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    • rdf:value = " NORMAS SOBRE RECONSTRUCCION.El señor REYES (Presidente).- Continúa la discusión general del proyecto sobre Normas de Reconstrucción. -El proyecto figura en los Anexos de la sesión 4ª, en 9 de junio de 1965, documento Nº 1, página 209, y el informe, en los de la sesión 13ª, en 1º de julio de 1965, página 604. Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente: Al participar en el debate general del proyecto de ley sobre reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo del 28 de marzo de 1965, no puedo dejar de evocar los departamentos de Illapel y Combarbalá, por la responsabilidad que me incumbe por ser uno de sus representantes ante el Honorable Senado. Son las regiones más pobres del país, por su bajo nivel de desarrollo, al extremo de que sólo les es comparable la de Lebu. Allí se vive bajo el peso muerto del latifundio improductivo; la falta de regadío de extensas áreas que podrían tenerlo, porque el río Choapa pierde sus aguas por la inexistencia de tranques o embalses; la improductividad de enormes extensiones de rulo o secano que podrían utilizarse como praderas artificiales, si se las cerrara debidamente y se sembraran pastos que aprovechen la humedad del clima de costa y las escasas lluvias de la región; la paralización de las labores mineras por ausencia de una política adecuada de investigación y fomento, agravada por el régimen absurdo de propiedad minera, imperante desde 1888; el abandono administrativo manifestado en el pésimo estado de los caminos; la ace-falía permanente de servicios tan importantes como la Inspección del Trabajo; las deplorables condiciones en que se mantienen las escuelas rurales y aun algunas urbanas. Estas son, en pocas palabras, las causas permanentes de la pobreza generalizada, de los bajos ingresos de los que tienen trabajo, de los altos índices de desocupación, de la emigración forzada de los jóvenes a otras regiones del país, de la falta de agua, luz y demás servicios en las poblaciones marginales de la ciudad de Illapel. A esas condiciones de vida que constituyen la suerte o el destino común del ser humano en los departamentos de Illapel y Combarbalá, ya antes de que fueran víctimas del terremoto del 28 de marzo de 1965, se agregó la sequía con sus características más trágicas. El año 1964 fue el de mayor estragos como consecuencia de la sequía, en todo el siglo, exceptuado el de 1924. El sismo que origina esta legislación de emergencia, no sólo afectó, por lo tanto, a una población de los más bajos niveles de vida del país, sino que la hizo víctima, cuando ya estaba sometida a una calamidad pública, reconocida oficialmente desde diciembre de 1964 y evidente por sí misma. Porque la sequía de ese año diezmó los ganados, arruinó todos los cultivos de rulo, disminuyó el área regada, hizo que enormes extensiones se transformaran en tierra estéril y profundizó la pobreza hasta convertirla en miseria. Cuando sobrevino el terremoto, en el otoño ya iniciado, los departamentos de Illapel y Combarbalá esperaban una mejor suerte. Sus habitantes se mantenían en ellos por la porfiada tenacidad de quienes están arraigados a su región. Confiaban que llegarían las lluvias tempranas de los años buenos, cuando vienen a alternarse con años de escasez. En esas condiciones sorprendió el terremoto a esos campesinos y pobladores de Combarbalá e Illapel. Eran los más pobres entre los pobres y les cayó el infortunio del sismo sobre la calamidad de la sequía. Sus casas quedaron destruidas e inhabitables o necesitan reparaciones con urgencia. Entre los escombros quedaron aplastados los objetos de uso personal o familiar, sin que nadie llegara a saber hasta cuánto alcanzan los daños por esos destrozos. Para servir a esos habitantes en esta dura emergencia y recordar al Honorable Senado y al país las características especialísimas de esos dos departamentos, pedí mi incorporación a la Comisión de Obras Públicas, a fin de trabajar en el estudio de este proyecto de reconstrucción de la zona devastada. De antemano, parecía axiomático que ningún esfuerzo de reconstrucción podría alcanzar su rendimiento adecuado sin ir acompañado de un plan de desarrollo económico de la región. El partido de Gobierno, cuando era opositor de la Administración anterior, no había tenido dificultad en compartir ese criterio mantenido por el Partido Socialista y el Frente de Acción Popular, al discutirse el proyecto de reconstrucción de las provincias asoladas por el terremoto de 1960. El actual partido de Gobierno hizo suyas entonces todas las críticas de socialistas, comunistas y democráticos del pueblo, frente al error que advertían al no abordar conjuntamente la reconstrucción y el desarrollo económico regional. No necesito, ahora, abundar en recuerdos que podrían ser penosos. Baste afirmar que el proyecto elaborado por el Gobierno democratacristiano y aprobado por la Cámara de Diputados, contiene en el párrafo 8º del título II disposiciones destinadas a dar la impresión de que se pondría en marcha, a brevísimo plazo, un plan de desarrollo económico de la zona afectada por el sismo del 28 de marzo de 1965. Se empieza por señalar perentorios 60 días, a contar de la promulgación de la ley, para que la Corporación de Fomento de la Producción cumpla la imperativa obligación de formular el plan de desarrollo económico regional. A continuación, se faculta al Presidente de la República para modificar leyes, destinar recursos, crear consejos o comités y determinar sus facultades, fijar remuneraciones, etcétera. Por último, del nuevo endeudamiento hasta por cien millones de dólares, autorizados por los artículos 53 y 54, se destinarían 20 millones de dólares a suple-mentar el presupuesto de obras públicas en actual ejecución y 80 millones, a financiar el plan de desarrollo regional. Todo esto no es, sin embargo, sino una fábula carente en absoluto de toda realidad. El plan de desarrollo económico regional no existe; no se espera que exista dentro de los 60 días siguientes a la promulgación de la ley, ni puede concebirse que llegue a haber un plan único de desarrollo regional para zonas tan dispares como los departamentos de Illapel y Combarbalá, del más bajo nivel económico del país, y las provincias de Valparaíso y Aconcagua, que son las que centralizan parte considerable de las grandes inversiones de la industria nacional, de las instalaciones comerciales, de los medios de transporte, y las construcciones habitacionales, etcétera. El plan de desarrollo regional en los departamentos de Illapel y Combarbalá tiene nombre propio y contenido específico. Se llama reforma agraria integral y comprende el remodelaje de la tenencia de la tierra y del uso de las aguas ; la construcción de tranques o embalses, canales de regadío y otras obras complementarias; la implantación de nuevos cultivos; el asesoramiento técnico; la dotación de maquinarias agrícolas, etcétera. Lo sabe la Corporación de la Reforma Agraria, lo ha estudiado el Departamento de Planeamiento de la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas y no lo ignora la Presidencia de la República. El hecho no tiene nada de misterioso. En el departamento de Illapel hay diez propietarios que tienen en su poder 573.028 hectáreas. Entre esos predios, una sola hacienda -vocablo sudamericano-, con 147.325 hectáreas, es del dominio de una sucesión. Hay disponibilidades de agua que aseguran el regadío de 31.700 hectáreas, con plena y cabal estabilidad de los cultivos, con tasas adecuadas para obtener los mayores rendimientos en viñedos destinados a la exportación o en otras especies de fruticultura orientadas, también, a los mercados externos. En la actualidad, en vez de esas 31.700 hectáreas bien regadas, que podrían alcanzarse, sólo existen 12.500 hectáreas, pues las otras 4.000, que completan el área de regadío, tienen una dotación deficiente, que hace insegura la inversión. Es urgente abordar este problema, por las condiciones socio-económicas de los departamentos de Illapel y Combarbalá y, además, por dos razones que son igualmente imperativas: una, de orden técnico agrario, pues constituye, en verdad, el más imperdonable derroche dejar de obtener los beneficios derivados de cultivos especializados que están indicados para esa zona, con condiciones de clima extraordinariamente favorables para las áreas de riego. La segunda razón obedece a un hecho muy singular. La Corporación de la. Reforma Agraria acaba de recibir los fundos que fueron de propiedad del Servicio Nacional de Salud. En estos fundos viven 1.400 familias campesinas que jamás podrán llegar a tener una unidad económica de producción, por falta de tierra y especialmente por insuficiente dotación de agua, mientras no se expropien las haciendas de los particulares situadas en el mismo valle. El régimen implantado por la Corporación de la Reforma Agraria es, esencialmente, transitorio. Y así lo reconocen sus jefes y técnicos más destacados, que tratan de adelantar en la planificación de la reforma agraria integral del departamento. Todo el problema del desarrollo económico de Illapel está, hoy, centralizado en la decisión que el Gobierno deberá, por fin, adoptar, poniendo término a sus vacilaciones. En el fondo, esa decisión es política. Deberá resolver expropiar, sin excepción, todos los latifundios de la región o abandonar, definitivamente, la idea de planificar el desarrollo regional de que se trata. ¿Quién comprendería, en efecto, que se gastaran 70 millones de escudos en la construcción de un embalse, según los cálculos, para discutir después, la indemnización que debería pagarse a los dueños de los predios que ese embalse vendría a revalorizar? El señor AYLWIN.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor CHADWICK.- Con todo gusto. El señor AYLWIN.- Debo hacer presente que lo expresado por Su Señoría es muy lógico. Sin duda, dentro de los planes del Gobierno se consigna esa expropiación, pero en la actualidad no existe -como el señor Senador bien lo sabe- el mecanismo legal necesario dentro de la ley de reforma agraria vigente, a menos de pagar al contado. Sin embargo, como no hay recursos para ello en este momento, no es posible hacerlo. Pero así se efectuará una vez despachado el proyecto de reforma agraria del Gobierno, para lo cual esperamos contar con los votos suficientes del Congreso. El señor CHADWICK-.- Me haré cargo de inmediato de las palabras del Honorable señor Aylwin, pues ellas se anticipan al problema que estoy tratando. Precisamente, con los fondos destinados al plan regional, debe abordarse en Illapel la reforma agraria. Debo agregar que las consideraciones que estaba formulando, antes de la interrupción del Honorable señor Aylwin, no constituyen las únicas razones para demostrar la urgencia existente de adoptar de una vez por todas, por parte del Gobierno, una resolución sobre este problema. Hay otras razones, pues la inversión en la construcción del embalse obliga a contar con el aprovechamiento óptimo de las aguas. De lo contrario, sería antieconómica. Como ya he dicho, para este fin deben presupuestarse otras inversiones adicionales de infraestructura. Se han mencionado los canales, estanques, puentes, caminos, cierros, bodegas e instalaciones complementarias. Además, debo insistir en ello, asistencia técnica y créditos a mediano y largo plazo. Toda la realización del proyecto, incluida la expropiación de los latifundios particulares, representa casi 150 millones de escudos, cifra provisional estimada en moneda de diciembre de 1964, que habrá de precisarse en estudios posteriores para los cuales se necesitan alrededor de 1.900.000 escudos. Repito que esta es la planificación regional recomendada en principio por la Dirección de Riego y que la Corporación de la Reforma Agraria necesita poner en marcha con urgencia. Sin ella, todo lo que se diga para justificar el empleo de recursos crediticios, externos e internos, por cien millones de dólares, será letra muerta en cuanto a la posibilidad de desarrollo económico planificado a nivel regional en los departamentos de Illapel y Combarbalá. Debería, sí, advertir que poner en marcha el proyecto Illapel no puede significar más de 20 millones de dólares para lo que resta del año y abarca los años 1966 y 1967. Los redactores del proyecto presentado por el Gobierno no pensaron en nada semejante. No hicieron siquiera el esbozo de un plan regional para esos departamentos. En las Comisiones unidas formulé tres preguntas concretas al Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, y obtuve, finalmente, una confesión. Consulté, en primer término, por el monto global aproximado a que podría ascender la inversión del plan de desarrollo de esta última Corporación, que quedaría obligada a presentar según el proyecto del Gobierno, dentro del plazo de sesenta días. Me contestó que no podría señalarme cifra alguna, pues el plan no estaba estudiado. Lo interrogué de nuevo sobre el, costo aproximado de los estudios; volvió a responder que nada me podría adelantar, porque eso dependía de las metas propuestas en el plan. Finalmente, quise saber cuáles serían las prioridades que orientarían los estudios, y tampoco me pudo informar. La confesión estaba implícita, pero fue formulada en forma expresa: no hay posibilidad seria -dijo el Vicepresidente de la CORFO- de presentar un plan dentro de sesenta días. Los estudios completos para las provincias de Valparaíso y Aconcagua, más los departamentos del sur de la provincia de Coquimbo, como ya se dijo en sesión de ayer, no demorarían menos de dos o tres años. No he hecho esta larga exposición para poner de manifiesto la irresponsabilidad y ligereza con que el Gobierno ha presentado el proyecto de ley en debate y los análogos reproches que podrían formularse a la actual mayoría dominante en la Cámara de Diputados que le prestó su aprobación. Para llegar a ese resultado me habría bastado decir muy pocas palabras. Mencionar, por ejemplo, que lo propuesto por el Ejecutivo, a lo cual ya accedió la Cámara de Diputados, no es, ni más ni menos, que "señalar sanciones pecuniarias y corporales", es decir, fijar por decreto las penas a su libre elección, que podrían llegar hasta la de muerte. No se necesitaba ser docto en derecho constitucional ni dominar las disciplinas del derecho penal, para comprender que esa disposición propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados, es un verdadero disparate. Si mi propósito fuera desconceptuar el proyecto, me habría bastado señalar, por ejemplo, la notoria impropiedad con que se determina el concepto de damnificado para los efectos del título II del proyecto de ley. Según el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, ha de entenderse por damnificado sólo a quienes sufrieron daño o destrucción en los inmuebles que habitaban o tenían en dominio en la zona del sismo. Así quedaban excluidos los que sufrieron los efectos del sismo en sus personas o en las de sus próximos parientes, aunque sea cierto que trescientos murieron en el mineral de El Cobre y sean muchos los que han sido perjudicados por esta horrenda desgracia. No ha sido, en verdad, ese afán de oposición lo que ha guiado a los parlamentarios socialistas. Hemos procurado mejorar un proyecto que carecía de toda estructura lógica, impedir las extralimitaciones de poder que se franqueaban al Ejecutivo por medio de delegaciones de facultades que son manifiestamente inconstitucionales, y abrir la posibilidad de que no se consumen los errores que, en cada caso particular, hemos señalado. En lo que respecta a la singular situación de los departamentos de Illapel y Combarbalá, los Senadores socialistas nos sentimos estimulados con el resultado obtenido en el examen general del proyecto, con las modificaciones substanciales introducidas respecto de los preceptos sobre el desarrollo regional. Nos parece fundamental que se haya aprobado por las Comisiones unidas que deba haber planes separados para Illapel y Combarbalá; es decir, diferentes a aquellos destinados a las provincias de Valparaíso y Aconcagua. También nos parece fundamental que se haya propuesto al Senado por las Comisiones unidas dar destinación específica a los 80 millones de dólares que han de dedicarse a las zonas damnificadas, con exclusión del proyecto minero de la compañía Cerro Pasco, en el mineral de Río Blanco. Habría sido la peor burla a las víctimas del sismo que los préstamos contratados para promover el desarrollo económico regional hubieran terminado siendo aplicados al proyecto de la compañía norteamericana de Cerro Pasco. Los Senadores socialistas confiamos que en la votación particular de las disposiciones destinadas a desarrollar las zonas damnificadas, sean aceptadas las indicaciones que formularemos para que la planificación regional de Illapel y Combarbalá consista en la reforma agraria integral de esos departamentos, con la complementación indispensable de la promoción de la minería de esa zona. Pero el examen general del proyecto nos merece otras observaciones de fondo que no podemos silenciar al Honorable Senado. Juzgamos que el financiamiento de la reconstrucción es injusto y contrario al interés nacional. Calificamos sencillamente de monstruoso que se insista en gravar a los chilenos, mientras se mantiene en la impunidad el fraude que se está consumando en la liquidación de la participación fiscal en las utilidades de las compañías norteamericanas de la gran minería del cobre. Todos sabemos que ese fraude se comete mediante la distorsión de los precios que existen en el mercado mundial. Es un hecho que no admite la menor duda que las grandes diferencias de precio para un mismo producto en una misma zona de consumo no tiene otra explicación que las maniobras ilegítimas de grupos monopolistas que en sus operaciones internas burlan las leyes del mercado. El fenómeno en sí mismo es demostrativo de la existencia de monopolios, incluso en la acepción legal que este término tiene entre nosotros. Igual significado ha tenido en el pasado el acuerdo de las empresas para bajar la producción cuando así lo han creído conveniente a sus intereses. En Chile, nadie debería ignorar que estamos siendo víctimas de estas maniobras que, nuevamente, denunciamos los socialistas. Esta materia incide en el proyecto en debate, porque el Gobierno recurre una vez más a imponer nuevos gravámenes tributarios a las actividades nacionales, a pesar de reconocer reiteradamente que ya se ha llegado al límite de la capacidad de nuestros contribuyentes, y esto lo hace a pretexto de fuerza mayor e imposibilidad de acudir a otras fuentes de recursos. Semejante explicación es absolutamente falsa. Bastará relacionar algunas cifras para poner al desnudo que la falta de recaudación de ingresos que lógicamente deben llegar a las arcas fiscales, se debe de modo exclusivo a la complacencia del Gobierno, que no se atreve a aplicar la ley a las empresas norteamericanas de la gran minería del cobre. En el año 1964, el precio promedio del mercado de Londres fue del orden de 43 centavos 966 milésimas de centavo la libra; y el precio denominado "productores chilenos", fue de 32 centavos 500 milésimos de centavo la libra. La diferencia entre ambos promedios es de 11 centavos 466 milésimos. En el mismo año, el cobre exportado por las compañías de la gran minería alcanzó a 459.322 toneladas métricas, o sea, 1.012.630.468 libras. Ello determina que el verdadero valor del cobre exportado por la gran minería excedió en 116.108.209 dólares sobre lo tomado en cuenta para la tributación. Este exceso sobre lo declarado es utilidad neta no considerada para la participación fiscal. La razón es muy simple, porque todas las deducciones precedentes ya se hicieron cuando se calculó esa participación fiscal sobre la base del precio llamado "productores chilenos". Tomando en consideración los cálculos hechos para determinar la participación fiscal, llamada tributación, según la base proporcionada por la Cámara de Diputados en la página 3 del boletín 10.313, la tributación dejada de percibir por el Fisco chileno sería de 92.677.572 dólares. Pero esa cifra debe ser corregida por dos factores: primero, porque 25.000 toneladas métricas son exportadas por la gran minería a la India, Brasil y Argentina, y se liquidan a base del mercado de Londres; y, segundo, porque debe estimarse que, en definitiva, se destina a Europa el 80 por ciento de las exportaciones del cobre de la gran minería. Incluyendo en ese porcentaje las expresadas 25.000 toneladas, en suma, con las correcciones indispensables, resulta que el fisco chileno, por la distorsión de los precios a que se liquida el cobre de la gran minería, perdió, en 1964, 74.142.058 dólares. Este menor ingreso, más las entradas aduaneras que se dejaron de recaudar por no haberse hecho las importaciones que con aquellos recursos pudieron realizarse, bastaría para financiar todos los daños del terremoto. En el curso de 1965, el fenómeno de la distorsión de los precios del cobre se ha mantenido, y la diferencia en contra del interés fiscal ha llegado a sumas sencillamente escandalosas. En enero fue de 10 centavos 395 milésimos; en febrero, de 18 centavos 516 milésimos; en marzo, de 20 centavos 729 milésimos y, en abril, de 26 centavos 156 milésimos. No dispongo de datos de mayo, ni de junio, pero bastará atender al incremento que se observa en las diferencias en contra de Chile, para comprobar que la política de fijación de precios, denominada productores chilenos, resulta inexplicable, manifiestamente lesiva al interés nacional y constituye un claro mentís a la especie de que nuestro país no tiene otea posibilidad de ingresos regulares que no sean los provenientes de nuevos tributos a los sectores nacionales. En la discusión particular del proyecto en debate, los Senadores socialistas auspiciaremos la adopción de medidas precisas, dirigidas a recuperar para el fisco chileno la suma de que ha sido privado por las maniobras que hemos estado mencionando. Nos parece también especialmente exasperante, que el Gobierno persevere en la injustificable política de mantener los privilegios tributarios y los regímenes de excepción, y que esto lo. haga mientras arrecia el rigor con que procede contra el hombre común. Lo dicho por el Senador camarada Carlos Altamirano, en la sesión de ayer, parece lo suficientemente categórico para que sea innecesario ahondar en mayores consideraciones. En la discusión particular del proyecto, los Senadores socialistas habremos de proponer medidas precisas para obligar al Ejecutivo a enfrentar los hechos, a fin de que el país no sea adormecido, mediante el método de postergar indefinidamente la definición que ubique a los partidos y a los hombres en el exacto lugar que les corresponde. En cambio, debo ocuparme con algún detenimiento en los fundamentos que tenemos los Senadores socialistas para rechazar el procedimiento que obliga a dar por terminada la retasación general de los bienes raíces al 31 de julio de 1965, y que la hace regir con efecto retroactivo desde el 1° de enero de este año, para llegar al extremo de obligar a que prevalezca aun contra reclamos pendientes y sin esperar el fallo. Estamos ciertos, y no tenemos vacilación alguna en afirmarlo, de que la retasación general adolece de gravísimos vicios, que necesariamente influirán en sus resultados. Advertimos que de estos resultados derivarán perjuicios notorios y prácticamente insubsanables para el fisco, por mucho tiempo, debido a tasaciones ridiculamente bajas. Nos parece igualmente inexcusable, por ser contrarios a la equidad y al principio de justicia que debe animar todo tributo, mantener roles monstruosos en contra de los contribuyentes. El primero de todos los defectos del método seguido en la retasación es no haber hecho estudio alguno a nivel de predio, porque se trabajó siempre en grandes áreas, a veces de 10.000 a 12.000 hectáreas. No se utilizaron correctivos eficaces para los errores del sistema aerofotogramétrico, contratado por un costo de 5.450.000 dólares, a pesar de que esos errores eran inevitables, primero, porque las escalas de 1 a 20.000 y de 1 a 50.000 no permiten señalar los predios pequeños, que son los más numerosos; segundo, porque para la confección de algunos planos se usaron fotografías aéreas antiguas o muy pequeñas, de manera que los planos resultaron sin los suficientes detalles característicos, y, tercero, porque el proyecto consideró planos principalmente de norte a sur, de Aconcagua a Chiloé, y dejó fuera a comunas de cordillera y de la costa. En el norte sólo se voló por los valles. La segunda causa de los errores gravísimos que deben producirse en la retasación general consiste en que se abandonó toda investigación sobre regadío, y se incurrió en esta omisión no obstante que, legalmente, era obligatorio clasificar las tierras regadas en una de las cuatro categorías siguientes: de riego abundante, de riego suficiente, de riego limitado y de riego eventual. El proyecto no dispuso de ningún elemento de juicio para hacer esa calificación, ni se estudiaron los derechos de agua, ni se pidieron antecedentes a los ingenieros de riego, ni al Departamento de Riego del Ministerio de Obras Públicas, ni a la Asociación de Canalistas, ni a las Juntas de Vigilancia. No se hizo nada, de una manera sistemática, para conocer el regadío de los predios agrícolas que se estaban tasando. El tercer orden de causas que conducen a monstruosos errores en la retasación debe encontrarse en la falta de toda comprobación por el método de la jerarquía de los predios de una misma región. Este método era el que tradicionalmente se usaba por los tasadores de Impuestos Internos, pues por ese medio se determinaban los valores mediante la comparación de los distintos predios ante el juicio crítico universalmente compartido en toda una región. Por último, debe señalarse que una causa de suma gravedad en los errores cometidos, es la falta de sondajes de los terrenos que se estaban tasando. No se pueden determinar con un grado aproximado de certeza las calidades de los suelos, sin hacer los correspondientes sondajes. En las Comisiones unidas se reconoció, por el señor Subdirector de Impuestos Internos, que sólo se habían practicado dos mil sondajes en una área de 1.500.000 hectáreas regadas; es decir, se hizo un sondaje por cada 750 hectáreas. Quien conozca el país sabe que esto es una aberración, que la calidad de los suelos cambia en pequeñas extensiones y es común que sean muy irregulares. Todos esos vicios y defectos se han materializado en resultados verdaderamente extravagantes. Cito, por ejemplo, la comunidad "Agua Grande", de la comuna de La Higuera, con tierras de secano, en los comienzos del desierto, que poseen los campesinos más pobres, tal vez, del departamento de La Serena. Tanto, que bien se podría de-cir que esas tierras no valen nada. Tenían un avalúo, para los fines del pago de la contribución de los bienes raíces, de 471 escudos. La nueva tasación les asignó una estimación de 151.047 escudos, es decir, les aumentó el avalúo en 31.969 por ciento. Los dueños de este predio son, como he dicho, comuneros, que seguramente no conocerán la tasación, a menos que la cita que he traído al Senado llegue a ellos y les sirva mi intervención como una advertencia. Si no reclaman oportunamente, el predio quedará tasado en definitiva en la cantidad antedicha, de Eº 151.047. El señor CURTI.- Entiendo que no hay derecho a reclamo en las nuevas tasaciones. El señor CHADWICK.- Sí, señor Senador, y ya se lo explicaré. Hemos tomado, incluso, la medida de prorrogar el plazo, que según el proyecto era de 30 días, a 90 días. Otros ejemplos. El antiguo rol 773-2, de la comuna de La Serena, de un avalúo de Eº 3.886 pasa a Eº 132.450, con un recargo de 3.308,39%. El rol 757-18, de la misma comuna, de Eº 29.926 pasa a Eº 549.845, con un recargo de 1.737,35%. El señor FONCEA.- ¿De qué clase de predios se trata? Sería interesante saberlo. El señor CHADWICK.- Lo único que puedo decir es que los casos citados por mí pueden ser individualizados; y si hubiera dudas acerca de la extravagancia de dichos avalúos, el señor Ministro de Hacienda podría tomar adecuadas resoluciones para que en dos o cuatro días le dieran informes al respecto. El señor FONCEA.- Pero eso no debe figurar en los roles de avalúo actuales. El señor CHADWICK.- Además, no quiero que se me interrumpa. Estos ejemplos de errores a costa del contribuyente están acompañados de numerosísimos errores en contra del fisco. He visto que algunos predios importantes, tasados en Eº 48.000, en escudos de 1960, bajar a menos de Eº 20.000, en moneda de 1964. Son numerosos los pre-dios regados, de categoría de fundos, que aparecen con ridiculas tasaciones de Eº 20.000, y otros que aparecen con una tasación que apenas excede en 40% a la renta anual de arrendamiento que perciben los dueños. Ya el Honorable señor Bossay mencionó en la sesión anterior casos de evidente irregularidad. A lo menos, en tres casos que he estudiado y que puedo individualizar perfectamente, la retasación contradice en forma abierta los actos de adjudicación en que se miraron como de bienes equivalentes entre sí o que se tomaron con una clara relación de doble o triple, debidamente consignada en los instrumentos que dejan constancia de los acuerdos. El Honorable señor Contreras Labarca ha proporcionado datos de lo que ocurre con las tasaciones urbanas. No repetiré sus ideas, que comparto. El señor FONCEA.- ¿Me permite Su Señoría? El señor CHADWICK.- No me interrumpa, señor Senador. Si fueran de utilidad sus interrupciones, las aceptaría. El señor FONCEA.- ¡ Cómo va a saber si son de utilidad o no, si no las concede! El señor CHADWICK.- ¡ Lo he escuchado tantas veces, que ya sé cuál es el alcance de sus interrupciones! El señor ALTAMIRANO.- Estos días, no ha estado muy acertado el Honorable señor Foncea. El señor FONCEA.- ¡No he hecho ninguna interrupción! ¡ El único acertado aquí es Su Señoría, y lo que más tiene es desplante! ¡Es de una petulancia que abisma! El señor CHADWICK.- Los socialistas rechazamos la idea de que sea indiferente el acierto o el error en las tasaciones. Ese criterio nos parece monstruoso contra el interés fiscal y también contra el legítimo interés particular. Hemos logrado ya, como decía hace un momento, que el plazo de un mes para reclamar sea prorrogado a tres meses, y que los tribunales de alzada, llamados a conocer de las apelaciones que se interpongan contra estas tasaciones, sean integrados por verdaderos representantes de los obreros que surjan de la Central Unica de Trabajadores. Confiamos en que finalmente prevalecerá una solución de ecuanimidad en el fondo del problema que estoy examinando. A nuestro juicio, sería que la retasación fuera revisada y no entrara a regir sino hasta el 1º de julio de 1966, es decir, en un año más. Mientras tanto, para todos los efectos legales, se reajustarían todos los avalúos en la medida exacta en que ha subido el costo de la vida, desde la fecha en que fueron aprobados. El fisco no sufriría merma en sus ingresos pues los ha calculados sobre una base semejante, y habríamos evitado males graves, que creo que nadie desea producir. Estas son, señor Presidente, las principales ideas que nos interesaba destacar en el debate que precede a la votación general. En cuanto a ella, ya anunciamos en las Comisiones que contará con nuestros votos favorables, porque nadie podría negarse a que el Ejecutivo contara con disposiciones de una ley especial que le permita encarar las consecuencias del sismo de 28 de marzo último. Nada más, señor Presidente. El señor ALLENDE.- Junto con pedir la palabra, quisiera saber cuántos minutos quedan al Comité Socialista. El señor GARCIA (Presidente).- Siete, señor Senador. Puede hacer uso de la palabra Su Señoría . El señor ALLENDE.- Señor Presidente, en dos o tres oportunidades he levantado mi voz, como Senador de las provincias de Valparaíso y Aconcagua, para señalar la situación dramática creada en ellas por el sismo último. Me he referido, asimismo, en forma amplia, a la visita que realicé a la zona horas después de ocurrida la catástrofe, y he detallado la tragedia de lo acaecido en "El Cobre" y el drama -repito intencionadamente esta palabra- de las 160 o más personas que fueron ahogadas por el alud. Hicimos presente en esas ocasiones que nosotros teníamos profundo interés en que los problemas ocasionados por el terremoto fueran resueltos en la forma más rápida posible y, pasando de las palabras a los hechos, presentamos una iniciativa de ley. Destaqué que ese proyecto, iniciado en moción de los compañeros Senadores Raúl Ampuero y Aniceto Rodríguez y del que habla, es muy similar al que entregamos a conocimiento del Congreso con motivo del terremoto de 1960. El concepto esencial de nuestro planteamiento era la necesidad de una planificación, con el objeto no sólo de reconstruir, sino también de dar vida y posibilidades de desarrollo económico a las zonas afectadas, estructurando los organismos pertinentes. En esta ocasión insistimos en ello. Además, esclarecimos que, a nuestro juicio, había una diferencia fundamental, también señalada por nosotros a raíz del sismo anterior, en lo relativo a la posibilidad de dotar al país, por medio de disposiciones legales, de instrumentos permanentes, a fin de que este tipo de catástrofe no nos sorprendiera en actitud de improvisación constante. Señalamos, de la misma manera, la necesidad de un financiamiento que no pesara drástricamente sobre los consumidores y la mayoría del país. He oído las palabras del Honorable señor Tomás Chadwick, nuestro representante en una de las Comisiones unidas, y puedo manifestar mi complacencia por el enfoque que hizo en torno de las ventajas extraordinarias de las compañías del cobre en comparación con los nuevos gravámenes que deberán soportar cientos de nuestros compatriotas. Por último, señor Presidente, en la iniciativa que comento, propusimos sancionar con multa, por una sola vez, a la compañía responsable del accidente a que me referí al comienzo de mis palabras. Ante la imposibilidad de disponer de más tiempo -en virtud del acuerdo de los Comités-, quiero señalar que aprovecharemos la vía de la indicación para insistir en algunas de nuestras ideas esenciales y, al mismo tiempo, que participaremos activamente en la discusión particular. Desde luego, me interesa señalar que presentaré indicaciones para permitir el aprovechamiento del mayor caudal de agua en la provincia de Aconcagua y hacer posible, así, el regadío de dos mil pequeñas propiedades cuya tragedia se repite anualmente. Además, junto con precisar algunos aspectos relativos a la provincia de Valparaíso, presentaré un proyecto integral destinado a resolver sus problemas de salubridad y atención médica. Sé que hasta ahora el Gobierno ha sido renuente a aceptar indicaciones que, a su juicio, pudieran modificar la concepción que, sin planificar, ha dado a esta iniciativa; pero sostengo, con las cifras que daré -estoy cierto de que encontraré apoyo en el Senado-, que la situación en Valparaíso en cuanto a atención médica, defensa y reparación de la salud es tan extraordinariamente grave, que ésta es la mejor oportunidad para que el Congreso y el Ejecutivo acepten encarar definitivamente el problema de la atención y la defensa de la salud de los que viven en la segunda provincia de Chile y en la provincia agrícola de Aconcagua. Finalmente, reitero que presentaremos varias indicaciones y que en la discusión particular insistiremos en nuestros puntos de vista. Termino aquí, frente al fallo implacable del tiempo. El señor ALLENDE.- Ante la sugerencia del Honorable señor Palma, he solicitado que se me envíe el documento de que hice mención. En consecuencia, formulo indicación para insertarlo en la parte correspondiente del debate. El señor GARCIA (Presidente).- ¿Su Señoría desea que se lea o que se inserte? El señor ALLENDE.- Que se inserte, señor Presidente. Si Su Señoría quiere entretenerse, que se lea; pero advierto que la nómina es tan larga, que su lectura ocuparía el tiempo de los demás Senadores inscritos . El señor GARCIA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para insertar el documento a que se ha referido el Honorable señor Allende. El señor CASTRO.- No hay acuerdo. El señor GARCIA (Presidente).- No hay acuerdo, señor Senador. El señor ALLENDE.- ¿Quién se ha opuesto ? El señor CASTRO.- ¿A qué Comité corresponde hacer uso de la palabra? El señor GARCIA (Presidente).- Están inscritos el Comité de la Vanguardia Nacional del Pueblo, el del Partido Demócrata Cristiano y el señor Ministro de Hacienda. El señor CASTRO.- ¿ Su Señoría ofrece la palabra a otros Comités ? El señor GARCIA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente: Los Senadores conservadores vamos a votar favorablemente, en general, el proyecto en debate, porque sabemos que es indispensable y urgente proceder a la rehabilitación de las importantes regiones damnificadas por el terremoto del 28 de marzo. Su Excelencia el Presidente de la República, al delegar el mando con motivo de su viaje a Europa, formuló una exposición a los periodistas y al país en que pintó con color de rosa la marcha de su Gobierno y de la nación toda, y en esa oportunidad afirmó, para estupor de muchos de los que lo oímos o leímos sus palabras, que gracias a los esfuerzos del Gobierno, ya los damnificados "casi habían olvidado" que hubo un terremoto. A primera vista parece envidiable el optimismo que caracteriza al Excelentísimo señor Frei cuando se trata de juzgar sus propios actos y los hechos que ahora acontecen en el país, tan distinto del ánimo que exhibe el Primer Mandatario cuando juzga todo lo hecho en la historia de Chile y especialmente lo realizado por sus inmediatos predecesores. Tal vez fue ese optimismo el que lo llevó a declarar a los pocos días del sismo, después de una jira relámpago en helicóptero, que los daños ascendían a no más de 100 millones de escudos, aunque todos los que habíamos visitado la zona, sin necesidad de ser peritos en construcción, sabíamos desde los primeros momentos que los daños superaban muchas veces esa cifra, como tuvo que admitirlo el Presidente, reconociendo su error, más o menos un mes después. Pero creemos que el optimismo del Jefe del Estado, cuando afirma que el terremoto está ya casi olvidado, sobrepasa todos los límites razonables y despierta en cualquier ánimo tranquilo muy graves aprensiones. El terremoto está vivo y presente, no sólo en la memoria, sino en la realidad cotidiana de todos los habitantes de Aconcagua y de regiones extensas de Valparaíso, Coquimbo y Santiago. Está vivo y presente en los humildes hogares campesinos, que hoy se cobijan entre muros ruinosos, bajo techos improvisados y endebles, expuestos al hielo del invierno y a su secuela de enfermedades; está vivo y presente en las innumerables casas de ciudades y de pueblos que tienen en pie la mayor parte de sus muros exteriores, pero que por dentro son míseras ruinas; está vivo y presente en las enormes pérdidas que los empresarios pequeños, medianos y grandes han sufrido en sus oficinas, sus bodegas, sus establecimientos de toda índole y sus elementos de trabajo, indispensables para el movimiento productor y la vida económica de la zona. Es cierto que se han reparado algunas obras públicas, pero ellas no fueron nunca muchas ni resultaron mayormente dañadas. Es cierto que se ha construido viviendas, pero unas viviendas mínimas y de pobre material que más parecen casas de muñecas que viviendas definitivas. La verdad pura y simple para el que visita la zona y mira con sus ojos, en lugar de oír en su gabinete el incompleto e inexpresivo lenguaje de las estadísticas, es que hasta ahora muy poco se ha recuperado de lo mucho que se destruyó. Y por eso podemos decir, sin temor a que nos rectifiquen, que nadie en la zona asolada se ha olvidado un momento del terremoto, que los daños materiales aún subsisten en casi toda su integridad y que ellos amenazan transformarse, si el invierno es crudo, en pérdidas irreparables en la salud y en la vida de un crecido número He chilenos. No voy a entrar a referirme en detalle, señor Presidente, al proyecto que está sometido a nuestro conocimiento, pero sí voy a formular brevemente los principales comentarios que él nos sugiere. Lo primero que salta a la vista de quien estudie el proyecto, es que gran parte de las medidas que consigna en auxilio de los damnificados no están suficientemente configuradas ni se hallan contenidas en disposiciones imperativas, sino que consisten en autorizaciones concedidas en forma amplia y genérica al Presidente de la República o a determinadas entidades estatales. La eficacia de esta ley no dependerá, por lo tanto, de la ley misma, sino de la forma en que el Gobierno o las autoridades respectivas hagan uso de dichas autorizaciones; y ello no resulta nada satisfactorio para quienes consideramos que el actual Gobierno se está caracterizando por sus vacilaciones, su indecisión y por buscar con más celo los inmediatos efectos propagandísticos que las verdaderas, estables y convenientes soluciones de los problemas. Nosotros hemos criticado siempre la legislación demasiado minuciosa, la ley-reglamento que dilata el trabajo parlamentario y cercena al Presidente de la República su potestad reglamentaria y administrativa; pero creemos que, para evitar ese mal, no se precisa caer en el vicio contrario: no se necesita abdicar de nuestra función de legisladores para convertirnos en una academia de retóricos. Notamos también en el articulado, en materia de ayuda crediticia a los agricultores de la zona, una tendencia clara a limitarla a aquellos que sean clasificados de pequeños y medianos. Nos guste o no nos guste, una parte muy considerable de los habitantes de la zona damnificada vive y trabaja en propiedades agrícolas grandes; nos guste o no nos guste, esas propiedades constituyen un elemento importantísimo en la economía de la zona. Si el Gobierno, en uso de sus amplias atribuciones, no concede facilidades crediticias a los dueños de esas propiedades, no serán sólo éstos los perjudicados, sino en forma directa los muchos miles de hombres, mujeres y niños que dependen económicamente de aquéllos, y en forma indirecta toda la región. También reparamos en que falta una disposición similar al artículo 46 de la ley 14.171, dictada con motivo de los sismos de mayo de 1960, que permitía a los contribuyentes de la 3º categoría y a todos aquellos a quienes se aplicaba el impuesto de esa categoría, rebajar de su renta imponible, en el curso de 3 años, el valor de las pérdidas causadas por dicha catástrofe, lo que es de una justicia absoluta e indiscutible. Ayer me permití insinuar al señor Ministro de Hacienda que estudie y patrocine una indicación en ese sentido, y la idea encontró en principio buena acogida de parte de él. Ahora es nuestro deber anticipar que, si no se aprueba una disposición de esa índole, no sólo sé cometerá una injusticia grave, sino que la reconstrucción dé la propiedad particular se hará mucho más difícil y en gran parte de los casos imposible, con daño directo para una vasta proporción de la población de la zona y con daño indirecto para la totalidad de ella. Por lo que se refiere a las líneas generales del financiamiento, creemos que, dentro del exceso a que hemos llegado en materia de tributos, el financiamiento propuesto es el menos malo a que se podía recurrir en estos momentos. El impuesto a la renta presunta recae principalmente sobre aquellas personas que, por filtraciones legales o ilegales, pagan un impuesto global complementario comparativamente bajo o no pagan ninguno. Por fin habrán de contribuir aquellas altas rentas que resultaban privilegiadas con relación a las de otros contribuyentes, en especial con relación a aquellas que provienen sobre todo del trabajo personal. Este es un paso importante, sin duda, en el camino de la justicia tributaria. Pero en la forma en que se halla establecido el impuesto sobre la renta presunta, hay errores graves que este proyecto mantiene. Me refiero especialmente al caso de los accionistas de las sociedades anónimas, que son, en alta proporción, gente de recursos medianos y aun menos que medianos. Se tos obligará a pagar el impuesto a base del valor en Bolsa qué sus acciones tenían al 31 de octubre de 1964, cuando nadie ignora que desde entonces hasta esta fecha ese valor ha bajado como promedio en alrededor de 40%, baja que es especialmente pronunciada respecto de las acciones de las grandes sociedades anónimas, cuyos accionistas son precisamente los más numerosos y los más modestos. El pago del impuesto sobre la renta presunta puede provocar de ese modo un "crac" de gravísimas consecuencias inmediatas, además de cerrar el camino a la difusión de la sociedad anónima, que es una palanca poderosísima de la capitalización popular y del progreso económico y social. Apartándome del financiamiento mismo, pero con relación a él, quiero hacer notar una grave anomalía a que estamos asistiendo. Tenemos tributos excesivos para un país en desarrollo y vivimos, sin embargo, con un enorme y permanente déficit fiscal que se cubre malamente con empréstitos extranjeros. La causa de lo que sucede la podría señalar Perogrullo; el sector público gasta más de lo que el país buenamente puede darle. Este Gobierno, que ha anunciado planes para todo, que dice que hay que cambiarlo todo, de una sola cosa nunca habla: de hacer economías. Por lo contrario, cada día se anuncian nuevas reparticiones fiscales o semifiscales y proliferan los funcionarios en las que ya existen . Su ánimo desaprensivo en la materia lo refleja mejor que nada la verdadera corriente turística que se ha formado de altos funcionarios que viajan por diversos continentes y, en especial, por aquellos países europeos que ofrecen mayores agrados. A este respecto, me permitiré leer algunos párrafos de un editorial sereno, pero elocuente, que se publica hoy en "El Diario Ilustrado". Dice así: "En medio de esa situación y a pesar de las promesas el país no veía una decisión de introducir economías en el gasto fiscal y en particular en el que se realiza en moneda extranjera. En los últimos meses el país ha debido soportar un considerable aumento en el pago fiscal en dólares por efecto de la ampliación de los funcionarios del Ministerio de Relaciones, ocasionado por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los países de la órbita comunista y el envío de una docena de nuevos agregados culturales, junto con la creación de otras plazas en diversos países. "Sin embargo, más graves que esos gastos permanentes que un día podrían tener justificación por el resultado positivo alcanzado, aparecían los frecuentes viajes al extranjero, por breve tiempo, de funcionarios de todas las jerarquías con el anuncio de cumplir misiones de estudio o información. La serie iniciada con la triple gira de una misión numerosa destinada a conducir las negociaciones previas a la renegociación de la deuda externa en los comienzos de la gestión del actual Gobierno, ha continuado intensivamente hasta el día de hoy. "Ministros de Estado, Subsecretarios, Asesores Presidenciales, altos funcionarios de las más variadas reparticiones públicas,. venían haciendo noticia de sus viajes al extranjero con profusa propaganda. Cuando aun no regresaba apenas el Subsecretario del Interior de varias semanas en Roma y París, para estudiar los sistemas de disminuir la burocracia, ha partido a esta última capital el Asesor Jurídico del Ministerio para estudiar la organización administrativa francesa y especialmente el sistema de cómputos electorales. El Asesor de Planificación de la Presidencia regresa de una gira de varios meses a Europa y se cruza en el camino con el Asesor de Prensa y Propaganda, que partió hace varias semanas con el mismo destino para organizar la gira presidencial, finalidad que se creía ya cubierta con el viaje anterior del Director de Protocolo del Ministerio de Relaciones. No es del caso seguir porque la enumeración sería demasiado larga". El señor ALLENDE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor PALMA.- ¡No es muy sereno el editorial...! El señor BULNES SANFUENTES.- Con mucho gusto. El señor ALLENDE.- Señor Presidente, en realidad, lo que ha dicho el Honorable señor Bulnes y el editorial leído por Su Señoría son expresión de algo que he tratado de comprobar. Hace alrededor de quince días, solicité a la Contraloría General de la República enviarme la nómina de todos los funcionarios y personas que han salido de Chile, con alguna comisión, a partir del 4 de noviembre del año pasado. La verdad es que no me atrevo a leerla en el Senado sin antes hablar con el propio Contralor, porque la lista me parece de tal magnitud que pediré, por lo menos, el detalle del tipo de comisiones que esas personas han realizado o van a cumplir. Pienso que, al respecto, puede haber un error casi incomprensible. A tal extremo estoy espantado por la información que la Contraloría me ha proporcionado. Muchas gracias. El señor PALMA.- Si Su Señoría desea leer la nómina, podemos cederle parte de nuestro tiempo. El señor ALLENDE.- No estoy pidiendo tiempo, Honorable colega. Si Su Señoría quiere que se haga la inserción, contará con mi voto. El señor BULNES SANFUENTES - Continúo, señor Presidente. Esperábamos -todavía esperamos- que el terremoto remeciera la conciencia de nuestros gobernantes. Si no ocurre así, si ellos se empeñan en actuar como si éste fuese un país riquísimo, un venero inagotable; si no se deciden a introducir economías que el Gobierno puede hacer porque tiene mayoría amplia y disciplinada en la Cámara de Diputados, llegaremos dentro de poco a la bancarrota. Los países no se arruinan en un día, en un año ni en pocos -años; pero si viven permanentemente gastando más de lo que producen, se descapítalizan y terminan fatalmente por arruinarse. Dado nuestro escaso poderío parlamentario, los Senadores conservadores no podemos enmendar las equivocaciones que cometan quienes tienen el poder ni corregir los rumbos extraviados que el Gobierno adopte. Sólo nos queda señalar nuestro criterio y formular, como lo hacemos, los más sinceros votos por que este proyecto dé en la práctica los resultados que de él se esperan: promover la recuperación y el desarrollo de la importante zona del país que esta vez fue castigada por las fuerzas inclementes de nuestra hostil naturaleza. He dicho. El señor GARCIA (Presidente!.- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CASTRO.- Señor Presidente: He seguido con marcada atención las intervenciones pronunciadas sobre el proyecto de reconstrucción de la zona devastada por el último sismo, más que nada, por no ser miembro de las Comisiones unidas que estudiaron la materia y en el propósito de ilustrarme con los antecedentes que los señores Senadores vendrían entregando" a lo largo de estas sesiones, para formarme un elemento de juicio definitivo y fundado. Considero completísimo el informe que se ha elaborado; por eso, deseo exteriorizar mis felicitaciones a quienes dieron forma a ese trabajo y, en especial, al secretario de las Comisiones, señor Pedro Correa. Se me ocurre que este documento servirá en lo futuro para los estudiosos e investigadores que deseen formarse idea clara de la trayetoria de Chile, medida a través de sus tragedias, sus sismos, sus maremotos y, en fin, de todos aquellos elementos con que a menudo nos regala la naturaleza, tal vez para probar la clase de material con que estamos elaborados. Pienso también que este informe, la sobria exposición del presidente de las Comisiones unidas y la intervención del señor Ministro de Hacienda habrían sido suficientes para que el Senado hubiera procedido a votar de inmediato, con el objeto de acelerar los trámites y llevar solución a los graves problemas a las gentes azotadas por el sismo. Como contribución a la rapidez en el despacho del proyecto, sólo agregaré algunas frases y haré algunas preguntas. El último sismo, por lo que he oído entre ayer y hoy, ha tenido la propiedad de remover la amnesia política de algunos sectores. Parece que algunos partidos políticos y algunos personeros estuvieron completamente ausentes de la realidad del país durante 150 años y que de improviso se dieron cuenta de la existencia de una infinidad de inconvenientes que es necesario precisar y obviar, a fin de polarizar el desarrollo de Chile. No pretendo abrogarme la calidad de defensor del actual Gobierno, porque oportunamente contestarán los personeros del partido a que pertenece el Ejecutivo que hoy administra el país; pero resulta exasperante que esta amnesia, que estuvo abrumando a los sectores políticos de Chile, permita desenvainar ahora la acerada espada de la crítica para encontrar malo hoy lo que ellos, hace sólo algunos meses, estuvieron realizando como bueno. El Honorable señor Von Mühlenbrock, serio, estudioso, acucioso, a quien estimo a pesar de nuestras diferencias políticas, dijo en las Comisiones unidas, comentando la legislación dictada a raíz del penúltimo sismo y las medidas que se adoptaron: "La reconstrucción del Sur adoleció de dos graves defectos: no se siguió el principio de reconstruir mejorando la economía regional y la reconstrucción propiamente tal constituyó un frío negocio, prescindiendo absolutamente del factor humano y de las consecuencias sociales de tan grave desastre". Después de este "frío negocio de la reconstrucción del sur", donde todavía prevalecen los errores cometidos en aquel entonces, volvemos ahora a pronunciar toneladas de discursos, sólo comparables a las larguísimas intervenciones hechas con motivo de los sismos que azotaron a la región austral, y nos reunimos para reconocer que la reconstrucción de esa zona fue un "frío negocio". El señor CURTI.- ¿Me permite una interrupción para hacer un breve alcance, señor Senador? El señor CASTRO.- Honorable colega, durante la discusión general del proyecto, no se han aceptado interrupciones. El señor CURTI.- Es sólo para hacer una aclaración, señor Senador. El señor CASTRO.- Por tratarse de Su Señoría, con todo gusto le concedo la interrupción, así como también la otorgaré a los señores Senadores que lo deseen. El señor CURTI.- Quería referirme a la lectura hecha por el Honorable señor Castro, referente a una afirmación del Honorable señor Von Mühlenbrock. Cuando el señor Senador habló de "frío negocio", se refirió al hecho de haberse endeudado en dólares muchos agricultores e industriales del sur. En consecuencia, el Honorable señor Von Mühlenbrock estimó un frío negocio, que no se compadecía con la situación de catástrofe, otorgar préstamos reajustables en tal alta proporción como la debida a la quiebra del signo monetario ocurrida a fines de 1961. Por lo tanto -repito-, el Honorable colega no se refería a que el Gobierno hubiera hecho un frío negocio con la catástrofe . El señor CASTRO.- Espero que las palabras de mi Honorable colega reflejen fielmente el pensamiento del Honorable señor Von Mühlenbrock; pero del total de la intervención del señor Senador se desprende -ya no hay la menor duda- que en toda la legislación relacionada con la reconstrucción del sur hubo grandes errores, los cuales todavía gravitan sobre los habitantes y la zona geográfica en referencia. Hasta los editoriales de "El Diario Ilustrado" pasan a ser en este momento, punto autorizado de referencia. ¡ Me alegro por los propietarios de dicho diario! Aumentará mañana, gracias al terremoto, el número de sus lectores, porque, como se ha dado a conocer en esta sesión, aparecerá su editorial obligadamente en la versión oficial del Senado y será publicado en otros órganos de prensa. ¡Me alegro por "El Diario Ilustrado" ¡Al fin y al cabo, hay que estimular el periodismo nacional! Senadores de provincias que no han sido afectadas por el terremoto, se preocupan ahora de las casuchas débiles en las cuales habitan los campesinos de las provincias de Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo. ¡Aquí están las ventajas del último sismo! Conozco provincias en donde los campesinos viven poco menos que a la intemperie; donde se les impidió ir a la escuela, y donde, antes de rigorizarse las medidas referentes al pago del salario vital campesino y la asignación familiar -sólo en 1964-, recibían 200 pesos de salario al día. Los representantes de esa zona en el Parlamento chileno están ahora preocupados por las débiles casuchas que se levantan en la zona afectada por el último sismo. Eso es bueno; me alegro. Ello quiere decir que los terremotos remueven también la costra insensibilizada por más de 100 años, que, por desgracia caracterizó a los representantes de las zonas campesinas, quienes, por herencia, ganaron bancas en el Congreso Nacional. Sería bueno también contar que, apenas producido el último sismo, poblaciones CORVI recién construidas se desplomaron en San Felipe o Los Andes -no estoy seguro dónde-. Eran parte de ese plan de construcciones que también sirvió al Mandatario anterior para llenar, con optimismo desmesurado, innumerables carillas de sus mensajes presidenciales. Eso es mucho más grave, creo yo: endeudar al país, justificar errores e inocular falsos optimismos a la opinión pública, al hablar de gigantescos planes de construcción que, como digo, al primer temblor demuestran ser sólo un plan feble de habitaciones que no dan seguridad alguna a quienes las han adquirido. El señor DURAN.- ¿Me permite, Honorable colega ? No creo ser el más llamado a recoger algunas observaciones formuladas por Su Señoría con relación a la destrucción, a raíz del último sismo, de casas de poblaciones construidas durante el Gobierno del Presidente Alessandri. Sin embargo, como mi partido, por lo menos durante unos años, participó en la acción de ese Gobierno, debo señalar a Su Señoría que está cometiendo una grave injusticia. El señor Senador ha dicho que muchas de las numerosas carillas de los discursos con que se inaugura la legislatura ordinaria, daban cuenta, durante ese Gobierno, de la labor realizada por esa Administración. En general, los mensajes son amplios ; de modo que las críticas formuladas por Su Señoría con relación al hecho no resisten ningún razonamiento. Me parece que las críticas que el señor Senador está formulando, para dejar caer en el Primer Mandatario anterior el peso de la responsabilidad de construcciones insuficientes o de mala calidad, adolecen por completo de sentido de justicia. No creo que los errores cometidos por una empresa constructora, sujetos, en definitiva, al análisis administrativo, primero, y después judicial, puedan imputarse con tanta ligereza a la acción desarrollada por un Gobierno. Me siento en el deber, por lo menos para satisfacción de mi conciencia, de hacer notar a Su Señoría que, cuando se pretende defender la acción de un Gobierno mediante la fórmula que está empleando el señor Senador, de disparar contra Administraciones anteriores, hay que asentar muy bien los pies en la tierra, para actuar dentro de un plano de justicia. Me parece que el Honorable señor Castro, en lo íntimo de su conciencia, se estará dando cuenta de que no es buen procedimiento emplear un lenguaje injusto para imputar al Gobierno pasado, con el propósito de defender al actual Primer Mandatario, hasta los errores técnicos que algunas empresas puedan haber cometido en la construcción de ciertas poblaciones. Si Su Señoría desea actuar con ecuanimidad e inspirar sus palabras en la justicia, puede decir simplemente que ha habido errores en la técnica de la construcción. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la acción del anterior Presidente de la República? Debo agregar, además, que no considero de buen tono que, cuando estamos conversando, discutiendo o buscando fórmulas para reconstruir zonas dañadas, se haga pie en críticas, especialmente cuando ellas no tienen fundamento, como ocurre con las que está formulando el señor Senador. El señor CASTRO.- ¡Caramba que habría resultado de utilidad para el debate de estas tres sesiones que el Honorable señor Durán hubiera pronunciado estas palabras al comienzo de la primera! Su aprensión por el buen gusto y el sentido de justicia para analizar la conducta de este Gobierno, del anterior y de otros, tal vez habría servido de elemento morigerado de muchos otros oradores, que me impulsaron a pronunciar estas palabras. El Honorable señor Durán debe respetar mi manera de decir cuando analizo la Administración del señor Alessandri, pues no hablo así hoy porque él no esté ya en el Gobierno. Sencillamente, prolongo una expresión que mantuve siempre, mientras fue Presidente el señor Alessandri. El debate se fue por estos conductos. Cada orador trajo a colación los materiales más inverosímiles para justificar sus puntos de vista. Por eso me pareció dable hacer también comparaciones. Compañeros del Honorable señor Durán durante el Gobierno anterior, ahora han tenido conceptos muy filudos para referirse a la actual Administración, que no contesto, pues, ya digo, el partido de Gobierno lo hará. Como estudioso y observador de la realidad política chilena, creo que lo que pesa gravemente sobre los sectores políticos en este país, es esa capa de amnesia, que permite a un partido negar, con mucha soltura de cuerpo, lo que ayer hizo, y endilgar al prójimo, como defecto, lo que ayer, no más, estaba exaltando como excelente. Cité el caso del desplome de una población en San Felipe, como una manera de insinuar el estado de cosas existente en el Gobierno anterior. El editorial de "El Diario Ilustrado", que tanto preocupa hoy día a diversos sectores políticos, habla de turistas bien pagados. ¿Y por qué "El Diario Ilustrado" y sus adherentes de hoy no examinan también la lista de los turistas del período del señor Alessandri, que los hubo? ¡Ah, Honorable señor Durán! Tengo muy bien puestos los pies en la tierra; de modo que, en cualquier momento, podemos analizar la realidad del Gobierno del señor Alessandri. Respetaré el punto de vista del Honorable señor Durán, como miembro de un partido de Gobierno de entonces, pero tenga Su Señoría la más completa seguridad de que mis argumentos también tendrán asidero. Sé del caso -para agregarlo al material de "El Diario Ilustrado"-, de un funcionario del Gobierno del señor Alessandri que viajó por toda Europa y Estados Unidos, con secretario y viáticos en dólares, buscando dónde comprar trigo. Para eso se le envió. Cito el caso, pues resulta pintoresco; y conociendo al personaje de marras, me resultó mucho más gracioso. ¡ Por meses anduvo buscando trigo por Europa y Estados Unidos, con viáticos de 15 dólares! Regresó a Santiago, y desde aquí compró trigo en Argentina. ¿Ve, señor Senador? ¡Es de nunca acabar! Pero volvamos a la idea que me preocupa. Es interesante que haya persone-ros de los partidos tradicionales chilenos preocupados por la casucha en que vive el campesino. Esta situación representa algo histórico, de más proyección histórica que la revolución en libertad. ¡Fíjense Sus Señorías, cómo este país de terremotos logra, mediante movimientos sísmicos, producir hechos históricos, remover la amnesia ! ¡ Ahora hay preocupación por la casucha del campesino! Me agrada. Pero, ya digo, es bueno que para tratar de poner en su lugar las condiciones de hoy, la actual manera de legislar, haya cierta mesura y equilibrio entre las actuaciones que siempre han tenido los Gobier-nos, los partidos y los hombres. 121 ciuda-dano de la calle -entiéndase bien- no perdona, por desgracia, a los políticos que usan tanta voluptuosidad para apreciar de una Administración a otra los mismos hechos económicos y políticos de diferente manera. Yo, que deseaba hablar sólo dos o tres minutos, he tenido el agrado de incorporar cierto aire polémico a la sesión. Es lo que, a mi parecer, debiéramos haber hecho desde un comienzo. Doy esta explicación, pues hay Senadores que me encuentran muy rígido cuando me opongo a la inserción de documentos en la versión oficial o cuando no doy mi asentimiento para prorrogar la sesión. Pensaba que, luego de la interesante y sobria intervención del Honorable señor Bossay, en su calidad de Presidente de las Comisiones unidas, se facilitaría un cambio de ideas, para que quienes ño asistimos a sus reuniones pudiéramos tener los elementos de juicio necesarios. Pero no ha habido tal. He tenido el agrado de conceder interrupciones con el objeto de facilitar la discusión en este corto lapso. Por eso deseaba plantear una pregunta al Honorable señor Chadwick. No la hice durante su intervención, a fin de no perturbar el hilo da sus ideas y no restar tiempo a su Comité. Durante los debates de ayer y hoy, ha saltado, como personaje central, la retasación. El Honorable señor Chadwick -eminente abogado-, entre otros señores Senadores, al criticar lo que se ha realizado, anota la falta de estudios del valor de las tierras con relación a la capacidad de riego. Incluso Su Señoría agregó que ni siquiera se había consultado a la Asociación de Canalistas. ¿No es así, señor Senador? El señor CHADWICK.- Efectivamente, Honorable colega. El señor CASTRO.- Como no soy parlamentario de la zona, no domino el sistema de regadío que hay en ella; pero sí sé que se trata de fierras de primerísima ca-lidad. Con perdón del Honorable señor Duran, en la zona central está la mejor tierra cultivable del país, y, dentro de ella, la mejor está en la zona que comprende parte de Aconcagua, de Valparaíso y de Coquimbo. La región sur, Cautín, Osorno, Llan-quihue, son aptas para otro tipo de cultivo; pero para chacarería y frutas, la zona central es la mejor, especialmente el sector mencionado. Eso es lo que conozco. No podría decir que tales hectáreas de tal comuna son apropiadas para el cultivo del tomate y cuáles otras, para el de los "ci-trus". Sé que es de mejor calidad. Tampoco conozco al dedillo el sistema de regadío de allí; pero sí sé lo siguiente: si hay algo atrasado, retrógrado, oligárquico y feudal en este país, es el sistema de regadío y la legislación que regula la distribución de las aguas de riego. Me podrán decir que hace diez años se modificó todo el sistema, toda la legislación relacionada con el regadío; pero quedaron prevaleciendo las ideas vertebrales que vienen del siglo pasado. O sea, el pariente carnal del latifundio, del sistema agrario retrógrado en este país, es el método de regadío. El señor CHADWICK.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor CASTRO.- En cuanto termine mis observaciones se la concederé a Su Señoría, para que me ilustre al respecto. Me parece que si pretendemos transformar completamente el sistema agrario del país y ponerlo a tono con las necesidades del pueblo y la marcha del mundo, es necesario aventar de una plumada todo lo que hay escrito respecto de regadío. Por eso, deseo consultar al Honorable señor Chadwick si estima efectivamente grave el hecho de no haber considerado la capacidad de regadío de las tierras ni haber consultado a la Asociación de Canalistas. En Chile, no hay relación alguna entre la capacidad productiva de la tierra y los regadores que posee cada latifundio. Con mucho agrado, concedo una interrupción al Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Honorable señor Castro, deseo aclarar algunas ideas elementales. En primer término, no es admisible confundir lo que los partidos políticos estiman como solución permanente al problema de las aguas públicas destinadas a regadío, con lo que es la tasación de un predio rural, que debe buscar el valor de producción, atendiendo, entre otros factores, a si dispone o no dispone de aguas. Resulta que, por muy generosas que sean las ideas del Honorable señor Castro, si la propiedad materia de una tasación no dispone, bajo el régimen actual, de las aguas necesarias para su regadío, resulta absurdo, al fijar dicha tasación, ignorar esa carencia de recursos y ubicarla en el mismo plano o en equivalencia con predios que disponen de suficiente dotación de agua. Se confunde, en esa forma, el hecho mismo de la tasación con lo que habrá de ocurrir cuando prosperen las nuevas ideas que, entre otros, sustenta el Partido Socialista, desde hace mucho tiempo, y ha incorporado a su doctrina: me refiero al estanco del agua de regadío y a la reforma del Código de Aguas en vigencia desde el año 1951. Este cuerpo legal necesita enmiendas, y la experiencia confirma que debe ser perfeccionado. Nada más. El señor CASTRO.- Agradezco la explicación del Honorable señor Chadwick. Para finalizar este punto, deseo expresar que para tratar el problema de las retasaciones, en ningún caso yo apelaría a las asociaciones de canalistas, pues considero que esos organismos son el trasunto del atraso y del sistema feudal que siempre han imperado en la agricultura chilena. Volviendo al tema, para tratar asuntos de esta naturaleza o de otro orden, yo jamás haría pie en la prensa de Derecha del país, porque me parece, dada mi condición de hombre de Izquierda, que resultaría del todo perturbador para la opinión pública confundirme en tan extraño maridaje. Votaré favorablemente este proyecto; y como en su discusión particular se repetirá, sin duda, el cambio de ideas a que ya hemos asistido durante dos días, anuncio que no abundaré en nuevos conceptos y que me limitaré, por medio de mi modesto voto, a contribuir a perfeccionar las diversas disposiciones de la iniciativa. He cedido el resto de mi tiempo, al Honorable señor Palma, para que dé a conocer el punto de vista de su partido. El señor PALMA.- Muchas gracias. Debo expresar, en primer lugar, que era el propósito del Partido Democratacristiano, frente a este problema, que expusiera nuestros puntos de vista el Honorable señor Benjamín Prado, Senador por Valparaíso y Aconcagua. Sin embargo, circunstancias extraordinarias lo han obligado a permanecer en el puerto para intervenir en la solución de algunos problemas de gran importancia suscitados allí últimamente. No obstante, cualquiera de nosotros, al analizar esta iniciativa, adquiere la certidumbre de que ella plantea un criterio totalmente nuevo frente a un problema tradicional en Chile. No se trata, sencillamente, de una ley más destinada a crear una Corporación de Reconstrucción o a abordar problemas como los originados por el último sismo. La verdad es que un criterio distinto, revolucionario, anima el proyecto. Chile, durante años, vivió del salitre -fue el pan nuestro de cada día- y no tuvo un Ministerio del Salitre. Asimismo, desde antiguo hemos debido desarrollar toda una actividad relacionada con la industria del cobre y sólo en los últimos años -creo que a partir de la ley de Nuevo Trato- se creó el Departamento del Cobre, primero como anexo al Banco Central de Chile. Más de doscientos sismos superiores al grado 4 son históricos en Chile, según hemos podido comprobar por la lectura del informe suministrado, después de detallado trabajo, por la Secretaría, y en este siglo ha habido no menos de 91, cuatro o cinco de los cuales han tenido todas las características de terremoto y uno, las de cataclismo . Sin embargo, hasta ahora no se había pensado en la necesidad de disponer de una legislación permanente que permitiera, en el momento en que se producen estas catástrofes, abordar de inmediato la situación, pasando por encima de las disposiciones habituales, y atender los problemas humanos y materiales que, por desgracia, en cada caso se producen. En un estudio hecho hace algún tiempo por la CORPO, se estiman en más de mil millones de dólares las pérdidas originadas por los terremotos, desde 1939 hasta la fecha. Vale la pena destacar esta cifra, porque ella tiene alguna relación con el endeudamiento externo del país. Para reparar los daños ocasionados, hemos usado, en la práctica, no menos de 60% del total de lo que hasta ahora constituye la deuda externa. Por eso, la presentación de un proyecto destinado a plantear soluciones dé carácter más estable responde a una necesidad absolutamente real. Este Gobierno, que es moderno y está tratando de afrontar los problemas dentro de un plan general, y que en cada uno de los detalles aplica los mismos criterios, tenía, evidentemente, que patrocinar una iniciativa diferente de las que han sido habituales . Un título completo y muchísimas disposiciones establecen normas para futuras actuaciones. Es la primera vez que esto acontece. Es cierto que el proyecto puede contener errores; pero la experiencia de los señores Senadores y la actuación de los funcionarios nos permitirán, con seguridad, en lo porvenir, mejorar esas disposiciones e ir creando, por consiguiente, los medios adecuados de acción, como existen en otros países, En Japón, por ejemplo, hasta en la educación se instruye acerca de la forma de abordar estos problemas. Considero, por eso, que la labor desarrollada por el Gobierno y las Comisiones, presididas ágilmente por el Honorable señor Bossay, ha permitido perfeccionar las proposiciones iniciales y, por cierto, ello tendrá importancia en lo futuro. El proyecto no sólo establece disposiciones permanentes, sino que retoma la buena tradición del país en este orden de cosas. Vuelve al espíritu que inspiró a Aguirre Cerda y a sus colaboradores de esa época, para afrontar los problemas en los dos planos en que es necesario hacerlo: en el de la reconstrucción propiamente tal y en el del desarrollo de las regiones afectadas, con el objeto de recuperar el tiempo perdido y de crear nuevas condiciones de vida para la gente que, sicológica y materialmente, siempre resulta extraordinariamente afectada. Por eso, el proyecto del Ejecutivo dispone que la CORFO estará obligada, en un plazo relativamente breve, a formular un plan adecuado a las circunstancias del caso. Algunos señores Senadores han formulado al respecto muchas críticas y se ha insistido en que el plan programado para esto no estaba listo. Ayer, un señor Senador dijo que ello representa volver al espíritu de improvisación que caracterizó a la Administración pasada, y que veía actuar a este Gobierno en igual forma. Estimo que, fuera del espíritu general del proyecto, tales críticas carecen de sentido . El país ha demorado 25 años en elaborar las bases más elementales de un proyecto decenal de desarrollo. ¿Acaso querían esos señores Senadores, tal vez discípulos ocultos de Muñoz Ferrada, que nosotros hubiéramos señalado el epicentro exacto del terremoto de la temporada, para tener un plan preparado ? ¿Pretendían, frente a cada uno de estos fenómenos, que las fórmulas para abordarlos estuvieran contenidas en un libro ubicado en una estantería, con todo previamente preparado y programado? ¿Tiene alguna seriedad esta crítica? Creo que es mucho más seria la actitud del Gobierno cuando declara tener, para determinadas zonas, algunos aspectos estudiados o, por lo menos, programas en elaboración. Otros requerirán, inevitablemente, tiempo para formular, dentro de un plan amplio del país, la etapa regional, que evidentemente, deberá tener la importancia adecuada al problema. Estimo, por lo tanto, que las muchas páginas leídas en esta Sala para destacar el hecho de que no existe un plan completo, preciso, exacto, al minuto, de todo lo que es necesario realizar, carece de todo sentido crítico serio. El señor ALTAMIRANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor PALMA.- Su Señoría no nos concedió ninguna interrupción en la sesión de ayer. Por lo demás, el debate llega a su término y no disponemos de más tiempo. El señor TARUD.- Sólo quería decir, a Su Señoría, que el señor Muñoz Ferrada es democratacristiano. El señor PALMA.- Quiero agregar que, sin embargo, para la región del sur de la provincia de Coquimbo, a la cual se refirió con tanta prolijidad y dramatismo un señor Senador, existen las bases de un plan de desarrollo que se está estudiando desde el 19 da mayo recién pasado, con la participación de numerosos funcionarios de todos los organismos del Estado: la Empresa Nacional de Minería, la Corporación de Fomento de la Producción, las organizaciones dé pescadores -PESCOP-, la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, el Departamento Cooperativo del INDAP, la Empresa Nacional de Electricidad, etcétera. Podría citar interminables reuniones en las cuales se han estado elaborando las bases de un programa denominado "estudio del desarrollo integral de la hoya hidrográfica del río Choapa". No menos de cien funcionarios y técnicos están completando la acumulación de antecedentes, para aportarlos, oportunamente, a la CORFO. Hemos estimado que el desarrollo de esa zona pobre de la provincia de Coquimbo requiere mayor celeridad que el de la relativamente desarrollada del río Aconcagua y sus alrededores. Por eso, aun cuando no podemos decir que teníamos un plan, ya que no conocíamos con anterioridad el epicentro del terremoto, sí podemos, en este caso, vanagloriarnos de haber actuado con suficiente rapidez para tener los elementos con los cuales, en los próximos meses, se pondrá en marcha un plan regional en la zona sur de la provincia de Coquimbo. El proyecto de reforma agraria constituye la base de tal plan. Como bien saben algunos señores Senadores, será completa en dicho valle, pues se trata de hacer de él la zona piloto de lo que mañana será en el país una reforma agraria integral. En este orden de cosas, el Gobierno, que marcha delante de los problemas, está absolutamente resuelto a proceder con la celeridad del caso. Y, ya en este momento, varias propiedades y latifundios de la zona han sido avaluados y están siendo negociados para poder, dentro de las limitadones que nos impone la actual ley, integrarlos al plan de desarrollo agrario que se está poniendo en marcha en la zona. Este, por fortuna, cuenta con el entusiasta apoyo de miles de trabajadores que antes eran manejados con objetivos políticos y que ahora, al sentirse patrones de las empresas en que laboran, han dado un vuelco sensacional que se traducirá, en lo futuro, en elemento de extraordinaria importancia para el progreso social del país. Por eso, hemos dicho que el proyecto de ley consigna dos objetivos: reconstruir y planificar. Pero tampoco es criticable el hecho de que las disposiciones sobre planificación sean muy breves. Siempre lo han sido los preceptos legales que han permitido importantes realizaciones en el país. Sólo ocho artículos de la ley 6.334 -del 19 al 27-, que, en su mayor parte, están destinados a fijar la composición del directorio y sus atribuciones, dieron vida a la Corporación de Fomento de la Producción. Si los señores Senadores leen el precepto legal citado, podrán comprobar que en él se usan muchas más palabras que las empleadas en el título correspondiente de este proyecto de ley sobre los organismos que deberán llevar adelante los planes de desarrollo regional de aquella zona y las obligaciones que al respecto deberán tener dichos organismos. Faltaría agregar que estas disposiciones legales tienen el espíritu reformador y planificador que permitirá rápidamente, sin demagogia, impulsar las transformaciones cuya importancia para el país es verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, no deseo abundar en mayores explicaciones respecto del proyecto de ley en discusión. Como dijo el Honorable señor Castro, ello no es necesario después del prolijo y detallado informe rendido por el Honorable señor Bossay. En verdad, el problema se refiere fundamentalmente al criterio que se tiene frente a las medidas de orden financiero que el Gobierno habrá de adoptar con el objeto de allegar los recursos indispensables para la realización de los planes de reconstrucción y desarrollo correspondientes. Tengo al alcance de la mano el proyecto que los Honorables señores Allende, Ampuero y Rodríguez elaboraron y presentaron con motivo de los sismos del mes de marzo último. Las disposiciones de esa iniciativa legal no son mucho más específicas, en lo referente a organizaciones y planes, que las contenidas en esta iniciativa de ley. Por lo contrario, son más breves: formular el plan de reconstrucción de la zona devastada, iniciar un plan integral para la zona amagada y proponer uno de mejoramiento para esas regiones. En eso consisten los preceptos relativos a esta materia contenidos en la iniciativa de Sus Señorías. El señor CHADWICK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor PALMA.- Su Señoría se opuso específicamente a darlas. ¿Cómo desea que yo se las conceda? El señor CHADWICK.- Concedí una al Honorable señor Aylwin. De modo que se equivoca el Honorable señor Palma. El señor PALMA.- Con todo gusto concederé una interrupción al señor Senador, si me lo permite el tiempo de que dispongo. Por lo demás, creo que pondré término en breve a mis observaciones. Evidentemente, el proyecto de los señores Senadores incidía en lo que es un "leit motiv" de un sector de la política nacional: en un financiamiento sobre la base de una nueva tributación al cobre. Al respecto, debo decir que, frente al problema del cobre, nosotros tenemos nuestra propia política, que fue apoyada por el país y que se traducirá en extraordinario aporte para la economía nacional. Como hemos dicho, ella es la viga maestra de transformaciones próximas. Pero precisamente porque tenemos un programa respecto del cobre, los nuevos recursos que provengan de esa fuente serán destinados a determinados objetivos. El señor CHADWICK.- Habrá menos rendimiento del que supone Su Señoría. El señor PALMA.- Los cálculos hechos por el Honorable señor Chadwick en el curso de su exposición son realmente cuentas alegres. No otra cosa son sus disquisiciones sobre las diferencias que se ob-tedrían si el cobre se vendiera a los precios del mercado de Londres y no a los del mercado de Nueva York. Es como pensar que si todos los dólares de Chile se vendieran en el mercado negro, la cotización de esa moneda en el mercado negro seguiría teniendo la paridad que hoy día posee. El señor CHADWICK.- El del cobre no es un mercado controlable. El señor PALMA.- Cuando discutamos en el Senado el proyecto de ley sobre el cobre, tendremos muchas más oportunidades de cambiar ideas sobre este orden de cosas y, lo que es más importante, para concretarlas . Por estas consideraciones, estimo que el proyecto de ley debe estipular un financia-miento razonable, adecuado, posible y justo . Para ello hemos recurrido a los procedimientos habituales en estos casos, que son los imperantes en todos los países, cualesquiera que sean sus características sociales o el campo en el cual estén ubicados en este instante. Uno de tales procedimientos se basa en los empréstitos; el otro, en impuestos. En este orden de cosas, no podemos sino hacer lo que hacen todos los países del mundo, salvo que descubramos una mina muy rica y la podamos explotar. Muchas son las cosas que pueden surgir de la imaginación y reconozco que, en este terreno, algunos de mis Honorables colegas podrán aportar más de lo que efectivamente nosotros hemos hecho. Contratar empréstitos es una medida altamente razonable; es la tradición seguida en todos los países. Desde los tiempos de nuestra Independencia hasta 1930, por lo menos, gran parte de las obras públicas se han financiado mediante empréstitos en dólares o en libras esterlinas, colocados en los diversos mercados mundiales, operaciones cuyas características son bien conocidas por todos nosotros. Por lo tanto, el hecho de que ahora solicitemos autorización del Congreso para que el Banco Central emita obligaciones con características de estabilidad tal que permita su colocación en cualquier parte del mundo, no es recurrir a la imaginación, sino precisamente recordar y aplicar prácticas implantadas habitualmente por nosotros y otros países. Por lo tanto, consideramos que la disposición tendiente a facultar la emisión de bonos reajustables tiene explicación perfectamente justa. Algunos señores Senadores sostienen que los bonos reajustables propuestos por nosotros tienen características similares a los bonos dólares que tanto criticamos. Profundo error de su parte. Los bonos y pagarés dólares emitidos por el anterior y otros gobiernos, no son malos en sí mismos, pues son documentos emitidos con paridad estable, para responder a ciertas obligaciones, con el objeto preciso de obtener, en un momento dado, las divisas duras que el país puede necesitar. Lo malo del Gobierno anterior, en este caso, estuvo en el uso extraordinario que hizo de estos bonos-dólares al disponer que fueran absolutamnte exigibles en el comercio de importación y otras operaciones similares. Tal uso, implantado por medio de disposiciones reglamentarias y de leyes, inclusive, fue lo que cambió las características de los bonos dólares. Ahora ellos están en poder de los bancos y de particulares: siguen ganando el 7% de interés; pero ya no sirven para proteger el espíritu especulativo de los chilenos, que con tanta frecuencia se expresa aun en las críticas formuladas por miembros del Congreso Nacional. No otra cosa que protección a este espíritu especulativo de los chilenos representan, por ejemplo, partes de las exposiciones hechas ayer por los Honorables señores Contreras Labarca, Barros y Altamirano, las cuales inciden, fundamentalmente, en decir al país: el dinero que se pedirá a algunos ciudadanos como préstamos a largo plazo, se lo daremos a chilenos privilegiados, también a largo plazo, pero sin reajuste. O sea, se pretende destruir las características especiales reajustables, que han significado un estímulo para el país al punto de que, por primera vez en los últimos años, ha habido un real incremento del ahorro popular en grado nunca antes visto. Por ello, reconocemos que el sistema ha sido bueno. Con todo cabe preguntarse: ¿por qué seguir favoreciendo a algunos sectores con préstamos para construir viviendas y negar esa ayuda a otros sectores? ¿Por qué no exigir a los beneficiados con tal ayuda que repongan el valor real de los préstamos recibidos? He solicitado un antecedente que considero adecuado para formarnos un juicio al respecto. Me refiero al número de imponentes de la Caja de Empleados Particulares. Debo decir que no se conocía ni se sabe con exactitud hasta el momento cuál es el total de imponentes de ese instituto previsional. Al parecer, su organización no era muy eficaz; de tal manera que el cálculo en referencia es sólo aproximado. Los imponentes de la Caja de Empleados Particulares suman 264.700, número en el cual, según la información recibida, no están incluidos, por ejemplo, los torneros, matriceros, etcétera. Sólo 30.500 de esos imponentes -12% del total -tienen deudas hipotecarias a cualquier título. En este porcentaje de los beneficiados por circunstancias muy especiales, se incluyen los favorecidos con 1.000 viviendas en provincias y 5.000 en Santiago, operaciones que están por escriturarse. Pues bien, a este 12% tan favorecido desde muchos puntos de vista, sobre todo cuando en el pasado no se les exigía cancelar sus deudas en forma reajustable, se pretenda seguir dándoles la ventaja de no responder en la misma proporción en que la sociedad los ayudó, con el objeto de que otros imponentes tengan oportunidad de satisfacer anhelos tan vitales. Algunos señores Senadores, al atacar tal sistema, que es de justicia social, aparecen respondiendo al espíritu especulativo que todos los chilenos llevamos dentro de nosotros y al cual estamos ya acostumbrados. Según el dicho, en nuestro país hay unos para quienes otros trabajan, y estos últimos no se distinguen precisamente por su talento. Se incurre, pues, en grave error al sostener que ese sistema es injusto en sí mismo. Puede que sea necesario introducirle algunas rectificaciones; puede que sea necesario crear una moneda variable única. Pero el hecho en sí es absolutamente conveniente. En tal sentido, no pueden, razonablemente, caber dudas a ninguno de nosotros ni hacer declaraciones como las formuladas por algunos de mis Honorables colegas, las cuales considero pura demagogia. En realidad, el país se halla ahora frente a un nuevo criterio en este orden de cosas. Los gravámenes propuestos en la iniciativa -aparte estar destinados a dar los frutos que de ellos se espera, vale decir, el financiamiento de la reconstrucción y de los programas de desarrollo- harán posible resolver algunos aspectos establecidos en forma explícita por la ley. Tales impuestos tienen la característica de este Gobierno: poseen sentido social, no son regresivos, obedecen a un sentido de solidaridad, afectarán específicamente a los sectores que deben contribuir cuando el país sufre una catástrofe de esta especie. En el cuadro que todos los señores Senadores tienen a la mano y que figura en la página 205 del detallado informe elaborado por el Secretario de las Comisiones unidas, señor Pedro Correa, podemos ver cuál son, en rigor, el resultado del impuesto de solidaridad nacional y el cálculo anual del impuesto a la renta presunta, supuesto en 8%, como se proyecta en esta iniciativa; y podemos darnos cuenta de que menos del 7% de los contribuyentes pagarán más del 71% del total de lo que ese impuesto a la renta presunta ha de significar, y que es interminable el número de chilenos que no serán afectados... El señor CHADWICK.- No hay ninguna base seria en ese cálculo. El señor PALMA.- Seiscientos mil son, aproximadamente, los ciudadanos enrolados en el impuesto a la renta. Trescientos mil son los que declaran, y 170 mil los que pagan el global complementario. Y 197 mil serán quienes pagarán el impuesto de solidaridad nacional, el impuesto al patrimonio. Llamo la atención del país -porque vale la pena conocer algunos antecedentes- hacia el hecho de que sólo 13 mil personas declaran, en Chile, una renta presunta superior a 1.000 escudos mensuales. ¡Sólo trece mil personas! Esto da una medida de lo necesario que es introducir profundos cambios y de las razones por las cuales debe crearse el impuesto al patrimonio. El servirá para darnos a conocer cuál es la realidad en cuanto a la riqueza que posee cada chileno, lo que esconde y las rentas que no declara, o las formas en que elude su participación en el esfuerzo social. Y creo que sin duda alguna tal objetivo será alcanzado, en los próximos tiempos, cuando, por la acción de este Gobierno, hayamos creado una nueva mentalidad en el país. Incorporaremos a los chilenos al circuito económico, les diremos que tienen que dar para recibir, que... El señor TARUD.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor PALMA.- ...es absolutamente imposible pensar, en los tiempos modernos, que puedan constituirse las naciones sin un efectivo sentido de solidaridad, con mayor razón dadas las características de la situación que estamos viviendo nosotros. Entre las críticas formuladas a este financiamiento, algunas resultan curiosas y extrañas. Ellas inciden principalmente, tanto por parte de los señores Senadores comunistas y socialistas como del Honorable señor Bossay, en la defensa del patrimonio de las personas, porque creen así proteger especialmente a la clase media y a algunos sectores empresariales, en una actitud cuyo alcance político conocemos perfectamente. Sin embargo, todos los empresarios, todos los trabajadores, todos en Chile saben que, en este instante, se está frente a un nuevo momento económico. Porque los campesinos están recibiendo este año un reajuste medio del orden de 86% sobre lo que percibieron el año pasado, todas las industrias productoras de bienes de consumo habitual, de uso casero -como, por ejemplo, utensilios de aluminio-, se encuentran en este momento con las ventas copadas por varios meses. Por primera vez se ha iniciado en Chile un proceso de incorporación del sector agrario a algunas pequeñísimas ventajas que la civilización les estaba negando durante siglos, y que este Gobierno, con aceleración creciente, está dispuesto a incrementar para ellos, año tras año. Igualmente, saben todos los empresarios que estamos frente a programas de desarrollo, en los grandes niveles y en los pequeños, verdaderamente nunca formulados antes. El instante económico actual es duro, precisamente por ser de cambios. Tienen que abandonarse viejos moldes para encauzarse en nuevas maneras. Desaparecen los sobregiros para establecer las cuentas corrientes de caja. En este instante en que una cantidad de procedimientos modernos aplicados en todos los países del mundo, empiezan a ser puestos en práctica para estimular la producción, para bajar el costo de la comercialización y acábar con la especulación, sin duda alguna se produce un momento de inquietud en la gente, pues cuesta adaptarse a nuevas condiciones de vida. A todos nos cuesta. Pero el país sabe que, en el fondo, el proceso inflacionario está controlado, pues en lo que va corrido del año no llegamos al 17% en el alza del costo de la vida, en circunstancias de que los planificadores de esta economía, que está siendo dirigida dentro de la libertad, previeron para esta fecha un 16,5% en dicha alza. Por ello, tenemos la certeza absoluta de llegar a fines del año con algo menos de 25% de inflación, que es lo prometido, lo previsto para llevar adelante un plan racional de progreso económico en el país. El señor TARUD.- Lo recordaremos oportunamente a Su Señoría. El señor PALMA.- Su Señoría siempre es oportuno para recordar. Le rogamos que lo haga. El señor TARUD.- Muy agradecido por su concepto. El señor PALMA.- Creo, por lo tanto, que no existe razón para que, a propósito de este proyecto que legisla sobre la reconstrucción, se trate de estimular la desconfianza de parte de algunos sectores del país, como se ha querido hacer precisamente -¡cosa curiosa!- por los Senadores comunistas, junto con otros que han estado diciéndonos que estos impuestos exceden lo que el país puede pagar y que la apreciación del patrimonio es disparatada. Ayer, el Honorable señor Bossay, sobre la base de antecedentes proporcionados por la Corporación de Fomento y la Confederación de la Producción y del Comercio, analizó diversos aspectos, para demostrar que la apreciación nuestra sobre el rendimiento del impuesto patrimonial es muy inferior a lo que realmente producirá la ley. Pues bien, dejaré este aspecto al señor Ministro de Hacienda, quien, seguramente, dispone de más informaciones que yo para explicar cuáles son los factores que hacen que el criterio con que el Gobierno ha actuado sea absolutamente real, concordante con un análisis científico de todos los elementos de que se dispone en este momento. También en el curso de este debate, para crear ambiente de desconfianza en el país, se ha dicho reiteradamente que factores como los reavalúos de bienes raíces son tan distorsionados, tan alejados de la realidad, que, en verdad, nos encontramos frente a una catástrofe, frente a un "crac" económico. Debemos nosotros a este respecto declarar que la retasación de los bienes raíces de un país es, ciertamente, una tarea extraordinariamente difícil. Se han re-avaluado alrededor de 300 mil propiedades agrícolas y casi un millón de propiedades urbanas, y para hacerlo se han aplicado conceptos universalmente aceptados, con variantes en cada una de las regiones del país, pues han debido tomarse en consideración las características peculiares de todas ellas. En el caso del sector agrícola, ha servido de base el estudio aerofotogramétrico que se hizo de determinados sectores, especialmente en los más ricos, como son los del centro del país, entre Aconcagua y Puerto Montt, y otros correspondientes a los valles transversales en el norte. Ha sido este trabajo de una prolijidad verdaderamente rayana en lo admirable y si, por cierto, contiene algunas injusticias, ellas se deben al error humano, factor que influye precisamente en estas estimaciones. No obstante, el promedio es absolutamente más justo y mejor que lo que había, cuyas diferencias sí que eran abismantes, debido a que esos avalúos existían desde 1955 y estaban en práctica desde 1957. Además, para realizarlos se contrató en aquella época una cantidad de funcionarios de paso por la Administración Pública. El reavalúo que ahora se pretende aplicar, en cambio, ha sido hecho exclusivamente por funcionarios con tradición en esa Administración y con experiencia en la materia. En seguida, se han confeccionado sobre la base de una clasificación de los terrenos -se han distinguido 12 tipos- mediante muestreos en diversas partes del país. Debieron hacerse doce mil muestreos. .. El señor CHADWICK.- Dos mil. No es cierta la información de Su Señoría. El señor PALMA.- ... para comprobar en las diversas partes la realidad de lo que se estaba disponiendo. Aparte lo anterior, en todas las provincias existió la Comisión Mixta Provincial de Reavalúos, y, en este orden de cosas, estamos haciendo un análisis exclusivamente objetivo y no con fines políticos, porque no debe olvidarse que todo esto proviene de la ley Nº 15.021, de 1962, tramitada durante el Gobierno anterior, mandada al Congreso el 8 de mayo, despachada el 9 de noviembre de ese año y puesta en práctica con posterioridad. De manera que, al hacer este análisis, actuamos con la absoluta objetividad de las personas que han procurado conocer si era posible aplicar este avalúo seriamente; si, en realidad, un Gobierno que iba a utilizar los datos proporcionados por otro Gobierno, podía emplearlos con la tranquilidad de conciencia de que no se cometerían injusticias fundamentales. Y así se ha podido comprobar. Todo el proceso de reavalúo ha pasado por diversas etapas. Primero, la Dirección de Impuestos Internos ha hecho su estimación ; después, el estudio ha pasado a la Comisión Mixta Provincial; en seguida, era sometido a la comisión técnica de Impuestos Internos; y, finalmente, todo el estudio era revisado por los asesores de la Presidencia de la República. Los avalúos agrícolas fueron puestos a disposición de todas las sociedades agrícolas del país y sólo, una, la Sociedad Agrícola del Norte, estimó que ellos tenían diferencias sustanciales con los precios comerciales en la zona. Por este motivo y otros más, se realizaron los doce mil muestreos a lo largo de las diversas regiones, lo cual ha permitido determinar que estos avalúos, comparados con cualquier indicador económico, con el alza del costo de la vida, con el índice general de precios, en fin, con cualquier indicador económico, son valores, en el caso de bienes agrícolas y de bienes urbanos, que, como lo demostraré, están por debajo de la realidad. Por lo demás, se está tratando, en estos instantes, de que los avalúos, que son los bienes de las personas que en este país han podido disfrutar de la civilización y de las ventajas de la cultura, respondan a la realidad. Deseo agregar que los avalúos agrícolas -por si algún señor Senador lo ha olvidado- corresponden exclusivamente al casco; de manera que ni las plantaciones, ni los cierros, ni los canales, ni las casas, ni las siembras, ni los animales están incluidos en ellos. Pensar que la declaración patrimonial que afecta a las personas que tienen sus avalúos agrícolas estimados en estos cuadros es exacción, importa tener, en realidad, un criterio verdaderamente extraño en un legislador. Por eso, estoy absolutamente tranquilo en este orden de cosas, después de lo que, en forma amplia, estudiamos sobre esta materia con anterioridad al proyecto de ley, para determinar qué posibilidad podía existir de exigir un impuesto patrimonial que implicara una renta presunta de 8% sobre las propiedades agrícolas, en las condiciones señaladas. También se ha dicho, en especial por parte del Honorable señor Contreras Labarca, que se están cometiendo injusticias en los avalúos de los bienes raíces urbanos y que nosotros estamos imponiendo a los chilenos esfuerzos y sacrificios que éstos no pueden realizar, sobre todo en lo que respecta a la "clase media. Puedo citar aquí casos de personas -no las diviso en la Sala en estos momentos- cuyas propiedades estaban avaluadas en 12 mil escudos, y que ahora, según el nuevo avalúo, valen 150 mil escudos; incluso, comercialmente, tenían un valor superior a éste. Podría citar muchos otros casos, porque en el país esta situación es interminable. Pero como este Gobierno no quiso poner en marcha los avalúos sin tener criterio claro de que no está cometiendo injusticias; sin saber, a ciencia cierta, que el esfuerzo que pediría a los chilenos correspondería a sus posibilidades, contrató, en el mes de enero del año en curso, a una firma internacional dedicada a hacer muestreos. Esta firma, desde la provincia de Valparaíso, pasando por Viña del Mar, hasta la de Llanquihue, terminando en Puerto Montt, hizo un muestreo verdaderamente interesante, de acuerdo con pao-tas internacionales, y que está a disposición de cualquiera de los señores Senadores que deseen leerlo, aunque esté escrito en idioma imperialista... El señor CHADWICK.- Es un anticipo. El señor PALMA.- La verdad es que este estudio, dado a conocer en el mes de abril de 1965, es de la mayor importancia para los efectos de emitir juicio claro sobre lo que se iba a pedir a los chilenos. ¿Qué nos demuestra este estudio? De acuerdo con los antecedentes que él nos proporciona, el promedio del avalúo de cuarenta casas de la comuna de San Miguel, con relación al valor real de la propiedad, era de 75,7%. En Ñuñoa, donde el estudio se practicó en un número cercano a 150 casas, ese promedio era de 84,5%, lo que resultaba muy explicable, pues se trata, en gran parte, de una zona construida recientemente y, por lo tanto, con valores estimables en forma perfectamente clara. En Temuco, era de 74,5% ; y respecto de una zona típica de clase media, como es la casi totalidad de la cuarta comuna de Santiago -sector que se clasifica comúnmente, como "Santiago Oeste"-, el avalúo era, en promedio, equivalente a 50,3% del valor real de la propiedad. De manera que todos estos cuadros comparativos, como el que nos ha dado a conocer el Honorable señor Contreras Labarca, en el cuál nos mostró las tasaciones antiguas comparadas con las nuevas, nada tienen que ver con la realidad actual, pues se trata de estudios elaborados en 1957. Todos sabemos que, desde esa fecha, el dólar ha subido en 700%. Este estudio, por lo contrario, demuestra que existe profundo sentido de justicia en las nuevas tasaciones. Quiero citar, al respecto, diferentes casos de propiedades ubicadas en "Santiago Oeste". Por ejemplo, en la calle Bascuñán, cuadra trece, el valor comercial de una propiedad es de 16 millones de pesos, y el avalúo, de $ 7.500.000; en la calle Libertad, cuadra catorce -a todas las propiedades se asigna la ubicación exacta-, el valor comercial es de $ 7.000.000, y el avalúo, $ 1.900.000; en Mapocho, cuadra 38, el valor de la propiedad -debe ser alguna industria -es de 130 millones de pesos, y el avalúo, de $ 41.650; en Independencia, cuadra cuatro, el valor comercial es de $ 6.800.000, y el avalúo, de $ 5.500.000. Podría seguir analizando casos relacionados con todo el sector de la clase media de Santiago; y podría hacerlo, también, respecto de sectores como Providencia y Viña del Mar, donde, evidentemente, el avalúo es muchísimo más próximo al valor real de la propiedad, que es precisamente lo que se persigue obtener con los nuevos criterios. En realidad, creo que no existe razón para que algunos señores Senadores estén tratando de crear, frente al Gobierno, un ambiente de desconfianza por parte de las personas que constituyen la economía viva del país, aquellos que han sido capaces de ahorrar, de crear y que impulsan hacia adelante la nación. Ellos saben bien que nosotros estamos, en este instante, poniendo en marcha un país que, por diferentes razones, estaba detenido, y que ahora sí empieza a tomar un ritmo definitivo hacia el progreso. En el curso de este debate, se nos ha acusado también de haber tenido, frente al terremoto, actuaciones partidistas. El Honorable señor Bossay lo dijo en las Comisiones y lo repitió en la Sala. A mi juicio, la verdad es que nunca había habido un Gobierno más abierto que éste para abordar problemas que, bien sabemos, afectan a todos los chilenos. Aquí no hubo brigadas como las que fueron a Chillan; aquí no hubo procedimientos de esa especie; aquí todo fue ordenado, claro, y a quien concurrió, se le pidió su cooperación y se le abrieron las posibilidades de actuar. La Honorable señora Campusano, Senadora por Coquimbo, recorrió el sur de esa provincia junto con el gobernador -ella facilitó el vehículo, pues el representante del Gobierno en esa provincia no lo tiene-; el Honorable señor Chadwick, aquí presente, recorrió la zona damnificada, en los primeros días, acompañado por el que habla, ambos Senadores por esa agrupación; el Honorable señor Allende tuvo el agrado de encontrarse con el Presidente Frei en la zona afectada y departir sobre problemas que interesan a la región, en un plano de la mayor amplitud. Es decir, ha habido, en cada uno de los casos, por parte de este Gobierno, una actitud abierta que, frente a este problema, como a los demás, pensamos mantener en forma definitiva. Se nos ha acusado, además, por un señor Senador que vive en el mundo de las consignas, de haber elaborado un proyecto carente de imaginación. En realidad, estimo que el proyecto no es muy imaginativo ni muy distinto de los anteriores. Es una iniciativa legal hecha por chilenos, y nosotros -siempre se ha dicho- somos un pueblo organizado quizás por carecer de imaginación. Yo no sé si esto es cierto. Pero sí sé que se trata de un proyecto en el cual existen disposiciones, criterios, orientaciones nuevos y sentido de justicia social; de una iniciativa progresista, destinada a abordar de manera estable problemas que se han venido sucediendo durante siglos. Por lo tanto, confiamos absolutamente en que la nueva ley producirá resultados mucho más importantes y que van más allá de lo que, simplemente, dice relación a la reconstrucción de la zona afectada. Pensamos, al efecto, que los planes que se desarrollarán en las áreas afectadas por el simo -por ejemplo, en el área del Choapa, zona experimental de desarrollo de una región postergada del país; en la zona del Aconcagua, región experimental de desarrollo de una zona evolucionada del país- en los años próximos darán al país características distintas, que representarán algo de lo que fue el desarrollo de Concepción después del terremoto de 1939, cuando el PresidentePedro Aguirre Cerda tuvo, en parte, el mismo criterio que tiene el actual Gobierno para afrontar el problema. Es posible que este proyecto de ley abunde en defectos formales. Con toda seguridad, requerirá muchas modificaciones. Nosotros reconocemos que adolece de imperfecciones, pues fue elaborado, como todo lo que hace este Gobierno, pensando en medio de la lucha. No obstante, creemos que es perfectamente posible -como lo hacían los judíos en tiempos de Josué: teniendo en una mano la espada, y el arado en la otra- de-dender la libertad, amparar la justicia y crear una nación moderna, que es lo que perseguimos aun cuando abordamos una ley de reconstrucción, porque todas las medidas forman parte de un gran programa que transformará a Chile. He dicho. El señor CHADWICK.- ¡ Así sea. . ! El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, no me referiré en detalle al proyecto mismo, porque él fue extraordinariamente bien explicado en el debate realizado en las Comisiones unidas y, además, apadece fielmente reflejado en el informe. Igualmente, en la sesión de ayer, el Honorable señor Bossay expuso su contenido en forma completa y objetiva. Tampoco puedo hacerme cargo, en el tiempo de que dispongo, de todas y cada una de las observaciones formuladas, tanto con relación al proyecto mismo como a la política general del Ejecutivo. Sin embargo, no puedo dejar pasar algunos comentarios y afirmaciones que inciden, por una parte, en la labor que está desarrollando el Gobierno y, por otra, de manera específica, en el financiamiento que se da al proyecto de reconstrucción. Se ha dicho, y se ha repetido con alguna insistencia, a mi juicio intencionada, que la actual administración no tiene un plan y, al mismo tiempo, se ha expresado, en la sesión de ayer, que en materia de financiamiento sigue una política tradicional. Este es el primer aspecto sobre el cual deseo hacer algunas consideraciones. Este comentario que, como digo, se ha hecho en diversas oportunidades, nos ha llevado, tanto en esta Sala como en foros públicos, a presentar en detalle y debatir en profundidad el plan de desarrollo económico y social del Ejecutivo. Reconozco que, políticamente, no conviene a quienes se oponen al Gobierno aceptar la existencia de un plan; pero, por desgracia para ellos, el país ya se ha formado concepto claro sobre la seriedad de los planteamientos de la actual Administración y la firmeza con que ésta piensa llevarlos a cabo. Y este concepto no se puede destruir con afirmaciones de carácter general o con citas parciales de intervenciones de Ministros y funcionarios. Cuando el Honorable Senado debatió el impuesto al patrimonio, que derivó, finalmente, en un impuesto a la renta presunta, sobre la base de la declaración patrimonial, se planteó la misma observación en el sentido de que se deseaba conocer el plan de desarrollo económico y social del Gobierno. En esa oportunidad, concurrí a las Comisiones unidas y, por espacio de cuatro horas consecutivas, expliqué, en compañía del asesor señor Jorge Ahumada, el plan del Ejecutivo. Aceptamos allí toda clase de comentarios y consultas. Estimo que no es ésta la oportunidad ni dispongo de tiempo para repetir lo que allí dijimos y consta en documentos públicos. En primer lugar, en la exposición que me correspondió hacer ante la Comisión Mixta de Presupuestos, en noviembre del año pasado, diseñé la política por seguir. Quiero expresar que además de ese documento que sintetiza la filosofía del Gobierno y señala sus objetivos principales, se han hecho exposiciones en las cuales se precisan las metas sociales y económicas del plan. Deseo, en esta oportunidad, repetir algunas. Dentro de los propósitos contenidos en el programa del Gobierno, está el de triplicar la tasa histórica de crecimiento que el país ha tenido en el pasado. Para ello se requiere cumplir ciertas condiciones: en primer lugar, habría que duplicar la inversión nacional y aumentar en 70% las exportaciones del país. Pero si se desea un desarrollo equilibrado, es necesario cambiar violentamente, en el período de seis años, la orientación del ahorro y de las inversiones y, en general, de los recursos disponibles para convertir una economía que ha estado dedicada a producir servicios, en una dedicada a producir bienes y. en proporción creciente, bienes de exportación. Esa es la única manera de obtener una economía sana, en equilibrio permanente e independiente, del exterior. Para conseguir lo anterior será necesario que la agricultura triplique su producción; es decir, debe crecer en dicho período en 36%. La minería y la industria manufacturera, en el mismo período, deberán aumentar en 62% y 63% -las cifras que estoy dando se refieren a un período que termina en 1976-; transporte y comunicaciones y construcción, en 56% y 137%, respectivamente. En cambio, los servicios de la Administración y los intermedios no pueden aumentar en más de 19% y 8%, respectivamente. Para trazar las metas recién señaladas en términos globales -porque ellas podrían ser expresadas año a año y sector por sector-, se han diseñado políticas específicas para cada sector. En varias oportunidades, los Ministros de Estado han informado sobre la parte que a ellos corresponde. Sin embargo, es mi deseo dar a conocer, por vía de ejemplo, algunas líneas de desarrollo respecto de las cuales existen proyectos en ejecución y que dan asidero práctico a las observaciones hechas por mí, con el objeto de no ser acusado de nuevo de que el Gobierno está planteando sólo buenos propósitos. Entre las operaciones que ha realizado la CORFO, por ejemplo, entre noviembre de 1964 y junio de 1965, se han otorgado crédito o hecho inversiones directas para proyectos cuya lista tengo a mano, y que significan un ahorro anual de divisas del orden de 7 millones de dólares y un incremento de las exportaciones de 4 millones de dólares. Además, estos proyectos proporcionarán ocupación adicional directa a 900 personas. Cabe destacar, también, la ampliación de la planta IANSA, de Linares, y la construcción de una planta azucarera en Ñuble (estas dos iniciativas ya están en el proceso de compra de equipos y maquinarias), que incrementarán la producción nacional de azúcar en 80 mil toneladas por año, e incorporarán 150 mil hectáreas al cultivo de la betarraga. El señor VON MUHLENBROCK.- ¿Y en Valdivia, señor Ministro? El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Estoy dando a conocer proyectos en ejecución, para que no se me diga que sólo tengo buenos propósitos. Se han concluido los estudios con resultados positivos para el desarrollo de la industria petroquímica. El desarrollo de dicha actividad representará una inversión de 70 millones de componentes importados y un equivalente a 50 millones de dólares de componente local. Ya se ha avanzado -como es natural en un proyecto de esta naturaleza- en parte del financiamiento externo, en lo relativo a la importación de equipos y maquinarias. El financiamiento interno será dado por medio de los recursos con que cuentan la Empresa Nacional de Petróleos y la CORFO y, además, con el aporte de la iniciativa privada. El programa de la industria petroquímica traerá como consecuencia, en el año 1970, un ingreso adicional de 40 millones de dólares, entre exportaciones y ahorro de divisas. Se supone que las ocupaciones directas originadas por medio del desarrollo de esta línea de producción será del orden de mil personas; pero de acuerdo con la experiencia que caracteriza a este tipo de producción, se estima que por cada persona ocupada directamente, se originarán 25 nuevas ocupaciones. O sea, esas mil ocupaciones directas darán origen a 25 mil nuevas ocupaciones en dicho campo. El programa petroquímico significa explotar el gas natural que en la actualidad no se utiliza en Magallanes y dotar a la refinería de los elementos necesarios para emplear los subproductos del petróleo. Otro rubro importante y muy conocido, cuyos detalles tendrá oportunidad de conocer próximamente el Honorable Senado, se refiere a la nueva política del cobre. No entraré en detalles sobre su significado, sino que me referiré solamente a las eventuales derivaciones de esta política. Conviene señalar que estas inversiones generan proyectos subsidiarios cuyos estudios ya se han realizado. Vale destacar aquí la fabricación de ácido sulfúrico a razón de 700 toneladas diarias, mediante el uso de los gases de la fundición de El Teniente. Ello permitirá fabricar abonos fosfatados en el país, que ahora se importan. Ya está terminado el plan de producción de dichos fertilizantes: su costo es de nueve millones de dólares y significa un ahorro anual de divisas de tres millones y medio de dólares. Por otra parte, ya se han concretado los estudios destinados a aumentar la producción de la industria de celulosa. Dicho incremento se estima en 200 mil toneladas al año. Según dichos estudios, la planta se ubicaría en la provincia de Arauco, con el objeto de aprovechar los recursos forestales de esa región y elevar el bajísimo nivel de vida en esa zona del país. Con el mismo propósito de ir en ayuda de las zonas más deprimidas, la ENDESA proyecta tener en funciones el lº de abril de 1969 Una planta termoeléctrica de 100.000 kilowatts en la zona del carbón. que consumirá 200.000 toneladas de carboncillo fino y 70.000 de "schlam". Por otra parte, la CORFO ha dado término al programa frutícola, orientado fundamentalmente a exportar productos de mejor calidad mediante un proceso de selección, embalaje, cubicación y refrigeración, elementos que hacían falta para dar salida a los productos de calidad de nuestros campos. Como rubro de integración de la economía nacional, quiero destacar también que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones tiene un estudio las propuestas para la primera etapa de la instalación de telecomunicaciones entre Arica y Punta Arenas, con lo cual se da a la vida social y económica del país un servicio largamente esperado. Estos son algunos rubros que permiten demostrar, con antecedentes fidedignos, que ya se han puesto en marcha proyectos específicos que dan asidero y validez a los propósitos y objetivos a largo plazo que se ha fijado el Gobierno para su plan de desarrollo económico y social. El señor ALTAMIRANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Ministro? El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Honorable Senador, a todos nos habría gustado formular algunas observaciones cuando otros oradores usaban de la palabra. No quise molestar a los señores Senadores cuando usaban de su tiempo y, pido igual trato para el Ministro que habla. El señor ALLENDE.- ¿De cuánto tiempo dispone el señor Ministro? El señor GARCIA (Presidente).- Hasta las dos de la tarde, señor Senador. El señor ALLENDE.- Estoy preguntando, por intermedio del señor Presidente, por cuanto tiempo usará de la palabra el señor Ministro de Hacienda. Sé que la sesión dura hasta las dos de la tarde. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Creo que puedo terminar antea. El señor ALLENDE.- Siempre ha existido deferencia en este recinto cuando un orador rectifica o alude a algún señor Senador. Por eso, me extraña el procedimiento que ahora se pone en práctica. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Posiblemente termine antes. Por mi parte, no tengo inconveniente en contestar las preguntas que Sus Señorías deseen formular. El señor ALLENDE.- ¡Ese es el problema! El señor CASTRO.- Al parecer, ha habido una perturbación. Ayer se dijo que el señor Ministro usaría de la palabra durante media hora. Se tuvo en cuenta el tiempo que emplearía cada Comité y se dijo que, al final, el señor Ministro hablaría durante media hora y que al término de las observaciones de dicho Secretario de Estado, se votaría; de modo que ese acuerdo no se puede modificar. El señor CHADWICK.- Salvo que la Sala así lo acuerde. El señor CURTI.- Se podría prorrogar la hora. El señor GARCIA (Presidente).- En virtud de los acuerdos adoptados ayer, el señor Ministro hablaría después de que los Comités hicieran uso de su derecho y se votaría a las dos de la tarde, o antes, si terminaba la discusión. En consecuencia, sólo por acuerdo unánime de la Sala podría usar de la palabra otro señor Senador. Puede continuar el señor Ministro. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Como ya lo he hecho presente y lo han manifestado diversos personeros del Gobierno, el Ejecutivo se ha planteado una meta en el aspecto social: nadie ganará menos de un sueldo vital en 1970. Hago presente que en la actualidad el 47% de la masa trabajadora percibe remuneraciones inferiores a esa cifra. Esta política de redistribución de los ingresos, junto con permitir mayor expansión industrial y aumento de producción de lo bienes de consumo interno, creará las condiciones necesarias para terminar, mediante los programas de vivienda, salud y educación, con las poblaciones callampas, la desnutrición y el analfabetismo. Por otra parte, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de los organismos sindicales permitirá a los pobladores y trabajadores una auténtica representación. Esto sirve sólo como un botón de muestra. Un comentario respecto de algunos de los propósitos del Gobierno -repito- me tomaría, tal como sucedió una vez en el Senado, no menos de cuatro horas. También se ha dicho, y no deseo que esa afirmación quede flotando como cierta en la Sala, que no existe una política financiera. Se ha manifestado que las medidas de financiamiento son las tradicionalmente usadas en el país. Esta afirmación me ha dejado, simplemente, asombrado. ¿Cómo se puede desconocer que, por primera vez en Chile, se ha establecido un impuesto patrimonial, bajo la forma de una renta presunta, pero calculada sobre el patrimonio de las personas? Hemos repetido hasta la saciedad quiénes son los que deben pagar este impuesto, pero se ha vuelto a decir que él gravará a los pobres. Me parece que quienes aquí afirman esto tienen un concepto erróneo de lo que son los pobres en Chile. Si consideramos, por ejemplo, que los afectados por el impuesto patrimonial en el todo son 197 mil personas, y suponemos que la población activa del país -me permitiré una licencia para calcular dicha población, pues a ella agrego, en términos económicos, a los rentistas y a los jubilados- asciende aproximadamente a tres millones de personas, observaremos que sólo 6,5% de ella se ve gravada por este impuesto. En otras palabras, 93,5% de la población activa, calculada en dichos términos, no paga el impuesto patrimonial; 93,5% de la población, en la forma en que el Gobierno ha planteado el tributo, tiene un patrimonio inferior a dieciséis mil y tantos escudos. Aquí se olvida que en nuestro país son muchos los pobres y pocos" los ricos, y que aun entre éstos hay quienes viven en forma bastante modesta y, sin embargo, deben contribuir a lograr una real redistribución del ingreso. Ahora, respecto de la cifra indicada, deseo señalar, además, que 77% de los contribuyentes -o sea, 152.500 personas- pagará 16% del impuesto y que, en cambio, 7% de ellos -13 mil personas- contribuirá con 61% del tributo. Yo me pregunto, ¿es éste un impuesto regresivo o que afecta a un sector de bajos ingresos? Estimo que estas cifras son suficientemente reveladoras como para no insistir en ello. Pero daré otras. Resulta que estos tramos finales, que, como señalé, componen 7% de los- contribuyentes, no son más que 0,43% de la población activa del país. Vale decir, el 0,43% de ésta pagará 61% del impuesto al patrimonio. Creo que tales cifras son más que suficientes para indicar que este impuesto no tiene las características que algunos pretenden darle. Por otra parte, las otras modificaciones de carácter tributario que ha introducido el Gobierno, corresponden, básicamente, a una enmienda a la ley de la renta, por la que se reajustan los tributos que se devengan en un año y tributan al siguiente. Dicha medida tiene por objeto dar mayor elasticidad al sistema tributario y que los impuestos sean cancelados con el valor adquisitivo del año en que el Estado los recibe. Esto fue aprobado en la ley 16.250, y constituye otra de las modificaciones importantes. Tampoco tiene carácter tradicional y regresivo. Deseo recordar al Honorable Senado que se trató de establecer esta disposición en varias ocasiones, pero nunca contó con la Por otra parte, quiero dar algunas otras informaciones acerca del impuesto que grava a los bienes raíces, por ejemplo, y, particularmente, a las propiedades agrícolas. Estoy mencionando cifras antiguas en este momento, pues son las que tengo separadas por tramos. Los predios de avalúo inferior a 10 mil escudos suman 260.530 y constituyen el 97% de todos los predios del país. Su valor alcanza a 35% del valor de la tierra, de acuerdo con sus valúos fiscales. En cambio, 8.030 predios, o sea, 2.99% tienen 64,97% del valor de la tierra. ¿Quiénes están pagando la mayor parte del impuesto a los bienes raíces? Debo agregar que 93% de la población activa del país no tiene predios agrícolas, o sea, sólo los tiene el 7% de la población chilena, por pequeños que ellos esan. En consecuencia, de nuevo nos encontramos frente a las grandes restricciones de nuestra economía: el reducido número de quienes poseen algo. La situación de los bienes raíces urbanos no es muy distinta. Los bienes raíces urbanos aavluados en menos de 10 mil escudos ascienden a 566.113, o sea, a ellos les corresponde 94,31% del total, y tienen 55,56% del valor fiscal. Los predios urbanos de más de 10 mil escudos son solamente 34.155, es decir, 5,69%, y tienen 44,44% del valor fiscal. ¿Quiénes pagan el impuesto a los bienes raíces?, me pregunto nuevamente. Tengo conciencia de que hay muchas personas que tienen un bien raíz y viven modestamente, quienes, sin embargo, deberán hacer frente a este impuesto, probablemente con dolor. Pero no puede decirse que este tipo de tributo grave fundamentalmente a los que no tienen o a los sectores de la clase media. Aunque las cifras mencionadas son bastante reveladoras, puedo dar otras. Los predios urbanos suman treinta y cuatro mil. Advierto que no estoy hablan-do de propietarios, puesto que el número de ellos es menor que el de dichos inmuebles. Esa cifra equivale a 21,2% de la población activa. El señor CHADWICK.- El número de predios no equivale al de propietarios. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Por eso he dicho que estoy suponiendo que hubiera un propietario por predio, premisa absolutamente irreal, de modo que el porcentaje es muchísimo más bajo. Como decía, sumado el total de predios y comparándolo con la población activa, alcanza a 21,44%. Ese sería el porcentaje de nuestra población activa que poseería un bien raíz urbano, suponiendo -insisto- que cada predio agrícola o rural tuviera un solo dueño. Sin duda, el porcentaje es mucho más bajo. Ahora, ¿cuántos automóviles hay en ChilEº 64.296. Hay 14 mil automóviles de alquiler; 8.485 "station wagons"; 6.055 furgones; 39.279 camiones. Hay un total de 200.664 vehículos. O sea, 97 % de la población carece de vehículo. Y Guando decimos que se va a gravar a uno de ellos, replican: "Señor, este pobre individuo tiene una casa, un vehículo y unas pocas acciones". Pero resulta que ese pobre individuo es un privilegiado. Por cierto que no vive bien, pero es un privilegio, en términos nacionales. El señor CHADWICK.- El cálculo sería correcto, si se tratara de una persona soltera o de un matrimonio sin hijos... El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- No compliquemos el problema, pues las cifras son tan absolutamente claras, que nada se obtiene agregando hijos o hablando de personas solteras. El señor CHADWICK.- ... pues son bienes familiares. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- El problema es de gran evidencia, pues en nuestro país existe un número muy limitado de personas que pueden disfrutar de los bienes. En consecuencia, existe una cantidad muy grande de personas que nada tienen. Cuando debemos buscar financiamiento -a mí me corresponde hacerlo, como Ministro de Hacienda- para un proyecto de reconstrucción o para programas de desarrollo económico y social, nos enfrentamos a esta cruda realidad. Vemos que alrededor de nosotros y de cualquiera de los señores Senadores, se encuentran privilegiados, en términos nacionales, y que desconocemos al 95% de la población que nada tiene. Estimo muy útiles estos antecedentes, pues debemos examinar con claridad la dimensión en que nos estamos moviendo y las restricciones de nuestro desarrollo económico y social. Deseo dar una última información, que también es útil. De acuerdo con los antecedentes obtenidos en los roles anuales de renta del año 1964, las sociedades de personas que declararon alcanzan a 9.480, y los socios que tienen participación en esas empresas industriales, comerciales y mineras, suman 24.'500. Estos socios representan 0,88% del total de la población activa del país. O sea, 99% de la población en Chile no participa en ninguna sociedad de personas. En consecuencia, enfocado el problema desde distintos ángulos, nos encontramos con que, para disponer de recursos nacionales destinados a promover nuestro desarrollo, necesariamente debemos recurrir a este 5 ó 10% de la población que algo tiene. Con lo anterior, creo haber demostrado, en forma más o menos clara y precisa, que el proyecto en debate y su financiamiento son de carácter progresivo y directo y afecta exclusivamente a los sectores de la población que algo poseen, y que, en consecuencia, algo pueden dar para obtener el bienestar del resto y reconstruir lo destruido en la zona afectada por el sismo. ¿ A qué hora debo terminar mi intervención, señor Presidente ? El señor GARCIA (Presidente).- Antes de las 14, señor Ministro. El señor CASTRO.- Creo que el discurso del señor Ministro debería terminar a la una y media. El señor VON MÜHLENBROCK.- El señor Ministro debería disponer de todo el tiempo, que necesite. El señor CASTRO.- Por lo menos, cuando yo presté mi aprobación al acuerdo,... El señor CHADWICK.- Nosotros no tenemos inconveniente en dar más tiempo al señor Ministro. El señor ALTAMIRANO.- Si concede interrupciones, mejor aún. El señor CASTRO.- . . . fue en el bien entendido de que los oradores que aún no habían hecho uso de la palabra dispondrían de una hora. Consultado el señor Ministro -fíjense bien, señores Senadores- sobre cuánto tiempo necesitaría, respondió que le bastaba media hora. Nosotros estamos procediendo en ese entendido: que el señor Ministro ocuparía media hora y terminaba el debate. El señor SEPULVEDA.- El señor Ministro calculó mal él tiempo, pues la materia da para mucho más. No es conveniente limitar el tiempo del señor Ministro. El señor CASTRO.- Dará, pero el acuerdo es otro. El señor ALTAMIRANO.- Por nuestra parte, no hay inconveniente. El señor GARCIA (Presidente).- El acuerdo de los Comités -repito- fue clarísimo: cada Comité dispondría de una hora y el señor Ministro podría ocupar el resto del tiempo. Nunca dijo que ocuparía exactamente treinta minutos, sino que aproximadamente media hora. Ahora solicita se le permita continuar sus observaciones por más de media hora. Puede continuar el señor Ministro. El señor CASTRO.- En el bien entendido de que, terminando el señor Ministro, votaremos de inmediato. El señor GARCIA (Presidente).- Es To que corresponde hacer. En caso de formularse petición en contrario, tendría que recabar el asentimiento de la Sala. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- También se ha hecho la observación de que el Gobierno no tiene una orientación en lo que a política crediticia se refiere. Esto, a raíz de una observación que hice en las Comisiones unidas. Es posible que el Gobierno no tenga resueltos todos los problemas en todos sus aspectos, al cabo de sólo siete meses de haber asumido el poder. Sin embargo, deseo dar a conocer algunas medidas que administrativamente se han adoptado en materia de créditos. Por ejemplo, se ha abierto un nuevo sistema de créditos denominado "línea de créditos según presupuestos de caja", que está operando ya, en algunos casos, en el Banco del Estado. Además, existen veinte casos para ser considerados. ¿En qué consiste este nuevo sistema? Consiste, básicamente, en que las empresas deben elaborar una proyección completa de sus ingresos y gastos para períodos de un año y trimestralmente revisables. En tal proyección de caja deben consignarse cuáles son los recursos financieros que necesitarían esas empresas para llegar a determinado volumen de producción y a determinado precio. De manera que esto provoca efectos que es de extraordinaria importancia destacar: primero, un ordenamiento financiero del país. Ha tomado tiempo llevarlo adelante, porque no es fácil hacer una proyección financiera para instituciones que nunca han estado acostumbradas a hacerla; segundo, otorga seguridades de crédito y, al cabo de un año, pensamos que por lo menos ahorraremos un tercio del crédito que se está otorgando en beneficio de una mejor redistribución y utilización de él mediante el mecanismo de los presupuestos de caja. -Además, se ha establecido el sistema de créditos controlados para dar acceso a él a sectores que nunca lo han tenido. Esta es otra de las características de nuestra organización social: quienes carecen de medios, carecen también de la posibilidad de llegar a aquellas fuentes que normalmente son la base de financiamiento de quienes tienen medios. Por otra parte, se ha establecido el sistema de redescuento selectivo del Banco Central, para orientar el crédito a fines de más alta prioridad. Esto operará mediante el aumento de la proporción de letras de producción que los bancos deben mantener en cartera. Asimismo, hemos instituido préstamos especiales para centralas de compra, con el fin de racionalizar el pequeño comercio y lograr, mediante acuerdo, reducción en los precios directos al consumidor. Además, el Gobierno ha puesto término a las autorizaciones automáticas para la ayuda de encaje a los bancos, lo que hace posible el control monetario nacional, y ha suprimido los sobregiros para reemplazarlos por créditos pactados de antemano. Esto, con el objeto de conocer la orientación del crédito y redistribuir el mismo con objetivos de la producción. Igualmente, hemos terminado con las operaciones directas del Banco Central de descuento de letras al público y las hemos reemplazado por un redescuento selectivo. Estas son algunas medidas puestas en práctica. Es evidente que no pensamos que con ellos se pondrá término a la política crediticia que continuará desarrollando el Gobierno. El Congreso tendrá oportunidad de conocer nuevas disposiciones sobre la materia. Por otra parte, cuando sea factible adoptar medidas administrativas, las llevaremos a cabo a medida que el tiempo avance. Deseo hacerme cargo, ahora, de las observaciones formuladas acerca del finan-ciamiento del proyecto, hechas no ya desde el punto de vista cualitativo, sino del cuantitativo. El Honorable señor Bossay expresó en su exposción, que la estimación que los organismos oficiales han hecho acerca de la disminución de ingresos que se produce por las modificaciones introducidas por las Comisiones, era del orden de los 57 millones de escudos. Efectivamente, nuestro cálculo indicaría que el total aproximado del proyecto de 201 millones de escudos bajaría en 57 millones, suma que se resta a las posibilidades de la reconstrucción. En consecuencia, sólo quedarían 43 millones para destinarlos a ese objeto, en lugar de cien millones. Ello significaría, además, la casi paralización de la obra iniciada este año, por cuanto lo primero que hay que hacer con estos recursos es reponer lo gastado con cargo al 2% constitucional, que no tiene financiamiento y devolver a las instituciones públicas los recursos normales que han debido orientar hacia la zona del sismo en la esperanza de que se les iban a reintegrar una vez despachado el proyecto en debate. Reconozco -y es posible comprobarlo a través del informe de las Comisiones unidas- que las observaciones de su presidente son de la más absoluta buena fe. El Honorable señor Bossay ha dicho que no tendría ningún inconveniente en reconocer que él o yo es el equivocado. En consecuencia, lo que tiene importancia en este momento es dar a conocer todos los elementos de juicio, con el objeto de ponernos de acuerdo en los términos y en las cifras con que estamos trabajando. Las informaciones que proporcionó el presidente de las Comisiones unidas en la sesión de ayer, estaban fundadas en cálculos de la Confederación de la Producción y de! Comercio. Ayer pedí esos datos y puedo decir que están hechos exclusivamente sobre la base de informaciones provenientes de la Corporación de Fomento de la Producción, respecto del cálculo del capital fijo. ¿Qué sucede al comparar esas informaciones? Al hacerlo me basaré en los cálculos de la CORFO, por ser ésta la fuente de información, y veremos que será igual que sumar peras con manzanas. La estimación del capital fijo, desde el punto de vista económico, se hace con el objeto de determinar cuál es la inversión que el país debe realizar para reponer el capital que tiene. O sea, se calcula el capital fijo sobre el avalúo de la reposición de los bienes existentes. Este cálculo lo hizo la CORFO en 1960 y lo ha actualizado para 1965, corrigiéndolo en función de los precios y de las inversiones anuales. Así se llega a una estimación total, para 1965, de 63 mil 672 millones de escudos. Aquí están incluidos tanto el capital privado como el público. Dentro de los cálculos hechos en 1960, se comprobó que el capital fijo se divide en 55% de capital del sector privado y en 45% en capitel del sector público, donde están los caminos, puertos, ferrocarriles, edificios públicos, etcétera. Pero para los efectos de la estimación del impuesto patrimonial no nos interesa el valor de reposición, ni tampoco el avalúo comercial, puesto que lo único que puede tomarse en consideración es el valor de los balances que las diferentes empresas han presentado a la Dirección General de Impuestos Internos, o a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, en su caso. He aquí, nuevamente, dos correcciones: Sólo para el balance, en el caso de sociedades de personas, se estima el capital propio. O sea, se descuenta del activo inmovilizado y no realizable, su pasivo. En los cálculos efectuados por la COR-FO no se utilizó este procedimiento; sólo se tomó el activo inmovilizado y no se consideró el activo realizable ni se descontó el pasivo, de manera que no hay posibilidad concreta de comparación. En el caso de las sociedades anónimas, para calcular el capital fijo nuevamente se consideró el activo inmovilizado, en circunstancias de que lo que se debe considerar para computar el patrimonio afecto a impuesto es el valor de las acciones, el cual no está de acuerdo con el capital propio ni con el valor del activo inmovilizado estimado en su valor comercial. De manera que el proyecto establece términos muy precisos para el efecto de calcular los capitales declarados. En el caso de las sociedades anónimas, se considera el valor de las acciones al 31 de octubre de 1964, que normalmente no corresponde al capital de las empresas ni al valor activo inmovilizado, sino -repito- al valor de las acciones en esa fecha. El señor TARUD.- ¿ Con qué índice se cotizaron ? El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Con el valor del mercado. El señor TARUD.- ¿Y las que no van al mercado, con qué norma? El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Con la norma que da la Superintendencia de Sociedades Anónimas se determina el valor de aquellas que no van al mercado. Para ello se basa en los precios consignados en los libros y en las cotizaciones de las similares que estén en el mercado. Por lo tanto, las cifras de la Confederación de la Producción y del Comercio, basadas en antecedentes proporcionados por la CORFO para determinar el valor del capital fijo nacional, no nos sirven, porque no cuentan algunas cosas que se deben contar en la evaluación de la declaración patrimonial. En efecto, no contabilizan, dentro del capital fijo nacional, las tierras; se contabilizan las viviendas, pero no el casco ni el sitio en que están ubicadas. Eso habría que agregarlo a los valores que da la CORFO y, al mismo tiempo, habría que descontar una serie de elementos que constituyen la declaración patrimonial y que están considerados en las cifras de la CORFO. ¿Cuáles han sido nuestras bases de cálculos? Ellas han considerado en asignarle cierto valor, de acuerdo con la declaración de los balances, que constituyen aproximadamente el 90 ó 95% del valor total de las sociedades anónimas, en 1963. Se ha agregado un coeficiente de aumento por las inversiones de las sociedades anónimas y otro por el alza de precios, ambos más o menos conocidos, con el fin de actualizar los valores de 1963 y ponerlos a nivel de 1964. Determinados los valores de las sociedades anónimas, se ha supuesto que las acciones representan un porcentaje del valor de su capital propio, y eso es lo que se ha considerado que se va a declarar. Esto se ha hecho sobre la base de una muestra de 25 sociedades anónimas, las más importantes. En consecuencia, ese porcentaje aun es abultado y debe ser menor, porque es probable que las sociedades anónimas de menos importancia tengan un menor valor de cotización en la bolsa. En mi opinión, esa cantidad, en lugar de subir, debe bajar. El capital de las sociedades colectivas, de acuerdo con el artículo 2º, letra b), número 3, y artículo 2º, último inciso de la ley 16.250, se calculó sobre la base de las declaraciones a Impuestos Internos, de conformidad con los balances de las distintas sociedades. Este cálculo arroja para la evaluación de 1964 -no se tenían antecedentes de ese año, sino de los anteriores- 2.435.600.000 escudos. Además, se evaluó el capital de la mediana minería en los términos dispuestos por el artículo 2º, letra b), número 3, y el artículo 3º en su inciso segundo. Estos datos se han sacado de una muestra equivalente al 75% de este tipo de empresas. En seguida, se consideraron los camiones fleteros, descontando todos aquellos pertenecientes a empresas, ya que están considerados dentro de ellas. Sólo se consideran los que se dedican a fletes por cuenta propia. De acuerdo con una valoración del Departamento de Compraventas, se obtuvo, como valor medio, la cantidad de once mil escudos y un total de 13.570 camiones. A continuación, figuran los automóviles y demás vehículos afectos, obteniéndose los respectivos valores. En cuanto a los bienes raíces, de acuerdo con los antecedentes que yo mismo proporcioné, se supone que el nuevo avalúo de los mismos estará en aplicación a la fecha en que deban hacerse las declaraciones correspondientes al impuesto patrimonial. Todas estas cifras dan, respecto del patrimonio, un total aproximado de 18 millones de escudos. De esa suma, hay que descontar los préstamos hipotecarios concedidos por la CORVI o por las asociaciones de ahorro y préstamo; el patrimonio de las personas no afectas al impuesto; el valor de los autobuses y taxibuses materialmente manejados por sus dueños; los camiones fleteros manejados materialmente por sus propietarios; los automóviles de alquiler, y el capital de las empresas extranjeras. La suma de estas deducciones reduce el patrimonio gravable a unos 15 mil millones de escudos, aproximadamente. Tales son las cifras de que disponemos. Esperó; que durante el segundo informe habrá oportunidad para conversar sobre este tema con los señores Senadores y examinar la validez de esos datos y corregirlos, si ellos fueren erróneos. Por último, declaro que nada sería más de mi agrado que el Honorable señor Bossay estuviera en lo cierto al afirmar que los ingresos por obtener mediante la aplicación de esta ley llegarán a 400 millones de escudos, en lugar de los 140 y tantos millones calculados por nosotros. La experiencia recogida durante los años que serví el cargo de Director del Presupuesto me ha confirmado que, sistemáticamente, las estimaciones del Ejecutivo sobre asuntos tributarios difieren dé las hechas por el Congreso. Las primeras fueron cautas y las otras más optimistas. La consecuencia de ello fue que en muchas oportunidades varias leyes fueron despachadas sin financiamiento adecuado. En una sesión en que se discutía el proyecto sobre reforma tributaria, en 1963, el propio Honorable señor Bossay expresaba y sugería al Senado una enmienda a la escala propuesta, la cual no fue finalmente aprobada. Dijo que, en lugar de partir de una tasa mínima de 10% y llegar a una máxima de 60%, debería empezarse por una tasa mínima de 3% y finalizar la escala en 50% . Sostuvo en esa oportunidad que los ingresos adicionales que se obtendrían serían de 50 millones, 60 millones ó 70 millones de escudos. Terminó su intervención dicho señor Senador con una frase que deseo recordar: "Sabemos lo que despachamos y la historia nos dirá, en un año más, cuando se aprecien los resultados, quién tenía la razón". La verdad es que se cumplió, con la escala que el Ejecutivo propuso, exactamente el mayor financiamiento asignado en esa época, ascendente a 25 millones de escudos, y no se obtuvieron, ni aun con esta escala más alta, los 50 millones, 60 millones ó 70 millones de escudos. Me asiste el convencimiento de que nos pondremos de acuerdo con el Honorable señor Bossay, por cuanto reconozco en él un alto espíritu y lo sé empeñado más que nadie en que los recursos para la reconstrucción sean suficientes para tal objeto. Nada más debo agregar, sino expresar mis agradecimientos al Senado. El señor BOSSAY.- Basaré mis observaciones en los antecedentes proporcionados por el señor Ministro, pero antes haré un breve recuerdo. Hace ciento veinte días, en esta Sala, el señor Ministro dijo, al referirse a este mismo tipo de impuestos: "El Ejecutivo no podría basarse en otras cifras que las declaradas para los efectos de la computación de Impuestos Internos". Hasta ayer -repitiendo algunas palabras de mi exposición-, nosotros no habíamos podido conseguir datos oficiales. Al leer el debate íntegro de la sesión celebrada el 16 de febrero, en la cual se trató esta materia e intervinieron el señor Ministro y los Senadores señores Larraín, Vial, Corbalán y Wachholtz, comprobamos que el Ejecutivo, por primera vez, nos enunció en forma detallada sus puntos de vista. Como no habíamos podido obtener que las oficinas públicas nos facilitaran antecedentes precisos -di el nombre de un funcionario de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República que no nos entregó los datos solicitados, y que recabamos también de varias reparticiones públicas, dependientes casi todas ellas del Ministerio de Hacienda-, hubimos de fundar nuestras apreciaciones en los que ya poseíamos, consistentes en la reactualización de las cifras correspondientes al capital nacional estimado por la Corporación de Fomento de la Producción. En dicho cálculo fueron deducidos los valores correspondientes al sector público, de tal forma que se refieren estrictamente al sector privado. Como, por desgracia -repito-, carecimos de datos oficiales, me remití a los mencionados, cuya reactualización fue hecha por organismos privados de la industria y del comercio. Los antecedentes oficiales de que ahora dispongo emanan de Impuestos Internos. Los recibí minutos después de mi intervención. Ellos confirman, casi en todo, lo dicho por mí de manera tan general, por las razones que expliqué. Concretamente, se trata de datos enviados en forma oficial por la Subdirección de Estudios del Departamento de Estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos a la Oficina de Informaciones del Senado. Los antecedentes en referencia, por desgracia, no son completos. Admito que puedan no serlo. Muchas de las personas afectas a los nuevos tributos -como lo he comprobado en conversaciones sostenidas en los pasillos-, por lo común, entenderán muy poco lo que aquí hablamos y les causarán confusión algunos de nuestros planteamientos. En verdad -y en este sentido concuerdo con el señor Ministro-, este tipo de tributos rompe una tradición y una estructura de nuestra legislación impositiva; de allí que las estadísticas no puedan ser completas al respecto. Me basaré en los datos proporcionados por Impuestos Internos para decir qué le falta a estas estadísticas. No es novedad para el señor Ministro y mucho menos para los Parlamentarios interesados en esta clase de estudios, que todo el capital nacional estará afecto a este impuesto, salvo en lo que respecta a la parte exenta- nueve sueldos vitales anuales, como propone el Ejecutivo, o doce sueldos vitales anuales, como sugieren las Comisiones-, más la situación específica planteada por el Honorable señor Contreras Labarca, a la cual ya me he referido en el informe, y que dice relación al déficit que, según el Ejecutivo existe en cuanto al financiamiento del proyecto. La verdad es que el cálculo hecho no considera los bienes exentos, los cuales deben ser tenidos en cuenta para este nuevo tipo de tributación. En otras palabras, para algunos habrá exenciones en cuanto al pago de los impuestos de categorías o del global complementario; pero en lo que la ley estime como capital, en lo que debe ser establecido como patrimonio sujeto a tributación, se incorporarán la pesca y a una parte importante de la minería nacional. No serán incorporadas, por razones de otro orden, algunas actividades ahora amparadas por nomas de excepción, posiblemente los bosques, y otras. En verdad, las estadísticas oficiales que comento no mencionan dos importantísimos rubros. En primer lugar no se consideran los bienes inmovilizados, conforme a la reforma tributaria, entre los cuales se comprenden, sin duda, las instalaciones y maquinarias adheridas al suelo. Respecto de ellos, ya la Corporación de Fomento de la Producción, coincidiendo con Industrias Fabriles, los estimó, en conjunto, en un valor total de 9.499 millones de escudos. En otras palabras, para determinar el valor correspondiente sólo a las maquinarias, habría que restar el valor de los edificios y de otro tipo de instalaciones. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- El valor de reposición. El señor BOSSAY.- Indudablemente, de acuerdo con los datos de la CORFO. Pero yo sustento ahora mi tesis en los datos proporcionados por Impuestos Internos. Hago abstracción de los antecedentes que di ayer, los únicos de que se disponía y que no emanan de fuentes oficiales. Mi gran queja y formal reclamo, como presidente de una Comisión del Senado, la cual debe estudiar sobre la base de datos ciertos, se refiere a la información pequeña e insuficiente recibida por las Comisiones unidas. Necesitamos analizar las afirmaciones que el señor Ministro acaba de hacer ahora públicamente y confrontarlas en presencia de los funcionarios que se estime conveniente invitar, para resolver, en definitiva, el problema que nos ocupa. Para resumir, diré que Impuestos Internos tasa en 24.497 millones de escudos los bienes nacionales afectos. Por concepto de bienes exentos, habría que rebajar 2.500 millones de escudos. Reconozco -y también en esto coincido con el señor Ministro- que Impuestos Internos calcula el avalúo actual con reajuste de 38,5% sobre los bienes raíces no agrícolas, lo que representa, en forma aproximada, 75% del total de 9.375 millones de escudos: 3.610 millones de escudos. Si agregamos lo que falta por concepto de bienes inmovilizados; si consideramos que los bienes hasta ahora exentos deberán considerarse para calcular el 8% de la renta mínima presunta en la declaración patrimonial y tenemos en cuenta que respecto de ellos deberá jugar el término medio de 30%, la verdad es que... El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- El término medio es de 16% y 15%, respectivamente, según se consideren exentos nueve sueldos vitales anuales o doce sueldos vitales anuales. El señor BOSSAY.- Eso está en contradicción con la información del propio señor Ministro, y que consta impresa en el informe. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- 16%' es el porcentaje que señalé en las Comisiones, y añadí que éste sería de 15% si la exención fuera de doce sueldos vitales. El señor BOSSAY.- Si el señor Ministro desea encontrar la explicación, verá que el artículo correspondiente dice que será de 25% a 35%. El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Es un porcentaje teórico. Su Señoría dice que los porcentajes van de 25% a 35%, pero como hay exenciones, la tasa que se aplica, en promedio, es de 16% si la exención es de nueve vitales anuales, y de 15%, si ésta es de doce vitales. El señor BOSSAY.- Considerando las mismas exenciones, y esa proporción muy pequeña, de 7%, a que aludió el señor Ministro, resulta la cifra indicada por Su Señoría en las Comisiones, de la cual hay constancia en el informe impreso sometido a conocimiento de la Sala. Por lo tatito, quiero puntualizar, señor Ministro, en el minuto que me queda,... El señor GARCIA (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor BOSSAY.- ...primero, que existen datos oficiales que discutiremos en las Comisiones, y que se acercan mucho a los que oficialmente he dado ayer, y que hube de dar teniendo en cuenta las únicas informaciones de que disponíamos entonces; segundo, respecto de la aseveración acerca de la reforma tributaria que hizo el señor Ministro y que se refiere al resultado de la escala en que yo me basé, quiero señalar que, según consta en la página 94 del informe, el señor Molina sostiene que, en tal forma, el impuesto global complementario afecta hoy a más de 164.000 contribuyentes; o sea, ha habido un aumento de 24%. En consecuencia, no estaba yo tan equivocado, señor Ministro. El señor CASTRO.- Reclamo de la hora, señor Presidente. El señor GARCIA (Presidente).- Se ha reclamado de la hora. Terminada la discusión general del proyecto. En votación. Si a la Sala le parece, se aprobará por unanimidad. Aprobado. Se va a dar cuenta de una indicación. El señor FIGUEROA (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una indicación para publicar "in extenso" el debate sobre este proyecto. El señor CASTRO.- No hay acuerdo. El señor GARCIA (Presidente).- No hay acuerdo. "
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