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    • rdf:value = " AUMENTO DE REMUNERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse en los informes de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados, que reajusta las remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. -El proyecto figura en los Anexos de la sesión 72ª, en 8 de marzo de 1966, documento Nº 4, página 4093, y los informes en los de esta sesión, documentos N°s. 2 y 3, página 5761 y 5804. El señor AHUMADA (Presidente Accidental).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor CONTRERAS {don Víctor).- Pido la palabra. Señor Presidente, al ocuparnos en el proyecto que reajusta las remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas, estimamos indispensable plantear la apreciación que tal iniciativa merece a los parlamentarios comunistas. Sin duda, constituye una finalidad que valorizamos la tenida en vista por el Ejecutivo al proponer este aumento que tiende a otorgar al personal de la Defensa Nacional y Carabineros una compensación que le permita afrontar las desvalorización de sus remuneraciones y ponerse a nivel de los otros servidores públicos, ya que anteriores reajustes rigieron para él con posterioridad, y goza de asignaciones especiales fijas. Consideramos que, pese a que el porcentaje total de aumento debe estimarse en 41,25%, las remuneraciones inferiores no permiten afrontar las necesidades más elementales de un hogar. Los grados 12 y 13 entrarían, a percibir como renta total, incluida la bonificación de permanencia que se crea, Eº 225 y Eº 221, respectivamente. Es decir, menos de un vital; y escasamente lo sobrepasarán con los Eº 50 correspondientes a las asignaciones fijas de las leyes 14.603 y 14.688. La situación en los otros grados inferiores no es mucho mejor. Cabe plantearse, entonces, en primer lugar, que el aumento para las Fuerzas Armadas -aumento menor, como veremos, para el sector pasivo- resulta completamente insuficiente, del mismo modo que es también insuficiente el reajuste otorgado a los sectores público y privado, y, en el hecho, significa congelar las remuneraciones de empleados y obreros. La Confederación de Empleados Particulares de Chile ha comprobado, mediante la aplicación de diversas encuestas, que una familia de cuatro personas necesita, para vivir en forma modesta, durante 1966, un ingreso mensual de 717 escudos. Hace más de dos años, el entonces Diputado señor Gumucio proponía un sueldo vital de Eº 307, meta que ahora la Democracia Cristiana estima excesiva. No parece adecuado entonces, hablar de reajuste compensatorio; de que se permitirá al personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, recuperar el poder adquisitivo perdido y, menos todavía, decir que les hará posible mejorar su nivel de vida. La verdad es que escasamente los acercará al resto del sector público, cuya dramática situación hubo oportunidad de analizar durante la discusión del reajuste que los beneficia. Los servidores de las Fuerzas Armadas y los jubilados y montepiadas de este sector, sufren, como todos los chilenos, el impacto brutal de la inflación sobre sus sueldos y pensiones y han perdido miles de millones de pesos como consecuencia del deterioro de su poder adquisitivo. Según estudios realizados por la Central Única de Trabajadores, entre los años 1954 y 1965 los trabajadores dejaron de percibir, por la disminución del poder adquisitivo de sueldos y salarios, 23 mil 300 millones de escudos; o sea, más de 23 billones de pesos. En cambio, las utilidades de los grandes monopolios se han incrementado fabulosamente; en los bancos y grandes empresas se han elevado hasta límites increíbles, y las empresas imperialistas pueden ufanarse de que en el último año obtuvieron enormes ganancias. La Anaconda anunció en estos días un aumento "record" de sus utilidades durante 1965, las que ascendieron a 79 millones y medio de dólares, con un aumento de 39% respecto del año anterior; o sea, la más alta obtenida desde 1956. Kennecott, por su parte, declaró, en pleno conflicto con sus trabajadores, una ganancia de 102 millones de dólares, lo que también constituye la utilidad más alta de ese monopolio en el mismo período. En resumen, como consecuencia de la política económica del Gobierno, que sigue las aguas trazadas por las Administraciones anteriores, la inflación continúa beneficiando a los grandes monopolios, a los grandes intereses, en tanto que quienes viven de un sueldo o de un salario deben repartirse la miseria y llevar una existencia estrecha y sin mayores perspectivas. La insuficiencia del reajuste se aprecia, además, en el hecho de que éste se otorga para compensar el aumento del costo de la vida experimentado el año pasado y no considera las nuevas alzas desencadenadas sobre el pueblo. En los dos primeros meses del año el costo de la vida ha experimentado un alza de 5,6%, lo que significa un aumento de 60% respecto de la producida en los dos primeros meses del año pasado. La gravedad de esta situación resalta más todavía si se considera que el año pasado el Gobierno se fijó la tarea de bajar la tasa inflacionaria de 38,4%, en 1964, a 25% en 1965. En cambio, ahora el Gobierno se ha comprometido a reducir el ritmo inflacionario a 15%. Sin embargo, en los dos primeros meses del año -quizás los más duros para los jefes de hogar-, el costo de la vida ha aumentado en más de la mitad respecto del mismo período en 1965, lo que presagia que en los tres primeros meses el alza llegará por lo menos a 7%; es decir, en el primer trimestre del año el ritmo inflacionario casi alcanzará la mitad del que se ha trazado como meta el Gobierno. O sea, de partida este aumento insuficiente ya está desvalorizado en más de 6%, lo que anticipa mayores privaciones para los personales en actividad y para los jubilados y montepiadas. En el proyecto se consigna una bonificación de permanencia -una bonificación profesional- para el personal en servicio, equivalente a 13% de su sueldo base y quinquenios. Esta bonificación no podrá ser inferior a Eº 100 mensuales para el personal de oficiales y empleados civiles, nombrados por decreto supremo, y de Eº 50 mensuales para el resto del personal de empleados civiles, y para los suboficiales, clases y soldados del Ejército y sus equivalentes en la Armada, Aviación y Carabineros, incluyendo a los grumetes de la Armada. A nuestro juicio, esta disposición adolece de dos defectos: no se incorpora al sueldo, lo que constituye simplemente una manera de aumentar remuneraciones sin hacer imposiciones y tiene una influencia negativa para el cálculo de las jubilaciones y otros beneficios previsionales. En segundo lugar, estimamos que la bonificación mínima también debe ser de Eº 100 para los suboficiales, clases y soldados y empleados civiles sin nombramiento supremo, pues ellos forman los sectores de más bajas rentas y son quienes realizan sus labores profesionales en condiciones más sacrificadas. Nos preocupa especialmente este problema en lo referente a Carabineros, porque suele ocurrir, en las zonas agrarias y mineras, que estos funcionarios se ven obligados a aceptar las granjerías ofrecidas por los dueños de fundo o los patrones de las minas. Deben ocupar las viviendas que les proporcionan -porque no hay otras-, usar sus vehículos, y en ocasiones recibir incluso una especie de "bonificación" absolutamente ilegal costeada por el patrón. Si a esto se agrega el ascendiente que ejerce el poderoso del lugar por su dinero y vinculaciones, no puede extrañarnos que los deseos de los hacendados y patrones sean muchas veces órdenes para ciertos elementos uniformados, que se prestan para amedrentar y atropellar a los trabajadores, y, en cambio, se tornan sospechosamente sordos cuando la gente modesta reclama de las arbitrariedades y tropelías de los patrones. A este respecto, es ilustrativa la situación existente en el mineral El Salvador y que tuvo oportunidad de comprobar la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Los carabineros de ese mineral reciben de la compañía toda clase de granjerías: casa gratis, 75 escudos mensuales, además del sueldo y la asignación de zona que perciben legalmente, y hasta se movilizan en vehículos de la compañía. Resulta inconcebible que una institución como Carabineros reciba esta "ayuda", por cierto no desinteresada, de una compañía -imperialista. Sin duda, esto debe terminar. Sin pretender excusar esta corruptela que, repetimos, debe terminar cuanto antes, es menester considerar adecuadamente la necesidad de otorgar a los personales de Carabineros, así como a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, remuneraciones que les permitan vivir en condiciones mínimas de decoro. Reiteramos que el proyecto no constituye en ningún momento un mejoramiento efectivo de las remuneraciones de este sector. El único avance consiste en que de ahora en adelante absorberá, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores del sector público, el alza del costo de la vida. Por otra parte, subsisten en este proyecto odiosas discriminaciones. La bonificación de 13% no se aplica al personal a jornal -en este caso se encuentran centenares de trabajadores civiles de los astilleros de ASMAR y de FAMAE- y, como norma general, no beneficia a los jubilados ni a las montepiadas. En efecto, en el artículo 2º se habla de que esta bonificación beneficiará a los funcionarios mientras se encuentran en servicio y el artículo 3º dispone que el personal de las fuerzas Armadas y de Carabineros y sus beneficiarios de montepío que tengan derecho a pensión íntegra o hayan acreditado o acrediten 30 años válidos para el retiro, gozarán también de ella, pero entrarán tan sólo a percibirla en su totalidad en el año 1969, es decir, dentro de tres años. Como sólo la minoría del personal jubilado y sus beneficiarios de montepío cumple los requisitos que se establecen, o sea, tener derecho a pensión íntegra o 30 años válidos para el retiro, puede afirmarse que la inmensa mayoría de los jubilados y montepiados -la inmensa mayoría del sector pasivo- no gozará de esta bonificación. ¿Cuáles pueden ser las razones de esta discriminación? Sencillamente, la tan socorrida de que no existen fondos. Razón que se aduce cada vez que es necesario negar una reivindicación u oponerse a las legítimas aspiraciones de los asalariados. Tampoco se ha recogido la inmensa inquietud de estos sectores en lo que se refiere al beneficio de quinquenios. Como se recordará, durante la discusión de la ley Nº 15.575, el Ministro de Hacienda del señor Alessandri, señor Luis Mackenna, se comprometió ante el Senado -ya que se trataba de despachar con la mayor rapidez el proyecto de reajuste- a enviar en diez días al Congreso un proyecto de ley que repararía la injusticia que se consagraba con la disposición que después figuró como artículo 6º de la ley Nº 15.575. Este precepto modificó, a contar del 1º de julio del año 1964, los porcentajes fijados en el inciso 1º del artículo 1º de la ley Nº 12.428, por cada cinco años de servicios efectivos, correspondiendo recibir ese aumento tan sólo al personal en servicio activo y al personal en retiro y los beneficiarios da montepío de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile sólo cuando comprobaren, a lo menos, 30 años de servicios efectivos en las respectivas instituciones, ya se tratare del jubilado o del causante. Esta disposición constituyó un atropello brutal de las expectativas legítimas, justas y válidas, de los jubilados de las Fuerzas Armadas y Carabineros que hasta ese entonces percibían los porcentajes de aumentos quinquenales. Ese atropello incluso ha sido reconocido por una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago como violatorio del principio de la irretroactividad de la ley. Al respecto dicha resolución judicial expresa textualmente: "Que siendo el artículo 9° del Código Civil un mandato que rige la aplicación, en el tiempo, de toda ley posterior, sólo un precepto expreso de ésta puede tener la virtud de alterar aquel principio legislativo, y en la duda, ha de regir, en su plenitud la irretroactividad de la ley posterior." "Que lo dicho no significa que una ley posterior, no pueda, si lo dice explícitamente, eliminar a los jubilados de un reajuste que establezca, salvo el posible conflicto entre la ley y la Constitución, sino que significa solamente que la ley retroactiva, que afecta a situaciones establecidas, ha de ser clara, terminante y categórica y de no serlo, deberá regir el principio civilista de la irretroactividad de la ley". Es evidente que la ley no es clara ni categórica en este sentido, ya que se refiere a quienes jubilen después de su vigencia -que son quienes deben comprobar sus años de servicios- a los que jubilaron con posterioridad al 1º de julio de 1964, y no a los que estaban gozando de quinquenios. A pesar de estas interpretaciones favorables a vastos sectores de jubilados y monte-piadas, la situación se mantiene en los mismos términos. No gozan de quinquenios todos los personales y beneficiarios de montepíos que no comprobaron 30 años de servicios efectivos, aun cuando hubieran tenido abonos, o sea, el personal a contrata, los suboficiales, cabos y hombres de tropa que deben jubilar a los 25 años de servicios y que constituyen la inmensa mayoría. Como digo, esta ley no sólo fue aplicada para lo futuro, sino que se hizo efectiva respecto de las personas que estaban percibiendo quinquenios, lo que sentó un gravísimo precedente y causó grave daño a los afectados. Durante la campaña presidencial, el señor Frei y su partido se comprometieron a remediar esta situación, cosa que no han hecho. En diversas oportunidades, y a petición del Senador que habla, como también por iniciativa de otros señores parlamentarios de diversos sectores, el Senado ha representado al señor Ministro de Defensa Nacional estas anomalías. La respuesta ha sido siempre la misma: el Gobierno está estudiando el problema y le dará solución cuando cuente con recursos suficientes para ello. Pasó más de un año, hasta que ahora hemos visto en qué forma el Gobierno pretende corregir la injusticia que se comprometió a remediar. En el artículo 18 del proyecto, se establece que, a contar de la publicación de la ley, el personal en retiro y los montepiados de las Fuerzas Armadas y Carabineros, con goce a pensión a la fecha de vigencia de la ley Nº 15.575, tendrán derecho a incorporar a su respectiva pensión la diferencia de aumentos quinquenales establecida en el artículo 6º de esa ley, siempre que acrediten 30 o más años válidos para el retiro o estén comprendidos en el inciso final del artículo 1º de la ley Nº 12.428. La diferencia se pagaría en forma escalonada hasta completar el ciento por ciento en 1970, o sea, dentro de cuatro años. Es claro que este artículo amplía el alcance del artículo 6º de la ley Nº 15.575, ya que acepta acreditar 30 años válidos para el retiro y sustituye la exigencia de los 30 años de servicios efectivos; pero continúa excluyendo a los que gozan de pensión perseguidora con más de 20 años y menos de 30 de servicios, y a otros importantes sectores. Confiamos en que el Ejecutivo repare en forma total esta injusticia y patrocine las indicaciones formuladas sobre la materia. Ello significaría el cumplimiento de un compromiso contraído con los jubilados y montepiadas de la Defensa Nacional y Carabineros y la satisfacción de un sentido anhelo de estos ex servidores. Otro problema que afecta al personal que deja el servicio es el relacionado con el pago oportuno de sus desahucios. No conozco la situación de los retirados de la Defensa; pero en el caso de Carabineros, a los 8 meses de vigencia de la ley Nº 16.250 quedaban más de 5.000 expedientes en estado de tramitación y los desahucios se cancelan a los 10 meses de la fecha de la resolución pertinente, cuyo trámite puede significar fácilmente más de un año. Es intolerable que en Chile continúen sucediendo estas cosas. Parece que hubiera un plan minucioso destinado a entorpecer la vida de la gente humilde y obligarla a sobrellevar penosas tramitaciones e increíbles plazos para obtener, a la postre, una mísera retribución como compensación de toda una vida de trabajo. En este sentido, constituye un avance el artículo incorporado al texto del informe por el cual el reajuste concedido al personal en retiro y beneficiario de montepíos deberán ser pagado, por quien corresponda, sin necesidad de requerimiento por parte de los interesados ni resolución ministerial que autorice el pago. Interesa destacar, también, la dramática situación que viven los jubilados de Carabineros. Como se sabe, ellos están dentro del régimen de la ley Nº 15.386, de revalorización de pensiones, por lo cual comparten la situación de los jubilados regidos por dicha ley. El fondo de revalorización de pensiones se encuentra totalmente desfinanciado -como tuvimos oportunidad de expresarlo durante la discusión del proyecto de reajuste para los sectores públicos y privado- y sólo sería posible que cubriera el 70% del porcentaje de revalorización mediante un aporte de 30 millones de escudos, lo que significaría solamente que las pensiones fueran reajustadas en el mismo porcentaje en que lo fueron el año pasado. Sin embargo, ni siquiera será posible alcanzar ese porcentaje este año, ya que el fondo será suplementado en sólo 7 millones de escudos; es decir, en menos de la cuarta parte de lo necesario para mantener un porcentaje a todas luces insuficiente. Los Senadores comunistas estimamos urgente abocarse al estudio en profundidad de este problema y considerar la petición de los círculos de Carabineros en retiro en el sentido de crear, con los propios fondos de los jubilados de ese sector, un fondo revalorizador que les permita hacer frente a la desvalorización monetaria, o buscar, en todo caso, una solución acorde con el espíritu de la ley de revalorización, que no fue otro que compensar a las pensiones y jubilaciones por el deterioro sufrido a consecuencia de la inflación. Apoyamos también, por estimarlo de toda justicia, el artículo 25 del informe de la Comisión de Defensa, que autoriza a las cajas de previsión correspondientes a los sectores a que se refiere el proyecto, a descontar de las pensiones de retiro o montepío las cuotas sociales de determinadas organizaciones con personalidad jurídica. También faculta a esos institutos previsionales para otorgar préstamos a las organizaciones referidas, destinadas a la adquisición, construcción o reparación de inmuebles en que funcionen sus sedes sociales. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en su artículo 14, autorizaba al Presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses, estableciera el régimen de remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Defensa y de Carabineros; modificara el DFL Nº 129 de 1960, sobre clasificación, nombramiento,, ascensos y calificaciones del personal de las Fuerzas Armadas; modificara el régimen de retiro y montepío del personal afecto a las cajas de previsión de la Defensa y de Carabineros en cuanto a la determinación, del personal afecto a esos regímenes, en cuanto a la elevación de los límites de tiempo necesarios para obtener pensión de retiro y en cuanto a determinar y modificar los actuales regímenes de montepío y las leyes 8.895 y 9.071, sobre desahucio para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Al mismo tiempo, facultaba al Primer Mandatario para modificar el DFL. 98, de 1960, que fijó las plantas permanentes de oficiales y empleados civiles de las Fuerzas Armadas y de las Subsecretarías del Ministerio de Defensa, como asimismo para modificar y fijar la organización, plantas y remuneraciones del personal de las cajas de la Defensa y Carabineros. La extensión de estas atribuciones llevó a la Comisión de Defensa a rechazarlas casi todas y aceptar sólo la que se daría al Presidente de la República en orden a modificar la reglamentación sobre clasificación, nombramientos, ascensos y calificaciones del personal de las Fuerzas Armadas, por estimar que esta facultad corresponde constitucionalmente al Jefe del Estado. Los Senadores comunistas estamos en contra de dicho artículo aprobado por la Cámara de Diputados, por cuanto implica, en primer lugar, una delegación de atribuciones del Congreso Nacional en el Presidente de la República, lo que es inconstitucional, y además, porque la importancia de las materias y la significación que ellas tienen para decenas de miles de chilenos, exigen necesariamente que sean estudiadas en forma concienzuda por el Congreso, y no entregarlas al arbitrio presidencial. Por otra parte, estimamos que la experiencia del proyecto de reajuste para los sectores público y privado es claramente aleccionadora. Hemos tenido oportunidad de apreciar como la mayoría democratacristiana de la Cámara de Diputados ha arrasado, en la práctica, con todas las conquistas y reivindicaciones de los trabajadores que fueron reconocidas por el Senado. ¿Cómo, entonces, podríamos entregar al Presidente de la República -sustrayendo al asunto del debate público y del estudio detenido de las Comisiones competentes- facultades de tal importancia y gravedad, sin correr un riesgo muy serio? Como antecedente indispensable es menester señalar también que la totalidad de los círculos de jubilados y montepiadas, como asimismo los organismos representativos de los personales de las Fuerzas Armadas en retiro y de empresas como FAMAE y ASMAR se han pronunciado en contra de las facultades que ha pretendido obtener el Ejecutivo. Deseo referirme, por último, a una de las indicaciones relativas al financiamiento del proyecto que discutimos esta tarde. Se trata de la proposición de los Senadores Altamirano, Chadwick, Contreras Labarca y el que habla, referente al precio del cobre. La iniciativa en cuestión dice textualmente: "La Corporación del Cobre de Chile no autorizará exportación de cobre a precios inferiores en más de un 30% al promedio de las respectivas cotizaciones registradas en la Bolsa de Metales de Londres en operaciones de entrega inmediata, efectuadas en los dos meses anteriores a la autorización de exportación". Como se señaló en la Comisión por los Senadores patrocinantes, la importancia de la iniciativa va más allá del estricto financiamiento del proyecto. Sin duda, su aplicación se traduciría en la obtención de fondos apreciables que permitirían ese financiamiento. Pero fundamentalmente se trata de aumentar en forma substancial el precio de nuestro cobre, es decir, mejorar de una manera estable las condiciones de comercialización de nuestra principal riqueza. Es de público conocimiento que el cobre chileno se vende a 42 y 36 centavos de dólar la libra, mientras en Londres alcanza niveles superiores a 80. Una errada política de precios ha mantenido al país al margen de beneficios legítimos y perfectamente justificados, de acuerdo con el panorama objetivo del comercio internacional de este metal. Es de estricta conveniencia para Chile, y de elemental justicia, por otra parte, que se apruebe la medida propuesta. Ello significaría elevar el precio del cobre a 56 centavos; es decir, elevar el ingreso para el país en aproximadamente 104 millones de dólares. Tan evidente es la justicia de la proposición a que nos referimos, que el representante del partido de Gobierno, la Democracia Cristiana, el Honorable señor Ignacio Palma, le prestó su apoyo en la Comisión. Todos los demás sectores coincidieron con los argumentos en que se funda la iniciativa de los Senadores del FRAP. De ahí que su aprobación se produjo por unanimidad. El clamor de los más vastos sectores de la ciudadanía ha llegado a ser tan intenso que el propio diario "El Mercurio" se ha visto obligado a abogar por un aumento del precio del cobre. Sin duda, la desastrosa negociación por la cual Chile vendió 90 mil toneladas en el mercado norteamericano al precio vil de 36 centavos de dólar la libra, significó una verdadera clarinada de alerta a la conciencia de la ciudadanía. Ello, unido a las condicionas objetivas del mercado mundial, ha tornado insostenible la posición de quienes eran partidarios de seguir vendiendo el cobre a un precio insignificante, en beneficio de los grandes monopolios de la economía norteamericana. Finalmente, deseo referirme al precepto aprobado por la Comisión de Defensa relacionado con el personal de ASMAR, y que tiene por objeto dar a dicho personal derecho a elegir un representante ante el consejo de la industria mencionada. El Honorable señor Ampuero y el Senador que habla fuimos partidarios de otorgar a esos trabajadores el derecho a elegir un representante de los empleados y otro de los obreros. Por desgracia, se nos desoyó en la Comisión y se resolvió restringir esa representación a un solo representante para ambos sectores. Quiero, en presencia del señor Ministro de Defensa Nacional, subrayar el buen deseo de los legisladores tendiente a permitir que los obreros y empleados que laboran para las industrias de la Defensa Nacional tengan un representante ante ese consejo, con el Objeto de que su voz sea escuchada. Ello es tanto más necesario cuanto que ese personal no tiene la facilidad para hacerse oír que poseen los trabajadores civiles o los de la industria particular, y carecen del derecho a tener sus organizaciones, no obstante existir dictámenes de la Contrataría General de la República en los cuales se establece que los trabajadores de ASMAR y de FAMAE pueden organizar asociaciones a fin de representar sus aspiraciones, sus reivindicaciones ante la jefatura de esas industrias. En la ley sobre quinquenios para el personal de FAMAE, el Congreso aprobó un artículo por el cual se concede representación en la Junta de Vigilancia a personeros de obreros y empleados elegidos directamente por esos sectores de trabajadores. El Ejecutivo, a pesar de las promesas en contrario del señor Ministro de Defensa, vetó esa disposición y la reemplazó por otra, que' crea una Junta de Bienestar Social reglamentada por el Presidente de la República y que, en el fondo, significa liquidar la representación directa de los trabajadores y entregar la designación de sus integrantes al capricho de la dirección de la fábrica. En la actualidad, existe una disposición de la ley 16.275 que, autoriza a las sociedades de socorros mutuos de FAMAE para nombrar un representante ante el Consejo Superior de la empresa. Por decreto publicado en el boletín oficial del Ejército, se dictó el reglamento mediante el cual debe regirse la Junta de Bienestar y se estableció el procedimiento para elegir los representantes ante dicha junta. El mencionado reglamento dice: "1º.- La Junta de Bienestar Social de FAMAE, creada por ley Nº 16.265, tendrá por objeto la solución de problemas sociales de su personal, dedicándose de-preferencia a abordar materias que representen un interés o beneficio general. "Para estos efectos prestará asesoría a la Dirección de Fábricas en la solución de estas materias. "2º.- La Junta podrá hacerse representar ante el Consejo Superior de FAMAE por uno de sus miembros, con derecho a voz y voto, en la sesión en que se estudie y apruebe el Balance Anual de la Industria. "3º.- La Junta estará integrada por el Subdirector General o quien lo reemplace, que la presidirá y por cuatro miembros que representarán: dos a la Sociedad de Socorros Mutuos y dos a los empleados. Será asesorada por el Jefe del Departamento de Personal y Bienestar, quien participará en sus sesiones sin derecho a voto y tendrá el carácter de Secretario. "4º.- La Junta se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando la cite el Presidente. "Las citaciones a sesión serán por escrito, por lo menos con 24 horas de anticipación, indicándose la Tabla. "Los acuerdos que se adopten serán registrados en un libro especial, foliado, que permanecerá en poder del Secretario y que contendrá en su primera página, bajo te firma del Presidente y del Secretario, una certificación de las hojas útiles. "5º.- El quórum para sesionar será de tres de sus miembros. Los acuerdos serán adoptados por simple mayoría de los presentes y en caso de empate decidirá el voto del Presidente. "6º.- Los representantes de la Sociedad de Socorros Mutuos serán elegidos por dicha Sociedad y la designación deberá recaer, precisamente, en personas que se desempeñen como operarios en FAMAE. "Los representantes de los empleados serán elegidos en votación directa, a la cual concurra por lo menos el 51% de los empleados de FAMAE, a la fecha de la elección. La elección se deberá efectuar antes del 15 de marzo del año que corresponda. "7º.- Todos los representantes entrarán en funciones el 1º de abril; durarán dos años en sus cargos y sólo podrán ser reelegidos por un nuevo período consecutivo. "8º.- La Sociedad de Socorros Mutuos y el personal de Empleados elegirán respectivamente dos suplentes, quienes actuarán en reemplazo del titular correspondiente cuando éste por cualquier motivo no pueda asistir a las sesiones de la Junta. "9º.- Para ser elegido miembro de la Junta de Bienestar será necesario tener más de 10 años de servicios en FAMAE, no haber sido sancionado con amonestación escrita durante su permanencia en la industria y deberá -cuando corresponda- haber sido clasificado el año anterior a su elección en listas Nºs 1 ó 2." Sobre el particular, debo decir que, según lo dispuesto en el número 99 del reglamento, es muy difícil que obrero alguno pueda reunir esos requisitos, pues tanto en la industria de ASMAR como en la de FAMAE se utiliza el procedimiento de consignar anotaciones en las respectivas hojas de servicios. A los militares se les califica una vez al año. Una vez hecha esta calificación, automáticamente desaparecen las anotaciones en dicha hoja. En cambio, las anotaciones en la hoja de servicios de los obreros que trabajan para las industrias de la Defensa Nacional no desaparecen sino cuando ellos se acogen a jubilación o son dados de baja. Quiero citar el caso de un ciudadano que fue elegido y, a quien, por el solo hecho de tener una de esas anotaciones, automáticamente se lo descalificó por el jefe de Bienestar. ¿Cuál fue la falta cometida por ese trabajador? Se presentó a trabajar sin la placa respectiva. Al requerírsela el cabo de guardia, le explicó que la había olvidado en la casa, y de inmediato se hizo acreedor a una anotación en su hoja de servicios. Por lo tanto, si la aplicación de este reglamento se hace extensiva al personal de ASMAR, el precepto no servirá de gran cosa. En realidad, es muy escaso el número de trabajadores que no tienen anotaciones en sus hojas de servicios. Al respecto, debo agregar que el año pasado, por ejemplo, se despidió a un obrero con 21 años de trabajo, que sólo tenía una anotación en su hoja de servicios, por haber llegado una vez atrasado. Esto demuestra que existe demasiado celo en la aplicación del reglamento. Mientras en una de sus partes se dice que "ningún miembro del Departamento de Bienestar tendrá derecho a voto para los efectos de elegir la Junta de Vigilancia", el Jefe de Bienestar resulta ser el secretario de dicha junta, lo que constituye manifiesta contradicción. Quiero dejar en claro, para la historia fidedigna de la ley, que quienes nos hemos propuesto formular esta indicación, en el sentido de dar un representante a los obreros y otro a los empleados de ASMAR ante el Consejo de la fábrica, deseamos que tales personeros sean elegidos directamente por los trabajadores, sin tutelaje de la empresa, sin que presida las elecciones el subdirector de ella y sin que el jefe de Bienestar sea quien controle, cuente los votos y califique al personal. Nada más. El señor JULIET.- Señor Presidente, en representación de mi partido, me correspondió participar en los debates habidos en la Comisión de Defensa Nacional en torno de la materia que hoy ocupa al Senado. A raíz de que el Honorable señor Aguirre Doolan, miembro titular de dicha Comisión, se encontraba fuera del país, debí concurrir a ocho o diez reuniones y conocer, tanto por intermedio del Ministro del ramo como de los asesores que lo acompañaron -los jefes máximos del Ejército, la Armada, la Aviación y de Carabineros- algunos pormenores relativos al proyecto en debate. Fácil será para los señores Senadores comprender que el corto análisis que puedo hacer de lo que estimo favorable y beneficioso en esta iniciativa legal, no abarcará todas las materias que ella comprende, que son muchas, y algunas de detalles. Sus Señorías podrán imponerse de ellas con la sola lectura del proyecto. Quiero, sí -a eso obedece que haya solicitado la palabra-, manifestar la satisfacción con que mi partido ha visto la iniciativa tomada por el Gobierno con el objeto de mejorar las rentas del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esta satisfacción fluye de sólo observar que nuestras Fuerzas Armadas, en lo que a remuneraciones se refiere, está en situación por demás precaria; vale decir, casi en los tramos más bajos de la escala de las rentas públicas. Así, por ejemplo, los jefes máximos del Ejército, de la Armada, de la Aviación y de Carabineros, hombres de larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, todos ellos con más de 35 años al servicio del país, tienen una renta de apenas Eº 1.600. Todos los señores Senadores saben y comprenden que estas rentas no se compadecen con las que perciben en la actualidad algunos jefes de servicios o algunos representantes que el país mantiene en diferentes organismos públicos, fiscales o semifiscales. Pero si seguimos en un análisis comparativo de las escalas de sueldos de las Fuerzas Armadas con los del resto de la Administración, advertimos mayores aberraciones. Así, por ejemplo, en las escalas inferiores de oficiales y suboficiales, algunos perciben rentas muy inferiores al sueldo vital, circunstancia por la cual, como lo hizo presente el señor Ministro de Defensa y como me ha tocado comprobar en el diario trajinar por la vida, muchos oficiales ejemplares y distinguidos se alejan de las Fuerzas Armadas en busca de mejores remuneraciones en otras reparticiones públicas o en la actividad particular. Por ejemplo, se nos informó que en cuatro años, no por determinación de la Junta Calificadora, sino por retiro voluntario, debido a la causa que anoto, se alejaron de los institutos armados alrededor de 712 oficiales. El Gobierno creyó oportuno presentarnos un proyecto de ley que, en síntesis, mejora sustancialmente las rentas: en 41,25% hasta el grado de capitán, y en 70,5% hasta el de subteniente. La proposición gubernativa de un reajuste de 41,25% vino a darnos la razón en cuanto, en el proyecto de reajuste de los sectores público y privado, sostuvimos que el aumento de rentas de esos trabajadores debía ser superior a 40%. De parte de nuestra colectividad política no hubo, pues, una actitud demagógica, inconciliable con el alza del costo de la vida, al procurar, mediante acuerdos e indicaciones, un porcentaje de aumento de los sueldos que compensara la disminución del poder adquisitivo de los empleados y obreros de las instituciones públicas y privadas. Celebro, entonces, que el Gobierno, en este proyecto, haya acogido la petición del Partido Radical de otorgar un reajuste de 40%. Al mismo tiempo, reitero que nada habría sido más grato para nosotros que igual reajuste se hubiera concedido a los sectores público y privado, como fue nuestro propósito. Los miembros de las Fuerzas Armadas, con el reajuste de 41,25% más la bonificación de 13%, totalizan rentas que pueden considerarse equiparadas con las del resto del personal de la Administración Pública. En efecto, los Comandantes en Jefe del Ejército, Marina, Aviación y Carabineros percibirán emolumentos de 2.300 escudos, y los subtenientes, una renta mínima de 375 escudos. En lo concerniente al propósito del Ejecutivo de dar una bonificación de 13%, manifesté en la Comisión que ella era justa y, en cierto modo, equivalía a la asignación de título o profesional de que gozan algunos funcionarios públicos. Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros desarrollan su actividad en un marco estrictamente profesional; siguen, después de largos estudios, una carrera que les impide el ejercicio de cualquier otro empleo remunerado y los obliga a perfeccionarse en la Academia de Guerra, en la Academia Naval o en otros institutos de esta índole. O sea, entregan la totalidad de su tiempo a las instituciones armadas, en cargos incompatibles con otras ocupaciones. Por eso, con especial interés brindé mi apoyo a la bonificación de 13%, que he llamado bonificación profesional. Agregando a lo anterior las bonificaciones acordadas por leyes precedentes: de 11 escudos, de 60 escudos por casa, y de 10 escudos al resto del personal de las Fuerzas Armadas, éstas quedan con rentas que satisfacen, aunque no plenamente, lo que aspirábamos para ellas. Con ello se da satisfacción a un viejo anhelo de nuestro partido, y una remuneración justa a quienes la merecen. Fuera de los preceptos relativos a remuneraciones, el proyecto consigna otras normas largamente sentidas. A iniciativa del Honorable señor Ampuero, logramos conocer a fondo los problemas de ASMAR y de FAMAE, escuchamos en la Comisión a los representantes de ambas entidades y nos impusimos de sus reclamos en cuanto a quinquenios, asignación de casa, aumento de remuneraciones, etcétera. Creemos asimismo que, aun cuando no se han satisfecho del todo las justas aspiraciones planteadas por sus personales, por lo menos se han cumplido en gran parte sus demandas. En seguida, el proyecto establece el llamado Fondo de Seguridad Nacional, fondo que en cierto modo es discriminatorio. Se asignan 15 millones de escudos a las tres ramas de la Defensa Nacional, distribuidos por iguales partes entre ellas, con el objeto de permitirles costear algunos gastos extraordinarios que anualmente se les presentan. Y digo que ese fondo es discriminatorio porque, como lo señalé en la Comisión, las Fuerzas Armadas y Carabineros deben tener igual tratamiento, máxime cuando al Cuerpo de Carabineros le corresponde una labor paralela de enorme responsabilidad: el servicio de fronteras, que requiere el auxilio de elementos materiales, como radios, camionetas, ambulancias y otros. Ese servicio queda, en consecuencia, desprovisto de los recursos extraordinarios que percibirán anualmente los institutos armados. Aliento la esperanza de que el señor Ministro de Hacienda, en el segundo informe, habrá de considerar la petición que formulé, en el sentido de otorgar a la Dirección General de Carabineros, dentro del fondo mencionado, los 5 millones de escudos que solicitó, a fin de igualar su situación con la de las Fuerzas Armadas y de subvenir los desembolsos ocasionados por las contingencias extraordinarias que debe afrontar cada año. Me parece, además, que el proyecto responde a las inquietudes que todos los Senadores tenían sobre el particular, al atender en forma suficiente, o por lo menos satisfactoria, a los jubilados y montepiados de dichos institutos. Antes de terminar esta muy somera relación acerca de aquello en que me tocó participar y actuar en la Comisión de Defensa, quiero referirme al financiamiento en sólo dos aspectos, pues el Honorable señor Bossay habrá de ocuparse más en detalle en esta materia. La iniciativa en debate aumenta la tasa del impuesto a los vinos. En esta misma Sala, tuve ocasión de expresar que la industria vitivinícola era una de las más despreciadas, la menos acogida y favorecida por nuestra legislación, y que la fijación de precios al vino había herido fuertemente la economía de las provincias que represento. No fuimos oídos y se mantuvieron los precios del vino muy por debajo de los normales en el comercio. Pues bien, la tasa impositiva sobre este producto se eleva, de 10%, a 12%, lo que habrá de producir duro impacto en la producción vitivinícola, aspecto sobre el cual nos explayaremos en la discusión particular. Creo que habrá hecho meditar profundamente al señor Ministro el informe de la Asociación de Vitivinicultores, cuando manifiesta que la recaudación del impuesto al vino es deficiente; que por ese capítulo se pierde más de 70% de lo que el Fisco normalmente debe recaudar, y que la cifra a que asciende ese porcentaje excede en mucho los 4 millones de escudos que representa el 2% de aumento proyectado. Los Senadores radicales, y yo en particular, insistiremos en que ese recargo no se produzca. Trataremos de buscar una fórmula, a la cual esperamos que concurra el señor Ministro de Hacienda, con el fin de reemplazar el financiamiento; en todo caso, una fórmula para no gravar a una industria de producción altamente beneficiosa para Chile y que rinde tributos muy importantes, que podrían verse afectados por este recargo. Ahora, me referiré brevemente al impuesto de 6% que se establece sobre los avisos y propaganda comercial de prensa, radio y televisión. Puede ser que este gravamen no afecte a las empresas de Santiago, pero será la muerte para las radios y diarios de provincia. Los avisos no podrán ser contratados por el comercio, debido a su alto costo, amén de que el nuevo tributo impedirá que, en Santiago y provincias, la radiodifusión preste los habituales servicios de divulgación de las características de artículos, mercaderías y productos. Procuraré que este impuesto no se incluya en el proyecto en debate. Después de este breve resumen del contenido del proyecto, manifiesto con especial satisfacción la adhesión de nuestro partido al espíritu de esta iniciativa de ley. Esperamos que ella será modificada en el segundo informe, para corregir los defectos que apreciamos tanto en lo referente a la situación profesional de los miembros del Ejército, Marina, Aviación y Carabineros, como en lo relativo al financiamiento. He concedido una interrupción al Honorable señor Aguirre. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, el Honorable señor Juliet ha sido muy claro y preciso al exponer los puntos de vista de los Senadores radicales frente a este proyecto, de manera que seré muy breve al recalcar algunas de sus observaciones. Me correspondió actuar en la Comisión de Defensa Nacional en las últimas dos sesiones únicamente, cuando el proyecto ya estaba casi despachado en su totalidad. Por eso, mi intervención fue muy limitada. De todas maneras, como he sido miembro titular de esa Comisión durante muchos años y siempre me he preocupado de los anhelos de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, en especial con motivo de todos los proyectos que los diversos Gobiernos han enviado a la consideración del Poder Legislativo desde 1953, quiero detenerme en algunos puntos de esta iniciativa. En verdad, el Ejecutivo propone reajustar las remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros, en términos que, dentro de las posibilidades económicas del erario, podrían estimarse satisfactorios. Siempre hemos opinado que estos servidores públicos realizan una función de honor, como lo atestigua la carrera de militares, aviadores, marinos y miembros de Carabineros de Chile. Esa función de honor la realizan al margen de peticiones directas o indirectas, las cuales quedan sometidas a la comprensión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a satisfacer anhelos e inquietudes de gozar de remuneraciones justas, legítimas y compatibles con la dignidad del ser humano. Respecto de algunos preceptos relativos a la previsión social, el Ejecutivo estimó conveniente ampliar su alcance, en su deseo de obtener mayores facultades. Así lo demuestra el artículo 14 del proyecto de la Cámara, que dice: "Autorízase al Presidente de la República para que dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a: "1.- Establecer el régimen de remuneraciones del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile que será aplicable a contar de 1967, modificando o derogando disposiciones vigentes sobre la materia. "La aplicación de este número no podrá significar disminución de las remuneraciones." Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, uno de cuyos integrantes era en ese instante el Honorable señor Juliet, estimaron -y yo soy del mismo parecer- que no puede delegarse esta facultad en el Ejecutivo, y que esta materia podría ser objeto más bien de una ley sobre el particular. El punto segundo de esas facultades extraordinarias solicitadas por el Ministerio de Defensa Nacional, o mejor dicho por el Ejecutivo, dice: "Modificar el DFL Nº 129, de 1960, sobre Clasificación, Nombramientos, Ascensos y Calificaciones del personal de las Fuerzas Armadas". Sobre este particular, los miembros de la Comisión de Defensa -y entre ellos el representante de nuestra colectividad Honorable señor Juliet- estimaron -y es muy lógico- que dicha facultad es privativa del Poder Ejecutivo. Consideramos que ese Poder es el que debe actuar respecto de las calificaciones, nombramientos, ascensos y calificaciones del personal de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el precepto fue aprobado por nuestro colega, quien coincidió con la mayoría de la Comisión. Sobre esta materia, deseo hacer presente que, frente a la opinión pública, los hechos han sido tergiversados. El retiro posterior de los Mensajes de ascenso que con anterioridad el Ejecutivo envió al ¡Senado, se debe única y exclusivamente a una determinación del propio Gobierno. Tal es el caso, por ejemplo, del ascenso a General de División del General de Brigada don Hernán Rodríguez Palacios, aprobado por la unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional y listo para ser considerado por la Sala. Pudo haberse producido el ascenso; pero por propia determinación del Ejecutivo, el mensaje no pudo ser tratado. El señor REYES.- ¿Me permite, señor Senador? El señor AGUIRRE DOOLAN.- Excúseme por no concederle interrupción. Cuando termine mis observaciones, Su Señoría tendrá la oportunidad de intervenir. No quiero perder la ilación de mi discurso. He consultado a algunos colegas de estas bancas sobre una indicación que formularé, tendiente a liberar de culpa en lo referente a las remuneraciones y ascensos de los militares, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Ella tiene por objeto que los ascensos de jefes y oficiales deben ser acogidos por el Senado de la República de conformidad con el número 7º del artículo 71 de la Constitución Política, a fin de que las remuneraciones de esos funcionarios rijan a partir del mismo día en que el Ejecutivo envía a la consideración del Congreso los mensajes respectivos. Anuncio la presentación de la indicación que comento, con el objeto de demostrar, una vez más, que de parte de los parlamentarios de estas bancas ni del Senado de la República en general, jamás existió el ánimo de obstruir el despacho de los ascensos, o de castigar, de ese modo, a algún miembro de las Fuerzas Armadas en lo tocante a sus remuneraciones o ascensos. La Comisión de Defensa Nacional procedió bien al no otorgar al Ejecutivo, en lo previsional, facultades extraordinarias, porque ello significaría modificar totalmente el régimen de remuneraciones, de retiro y montepíos del personal afecto a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y al de la de Carabineros de Chile y, por lo tanto, determinar las personas afectas a dichos regímenes. Reitero que, en mi concepto, esta materia debería ser objeto de otro proyecto de ley. Me complazco en dar a conocer que, como lo hizo el Honorable señor Juliet en la Comisión de Defensa, votaré favorablemente la indicación formulada por el presidente de dicha Comisión, Honorable señor Ampuero, destinada a aumentar las rentas del personal de ASMAR. Tal iniciativa merece todo mi apoyo, pues se trata de materializar una aspiración largamente anhelada por ese personal que se encontraba postergado, con rentas exiguas. En zonas industriales, como son Huachipato y todo el cinturón que rodea a Talcahuano -a pesar de que en otras empresas hay obreros con muy buenas rentas- los funcionarios de ASMAR veían, con desaliento, que un organismo del Estado manejado por la Marina de Chile, les pagaba sueldos, muchas veces equivalentes, no sólo a la mitad, sino a la tercera parte de lo que reciben otros trabajadores. De conformidad con lo acordado por la Comisión de Defensa, las remuneraciones de esos servidores serán mejoradas. En lo que a mí atañe, me felicito y congratulo por ello, pues igual predicamento se aplicará para FAMAE. En cuanto al financiamiento de este proyecto, el Honorable señor Bossay expresará la opinión de nuestro partido. Sin embargo, quiero manifestar que la Comisión concordó en el predicamento de no aceptar algunos de los impuestos que el Ejecutivo patrocina, como, por ejemplo, el aplicable a la industria vitivinícola. Por otra parte, el Colegio Médico Veterinario deja de percibir entradas provenientes de determinados gravámenes. Con ello, dicho organismo queda en situación desmedrada, pues con esos ingresos estaba realizando una labor digna de todo encomio y respeto. Como lo anunció denantes el Honorable señor Juliet, los Senadores radicales estamos plenamente de acuerdo en aumentar las rentas al personal dependiente del Ministerio de Defensa y al de Carabineros de Chile. Sin embargo, nos reservamos la facultad privativa de formular las indicaciones pertinentes en el segundo informe, en especial, en los rubros relacionados con previsión social y con el financiamiento, en aquellas partes que consideramos inconvenientes para la producción nacional y en cuanto no representan soluciones en beneficio de los productores. Termino anunciando que los Senadores de estas bancas, como lo hicieron quienes me precedieron en el uso de la palabra, votaremos favorablemente la idea de legislar, en la esperanza de que el segundo informe se despache tan rápidamente como sea posible, con el objeto de que los anhelos de las Fuerzas Armadas se materialicen a la brevedad. El señor GONZÁLEZ MADARIAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor BOSSAY.- Con mucho gusto. El señor AHUMADA (Presidente Accidental).- Se suspende la sesión por veinte minutos. -Se suspendió a las 18.30. -Continuó a las 18.57. El señor AHUMADA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bossay. El señor BOSSAY.- Como lo han demostrado los señores Senadores que han intervenido anteriormente, este proyecto beneficia a más o menos 63 mil personas en servicio activo. En la Cámara de Diputados, su costo alcanzó a 195 millones de escudos y, al ser despachado por la Comisión de Defensa del Senado, éste se calculó en 205 millones de escudos. La Comisión de Hacienda recibió el proyecto desfinanciado en aproximadamente 96 millones de escudos. La tarea de buscar financiamiento fue bastante ardua para todos los miembros de esa Comisión, sin excepción. Durante el debate en general, expresamos al Ministro de Hacienda nuestro pensamiento en cuanto a las dificultades cada vez mayores existentes en nuestro país para financiar determinadas iniciativas mediante el uso exclusivo de nuevos tributos o el simple aumento de tasas. Está comprobado que este sistema, aplicado por el actual Gobierno y durante el último año de la anterior Administración, no logra nuevos ingresos fiscales, sino únicamente una regresión o estancamiento, y no contribuye a financiar determinados proyectos de ley. Coincidimos con algunas decisiones de la Comisión de Defensa Nacional, no con todas, desde el punto de vista del financiamiento, ya que varios de los tributos propuestos afectaban seriamente, según nuestro criterio; el desarrollo económico de Chile. Tal es el caso del tributo aplicable a los neumáticos, en el deseo de encarecer los fletes realizados por vehículos de transporte caminero, a fin de colocar a los Ferrocarriles, frente al nuevo aumento de sus tarifas, en mejor situación competitiva respecto del transporte realizado por camiones. El mismo criterio tuvieron la Comisión de Defensa Nacional y la mitad de la de Hacienda en cuanto a la creación de un nuevo tributo sobre los créditos no reajustables, que alza su costo en algo más de 30% anual. El señor Ministro lo aceptó en su oportunidad, pero sólo para las letras de cambio, y no para créditos de otra índole, sobre los cuales el término medio de tributación e interés, aunque inferior -sólo 8%, según dicho Secretario de Estado-, es comparable, en opinión del Ejecutivo, con el que se cobra en otros países, tomando en cuenta una desvalorización monetaria supuesta, en el año actual, de 15%. Nosotros no aceptamos tal aumento, y me correspondió presentar una indicación para rebajarlo en 50%, lo que de todas maneras representa sacrificio para todas aquellas personas que requieren del crédito para incrementar la producción y colaborar, desde cualquier campo de actividad, al desarrollo económico nacional. Pero a la vez propusimos otros tributos, de los cuales no es el menos importante el ya señalado, sobre la cifra de negocios, que sólo en cuanto a la propaganda comercial significa un ingreso de ocho millones de escudos. Tampoco es de las menos importantes, antes todo lo contrario, decisiva para financiar el proyecto, la fórmula a que me referí en su oportunidad, expresada más tarde en una indicación del Honorable señor Altamirano y otros Senadores, que dio origen al artículo por el que se prohíbe exportar cobre a precios inferiores en más de 30% al promedio de las cotizaciones registradas en la Bolsa de Metales de Londres. Concurrí a esta solución solamente para pedir que se cambiara el porcentaje por el de 20%. Estimamos que el Senado ha hecho un enorme esfuerzo, por medio de su Comisión técnica, por financiar este proyecto, que asciende a 200 millones de escudos y da solución al problema financiero de nuestras Fuerzas Armadas. Quiero dejar constancia de ello, porque comúnmente nos encontramos con frases y declaraciones, a veces de un Subsecretario, otras de un personero de más alta jerarquía en el Gobierno, según las cuales proyectos como éste sufren demora o no son financiados por culpa del Senado -como se expresa en una publicación de hoy- o de la Oposición. Y esas declaraciones son -repito- más o menos permanentes y de orden general. La verdad es muy distinta. No disponemos del tiempo necesario para analizar en detalle todos los proyectos despachados últimamente o en trámite; pero si lo hiciéramos, veríamos que en todos ellos, sin excepción -tanto en el de reajuste de remuneraciones de la Administración Civil del Estado y sector privado, este de reajuste de sueldos de las Fuerzas Armadas, y el que estudiaremos la próxima semana, de incremento a las exportaciones-, en el mensaje y no por iniciativa del Parlamento, se proponen medidas de todo orden: relativas a huelgas, a las empresas mixtas del cobre, a la reforma del Banco Central, modificatorias del Código Tributario, etcétera, que no todas son de financiamiento y cuyo estudio acabado requeriría de meses y meses en las Comisiones técnicas respectivas. Baste recordar como ejemplo que el despacho de la ley base de una de esas materias -el Código Tributario- necesitó de un año o año y medio, en que el proyecto permaneció en el Parlamento, en procura de que resultara lo más justo posible desde los puntos de vista político y técnico, dentro de nuestro sistema de legislar. Así, pues, lo que se afirma es una verdad muy incompleta. Me atrevería a decir que ella no refleja de ningún modo la razón por la cual tales proyectos son de larga tramitación en el Congreso. Por lo demás, en algunos casos, la demora no se produce en esta Corporación. El proyecto que trataremos la semana próxima, de incremento de las exportaciones, no estuvo en el Senado más de sesenta días, pero en la Cámara de Diputados, en cambio, en donde el partido de Gobierno tiene amplia mayoría, estuvo detenido cinco meses. No podría, por lo tanto, decirse que aquí, en el Senado, en donde se estudian simultáneamente por distintas Comisiones tres proyectos de extraordinaria importancia -los que acabo de mencionar- exista algún propósito de postergación o que impida remediar la situación de angustia que sufren importantes sectores de trabajo, tanto en el campo civil como en el militar. Nosotros entregamos, según nuestro criterio, totalmente financiado el proyecto en debate. Más que financiado: tiene un sobrante considerable. Es posible que el Ejecutivo tenga un criterio diferente en cuanto a la filosofía que induce a tocar algunas de las fuentes de recursos que proponemos; que estime, como lo indicó el señor Ministro en su oportunidad, que la compensación de la pérdida por exportaciones de cobre es materia de orden administrativo, cuya solución debe él encarar. Pero no cabe la menor duda de que el financiamiento aprobado por la unanimidad de la Comisión de Hacienda entrega recursos más que suficientes para todo el proyecto y deja en manos del Gobierno cierta cantidad que le permite compensar el desequilibrio producido por el menor ingreso habido en nuestra principal exportación. Ya he dicho, señor Presidente, que la base del financiamiento de este proyecto está, en primer lugar, en un cambio total, con elevación de tasas, de la ley de impuesto a la compraventa. Se hacen a este cuerpo legal más de cincuenta modificaciones. Pero los recursos no provienen fundamentalmente del alza de tasas, sino de la uniformidad en el sistema de aplicación del tributo, lo que por supuesto ha de contribuir a facilitar su percepción y administración. Está, también, en forma muy importante, en el impuesto transitorio sobre los créditos bancarios no reajustarles: veinte y tantos millones de escudos, aún con la rebaja de 50%. Igualmente, está en el tributo especial que se impone a las utilidades extraordinarias de los bancos, que la Comisión de Hacienda estimó que debía aplicarse a las ganancias del actual ejercicio, pues, según el criterio de la mayoría, hacerlo sobre utilidades del año anterior, expresadas en conocimiento de una legislación determinada y en muchos casos ya repartidas, sería, evidentemente, de muy discutible constitucionalidad. Se financia el proyecto, asimismo, mediante un impuesto sobre los neumáticos, tanto importados como de fabricación nacional, y otras pequeñas fuentes de ingresos, aparte la indicada por el Honorable señor Juliet con relación a la propaganda. Deseo fundamentalmente expresar al señor Ministro y a la ciudadanía que nuestro partido reitera su pensamiento en el sentido de que ya se ha tocado fondo, en nuestro país, en el medio de financia-miento que tiene como forma exterior exclusiva el aumento de tasas o la creación de nuevos tributos. No queda, prácticamente, en nuestra economía, lugar en donde colocar impuesto alguno. Y la verdad es que las grandes fuentes de recursos no han sido tocadas aún. En este proyecto, la Comisión propone obtener determinada cantidad de una de estas fuentes. Me refiero al aumento del precio del cobre en el mercado mundial, no mediante el establecimiento, por ley, de un precio de venta, como se ha dicho en la prensa, sino por la aplicación de una norma de carácter general: la de que el precio mínimo o base a que se venda al exterior nuestro cobre no puede ser inferior al del mercado de Londres en los últimos sesenta días, menos 30%, con excepción del alza ocurrida en los últimos días, en que este metal ha llegado a más de 92 centavos por libra en aquel mercado, como consecuencia de los problemas laborales del principal productor africano. En los días anteriores, se nos informó que el término medio era de 70 centavos. Menos un 30%, esta cotización daba un precio básico de 49 centavos. Ello, naturalmente, ateniéndonos siempre a los organismos establecidos para este fin y a la legislación en vigencia. Esto significa una diferencia de más o menos 9 centavos por libra con relación al precio actual, y cincuenta y tantos millones de dólares más por año, que no sólo han de permitir el financiamiento que perseguimos en esta ocasión, sino, a nuestro entender, la compensación del menor ingreso debido a los problemas laborales en la industria cuprera en los últimos meses. Pero debo recordar que desde hace mucho tiempo, en la Comisión de Hacienda del Senado y en el Parlamento en general, se viene exigiendo del Ejecutivo aprovechar esas nuevas formas de financiamiento. El año recién pasado se expresó en esta Sala, en un debate interesante y violento a veces, la necesidad de dictar rápidamente una ley de racionalización de franquicias; iniciativa ésta que no constituye ninguna novedad, que fue estudiada a fines del Gobierno anterior, sobre la cual existen trabajos, que fue examinada por una comisión político-técnica, y que, previa revisión de parte del Ejecutivo, podría convertirse en una fuente importante de recursos para remediar al déficit presupuestario o para algún otro objetivo necesario a nuestro desarrollo económico. Pero cuando hemos expresado este pensamiento se nos ha dicho, como ha ocurrido en muchas otras peticiones hechas en el Congreso Nacional, que "se está estudiando", que "el proyecto está más o menos listo", que "pronto se mandará". Entretanto, es evidente que cada vez que echamos mano, para algún financiamiento, del aumento de tasas y de la creación de nuevos tributos, crece la angustia en el hombre de trabajo, en el pequeño industrial, agricultor o comerciante y, por una relación lógica, en la persona que compra y que, en última instancia, es la que soporta el aumento en el precio que paga. Y esta angustia irá incrementándose cada día más, sin que el fisco obtenga, paralelamente, un aumento proporcional de sus ingresos. Por eso, junto con destacar este propósito, expresado por mi intermedio en nombre del Partido Radical y de la Comisión de Hacienda, deseo hacer presente que existe de nuestra parte abierta colaboración para financiar completamente, en forma integral, el proyecto de reajuste de los Fuerzas Armadas y de Carabineros, con el fin de que se pueda cumplir con prontitud y con eficacia. También tengo la obligación de reiterar que, de una vez por todas, debe llegar al parlamento un proyecto de racionalización de franquicias que las establezca de manera más técnica y permita financiar las necesidades del fisco y los propósitos de orden general de desarrollo del Ejecutivo. Dentro de las distintas indicaciones presentadas relacionadas con la situación fiscal, planteamos una posición que no afectará la situación de privilegio que las zonas pisqueras tienen en la actualidad. Mantuvimos 6% en la base, es decir, en el impuesto a la compraventa para productores de este licor, en las mismas condiciones que existen. Pero la Comisión elevó a 12% los sucesivos impuestos a la compraventa, por estimar necesario que todo el país financie este proyecto, y porque ese aumento no será pagado por las provincias a las cuales se desea proteger, sino por el consumidor del producto en cualquier parte de Chile. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Agradezco su atención, señor Senador. Con motivo del proyecto relativo al reajuste de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que todo el país mira con agrado y del cual participa el Senador que habla, Su Señoría toca un punto importante. En la época de la anterior ley, cuando presidía la Comisión de Agricultura del Senado, fui uno de los Senadores que se empeñó en extender las zonas pisqueras, para procurar una mayor exportación a los productores de pisco. Tengo la sensación de que eso no se ha obtenido, pues hay intereses locales y regionales que no permiten que se ensanche esa producción, que tiene ribetes internacionales, por ser éste un producto muy apreciado en el exterior. De manera que todo lo que pueda hacer el Senado en ese sentido es justificado. No obstante, reconocemos como natural la existencia de zonas en el país a las cuales se reserve la producción de un producto determinado. Tal es el caso del pisco. En otras, por ejemplo, puede tratarse de vinos generosos, como los de la zona de Cauquenes. Por eso, reitero haber actuado siempre con miras al interés de la economía nacional y no regional. Deseo referirme a otro aspecto del proyecto. He observado que las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional han hecho una revisión muy acabada de él, pues lo aprecio muy bien entrabado y estudiado. No obstante, hay algo que debo reparar. Figura el carbón mineral, vendido por las empresas que lo explotan, con 1% de impuesto a la compraventa, situación de privilegio que debe ser mantenida por el Estado. Pero, en cambio, observo que las aguas minerales o mineralizadas y, en general, las aguas analcohólicas fueron gravadas por las Comisiones mencionadas con 35%. El señor PALMA.- Eso se cambió. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Desearía oír una opinión del señor Ministro en este aspecto. Aquí se trata de aguas minerales que la naturaleza entrega y que influyen en la salud pública. No sucede lo mismo con la Pepsi-Cola, la Orange Crush y otros productos artificiales que son de mero comercio. Si se protege la producción carbonífera, es justo dar el mismo tratamiento a las aguas minerales, con el fin de que ellas estén, por su precio, al alcance de todos. Por eso, señor Ministro, es conveniente que el aumento desmedido de los impuestos, que con gran acierto ha tocado el Honorable señor Bossay, y que están saturando al país, sea reemplazado por otras fuentes de recursos. Me han informado, por ejemplo, que un saco de papas de 80 kilos, que pagaba el año pasado por flete ferroviario mil pesos de Llanquihue a Alameda, ahora paga 3.200 pesos. Esto es inadmisible. No pueden pesar sobre los ciudadanos gravámenes de la cuantía de los que ahora se pretende establecer. Comprendo la necesidad de despachar el proyecto, que encuentro bien entrabado y coordinado, pero hay ciertos impuestos que merecen ser revisados. El señor BOSSAY.- Efectivamente, señor Senador; pero las aguas minerales mantienen en este proyecto una situación de privilegio respecto de la que tenían. Actualmente, se las considera como aguas naturales o, simplemente, como aguas con gas. Se las considera en el proyecto, respecto de ellas, con el mismo criterio que las bebidas analcohólicas o gaseosas, y a las aguas minerales medicinales se les grava, no con 25%, sino con 6%. Siempre en el afán de financiar el proyecto y de no perjudicar a las industrias, se presentó una indicación relativa a los neumáticos, tendiente a rebajar el impuesto en 50%. Creemos que la solución del problema de los ferrocarriles no se radica en el encarecimiento del transporte caminero, sino en la búsqueda de soluciones en la propia maestranza de materiales, modernizando los medios de transporte, idea en la cual coincidieron el señor Ministro y, si no me equivoco, la unanimidad de los miembros de la Comisión. Además, debo expresar que la tarea de financiar el proyecto, según nuestro criterio, fue cumplida cabalmente por la Comisión de Hacienda. Deseo, apartándome del temía sobre el cual debía hablar, recordar a los señores Ministros un folleto que el señor Frei, en la campaña presidencial, hizo llegar a todas las Fuerzas Armadas del país, llamado "Las Fuerzas Armadas y fuerzas de orden en el Gobierno de Frei". Fue este folleto el que llevó a votar por el actual Presidente de la República a una enorme cantidad de personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Son muchas las promesas que ahí se formulan, la mayoría aún incumplidas hasta la fecha. Decía este folleto, entre otras cosas, lo siguiente: "Nos alegramos de que con la medida del aumento por quinquenios se salve, aunque sea en parte y con atraso, el hondo problema económico del personal en servicio activo, pero es lamentable y debe ser remediado a la brevedad posible, la marginación que se ha hecho, sentando un funesto precedente para todos, del personal retirado con menos de treinta años de servicios". Hemos presentado distintas indicaciones, por medio de las cuales pretendemos facilitar al señor Ministro de Defensa Nacional, y, en especial, al de Hacienda, el cumplimiento de esos compromisos, hechos hace largo más de un año. Creemos que, en este momento, el Gobierno tiene en sus manos todos los medios para llevar a la práctica el grito de protesta del candidato de ese entonces por la marginación de las Fuerzas Armadas y de orden. De las varias indicaciones que he pre-presentado, leeré una, que tiende a resolver ese problema, y haré una petición al respecto. La indicación dice: "Introducir las siguientes modificaciones al artículo 16: 1) Eliminar la frase inicial "a contar desde la publicación de la presente ley"; 2) Eliminar después de la palabra "acredite" la siguiente frase: "30 ó más años válidos para el retiro", reemplazándola por la que sigue: "20 ó más años válidos para el retiro, goce de pensión de actividad". En la misma forma, hemos presentado otras que, con mayor precisión, se refieren a aquellas personas con menores años de servicio y al derecho de que se les abone un año por cada cinco de servicio, en especial a los jubilados en virtud del decreto con fuerza de ley 3.753, de 1927, y que sólo tenían 25 a 29 años de servicio, conforme lo indica ese decreto. Este tema fue ampliamente debatido en la discusión de la. parte técnica del proyecto. Todas las organizaciones de jubilados de la Defensa Nacional de Chile; de Talcahuano, Santiago, Valparaíso, y otras ciudades, tales como la Sociedad de Jubilados de la Defensa Nacional, la Asociación Mutualistas de Jubilados de las Fuerzas Armadas Arturo Prat; -el Círculo de Suboficiales en Retiro Sargento Aldea; el Club de Suboficiales Mayores Navales; el Círculo Unión de Jubilados y Montepiados de las Fuerzas Armadas; el Círculo de Ex Servidores de la Defensa Nacional; el Círculo de suboficiales en retiro y montepiados de la Defensa Nacional Manuel Rodríguez, y otras importantes organizaciones, han golpeado las puertas del Ministerio y hablado con Senadores y Diputados, para rogar, en todos los tonos, que se cumpla esta promesa hecha a los pensionados de las Fuerzas Armadas. No quiero terminar mis palabras sin reiterar esta petición a los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional, presentes en la Sala. Como lo dije en la Comisión, estamos dispuestos a colaborar para encontrar un financiamiento que permita resolver este problema, y que no parece posible alcanzar en la actualidad. Por distintas razones que no es el momento de analizar, la pensión de los jubilados de las Fuerzas Armadas se ha achicado. Así, en virtud del sistema de revalorización de pensiones y de la bonificación en los sueldos, su pensión se ha ido alejando de la renta que percibe el personal en actividad, llevándolos a la amargura y al hambre. Reitero esta petición, en nombre del Partido Radical y hago constar que los señores Ministros tendrán oportunidad, en el segundo informe, mediante indicaciones que hemos presentado, de resolver este problema. El señor AHUMADA (Presidente Accidental).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el Honorable señor Ampuero. El señor AMPUERO.- Señor Presidente, me referiré al proyecto de reajuste de remuneraciones de las Fuerzas Armadas en la forma más breve posible, más bien con el ánimo de hacer algunos comentarios en torno de sus ideas centrales y de sus vacíos más notorios, pues comprendo la conveniencia de darle sanción esta tarde, en esta primera fase de la discusión, para permitirnos entrar al segundo informe a la brevedad. Es sabido que, al revés de lo que ocurre con el proyecto de reajuste del sector civil, el que discutimos ahora implica una doble revalorización, reajuste o aumento o como quiera decirse. En efecto, se aplica 25% de aumento a la totalidad de las rentas del personal en actividad y en retiro, más 13% que corresponde sólo al personal en servicio, porcentaje que originalmente fue llamado bonificación de permanencia, reemplazado después por la denominación -a mi juicio más apropiada- de bonificación profesional. En buenas cuentas, el primer hecho que resalta en el proyecto en debate es la circunstancia de que esta vez el reajuste alcanza, en total a 41,25%, porcentaje desde luego, considerablemente superior al aplicado al personal civil del sector público y al sector privado. Como queda explícitamente dicho en el informe, ello obedece a la circunstancia de que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros habían quedado retrasados en sus niveles de remuneraciones como consecuencia de las distintas épocas en que se pusieron en vigor las modificaciones anteriores de los sueldos o por el hecho de no percibir ciertas bonificaciones que se asignaron, en forma discriminada, a determinados sectores de la Administración Pública no militar. Es conveniente ratificar en la Sala lo que ya dije en la Comisión de Defensa Nacional, en orden a que existe una curiosa contradicción en la cifra anotada. Si se trata de colocar a las Fuerzas Armadas y Carabineros en nivel de remuneraciones estrictamente equivalente o análogo al del personal civil, lo natural sería, para cumplir con el espíritu de la ley, que el reajuste de 41,25% también lo recibiera el personal en retiro, el cual, por disposiciones de leyes anteriores, goza de lo que habitualmente se denomina "perseguidora". Esa contradicción está presente en el informe, en la inspiración del proyecto y es la que nos ha llevado a sostener la conveniencia de revisar tal criterio. Hasta ahora, los tropiezos han sido, por una parte, la dificultad nominal, formal, derivada del hecho de que el Ejecutivo no ha dado su patrocinio a las sugerencias formuladas por nosotros y, en segundo lugar, una circunstancia un poco más rígida : lo precario de los recursos de financiamiento. Por esa razón no se hacía extensivo a los pensionados y montepiados el reajuste de 41,25% y se negaba también un aumento de esa magnitud al personal a jornal, como explicó hace pocos momentos nuestro compañero el Honorable señor Víctor Contreras. Pienso que ahora, cuando se ha logrado establecer un financiamiento considerablemente superior al original, por medio de una imposición terminante del Ejecutivo para aumentar el precio de la libra de cobre en el mercado internacional, se abre la perspectiva de que el Gobierno acoja la sugerencia que reiteraremos en orden a no hacer discriminaciones, de manera que el reajuste sea idéntico para el personal en servicio y en retiro, y también a hacerlo extensivo al personal a jornal hasta este momento excluido de ese tratamiento de excepción establecido en el proyecto. Considero que, dada su holgura -teórica, al menos-, el nuevo financiamiento debería permitir la aceptación de otra indicación que, por desgracia, no tuvo acogida según entiendo, consistente en no integrar en las cajas de previsión la diferencia del primer sueldo. Fundamos esa proposición de que la totalidad del aumento sea recibido por el personal de oficiales, suboficiales y tropa en servicio activo, en nuestra opinión de que un reajuste encaminado a restablecer el poder adquisitivo de sueldos y salarios no constituye aumento de sueldo y, en consecuencia, la disposición previsional que obliga a depositar esas diferencias en las cajas no tendría aplicación si se procediera con equidad en la circunstancia concreta que enfrentamos. De la discusión habida en la Comisión de Defensa Nacional, resalta la necesidad de complementar el proyecto con otras medidas para evitar lo que en este instante constituye el peor, el más grave de los problemas de las Fuerzas Armadas: la emigración de gran cantidad de oficiales, hasta el punto de que un porcentaje substancial de las plantas se encuentra vacante, ante la imposibilidad de llenarlos con nuevas promociones de oficiales. Repito: es una proporción substancial, gravísima y peligrosa para los afectos de nuestra defensa nacional y de la seguridad del país. Con el proyecto en debate disminuye, aparentemente, el incentivo que podría ofrecer el retiro al oficial, pues éste le significa perder de inmediato la bonificación profesional del 13%. Ello debería obrar en su voluntad en términos de impedir un retiro prematuro. Sin embargo, no debe olvidarse que gran parte de los retiros en las Fuerzas Armadas no obedecen a decisiones voluntarias, sino que son la consecuencia de un mecanismo de eliminación de cuotas obligatorias que se produce anualmente en todos los grados. En estas condiciones, establecer una diferencia importante de rentas entre el oficial en servicio activo y el en retiro, puede constituir una medida suficiente para retenerlos, pero en ningún modo es un incentivo para aumentar la proporción de jóvenes que deseen ingresar a la carrera militar. Uno de los pocos atractivos utilitarios que tenía la carrera militar -al margen por supuesto de los incentivos morales- lo constituía la seguridad de un retiro decoroso con pensiones relativamente aceptables. Ahora, con el sistema que pone en vigencia el proyecto que discutimos, desaparece la atracción de una previsión relativamente superior al de otros sectores. De modo que, si bien se retendrá por más tiempo a los oficiales que en la actualidad sirven en el Ejército, Armada o Aviación, difícilmente la ley logrará aumentar el caudal de jóvenes que se presenten a estudiar para oficiales en las distintas escuelas de las Fuerzas Armadas. En el proyecto original se consignaban algunos artículos dirigidos a solicitar del Poder Legislativo una autorización amplísima, a fin de que el Presidente de la República pudiera disponer en un vasto campo de materias, tales como la estructura, distribución, organización y en la carrera misma de los oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. El criterio dominante de la Comisión de Defensa Nacional fue contrario a esa solicitud del Ejecutivo y la autorización se limitó a lo que parece ser sensato, a pesar de que yo mismo era partidario de mayor rigor todavía en cuanto a la facultad que puede conceder el Congreso. En todo caso, el problema principal de la reorganización orgánica de las Fuerzas Armadas debe seguir siendo en mi concepto, una facultad propia del Congreso, que pueda ser discutida latamente en las Comisiones pertinentes, lo que podría dar origen a una estructura más moderna y eficiente de estos servicios públicos tan vitales para la seguridad y soberanía del país. En el curso de la discusión particular, algunos Senadores nos preocupamos también de ir corrigiendo ciertas situaciones anómalas que se producen en determinadas entidades híbridas que, por un lado, participan del régimen militar, pero, por otro, tienen un destino evidentemente civil, comercial o de servicio público. Me refiero al caso de ASMAR. En otra oportunidad nos preocupamos seriamente de mejorar las condiciones de trabajo, remuneraciones y operabilidad de FAMAE. En el caso de ASMAR sugerí -fue aceptado por la Comisión- que se comenzara por romper ciertas amarras y limitaciones que han hecho hasta ahora imposible utilizar la plena capacidad industrial instalada de esa empresa. En la ley orgánica de esa entidad se reiteraba, en varios artículos, la norma de que no podía trabajar sino cuando la industria particular fuera incapaz de realizar la misma labor, faena o servicio. Hemos logrado eliminar esas trabas, de modo que ASMAR tendrá una muy superior elasticidad comercial y, por ende, se podrá aprovechar mejor una industria que posee un cuantioso capital inmovilizado y una de las más grandes entre las "usinas" del país. Es mi propósito agregar a la indicación ya acogida por la Comisión, otra que dé a los astilleros de la Marina aún más posibilidades de intervenir en la industria metalúrgica. La indicación que formularé en el segundo informe tiene por objeto establecer una suerte de régimen de zona franca, en un sector especialmente habilitado, con un almacén adecuado que permitirá a ASMAR contar con los repuestos necesarios y todo el material indispensable para hacer reparaciones urgentes y rápidas a las naves, tanto chilenas como extranjeras, mejorando con ello sus posibilidades de negociar también en moneda dura. Si esa indicación encuentra la misma comprensión que se logró en el primer informe, podrá ser también aprobada en esta segunda oportunidad. Por último, deseo referirme muy de paso a un asunto que tiene relación un tanto indirecta con el tema: el excesivo número de viajes al extranjero que está caracterizando a la actividad de nuestras Fuerzas Armadas. En septiembre del año pasado, solicité del Ministerio de Defensa Nacional alguna información para establecer en forma precisa el número de oficiales que habían salido del país. Eran más de 350 en los nueve primeros meses de 1965. A mi juicio, no es exagerado suponer que en el curso del año, hasta diciembre, más de 500 oficiales salieron al extranjero. Hago referencia a este hecho porque la salida al extranjero se está transformando en un sustituto de los sueldos honorables, de los cuales nosotros somos ardientes partidarios. Por decirlo en otras palabras, una de las escasas posibilidades que tienen los oficiales y suboficiales de equilibrar su presupuesto, de salir de sus deudas, de dar holgura, siquiera temporal, a la vida de su grupo familiar, consiste en las comisiones al extranjero. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Y a la Antártida. El señor AMPUERO.- En mi concepto, es una pésima práctica, porque, por otra parte, los viajes al extranjero, estimulados por esa necesidad, se cultivan por parte de algunas potencias, específicamente por el Pentágono, para incrementar hasta límites absurdos el número de matrículas proporcionadas a los oficiales latinoamericanos y deformar, por lo tanto, como ya lo he dicho más de una vez, el criterio profesional de esos oficiales, casi siempre muy jóvenes. Los señores Senadores deben haber leído en los despachos del cable de ayer, que entre 1950 y 1965 han pasado por las escuelas, academias y centros de instrucción norteamericanos, más de 31 mil oficiales de América Latina. Entre ellos, alrededor de 2.600 oficiales chilenos. Cualquiera que sea el pretexto que se invoque, pienso que éste es un camino para desnacionalizar nuestras Fuerzas Armadas. Seguramente, más adelante tendré oportunidad de agregar algunas consideraciones confirmatorias del aserto que hoy formulo. El remedio, por supuesto, no consiste sólo en una prohibición drástica o en una reducción prudente de esos viajes, sino en impedir que el espejismo de la salida al extranjero sea un subterfugio para mantener sueldos bajos, dando una oportunidad ocasional para que el beneficiado con ese viaje -repito- obtenga una ligera holgura de su siempre apremiante situación económica. Por todas estas consideraciones, votaremos favorablemente el primer informe del proyecto de ley sobre reajuste de sueldos de las Fuerzas Armadas. Dejo constancia expresa de que he procurado omitir cualquiera consideración política, que hubiera sido muy fácil hacer, para neutralizar en parte siquiera la ya prolongada campaña de la prensa oficial contra los miembros de la Comisión de Defensa Nacional y, particularmente, contra su presidente. El tema que estamos tratando hoy se independiza bastante de los asuntos militares que nos han preocupado en los días precedentes, y abrigo la certeza de que el Senado, en esta oportunidad, como en otras, demostrará saber tratar este problema con altura de miras y gran espíritu nacional. El señor JARAMILLO LYON.- Señor Presidente y Honorable Senado: Por extraordinaria coincidencia, el Senado entra a conocer hoy, 5 de abril, el proyecto de reajuste de las Fuerzas Armadas, precisamente cuando éstas y el país entero recuerdan el 148 aniversario de la batalla de Maipú. Deseo en esta oportunidad rendir sentido homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, que son, sin duda, orgullo de nuestra historia y prestigio para nuestra organización democrática. Para no ocupar mucho tiempo, seré extraordinariamente breve en las observaciones que formularé esta tarde. El proyecto en debate discurre fundamentalmente sobre la necesidad de dar a las Fuerzas Armadas un reajuste de 25% de sus remuneraciones y 13% de bonificación sobre los sueldos ya reajustados, lo cual representa, en total, un aumento de 41,25%. Los Senadores liberales y conservadores estamos en absoluto acuerdo con esta forma de reajustar las remuneraciones de loa Institutos Armados, en atención a que si se produce una diferencia o desajuste respecto del tratamiento recién dado al sector público en la materia, ello se debe fundamentalmente a que aquéllas sufrieron menoscabo por la ley Nº 15.575. En efecto, la regla general de dicho texto legal fue que el aumento comenzaba a regir desde el 1º de enero de 1964, en tanto que para las Fuerzas Armadas, entre otros servicios, iniciaba su vigencia desde el 1º de julio de ese mismo año, razón por la cual había quedado en calidad de servicio postergado. Además, este proyecto de ley trajo de la Cámara de Diputados, en su artículo 14, una autorización al Presidente de la República para reorganizar las Fuerzas Armadas. En la Comisión de Defensa Nacional voté en contra de tal precepto, por tener orden expresa de mi partido, salvo acuerdo en contrario, para rechazar todo lo que diga relación a facultades extraordinarias. Sin embargo, los Senadores de estas bancas estamos dispuestos a estudiar, con la mejor voluntad, cualquiera proposición concreta que, mediante un proyecto de ley, formule el Ejecutivo sobre la materia. En esta oportunidad, no me preocuparé del financiamiento del proyecto. No podría hacerlo, por estimarlo una materia extraordinariamente técnica y absolutamente casuista. Además, veremos que hay indicaciones de extraordinaria importancia, como la del Honorable señor Altamirano, aprobada en la Comisión de Hacienda, que tiene por objeto financiar esta iniciativa mediante la fijación del precio de4 cobre. A nuestro juicio, es más responsable de nuestra parte estudiar las proyecciones de cada una de esas indicaciones y debatirlas con tranquilidad durante la discusión particular. En consecuencia, en esta ocasión sólo he querido anunciar los votos favorables de los Senadores liberales y conservadores. El señor ALTAMIRANO.- Sólo deseo expresar algunas palabras, para referirnos al financiamiento del proyecto de reajuste de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y, en especial, para contestar la acusación hecha hace algún tiempo por el Senador democratacristiano Honorable señor Renán Fuentealba, en orden a que los parlamentarios del movimiento popular siempre estamos dispuestos a votar favorablemente los gastos, pero no así los ingresos necesarios para financiarlos. En presencia del señor Ministro de Hacienda, quien se encuentra en la Sala, puedo afirmar, sin temor a ser desmentido, que fue precisamente la Comisión de Hacienda la que puso mayor empeño -tanto o más que el propio Ejecutivo- en encontrar financiamiento justo, adecuado y conveniente, económicamente hablando. Pensamos que no puede persistirse en el viejo y viciado sistema de aumentar las tasas de los impuestos en forma indiscriminada. Ya la carga tributaria en el país es extraordinariamente alta para quienes pagan impuestos. Subir las tasas es el recurso más fácil. Desde que ingresé al Parlamento, hace ya aproximadamente seis años, vengo escuchando a todos los Ministros de Hacienda, y también al del actual Gobierno, que es necesario racionalizar nuestro sistema tributario; que no se puede mantener el cúmulo inmenso de franquicias; que, por otra parte, debe estudiarse la manera de evitar la fantástica evasión tributaria. Sólo me remitiré a algunos ejemplos para demostrar cómo, mediante el sistema de liberaciones aduaneras y tributarias, se dejan de recaudar ingresos por miles de millones de pesos, y cómo también, evitando la evasión ilegal de impuestos, podrían recuperarse recursos por muchos millones y millones de escudos. Por ejemplo, por concepto de liberaciones aduaneras, se dejaron de recaudar entre 400 y 450 millones de escudos en 1965. Reconozco que muchas de esas liberaciones son justas y necesarias, pero muchas no lo son. ¿Cuánto de estos 450 millones de escudos podría recuperarse? No estoy en condiciones de decirlo, pero, sin duda, un porcentaje importante de esas liberaciones no tiene justificación. En materia de evasión, el Servicio de Impuestos Internos ha afirmado -no son cálculos nuestros, sino del principal organismo fiscalizador de tributos en nuestro país- que la evasión tributaria correspondiente a la ley de Impuesto a las Compraventas se calcula entre 35% y 40%. Dicha ley ha de producir este año aproximadamente 1.200 millones de escudos; es decir, existiría una evasión de alrededor de 450 millones o 500 millones de escudos respecto de una sola ley. Una mejor recaudación del impuesto a las compraventas permitiría financiar dos reajustes de remuneraciones de las Fuerzas Armadas y uno íntegro del personal civil. En materia de vinos, el Gobierno propuso subir a 12% el impuesto a la primera transferencia y mantener en ese mismo porcentaje el gravamen a las sucesivas transferencias. Los interesados han hecho ver cómo cada alza del impuesto a las transferencias del vino produce menor ingreso en vez de aumentarlo, debido a la mayor evasión. La ley respectiva debía producir aproximadamente 110 millones de escudos, y rinde sólo 33 millones. El Servicio de Impuestos Internos calcula esa evasión en 70 millones de escudos, y, de acuerdo con documentos que nos han allegado los interesados, ella asciende a 80 millones de escudos. Estas cifras nos dan una medida aproximada de la fantástica evasión existente en Chile. Por eso -insistimos-, no se puede continuar recurriendo al viejo y vicioso sistema de aumentar tasas, cuando mediante una fiscalización más seria y rígida podrían recuperarse inmensos recursos, sin seguir gravando a quienes están pagando impuestos, a quienes honestamente cumplen sus obligaciones tributarias, pues ellos, sin duda, están demasiado afectados por tales gravámenes. Este reajuste tiene un costo de alrededor de 200 millones de escudos, que se financia de la siguiente manera: mediante un ordenamiento y racionalización de los impuestos a las compraventas y de cifra de negocios, se obtienen 110 millones de escudos; del impuesto a los créditos, propuesto por el Gobierno, 26 millones de escudos; del impuesto a los neumáticos, 600 mil escudos, y de la diferencia de cambios, 18 millones de escudos. En total, los ingresos ya acordados ascienden a 155 millones de escudos. Y como el costo total del proyecto es de 200 millones de escudos, faltarían por financiar 45 millones. Los Senadores socialistas y comunistas hemos presentado una indicación para financiar esos 45 millones de escudos. Consiste en agregar una disposición que impida al Departamento del Cobre autorizar exportaciones de dicho metal a precio inferior en 30% del mercado de Londres. Como los señores Senadores saben, ese precio es de 80 centavos o más. De conformidad con nuestra indicación, no podría venderse cobre a menos de 56 centavos la libra. Como en la actualidad se vende la mayor parte de ese metal al precio de 42 centavos de dólar la libra, al elevarlo a 56 centavos Chile ganaría 14 por cada libra, y, como cada centavo más en el precio significa para el país mayores ingresos de ocho millones de dólares, resulta que, en virtud de ese mecanismo, el fisco obtendría, en un año, recursos superiores a 110 millones de dólares. Para ello debió haber aplicado durante 1966 esta política nacional justa, como lo demostraré en breves instantes más. Esos 110 millones de dólares habrían servido también para financiar en su totalidad el reajuste de remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, como, asimismo, aquella parte del reajuste a favor del personal civil de la Administración que no alcanza a ser cubierta por la asignación presupuestaria correspondiente. Lo anterior demuestra cómo Chile puede recurrir a fuentes legítimas de financiamiento, en vez de continuar gravando la actividad económica interna. No hace muchos días, el propio Ministro de Hacienda reconoció que Chile es el país más favorecido por la ayuda norteamericana. Recibimos -dijo en forma textual- más dólares, proporcionalmente, por cada habitante. A nuestro juicio, en cambio, no hay razón alguna para continuar endeudándonos en un volumen superior a nuestra capacidad de pago. Para nadie es desconocido que, durante este año, y también en el anterior, logramos servir la amortización e intereses de los créditos externos mediante la renegociación de esas deudas, pero en lo futuro no podremos seguir re-negociándolas ni continuar endeudándonos. Los parlamentarios y, en general, los representantes del movimiento popular, hemos sostenido en forma incansable, casi con majadería, que .debemos recurrir a nuestras propias fuentes. En tal sentido, concordamos plenamente con lo expresado por el señor Luis Papic, Diputado democratacristiano, en carta dirigida al tribunal de disciplina de su partido, en uno de cuyos acápites se lee lo siguiente: "Pensar que no se puede luchar eficientemente contra el imperialismo si vivimos financiados por él, como deudores permanentes, y sostenidos por su dinero, es una cuestión de hecho y, en el peor de los casos, de apreciación personal o de táctica. Yo estimo que se debilita la posición moral de los enemigos del imperialismo que viven pidiéndole favores. Distinta es la posición del que negocia o tolera su conveniencia por razones de orden nacional". Por lo tanto, existen en la Democracia Cristiana elementos de avanzada que reconocen la imposibilidad de mantener una política como la sustentada en este orden de cosas por el actual Gobierno y por ese partido. Mientras, por un lado, ellos se proclaman antimperialistas, por otro, suscriben con los grandes empresarios del cobre los convenios más lesivos para Chile y plantean gran parte del desarrollo nacional, por no decir la casi totalidad del mismo, sobre la base de entregar nuestras principales riquezas al imperialismo norteamericano. Nadie podrá negar la justicia de la indicación hecha por los parlamentarios socialistas y comunistas para obtener que el cobre chileno sea vendido a precios equivalentes al aumento de la demanda internacional. Pero no somos únicamente nosotros, los parlamentarios socialistas y comunistas, quienes hacemos esa afirmación. Una actitud parecida ha asumido el decano de la prensa, el vocero del pensamiento reaccionario y representante en Chile del propio Departamento de Estado norteamericano: me refiero a "El Mercurio". Conocemos muy bien la posición de ese diario y sabemos que piensa totalmente de acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, ya "El Mercurio", el diario más reaccionario de Chile, en dos de sus últimos editoriales, afirma que es necesario reajustar el precio del cobre chileno. En un acápite de esos editoriales, sostiene textualmente: "Frente a estos precios" -el de 80,63 centavos en la Bolsa de Metales de Londres-," la cotización de 42 centavos para nuestro cobre y de 36 centavos para una importante partida destinada a los Estados Unidos figuran a una distancia excesiva. Esta distancia aparece, además, constante durante un largo período". Dejamos constancia de lo justa que fue nuestra indignada protesta ante el convenio suscrito por el actual Gobierno con el de Estados Unidos, en virtud del cual Chile se comprometió a venderle 90 mil toneladas de cobre al precio de 36 centavos de dólar la libra, obligación que asumió en los precisos instantes en que aumentaba la demanda internacional y en que el precio de 80 centavos, que se había mantenido en la Bolsa de Londres, subía a 90. Pues bien, en esos mismos instantes, Chile aparece sometiéndose a una imposición del Gobierno norteamericano en el sentido de vender una parte apreciable de nuestra producción cuprera a menor precio que el establecido por la demanda internacional, lo que significa para nosotros una pérdida de varios millones de dólares. En otro de sus editoriales, "El Mercurio", el órgano de prensa más reaccionario de Chile, dice: "Después de observar por largo tiempo la disparidad entre la cotización de nuestro cobre con la del mercado de Londres, se ha producido el hecho de que el Gobierno norteamericano extrajo 200 mil toneladas de sus reservas estratégicas, reduciendo con ello los márgenes de stocks normales. En seguida, ese Gobierno aparece impulsando enérgicamente su producción interna. Esos antecedentes confirman la convicción acerca de la escasez de cobre en el mundo y obligan a preguntar qué fundamento tiene una cotización del metal chileno que parece superada". Si, como lo reconoce ese diario, pese a la venta de 200 mil toneladas de cobre perteneciente a las reservas del Gobierno norteamericano, el precio del metal no sólo se ha mantenido, sino que sube ¿por qué Chile recurre a la política de aumentar la tasa de los impuestos internos y de gravar, cada vez más, al contribuyente chileno, y, de este modo, mantener a favor de Estados Unidos tan fabuloso privilegio? Chile está financiando la guerra imperialista de los norteamericanos y la muerte de los vietnamitas por parte de aquéllos. Del mismo modo, en cierta medida lógicamente, nuestro país contribuye a aliviar la inflación norteamericana. Vale decir, este pequeño país, aquejado por gravísimos problemas, contribuye en forma importante a frenar el proceso inflacionario norteamericano y a financiar la criminal guerra de exterminio desatada por Estados Unidos en Vietnam. Digo así porque no es misterio el hecho de que el cobre constituye uno de los factores importantes en la fabricación de armamentos y municiones. En este aspecto, considero útil referirme a un artículo reciente, escrito por nuestro camarada del Partido Socialista Federico Klein, hombre versado en asuntos internacionales, que sirvió el cargo de Embajador de Chile en Guatemala. El señor Klein, al comentar diversos acontecimientos en el diario "Ultima Hora", hace las siguientes aseveraciones: "Sin embargo, la carga más grave e inaudita de este pacto de "ayuda mutua" -se refiere al pacto militar-, "es la que Chile soporta al entregar sus materias primas en las condiciones fijadas por los Estados Unidos y que en cuanto al cobre se traducen en la venta de 90.000 toneladas a 36 centavos de dólar la libra y las restantes 500 mil a 42 centavos, en circunstancias que su precio en el mercado de Londres es de 86 centavos. Chile está dejando de percibir en este momento sobre cien millones de dólares al año sólo con respecto al cobre, sin incluir el hierro y otros minerales de exportación. Esta exacción resulta de las disposiciones del artículo 7º del Pacto que en su parte pertinente dice: La República de Chile conviene en dar facilidades, para una producción y la transferencia al Gobierno de los Estados Unidos de América por el tiempo, en la cantidad y los términos y condiciones que se acordaren, de las materias primas estratégicas, en bruto, semielaboradas y elaboradas que necesitan los Estados Unidos de América, por insuficiencia o posible insuficiencia de sus propios recursos naturales". Después de la lectura del citado artículo del pacto militar de ayuda mutua, podrá comprender el país la razón de nuestra permanente e implacable oposición a la firma de esta clase de convenios, los cuales, en una u otra forma, nos atan de semejante manera. De conformidad con uno de esos pactos, Chile se obliga a abastecer a Estados Unidos de ciertas materias primas en las condiciones que a ese país convengan. Tengo a mano, además, una información aparecida en la revista norteamericana "Visión" acerca de cómo Estados Unidos malgasta dinero y del derroche de millones que se hace en esa economía fabulosa, que, como dije, contribuimos a financiar. La mencionada revista, al tratar sobre tales derroches, dice que se desperdiciaron "300 millones de dólares en un proyectil teleguiado que volaba en dirección contraria a la debida; 445 millones en un hidroplano que se hundía inevitablemente cada vez que trataba de amarizar; 1.000 millones de dólares en un avión impulsado por energía atómica que nunca despegó de los planos azules de la compañía que emprendió su construcción; y 3.700 millones en un sistema de alarma contra los ataques aéreos que había quedado manifiestamente anticuado antes siquiera de haberse terminado". Es decir, Chile se compromete por veinte años, mediante los convenios más lesivos para la dignidad y soberanía del país, los que importan beneficios de alrededor de 3.500 o 4.000 millones de dólares a favor de los norteamericanos. Para Chile es un sacrificio monstruoso. Esos 4.000 millones de dólares que entregamos a costa del hambre, la miseria, el subdesarrollo y el estancamiento económico, sirven a los norteamericanos, según lo asegura una revista de ellos, para malgastar dinero en un sistema de alarma contra ataques aéreos que nunca llegó a realizarse, o en un avión que nunca logró despegar. Tal es la tragedia de nuestro país: no comprender la posición justa de los representantes del movimiento popular, que, desde hace tantos años, insistimos en la necesidad de mantener una política realmente nacional y de contenido patriótico que defienda y recupere nuestras riquezas básicas. Nadie ignora que los grandes imperios monopolistas del cobre han logrado utilidades fabulosas. Hace poco, se publicó el balance de la compañía Kennecott, entidad que obtiene más de setenta por ciento de sus ingresos en Chile, en condiciones tremendamente dramáticas para nuestro país. Dice una información de prensa al respecto: "La Kennecott Copper Corp. anunció hoy una utilidad para 1965 de 102.022.000 dólares, o sea, 9,23 dólares por acción, en comparación con las utilidades de 1964, que fueron de 66.098.000 dólares, o sea, 5,58 dólares por acción. "Estas utilidades son los más altas desde 1956, según informó la compañía, y las ventas constituyeron un record al registrar 666 millones 200 mil dólares". Reitero lo justo de nuestra indicación en cuanto a que el Gobierno no pueda vender el cobre chileno a precio inferior en 70% de la cotización promedio del metal en Londres. Hemos escuchado hasta la saciedad que ese mercado no traduce la demanda real de cobre en el mundo. Pero el hecho concreto es que, desde hace muchos años, existe una enorme diferencia entre los precios del mercado de Londres y los de Estados Unidos. Si fuera poco el metal que se transa en la Bolsa de Metales de Londres, bastaría lanzar a la oferta de ese mercado algunos miles de toneladas más para que sus precios se equipararan con los de la cotización norteamericana. ¿Por qué no logran los norteamericanos equiparar ambas precios? ¿Por qué no logran evitar la especulación que, según ellos, existe en el mercado de Londres? La respuesta es muy simple: porque no se transa una cantidad tan pequeña de cobre y no existe la menor duda de que esos grandes imperios están cometiendo un fraude gigantesco. ¿Cuál es ese fraude? Comprar su propio cobre a 36 centavos -en el caso de los norteamericanos- ó a 42, y revenderlo a 80 u 86. Ellos saben muy bien que parte de los países socialistas compran el cobre a 80 centavos. En el fondo, es una manera de vender caro a esas naciones. No me pronuncio sobre esta práctica de los países capitalistas, pero si la aceptáramos, nos agradaría que Chile ganara la diferencia, y no el intermediario o los propios monopolios. Por eso, creemos que el Congreso debe concordar con nosotros y votar favorablemente una disposición tendiente a impedir que se continúe gravando a los chilenos, en circunstancias de que existe un recurso legítimo, conveniente, que permitiría financiar de manera holgada, si no la totalidad del proyecto, por lo menos gran parte de él. Terminaré haciendo un análisis muy somero de las disposiciones relativas a la compraventa. Sobre el particular, estamos de acuerdo con el trabajo hecho por el Gobierno. Consideramos que el ordenamiento y racionalización del impuesto a la compraventa y a la cifra de negocios están bien hechos, son convenientes y necesarios. En general, también concordamos con las tasas propuestas y que afectan a los rubros a que me referiré. Respecto del vino, el Ejecutivo propuso primitivamente un impuesto de 12% en la primera transferencia y del mismo porcentaje en las siguientes. En la Comisión de Hacienda, atendidos los antecedentes que se dieron, acordamos -entiendo que por unanimidad- gravar sólo en 10% la primera transferencia, o sea, mantener el porcentaje existente en la actualidad, en atención a que, como he dicho, aumentar esas tasas conduce sólo a una mayor evasión. Tal gravamen, según Impuestos Internos, debiera rendir 100 millones en la actualidad, y sólo ha rendido 30 millones, o sea, existe una evasión de 70 millones. Más lógico es, entonces, buscar los mecanismos que permitan recuperar los fondos perdidos como consecuencia de esa tremenda evasión. ¡Se está evadiendo el 70%! En el caso del pisco, estuvimos de acuerdo en mantener el gravamen de 6% para la primera transferencia, y de 12% para las restantes. En verdad, aun cuando existen razones justificadas para defender la zona pisquera del Norte Chico, no puede mantenerse a ese producto en situación más privilegiada que la del vino. ¡Para qué hablar de las bebidas alcohólicas, cuyos gravámenes, como veremos más adelante, oscilan entre 20% y 25%! Por eso, mantuvimos el régimen de privilegio que tiene el pisco, pero aumentamos el impuesto con relación al que tenía, en forma que, en la primera transferencia, ese producto será gravado con e? mismo 6%, pero las siguientes serán afectadas con 12%. La primera transferencia de las bebidas analcohólicas está gravada con un impuesto de 35%, y las siguientes, con 6%. La Cámara de Diputados propuso aumentar la primera a 45%, pero, si mal no recuerdo, la unanimidad de la Comisión de Hacienda resolvió no elevar el porcentaje actual porque para ningún Senador puede escapar que ese gravamen ya es muy alto, y elevarlo a 45% es, prácticamente, darle carácter prohibitivo. Lo único que se conseguiría con ello sería fomentar y estimular la evasión. En cuanto a la cerveza, sostuvimos igual predicamento. Esta bebida quedó con un impuesto de 25% en la primera transferencia, y de 6% en las siguientes. El gravamen de 25%, por distintas razones que no es del caso considerar en este instante, se eleva, en el hecho, a 28%. Como digo, el impuesto a la cerveza debió mantenerse en el porcentaje actual, porque además de afectar al consumo popular -el pueblo, evidentemente, consume mucha cerveza-, aumentarlo estimularía las evasiones. Las aguas minerales estaban en igual situación que las bebidas analcohólicas, esto es, con gravamen de 35%. En virtud de las razones expuestas, entre otros, por los Honorables señores Bossay y González Madariaga, pensamos que ese producto, en el fondo, tiene un objetivo de salud y no existe razón para gravarla en esa forma. Además, las pocas empresas que la producen se encuentran en situación económica difícil. Por eso, rebajamos el impuesto de las aguas minerales, en primera transferencia, de 30%, a 6%, y en las sucesivas, en igual porcentaje. Igualmente, discrepamos del criterio del Gobierno en lo relativo al impuesto a los neumáticos y al petróleo "diesel". La tesis del Ejecutivo radica en que el alza de las tarifas ferroviarias acarreará un aumento en las del transporte terrestre y que este último no lo debe aprovechar el dueño de camiones y de vehículos destinados a este tipo de transportes, sino que debe participar de él el país, por medio de un impuesto. No concordamos con ese criterio del Gobierno, pues no existe motivo alguno, en nuestra opinión, para encarecer artificialmente el transporte terrestre con el objeto de igualarlo con el ferroviario. Creemos que la Empresa de los Ferrocarriles debe racionalizarse, debe mecanizar sus equipos y buscar los procedimientos adecuados para que el transporte ferroviario no resulte tan caro. Pero no porque éste sea costoso se ha de encarecer artificialmente el transporte terrestre mediante el alza del impuesto a los neumáticos, que el Ejecutivo pretende elevar a 26%. La Comisión de Hacienda, sobre la base de las observaciones formuladas por el Honorable señor Bossay, mantuvo ese impuesto en 18%, o sea, lo elevó de 11% a 18%, lo que ya es un aumento importante. En todo caso, no se fijó 26%, como proponía el Gobierno. En cuanto al aumento del impuesto al petróleo "diesel", también nos abstuvimos. El Gobierno propuso aumentarlo, de 15,76%, que es el gravamen actual, a 26,5%. También propusimos eliminar la exención existente en la actualidad del impuesto de cifra de negocios, que favorece a los avisos y a la propaganda comercial que se realiza en los periódicos y radiodifusoras. No existe razón alguna, en nuestra opinión para que los artículos más fundamentales paguen un impuesto mínimo de 6% -en algunos casos, de 30% y 35%, como estamos viendo en el relativo a las bebidas analcohólicas y otra serie de ejemplos-, mientras existe una actividad que no tributa: los avisos que se transmiten en las radiodifusoras y la propaganda publicada en diarios y periódicos. En verdad, existe una confabulación del Congreso para defender a este tipo de empresas; porque, si los más esenciales artículos de consumo pagan 6%, ¿qué razón existe para liberar de impuestos al aviso que se publica en los diarios? A nuestro juicio, los avisos y la propaganda comercial en radios y diarios debe estar afecta al impuesto de cifra de negocio, que es de 15%. La Comisión resolvió gravarlos con sólo 6%; de manera que se establece un privilegio a favor de este tipo de prestación de servicios. Consideramos que no existen razones para mantener esa liberación y que la mayoría del Parlamento los gravará, por lo menos, con 6%, lo cual produce un mayor ingreso de 8 millones de escudos. Si se les aplicara la tasa ordinaria, corriente, del impuesto de cifra de negocio que existe para toda prestación de servicios, deberían ser gravados con 15%. En este caso, el rendimiento sería superior a 20 millones de escudos. En esta oportunidad nos conformamos con que, por lo menos, se los grave en ese porcentaje. Finalmente, si bien no nos opusimos de manera expresa, nos abstuvimos de aplicar impuesto a los créditos, por estimar que éstos ya resultan de costo extraordinariamente alto en Chile. En efecto, según informaciones proporcionadas por el señor Ministro de Hacienda, el interés y el costo de un crédito usual, comercial, en nuestro país, es de alrededor de 24,35%, porcentaje ya muy alto que recae sobre el consumidor, pues todos los empresarios industriales cargan el costo del crédito al producto que venden. El cálculo que al respecto hizo la Cámara de Comercio es bastante menos optimista que el realizado por el señor Ministro de Hacienda. Ruego solicitar el asentimiento de la Sala para insertar, en la parte pertinente de mis observaciones, el cálculo a que dice referencia. El señor AHUMADA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el señor Senador. Acordado. -El documento que se acuerda insertar dice como sigue: IMAGEN --------- "Nota: Ahora bien, debe considerarse la pérdida de tiempo, costos de empleados, etc., que representan la obtención de Crédito. 28 de marzo de 1966". El señor PALMA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? Sólo quiero plantear una cuestión de orden. Entiendo que la sesión debe terminar a las 20. No obstante, aún quedan algunos Senadores que desean dar a conocer su opinión frente al proyecto en debate. Además, me parecería muy conveniente escuchar a los señores Ministros presentes, quienes seguramente querrán referirse a algunos de los temas abordados por los señores Senadores que ya han intervenido. Por eso, sugiero prorrogar la sesión, por lo menos, hasta las 20.30. El señor GOMEZ.- No hay acuerdo. El señor PALMA.- ¿Por qué, señor Senador? El señor GOMEZ.- Los señores Ministros pueden hablar en la sesión de mañana. El señor PABLO.- ¿No se podría votar hoy, señor Presidente? El señor PALMA.- Podríamos votar hoy. El señor SEPULVEDA.- Fijemos hora de votación, a fin de acelerar el despacho del proyecto. El señor PABLO.- Como consta a los señores Senadores, existe urgencia para despachar el proyecto. Por lo tanto, propongo votar en los últimos dos minutos de esta sesión, sin perjuicio de que los Senadores que no han participado en el debate puedan dejar constancia de sus puntos de vista durante la discusión particular. Me parece que existe unanimidad en ese sentido, aun cuando para nosotros ello significa limitar la posibilidad de expresar nuestra opinión al respecto. No obstante, podemos acordar tal procedimiento a fin de apresurar el despacho del proyecto. El señor FONCEA.- Dejemos algunos minutos disponibles para los señores Ministros. El señor ALTAMIRANO.- Deseo expresar que, de acuerdo con el cálculo que he mencionado, el costo del crédito en Chile es de 26%, y como el gravamen propuesto por el Gobierno lo elevaba en 5%, llegaría a más de 30%. Por eso, concluyo manifestando que la Comisión de Hacienda ha hecho un aporte real y lo más preciso posible para financiar el proyecto, con lo cual se desmiente la majadera afirmación de los Senadores democratacristianos, del Gobierno y de los medios publicitarios, en el sentido de que nosotros no aportamos ideas constructivas y obstruimos el despacho de las diversas iniciativas. Tanto respecto del proyecto de reajuste de remuneraciones del .sector civil considerado por las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, como de esta iniciativa de ley, discutida en la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el Senador socialista señor Ampuero, y en la de Hacienda, cuyo presidente es el Senador socialista que habla, hemos actuado con la máxima rapidez -podría confirmarlo el señor Ministro de Hacienda-, en el ánimo de que los personales civil y militar reciban su reajuste cuanto antes. El señor AHUMADA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Palma. El señor PALMA.- Como quedan cinco minutos y no hay acuerdo para una prórroga, cederé mi derecho al señor Ministro de Hacienda, quien me ha pedido algunos minutos para contestar cifras o antecedentes, salvo que la Sala decidiera prolongar la sesión. El señor LUENGO.- No hay acuerdo. El señor AHUMADA (Presidente accidental).- Se acordó votar dos minutos antes de las ocho. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Trataré de contestar en tres minutos las observaciones vertidas durante cuatro horas. En realidad no me referiré a lo equitativo que es el reajuste de remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, pues ha habido unanimidad en la Sala para reconocerlo. Sin embargo, deseo formular dos o tres alcances a los términos en que ha sido despachado el proyecto. Se ha dicho ya que el costo de esta iniciativa es de 200 millones de escudos y que los ingresos, excluida la proposición sobre aumento del precio del cobre, alcanzan a 155 millones; de tal manera que en este instante el déficit de financiamiento, haciendo abstracción del cobre, asciende a 45 millones de escudos. Por otra parte, se coloca al Ejecutivo, y al Ministro de Hacienda en particular, en una extraña posición, porque, mientras por una parte se plantean aumentos de gastos, se hace gran presión para aumentar los reajustes del personal en actividad o de los pensionados y se propone otorgar otros beneficios, por otra se expresa que-la carga tributaria es excesiva y que deben disminuirse los impuestos. Un criterio de tal naturaleza, evidentemente, lleva al Fisco a una situación imposible en cuanto a financiamiento. Reconozco que existe evasión tributaria. Lo he reconocido públicamente con anterioridad. Este proyecto, entre otras cosas, tiende fundamentalmente a terminar en parte con esa evasión. Todo el esfuerzo del Gobierno, de su administración, está destinado a ello. Pero es una tarea que no se cumple en plazo corto. Se requiere cierto tiempo y modificar algunas leyes para perfeccionar el sistema tributario y eliminar las exenciones legales existentes y la complejidad del sistema, que se ha acentuado con el transcurso del tiempo. Ha venido aumentando el volumen de las exenciones, y es imposible para el sistema administrativo fiscalizar esos impuestos. Con relación al precio del cobre, quiero dejar establecido que ha sido y es preocupación fundamental del Ejecutivo buscar un precio ajustado al mercado internacional. Tan así es que en la Comisión de Hacienda se han efectuado reuniones secretas donde hemos dado a conocer las gestiones y negociaciones que el Gobierno ha hecho y está haciendo. Sin embargo, no nos parece práctica prudente que el Parlamento fije el precio del cobre. El señor AHUMADA (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Ministro? Ha llegado la hora de cerrar el debate. Si le parece a la Sala, daré por aprobado en general el proyecto. Aprobado. El señor GOMEZ.- ¿Hasta cuándo hay plazo para presentar indicaciones? El señor AHUMADA (Presidente accidental).- Hasta el jueves a mediodía, si no hay oposición. Acordado. El señor LUENGO.- En los dos minutos que faltan para el término de la sesión, podríamos despachar el proyecto relativo al Club de Abogados, que consta de sólo dos artículos. El señor PALMA.- No hay acuerdo. El señor AHUMADA (Presidente accidental).- No hay acuerdo, señor Senador. "
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