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- rdf:value = " El señor CHADWICK.-
Señor Presidente:
Al participar en el debate general del proyecto de ley sobre reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo del 28 de marzo de 1965, no puedo dejar de evocar los departamentos de Illapel y Combarbalá, por la responsabilidad que me incumbe por ser uno de sus representantes ante el Honorable Senado. Son las regiones más pobres del país, por su bajo nivel de desarrollo, al extremo de que sólo les es comparable la de Lebu.
Allí se vive bajo el peso muerto del latifundio improductivo; la falta de regadío de extensas áreas que podrían tenerlo, porque el río Choapa pierde sus aguas por la inexistencia de tranques o embalses; la improductividad de enormes extensiones de rulo o secano que podrían utilizarse como praderas artificiales, si se las cerrara debidamente y se sembraran pastos que aprovechen la humedad del clima de costa y las escasas lluvias de la región; la paralización de las labores mineras por ausencia de una política adecuada de investigación y fomento, agravada por el régimen absurdo de propiedad minera, imperante desde 1888; el abandono administrativo manifestado en el pésimo estado de los caminos; la ace-falía permanente de servicios tan importantes como la Inspección del Trabajo; las deplorables condiciones en que se mantienen las escuelas rurales y aun algunas urbanas.
Estas son, en pocas palabras, las causas permanentes de la pobreza generalizada, de los bajos ingresos de los que tienen trabajo, de los altos índices de desocupación, de la emigración forzada de los jóvenes a otras regiones del país, de la falta de agua, luz y demás servicios en las poblaciones marginales de la ciudad de Illapel.
A esas condiciones de vida que constituyen la suerte o el destino común del ser humano en los departamentos de Illapel y Combarbalá, ya antes de que fueran víctimas del terremoto del 28 de marzo de 1965, se agregó la sequía con sus características más trágicas.
El año 1964 fue el de mayor estragos como consecuencia de la sequía, en todo el siglo, exceptuado el de 1924.
El sismo que origina esta legislación de emergencia, no sólo afectó, por lo tanto, a una población de los más bajos niveles de vida del país, sino que la hizo víctima, cuando ya estaba sometida a una calamidad pública, reconocida oficialmente desde diciembre de 1964 y evidente por sí misma. Porque la sequía de ese año diezmó los ganados, arruinó todos los cultivos de rulo, disminuyó el área regada, hizo que enormes extensiones se transformaran en tierra estéril y profundizó la pobreza hasta convertirla en miseria.
Cuando sobrevino el terremoto, en el otoño ya iniciado, los departamentos de Illapel y Combarbalá esperaban una mejor suerte. Sus habitantes se mantenían en ellos por la porfiada tenacidad de quienes están arraigados a su región. Confiaban que llegarían las lluvias tempranas de los años buenos, cuando vienen a alternarse con años de escasez.
En esas condiciones sorprendió el terremoto a esos campesinos y pobladores de Combarbalá e Illapel.
Eran los más pobres entre los pobres y les cayó el infortunio del sismo sobre la calamidad de la sequía.
Sus casas quedaron destruidas e inhabitables o necesitan reparaciones con urgencia. Entre los escombros quedaron aplastados los objetos de uso personal o familiar, sin que nadie llegara a saber hasta cuánto alcanzan los daños por esos destrozos.
Para servir a esos habitantes en esta dura emergencia y recordar al Honorable Senado y al país las características especialísimas de esos dos departamentos, pedí mi incorporación a la Comisión de Obras Públicas, a fin de trabajar en el estudio de este proyecto de reconstrucción de la zona devastada.
De antemano, parecía axiomático que ningún esfuerzo de reconstrucción podría alcanzar su rendimiento adecuado sin ir acompañado de un plan de desarrollo económico de la región.
El partido de Gobierno, cuando era opositor de la Administración anterior, no había tenido dificultad en compartir ese criterio mantenido por el Partido Socialista y el Frente de Acción Popular, al discutirse el proyecto de reconstrucción de las provincias asoladas por el terremoto de 1960.
El actual partido de Gobierno hizo suyas entonces todas las críticas de socialistas, comunistas y democráticos del pueblo, frente al error que advertían al no abordar conjuntamente la reconstrucción y el desarrollo económico regional. No necesito, ahora, abundar en recuerdos que podrían ser penosos. Baste afirmar que el proyecto elaborado por el Gobierno democratacristiano y aprobado por la Cámara de Diputados, contiene en el párrafo 8º del título II disposiciones destinadas a dar la impresión de que se pondría en marcha, a brevísimo plazo, un plan de desarrollo económico de la zona afectada por el sismo del 28 de marzo de 1965.
Se empieza por señalar perentorios 60 días, a contar de la promulgación de la ley, para que la Corporación de Fomento de la Producción cumpla la imperativa obligación de formular el plan de desarrollo económico regional.
A continuación, se faculta al Presidente de la República para modificar leyes, destinar recursos, crear consejos o comités y determinar sus facultades, fijar remuneraciones, etcétera.
Por último, del nuevo endeudamiento hasta por cien millones de dólares, autorizados por los artículos 53 y 54, se destinarían 20 millones de dólares a suple-mentar el presupuesto de obras públicas en actual ejecución y 80 millones, a financiar el plan de desarrollo regional.
Todo esto no es, sin embargo, sino una fábula carente en absoluto de toda realidad.
El plan de desarrollo económico regional no existe; no se espera que exista dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la ley, ni puede concebirse que llegue a haber un plan único de desarrollo regional para zonas tan dispares como los departamentos de Illapel y Combarbalá, del más bajo nivel económico del país, y las provincias de Valparaíso y Aconcagua, que son las que centralizan parte considerable de las grandes inversiones de la industria nacional, de las instalaciones comerciales, de los medios de transporte, y las construcciones habitacionales, etcétera.
El plan de desarrollo regional en los departamentos de Illapel y Combarbalá tiene nombre propio y contenido específico. Se llama reforma agraria integral y comprende el remodelaje de la tenencia de la tierra y del uso de las aguas ; la construcción de tranques o embalses, canales de regadío y otras obras complementarias; la implantación de nuevos cultivos; el asesoramiento técnico; la dotación de maquinarias agrícolas, etcétera.
Lo sabe la Corporación de la Reforma Agraria, lo ha estudiado el Departamento de Planeamiento de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas y no lo ignora la Presidencia de la República.
El hecho no tiene nada de misterioso. En el departamento de Illapel hay diez propietarios que tienen en su poder 573.028 hectáreas.
Entre esos predios, una sola hacienda -vocablo sudamericano-, con 147.325 hectáreas, es del dominio de una sucesión.
Hay disponibilidades de agua que aseguran el regadío de 31.700 hectáreas, con plena y cabal estabilidad de los cultivos, con tasas adecuadas para obtener los mayores rendimientos en viñedos destinados a la exportación o en otras especies de fruticultura orientadas, también, a los mercados externos.
En la actualidad, en vez de esas 31.700 hectáreas bien regadas, que podrían alcanzarse, sólo existen 12.500 hectáreas, pues las otras 4.000, que completan el área de regadío, tienen una dotación deficiente, que hace insegura la inversión.
Es urgente abordar este problema, por las condiciones socio-económicas de los departamentos de Illapel y Combarbalá y, además, por dos razones que son igualmente imperativas: una, de orden técnico agrario, pues constituye, en verdad, el más imperdonable derroche dejar de obtener los beneficios derivados de cultivos especializados que están indicados para esa zona, con condiciones de clima extraordinariamente favorables para las áreas de riego.
La segunda razón obedece a un hecho muy singular. La Corporación de la. Reforma Agraria acaba de recibir los fundos que fueron de propiedad del Servicio Nacional de Salud. En estos fundos viven 1.400 familias campesinas que jamás podrán llegar a tener una unidad económica de producción, por falta de tierra y especialmente por insuficiente dotación de agua, mientras no se expropien las haciendas de los particulares situadas en el mismo valle.
El régimen implantado por la Corporación de la Reforma Agraria es, esencialmente, transitorio. Y así lo reconocen sus jefes y técnicos más destacados, que tratan de adelantar en la planificación de la reforma agraria integral del departamento.
Todo el problema del desarrollo económico de Illapel está, hoy, centralizado en la decisión que el Gobierno deberá, por fin, adoptar, poniendo término a sus vacilaciones. En el fondo, esa decisión es política.
Deberá resolver expropiar, sin excepción, todos los latifundios de la región o abandonar, definitivamente, la idea de planificar el desarrollo regional de que se trata.
¿Quién comprendería, en efecto, que se gastaran 70 millones de escudos en la construcción de un embalse, según los cálculos, para discutir después, la indemnización que debería pagarse a los dueños de los predios que ese embalse vendría a revalorizar?
El señor AYLWIN.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.-
Con todo gusto.
El señor AYLWIN.-
Debo hacer presente que lo expresado por Su Señoría es muy lógico. Sin duda, dentro de los planes del Gobierno se consigna esa expropiación, pero en la actualidad no existe -como el señor Senador bien lo sabe- el mecanismo legal necesario dentro de la ley de reforma agraria vigente, a menos de pagar al contado. Sin embargo, como no hay recursos para ello en este momento, no es posible hacerlo. Pero así se efectuará una vez despachado el proyecto de reforma agraria del Gobierno, para lo cual esperamos contar con los votos suficientes del Congreso.
El señor CHADWICK-.-
Me haré cargo de inmediato de las palabras del Honorable señor Aylwin, pues ellas se anticipan al problema que estoy tratando. Precisamente, con los fondos destinados al plan regional, debe abordarse en Illapel la reforma agraria.
Debo agregar que las consideraciones que estaba formulando, antes de la interrupción del Honorable señor Aylwin, no constituyen las únicas razones para demostrar la urgencia existente de adoptar de una vez por todas, por parte del Gobierno, una resolución sobre este problema.
Hay otras razones, pues la inversión en la construcción del embalse obliga a contar con el aprovechamiento óptimo de las aguas. De lo contrario, sería antieconómica.
Como ya he dicho, para este fin deben presupuestarse otras inversiones adicionales de infraestructura. Se han mencionado los canales, estanques, puentes, caminos, cierros, bodegas e instalaciones complementarias. Además, debo insistir en ello, asistencia técnica y créditos a mediano y largo plazo.
Toda la realización del proyecto, incluida la expropiación de los latifundios particulares, representa casi 150 millones de escudos, cifra provisional estimada en moneda de diciembre de 1964, que habrá de precisarse en estudios posteriores para los cuales se necesitan alrededor de 1.900.000 escudos.
Repito que esta es la planificación regional recomendada en principio por la Dirección de Riego y que la Corporación de la Reforma Agraria necesita poner en marcha con urgencia. Sin ella, todo lo que se diga para justificar el empleo de recursos crediticios, externos e internos, por cien millones de dólares, será letra muerta en cuanto a la posibilidad de desarrollo económico planificado a nivel regional en los departamentos de Illapel y Combarbalá.
Debería, sí, advertir que poner en marcha el proyecto Illapel no puede significar más de 20 millones de dólares para lo que resta del año y abarca los años 1966 y 1967.
Los redactores del proyecto presentado por el Gobierno no pensaron en nada semejante. No hicieron siquiera el esbozo de un plan regional para esos departamentos.
En las Comisiones unidas formulé tres preguntas concretas al Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, y obtuve, finalmente, una confesión. Consulté, en primer término, por el monto global aproximado a que podría ascender la inversión del plan de desarrollo de esta última Corporación, que quedaría obligada a presentar según el proyecto del Gobierno, dentro del plazo de sesenta días. Me contestó que no podría señalarme cifra alguna, pues el plan no estaba estudiado. Lo interrogué de nuevo sobre el, costo aproximado de los estudios; volvió a responder que nada me podría adelantar, porque eso dependía de las metas propuestas en el plan. Finalmente, quise saber cuáles serían las prioridades que orientarían los estudios, y tampoco me pudo informar. La confesión estaba implícita, pero fue formulada en forma expresa: no hay posibilidad seria -dijo el Vicepresidente de la CORFO- de presentar un plan dentro de sesenta días.
Los estudios completos para las provincias de Valparaíso y Aconcagua, más los departamentos del sur de la provincia de Coquimbo, como ya se dijo en sesión de ayer, no demorarían menos de dos o tres años.
No he hecho esta larga exposición para poner de manifiesto la irresponsabilidad y ligereza con que el Gobierno ha presentado el proyecto de ley en debate y los análogos reproches que podrían formularse a la actual mayoría dominante en la Cámara de Diputados que le prestó su aprobación. Para llegar a ese resultado me habría bastado decir muy pocas palabras. Mencionar, por ejemplo, que lo propuesto por el Ejecutivo, a lo cual ya accedió la Cámara de Diputados, no es, ni más ni menos, que "señalar sanciones pecuniarias y corporales", es decir, fijar por decreto las penas a su libre elección, que podrían llegar hasta la de muerte.
No se necesitaba ser docto en derecho constitucional ni dominar las disciplinas del derecho penal, para comprender que esa disposición propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados, es un verdadero disparate.
Si mi propósito fuera desconceptuar el proyecto, me habría bastado señalar, por ejemplo, la notoria impropiedad con que se determina el concepto de damnificado para los efectos del título II del proyecto de ley.
Según el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, ha de entenderse por damnificado sólo a quienes sufrieron daño o destrucción en los inmuebles que habitaban o tenían en dominio en la zona del sismo. Así quedaban excluidos los que sufrieron los efectos del sismo en sus personas o en las de sus próximos parientes, aunque sea cierto que trescientos murieron en el mineral de El Cobre y sean muchos los que han sido perjudicados por esta horrenda desgracia.
No ha sido, en verdad, ese afán de oposición lo que ha guiado a los parlamentarios socialistas. Hemos procurado mejorar un proyecto que carecía de toda estructura lógica, impedir las extralimitaciones de poder que se franqueaban al Ejecutivo por medio de delegaciones de facultades que son manifiestamente inconstitucionales, y abrir la posibilidad de que no se consumen los errores que, en cada caso particular, hemos señalado.
En lo que respecta a la singular situación de los departamentos de Illapel y Combarbalá, los Senadores socialistas nos sentimos estimulados con el resultado obtenido en el examen general del proyecto, con las modificaciones substanciales introducidas respecto de los preceptos sobre el desarrollo regional.
Nos parece fundamental que se haya aprobado por las Comisiones unidas que deba haber planes separados para Illapel y Combarbalá; es decir, diferentes a aquellos destinados a las provincias de Valparaíso y Aconcagua.
También nos parece fundamental que se haya propuesto al Senado por las Comisiones unidas dar destinación específica a los 80 millones de dólares que han de dedicarse a las zonas damnificadas, con exclusión del proyecto minero de la compañía Cerro Pasco, en el mineral de Río Blanco. Habría sido la peor burla a las víctimas del sismo que los préstamos contratados para promover el desarrollo económico regional hubieran terminado siendo aplicados al proyecto de la compañía norteamericana de Cerro Pasco.
Los Senadores socialistas confiamos que en la votación particular de las disposiciones destinadas a desarrollar las zonas damnificadas, sean aceptadas las indicaciones que formularemos para que la planificación regional de Illapel y Combarbalá consista en la reforma agraria integral de esos departamentos, con la complementación indispensable de la promoción de la minería de esa zona.
Pero el examen general del proyecto nos merece otras observaciones de fondo que no podemos silenciar al Honorable Senado.
Juzgamos que el financiamiento de la reconstrucción es injusto y contrario al interés nacional.
Calificamos sencillamente de monstruoso que se insista en gravar a los chilenos, mientras se mantiene en la impunidad el fraude que se está consumando en la liquidación de la participación fiscal en las utilidades de las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Todos sabemos que ese fraude se comete mediante la distorsión de los precios que existen en el mercado mundial. Es un hecho que no admite la menor duda que las grandes diferencias de precio para un mismo producto en una misma zona de consumo no tiene otra explicación que las maniobras ilegítimas de grupos monopolistas que en sus operaciones internas burlan las leyes del mercado. El fenómeno en sí mismo es demostrativo de la existencia de monopolios, incluso en la acepción legal que este término tiene entre nosotros.
Igual significado ha tenido en el pasado el acuerdo de las empresas para bajar la producción cuando así lo han creído conveniente a sus intereses.
En Chile, nadie debería ignorar que estamos siendo víctimas de estas maniobras que, nuevamente, denunciamos los socialistas.
Esta materia incide en el proyecto en debate, porque el Gobierno recurre una vez más a imponer nuevos gravámenes tributarios a las actividades nacionales, a pesar de reconocer reiteradamente que ya se ha llegado al límite de la capacidad de nuestros contribuyentes, y esto lo hace a pretexto de fuerza mayor e imposibilidad de acudir a otras fuentes de recursos. Semejante explicación es absolutamente falsa. Bastará relacionar algunas cifras para poner al desnudo que la falta de recaudación de ingresos que lógicamente deben llegar a las arcas fiscales, se debe de modo exclusivo a la complacencia del Gobierno, que no se atreve a aplicar la ley a las empresas norteamericanas de la gran minería del cobre.
En el año 1964, el precio promedio del mercado de Londres fue del orden de 43 centavos 966 milésimas de centavo la libra; y el precio denominado "productores chilenos", fue de 32 centavos 500 milésimos de centavo la libra. La diferencia entre ambos promedios es de 11 centavos 466 milésimos. En el mismo año, el cobre exportado por las compañías de la gran minería alcanzó a 459.322 toneladas métricas, o sea, 1.012.630.468 libras. Ello determina que el verdadero valor del cobre exportado por la gran minería excedió en 116.108.209 dólares sobre lo tomado en cuenta para la tributación. Este exceso sobre lo declarado es utilidad neta no considerada para la participación fiscal. La razón es muy simple, porque todas las deducciones precedentes ya se hicieron cuando se calculó esa participación fiscal sobre la base del precio llamado "productores chilenos". Tomando en consideración los cálculos hechos para determinar la participación fiscal, llamada tributación, según la base proporcionada por la Cámara de Diputados en la página 3 del boletín 10.313, la tributación dejada de percibir por el Fisco chileno sería de 92.677.572 dólares.
Pero esa cifra debe ser corregida por dos factores: primero, porque 25.000 toneladas métricas son exportadas por la gran minería a la India, Brasil y Argentina, y se liquidan a base del mercado de Londres; y, segundo, porque debe estimarse que, en definitiva, se destina a Europa el 80 por ciento de las exportaciones del cobre de la gran minería. Incluyendo en ese porcentaje las expresadas 25.000 toneladas, en suma, con las correcciones indispensables, resulta que el fisco chileno, por la distorsión de los precios a que se liquida el cobre de la gran minería, perdió, en 1964, 74.142.058 dólares.
Este menor ingreso, más las entradas aduaneras que se dejaron de recaudar por no haberse hecho las importaciones que con aquellos recursos pudieron realizarse, bastaría para financiar todos los daños del terremoto.
En el curso de 1965, el fenómeno de la distorsión de los precios del cobre se ha mantenido, y la diferencia en contra del interés fiscal ha llegado a sumas sencillamente escandalosas. En enero fue de 10 centavos 395 milésimos; en febrero, de 18 centavos 516 milésimos; en marzo, de 20 centavos 729 milésimos y, en abril, de 26 centavos 156 milésimos. No dispongo de datos de mayo, ni de junio, pero bastará atender al incremento que se observa en las diferencias en contra de Chile, para comprobar que la política de fijación de precios, denominada productores chilenos, resulta inexplicable, manifiestamente lesiva al interés nacional y constituye un claro mentís a la especie de que nuestro país no tiene otea posibilidad de ingresos regulares que no sean los provenientes de nuevos tributos a los sectores nacionales.
En la discusión particular del proyecto en debate, los Senadores socialistas auspiciaremos la adopción de medidas precisas, dirigidas a recuperar para el fisco chileno la suma de que ha sido privado por las maniobras que hemos estado mencionando.
Nos parece también especialmente exasperante, que el Gobierno persevere en la injustificable política de mantener los privilegios tributarios y los regímenes de excepción, y que esto lo. haga mientras arrecia el rigor con que procede contra el hombre común.
Lo dicho por el Senador camarada Carlos Altamirano, en la sesión de ayer, parece lo suficientemente categórico para que sea innecesario ahondar en mayores consideraciones.
En la discusión particular del proyecto, los Senadores socialistas habremos de proponer medidas precisas para obligar al Ejecutivo a enfrentar los hechos, a fin de que el país no sea adormecido, mediante el método de postergar indefinidamente la definición que ubique a los partidos y a los hombres en el exacto lugar que les corresponde.
En cambio, debo ocuparme con algún detenimiento en los fundamentos que tenemos los Senadores socialistas para rechazar el procedimiento que obliga a dar por terminada la retasación general de los bienes raíces al 31 de julio de 1965, y que la hace regir con efecto retroactivo desde el 1° de enero de este año, para llegar al extremo de obligar a que prevalezca aun contra reclamos pendientes y sin esperar el fallo.
Estamos ciertos, y no tenemos vacilación alguna en afirmarlo, de que la retasación general adolece de gravísimos vicios, que necesariamente influirán en sus resultados. Advertimos que de estos resultados derivarán perjuicios notorios y prácticamente insubsanables para el fisco, por mucho tiempo, debido a tasaciones ridiculamente bajas. Nos parece igualmente inexcusable, por ser contrarios a la equidad y al principio de justicia que debe animar todo tributo, mantener roles monstruosos en contra de los contribuyentes.
El primero de todos los defectos del método seguido en la retasación es no haber hecho estudio alguno a nivel de predio, porque se trabajó siempre en grandes áreas, a veces de 10.000 a 12.000 hectáreas. No se utilizaron correctivos eficaces para los errores del sistema aerofotogramétrico, contratado por un costo de 5.450.000 dólares, a pesar de que esos errores eran inevitables, primero, porque las escalas de 1 a 20.000 y de 1 a 50.000 no permiten señalar los predios pequeños, que son los más numerosos; segundo, porque para la confección de algunos planos se usaron fotografías aéreas antiguas o muy pequeñas, de manera que los planos resultaron sin los suficientes detalles característicos, y, tercero, porque el proyecto consideró planos principalmente de norte a sur, de Aconcagua a Chiloé, y dejó fuera a comunas de cordillera y de la costa. En el norte sólo se voló por los valles.
La segunda causa de los errores gravísimos que deben producirse en la retasación general consiste en que se abandonó toda investigación sobre regadío, y se incurrió en esta omisión no obstante que, legalmente, era obligatorio clasificar las tierras regadas en una de las cuatro categorías siguientes: de riego abundante, de riego suficiente, de riego limitado y de riego eventual.
El proyecto no dispuso de ningún elemento de juicio para hacer esa calificación, ni se estudiaron los derechos de agua, ni se pidieron antecedentes a los ingenieros de riego, ni al Departamento de Riego del Ministerio de Obras Públicas, ni a la Asociación de Canalistas, ni a las Juntas de Vigilancia. No se hizo nada, de una manera sistemática, para conocer el regadío de los predios agrícolas que se estaban tasando.
El tercer orden de causas que conducen a monstruosos errores en la retasación debe encontrarse en la falta de toda comprobación por el método de la jerarquía de los predios de una misma región. Este método era el que tradicionalmente se usaba por los tasadores de Impuestos Internos, pues por ese medio se determinaban los valores mediante la comparación de los distintos predios ante el juicio crítico universalmente compartido en toda una región.
Por último, debe señalarse que una causa de suma gravedad en los errores cometidos, es la falta de sondajes de los terrenos que se estaban tasando. No se pueden determinar con un grado aproximado de certeza las calidades de los suelos, sin hacer los correspondientes sondajes.
En las Comisiones unidas se reconoció, por el señor Subdirector de Impuestos Internos, que sólo se habían practicado dos mil sondajes en una área de 1.500.000 hectáreas regadas; es decir, se hizo un sondaje por cada 750 hectáreas. Quien conozca el país sabe que esto es una aberración, que la calidad de los suelos cambia en pequeñas extensiones y es común que sean muy irregulares.
Todos esos vicios y defectos se han materializado en resultados verdaderamente extravagantes.
Cito, por ejemplo, la comunidad "Agua Grande", de la comuna de La Higuera, con tierras de secano, en los comienzos del desierto, que poseen los campesinos más pobres, tal vez, del departamento de La Serena. Tanto, que bien se podría de-cir que esas tierras no valen nada. Tenían un avalúo, para los fines del pago de la contribución de los bienes raíces, de 471 escudos. La nueva tasación les asignó una estimación de 151.047 escudos, es decir, les aumentó el avalúo en 31.969 por ciento. Los dueños de este predio son, como he dicho, comuneros, que seguramente no conocerán la tasación, a menos que la cita que he traído al Senado llegue a ellos y les sirva mi intervención como una advertencia. Si no reclaman oportunamente, el predio quedará tasado en definitiva en la cantidad antedicha, de Eº 151.047.
El señor CURTI.-
Entiendo que no hay derecho a reclamo en las nuevas tasaciones.
El señor CHADWICK.-
Sí, señor Senador, y ya se lo explicaré. Hemos tomado, incluso, la medida de prorrogar el plazo, que según el proyecto era de 30 días, a 90 días.
Otros ejemplos. El antiguo rol 773-2, de la comuna de La Serena, de un avalúo de Eº 3.886 pasa a Eº 132.450, con un recargo de 3.308,39%. El rol 757-18, de la misma comuna, de Eº 29.926 pasa a Eº 549.845, con un recargo de 1.737,35%.
El señor FONCEA.-
¿De qué clase de predios se trata? Sería interesante saberlo.
El señor CHADWICK.-
Lo único que puedo decir es que los casos citados por mí pueden ser individualizados; y si hubiera dudas acerca de la extravagancia de dichos avalúos, el señor Ministro de Hacienda podría tomar adecuadas resoluciones para que en dos o cuatro días le dieran informes al respecto.
El señor FONCEA.-
Pero eso no debe figurar en los roles de avalúo actuales.
El señor CHADWICK.-
Además, no quiero que se me interrumpa.
Estos ejemplos de errores a costa del contribuyente están acompañados de numerosísimos errores en contra del fisco.
He visto que algunos predios importantes, tasados en Eº 48.000, en escudos de 1960, bajar a menos de Eº 20.000, en moneda de 1964. Son numerosos los pre-dios regados, de categoría de fundos, que aparecen con ridiculas tasaciones de Eº 20.000, y otros que aparecen con una tasación que apenas excede en 40% a la renta anual de arrendamiento que perciben los dueños.
Ya el Honorable señor Bossay mencionó en la sesión anterior casos de evidente irregularidad. A lo menos, en tres casos que he estudiado y que puedo individualizar perfectamente, la retasación contradice en forma abierta los actos de adjudicación en que se miraron como de bienes equivalentes entre sí o que se tomaron con una clara relación de doble o triple, debidamente consignada en los instrumentos que dejan constancia de los acuerdos.
El Honorable señor Contreras Labarca ha proporcionado datos de lo que ocurre con las tasaciones urbanas. No repetiré sus ideas, que comparto.
El señor FONCEA.-
¿Me permite Su Señoría?
El señor CHADWICK.-
No me interrumpa, señor Senador. Si fueran de utilidad sus interrupciones, las aceptaría.
El señor FONCEA.-
¡ Cómo va a saber si son de utilidad o no, si no las concede!
El señor CHADWICK.-
¡ Lo he escuchado tantas veces, que ya sé cuál es el alcance de sus interrupciones!
El señor ALTAMIRANO.-
Estos días, no ha estado muy acertado el Honorable señor Foncea.
El señor FONCEA.-
¡No he hecho ninguna interrupción! ¡ El único acertado aquí es Su Señoría, y lo que más tiene es desplante! ¡Es de una petulancia que abisma!
El señor CHADWICK.-
Los socialistas rechazamos la idea de que sea indiferente el acierto o el error en las tasaciones.
Ese criterio nos parece monstruoso contra el interés fiscal y también contra el legítimo interés particular.
Hemos logrado ya, como decía hace un momento, que el plazo de un mes para reclamar sea prorrogado a tres meses, y que los tribunales de alzada, llamados a conocer de las apelaciones que se interpongan contra estas tasaciones, sean integrados por verdaderos representantes de los obreros que surjan de la Central Unica de Trabajadores.
Confiamos en que finalmente prevalecerá una solución de ecuanimidad en el fondo del problema que estoy examinando. A nuestro juicio, sería que la retasación fuera revisada y no entrara a regir sino hasta el 1º de julio de 1966, es decir, en un año más. Mientras tanto, para todos los efectos legales, se reajustarían todos los avalúos en la medida exacta en que ha subido el costo de la vida, desde la fecha en que fueron aprobados. El fisco no sufriría merma en sus ingresos pues los ha calculados sobre una base semejante, y habríamos evitado males graves, que creo que nadie desea producir.
Estas son, señor Presidente, las principales ideas que nos interesaba destacar en el debate que precede a la votación general. En cuanto a ella, ya anunciamos en las Comisiones que contará con nuestros votos favorables, porque nadie podría negarse a que el Ejecutivo contara con disposiciones de una ley especial que le permita encarar las consecuencias del sismo de 28 de marzo último.
Nada más, señor Presidente.
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