expresan preocupación por la dilación en los trámites de reintegro frente a la angustiosa situación de 500 personas.
Y los compañeros Vergara, presidente, y Moraga, secretario, de la directiva del sindicato industrial Sewell y Minas, interceden ante todos los Senadores en favor de la amnistía, fundados en el acuerdo de la última asamblea.
Todos los trabajadores del cobre, en un gesto digno y solidario solicitan nuestro voto favorable. ¿Podemos tener una conciencia tan impermeable como para dudar de la justeza de esta petición sobre la cual hay precedentes favorables? Creo que no, señor Presidente.
Al sufrimiento, asesinato, angustia y ahora a la persecución hacia los trabajadores de la gran minería del cobre, no se puede sumar, a la hora undécima, una dilación más. No se puede jugar con la tragedia para que, por métodos dilatorios, el Gobierno pretenda cosechar laureles mediante una amnistía a medias.
Parece que fue ayer no más que en el ámbito de esta Corporación se quebraba la voz de los Senadores para protestar por el alevoso asesinato de obreros y de una jovencita que planchaba su blusa en la población José María Caro.
Llamó la atención, en aquella oportunidad, la palabra lastimera unida al índice acusador con que el entonces Senador Frei, en sesión del 21 de noviembre de 1962, interpretaba la tragedia. Dijo:
"¿Cuál es el castigo? A la primera actuación, siempre hay balas para los pobres. Y yo pregunto: ¿ estamos construyendo en este país algo positivo o acumulando en esa gente un sedimento de odio que mañana nadie podrá contener, ningún partido político ni ningún hombre? A mi juicio, es necesario tener cuidado con ellos porque la autoridad debe respetar a esa gente por la cual todos hemos hecho tan poco y ante la cual tenemos mucha fuerza pero escaso ascendiente moral. Digo todos, porque no soy fariseo, pero la mayor responsabilidad, sin duda alguna, es de quienes han tenido siempre el Gobierno y el poder en sus manos".
Estos conceptos del ayer Senador Frei y hoy Presidente de la República, rebotan como un "boomerang" sobre su persona para recordarle con sus palabras, "que la autoridad debió respetar a esa gente" y que la mayor responsabilidad recae en los gobernantes y actuales ostentadores del Poder.
Ni las cascadas de discursos, ni las visitas ministeriales con fotografías irónicas en la primera página de los diarios que defienden al gran capital, devolverán las vidas a los obreros y mujeres asesinados. ¡Peor aún!. Ni siquiera han aparecido los culpables del crimen.
-¿Quién fue?, grita el país.
-Fuenteovejuna, grita el eco del Gobierno.
Yo recojo, por último, el concepto del Senador Frei cuando, en circunstancias semejantes expresó en el Senado: "¿Estamos construyendo en este país algo positivo o acumulando en esa gente un sentimiento de odio que mañana nadie podrá contener?".
Respondo afirmativamente: ¡ El Gobierno está acumulando un sentimiento de odio que mañana nadie podrá contener! ¡ Su representación parlamentaria en el Senado pidió segunda discusión para esta justa amnistía!
Pero ese mañana, cerca o un poco lejano, será la ruptura total de la coexistencia pacífica, de la conciliación de clases, porque el pueblo, en armas, se hará justicia.
Voto que sí.
La señora CAMPUSANO.-
Deseo fundar mi voto, señor Presidente.
Con este proyecto y el que indemniza a las víctimas -que veremos en sesión próxima-, y con el acuerdo logrado en principio por los dirigentes sindicales para el reintegro de 120 obreros despedidos en los minerales de El Salvador y Potrerillos, se empieza a poner fin a una página trágica en la historia de los trabajadores.
El pueblo no olvidará que el gobierno de la "revolución en libertad" manchó sus manos con sangre de chilenos y, entre ellos, de dos mujeres proletarias. Ellas no estaban ahí, como dijo en esta Sala un Senador democratacristiano, por cobardía de los hombres. No. Su presencia respondía al hecho de que era su clase la que estaba luchando; eran su marido o su padre los que solidarizaban con los huelguistas de El Teniente. Al hacerlo, estaban conscientes de que en esa forma afianzaban la obtención de un pan más, de unos pesos más derivados del pliego de peticiones que originó ese movimiento legal con los minerales de El Salvador, Potrerillos y Barquitos.
Voto que sí.
El señor FONCEA.-
Pido la palabra para fundar mi voto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FONCEA.-
El Comité de mi partido me encomendó hace algunos instantes, la misión de fijar nuestra posición frente a este proyecto de amnistía. Sin embargo, como no hemos dispuesto del tiempo necesario para hacer un planteamiento más extenso, me limitaré a señalar las razones que nos asisten para votar negativamente esta iniciativa legal.
Sabe la opinión pública que en estos instantes existen gestiones oficiales entre los dirigentes de los sindicatos de Barquito, Potrerillos y El Salvador y el Gobierno, para llegar a un arreglo definitivo y completo de las situaciones planteadas a raíz de la huelga ilegal promovida en esos minerales.
Además, quiero hacer hincapié en que este proyecto beneficia exclusivamente a los trabajadores de esos minerales y no, como aquí se ha señalado, a los trabajadores de la Gran Minería del Cobre. En efecto, la huelga de El Teniente duró mucho tiempo, pero se trató de un conflicto legal. Por eso no hay ningún dirigente procesado que pueda beneficiarse con esta iniciativa.
Si se iniciaron estas gestiones y los propios obreros concurrieron a una entrevista con el Presidente de la República, estimamos lógico esperar los resultados de esas conversaciones y de un eventual entendimiento definitivo e integral.
Votaremos negativamente el proyecto, fundados precisamente en las palabras que fluyen de este mismo debate y de los discursos que se pronunciaron a raíz de los lamentables sucesos de El Salvador.
Los partidos de Oposición han formulado, tanto al Gobierno como a nuestro partido, un gravísimo cargo: ser responsables de esos hechos, haber provocado este conflicto, haberlo dilatado e impedido una justa solución.
Tenemos la conciencia de que tanto el Gobierno como la Democracia Cristiana agotaron los medios para llegar a una justa solución. La opinión pública así lo sabe y lo ha reconocido. En todo caso, si se trata de hechos tan graves -pues no solamente dicen relación al perjuicio económico que sufrió el país, sino también a trágicos sucesos: la muerte de seis obreros y dos mujeres-, nosotros queremos -porque tenemos la conciencia muy tranquila- que se agoten totalmente las investigaciones.
Desde luego, no hay obreros presos. No hay ningún detenido. Todos están en libertad bajo fianza; de manera que perfectamente puede esperarse el término del proceso que establecerá cuál es la responsabilidad de estos dirigentes en el conflicto.
Porque queremos una aclaración definitiva, una investigación total de los hechos, estamos en contra del proyecto.
Por lo demás, sin pecar de suspicaz, debo señalar que en el momento mismo en que se iniciaron las conversaciones a que me referiré más adelante, y tan pronto como se conocieron éstas con inusitada rapidez se presentó esta iniciativa, la cual ha sido tramitada con mucha celeridad, y otra tendiente a indemnizar a las víctimas de El Salvador.
El señor CHADWICK.-
Antes del 21 de mayo no hay iniciativa parlamentaria.
El señor FONCEA.-
Además, durante el desarrollo del conflicto y los debates promovidos en el Congreso, el Honorable señor Musalem pronunció un discurso en que dio lectura a publicaciones del órgano oficial de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que contienen toda clase de insultos y de injurias en contra de los parlamentarios de estas bancas.
No menciono esto por el aspecto personal de cada uno. Creo que la dignidad es de por sí respetable; pero tenemos una investidura que nos obliga a velar porque sea efectivamente respetada.
En la publicación a que me refiero, no hay expresión injuriosa que no se haya empleado en contra de los Senadores democratacristianos. Ahora bien, la amnistía constituye un perdón; por lo tanto, yo habría esperado que los dirigentes que se beneficiarán con esta iniciativa hubiesen tenido la hidalguía, por lo menos, de darnos alguna explicación, de justificar lo que expresaron en esos momentos de apasionamiento.
El señor AMPUERO.-
¿Qué más justificación que la que está dando Su Señoría?
El señor FONCEA.-
¿Qué dice, señor Senador?
El señor AMPUERO.-
Digo que lo mejor que he escuchado en favor del proyecto es lo expresado por Su Señoría.
El señor FONCEA.-
Eso, dentro de la petulancia del señor Senador, que cree ser el único capacitado para hablar en el Senado.
El señor AMPUERO.-
No es cuestión de capacidad, sino. . .
El señor FONCEA.-
¡No me venga a dar lecciones! ¡No sea prepotente!
El señor AMPUERO.-
No se trata de lecciones, sino de que Su Señoría tiene complejos inconfesables de culpa.
El señor FONCEA.-
Su Señoría es el acomplejado.
El señor BARROS.-
¡Escoba. . . !
El señor AMPUERO.-
La actitud del Honorable señor Foncea refleja sentimiento de culpabilidad.
El señor FONCEA.-
Lo expresado por el Honorable señor Ampuero es otro fundamento más para votar negativamente el proyecto, porque no estoy dispuesto a aceptar prepotencias de nadie.
El señor PRADO.-
¡ Es preferible que no hable más el Honorable señor Ampuero!
El señor AMPUERO.-
No habría cambiado de opinión ¡pero ya la van a cambiar!
El señor PRADO.-
Le fue mal a Su Señoría.
El señor NOEMI.-
Señor Presidente, por acuerdo del Consejo Nacional de nuestro partido, votaremos en contra de este proyecto.
El señor AMPUERO.-
En contra de la opinión del Departamento Sindical de su partido.
El señor FUENTEALBA.-
No es efectivo. A petición del Departamento Sindical.
El señor PRADO.-
¿Tiene comunicaciones directas el Honorable señor Ampuero?
La señora CAMPUSANO.-
Y en contra de la opinión de quienes votaron por el Honorable señor Noemi.
El señor AMPUERO.-
También tenemos algunas.
El señor PRADO.-
Páseme la lista.
El señor AMPUERO.-
Yo no soy de la policía política.
El señor PRADO.-
Pero tiene vocación.
El señor AMPUERO.-
No sé. Su Señoría debe tener algún antecedente. . .
El señor NOEMI.-
Reclamo mi derecho, señor Presidente. No tendría inconveniente en conceder interrupciones, si me las solicitaran.
El señor JARAMILLO LYON.-
Reglamentariamente, tampoco puede concederlas.
El señor NOEMI.-
Mi Honorable colega la señora Campusano, a quien tengo que reconocer una actitud muy levantada para conmigo, en algunas ocasiones me ha representado que mi votación es contraria a los intereses de los trabajadores que, por inmensa mayoría, me dieron esta banca en el Honorable Senado. No obstante, la verdad es que, si bien así podría interpretarse, estoy en esta posición y en todas las oportunidades he defendido los proyectos del Gobierno relacionados con el cobre, debido a que tengo clara conciencia de que esas iniciativas servirán para crear las condiciones económicas que permitan dar al país el desarrollo que haga posible precisamente, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que a lo largo del territorio han compartido nuestra posición.
Pienso, y lo digo con entera sinceridad, que, en cierto modo, resulta curiosa la actitud del Partido Socialista. Mientras, por una parte, nos acusa permanentemente de ser responsables de todos los lamentables sucesos ocurridos en El Salvador -y hasta se imprimen volantes por medio de los cuales se nos imputa querer echar tierra sobre lo acontecido, para que no se juzgue a los responsables- por la otra presentan este proyecto que, en cierta medida, significa dejar las cosas en su estado primitivo.
El señor CHADWICK.-
Está equivocado Su Señoría.
El señor AMPUERO.-
Cuando ocurrieron los incidentes en El Salvador, todos los procesados estaban detenidos.
El señor NOEMI.-
En este momento no hay nadie preso.
El señor AMPUERO.-
¡Ellos prepararon la masacre desde la cárcel. . !
El señor CHADWICK.-
¡Estaban incomunicados !
El señor NOEMI.-
Mientras rasgan sus vestiduras apelando a la interpretación
que quieren dar a la ley y juzgan duramente a los tribunales de justicia, por la otra, imprimen volantes llenos de injurias, como el que leeré en una de sus partes. Dice:
"Los trabajadores tienen que convencerse que al régimen burgués tenemos que oponer la violencia revolucionaria de las masas. Solamente por el camino de la lucha armada conquistaremos la verdadera democracia y la libertad para las amplias masas populares. Por ese camino conquistaremos un mundo de dicha y felicidad; así lo hicieron los Rusos en 1917, los Chinos en 1949 y los Cubanos en 1959. Mienten en consecuencia aquellos que dicen que por la "vía pacífica" y que por el voto derrotaremos al imperialismo y a la oligarquía. La "vía pacífica" al igual que la "revolución en libertad" amarran el movimiento obrero al carro de la burguesía gobernante".
El señor AMPUERO.-
¿Quiénes son los autores de ese panfleto?
El señor CHADWICK.-
¿Quién lo firma? ¿Por qué nos atribuye a nosotros ese volante ?
El señor FUENTEALBA.-
Porque corresponde a la mentalidad que Sus Señorías tienen.
El señor CHADWICK.-
Según el intérprete que se llama Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Según lo que nos dicen Sus Señorías.
El señor NOEMI.-
También se nos imputa no haber subido oportunamente el precio del cobre; y quienes nos acusan tienen la enorme responsabilidad de haber dirigido al país privándolo del ingreso de ese aumento mientras fueron Gobierno. No sólo nunca lo hicieron, sino que, por lo contrario, fue durante dichos Gobiernos que el cobre sé vendió a los precios más bajos.
El señor ENRIQUEZ.-
Eso es del todo inexacto, porque durante los Gobiernos radicales se subió el precio del cobre.
El señor NOEMI.-
El actual Gobierno ha sido el pionero en la política de fijar nuevos precios al cobre: primero, 36 centavos la libra; después, 42 centavos y, en seguida, 62 centavos. De este modo se ha presionado a los demás productores del mundo, como ha ocurrido con los africanos, que han seguido al Gobierno de Chile.
El señor CHADWICK.-
Su Señoría sabe que eso no es efectivo.
El señor GOMEZ.-
Con comisiones paritarias no lo habrían podido hacer.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del señor Senador.
El señor NOEMI.-
En la comisión se adoptaron acuerdos respecto de la fijación del precio del cobre, que oportunamente fueron dados a la publicidad.
Pido que se me conceda un minuto más para terminar, señor Presidente.
El señor AMPUERO.-
En ese caso, yo también pido la palabra. La deferencia debe ser igual para todos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Honorable señor Noemi.
El señor BOSSAY.-
Todo lo que ha dicho Su Señoría respecto de la fijación del precio del cobre, es falso y revela desconocimiento de la materia.
El señor NOEMI.-
Cuando Sus Señorías estaban en el Gobierno, fijaron en 11 centavos el precio de la libra de cobre.
El señor BOSSAY.-
En estos momentos, el precio real del cobre es superior en 15 centavos al fijado por esta Administración.
El señor NOEMI.-
El señor Senador cae en el error de confundir los mayores ingresos de divisas con la participación del Estado. Lamento no haber dispuesto de mayor tiempo para exponer en forma más completa mis puntos de vista.
El señor BOSSAY.-
Su Señoría pierde el tiempo diciendo cosas falsas. Dispondría de más tiempo si expusiera la verdad.
El señor NOEMI.-
Su Señoría tendrá oportunidad para explicarlo.
El señor TARUD.-
Me extraña, como cristiano, la actitud del partido Demócrata Cristiano, partido de Gobierno, porque, aparte haber causado nada menos que ocho muertes a la clase obrera, ahora ni siquiera perdona a los dirigentes de los trabajadores.
El señor PABLO.-
Está en discusión quiénes son los responsables de esas muertes.
El señor TARUD.-
No me interrumpa. Estoy fundando mi voto.
El señor FUENTEALBA.-
Sus Señorías sí que pueden interrumpir.
El señor TARUD.-
Yo no lo he hecho.
Después de todo, encuentro toda la razón, a los Senadores democratacristianos, porque, pensando un poco mejor en la actitud del partido de Gobierno y la del Ejecutivo, no son ellos los que deben perdonar. No están preparados como cristianos para hacerlo. Es la clase obrera chilena la que debe perdonar a ellos esos crímenes.
El señor FUENTEALBA.-
Debe perdonar a los falsos dirigentes que los arrastran a cometerlos y después se lavan las manos.
El señor TARUD.-
Con su argumento, Sus Señorías pretenden hacer chantaje para ocultar lo ocurrido.
El señor FUENTEALBA.-
¡Y Sus Señorías se lavan las manos!
La señora CAMPUSANO.-
Su Señoría sabe que no es así.
El señor FUENTEALBA.-
¡ Es así, y lo saben! Lanzan a los obreros a esas aventuras y, después, se lavan las manos. Son Sus Señorías los que quieren descargar sus conciencias al responsabilizar al Gobierno. Por eso, fueron repudiados en las últimas elecciones sindicales.
El señor AMPUERO.-
En El Salvador, por ejemplo.
El señor FUENTEALBA.-
Fueron repudiados, precisamente, los socialistas, y por eso fueron reemplazados por los comunistas.
La señora CAMPUSANO.-
No es así, señor Senador.
El señor CHADWICK.-
Está mal informado.
El señor AMPUERO.-
Hay 120 de nuestros compañeros despedidos.
El señor NOEMI.-
Su Señoría sabe que en este instante se desarrollan conversaciones con el Presidente de la República para reintegrarlos al trabajo.
El señor TEITELBOIM.-
En nombre de los Senadores comunistas, quiero agregar a lo expresado por nuestra compañera Julieta Campusano -desde luego, compartimos sus palabras-, que no creemos oportuno hacer historia, ya que no hay tiempo para ello y, además, ésta ya es conocida. Quiero, no obstante, destacar lo que han dicho algunos Senadores democratacristianos al fundar sus votos.
El Honorable señor Foncea recordó que el Partido Demócrata Cristiano había resuelto votar negativamente esta amnistía. Y para ello dio varios argumentos. Nosotros estimamos que, entre otras razones no dichas, está la de mantener pendiente el proceso para usarlo como arma de presión, a fin de conseguir que las negociaciones en curso sean lo menos justicieras posible para los obreros que han sido objeto de persecución. Porque si realmente existiera el propósito de borrar lo acontecido -y al Gobierno interesa mucho más que a los obreros hacerlo, porque, al fin y al cabo, hay muertos de por medio, y muertos provocados por la fuerza pública, . . .
El señor CHADWICK.-
Contra gente desarmada.
El señor TEITELBOIM.-
... lo lógico sería terminar con este asunto mediante el procedimiento legal consagrado en la Constitución: la aprobación lisa y llana de un proyecto de amnistía.
¿Por qué no se lo acepta? El Honorable señor Foncea agrega que no hay presos, porque los que fueron declarados reos se encuentran en libertad bajo fianza, y por lo tanto pueden esperar. Nos parece que es una razón relativamente cavernícola. Porque, después de todo, estar en libertad bajo fianza no es factor de tranquilidad absoluta para los dirigentes sindicales. Como se ha repetido aquí, en el momento que se produjeron los hechos estaban presos...
El señor CHADWICK.-
E incomunicados.
El señor NOEMI.-
No todos.
El señor TEITELBOIM.-
Se habla, además, de una razón personal: de publicaciones hechas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que a juicio de un señor Senador, serían injuriosas contra el Gobierno y la persona de diversos parlamentarios. Y el mismo Senador se pregunta: ¿cómo perdonarlos? La verdad, entonces, es que el proyecto se quiere utilizar como venganza...
El señor FONCEA.-
No, señor Senador.
El señor TEITELBOIM.-
. . . respecto de aquellos que profirieron esas pretendidas injurias. Después de todo, si se trata de eso, ¿qué venganza correspondería a los deudos de seis obreros y de las dos mujeres asesinadas en El Salvador? Según la Biblia, por lo menos, ojo por ojo y diente por diente; y, naturalmente, como se trata de gente que es democratacristiana, hay que pensar que eso no está en todo de acuerdo con el principio de caridad ni de perdón. En verdad, el perdón debe venir del otro lado.
El señor FONCEA.-
Sus Señorías deberían practicarlo con los que caen en desgracia dentro de sus filas y a quienes persiguen hasta la cuarta generación.
La señora CAMPUSANO.-
Su Señoría no es el llamado a formular esas acusaciones.
El señor TEITELBOIM.-
Yo no sé a qué se refiere el señor Senador. Estoy tratando de analizar ¡as argumentaciones dadas aquí por los Senadores de la Democracia Cristiana, y no entraré en problemas de tipo personal, por ser esos problemas siempre odiosos y largos de tratar.
El señor FONCEA.-
Lo que yo he dicho es que Sus Señorías no saben perdonar.
El señor AMPUERO.-
Lo que pasa es que nosotros no somos cristianos; por eso no hacemos alarde de nuestra capacidad de perdón.
-(Risas).
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Está con la palabra el Honorable señor Teitelboim.
El señor TEITELBOIM.-
De lo dicho por nuestro Honorable colega, se desprende que el Honorable señor Noemi, con respeto, pero, también, con cierto espíritu de reclamo y de queja, rechazó o puso en duda la legitimidad de las expresiones de nuestra Honorable colega señora Campusano, cuando manifestó que la votación del señor Senador es contraria a los trabajadores que le dieron los votos en la agrupación provincial que representa.
Nosotros creemos que, efectivamente, la votación es contraria a todos los trabajadores, incluso a los democratacristianos, porque entre los detenidos durante el movimiento de huelga en el cobre habían democratacristianos, y también sus hogares fueron allanados.
El señor CHADWICK.-
Efectivamente.
El señor FUENTEALBA.-
¡Es una suposición de Su Señoría!
El señor TEITELBOIM.-
No es una suposición ni creo que los obreros democratacristianos hayan estado de acuerdo con esa conducta.
El señor FUENTEALBA.-
Lo es, señor Senador, porque los trabajadores democratacristianos manifestaron en el Consejo Nacional del partido no estar de acuerdo con este proyecto.
El señor TEITELBOIM.-
He dicho que no es una suposición, pues un diario que mira con simpatía todas las actitudes reaccionarias da la Democracia Cristiana, un diario que no es "El Siglo", sino "El Mercurio", ha publicado una versión respecto de los acuerdos del congreso sindical democratacristiano que se acaba de realizar.
El señor FUENTEALBA.-
No es efectivo.
El señor PRADO.-
No ha habido nada de eso.
El señor TEITELBOIM.-
Ese congreso democratacristiano. . .
El señor TARUD.-
No ha sido desmentido.
El señor TEITELBOIM.-
. . . se caracterizó por ser de crítica a la política sindical del Gobierno y de los dirigentes del partido.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor TEITELBOIM.-
Por tales razones, los Senadores comunistas votaremos a favor del proyecto de amnistía.
-Se aprueba el proyecto (18 votos por la afirmativa, 8 por la negativa, 1 abstención y 2 pareos).
-Votaron por la afirmativa la señora Campusano y los señores Ampuero, Barros, Bossay, Castro, Contreras (don Víctor), Contreras Labarca, Corbalán (don Salomón), Chadwick, Enríquez, Gómez, González Madariaga, Jaramillo Lyon, Juliet, Luengo, Miranda, Tarud y Teitelboim.
-Votaron por la negativa los señores Ferrando, Foncea, Fuentealba, Musalem, Noemi, Palma, Prado y Reyes.
-Se abstuvo de votar el señor Curti.
-No votaron, por estar pareados, los señores García y Pablo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Terminada la discusión del proyecto.
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