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El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Continúa la discusión de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Salud Pública recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario.
Tiene la palabra el Honorable señor Contreras Labarca.
-El proyecto figura en los Anexos de la sesión 107ª, en 10 de mayo de 1966, documento Nº 2, página 7038 y los informes, en los de la sesión 10ª, en 16 de junio de 1966, documentos Nºs. 2 y 3, páginas 825 y 862.
El señor CONTRERAS LABARCA.-
Al término de la sesión de ayer, me refería a la situación en que se encuentran los médicos y a sus bajas remuneraciones lo cual los obliga a buscar el ejercicio liberal de la profesión. Enfrentados a una realidad que no les permite vivir de acuerdo con las exigencias mínimas de la profesión en esta sociedad, se ven forzados a preocuparse más del trabajo que les procura entradas particulares. De este modo, el tiempo que debía ser ocupado en el necesario descanso y en el perfeccionamiento técnico, ambas condiciones de desempeño óptimo, pasa a ser destinado a la clientela privada.
Precisamente, en este grave asunto -la exigua remuneración que perciben los médicos, tanto del Servicio Nacional de Salud como de todo el sector público-, debe buscarse la causa de fondo del diferendo planteado entre el Colegio Médico y las cajas de previsión, a propósito de la vigencia del rol de honorarios.
Extensión horaria.
Por otra parte, estimamos que no se puede generalizar el recurso de la extensión horaria, como lo plantea el proyecto. Esa medida, en el plano de los consultorios periféricos, resulta del todo contraproducente para la calidad de la atención y, por supuesto, perjudicial para la salud del médico, dada la intensidad del esfuerzo que requiere su trabajo y las malas condiciones en que generalmente lo desempeña, siempre presionado por el factor tiempo y por el gran número de personas que lo consultan.
Tampoco es justo extender la jornada de los auxiliares de radiología y fisioterapia, ya que la concesión de un horario de 6 horas establecido por la ley Nº 15.737 se basó en razones de riesgo objetivo. Ni siquiera a título de horas extraordinarias y voluntarias sería admisible tal ampliación.
En cuanto al requisito de ejercer la profesión médica fuera de Santiago durante determinado lapso para poder obtener una designación en la capital, la exigencia de cinco años, en nuestra opinión, es exagerada. Tres años de trabajo en provincia es tiempo suficiente para otorgar atención médica a vastas regiones del país durante cierto período, al término del cual se volvería al régimen actual.
Con relación al régimen excepcional propuesto sobre el particular para el departamento Pedro Aguirre Cerda, declaramos estar de acuerdo, pero, a nuestro juicio,, debe otorgarse tratamiento similar a otras comunas o sectores del Gran Santiago. Con tal objeto, debería realizarse" un estudio serio de las necesidades de las comunas populares más densamente pobladas, a fin de impulsar un régimen especial.
Otros problemas.
Asimismo, deseamos referirnos a las modificaciones relacionadas con la generación de las autoridades del Colegio Médico. Estimamos excesivo el requisito de 10 años de ejercicio de la profesión para optar a un cargo de consejero general de esa entidad, y de cinco para los consejeros regionales. Tales plazos, sumados a la edad normal de un profesional recién egresado, significan en la práctica una exigencia mayor que la establecida por la Constitución para los cargos de representación popular.
El informe de la Comisión de Salud Pública deja constancia de que escuchó a numerosas personas: funcionarios y, particularmente, al presidente del Colegio Médico, doctor Villarroel, y a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
Estamos de acuerdo con lo manifestado por el presidente del Colegio Médico en la Comisión de Salud Pública, en lo relativo a los concursos. Los cargos, a nuestro entender, deben ser ocupados de acuerdo con normas reglamentarias y legales que den garantía a los legítimos derechos de todos.
Nos parece justo defender el principio de compatibilidad entre cualquier función pública y la docencia. Igualmente, somos partidarios de restituir el artículo 9º, ampliándolo a todos los Servicios de Salud.
En lo tocante a las peticiones formuladas por la Federación de Trabajadores de la Salud, apoyaremos las tendientes a establecer que ningún funcionario del Servicio pueda percibir una remuneración inferior a un sueldo vital; a computar el tiempo trabajado en calidad de contratado, y conceder un cuarto de quinquenio a los funcionarios con veinte o más años de servicios y que no hayan sido ascendidos. Otras peticiones, de plena justicia, como las anteriores, deberán ser acogidas por las autoridades ante las cuales se ha acudido reiteradas veces.
Costo de los medicamentos.
Paso ahora, señor Presidente, a referirme a los problemas relativos a los medicamentos.
Uno de los factores más importantes en el costo y calidad de la atención de la salud lo constituyen los productos farmacéuticos. De acuerdo con los datos proporcionados por el señor Ministro de Salud Pública en la Comisión respectiva del Senado, en julio de 1965, los gastos de farmacia en Chile representaban 18% del gasto médico total.
La fabricación de medicamentos en nuestro país, no es el resultado de la investigación científica o la elaboración de materias primas nacionales, sino un negocio muy lucrativo, en virtud del cual amasan grandes utilidades quienes controlan la cincuentena de laboratorios instalados en Chile. No más de 25 de ellos, filiales o agencias de empresas monopolistas foráneas, realizan el grueso de la fabricación de productos farmacéuticos, de elaboración sobre la base de materia prima importada en bruto o semielaborada, y de envase y venta de otros que se importan preparados.
Otro de los factores que aumentan el caos existente en materia farmacéutica es la diferencia de precios entre productos de igual fórmula y acción terapéutica, situación que ha sido denunciada por nosotros en diversas oportunidades. El ácido acetilsalicílico con almidón se presenta como Aspirina, de Bayer; Dcminal, del Laboratorio Chile (que dispone de recursos fiscales); Cafrenal, de Recalcine; Mejo-ral, etcétera. La vitamina C es expedida por Bayer, Benguerel, Sanitas y Laboratorio Chile, y la tetraciclina, por Benguerel, Pfizer, Recalcine y Lederle.
Ahora bien, la costosa propaganda que se hace a elementos de igual contenido y eficacia mediante avisos de radio, revistas y diarios, lujosos folletos, etcétera, es pagada por el consumidor, por el enfermo y su familia.
¿Cuál es el criterio del Gobierno al respecto? En la ya mencionada exposición del Ministro del ramo, hace casi un año, se afirmaba que "una política dirigida a corregir estos factores de encarecimiento, permitirá una considerable economía en el gasto de farmacia, que en este momento tiene una participación porcentual demasiado alta en el gasto de salud". Y agregaba, en seguida: "Para esto se propone la racionalización del empleo de medicamentos, la creación de una Corporación de Abastecimiento de los mismos y, finalmente, el establecimiento de un sistema de control de la calidad de los medicamentos."
Entre las medidas tendientes a conseguir el primer objetivo, estaba la confección de un formulario nacional "stan-tard", para satisfacer las necesidades del sector público. Y en la elaboración de los medicamentos y drogas de ese formulario participaría la Corporación de Abastecimiento, a la cual se incorporarían el Instituto Bacteriológico, el Laboratorio Chile y los laboratorios particulares. La Central de Compras de la Corporación proporcionaría al Laboratorio Chile y las industrias privadas, drogas a granel para la elaboración. Se tomarían medidas para evitar encarecimientos excesivos en los productos incluidos en el formulario, los cuales quedarían al margen de los gastos de propaganda que corrientemente se cargan a los costos.
¿Hasta qué punto se están materializando estas ideas y hasta qué grado el consumidor, la gente común y corriente, modesta en su inmensa mayoría, puede advertir un cambio importante en materia de costo de farmacia? A pesar de que en la elaboración de los medicamentos del formulario nacional se daría entrada a los laboratorios particulares, hay elementos positivos en el planteamiento a que nos referimos, medidas que no deben postergarse, aun cuando la solución más eficaz sería el establecimiento del monopolio del Estado en la importación de medicamentos y la nacionalización de la gran industria farmacéutica.
A propósito de este problema, es conveniente sugerir al Colegio Médico que instruya a sus asociados para eliminar de sus recetarios los medicamentos que, teniendo similares nacionales, son más caros y gravan innecesariamente el presupuesto de las familias.
Como en este momento el Senado aborda tan solo el examen general del proyecto en debate, en nuestra intervención hemos expuesto únicamente la posición de nuestro partido en esta materia y comentado algunas medidas relativas al funcionamiento del Servicio Nacional de Salud y, en general, a las acciones de defensa, fomento y recuperación de la salud por parte de los servicios del Estado.
Homenaje a los médicos.
Nos reservamos para la discusión particular el derecho de presentar diversas indicaciones y referirnos a ciertos puntos concretos que plantea el proyecto en debate.
No obstante, no puedo terminar mis palabras sin rendir sentido homenaje al personal médico, paramédico interno y de servicio, que trabaja en condiciones extraordinariamente penosas, abandonado, en el hecho, de la atención preferente que el Estado debe otorgarles por razones perfectamente comprensibles. Somos testigos de los esfuerzos, sacrificios y abnegación de estos funcionarios. Al visitar los hospitales y diversos establecimientos de salud de las provincias que represento, llama la atención que, no: obstante las condiciones tan difíciles a que me he referido, esos trabajadores cumplen sus funciones con gran sentido social y patriótico.
Esperamos que estas palabras hagan comprender al Ejecutivo su deber esencial de atender a las demandas muy justificadas de estos personales y, con ello, asegurar al país servicios cada día más eficientes.
Por lo expuesto; los Senadores comunistas votaremos favorablemente, en general, el proyecto en debate.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mauras.
El señor MAURAS.-
Señor Presidente, con motivo de la ausencia del país del Honorable señor Ahumada, me correspondió reemplazarlo en la Comisión de Salud Pública.
Los Senadores radicales también apoyaremos en general esta iniciativa, cuyo objeto es modificar las leyes Nºs. 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario, 9.263, orgánica del Colegio Médico de Chile , y N° 10.383, que creó los Servicios de Seguro Social y Nacional de Salud.
No se trata, pues, de una iniciativa destinada a aumentar rentas o introducir cambios fundamentales en la legislación médico-asistencial. Sólo tiene por objeto resolver algunos problemas derivados de la insuficiencia de las prestaciones médicas y paramédicas, debida al aumento de la población y al déficit de profesionales en Chile.
Las enmiendas que se introducen a la ley que creó el Colegio Médico de Chile, sólo tienen por objeto perfeccionar o reaetualizar sus disposiciones. Casi todas las contenidas en esta iniciativa consideran las sugerencias planteadas por los organismos respectivos.
Respecto de la insuficiente cantidad de médicos, en el curso de los interesantes debates habidos en la Comisión quedaron de manifiesto los rasgos o perfiles esenciales del problema. En Chile se gradúan anualmente alrededor de 230 alumnos de la Escuela de Medicina. De esos profesionales, más o menos 10% sale al exterior en busca de mejores rentas y de perfeccionamiento.
En la Comisión de Salud se planteó la necesidad de crear algún sistema para impedir que los alumnos, cuya educación significa elevado costo para el Estado, una vez recibidos, emigren y apliquen en el extranjero los conocimientos adquiridos en el país.
Se dio cuenta, asimismo, de que en Chile hay un médico por cada 1.600 habitantes. Con relación a este asunto, se consideró necesario modificar la disposición que exige determinado número de años de ejercicio de la profesión en provincias para que el médico pueda ser nombrado en cargos públicos en Santiago, Valparaíso y Concepción. En la actualidad, se le exigen cinco años de trabajo profesional en provincias para tener la posibilidad de trasladarse a estos centros de mayor cultura y de perfeccionamiento médico. Por tal razón, el plazo exigido se reduce a tres años para la provincia de Santiago. Se excluye de tal exigencia, en forma específica el departamento Pedro Aguirre Cerda, en atención a la densidad de su población.
Por otra parte, se discutió la conveniencia de otorgar alguna renta fiscal a los alumnos egresados, en razón de que ellos, en la práctica, están ejerciendo la profesión en los hospitales donde hacen su internado. La mayoría de los miembros de la Comisión concordó en patrocinar un sistema que permitiera conceder a esos alumnos la renta mensual de un sueldo vital. Pero el señor Ministro nos informó que ese asunto ya estaba en vías de solución y que había conversado sobre el particular con el Ministro de Hacienda. Asimismo, se sugirió la conveniencia de que los cursos de especialización fueran más breves.
En lo relativo a las extensiones horarias, se hizo presente la inconveniencia de modificar por ahora la jornada de trabajo médico de seis horas, en atención a la naturaleza misma de esas funciones. Se estimó preferible mantener una jornada diaria de seis horas racionalmente remuneradas, con lo cual se obtendrán mejores resultados en cuanto a la atención.
El artículo 1° del proyecto, que introduce modificaciones al Estatuto del Médico Funcionario, fue objeto de diversas enmiendas.
La unanimidad de la Comisión acordó reemplazar la letra a) por otra, en virtud de la cual el concurso a que debe llamarse para proveer los cargos de profesionales funcionarios, debe ser amplio,-abierto a todo concursante, o bien, interno, limitado al servicio de que se trate.
En seguida, con los votos favorables de los Honorables señores Allende, Barros y del Senador que habla, se acordó condonar a los trabajadores del hospital del Salvador ocho días no trabajados durante el año 1964 con motivo de la huelga declarada por esos servidores, ello en razón de que el conflicto tuvo origen en cuestiones económicas muy justificadas y, en consecuencia, no resultaba justo castigarlos.
Por indicación de los Honorables señores Allende y Barros, con mi voto favorable, se agregó un inciso por el cual se hace extensiva la condonación a todos los trabajadores de la salud que hayan realizado paros gremiales entre el 1° de enero de 1964 y el 15 de mayo de 1966.
El artículo 9° del proyecto despachado por la Cámara fue rechazado por unanimidad. Dicho precepto declaraba que los cargos de los profesionales universitarios que presten servicio en el Ministerio de Salud Pública no estarán afectos a ninguna clase de incompatibilidades de funciones, remuneraciones ni de horarios cuando sean desempeñados por profesores universitarios. El señor Ministro del ramo, presente en casi todas las sesiones de la Comisión, y el señor Subsecretario explicaron que la disposición tenía por objeto designar a algunos funcionarios en la Subsecretaría de Salud. Los miembros de la Comisión estimamos inconveniente el sistema. Sin embargo, los Honorables señores Allende, Barros, Curtí y el Senador que habla sugerimos estudiar un proyecto que determinara derechamente la planta de esa Secretaría de Estado, con el objeto de no hacer acomodos que no se prestan para una buena administración del Ministerio de Salud.
El artículo 15, considerado de mucha trascendencia, faculta al Presidente de la República para modificar, dentro del plazo de un año, el Código Sanitario, que data de 1931. Fue aprobado con los votos favorables de los Honorables señores Curtí y Gumucio, la oposición del Honorable señor Barros y la abstención del Honorable señor Allende. Este último, no obstante tener mi voto en ese momento, no usó de él porque no me había consultado. De haber concurrido a la Comisión, yo habría votado negativamente, pues se trata de otorgar una facultad para modificar códigos o leyes. Doy esta explicación aun cuando el Honorable señor Barros tuvo la gentileza de referirse al tema y aclarar la posición adoptada en esa oportunidad por el Senador radical que habla.
El artículo 20, uno de los más importantes, en mi concepto, y al cual ya varios señores Senadores se han referido por tener un criterio común respecto del problema, fue rechazado por tres votos contra dos. Por él se facultaba al director general de Salud para designar profesionales funcionarios, mediante comisiones de servicios, en cargos cuyos titulares no se encuentren sirviéndolos, sin aplicarles en tales casos el artículo 147 del D.F.L. 338. Vale decir, la comisión podría durar más de seis meses y renovarse aun cuando no haya transcurrido un año. Basamos nuestro rechazo de ese precepto en que en muchas ocasiones podrían producirse atropellos o arbitrariedades, que es aconsejable evitar.
El artículo 22 del proyecto de la Cámara otorgaba al Consejo de Rectores la facultad de determinar los requisitos necesarios para el otorgamiento de los títulos profesionales y técnicos. Tal precepto, sin duda alguna, afectaba a la autonomía universitaria. Por tal razón fue rechazado con los votos contrarios de los Honorables señores Allende y Barros y el del Senador que habla.
Considero inoficioso referirse en esta Sala a lo que significa la autonomía universitaria y al convencimiento que los Senadores de estas bancas tenemos -me parece que es el criterio de la mayoría de los parlamentarios- de la utilidad para el país y el desarrollo de la vida cultural chilena, de mantener íntegro ese principio. Por otra parte, el Consejo Universitario es un organismo creado precisamente para dirigir la vida de las universidades, y no para destruirla. Por estas consideraciones, también el Senado debe rechazar la disposición en referencia.
El artículo 23 autorizaba al Servicio Nacional de Salud para convenir, con las Facultades de Medicina de las Universidades del Estado o reconocidas por éste, la ejecución conjunta de programas de salud en sectores territoriales determinados. La Comisión reemplazó el precepto por otro, por estimar que podría dar motivo a las universidades particulares, como la Católica o la ele Concepción, para realizar esos convenios y pedir que se les proporcione, por ejemplo, el local de la Asistencia Pública. Lo reemplazamos por un precepto que limita la facultad de convenir sólo con el Hospital José Joaquín Aguirre.
Por otra parte, estimamos que el artículo 24, que faculta al Servicio Nacional de Salud para celebrar convenios aun con organismos que no sean personas jurídicas, con el objeto de proporcionar atención médica a las poblaciones, podría tener intención política y perjudicar esa atención. En efecto, sería posible concertar acuerdos con una serie de organismos de los cuales hoy se habla, como centros de madres, etcétera, y que no están en condiciones de realizar en forma adecuada tal labor. Además, el propio presidente del Colegio Médico estimó que si el Servicio Nacional de Salud proporciona en la actualidad atención médica deficiente, en el caso de realizarse tales convenios, esas prestaciones serían pésimas o nulas.
La Comisión aprobó una indicación de los Honorables señores Allende, Barros y Juliet por medio de la cual se autoriza a la Universidad de Chile para contratar un empréstito con el Banco del Estado hasta la suma de 800 mil escudos, para atender las necesidades del Instituto de Neurocirugía e Investigaciones Cerebrales. La Comisión de Hacienda le introdujo pequeñas modificaciones, en lo relativo a plazos y porcentajes.
En cuanto a la compatibilidad de las rentas de jubilación con el sueldo, se suscitó una interesante discusión. La letra i), que suprime el inciso segundo del artículo 20 de la ley 15.076, fue aprobada por unanimidad. Tal inciso declaraba compatible la jubilación con el sueldo que percibieren los profesionales funcionarios mayores de 60 años de edad. En la actualidad, la mayoría de los médicos de más de 60 años de edad, ganan fácilmente los concursos, pues cuentan con antecedentes copiosos en el ejercicio de la profesión. Por ello, impiden ocupar esos cargos a los profesionales más jóvenes, quienes poseen pleno derecho para ello.
Estos fueron los puntos básicos de la discusión; sin embargo, durante el debate me llamó poderosamente la atención un hecho que reviste gravedad no sólo en Chile: la medianía económica en que se debaten los médicos chilenos, problema expuesto por el presidente del Colegio Médico, quien impetró dramáticamente el apoyo de los poderes públicos y, en especial del Senado, para solucionarlo. En caso contrario -dijo-, tarde o temprano el número de muchachos que desean seguir la carrera de Medicina en Chile irá disminuyendo. Dicho profesional hizo una afirmación que me produjo profunda inquietud: no obstante que en su familia habían muchos médicos, él no permitiría que su hijo lo fuere, pues el ejercicio de esa profesión significa una vida plena de angustias y sobresaltos, sin recompensa adecuada.
Por lo tanto, junto con despachar el proyecto, los Senadores debemos preocuparnos seria, real y decididamente de ese problema. Con ello haremos un bien a la colectividad.
El señor GUMUCIO.-
Me referiré en forma muy breve al proyecto en discusión.
Durante el debate habido en la sesión de ayer y en la de hoy, en especial en la primera, se han hecho exposiciones que podríamos calificar como de carácter general, doctrinario. Por ejemplo, el Honorable señor Contreras Labarca se refirió a algunos principios básicos de lo que debe ser la atención de la salud pública. En realidad, todos coincidimos con los puntos fundamentales que el señor Senador planteó sobre la materia. Naturalmente, como lo hizo presente Su Señoría, en un país subdesarrollado desde el punto de vista económico, todas estas tareas vitales para la población se encuentran deterioradas y disminuidas en volumen e importancia.
No creo que los países con Gobierno socialista tengan la exclusividad de haber dado plena satisfacción al anhelo muy justo de realizar una auténtica política de salud. A mi juicio, en países que luchan por superar el estado de subdesarrollo, con una planificación conveniente económico-social es posible mejorar de modo apreciable las condiciones sanitarias.
Ya hice presente en la Sala que, desde hace años, el problema de la salud pública ha sido abordado muy parcialmente en Chile. Pero es justo dejar constancia -!o hago con agrado- de que la profesión médica ha observado siempre espíritu altruista, de hondo patriotismo, al hacer esfuerzos máximos, para desarrollar una política de salud conveniente a pesar de los limitadísimos medios económicos de que se dispone.
Dentro de los problemas planteados, el primero de ellos dice relación a la escasez de médicos. Se han dado cifras y se ha dicho que, en 1964, el número de esos profesionales era de 5.819, de los cuales 4.861 tenían menos de 65 años. Es decir, 5,7% por cada 10 mil habitantes. Es una proporción que demuestra en forma palpable la gravedad del problema, pues, sin duda, revela un porcentaje extraordinariamente bajo de dichos facultativos. Del mismo modo, son críticas las cifras relativas al número cíe egresados de Medicina: 350 en el año 1964, y 257 en 1965.
Reitero que el problema relacionado con la formación de médicos está llegando a un grado de crisis que obligará, no sólo en lo concerniente a la profesión médica, sino, también, en lo relativo a otras carreras profesionales, a una revisión completa de nuestro sistema universitario. Pienso que el problema se hará cada vez más grave. Aun cuando en la Comisión estuve de acuerdo con las opiniones vertidas por los demás Senadores que la integran, debo manifestar, en lo tocante a la supresión del bachillerato, en lo cual hubo acuerdo unánime, que durante el próximo año se triplicarán los postulantes a matricularse en la Escuela de Medicina. Lo mismo puede decirse respecto de las demás escuelas universitarias.
El problema no es sólo de índole económica. También otras causas harán imposible a la Universidad dar la formación anhelada por tan extraordinario número de estudiantes. El próximo año tendremos un problema gravísimo, pues querrán matricularse en la universidad no sólo quienes poseen licencia secundaria, sino también todos los alumnos que en años anteriores obtuvieron escaso puntaje en el bachillerato. Es indudable, por lo tanto, que no sólo en la Escuela de Medicina, sino en todas las demás escuelas, se triplicará o cuadruplicará el número de alumnos que aspirarán a tener educación universitaria.
Sin pronunciarme sobre la visión de la Universidad, pues me infunde respeto la autonomía universitaria y soy admirador de ese principio, debo manifestar que, en mi concepto, existe tal vez un problema de orden presupuestario. Advierto que soy profano en la materia y que hablo un poco a la ligera, pero he llegado a pensar que el presupuesto de la Universidad parece no atenerse a la debida jerarquía en materia de gastos de inversión. Estimo lógico que, en el mundo moderno, una universidad tenga amplitud para expandirse en nuevas facultades y escuelas. Sin embargo, la escasez de recursos debería obligarnos, en ese aspecto, a un estudio jerárquico de las necesidades nacionales. En esa forma, las inversiones del presupuesto universitario se orientarían con cierto énfasis hacia las profesiones que señalen un déficit más grave. A mi juicio, esta observación vale fundamentalmente respecto de los gastos que requiere la formación de médicos.
Tengo la impresión de que, en general, ha sido bajo el costo en la educación médica, debido, como he dicho, al espíritu altruista de los profesores universitarios de medicina, quienes, en el hecho, han regalado su esfuerzo docente, dadas las bajas remuneraciones que perciben. Al mismo tiempo, coincido con las apreciaciones del Honorable señor Barros -aunque con todas sus ideas, expuestas, muchas veces, en forma apasionada-, en el sentido de que ha habido un criterio de despilfarro absurdo, demostrado en forma palmaria en el edificio para la Escuela de Medicina, obra inconclusa desde hace veinte años y que responde exactamente al mismo patrón del edificio de la Escuela Militar, el cual tampoco se ha terminado. Lo mismo podría decirse respecto de las inversiones en otras obras que son verdaderos monumentos de concreto, proyectadas sin espíritu moderno y dinámico, ni mucho menos de acuerdo con las finalidades que están llamadas a servir.
Como digo, el primer escollo reside en que los alumnos no pueden estudiar medicina. No se trata del problema de lo que van a ganar como médicos. Simplemente, no hay capacidad para educar a los que quieren estudiar medicina u otras profesiones. En consecuencia, tanto el Parlamento como el Ejecutivo -no es cuestión de atribuir la responsabilidad exclusivamente al Gobierno- se verán abocados al estudio profundo del financiamiento de la Universidad de Chile en todos sus aspectos.
Ahora bien, el proyecto del Ejecutivo no aborda el problema fundamental: se refiere sólo a algunas reformas importantes al Estatuto Médico y la ley de Colegio Médico. Una de ellas, atañe a la posibilidad de ampliar la jornada de trabajo. El Colegio Médico hizo cuestión, desde el punto de vista teórico, de que no se podía extender a más de seis horas la jornada de labor del médico, porque dichos profesionales deben didicar tiempo a estudiar, para estar al día en los avances científicos. Pero la verdad es que la gran mayoría de los médicos están de acuerdo en que se les extienda el horario, dada la escasez actual de facultativos.
En la Comisión hubo unanimidad sobre casi todas las materias, de manera que no existió disparidad fundamental en la discusión del proyecto. Todos estuvieron de acuerdo en extender la jornada a ocho horas, pues ello constituirá un mal menor.
Se produjo discusión respecto del plazo de cinco años para que un médico pueda ser nombrado en cargos públicos en la provincia de Santiago, a excepción del departamento Pedro Aguirre Cerda. Lamentablemente, en mi calidad de Senador por Santiago, debo hacer presente que no se me dieron razones de peso, científicas para convencerme de que debían ser cinco y no cuatro o tres los años exigidos. Como se me hizo notar en Santiago vive más o menos 41 % de la población y está radicando más de 70% de los médicos. A pesar de ello, la escasez de esos profesionales es evidente.
Los alumnos internos de medicina me hicieron llegar un memorándum en el cual piden la rebaja de aquel plazo, de cinco, a tres años. Me he permitido presentar indicación en tal sentido a la Comisión. Al mismo tiempo, propuse exceptuar también de esa exigencia al departamento de Puente Alto, donde hay varios establecimientos asistenciales y escasez de médicos. En realidad, no se encuentran facultativos para atender esos servicios tan importantes, por considerarse lugar rural y, por lo tanto, no hay interés en optar allí a cargos vacantes.
Tuve criterio contrario al de la mayoría de la Comisión respecto del artículo que autoriza al Servicio Nacional de Salud para celebrar convenios con juntas de vecinos o centros de madres, a fin de contratar médicos para los consultorios instaladados por dichas entidades, o sea, por la propia comunidad. Cada vez que se tratan estos problemas atinentes a las juntas de vecinos o centros de madres, puedo comprobar cierta suspicacia, por el hecho de que en la elección pasada, en su gran mayoría, esa parte del pueblo no organizada votó por el actual Presidente de la República, y tal vez se piensa que, por ello, nuestra preocupación tiene carácter político...
El señor TARUD.-
¡Ahí está la madre del cordero!
El señor GUMUCIO.-
. . . o que hubiera deseo de manejar con interés también político todo lo que se pueda hacer a favor de esas entidades comunitarias.
El señor BARROS.-
Su Señoría sabe el motivo por el cual nos opusimos.
El señor GUMUCIO.-
A lo mejor, me paso de suspicaz.
El señor BARROS.-
No se puede desguarnecer a un organismo como el Servicio Nacional de Salud, que, por escasez de medios, no presta la debida atención.
El señor GUMUCIO.-
Se dio como argumento, en la Comisión, que se desguarnecería al Servicio Nacional de Salud, el cual no dispone de suficientes médicos, y, por eso, no había posibilidad de enviarlos a las poblaciones. Si hay escasez de médicos y no existe posibilidad de enviar esos profesionales a un consultorio hecho con el propio esfuerzo de los pobladores, ¿por qué no se permite, lisa y llanamente, celebrar convenios y contratar médicos? Ello tendría la ventaja -en eso, el Honorable señor Barros coincidirá conmigo- de terminar con la costumbre de que todos los pobladores, los modestos obreros y trabajadores, las mujeres, deban trasladarse a los grandes hospitales para ser tratados en consultorios, cuando, en realidad, muchos casos clínicos pueden ser diagnosticados y curados con un mínimo esfuerzo en la misma población, sin necesidad de la humillación que deben sufrir madres con guaguas que se ven obligadas a acudir, en microbuses, por ejemplo, como es el caso de la comuna Pedro Aguirre Cerda, hasta el consultorio del hospital Barros Luco, a 20 ó 30 cuadras de distancia.
Si no tenemos fondos, adoptemos un criterio más progresista para modificar estas cosas mínimas, en especial cuando se trata del esfuerzo meritorio, que debe merecer todo nuestro aplauso, encaminado a que los pobladores levanten ellos mismos un consultorio donde puede prestar servicios un médico.
La señora CAMPUSANO.-
Eso ya lo han hecho.
El señor BARROS.-
También lo está haciendo el Servicio Nacional de Salud.
El señor GUMUCIO.-
Lo aplaudo, pero, ¿por qué negarse a facultar al Servicio Nacional de Salud para celebrar convenios con los pobladores? No advertí razones de fondo; por eso voté en contra. Considero que, en este aspecto, hay ya una suspicacia demasiado teñida. En verdad, todos los partidos políticos se han dado perfecta cuenta de que su poderío no sólo lo obtendrán por medio de los trabajadores organizados en sindicatos, sino también mediante su preocupación por el pueblo no organizado. Por una especie de tradición de lucha, muy antigua, algunos partidos ven sus posibilidades de proselitismo en los sindicatos y en el pueblo organizado. Hoy han debido modificar su criterio y tendrán que preocuparse también de desarrollar el proselitismo en las poblaciones. En las juntas de vecinos hay, por otra parte, toda clase de ideologías. En muchas domina el Partido Comunista; en otras, el Socialista o la Democracia Cristiana. ¿De dónde han deducido ahora que, por la circunstancia de haberse preocupado este Gobierno un poco más por aquella gente. . .
La señora CAMPUSANO.-
O bastante menos.
El señor GUMUCIO.-
... por la situación de las poblaciones marginales, se pretenda ejercer control político sobre los habitantes de dichas poblaciones? Considero que, en ese sentido, la Comisión incurrió en error.
En mi opinión, es necesario innovar en los aspectos de fondo. Se trata de hacer posible, en este caso, ante la escasez de médicos, la atención domiciliaria en los barrios, y evitar a quienes viven allí una situación vergonzosa y humillante. Basta ir al consultorio de un hospital grande para apreciar el hacinamiento de miles de personas que esperan atención médica, poíno poder obtenerla en los barrios.
El señor BARROS.-
Ya se ha dicho que el Servicio Nacional de Salud está instalando consultorios marginales periféricos en las poblaciones. La forma de encarar el problema de esas poblaciones incumbe el Servicio Nacional de Salud y no a ciertas organizaciones callampas.
El señor GUMUCIO.-
No alcanzo a comprender por qué Su Señoría sostiene eso.
El señor FONCEA.-
Lo que abunda no daña. Oponerse a nuestra sugerencia, implica sectarismo.
El señor BARROS.-
En la solución de este problema, debe prevalecer el concepto técnico.
El señor GUMUCIO.-
He reconocido que no hay suficientes médicos y que éstos no ganan lo que merecen. En la sesión de ayer, el señor Ministro de Salud nos proporcionó antecedentes sobre los esfuerzos hechos en años anteriores, tendientes a mejorar la renta de los médicos. Repito: los sueldos de estos profesionales no son satisfactorios. No obstante, cabe destacar que, si bien un egresado ganaba Eº 384 a! mes, su nueva renta, en virtud de los quinquenios y otras asignaciones, alcanzará a Eº 1.500, y el promedio, en todo caso, será superior a Eº 1.100. De todas maneras, el esfuerzo hecho entre 1964 y 1966 no puede ser desconocido. Si bien no se ha obtenido aún lo suficiente, el esfuerzo ha sido grande y ajustado a los escasos recursos disponibles. La insuficiencia de medios ha impedido al Gobierno resolver integralmente éste y muchos otros problemas.
Para no extenderme demasiado en mis observaciones, me limitaré a declarar que, aun cuando el proyecto en debate no sea de carácter definitivo, sus disposiciones merecen, en general, la aprobación del Senado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
He oído con mucho interés las palabras del Honorable señor Gumucio. Quiero referirme a un aspecto concreto de la redacción de este proyecto de ley, que amaga la Constitución Política del Estado. Con frecuencia se producen en la actual Administración amenazas a la Carta Fundamental.
Pero antes quiero hacerme cargo rápidamente de lo expresado por el señor Senador en cuanto a las juntas de vecinos, entidades colaboradoras de los municipios, que nadie puede objetar. La autonomía municipal tiene raigambre en los condados anglosajones, por una ley admirable dictada en el siglo pasado. Pero formar juntas de vecinos con reconocimiento del poder político central, para favorecerlas cuando tengan el color del Gobierno y hostilizarlas cuando no lo tengan, es un arma que no se puede entregar.
Con respecto al proceso asistencial, creo que un país con escasez de médicos y cuyas necesidades de atención no están satisfechas, debe establecer y desarrollar rápidamente las funciones paramédicas. En el Senado me empeñé mucho, en cierta oportunidad, por que se autorizara en algunos distritos y comunas del país, a los mecánicos dentales para ofrecer las primeras atenciones en las policlínicas, con la obligación de prestar sus servicios profesionales en los lugares en donde se encuentre el paciente. Si tal medida se adoptara, podríamos organizar mejor la atención de la clase trabajadora.
Me referiré ahora a lo que era mi propósito. Dije antes que una serie de proyectos amenazan las disposiciones constitucionales. Para mí, ello es muy grave. Acabo de conocer la iniciativa en debate. No he participado de su estudio en la Comisión. Haré, pues, observaciones muy breves, y sólo atinentes a lo que acabo de expresar.
Desde luego, debo observar algo que empezó en la Administración anterior y continúa en la actual: una redacción maliciosa en las leyes. Por ejemplo, el inciso 1º del artículo 4º de la ley Nº 15.076, dice: "Ningún médico con menos de cinco años de profesión podrá ser designado en el departamento de Santiago en cargos de la Administración Pública o en instituciones en que el fisco tenga participación." Una excelente filosofía: la intención es que los médicos que se reciben vayan a provincias y que los recién egresados no se desempeñen en la capital haciendo valer influencias. A mi juicio, debe existir un sistema rotativo: el joven va a prestar servicios en provincias, y el que ya lo ha hecho viene a la capital. Pero después de aquel precepto sigue una serie de incisos que barrenan la disposición y la hacen inaplicable. Habría preferido declarar que ello no es imperativo, y darle una redacción racional.
En la enmienda que ahora se propone, se conserva el mismo estilo, con la única salvedad de que se exceptúa al departamento Pedro Aguirre Cerda. En efecto, dice la letra e) del artículo 4º: "Además, en el Servicio Nacional de Salud podrán hacerse designaciones en la provincia de Santiago por resolución fundada del Director General de Salud quien no podrá delegar esta facultad." Se refiere al nombramiento de médicos con menos de cinco años de ejercicio. Y agrega: "La Contraloria General de la República dará cuenta anualmente al Congreso Nacional de estas designaciones."
Observe el Honorable Senado: se convierte a la Contraloría en simple buzón. Se dicta una resolución en que se nombra a un médico con menos de cinco años de ejercicio profesional, y la Contraloría no puede observarla: tiene que dar cuenta de ella a la Cámara de Diputados. Y esta disposición se extiende a todos los organismos administrativos del país, de modo que la Contraloría debe limitarse a contemplar.
¿Cómo puede imponerse esta obligación a la Contraloría General de la República, cuando la Carta Fundamental establece que esa repartición constituye un organismo autónomo, encargado de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, etcétera? Dice, además: "La Contraloría no dará curso a los decretos que excedan el límite señalado en el Nº 10 del artículo 72 de la Constitución, y remitirá copia de los antecedentes a la Cámara de Diputados." En este caso, es otro el alcance.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite una interrupción Su Señoría?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Con mucho gusto.
El señor GUMUCIO.-
Quiero informar que el artículo primitivo no consignaba tal inciso. Fueron los miembros de la Comisión -si el recuerdo no me engaña, los Honorables señores Barros y Allende- quienes desearon poner alguna traba a la facultad del Director de Salud para hacer esas designaciones. Por eso, se impuso la obligación de que la Contraloría las comunicara al Congreso.
Pero esa disposición no limita la facultad de la Contraloría General de la República para objetar los decretos contrarios a la ley.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Señor Senador, el principio es funesto y atenta contra la norma constitucional.
Repito: determinar que la Contraloría dará cuenta anualmente al Congreso Nacional de estas designaciones significa circunscribir su acción a comunicar al Parlamento esos nombramientos. Le ruego considerar que si esta disposición se hace extensiva a todos los organismos administrativos del país, la Contraloría queda sin facultades. Se deberá limitar a la comunicación al Congreso cuando el Ejecutivo se excede en el 2 % constitucional, por decreto de insistencia firmado por todos los Ministros de Estado. En tal caso, la Contraloría, junto con formular el reparo, comunica esa resolución a la Cámara.
¡Pero, no vengamos, con este procedimiento, a alterar lo que constituye parte de la espina dorsal del proceso fiscaliza-dor existente en el país!
Creo que esa frase debe ser eliminada.
Hay algo más: en el artículo 6º transitorio me encuentro con una disposición que ofende también a la Constitución Política del Estado. Dice ese precepto:
"Autorízase al Servicio Nacional de Salud para descontar por planilla la suma de dos escudos a cada funcionario, por una sola vez, con el objeto de ir en ayuda de la señora Erna Alvarezviuda de Becerra y de doña María Vargas Fuenzalida.
"Los fondos que se reúnan deberán ser enviados por los Establecimientos a las diferentes Zonas de Salud y éstas los remitirán a la Dirección General del Servicio."
Hasta ahí, el Director se siente autorizado para imponer un descuento, por planilla, a cada funcionario.
El señor FONCEA.-
Es indicación del Honorable señor Barros.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-
Sigue el artículo:
"Del total de los fondos reunidos, el Director General de Salud deberá entregar el 60% a la señora Erna Alvarez y el 40% restante a doña María Vargas Fuenzalida.
"Dicho descuento será voluntario y su producto deberá distribuirse dentro del plazo de 90 días, contado desde la vigencia de esta ley, en la proporción indicada en el inciso precedente."
La misma redacción es algo maliciosa. Si se hubiera dicho: "Autorízase al Servicio Nacional de Salud para descontar por planilla, por una sola vez, en carácter voluntario, la suma de tanto a cada individuo. . .", se habría especificado que el Director no puede imponer el descuento. Pero no me voy a detener en esa redacción, que es la de siempre: maliciosa.
Me detendré en la Constitución Política del Estado, que determina las garantías constitucionales: "La igual repartición de los impuestos y contribuciones, en proporción de los haberes o en la progresión o forma que fije la ley; y la igual repartición de las demás cargas públicas.
"Sólo por ley" -agrega- "pueden imponerse contribuciones directas o indirectas, y, sin su especial autorización, es prohibido a toda autoridad del Estado y a todo individuo imponerlas, aunque sea bajo pretexto precario, en forma voluntaria, o de cualquier otra clase."
Sin embargo, estamos imponiendo a los funcionarios del Servicio Nacional de Salud una contribución tributaria de dos escudos para servir un fin muy noble -no me pronuncio sobre el objetivo- cuando hay otros caminos para hacerlo. Se dice que la contribución es voluntaria, pero la ley la impone. Me parece un precedente grave.
El señor GUMUCIO.-
Hubo necesidad de consignar esta disposición en el proyecto, porque existe otro precepto legal que prohibe los descuentos por planilla. La excepción debía hacerse, pues, por ley. Se agregó la palabra "voluntaria", porque todos los obreros y empleados del Servicio pidieron a la Comisión que autorizara el descuento por ley. A indicación mía, se puso esa palabra, para salvar precisamente el aspecto constitucional que señala Su Señoría.
El señor GONZÁLEZ MADARIAGA.-
Salvó algo lo que hizo Su Señoría, pero, a mi juicio, el procedimiento no debe ser ése. Debería buscarse el camino para obtener de otra manera el fin perseguido: una pensión de gracia, una ley especial, lo que Su Señoría quiera, pero en un proyecto de ley de esta naturaleza no cabe tal recurso.
En el momento oportuno, formularé la respectiva indicación.
El señor FONCEA.-
Señor Presidente, limitaré mis observaciones a un aspecto del asunto que estamos discutiendo.
Para ello debo recordar que, cuando se presentó esta iniciativa legal por el Ejecutivo, se sostuvo que ella tendía primor-dialmente a descentralizar los servicios médicos, que, según los antecedentes proporcionados tanto por el señor Ministro como por los señores Senadores que han intervenido en el debate, están concentrados en Santiago, Valparaíso y Concepción. Se dijo ayer que 72% de los médicos ejercen su profesión en esas ciudades, en circunstancias de que Valparaíso, Concepción y Santiago representan 42% ó 45% de la población total del país, y que, de los 4.500 ó 5.000 médicos en actual ejercicio, 3.500 por lo menos prestan sus servicios en Santiago, 400 en Valparaíso y 200 en Concepción.
En provincias, el proyecto fue comentado muy favorablemente, por el abandono -somos testigos de él y lo hemos comprobado- en que se encuentra gran parte del país en cuanto a atención médica. A este propósito, quiero señalar lo que se expuso en la discusión de la ley de Presupuestos hace algunos años: un solo hospital de Santiago -el San Juan de Dios- tenía un presupuesto, en determinado año -creo que en 1963- superior al correspondiente al Servicio Nacional de Salud para las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule, es decir, toda una circunscripción.
Pues bien, este propósito laudable, esta idea básica, de descentralizar los servicios médicos, ha sido totalmente desvirtuada en los diferentes trámites por los cuales ha pasado el proyecto. Así, la letra b) del artículo 4º constituye, en el fondo, una burla más para esos sectores tan abandonados que son las provincias, las cuales no cuentan con la atención médica indispensable
Lo más grave es que varios señores Senadores han abordado esta materia en el curso del debate y han querido hacer más amplia esa disposición, con el objeto de que, en la práctica, las cosas queden igual que antes, o peor.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Faltan sólo dos minutos para el término del tiempo destinado a este proyecto, según el acuerdo por el cual se prorrogó en una hora el Orden del Día. En consecuencia, propongo a la Sala prorrogarlo en diez minutos más, para tratar de despachar este asunto.
La señora CAMPUSANO.-
Votemos, señor Presidente.
El señor MAURAS.-
Votemos.
El señor TEITELBOIM.-
Votemos. Hay muy pocos Senadores en la Sala, y estamos esperando la votación.
El señor FONCEA.-
Cuando se discuta en particular el proyecto, me referiré a otros aspectos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
Si le parece al Senado, daré por aprobado en general el proyecto.
Acordado.
El señor WALKER (Prosecretario).-
Los Comités, por unanimidad, han acordado fijar plazo hasta el lunes, día 11, a las 12 horas, para la presentación de las indicaciones.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/596813/seccion/akn596813-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/596813
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