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- rdf:value = " El señor CHADWICK.-
Cuando el Senado se ocupó, en segundo trámite constitucional, del proyecto sobre fomento a las exportaciones, el Senador socialista por Tarapacá y Antofagasta camarada Raúl Ampuero se hizo cargo de examinar los preceptos que tratan específicamente de la industria pesquera. Recordó la manifiesta inconveniencia de que, en un proyecto de carácter general, se abordara, en dos o tres disposiciones, el complejo problema a que ha dado lugar el establecimiento de importantes industrias en el norte del país. Estimo indispensable reiterar las observaciones fundamentales hechas al respecto. Aquí no se advierte otra preocupación que ayudar a sectores de empresarios. No se refleja en parte alguna del proyecto nada de lo que dice la Democracia Cristiana para dar a entender que la anima un nuevo sentido social caracterizado por su solidaridad con los trabajadores.
Los obreros y empleados de la industria pesquera se encuentran en pésimas condiciones en cuanto a la periodicidad de su trabajo. Cuando la pesca es abundante, los obreros perciben regularmente sus salarios. Claro está que esa remuneración, que nada tiene de extraordinario, no compensa los esfuerzos gastados para acumular materia prima y crear la riqueza que habrá de beneficiar a los industriales. La periodicidad del trabajo no ha sido regular. Por lo contrario, en los últimos años, ha habido meses de absoluta paralización de las faenas. ¿Qué ha ocurrido con los obreros? Sencillamente han sido expulsados por las empresas y lanzados a la cesantía, sin ninguna clase de ayuda especial, aparte el subsidio de cesantía que luego se agota y que es insignificante. Esos trabajadores han ido a engrosar la gran masa de desocupados del litoral norte del país. En cambio, cuando los empresarios extendieron la mano hacia los poderes públicos clamando por una ayuda, no se acordaron de sus obreros y empleados.
En vista de la experiencia de años anteriores, los empresarios se pusieron a cubierto de todas las eventualidades y, con un afán de lucro que calificará el Senado, contrataron a sus obreros y empleados con plazos fijos, de manera que, si sobrevenía la paralización de las faenas, ni siquiera tendrían que pagarles desahucio ni indemnización especial alguna. Así viven miles de trabajadores en el norte, algunos de los cuales, seguramente, han creído en el lenguaje revolucionario de la Democracia Cristiana. ¿Qué preocupación por ellos hay en estas disposiciones? ¿Qué medidas se consignan para obtener que los beneficios, otorgados a manos llenas a los empresarios pesqueros, mediante exenciones tributarias, bonificaciones y estímulos de todo orden -ahora se los reitera-, lleguen al menos en parte a auxiliar a los trabajadores cuando deban afrontar períodos de desocupación? Ninguna. Se habla, por ejemplo, del propósito de establecer en Chile la sociedad comunitaria y se llega, inclusive, a procurar introducirla en las disposiciones constitucionales. Sin embargo, la Democracia Cristiana, actualmente en el poder, no considera para nada la condición de los trabajadores en los proyectos de ley destinados a favorecer a los empresarios.
El proyecto, en síntesis, determina que, a contar de la vigencia de la ley, habrá de enterarse 30% a título de bonificación -en la letra del proyecto se habla de devolución- a las exportaciones de harina y aceite de pescado que se efectúen por los departamentos de Arica, Pisagua, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral. De manera que la norma general del artículo 5º, según el cual el Presidente de la República está en libertad de señalar el porcentaje correspondiente a estas devoluciones, que, en el fondo, son bonificaciones, queda automáticamente regulada en 30%, en virtud del primer inciso de este cuerpo de disposiciones, cuando se trate de la industria pesquera de los departamentos mencionados. Se destina una cuarta parte -por eso, el Honorable señor Gómez hablaba de 7,5%- de esta bonificación a los empresarios, a prorrata de sus exportaciones de harina y de aceite de pescado. El saldo, o sea, las tres cuartas partes de ese 30%, será empleado para dar lugar a este proceso de concentración de las industrias a que aludía la Honorable Senadora señora Campusano.
Con el 22,5% del valor de todas las exportaciones de estas industrias, la Corporación de Fomento formará un fondo destinado a racionalizar la industria pesquera, a procurar que se cumplan programas de integración o fusión de las empresas y al pago de las deudas contraídas.
Es necesario que el Honorable Senado medite un poco para comprender cuál es la substancia de este precepto, cuáles son los fines que el Ejecutivo se propone alcanzar por medio de estas disposiciones. No hay duda que ellas persiguen establecer un régimen de excepciones: la bonificación ya no será en beneficio del exportador, como es norma general, sino que será administrada por la Corporación de Fomento, para racionalizar las industrias, fusionar o integrar las empresas y pagar las deudas de aquellas que estén comprendidas en los planes de ese organismo.
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