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- rdf:value = " El señor ALLENDE.-
Señor Presidente, doy las excusas correspondientes al Senado, por intervenir de nuevo, pero, en realidad, la materia es demasiado importante.
He hecho presente que desde hace 25 años se encuentra en el Congreso la iniciativa que tuve la satisfacción de presentar como Ministro del recordado PresidentePedro Aguirre Cerda. A pesar del tiempo transcurrido, esa iniciativa, con las modificaciones que se le han introducido, llena absolutamente las exigencias contemporáneas, del presente, en una legislación del trabajo.
Es útil destacar que nuestro Honorable colega y distinguido abogado el Senador Ampuero hizo su memoria de prueba, para titularse, sobre el proyecto que modifica la ley sobre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Y obtuvo distinción máxima. Sin embargo, los intereses de los sectores afectados, de los grupos patronales, por una parte, y, por la otra, de quienes controlan tres compañías de seguro que lucran con el accidente agudo han impedido que la tramitación de dicha iniciativa prospere. La recuperación, readaptación y reeducación del enfermo nunca se ha hecho por las empresas particulares en la forma cómo debe hacerse, pues se trata de un proceso largo y costoso, y aquéllas sólo persiguen utilidades, lucrar. Pero hoy, a esta altura del desarrollo social, deben quedar muy pocos países del mundo que acepten que particulares ganen dinero a costa de la incapacidad, la inhabilidad o la muerte del trabajador. Sin embargo, en Chile todavía sucede así. Comprendo que el señor Ministro del Trabajo necesitaba informarse de las materias a su cargo, en un orden general. Pero el Gobierno asumió el Poder el 4 de noviembre, y ya han pasado varios meses. Si este proyecto hubiera sido ley, con las modificaciones que hubiera querido proponer el señor Ministro, la situación sería distinta no sólo para las familias de los fallecidos en El Cobre, sino para las de los obreros del barco que estalló y se incendió en Antofagasta, de los que cayeron, hace poco, en las minas del carbón y de los que se accidentaron hace minutos, diría, en la calle Agustinas, como recordaba el Honorable señor Víctor Contreras.
El señor JARAMILLO LYON.-
Y de los que se accidentaron en el mineral de Manquehue, en Rosario de Lo Solís.
El señor ALLENDE.-
Y, como apunta el Honorable colega, la de los que se accidentaron en Colchagua.
El señor Ministro del Trabajo lo sabe. Lo sé hombre honesto y con experiencia en estas materias. Pero él también sabe, y debe recordar, que en Chile se produce un accidente del trabajo cada tres minutos. ¡Saquen cuentas los señores Senadores -bien es cierto que no todos los casos son mortales- de lo ocurrido en 25 años! Esto es lo que sella la característica de clase de nuestra legislación, emanada de poderes públicos impermeables a la realidad, que no quieren comprenderla.
Entiendo que el señor Ministro deba imponerse de las iniciativas existentes; pero él es técnico en estas materias. Es abogado desde hace muchos años y, me parece, ha sido también profesor de Derecho del Trabajo.
¿Dónde está, entonces, el obstáculo para enviar el proyecto al Parlamento y para que el Ministro venga a exponer su pensamiento y el del Gobierno y a proponer las modificaciones que estime aconsejables?
No deseo, por cierto, que suceda un accidente en estos días. Pero si no se envía esa iniciativa: si no se nos proponen las iniciativas del Ejecutivo y ocurre una nueva catástrofe, ella sería un "yo acuso" brutal, teñido de sangre y muerte, por la lenidad con que el Gobierno está procediendo frente a problemas de tal magnitud y a su responsabilidad respecto del sector obrero y sus familias.
He enfocado el problema en su aspecto general. Ahora, en el aspecto particular, es útil que el Senado recuerde un hecho: se arrancó a la Braden Copper esto que aparece como una dádiva y que constituye una vergüenza para el país, después que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados determinó la responsabilidad de la empresa. Y surgió una iniciativa legal destinada a elevar el miserable acuerdo a que voluntariamente llegó la compañía. Por desgracia, hombres del foro, de prestigio, se prestaron para defender los derechos de los empresarios y con ello enterraron la posibilidad, siquiera, de una justicia económica para cientos de viudas de trabajadores. Digo cientos, porque los que murieron en esa catástrofe fueron 375 obreros. Ahora hay 120 viudas, según me ha informado mi estimado amigo el Diputado señor Rosales, quien tuvo candentes palabras para referirse al accidente, pues él, como Diputado durante dos períodos por la provincia de O'Higgins, conoce perfectamente lo que es la Braden Copper y cómo actúa con sus trabajadores.
Conviene meditar sobre lo que esto significa; y es bueno que el Senado lo entienda así: 120 viudas han recibido de la empresa ¡quizás durante cuánto tiempo! la mísera suma de 4.000 pesos mensuales, en circunstancias de que la Caja pagaba 42 mil pesos al mes. ¡Y esto debemos agradecerlo como gracia a esa empresa que ahora muestra la "gran comprensión" de aceptar que se eleve en 40% el monto de las pensiones!
He dejado constancia de las palabras del señor Ministro, porque, conocedor de la desvergüenza de los empresarios, temo que el 40% se aplique sobre los cuatro mil pesos y no sobre los 42 mil.
Conviene recordar, al respecto, lo ocurrido durante la Administración del ex Presidente señor Alessandri, hombre de gran experiencia en empresas. En la época también ocurrió un sismo y, sin embargo, no se impuso gravámenes a las compañías imperialistas del cobre, porque el Primer Mandatario dijo tener la certeza de que, consecuentes con su obligación social y, además, porque ellas se habían beneficiado extraordinariamente con el alza del precio del dólar, las compañías del cobre, en forma voluntaria, contribuirían al erario. Pero, un "no se oye, padre" fue la única respuesta que de ellas se obtuvo. Terminó el Gobierno del señor Alessandri, y las compañías no dieron un solo centavo.
A quienes así proceden hay, sin duda, que colocarlos frente a la pirca,...
El señor CURTI.-
¡Frente al paredón!
El señor ALLENDE.-
...y aplicarles la ley en forma implacable, pues nunca les han importado los trabajadores y los empleados chilenos, ni mucho menos el país.
Por eso, he planteado el problema en su aspecto general; pero, al mismo tiempo, señalo que, desde un punto de vista particular, lo que aparece como actitud comprensiva se debió a que la Cámara de
Diputados probó la responsabilidad de la empresa.
En pocos días más mostraré al país, tomando como ejemplo lo ocurrido en la mina La Disputada de Las Condes, hasta dónde llegan el cinismo, la desvergüenza, la irresponsabilidad y la cobardía de esos empresarios, y hasta dónde, también, la complacencia de algunos funcionarios chilenos.
Tengo a la mano los decretos dictados para obligar a la compañía a cumplir algunas exigencias de seguridad social. Pero se los echó al bolsillo. Sus dirigentes se limpiaron el trasero con ellos -palabras que deben gustar poco a los señores Senadores, pero que la indignación por la actitud de quienes juegan con la vida de los obreros me mueve a usar- y el resultado fue que la compañía no invirtió ni un peso en tales objetivos. Es decir, en contra de la opinión de los técnicos chilenos, la empresa no cumplió ninguna disposición; ¡y ahora 240 cadáveres se suman a los 375 de la catástrofe ocurrida en Sewell.
Esto es como un azote en el rostro para los que tienen paciencia. Hay vidas de por medio, las soluciones no pueden esperar.
"
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