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- rdf:value = " El señor PALMA.-
Muchas gracias.
Debo expresar, en primer lugar, que era el propósito del Partido Democratacristiano, frente a este problema, que expusiera nuestros puntos de vista el Honorable señor Benjamín Prado, Senador por Valparaíso y Aconcagua. Sin embargo, circunstancias extraordinarias lo han obligado a permanecer en el puerto para intervenir en la solución de algunos problemas de gran importancia suscitados allí últimamente.
No obstante, cualquiera de nosotros, al analizar esta iniciativa, adquiere la certidumbre de que ella plantea un criterio totalmente nuevo frente a un problema tradicional en Chile.
No se trata, sencillamente, de una ley más destinada a crear una Corporación de Reconstrucción o a abordar problemas como los originados por el último sismo. La verdad es que un criterio distinto, revolucionario, anima el proyecto.
Chile, durante años, vivió del salitre -fue el pan nuestro de cada día- y no tuvo un Ministerio del Salitre. Asimismo, desde antiguo hemos debido desarrollar toda una actividad relacionada con la industria del cobre y sólo en los últimos años -creo que a partir de la ley de Nuevo Trato- se creó el Departamento del Cobre, primero como anexo al Banco Central de Chile.
Más de doscientos sismos superiores al grado 4 son históricos en Chile, según hemos podido comprobar por la lectura del informe suministrado, después de detallado trabajo, por la Secretaría, y en este siglo ha habido no menos de 91, cuatro o cinco de los cuales han tenido todas las características de terremoto y uno, las de cataclismo .
Sin embargo, hasta ahora no se había pensado en la necesidad de disponer de una legislación permanente que permitiera, en el momento en que se producen estas catástrofes, abordar de inmediato la situación, pasando por encima de las disposiciones habituales, y atender los problemas humanos y materiales que, por desgracia, en cada caso se producen.
En un estudio hecho hace algún tiempo por la CORPO, se estiman en más de mil millones de dólares las pérdidas originadas por los terremotos, desde 1939 hasta la fecha. Vale la pena destacar esta cifra, porque ella tiene alguna relación con el endeudamiento externo del país.
Para reparar los daños ocasionados, hemos usado, en la práctica, no menos de 60% del total de lo que hasta ahora constituye la deuda externa.
Por eso, la presentación de un proyecto destinado a plantear soluciones dé carácter más estable responde a una necesidad absolutamente real.
Este Gobierno, que es moderno y está tratando de afrontar los problemas dentro de un plan general, y que en cada uno de los detalles aplica los mismos criterios, tenía, evidentemente, que patrocinar una iniciativa diferente de las que han sido habituales .
Un título completo y muchísimas disposiciones establecen normas para futuras actuaciones. Es la primera vez que esto acontece. Es cierto que el proyecto puede contener errores; pero la experiencia de los señores Senadores y la actuación de los funcionarios nos permitirán, con seguridad, en lo porvenir, mejorar esas disposiciones e ir creando, por consiguiente, los medios adecuados de acción, como existen en otros países, En Japón, por ejemplo, hasta en la educación se instruye acerca de la forma de abordar estos problemas.
Considero, por eso, que la labor desarrollada por el Gobierno y las Comisiones, presididas ágilmente por el Honorable señor Bossay, ha permitido perfeccionar las proposiciones iniciales y, por cierto, ello tendrá importancia en lo futuro.
El proyecto no sólo establece disposiciones permanentes, sino que retoma la buena tradición del país en este orden de cosas. Vuelve al espíritu que inspiró a Aguirre Cerda y a sus colaboradores de esa época, para afrontar los problemas en los dos planos en que es necesario hacerlo: en el de la reconstrucción propiamente tal y en el del desarrollo de las regiones afectadas, con el objeto de recuperar el tiempo perdido y de crear nuevas condiciones de vida para la gente que, sicológica y materialmente, siempre resulta extraordinariamente afectada.
Por eso, el proyecto del Ejecutivo dispone que la CORFO estará obligada, en un plazo relativamente breve, a formular un plan adecuado a las circunstancias del caso. Algunos señores Senadores han formulado al respecto muchas críticas y se ha insistido en que el plan programado para esto no estaba listo. Ayer, un señor Senador dijo que ello representa volver al espíritu de improvisación que caracterizó a la Administración pasada, y que veía actuar a este Gobierno en igual forma.
Estimo que, fuera del espíritu general del proyecto, tales críticas carecen de sentido . El país ha demorado 25 años en elaborar las bases más elementales de un proyecto decenal de desarrollo.
¿Acaso querían esos señores Senadores, tal vez discípulos ocultos de Muñoz Ferrada, que nosotros hubiéramos señalado el epicentro exacto del terremoto de la temporada, para tener un plan preparado ? ¿Pretendían, frente a cada uno de estos fenómenos, que las fórmulas para abordarlos estuvieran contenidas en un libro ubicado en una estantería, con todo previamente preparado y programado?
¿Tiene alguna seriedad esta crítica? Creo que es mucho más seria la actitud del Gobierno cuando declara tener, para determinadas zonas, algunos aspectos estudiados o, por lo menos, programas en elaboración. Otros requerirán, inevitablemente, tiempo para formular, dentro de un plan amplio del país, la etapa regional, que evidentemente, deberá tener la importancia adecuada al problema.
Estimo, por lo tanto, que las muchas páginas leídas en esta Sala para destacar el hecho de que no existe un plan completo, preciso, exacto, al minuto, de todo lo que es necesario realizar, carece de todo sentido crítico serio.
El señor ALTAMIRANO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PALMA.-
Su Señoría no nos concedió ninguna interrupción en la sesión de ayer. Por lo demás, el debate llega a su término y no disponemos de más tiempo.
El señor TARUD.-
Sólo quería decir, a Su Señoría, que el señor Muñoz Ferrada es democratacristiano.
El señor PALMA.-
Quiero agregar que, sin embargo, para la región del sur de la provincia de Coquimbo, a la cual se refirió con tanta prolijidad y dramatismo un señor Senador, existen las bases de un plan de desarrollo que se está estudiando desde el 19 da mayo recién pasado, con la participación de numerosos funcionarios de todos los organismos del Estado: la Empresa Nacional de Minería, la Corporación de Fomento de la Producción, las organizaciones dé pescadores -PESCOP-, la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Cooperativo del INDAP, la Empresa Nacional de Electricidad, etcétera. Podría citar interminables reuniones en las cuales se han estado elaborando las bases de un programa denominado "estudio del desarrollo integral de la hoya hidrográfica del río Choapa". No menos de cien funcionarios y técnicos están completando la acumulación de antecedentes, para aportarlos, oportunamente, a la CORFO.
Hemos estimado que el desarrollo de esa zona pobre de la provincia de Coquimbo requiere mayor celeridad que el de la relativamente desarrollada del río Aconcagua y sus alrededores.
Por eso, aun cuando no podemos decir que teníamos un plan, ya que no conocíamos con anterioridad el epicentro del terremoto, sí podemos, en este caso, vanagloriarnos de haber actuado con suficiente rapidez para tener los elementos con los cuales, en los próximos meses, se pondrá en marcha un plan regional en la zona sur de la provincia de Coquimbo.
El proyecto de reforma agraria constituye la base de tal plan. Como bien saben algunos señores Senadores, será completa en dicho valle, pues se trata de hacer de él la zona piloto de lo que mañana será en el país una reforma agraria integral. En este orden de cosas, el Gobierno, que marcha delante de los problemas, está absolutamente resuelto a proceder con la celeridad del caso. Y, ya en este momento, varias propiedades y latifundios de la zona han sido avaluados y están siendo negociados para poder, dentro de las limitadones que nos impone la actual ley, integrarlos al plan de desarrollo agrario que se está poniendo en marcha en la zona. Este, por fortuna, cuenta con el entusiasta apoyo de miles de trabajadores que antes eran manejados con objetivos políticos y que ahora, al sentirse patrones de las empresas en que laboran, han dado un vuelco sensacional que se traducirá, en lo futuro, en elemento de extraordinaria importancia para el progreso social del país.
Por eso, hemos dicho que el proyecto de ley consigna dos objetivos: reconstruir y planificar. Pero tampoco es criticable el hecho de que las disposiciones sobre planificación sean muy breves. Siempre lo han sido los preceptos legales que han permitido importantes realizaciones en el país. Sólo ocho artículos de la ley 6.334 -del 19 al 27-, que, en su mayor parte, están destinados a fijar la composición del directorio y sus atribuciones, dieron vida a la Corporación de Fomento de la Producción. Si los señores Senadores leen el precepto legal citado, podrán comprobar que en él se usan muchas más palabras que las empleadas en el título correspondiente de este proyecto de ley sobre los organismos que deberán llevar adelante los planes de desarrollo regional de aquella zona y las obligaciones que al respecto deberán tener dichos organismos.
Faltaría agregar que estas disposiciones legales tienen el espíritu reformador y planificador que permitirá rápidamente, sin demagogia, impulsar las transformaciones cuya importancia para el país es verdaderamente extraordinaria.
Sin embargo, no deseo abundar en mayores explicaciones respecto del proyecto de ley en discusión. Como dijo el Honorable señor Castro, ello no es necesario después del prolijo y detallado informe rendido por el Honorable señor Bossay.
En verdad, el problema se refiere fundamentalmente al criterio que se tiene frente a las medidas de orden financiero que el Gobierno habrá de adoptar con el objeto de allegar los recursos indispensables para la realización de los planes de reconstrucción y desarrollo correspondientes.
Tengo al alcance de la mano el proyecto que los Honorables señores Allende, Ampuero y Rodríguez elaboraron y presentaron con motivo de los sismos del mes de marzo último. Las disposiciones de esa iniciativa legal no son mucho más específicas, en lo referente a organizaciones y planes, que las contenidas en esta iniciativa de ley. Por lo contrario, son más breves: formular el plan de reconstrucción de la zona devastada, iniciar un plan integral para la zona amagada y proponer uno de mejoramiento para esas regiones. En eso consisten los preceptos relativos a esta materia contenidos en la iniciativa de Sus Señorías.
El señor CHADWICK.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PALMA.-
Su Señoría se opuso específicamente a darlas. ¿Cómo desea que yo se las conceda?
El señor CHADWICK.-
Concedí una al Honorable señor Aylwin. De modo que se equivoca el Honorable señor Palma.
El señor PALMA.-
Con todo gusto concederé una interrupción al señor Senador, si me lo permite el tiempo de que dispongo. Por lo demás, creo que pondré término en breve a mis observaciones.
Evidentemente, el proyecto de los señores Senadores incidía en lo que es un "leit motiv" de un sector de la política nacional: en un financiamiento sobre la base de una nueva tributación al cobre. Al respecto, debo decir que, frente al problema del cobre, nosotros tenemos nuestra propia política, que fue apoyada por el país y que se traducirá en extraordinario aporte para la economía nacional. Como hemos dicho, ella es la viga maestra de transformaciones próximas. Pero precisamente porque tenemos un programa respecto del cobre, los nuevos recursos que provengan de esa fuente serán destinados a determinados objetivos.
El señor CHADWICK.-
Habrá menos rendimiento del que supone Su Señoría.
El señor PALMA.-
Los cálculos hechos por el Honorable señor Chadwick en el curso de su exposición son realmente cuentas alegres. No otra cosa son sus disquisiciones sobre las diferencias que se ob-tedrían si el cobre se vendiera a los precios del mercado de Londres y no a los del mercado de Nueva York. Es como pensar que si todos los dólares de Chile se vendieran en el mercado negro, la cotización de esa moneda en el mercado negro seguiría teniendo la paridad que hoy día posee.
El señor CHADWICK.-
El del cobre no es un mercado controlable.
El señor PALMA.-
Cuando discutamos en el Senado el proyecto de ley sobre el cobre, tendremos muchas más oportunidades de cambiar ideas sobre este orden de cosas y, lo que es más importante, para concretarlas .
Por estas consideraciones, estimo que el proyecto de ley debe estipular un financia-miento razonable, adecuado, posible y justo . Para ello hemos recurrido a los procedimientos habituales en estos casos, que son los imperantes en todos los países, cualesquiera que sean sus características sociales o el campo en el cual estén ubicados en este instante. Uno de tales procedimientos se basa en los empréstitos; el otro, en impuestos. En este orden de cosas, no podemos sino hacer lo que hacen todos los países del mundo, salvo que descubramos una mina muy rica y la podamos explotar.
Muchas son las cosas que pueden surgir de la imaginación y reconozco que, en este terreno, algunos de mis Honorables colegas podrán aportar más de lo que efectivamente nosotros hemos hecho.
Contratar empréstitos es una medida altamente razonable; es la tradición seguida en todos los países. Desde los tiempos de nuestra Independencia hasta 1930, por lo menos, gran parte de las obras públicas se han financiado mediante empréstitos en dólares o en libras esterlinas, colocados en los diversos mercados mundiales, operaciones cuyas características son bien conocidas por todos nosotros.
Por lo tanto, el hecho de que ahora solicitemos autorización del Congreso para que el Banco Central emita obligaciones con características de estabilidad tal que permita su colocación en cualquier parte del mundo, no es recurrir a la imaginación, sino precisamente recordar y aplicar prácticas implantadas habitualmente por nosotros y otros países.
Por lo tanto, consideramos que la disposición tendiente a facultar la emisión de bonos reajustables tiene explicación perfectamente justa.
Algunos señores Senadores sostienen que los bonos reajustables propuestos por nosotros tienen características similares a los bonos dólares que tanto criticamos. Profundo error de su parte. Los bonos y pagarés dólares emitidos por el anterior y otros gobiernos, no son malos en sí mismos, pues son documentos emitidos con paridad estable, para responder a ciertas obligaciones, con el objeto preciso de obtener, en un momento dado, las divisas duras que el país puede necesitar. Lo malo del Gobierno anterior, en este caso, estuvo en el uso extraordinario que hizo de estos bonos-dólares al disponer que fueran absolutamnte exigibles en el comercio de importación y otras operaciones similares. Tal uso, implantado por medio de disposiciones reglamentarias y de leyes, inclusive, fue lo que cambió las características de los bonos dólares. Ahora ellos están en poder de los bancos y de particulares: siguen ganando el 7% de interés; pero ya no sirven para proteger el espíritu especulativo de los chilenos, que con tanta frecuencia se expresa aun en las críticas formuladas por miembros del Congreso Nacional.
No otra cosa que protección a este espíritu especulativo de los chilenos representan, por ejemplo, partes de las exposiciones hechas ayer por los Honorables señores Contreras Labarca, Barros y Altamirano, las cuales inciden, fundamentalmente, en decir al país: el dinero que se pedirá a algunos ciudadanos como préstamos a largo plazo, se lo daremos a chilenos privilegiados, también a largo plazo, pero sin reajuste. O sea, se pretende destruir las características especiales reajustables, que han significado un estímulo para el país al punto de que, por primera vez en los últimos años, ha habido un real incremento del ahorro popular en grado nunca antes visto. Por ello, reconocemos que el sistema ha sido bueno.
Con todo cabe preguntarse: ¿por qué seguir favoreciendo a algunos sectores con préstamos para construir viviendas y negar esa ayuda a otros sectores? ¿Por qué no exigir a los beneficiados con tal ayuda que repongan el valor real de los préstamos recibidos?
He solicitado un antecedente que considero adecuado para formarnos un juicio al respecto. Me refiero al número de imponentes de la Caja de Empleados Particulares. Debo decir que no se conocía ni se sabe con exactitud hasta el momento cuál es el total de imponentes de ese instituto previsional. Al parecer, su organización no era muy eficaz; de tal manera que el cálculo en referencia es sólo aproximado. Los imponentes de la Caja de Empleados Particulares suman 264.700, número en el cual, según la información recibida, no están incluidos, por ejemplo, los torneros, matriceros, etcétera. Sólo 30.500 de esos imponentes -12% del total -tienen deudas hipotecarias a cualquier título. En este porcentaje de los beneficiados por circunstancias muy especiales, se incluyen los favorecidos con 1.000 viviendas en provincias y 5.000 en Santiago, operaciones que están por escriturarse. Pues bien, a este 12% tan favorecido desde muchos puntos de vista, sobre todo cuando en el pasado no se les exigía cancelar sus deudas en forma reajustable, se pretenda seguir dándoles la ventaja de no responder en la misma proporción en que la sociedad los ayudó, con el objeto de que otros imponentes tengan oportunidad de satisfacer anhelos tan vitales.
Algunos señores Senadores, al atacar tal sistema, que es de justicia social, aparecen respondiendo al espíritu especulativo que todos los chilenos llevamos dentro de nosotros y al cual estamos ya acostumbrados. Según el dicho, en nuestro país hay unos para quienes otros trabajan, y estos últimos no se distinguen precisamente por su talento.
Se incurre, pues, en grave error al sostener que ese sistema es injusto en sí mismo. Puede que sea necesario introducirle algunas rectificaciones; puede que sea necesario crear una moneda variable única. Pero el hecho en sí es absolutamente conveniente. En tal sentido, no pueden, razonablemente, caber dudas a ninguno de nosotros ni hacer declaraciones como las formuladas por algunos de mis Honorables colegas, las cuales considero pura demagogia.
En realidad, el país se halla ahora frente a un nuevo criterio en este orden de cosas.
Los gravámenes propuestos en la iniciativa -aparte estar destinados a dar los frutos que de ellos se espera, vale decir, el financiamiento de la reconstrucción y de los programas de desarrollo- harán posible resolver algunos aspectos establecidos en forma explícita por la ley. Tales impuestos tienen la característica de este Gobierno: poseen sentido social, no son regresivos, obedecen a un sentido de solidaridad, afectarán específicamente a los sectores que deben contribuir cuando el país sufre una catástrofe de esta especie.
En el cuadro que todos los señores Senadores tienen a la mano y que figura en la página 205 del detallado informe elaborado por el Secretario de las Comisiones unidas, señor Pedro Correa, podemos ver cuál son, en rigor, el resultado del impuesto de solidaridad nacional y el cálculo anual del impuesto a la renta presunta, supuesto en 8%, como se proyecta en esta iniciativa; y podemos darnos cuenta de que menos del 7% de los contribuyentes pagarán más del 71% del total de lo que ese impuesto a la renta presunta ha de significar, y que es interminable el número de chilenos que no serán afectados...
El señor CHADWICK.-
No hay ninguna base seria en ese cálculo.
El señor PALMA.-
Seiscientos mil son, aproximadamente, los ciudadanos enrolados en el impuesto a la renta. Trescientos mil son los que declaran, y 170 mil los que pagan el global complementario. Y 197 mil serán quienes pagarán el impuesto de solidaridad nacional, el impuesto al patrimonio.
Llamo la atención del país -porque vale la pena conocer algunos antecedentes- hacia el hecho de que sólo 13 mil personas declaran, en Chile, una renta presunta superior a 1.000 escudos mensuales. ¡Sólo trece mil personas! Esto da una medida de lo necesario que es introducir profundos cambios y de las razones por las cuales debe crearse el impuesto al patrimonio. El servirá para darnos a conocer cuál es la realidad en cuanto a la riqueza que posee cada chileno, lo que esconde y las rentas que no declara, o las formas en que elude su participación en el esfuerzo social. Y creo que sin duda alguna tal objetivo será alcanzado, en los próximos tiempos, cuando, por la acción de este Gobierno, hayamos creado una nueva mentalidad en el país. Incorporaremos a los chilenos al circuito económico, les diremos que tienen que dar para recibir, que...
El señor TARUD.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PALMA.-
...es absolutamente imposible pensar, en los tiempos modernos, que puedan constituirse las naciones sin un efectivo sentido de solidaridad, con mayor razón dadas las características de la situación que estamos viviendo nosotros.
Entre las críticas formuladas a este financiamiento, algunas resultan curiosas y extrañas. Ellas inciden principalmente, tanto por parte de los señores Senadores comunistas y socialistas como del Honorable señor Bossay, en la defensa del patrimonio de las personas, porque creen así proteger especialmente a la clase media y a algunos sectores empresariales, en una actitud cuyo alcance político conocemos perfectamente.
Sin embargo, todos los empresarios, todos los trabajadores, todos en Chile saben que, en este instante, se está frente a un nuevo momento económico. Porque los campesinos están recibiendo este año un reajuste medio del orden de 86% sobre lo que percibieron el año pasado, todas las industrias productoras de bienes de consumo habitual, de uso casero -como, por ejemplo, utensilios de aluminio-, se encuentran en este momento con las ventas copadas por varios meses. Por primera vez se ha iniciado en Chile un proceso de incorporación del sector agrario a algunas pequeñísimas ventajas que la civilización les estaba negando durante siglos, y que este Gobierno, con aceleración creciente, está dispuesto a incrementar para ellos, año tras año.
Igualmente, saben todos los empresarios que estamos frente a programas de desarrollo, en los grandes niveles y en los pequeños, verdaderamente nunca formulados antes.
El instante económico actual es duro, precisamente por ser de cambios. Tienen que abandonarse viejos moldes para encauzarse en nuevas maneras. Desaparecen los sobregiros para establecer las cuentas corrientes de caja. En este instante en que una cantidad de procedimientos modernos aplicados en todos los países del mundo, empiezan a ser puestos en práctica para estimular la producción, para bajar el costo de la comercialización y acábar con la especulación, sin duda alguna se produce un momento de inquietud en la gente, pues cuesta adaptarse a nuevas condiciones de vida. A todos nos cuesta. Pero el país sabe que, en el fondo, el proceso inflacionario está controlado, pues en lo que va corrido del año no llegamos al 17% en el alza del costo de la vida, en circunstancias de que los planificadores de esta economía, que está siendo dirigida dentro de la libertad, previeron para esta fecha un 16,5% en dicha alza.
Por ello, tenemos la certeza absoluta de llegar a fines del año con algo menos de 25% de inflación, que es lo prometido, lo previsto para llevar adelante un plan racional de progreso económico en el país.
El señor TARUD.-
Lo recordaremos oportunamente a Su Señoría.
El señor PALMA.-
Su Señoría siempre es oportuno para recordar. Le rogamos que lo haga.
El señor TARUD.-
Muy agradecido por su concepto.
El señor PALMA.-
Creo, por lo tanto, que no existe razón para que, a propósito de este proyecto que legisla sobre la reconstrucción, se trate de estimular la desconfianza de parte de algunos sectores del país, como se ha querido hacer precisamente -¡cosa curiosa!- por los Senadores comunistas, junto con otros que han estado diciéndonos que estos impuestos exceden lo que el país puede pagar y que la apreciación del patrimonio es disparatada.
Ayer, el Honorable señor Bossay, sobre la base de antecedentes proporcionados por la Corporación de Fomento y la Confederación de la Producción y del Comercio, analizó diversos aspectos, para demostrar que la apreciación nuestra sobre el rendimiento del impuesto patrimonial es muy inferior a lo que realmente producirá la ley.
Pues bien, dejaré este aspecto al señor Ministro de Hacienda, quien, seguramente, dispone de más informaciones que yo para explicar cuáles son los factores que hacen que el criterio con que el Gobierno ha actuado sea absolutamente real, concordante con un análisis científico de todos los elementos de que se dispone en este momento.
También en el curso de este debate, para crear ambiente de desconfianza en el país, se ha dicho reiteradamente que factores como los reavalúos de bienes raíces son tan distorsionados, tan alejados de la realidad, que, en verdad, nos encontramos frente a una catástrofe, frente a un "crac" económico.
Debemos nosotros a este respecto declarar que la retasación de los bienes raíces de un país es, ciertamente, una tarea extraordinariamente difícil. Se han re-avaluado alrededor de 300 mil propiedades agrícolas y casi un millón de propiedades urbanas, y para hacerlo se han aplicado conceptos universalmente aceptados, con variantes en cada una de las regiones del país, pues han debido tomarse en consideración las características peculiares de todas ellas.
En el caso del sector agrícola, ha servido de base el estudio aerofotogramétrico que se hizo de determinados sectores, especialmente en los más ricos, como son los del centro del país, entre Aconcagua y Puerto Montt, y otros correspondientes a los valles transversales en el norte. Ha sido este trabajo de una prolijidad verdaderamente rayana en lo admirable y si, por cierto, contiene algunas injusticias, ellas se deben al error humano, factor que influye precisamente en estas estimaciones. No obstante, el promedio es absolutamente más justo y mejor que lo que había, cuyas diferencias sí que eran abismantes, debido a que esos avalúos existían desde 1955 y estaban en práctica desde 1957. Además, para realizarlos se contrató en aquella época una cantidad de funcionarios de paso por la Administración Pública. El reavalúo que ahora se pretende aplicar, en cambio, ha sido hecho exclusivamente por funcionarios con tradición en esa Administración y con experiencia en
la materia. En seguida, se han confeccionado sobre la base de una clasificación de los terrenos -se han distinguido 12 tipos- mediante muestreos en diversas partes del país. Debieron hacerse doce mil muestreos. ..
El señor CHADWICK.-
Dos mil. No es cierta la información de Su Señoría.
El señor PALMA.-
... para comprobar en las diversas partes la realidad de lo que se estaba disponiendo.
Aparte lo anterior, en todas las provincias existió la Comisión Mixta Provincial de Reavalúos, y, en este orden de cosas, estamos haciendo un análisis exclusivamente objetivo y no con fines políticos, porque no debe olvidarse que todo esto proviene de la ley Nº 15.021, de 1962, tramitada durante el Gobierno anterior, mandada al Congreso el 8 de mayo, despachada el 9 de noviembre de ese año y puesta en práctica con posterioridad. De manera que, al hacer este análisis, actuamos con la absoluta objetividad de las personas que han procurado conocer si era posible aplicar este avalúo seriamente; si, en realidad, un Gobierno que iba a utilizar los datos proporcionados por otro Gobierno, podía emplearlos con la tranquilidad de conciencia de que no se cometerían injusticias fundamentales. Y así se ha podido comprobar.
Todo el proceso de reavalúo ha pasado por diversas etapas. Primero, la Dirección de Impuestos Internos ha hecho su estimación ; después, el estudio ha pasado a la Comisión Mixta Provincial; en seguida, era sometido a la comisión técnica de Impuestos Internos; y, finalmente, todo el estudio era revisado por los asesores de la Presidencia de la República.
Los avalúos agrícolas fueron puestos a disposición de todas las sociedades agrícolas del país y sólo, una, la Sociedad Agrícola del Norte, estimó que ellos tenían diferencias sustanciales con los precios comerciales en la zona.
Por este motivo y otros más, se realizaron los doce mil muestreos a lo largo de las diversas regiones, lo cual ha permitido determinar que estos avalúos, comparados con cualquier indicador económico, con el alza del costo de la vida, con el índice general de precios, en fin, con cualquier indicador económico, son valores, en el caso de bienes agrícolas y de bienes urbanos, que, como lo demostraré, están por debajo de la realidad.
Por lo demás, se está tratando, en estos instantes, de que los avalúos, que son los bienes de las personas que en este país han podido disfrutar de la civilización y de las ventajas de la cultura, respondan a la realidad.
Deseo agregar que los avalúos agrícolas -por si algún señor Senador lo ha olvidado- corresponden exclusivamente al casco; de manera que ni las plantaciones, ni los cierros, ni los canales, ni las casas, ni las siembras, ni los animales están incluidos en ellos.
Pensar que la declaración patrimonial que afecta a las personas que tienen sus avalúos agrícolas estimados en estos cuadros es exacción, importa tener, en realidad, un criterio verdaderamente extraño en un legislador.
Por eso, estoy absolutamente tranquilo en este orden de cosas, después de lo que, en forma amplia, estudiamos sobre esta materia con anterioridad al proyecto de ley, para determinar qué posibilidad podía existir de exigir un impuesto patrimonial que implicara una renta presunta de 8% sobre las propiedades agrícolas, en las condiciones señaladas.
También se ha dicho, en especial por parte del Honorable señor Contreras Labarca, que se están cometiendo injusticias en los avalúos de los bienes raíces urbanos y que nosotros estamos imponiendo a los chilenos esfuerzos y sacrificios que éstos no pueden realizar, sobre todo en lo que respecta a la "clase media.
Puedo citar aquí casos de personas -no las diviso en la Sala en estos momentos- cuyas propiedades estaban avaluadas en 12 mil escudos, y que ahora, según el nuevo avalúo, valen 150 mil escudos; incluso, comercialmente, tenían un valor superior a éste.
Podría citar muchos otros casos, porque en el país esta situación es interminable. Pero como este Gobierno no quiso poner en marcha los avalúos sin tener criterio claro de que no está cometiendo injusticias; sin saber, a ciencia cierta, que el esfuerzo que pediría a los chilenos correspondería a sus posibilidades, contrató, en el mes de enero del año en curso, a una firma internacional dedicada a hacer muestreos. Esta firma, desde la provincia de Valparaíso, pasando por Viña del Mar, hasta la de Llanquihue, terminando en Puerto Montt, hizo un muestreo verdaderamente interesante, de acuerdo con pao-tas internacionales, y que está a disposición de cualquiera de los señores Senadores que deseen leerlo, aunque esté escrito en idioma imperialista...
El señor CHADWICK.-
Es un anticipo.
El señor PALMA.-
La verdad es que este estudio, dado a conocer en el mes de abril de 1965, es de la mayor importancia para los efectos de emitir juicio claro sobre lo que se iba a pedir a los chilenos.
¿Qué nos demuestra este estudio?
De acuerdo con los antecedentes que él nos proporciona, el promedio del avalúo de cuarenta casas de la comuna de San Miguel, con relación al valor real de la propiedad, era de 75,7%.
En Ñuñoa, donde el estudio se practicó en un número cercano a 150 casas, ese promedio era de 84,5%, lo que resultaba muy explicable, pues se trata, en gran parte, de una zona construida recientemente y, por lo tanto, con valores estimables en forma perfectamente clara. En Temuco, era de 74,5% ; y respecto de una zona típica de clase media, como es la casi totalidad de la cuarta comuna de Santiago -sector que se clasifica comúnmente, como "Santiago
Oeste"-, el avalúo era, en promedio, equivalente a 50,3% del valor real de la propiedad.
De manera que todos estos cuadros comparativos, como el que nos ha dado a conocer el Honorable señor Contreras Labarca, en el cuál nos mostró las tasaciones antiguas comparadas con las nuevas, nada tienen que ver con la realidad actual, pues se trata de estudios elaborados en 1957. Todos sabemos que, desde esa fecha, el dólar ha subido en 700%. Este estudio, por lo contrario, demuestra que existe profundo sentido de justicia en las nuevas tasaciones.
Quiero citar, al respecto, diferentes casos de propiedades ubicadas en "Santiago Oeste". Por ejemplo, en la calle Bascuñán, cuadra trece, el valor comercial de una propiedad es de 16 millones de pesos, y el avalúo, de $ 7.500.000; en la calle Libertad, cuadra catorce -a todas las propiedades se asigna la ubicación exacta-, el valor comercial es de $ 7.000.000, y el avalúo, $ 1.900.000; en Mapocho, cuadra 38, el valor de la propiedad -debe ser alguna industria -es de 130 millones de pesos, y el avalúo, de $ 41.650; en Independencia, cuadra cuatro, el valor comercial es de $ 6.800.000, y el avalúo, de $ 5.500.000.
Podría seguir analizando casos relacionados con todo el sector de la clase media de Santiago; y podría hacerlo, también, respecto de sectores como Providencia y Viña del Mar, donde, evidentemente, el avalúo es muchísimo más próximo al valor real de la propiedad, que es precisamente lo que se persigue obtener con los nuevos criterios.
En realidad, creo que no existe razón para que algunos señores Senadores estén tratando de crear, frente al Gobierno, un ambiente de desconfianza por parte de las personas que constituyen la economía viva del país, aquellos que han sido capaces de ahorrar, de crear y que impulsan hacia adelante la nación. Ellos saben bien que nosotros estamos, en este instante, poniendo en marcha un país que, por diferentes razones, estaba detenido, y que ahora sí empieza a tomar un ritmo definitivo hacia el progreso.
En el curso de este debate, se nos ha acusado también de haber tenido, frente al terremoto, actuaciones partidistas. El Honorable señor Bossay lo dijo en las Comisiones y lo repitió en la Sala.
A mi juicio, la verdad es que nunca había habido un Gobierno más abierto que éste para abordar problemas que, bien sabemos, afectan a todos los chilenos.
Aquí no hubo brigadas como las que fueron a Chillan; aquí no hubo procedimientos de esa especie; aquí todo fue ordenado, claro, y a quien concurrió, se le pidió su cooperación y se le abrieron las posibilidades de actuar.
La Honorable señora Campusano, Senadora por Coquimbo, recorrió el sur de esa provincia junto con el gobernador -ella facilitó el vehículo, pues el representante del Gobierno en esa provincia no lo tiene-; el Honorable señor Chadwick, aquí presente, recorrió la zona damnificada, en los primeros días, acompañado por el que habla, ambos Senadores por esa agrupación; el Honorable señor Allende tuvo el agrado de encontrarse con el Presidente Frei en la zona afectada y departir sobre problemas que interesan a la región, en un plano de la mayor amplitud.
Es decir, ha habido, en cada uno de los casos, por parte de este Gobierno, una actitud abierta que, frente a este problema, como a los demás, pensamos mantener en forma definitiva.
Se nos ha acusado, además, por un señor Senador que vive en el mundo de las consignas, de haber elaborado un proyecto carente de imaginación. En realidad, estimo que el proyecto no es muy imaginativo ni muy distinto de los anteriores. Es una iniciativa legal hecha por chilenos, y nosotros -siempre se ha dicho- somos un pueblo organizado quizás por carecer de imaginación. Yo no sé si esto es cierto. Pero sí sé que se trata de un proyecto en
el cual existen disposiciones, criterios, orientaciones nuevos y sentido de justicia social; de una iniciativa progresista, destinada a abordar de manera estable problemas que se han venido sucediendo durante siglos.
Por lo tanto, confiamos absolutamente en que la nueva ley producirá resultados mucho más importantes y que van más allá de lo que, simplemente, dice relación a la reconstrucción de la zona afectada. Pensamos, al efecto, que los planes que se desarrollarán en las áreas afectadas por el simo -por ejemplo, en el área del Choapa, zona experimental de desarrollo de una región postergada del país; en la zona del Aconcagua, región experimental de desarrollo de una zona evolucionada del país- en los años próximos darán al país características distintas, que representarán algo de lo que fue el desarrollo de Concepción después del terremoto de 1939, cuando el PresidentePedro Aguirre Cerda tuvo, en parte, el mismo criterio que tiene el actual Gobierno para afrontar el problema.
Es posible que este proyecto de ley abunde en defectos formales. Con toda seguridad, requerirá muchas modificaciones. Nosotros reconocemos que adolece de imperfecciones, pues fue elaborado, como todo lo que hace este Gobierno, pensando en medio de la lucha.
No obstante, creemos que es perfectamente posible -como lo hacían los judíos en tiempos de Josué: teniendo en una mano la espada, y el arado en la otra- de-dender la libertad, amparar la justicia y crear una nación moderna, que es lo que perseguimos aun cuando abordamos una ley de reconstrucción, porque todas las medidas forman parte de un gran programa que transformará a Chile.
He dicho.
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