MODIFICACION DE LA LEY 15.076, SOBRE ESTATUTO DEL MEDICO FUNCIONARIO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Informes de la Comisiones de Hacienda y de Salud Pública, suscritos por los Honorables Senadores señores Corbalán, don Salomón (Presidente), Bossay y Gumucio, y Allende (Presidente), Barros, Curti, Gumucio y Maurás, respectivamente, recaídos en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario. La Comisión recomienda aprobar el proyecto con las modificaciones que indica. -El proyecto figura en los Anexos de la sesión Nº 107ª, en 10 de mayo de 1966, documento Nº 2, página 7038 y los informes, en los de la sesión 10ª, en 16 de junio de 1966, documento Nº 2, página 825 y 16ª, en 5 de julio de 1966, documento 2, página 1308. El señor REYES (Presidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra. El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).- Señor Presidente, el proyecto que modifica la ley 15.076, sobre estatuto del médico funcionario, tiene por objeto reemplazar algunas disposiciones legales vigentes de dicha ley y también otras, como la orgánica del Colegio Médico, y aun la que creó el Servicio Nacional de Salud. En realidad, la iniciativa tiene por objeto fundamental solucionar problemas urgentes relacionados con la salud de la población. No hay en este proyecto, señor Presidente y señores Senadores, ningún cambio trascendental en la legislación médico asistencial que nos rige. En especial, en la parte más importante, debo hacer presente que, dentro de nuestras limitaciones de medios económicos, humanos, particularmente de profesionales y para-médicos, para atender a la población, estamos enfrentando un crecimiento demográfico extraordinario y a movimientos migratorios que crean graves dificultades para una mejor atención médica. Este proyecto no aborda ningún problema de orden económico fundamental, sino que se refiere principalmente al mejor aprovechamiento de recursos médicos y paramédicos. Es necesario dar al Senado una información breve acerca del problema del crecimiento de la población y las disponibilidades de nuestros recursos de orden médico y paramédico. Como bien saben los señores Senadores el crecimiento demográfico en nuestro país fue, hasta principios de este siglo, inferior a 1,8%; pero en los dos últimos decenios ha adquirido un ritmo extraordinario, para llegar, en los últimos años, a ser del orden de 2,5%. A ello debe agregarse el movimiento migratorio de la población, particularmente el referido al desplazamiento de la población rural hacia las grandes ciudades, en busca, fundamentalmente, de mejores salarios, que ha contribuido a crear al Servicio Nacional de Salud serios problemas para la atención de la salud de las poblaciones marginales de las grandes ciudades. Pues bien, para hacer frente a estas demandas disponemos de un capital humano con el cual, evidentemente, debemos buscar las posibilidades de satisfacerlas y dar la atención médico-asistencial que estamos obligados a prestar. Hace un par de años, en la Facultad de Medicina, me tocó presidir la Comisión que estudió el problema de la formación profesional para dar la debida atención de la salud a la población. Hay un hecho a mi juicio incontrovertible, y que nadie mejor que los señores Senadores conocen: el déficit de atención médica que existe en Chile es incuestionable. Al efecto, basta recordar el porcentaje extraordinariamente alto de certificados de defunción que se extienden sin la intervención de médicos, que más de 30% de los partos ocurren sin atención profesional de médicos o matronas, y el subido número de rechazos de atención médica en los hospitales. Por tal razón, la Facultad de Medicina, interesada en estos problemas, se abocó a estudiar el origen de ese déficit. El primer punto que lógicamente había que averiguar era si el país disponía de suficiente dotación de médicos para satisfacer la demanda de sus servicios. Cuando hicimos la investigación -seguramente hasta el momento no se ha producido cambio substancial al respecto-, el país disponía de 6,2 o probablemente, 6,3 médicos por cada 10.000 habitantes. Esta es la realidad que podemos confrontar con las cifras médico-población existentes en otros países. De modo absoluto, puede decirse que nuestra relación médico-población, de acuerdo con la eventual demanda del país, podría, sin grave deterioro de las condiciones en que se está dando medicina, llegar a satisfacer nuestras necesidades, si no concurrieran otros graves problemas que impiden la plena utilización de los recursos médicos de Chile. Y esas circunstancias que limitan nuestra posibilidad de atender la salud del país se refieren fundamentalmente a la mala distribución geográfica de los médicos y por especialidades. Quedó bien en claro que alrededor de 70% de los médicos se concentran en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción, en circunstancias de que en dichas provincias se encuentra ubicada sólo 48% de la población. Esto está evidenciando, de inmediato, un hecho que convendría corregir, pues señala una sobresaturación de médicos en ciertas regiones. Pero, además, la mala distribución se manifiesta, por un hábito o evolución de la medicina, en la tendencia a un exceso de médicos dedicados a prestar servicios dentro de los hospitales; es decir, en este momento hay más médicos atendiendo al enfermo que se encuentra hospitalizado que al enfermo que concurre a los consultorios. En el mismo estudio de la Facultad de Medicina a que me estoy refiriendo, quedó perfectamente demostrado que lo razonable es dar un tercio de atención médica a los enfermos hospitalizados y dos tercios al enfermo ambulatorio, en los consultorios. Desgraciadamente, la investigación hecha en esa oportunidad demostró que la cifra era precisamente inversa. En efecto, en los grandes hospitales de Santiago, excluyendo al de la Universidad de Chile, José Joaquín Aguirre, dos tercios de las horas médicas se dedican a los enfermos dentro del hospital, y el tercio restante, al que concurre a los consultorios. Ello explica por qué hay tanta insatisfacción en la demanda de consultorios externos y periféricos de la ciudad. Además, de acuerdo con el progreso de la medicina, la atención médica se presta de manera diferente según el tipo de enfermedad, la edad y la composición de la población. Sin duda, en una población joven como la nuestra -38% de ella es menor de 15 años-, los problemas más graves en materia de atención de la salud son los relativos a la maternidad y a la pediatría. Pues bien, el número de nuestros especialistas no responde a la proporción que la demanda y la composición de nuestra población requieren. Es así como actualmente se forman mucho menos obstetras y pediatras de los que son realmente necesarios. Además de lo expresado, en Chile el médico está desarrollando labores que no le corresponden, debido a la escasez de personal paramédico. Faltan enfermeras, asistentes sociales, dietistas, etcétera. Ello obliga al médico a realizar muchas labores que debería desempeñar ese personal, lo cual impide el pleno aprovechamiento del trabajo de estos profesionales, de por sí escasos. Por las razones expuestas, e incluso por la urgente necesidad de aprovechar mejor nuestros recursos humanos, se somete a la consideración de la Sala el proyecto en debate, que contiene diversas enmiendas a la ley sobre Estatuto del Médico Funcionario y a otras disposiciones legales, como la ley orgánica del Colegio Médico y la del Servicio Nacional de Salud. Mientras exista el problema relativo al número de estos profesionales, no podremos encontrar, en forma efectiva, la mejor manera de aprovechar los recursos con que se cuenta. Al respecto, puedo informar a la Sala que están muy avanzados los estudios para incrementar la formación de médicos, mediante el aumento de las matrículas a los primeros años de medicina de las diversas universidades; pero ese aumento sólo elevará el número de médicos después de siete años. Del mismo modo, se ha aumentado ya la formación de enfermeras. En este momento, el ingreso a la Escuela de Enfermeras es tres veces superior al de 1963. Igualmente, este proyecto otorga facilidades para la formación de personal auxiliar de enfermería, pues, dado nuestro insuficiente desarrollo económico, debemos delegar en personal técnico de otra categoría muchas de las funciones que actualmente corresponden a las enfermeras universitarias. A fin de aprovechar en mejor forma nuestros recursos, el proyecto dispone que ningún médico con menos de cinco años de profesión podrá ser contratado en la provincia de Santiago, con excepción del departamento Pedro Aguirre Cerda. Esta es una disposición vigente. Se desechó la idea de incluir a las provincias de Valparaíso y Concepción. Al respecto, debo decir que estimo razonable la observación que se me ha hecho llegar por diversos conductos, formulada, entre otros, por los propios estudiantes de los últimos años de medicina, sobre las dificultades que podría crear la prohibición de contratar, en la provincia de Santiago, médicos con menos de cinco años de profesión, aunque se respete la excepción del departamento Pedro Aguirre Cerda. Concuerdo con esa observación, por razones muy claras: el crecimiento promedio de la población chilena en el último quinquenio, según las estadísticas que acabo de citar, fue de 2,5% en cambio, el crecimiento promedio de la población de Santiago en el mismo período, fue de 3,5% ; vale decir, 1% más que el del resto del país. Ello está indicando que la capital continúa siendo el punto más crítico en cuanto al problema de la salud. En tales circunstancias, habría que preocuparse de no colocar cortapisas en Santiago. Por eso, se formuló indicación para que el Servicio Nacional de Salud pueda designar en la provincia de Santiago médicos con menos de cinco años de profesión, por resolución fundada del Director General de Salud, cuando las necesidades del servicio lo requieran. Se manifestó inquietud frente a dicha disposición, por estimarse que impedir la contratación en la capital de médicos con menos de cinco años de profesión, podría perjudicar a las universidades u otras instituciones. Sin embargo, tales temores carecen de fundamentos, pues siguen vigentes las disposiciones legales que exceptúan de dicha prohibición a las universidades, asistencias públicas, maternidades, servicios médicos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y otras entidades. El señor GONZALEZ MADARIAGA. - La disposición contenida en el artículo 1° sobre los médicos con menos de cinco años de profesión es terminante, pues dice: "Ningún médico con menos de cinco años de profesión podrá ser designado en la provincia de Santiago..." El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).- Ese precepto está vigente, señor Senador. El señor PALMA.- Hay otra norma más adelante. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Deseaba hacer esta salvedad, porque la disposición siguiente contradiría a esta otra. El señor FONCEA.- Pero si 75% de los médicos están en Santiago y Valparaíso, cómo se puede autorizar nuevas contrataciones en estos centros El señor GONZALEZ MADARIAGA. En todo caso, hay un error de redación. El señor REES (Presidente).- Ruego a los señores Senadores dirigirse a la Mesa. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Deseo consultar al señor Ministro sobre las razones que habría para alterar lo ya establecido en el Estatuto del Médico Funcionario. El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).- En realidad, no se altera, pues subsiste la prohibición de contratar en la provincia de Santiago, excepto en el departamento Pedro Aguirre Cerda, médicos con menos de cinco años de profesión. Pero en atención a que Santiago sigue constituyendo un problema crítico en la atención de la salud, debido a que su crecimiento demográfico es mayor que el del resto del país; y aun cuando se mantienen las excepciones establecidas en la ley vigente respecto de las universidades, instituciones médicas de las Fuerzas Armadas, la Asistencia Pública, servicios de urgencia y maternidades de la capital, que puedan contratar médicos sin tener cinco años de profesión, hemos considerado la posibilidad de que otras instituciones, en especial las que prestan atención de consultorios, puedan, por resolución fundada del Director General de Salud, contratar profesionales sin ese requisito. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Muchas gracias, señor Ministro. El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).- El artículo 1º a que me refiero dispone: "Además, en el Servicio Nacional de Salud podrán hacerse designaciones en la provincia de Santiago por resolución fundada del Director General de Salud quien no podrá delegar esta facultad. La Contraloría General de la República dará cuenta anualmente al Congreso Nacional de estas designaciones". Otro punto que deseo tratar es el relativo a las extensiones horarias. El Estatuto del Médico Funcionario estableció una jornada máxima de 36 horas a la semana, la que, en casos calificados, podría extenderse hasta 48 horas. El proyecto en debate, sin modificar el concepto anterior -es decir, la jornada de seis horas diarias-, permitirá facilitar el otorgamiento de extensiones horarias mediante una regla general, sin limitaciones. El empleador -en este caso, el Servicio Nacional de Salud-, por resolución fundada, podrá autorizar horarios de hasta ocho horas diarias, cuando las necesidades del servicio lo requieran y el médico, como es natural, los acepte en forma voluntaria. El artículo correspondiente, dispone que el médico funcionario se haga cargo de inmediato de la extensión horaria. Este sistema es muy importante, dado el hecho de que la extensión horaria permanente se hará extensiva a aquellos profesionales que prestarán atención en policlínicas periféricas. En la actualidad, el proceso de otorgamiento de la extensión horaria tiene muchas limitaciones y es muy complejo. El sistema es engorroso, hasta el punto de que, muchas veces, los profesionales, después de haber trabajado durante meses, han debido abandonar su cargo por disposición de la Contraloría General de la República. El señor CONTRERAS LABARCA.- ¿Tiene alguna intervención el Colegio Médico de Chile en lo referente al otorgamiento de la extensión horaria? El señor VALDIVIESO (Ministro de Salud Pública).- Sí, señor Senador. Antes, el Colegio Médico debía limitarse a las circunstancias establecidas en la ley anterior, que determinaban que debía otorgar extensiones horarias sólo cuando, aparte otras eventualidades, no había otro médico en la localidad respectiva. No recuerdo los demás requisitos, pero eran muy limitadas las posibilidades. En cambio ahora, hay liberalidad para otorgar extensiones cada vez que el empleador estime que ellas se necesitan y siempre y cuando el profesional las acepte. En relación a la jornada médica, deseo agregar algo que, aun cuando en nada dice relación a determinados artículos del -proyecto, es expresión de mi particular pensamiento. Si bien se mantiene la jornada de seis horas para el médico funcionario, y excepcionalmente se autoriza una extensión de dos, ¡o que puede llevarla a un máximo de ocho, hay algo que en principio, en doctrina, no comparto. Si el país cuenta con el número estrictamente necesario de médicos para atender en forma adecuada la salud de los chilenos, no me parece aceptable limitar el horario de trabajo de esos profesionales. Acabo de ser informado por el médico del Presidente de Israel, distinguido facultativo y catedrático israelí con quien conversé largamente sobre el problema, de que en ese país hay 380 médicos por 10 mil habitantes, más o menos 30 médicos por mil habitantes, mientras en Chile hay sólo 6 médicos por mil habitantes. Sin embargo, en Israel, no obstante esa alta proporción, los médicos trabajan en jornadas de 8 horas hasta los 50 años de edad; de 7 horas, hasta los 55 años, y de 6 a partir de esta edad. Me parece que si los recursos médicos en Chile son insuficientes, no debería haber cortapisa alguna para aprovechar las actuales disponibilidades. Pero ello no quiere decir que este proyecto pretenda modificar algo ya establecido como principio : la jornada de seis horas para los médicos. Otro de los aspectos del proyecto tendiente a aprovechar al máximo nuestros recursos médicos, se refiere a la contratación de personal jubilado. El inciso segundo del artículo 20 de la ley 15.076, del Estatuto del Médico Funcionario, estableció la compatibilidad entre la jubilación y el sueldo que entrare a percibir el médico con más de sesenta años de edad. Estos profesionales ganaban fácilmente los concursos del Servicio Nacional de Salud a los cuales se oponían en razón de los años, a la experiencia adquirida y los antecedentes acumulados. De ese modo, impedían el ingreso de médicos jóvenes a los cargos vacantes. Pero, para optar a tales cargos, se requería que el módico jubilado hubiera alcanzado 60 años de edad. La supresión de ese inciso pone término a una excepción, ya que estos profesionales, al ser recontratados, están en condiciones de reliquidar su desahucio y de obtener una pensión superior. A fin de no perjudicar a los que ocupan en la actualidad esos cargos, ellos continuarán percibiendo sus actuales emolumentos hasta que sean ubicados en otros, y aquéllos podrán ser llamados a concurso. Con el mismo objeto anterior, se consigna un artículo que dispone la posibilidad de contratar, con media jornada, a personal paramédico, especialmente matronas y enfermeras. Ello, naturalmente, con rentas proporcionales y los beneficios previsionales correspondientes. En este momento, existe considerable número de ese personal que no puede aceptar cargos con jornada completa, particularmente enfermeras y matronas casadas que deben dedicar parte de su tiempo a la atención del hogar. Perfectamente podrían asumir responsabilidades durante media jornada, como lo han hecho ya en numerosas ocasiones. En el personal paramédico de enfermeras y matronas hay un déficit realmente crítico, en especial de las primeras. De manera que con este precepto se soluciona en parte ese déficit. Por el artículo 14 del proyecto en debate, se faculta al Presidente de la República para que, en el plazo de un año, modifique el decreto con fuerza de ley 226, de 1931, referente al Código Sanitario que nos rige. Como Sus Señorías podrán apreciar, dicho cuerpo legal tiene más de 30 años de vigencia. El actual Código Sanitario, documento eminentemente técnico que no aborda situaciones administrativas ni cuestiones relativas a recursos, resulta ya totalmente añejo. Todos los códigos sanitarios han sido fijados por decretos con fuerza de ley, debido al tecnicismo que encierran y a la complejidad de sus materias. El progreso habido en materia de salud pública desde 1931 en adelante; los convenios internacionales que el país ha suscrito y las recomendaciones internacionales sobre la materia, imponen la urgente necesidad de modificar este Código. Finalmente, quisiera dejar constancia de algo sobre lo cual se ha hecho mucho caudal: que la fuga de profesionales se debe a las malas remuneraciones. Este problema no es de hoy, ni de Chile exclusivamente. Afecta a los profesionales de todos los países, aun de aquellos donde los emolumentos son apreciablemente más altos. Esta fuga de profesionales se realiza hacia centros en los cuales se efectúan las grandes investigaciones y pueden acceder al tecnicismo actual de la medicina. Esta situación es lógica y esa emigración se producirá siempre. Es un problema bastante crítico, y no sólo de ahora. Siempre ha habido pérdida de determinado porcentaje de profesionales, y ésta ha sido más alta en el personal para-médico de enfermeras que en el de médicos. Quiero rebatir la afirmación de que las malas remuneraciones de los médicos sean la causa fundamental del problema. De ser así, éste habría sido más grave antes, porque los sueldos del funcionario médico, en los últimos 20 meses, han mejorado en forma ostensible. A fines de 1964, el médico, con una jornada de 6 horas diarias -tomo como ejemplo al profesional recién recibido-, tenía un sueldo base de 398 escudos mensuales, más una bonificación de 90 escudos, lo cual daba un total de 488. En 1965, el actual Gobierno mejoró esas rentas en forma de que esos 488 escudos se transformaran en 845 escudos, para la misma jornada, lo cual significa un aumento de 73%, contra 38,4% que fue la norma del reajuste general. En este año, la remuneración de 845 escudos se elevó a 1.098 escudos, como sueldo base, a lo que hay que agregar los beneficios previsionales y todas aquellas asignaciones que se calculan sobre el sueldo base. Esto quiere decir que en el año en curso, los médicos, con una jornada de 6 horas, han tenido un reajuste de 29,91% contra 15% establecido como norma general; pero advierto que el recién recibido percibe además otras asignaciones, como es la de 50% para el médico general de zona, que hacen que el mejoramiento, en 18 ó 20 meses de esta Administración, no pueda ser comparable al otorgado en años anteriores. No digo que las actuales remuneraciones sean enteramente satisfactorias; pero, dentro de las condiciones económicas que vivimos, no hay duda de que la elevación de los sueldos de los médicos es substancial y sobrepasa en mucho los reajustes obtenidos por otros sectores. Por eso, si el factor remuneraciones influyera de manera importante en la fuga de profesionales, es evidente que las medidas adoptadas estarían conteniendo el problema en forma progresiva. El señor BARROS.- Señor Presidente, en ausencia del Senador Salvador Allende, presidente de la Comisión de Salud y más autorizado que yo para analizar en profundidad las modificaciones a la ley 15.076 sobre el Estatuto del Médico Funcionario, trataré de interpretar sus puntos de vista, que también fueron los míos en dicha Comisión. Llamo la atención a que, aun antes de iniciar la discusión general del proyecto, el presidente de la Comisión de Salud, Honorable señor Allende, declaró improcedente el artículo 22 de la Cámara, que entregaba al Consejo de Rectores la facultad para determinar los requisitos necesarios para el otorgamiento de los títulos profesionales o técnicos. Primero, por ser materia extraña al proyecto en sí, y segundo, por atentar contra la autonomía universitaria. Nos extrañó sobremanera que esta aberración hubiera sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Los Honorables señores Maurás y Allende y el Senador que habla presentamos indicación para suprimir la disposición. Esa indicación fue aprobada en su oportunidad, pues ya la opinión pública, ante la voz de alarma del Rector de la Universidad de Chile, don Eugenio González, y el estudiantado de las facultades universitarias, se encontraban en estado de alerta. Hacer una evaluación detallada, minuciosa, de las numerosas y exhaustivas sesiones en que hicimos la autopsia del articulado, requeriría en este momento disponer de muchas horas. Tenemos, sí, que lamentar que numerosas y bien fundadas indicaciones que reflejan el sentir de la Federación de Trabajadores de la Salud, y que hicimos nuestras con el Senador señor Allende, debieron ser enviadas al Ejecutivo por implicar mayores gastos. La iniciativa de todas estas modificaciones corresponde al Colegio Módico, y las hizo suyas el Ministerio del ramo, pues es necesario remediar vicios. Es un hecho que hay en Chile una insuficiente atención médica, tanto en la capital, como mayormente en provincias, hasta llegar a villorrios donde fallecen chilenos que ni siquiera recibieron una aspirina, en manos de "meicas", compositores o comadronas, que ante la impotencia o ignorancia, sólo atendieron al desdichado "en junta", con una vela encendida y la imagen del santo milagroso de turno. De todos modos, el milagro no operó. Estudios recientes hechos por profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile -han sido dados a conocer aquí por el señor Ministro- admiten 1 médico por 1.752 habitantes, pues se estiman en Chile 4.861 médicos activos, que atienden una población-enfermo, de un total de 5.369 médicos, entre los cuales hay algunos jubilados, otros que dirigen actividades de medicina social, bioestadística, sanidad ambiental, administración, docencia, etcétera, y que, para las necesidades curativas, no cuentan, naturalmente. Y mientras en Santiago su distribución geográfica es de 11 por 10 mil habitantes, en Chiloé, la estadística de 1964 reveló uno por 10.000 habitantes. A pesar de todo, esta incidencia es bajísima. Consideremos que en la Unión Soviética existe un médico por cada 400 habitantes. Aquí hay 1 por cada 1.752, y en los Estados Unidos, aproximadamente 1 por cada 800. Agreguemos que las Escuelas de Medicina de las Universidades de Chile, Católica, de Concepción y de Valparaíso tienen una matrícula anual total de 355 alumnos, cantidad sumamente exigua para las necesidades médicas de la población. Si las matrículas universitarias continúan el incremento de no más de 10 a 15 alumnos por año, tendremos en 1984 una cantidad ligeramente superior a la actual en la proporcionalidad médico-activo por 10 mil habitantes. Ahora es de 5,71; entonces será de 6,50, en circunstancias de que el ideal en Chile debiera ser de 10 médicos por 10 mil habitantes, vale decir, 1 por 1.000. Como vemos, hay una discordancia total, absoluta, entre la capacidad creadora de profesionales de nuestras Escuelas de Medicina y las necesidades del país. Por otra parte, pensemos en aquellos cerebros de concreto armado que concibieron un armatoste desde que, en 1948, se quemó la vieja Escuela que tantos recuerdos nos trae. La construcción de ese armatoste fue ideada para igual matrícula que la que existía en 1948, fecha del incendio. Ahí está la obra gruesa, costosísima, concebida por los espíritus chatos que no comprenden la evolución del hombre, de sus costumbres e incluso de su patología, como tampoco el hecho de que un edificio "a machote", después de 20 años, no sirve de nada, porque todo tiene que cambiar. ¿Hospitales lujosos? ¿Para qué? Hoy día se impone la construcción liviana, transportable si fuere necesario, para echarla abajo o modificarla fácilmente si las necesidades de adelanto o variaciones de la patología así lo imponen. Pareciera que una misma "cabeza dura" se empeñara en hacer mausoleos como la Escuela de Medicina, el Templo Votivo Nacional, la Escuela Militar, todos ellos edificios caros, fríos y feos. Parece que el último hospital costosísimo será el de Antofagasta, próximo a inaugurarse. Ojalá los señores arquitectos compren anteojos de larga vista, y que los señores médicos de hoy, infinitamente más visionarios que los de antaño, les enseñen a mirar el horizonte en función de la explosión demográfica chilena, denunciada esta tarde aquí por el señor Ministro. Afortunadamente, en lo que concierne a Valparaíso, el plan para la nueva Escuela con aprovechamiento integrado entre el ciclo básico y el ciclo clínico permitirá ir aumentando las matrículas, de 25 alumnos en la actualidad, hasta llegar en 4 años más a un tope de 80 alumnos, lo que permitirá obtener un total de 300 alumnos, un hospital clínico de 240 camas, laboratorios, 2 auditorium, consultorios externos, unidad pediátrica con 140 camas y obstétrica con 120 camas, aparte 100 camas para siquiatría, y salas de seminarios. Naturalmente, las adquisiciones de equipo, solamente para el ciclo básico, requieren de US.$ 1.560.000. Así saldrá el futuro médico porteño, compenetrado de que es preciso valorar al hombre en su triple condición: biológica, síquica y social. Esa ha sido lucha constante de los médicos porteños y del Honorable señor Allende en este hemiciclo. Por eso, protesto aquí contra la intromisión en que ha incurrido la semana pasada la Democracia Cristiana, que sorprendió al editoria-lista de "El Mercurio" de Valparaíso, al sostener que el Diputado señor Santibáñez es el autor del proyecto de aumento de matrícula en la Escuela de Medicina de la Universidad porteña. En verdad, el proyecto fue elaborado por una comisión encargada de estudiar la organización de dicha escuela. Esta comisión emitió recientemente un informe por mandato del Consejo Universitario, según consta en el decreto Nº 20, de 7 de enero de 1965. Integraron la referida comisión encargada de estudiar los pormenores para aumentar la dotación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, hasta los últimos cursos, los doctores señores Enrique Acevedo, profesor de Cirugía; Renato Gazmuri, profesor de Medicina; Bruno Gunther, vicepresidente del Departamento de Ciencias; Jorge Román, director de la Escuela de Medicina, y Jaime Talesnik, director del Departamento de Medicina Experimental. Dicho informe nos fue proporcionado al Honorable señor Allende y a mí por el Decano de la Escuela de Medicina, doctor Amador Neghme. Por los antecedentes que expongo, se concluye que no fue el Diputado señor Santibáñez el autor del proyecto en referencia. Reitero, pues, mi protesta por el hecho mencionado. En este concatenamiento profesional, nos encontramos con que si bien es cierto que el déficit médico es enorme, el de auxiliares, enfermeras y matronas lo es mayor aún. En el Servicio Nacional de Salud, en 1964, para un total de 4.962 cargos médicos, había sólo mil cincuenta y cuatro cargos de enfermeras universitarias. La proporción es casi uno por cinco, debiendo ser por lo menos a la par, esto es, uno por uno. Otro error manifiesto en el Servicio Nacional de Salud es que el 62% de las horas médicas están dispuestas para enfermos hospitalizados, y el 38% destinadas a consultorios externos, cuando debiera ser precisamente al revés, con sentido totalmente inverso. En la casi totalidad de las escuelas médicas sucede que los docentes no tienen dedicación exclusiva; es decir, muchos de ellos ejercen la cátedra entre otras actividades médicas, públicas o privadas, bien o mal remuneradas; mejor dicho, mal remuneradas. Pero acontece que formar personal docente es una obra costosa, paciente y de enorme responsabilidad. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha tomado en sus manos esta ímproba tarea. De ahí que ya el Plan para Valparaíso auspiciado por la comisión encargada del estudio de la organización de la Escuela de Medicina, sea un impulso serio. Se piensa, además, en la futura Escuela de Medicina para Valdivia. De ahí también que el profesor Neghme, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, tenga gran interés, conjuntamente con el director de la Escuela de Graduados, doctor Alberto Donoso, y como lo manifestó también el Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile, Juan Carlos Millán, en el sentido de que los médicos recién egresados y aquellos con menos de tres años de profesión -se rebajan de cinco a tres- que postulan a cargos públicos, serán distribuidos en el país conforme a un plan que elaborará la Comisión de Docencia de la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. Esta comisión fijaría quienes son acreedores a permanecer en concentraciones urbanas superiores a 200.000 habitantes. Yo he firmado, junto con otros Senadores, la indicación de los internos en tal sentido. Es un hecho que hay valores -algunos futuros profesores- que, al ser enviados obligatoriamente a un medio rural por cinco años, añejarán sus conocimientos. Más de alguno concluirá siendo campeón de rayuela o de cacho, o el "partido" para la señorita rica que terminará por aislarlo de la profesión, llenándolo de rorros, a los que ni siquiera sabrá curarles una diarrea . . . El señor FONCEA.- Por suerte, en provincias no son así los médicos. El señor BARROS.- Por suerte, son las excepciones, pero ¿para qué perder un-solo médico, si costó tanto dinero formarlo? Es lamentable que después no ejerza o lo haga de mala gana. El señor FONCEA.- Su Señoría no tiene idea de lo que ocurre en provincias. El señor BARROS.- La tengo, y bastante, porque trabajé en ellas durante años. El señor FONCEA.- En las provincias no sucede lo que el señor Senador sostiene. El señor BARROS.- Los médicos no se pueden formar de la manera insuficiente que pretenden Sus Señorías. En resumidas cuentas, faltan médicos en Chile. . . El señor FONCEA.- Por eso, ahora muere menos gente. El señor BARROS.- Hay insolencias que no se pueden contestar. Como decía, faltan médicos en Chile y se necesitan 8 veces más enfermeras universitarias de las que existen. Por el momento, el señor Ministro ha creído resolver el problema de atención médica a la población mediante la extensión horaria máxima de 6 horas a 8 y más, como la realizan en la actualidad el 30% de los médicos. Pero en este sentido, tanto el Senador Allende como quien habla, nos sumamos a la opinión del Presidente del Colegio Médico, doctor Emilio Villarroel, en el sentido de que una jornada de 8 horas representa una fuerte tensión nerviosa. Es una manera disfrazada de paliar la pésima situación económica del cuerpo médico, y en esto estoy en contradicción con lo expresado por el señor Ministro. A ello se une la escasez de material con que se trabaja en los hospitales: ropa, compresas, material quirúrgico y personal, todo lo cual configura la franciscana pobreza de los hospitales a lo largo de toda la República. Seis horas de trabajo casi continuo, tenso, son más que suficientes para una relativa y eficiente atención. Ocho horas es matar al médico. ¿A qué horas come? ¿A qué horas estudia? ¿Ignoran, acaso, que nuestra profesión requiere un estudio permanente y un estado emocional especial? El señor FONCEA.- Pero el día tiene 24 horas. El señor BARROS.- Antiguamente poseíamos una biblioteca en nuestro propio hogar. Las revistas francesas, cuando el franco se cotizaba a veinte centavos, eran baratas. Ahora, el médico debe acudir a las bibliotecas, igual que los estudiantes pobres; el médico recién recibido tiene inclusive que calcular muchas veces su felicidad y progreso, juntando dos sueldos y hasta contrayendo matrimonio con profesionales o empleadas para acumular una renta pasable. En las calles de Santiago, después de las 7 de la tarde o en horas de colación, como puede haberlo comprobado cualquiera de nosotros, se ven circular autos de arriendo manejados por médicos, quienes se ven obligados a hacerlo así para pagar las cuotas correspondientes a esos vehículos, valor que no alcanzan a cubrir con sus emolumentos de profesional. Si quieren levantar un consultorio, deben asociarse dos o más y arrendarlos por hora a sabiendas de que trabajan a pérdida, dedicando esa hora al estudio y a pagar cuentas. La posición planteada en la prensa por el doctor Gonzalo Corbalán Trumbull es, a todas luces, verídica. Es tal la necesidad, que hay médicos que se "matan" al aceptar 8 y hasta 10 horas en consultorios externos. Un médico que trabaja a desgano y mal remunerado, no podrá atender bien a sus enfermos. Y esta explotación comienza en el internado, donde el "casi médico" es explotado con turnos agotadores, guardias nocturnas o realizadas en días festivos. Los internos ni siquiera pueden disponer de dinero propio para locomoción o cigarrillos. Un joven de 23 a 25 años, o una señorita de esa edad, en esas condiciones, debe, vivir a merced de la mesada del papá o de la mamá. El Honorable señor Allende formuló indicación para que a los internos se les pague una remuneración equivalente a un sueldo vital del departamento de Santiago, a lo que el señor Ministro accedió manifestando que también era suya esa preocupación, lo cual debemos reconocer aquí hidalgamente. En la Comisión, logramos excluir a las comunas de Valparaíso y Concepción en lo que se refiere a médicos con menos de cinco años de profesión que aspiran a cargos en la Administración Pública o en instituciones en que el Fisco tenga participación. Yo habría deseado rebajar a tres años dicho plazo y dar, en este aspecto, intervención a la Comisión de Docencia de la Escuela de Graduados. Esta idea, sustentada por el Decano, doctor Neghme, no properó, por lo cual habré de defenderla nuevamente ante la Comisión. Por el momento, la restricción mencionada se aplicará al Gran Santiago, con excepción del departamento PresidenteAguirre Cerda. Menos mal que salvamos a Valparaíso y, con ello, la posibilidad de plasmar el futuro cuerpo docente de la Escuela Médica porteña. En realidad, existen en Santiago, además, algunas válvulas de escape, tales como la Asistencia Pública, el Hospital Siquiátrico, los hospitales de las Fuerzas Armadas, la Universidad y algunas instituciones particulares que retienen a los profesionales desde que se reciben. En todo caso, pese a la gran voluntad demostrada por los médicos, es difícil, por ejemplo, en provincias, adiestrar especializados en cirugía de urgencia. Hay centros regionales asesorados desde Santiago, como es el de Temuco, adiestrado por el Hospital San Juan de Dios. Lo anterior es debido a que es de capital importancia mantener la seguridad del perfeccionamiento en provincias. De ahí surge, entonces, la necesidad de la formación de médicos generales muy bien preparados, en quienes la especialización se adquiera con años de práctica intensa en el terreno mismo. Otro problema que surgió en el debate habido en la Comisión fue el del éxodo médico, el que consiste en la "exportación" de ese capital cerebral a países tales como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Argelia o, inclusive, a algunos de Latinoamérica. Se hablaba de 40 médicos de la última promoción, que estarían en este caso. Sea o no sea efectiva esta cifra que entregó el Presidente del Colegio Médico, lo cierto es que profesionales chilenos, cuya formación excede en costo los 100 millones de pesos cada uno -vale ello también para ingenieros, arquitectos, agrónomos, enfermeras, etcétera- se alejan de Chile, en busca de horizontes más dignos. La miseria, señores Senadores, alcanza también a los que otrora no la conocieron: los profesionales de cuello y corbata. Y no me estoy refiriendo sólo a los médicos, sino también a otros egresados de la Universidad de Chile. Surgieron tres ideas, compulsivas y humillantes, si se quiere: 1) El profesional de la Universidad de Chile' con menos de diez años de ejercicio que se contrate fuera del país, sin ser becado, pierde su ciudadanía chilena; 2) El profesional de la Universidad de Chile que se contrate fuera del país, no siendo becado, con menos de diez años de ejercicio, reintegrará, en un plazo de cinco años, en moneda extranjera, el valor reajustado de sus estudios universitarios; 3) Todo estudiante de la Universidad de Chile firmará, el primer año de estudios, un contrato mediante el cual se compromete a no ejercer su profesión fuera del país dentro de los diez años siguientes a la obtención de su título profesional. Se hará excepción en el caso de ser becado en el extranjero. Es normal tomar precauciones de esta índole en las Fuerzas Armadas, para evitar que, una vez obtenido el título, el oficial pierda súbitamente la vocación y se dedique a otras actividades. El señor Ministro y el Honorable señor Gumucio quedaron de estudiar, con el Gobierno, la fórmula adecuada a mi proposición, que también, en líneas generales, compartieron los Honorables Senadores Allende y Maurás. De continuar como ahora la situación chilena, muchos profesionales frustrados y desesperados no tienen otro horizonte que emigrar. Con estas medidas, el médico chileno dejaría de ser, en parte, un ave migratoria como la golondrina o la esquiva anchoveta que se va para no volver, o para volver cuando el desastre está producido. Deploramos haber perdido, junto con el Honorable colega Doctor Salvador Allende, nuestra indicación al artículo 10 de la Cámara, que ahora pasa a ser 9, mediante la cual el personal a jornal y a contrata que se desempeñare en un cargo distinto y superior al contratado, se incorporaría a la planta correspondiente "a las funciones que efectivamente está desempeñando en la actualidad". Es ilegal que una persona a jornal desempeñe funciones administrativas superiores sin percibir la remuneración correspondiente. Esto representa una economía a expensas del funcionario o funcionaría explotados. Además, se incluía, por excepción, para los efectos a que me acabo de referir, a los obreros agrícolas del Politécnico de San Bernardo, que son 23 y que no reciben ni casa ni animales. Esto no significaba gasto extra ni se hacía extensivo al resto de los predios del Servicio Nacional de Salud. También perdimos esta indicación. En el artículo 11, ganamos la incorporación del personal que en 1964 abandonó el servicio por calificación insuficiente, ya que tanto el señor Ministro como la Comisión toda estuvieron contestes en cuanto a que el sistema de calificaciones era malo. Por lo demás, se trata de 42 funcionarios, algunos de los cuales trabajan a contrata en el mismo servicio. Fue rechazada la idea de crear una guardería infantil y salas cuna para el personal del área norte de Santiago (Hospitales José Joaquín Aguirre, Roberto del Río y San José, e Instituto del Radium), en donde 80% de los funcionarios son mujeres. Sería esta área el punto de partida para extender el sistema a todo el territorio. Pueda ser que el Ejecutivo considere esta proposición en la consulta que se le envió, porque, como lo he dicho, no fue aceptada por la Comisión. El artículo 15 del proyecto de la Cámara -14 del que propone la Comisión- se aprobó con mi voto contrario y la abstención del Honorable señor Allende, quien en ese momento votaba por el Honorable señor Maurás y a quien no había tenido tiempo de consultar al respecto. En honor a la verdad, debo decir que el Honorable señor Maurás manifestó, posteriormente, ser contrario al artículo. Me parece grave este precepto y desde luego formulo indicación para su rechazo en la segunda discusión, puesto que consiste nada menos que en facultar al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, modifique el DFL. 226, de 1931, o sea para que el Primer Mandatario "fabrique" un nuevo Código Sanitario. Esto se llama, lisa y llanamente, delegación de facultades. Reconocemos que el actual Código, con más de 300 artículos, está más pasado de moda que los catres de bronce; pero que el Presidente de la República, con sus asesores y promotores "ad hoc" lo elabore de nuevo, no podemos tolerarlo. Estimo que, para evitar tal cosa, el Colegio Médico de Chile debe "pararse en dos patas", como vulgarmente se dice, y arremeter, aunque, para suavizar la expresión, entretanto nosotros agregamos que "el Presidente de la República deberá conocer la opinión del Colegio Médico." Logramos, por indicación del Honorable señor Curti y del Senador que habla, excluir la hacienda Canteras de los bienes que el Servicio de Seguro Social deberá vender en la provincia de Bío Bío. Mediante el artículo 23 de la Cámara - que pasa a ser 20, modificado por nosotros- se permitía celebrar convenios entre el Servicio Nacional de Salud y las Facultades de medicina de las Universidades del Estado y las reconocidas por éste, para ejecutar programas de salud. Estos convenios los consideramos, en principio, graves y ambiguos; recordamos que en una época se pensó entregar a la Universidad Católica el control de los Hospitales San Juan de Dios y Barros Luco. Por eso, salvamos la preeminencia del Servicio Nacional de Salud, facultando a su Consejo para que, a propuesta del Director General, acuerde con el Hospital José Joaquín Aguirre, de la Universidad de Chile, la ejecución conjunta de acciones que competen al referido Servicio. Así, don "Juan Segura" -que en este caso es la Comisión de Salud- quedó libre de cualquiera suspicacia. Por cuatro votos contra uno, y poniendo énfasis en lo que el Honorable señor Curti denominó con toda propiedad "el callampismo sanitario", rechazamos el artículo 24 de la Cámara, que permitía al Servicio Nacional de Salud celebrar con juntas de vecinos, centro de madres, etcétera, convenios de asistencia médica a las poblaciones, entregando personal, recursos u otros medios. Eso era, lisa y llanamente, desguarnecer más al Servicio -que sabemos da mala atención- recargarlo inútilmente de trabajo, establecer las más de las veces dualidad de funciones, y levantar una escandalera, pues todo el mundo pediría enfermeras, matronas, etcétera, que se sacarían -conjuntamente con médicos- de la escuálida y raquítica "vaca lechera" que es el Servicio Nacional de Salud. Lamentamos la insistencia del Honorable señor Gumucio -y primitivamente del señor Ministro- respecto de esta limosna que otorgaría el mayor pordiosero: el Servicio Nacional de Salud. Hice mía la indicación de la Diputada señorita Lacoste, que otorga previsión a los farmacéuticos. Mediante el artículo 24, conseguimos renovar el equipo médico del Servicio, pues en repuestos y reparaciones se estaba gastando una fortuna. No obstante esto, seguirán faltando ambulancias. Hicimos justicia a los ex servidores de la Empresa de Pompas Fúnebres y a quienes formaron parte de los Talleres de la Casa Nacional del Niño, con el objeto de que gocen de beneficios que actualmente no les corresponden. Aprobamos la indicación del Senador señor Juliet, mediante la cual se permite a la Universidad de Chile contratar con el Banco del Estado un empréstito por 800.000 escudos, amortizable en 15 años, con 4% de interés, para construir dependencias para la enseñanza, investigación y atención de urgencia en el Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales. Pero fue rechazada nuestra indicación relativa a vacaciones para médicos de la Asistencia Pública. Finalmente, conseguimos fuera aprobada nuestra indicación para descontar por planilla la suma de dos escudos a cada funcionario, una sola vez, para ir en ayuda de las señoras Erna Alvarez de Becerra y María Vargas Fuenzalida, ambas víctimas inocentes de la furia policial, que dejó una viuda y una lisiada. Confesamos que hubiésemos querido darnos el placer de dejar satisfechas las justas aspiraciones de tantos cientos de trabajadores cuyo exponente, Luis Frei-re, nos abrumó con argumentos de calidad en favor de sus dirigidos. Tales aspiraciones implicaban mayor gasto y debieron volver, algunas de ellas, al Ejecutivo. Creemos sinceramente que el Presidente del Colegio Médico, doctor Emilio Villarroel, está con el ciento por ciento de razón al defender la jornada de seis horas. Pero como la necesidad tiene cara de hereje y la excepción confirma la regla, tuvimos que ceder en calificadas ocasiones. Las posiciones del Decano de la Facultad de Medicina, doctor Amador Negh-me; del Director de la Escuela de Graduados, doctor Alberto Donoso, y del Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, Juan Carlos Millán, fueron precisas, contundentes y de gran ayuda para nuestra propia posición. Los señores Llanos y Guzmán, en representación de los empleados técnicos auxiliares en Radiología y Fisioterapia, también colaboraron en forma digna. El equipo del Gobierno, dirigido por el Ministro y profesor señor Valdivieso - aún cuando discrepamos con él en algunas ponencias- desde su posición supo aceptar, a veces, algunos de nuestros planteamientos adversos a los suyos. Deploramos la ausencia del Honorable señor Allende, y esperamos el segundo informe para tratar de mejorar más aún este proyecto. He dicho. El señor CONTRERAS LABARCA.- Señor Presidente, el señor Ministro de Salud Pública nos ha dado a conocer, hace pocos minutos, los fundamentos del proyecto de ley en discusión, relativo a modificaciones recaídas en las leyes sobre el Estatuto del Médico Funcionario, el Colegio Médico de Chile y el Servicio de Seguro Social. El señor Ministro nos ha informado que esta iniciativa no tiende a introducir cambios trascendentales en la legislación asistencial de nuestro país, sino que tiene por objeto solucionar sólo algunos problemas urgentes, para poder otorgar una adecuada atención médica a la población. Sin embargo, hay problemas tan importantes, tan urgentes para entregar una conveniente atención médica al pueblo -como son por ejemplo la necesidad de una legislación nacional relacionada con la producción y fabricación de medicamentos, el impostergable requerimiento de aumentar el número de policlínicas, la adopción de medidas que tengan por objeto evitar el éxodo de profesionales, y otros tan importantes como éstos- respecto de los cuales el proyecto no presenta ninguna solución ni cambio de verdad, en momentos en que la Democracia Cristiana y su Gobierno hablan de procesos revolucionarios. En consecuencia, pues no abarca aspectos como los señalados u otros, sólo tiene alcances muy limitados que no miran al fondo de las cuestiones esenciales concernientes a dotar al país de servicios eficientes de protección, fomento y recuperación de la salud pública. Algunas de sus disposiciones son útiles y convenientes, y las apoyaremos; pero contiene otras que perjudican al Servicio Nacional de Salud y lesionan los derechos y aspiraciones del personal, que rechazaremos. No obstante el ámbito tan limitado y fragmentario del proyecto, queremos dejar constancia, en esta oportunidad, de la actitud de los Senadores comunistas respecto de algunos de los principios que deben informar, a nuestro juicio, el cuidado de la salud de la población. La protección de la salud debe ser social. En primer lugar, a nuestro juicio, debe ser esta función eminentemente social y estar en manos del Estado. Naturalmente, la materialización más perfeccionada y plena de tal concepto se da en el socialismo, ya que en ese régimen, humanista por esencia, adquiere primerísima importancia todo lo que atañe a la salud del pueblo, sin las trabas de un régimen de explotación y opresión como es el capitalismo. Esto no significa, ciertamente, que en los países capitalistas la medicina social no haya hecho progresos. Tampoco importa negar que nuevos avances pueden producirse en el porvenir, impulsados por conquistas de la ciencia y la técnica y por la acción de los pueblos. También en Chile se han producido adelantos de gran trascendencia, como resultado de una vasta y vigorosa lucha de muchos años de los profesionales y especialistas en medicina y del movimiento popular en su conjunto. Por su parte, el Partido Comunista se ha preocupado siempre, con preferencia, de los problemas de la salud. La dictación de la ley Nº 10.383, de 1952, que creó el Servicio Nacional de Salud, es buena prueba de ello, a pesar de sus deficiencias e imperfecciones, pues mediante la unificación de los servicios que le dieron base y la suma de esfuerzos y recursos, permitió extender sus beneficios a cerca del 70% de la población. Sin embargo, debemos reconocer que tiene base el descontento de vastos sectores de la población respecto de la labor del Servicio Nacional de Salud, motivado por la escasez del personal y sus bajas remuneraciones, las malas condiciones materiales en que se prestan los servicios (falta de equipos e instrumental, escasez de hospitales, postas, etcétera), la deficiente alimentación que se proporciona a los enfermos, el burocratismo, etcétera, todo lo cual debe ser corregido y mejorado prontamente. Pero no podemos compartir los ataques que los reaccionarios dirigen contra la justa idea de un servicio nacional único de protección, fomento y recuperación de la salud, y que constituye la tendencia predominante en muchos países, con el objeto de comprimirla a la atención de "los pobres", de los indigentes, y a sustituirla por la caridad, generalmente con fines confesionales, y la acción privada, con objetivos comerciales. Asimismo, en lo que respecta al ejercicio de la profesión médica, podemos decir que ha conocido una evolución, desde la modalidad clásica, tradicional, del ejercicio liberal, hasta el sistema institucionalizado de carácter predominantemente estatal, en que el médico se integra en un sistema planificado y aplicado por el Estado a través de organismos autónomos o semiautónomos. Pero también en este aspecto se advierte en nuestro país un marcado retroceso, que entraña grave peligro para la nación. Defensa del ser humano. En segundo lugar, sostenemos que una auténtica medicina social se justifica no sólo por la aspiración legítima de los trabajadores a mayor seguridad y mejores condiciones de vida, porque, en nuestra época, es una necesidad objetiva para el conjunto de la sociedad. La mayor riqueza de un país son sus trabajadores y, por eso, la seguridad y la salud de éstos y de su familia corresponden a su interés, comprendido el más inmediato. En el régimen capitalista se deteriora y despilfarra la fuerza del trabajo. Con toda razón, Carlos Marx ha dicho que "el capitalismo usurpa el tiempo que exigen el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo del ser humano en buena salud. Roba el tiempo que debería ser empleado en respirar el aire libre y gozar de la luz del sol. Escatima el tiempo de reposo y lo incorpora, cada vez que puede, al proceso mismo de la producción, de manera que el trabajador, reducido al papel de simple instrumento, se alimenta como se abastece de carbón la caldera o de aceite la máquina. Reduce el tiempo de sueño, destinado a renovar y reponer la fuerza vital, al mínimo de horas, sin el cual el organismo agotado no podría seguir funcionando". Los esfuerzos que las naciones emplean en la lucha contra la enfermedad y todos los riesgos, para la protección de la familia, la infancia y la juventud, no son gastos que graven la economía nacional; constituyen, al contrario, una inversión indispensable, pues condicionan la existencia y desarrollo de una población activa sana, que disponga de plena integridad física, moral y social, factor de primer orden de un auténtico progreso nacional. Por lo tanto, una protección real del hombre debe comprender no sólo la medicina curativa, una vez producida la enfermedad, sino sobre todo la preventiva, destinada a impedir en cuanto sea posible la explosión de procesos mórbidos. En sentido amplio, la prevención de las enfermedades, el mantenimiento de la salud, supera en mucho el cuadro médico propiamente dicho, pues comporta la garantía de condiciones de vida, trabajo, alimentación, vivienda, horarios y ritmo de la actividad profesional, educación, descanso y otras, correspondientes a las normas de nuestra época y de nuestra civilización. Desde el punto de vista médico, se puede afirmar que la prevención ha permitido la disminución considerable de las enfermedades infecciosas, por las vacunas; la disminución de la mortalidad infantil, gracias a la higiene y educación sanitaria; el diagnóstico precoz y el tratamiento rápido, merced a los exámenes de salud, a la medicina del trabajo, escolar, etcétera. Salud y desarrollo económico. En tercer lugar, debemos subrayar que el nivel de salud de la población es, a la vez, consecuencia y origen de una serie de hechos económico-sociales y, por lo tanto, uno de los factores más importantes del desarrollo económico de un país. Sin embargo, es preciso decir que está en el centro de la contradicción fundamental entre la prioridad de las necesidades del ser humano y la prioridad de los privilegios y garantías de los monopolios nacionales y extranjeros. Ante este conflicto, generalmente se sacrifica la salud del pueblo. Los recursos del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, mezquinos e insuficientes, no alcanzan para satisfacer las necesidades más premiosas que impone a la sociedad la protección de la salud de los trabajadores y de sus familias, y este desfinanciamiento agrava la situación de los enfermos y del personal. Los gastos que demanda el cuidado de la salud crecen rápidamente como consecuencia de las nuevas condiciones de la vida social y comprenden lo que se denomina el consumo o gasto médico: hospitalización, farmacia, gastos quirúrgicos, honorarios médicos y dentales y otros. Un estudio muy interesante, titulado "El gasto médico en Chile" y publicado recientemente por los doctores Salvador Díaz, Carlos Montoya y Mario Vera, permite conocer el estado de la salud en el país y, en particular, el costo médico que tenemos en este momento. De este documento, me permito extraer algunas ideas que considero esenciales, en los instantes en que empezamos la discusión general del proyecto sobre reforma del Estatuto Médico Funcionario. Esos distinguidos profesionales afirman que "el gasto médico en el sector público, que en 1954 significó el 61 % del gasto nacional, ha descendido a 47%, y el gasto del sector privado ha subido de 39% a 53%, en 1959. Y desde entonces hasta 1963, la baja del sector público llega a 43%. Desde 1956 a 1963, casi no existe crecimiento del gasto público "per cápita". "El gasto por habitante al año del sector público es de un promedio de Eº 19, con tendencia a declinar durante el decenio 1954-63, y el gasto por habitante al año del sector privado ha subido de Eº 10,4 en 1954, a Eº 23,4 en 1963, en escudos estables. Este último no incluye el gasto de farmacia. Agregan que, "paralelamente, en el mismo decenio, la medicina pública, sin aumentar el gasto por habitante, ha incrementado sus prestaciones en forma muy acentuada. En efecto, el número de egresos hospitalarios ha subido, de 417.684 en 1954, a 666.781 en 1962; el número de partos atendidos en establecimientos del Servicio Nacional de Salud, de 110 mil en 1958, a 142 mil en 1962, y más de 51 mil egresos por abortos. El número de consultas médicas se elevó, de 5.478.863 en 1954, a 7.276.497 en 1963. Y las cantidades de leche en polvo repartidas llegan a cerca de ocho millones de kilos. "En consecuencia, la medicina pública ha afrontado las necesidades de la población del país en forma creciente, con un gasto por habitante estacionario y con una participación en el gasto médico nacional descendente" Condiciones inhumanas de vida. Ante tales antecedentes, no es extraño entonces que nuestro país presente un cuadro dramático desde el punto de vista de la salud de la población, que podría tal vez condensarse en los siguientes puntos: 1.- Alto índice de natalidad (32,9 por mil), pero elevado porcentaje de mortalidad infantil (99,8 por mil). 2.- Alto índice de mortalidad general (10,6 por mil). El promedio de vida es de 55 años. 3.- Bajo nivel de años de capacidad productiva: de 15 a 50 años. Estos índices reflejan las brutales condiciones de vida, de trabajo, de salud, de cultura, de una población que es víctima de un régimen económico-social inicuo. No deseamos agobiar al Senado con otras cifras e informaciones estadísticas, ni presentar comparaciones con otros países que podrían motivar controversias. Sin embargo, sería útil presentar el contraste que existe entre los países de bajo desarrollo económico y los países más altamente evolucionados. No pretendemos, por cierto, idealizar la situación de los trabajadores en esos países, pues ellos también son víctimas de la miseria, la cesantía y la explotación. Quisiéramos que a este respecto se nos permitiera traducir tales informaciones en palabras sencillas y corrientes: en los países capitalistas industrializados nacen menos, mueren menos, viven más y producen más, en tanto que en Chile, como en todo país subdesarrollado, nacen más, mueren más, viven menos y producen menos. Desviación de la profesión médica. Paso ahora a referirme a la profesión médica. Estamos en presencia de una desviación notoria de la profesión médica hacia el ejercicio liberal individualistamente desempeñado, derivada principalmente de la política que se ha venido aplicando a los médicos: de exiguas remuneraciones y de extensión de las horas de trabajo. Ello ha significado un éxodo de profesionales en aumento y la constitución de establecimientos particulares que a veces constituyen verdaderas empresas comerciales de venta de servicios médicos. Debemos tener presente que el mismo trabajo de los doctores Díaz, Montoya y Vera señala que, en lo referente al personal médico y de enfermería, nuestra realidad denota un agudo déficit. Necesitamos un médico por cada mil habitantes, es decir 9 mil por lo menos en nuestro país. Pero sólo tenemos un facultativo por cada 1.600 habitantes. En 1964, trabajaban en el Servicio Nacional de Salud 4.861. El déficit de enfermeras es aún mayor. En ese mismo año, el número de estas profesionales que laboraban en el Servicio era de sólo 2.633. Pensamos que el problema derivado de la emigración de nuestros profesionales por falta de adecuadas perspectivas económicas, debería enfrentarse sin dilación. Ello está agravando el déficit de médicos del país. En nueve años, de acuerdo con el informe de nuestro ex Embajador en Estados Unidos, señor Sergio Gutiérrez Olivos, a la OEA, hemos perdido 278 médicos, que se establecieron en aquel país. En el campo de la enfermería, donde también el déficit es grave, se da asimismo el fenómeno de la emigración de profesionales formadas por universidades chilenas, a Estados Unidos y otros países. Debemos reconocer que las bajas remuneraciones que el Gobierno se empecina en mantener, obligan a los médicos a buscar el ejercicio liberal de la medicina, enfrentados a la realidad en que no pueden vivir de acuerdo con las exigencias mínimas de la profesión en esta sociedad. Se ven forzados a preocuparse del trabajo que les proporciona ingresos particulares. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción? El señor CONTRERAS LABARCA.- Me restan sólo cinco minutos, señor Senador. El señor GUMUCIO.- ¿No sería posible prorrogar la hora hasta agotar la discusión, a fin de no dejar este asunto para la próxima semana? El señor CONTRERAS LABARCA.- No sé si hay otros señores Senadores inscritos. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Está inscrito el Honorable señor Gumucio. El señor GUMUCIO.- Yo renuncio a mi derecho si ello favorece la aprobación general del proyecto. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Conviene formular algunas observaciones de orden general a la forma como estamos debatiendo. Hay muchas cosas en desacuerdo con los preceptos constitucionales. Los Senadores debemos tener oportunidad por lo menos de fundar el voto. Por eso, despacharlo en la forma propuesta, no me parece correcto. El señor CONTRERAS LABARCA.- Estamos de acuerdo en que se prorrogue la sesión hasta que intervengan todos los señores Senadores, pues no queremos privar a nadie del derecho a participar en este debate. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Existe acuerdo de Comités en el sentido de despachar, en los últimos cinco minutos del Orden del Día, el proyecto relativo a la amnistía, y, a continuación, pasar al homenaje. Por lo tanto, no es posible prorrogar la hora. El señor FONCEA.- Mañana lo podemos votar en general. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Exacto, señor Senador. Puede continuar el Honorable señor Contreras Labarca. El señor CONTRERAS LABARCA.- Si la discusión queda pendiente para la sesión de mañana, podría suspender mis observaciones en este momento, a fin de que nos refiramos a otra materia. En tal caso, terminaría mi exposición, en muy, pocos minutos, en esa oportunidad. El señor PRADO.- ¿Queda mucho para que finalice su discurso, señor Senador? El señor CONTRERAS LABARCA.- No, Honorable colega. El señor FONCEA.- Termine hoy, señor Senador. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de cinco minutos. El señor CONTRERAS LABARCA.- En ese lapso no alcanzo a terminar mis observaciones. El señor RODRIGUEZ.- El señor Senador puede quedar con el uso de la palabra para la sesión de mañana. El señor GARCIA (Vicepresidente).- El Honorable señor Contreras Labarca podrá usar de la palabra, en primer lugar, en la próxima sesión.
MODIFICACION DE LA LEY 15.076, SOBRE ESTATUTO DEL MEDICO FUNCIONARIO.