REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL LEGISLATURA ORDINARIA Sesión 25ª, en miércoles 21 de julio de 1965. Ordinaria. (De 16.14 a 20.00). PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOMAS REYES VICUÑA Y DEL VICEPRESIDENTE, SEÑOR JOSE GARCIA GONZALEZ. SECRETARIOS LOS SEÑORES PELAGIO FIGUEROA TORO Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR FEDERICO WALKER LETELIER. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESION III.- TRAMITACION DE ACTAS IV.- LECTURA DE LA CUENTA Proyecto sobre jornada de empleados bancarios. Preferencia Juramento de funcionarios del Senado V.- ORDEN DEL DIA: Proyecto sobre préstamo a imponentes de instituciones de previsión de O'Higgins. Se rechaza 1565 Proyecto de acuerdo sobre enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas. Se aprueba 1565 Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio de Proscripción de Pruebas Nucleares. Se aprueba 1566 Proyecto sobre rebaja de la edad de jubilación de obreros varones. Se aprueba en general 1566 Observaciones al proyecto sobre normas para la reconstrucción.Queda pendiente 1583 Anexos. ACTAS APROBADAS: Sesiones 17ª y 18º, en 7 y 8 de julio de 1965 1607 DOCUMENTOS: 1.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre normas para la reconstrucción 1623 2.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en las observaciones al proyecto sobre amnistía para personas procesadas o condenadas por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado 1624 3.- Nuevo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto sobre franquicias tributarias para bienes donados a la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos, de Valparaíso 1626 4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto sobre franquicias de internación para elementos audiovisuales destinados a la Universidad de Chile 1627 5.- Informe de la Comisión de Educación Pública recaído en el proyecto sobre donación de predio del Servicio Nacional de Salud, ubicado en Curanilahue 1628 6.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto sobre donación de predio del Servicio Nacional de Salud, ubicado en Curanilahue 1631 7.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto sobre facilidades a empleadas particulares para amamantar a sus hijos en horas de trabajo 1631 8.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto sobre jornada de empleados bancarios 1632 9.- Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización recaído en el proyecto sobre transferencia de inmueble fiscal al Centro Social y Deportivo Reservistas de Chile, de Talca 1633 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA Asistieron los señores; Aguirre D., Humberto; Ahumada, Kermes; Alessandri, Fernando; Altamirano, Carlos; Allende, Salvador; Ampuero, Raúl; Aylwin Patricio; Bossay, Luis; Bulnes, Francisco; Castro, Baltazar; Contreras, Carlos; Contreras, Víctor; Curtí, Enrique; Chadwick, Tomás; Durán, Julio; Ferrando, Ricardo; Foncea, José; Fuentealba, Renán; García, José; Gómez, Jonás; González M., Exequiel; Gormaz, Raúl; Ibáñez, Pedro; Jaramillo, Armando; Juliet, Raúl; Luengo, Luis F.; Maurás, Juan L.; Musalem, José; Noemi, Alejandro; Pablo, Tomás; Palma, Ignacio; Prado, Benjamín; Reyes, Tomás; Sepúlveda, Sergio; Tarud, Rafael y; Teitelboim, Volodia. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Federico Walker Letelier. II.- APERTURA DE LA SESION. -Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 18 señores Senadores. El señor REYES (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor REYES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 17ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 18ª, especial (de 11 a 13.30 horas), en 7 y 8 del actual, respectivamente, que no han sido observadas. (Véanse las actas aprobadas en los Anexos). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor REYES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios. Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien aprobar las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de marzo del presente año. (Véase en los Anexos, documento 1). El señor REYES (Presidente).- Solicito el acuerdo de los Comités para eximir del trámite de Comisión y tratar en esta sesión, el veto de que se ha dado cuenta. El señor BOSSAY.- ¿Hay ejemplares de dicho veto? El señor REYES (Presidente).- Adoptado el acuerdo que propongo, se repartiría el texto del veto a los señores Senadores. El señor CHADWICK.- No hay acuerdo. El señor REYES (Presidente).- Por haber oposición, el veto pasa a las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas. El señor PROSECRETARIO.- Uno del señor Ministro de Educación Pública y otro del señor Contralor General de la República, con los cuales dan respuesta a peticiones formuladas por el Honorable Senador señor Contreras Tapia. -Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes. Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que concede amnistía a las personas que hayan sido condenadas o se encuentren actualmente procesadas por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. (Véase en los Anexos, documento 2). Nuevo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que libera de grávemenes a los bienes legados por doña Sara Luisa Alarcón, al Club Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos, de Valparaíso. (Véase en los Anexos, documento 3). Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que faculta a la Universidad de Chile para internar al país los equipos, materiales y elementos necesarios para la renovación, mantención y ampliación de sus Servicios audiovisuales. (Véase en los Anexos, documento 4). Uno de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el Mensaje del Ejecutivo, en que solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de Vicealmirante al Contralmirante señor Hernán Searle Bunster. Uno de la Comisión de Educación Pública y otro de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Servicio Nacional de Salud para transferir al Ministerio de Educación Pública un predio ubicado en Curanilahue, para construir una Escuela Agrícola. (Véanse en los Anexos, documentos 5 y 6). Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en los siguientes proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados; 1) El que modifica el artículo 162 del Código del Trabajo, con el objeto de hacer extensivas a las empleadas particulares las facilidades necesarias para amamantar a sus hijos durante horas de trabajo. (Véase en los Anexos, documento 7), y 2) El que modifica el D.F.L. Nº 252, de 1960, en lo relativo al funcionamiento de Instituciones Bancarias. (Véase en los Anexos, documento 8). Uno de la Comisión de Agricultura y Colonización, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza la transferencia gratuita al Centro Social y Deportivo "Reservistas de Chile", de Talca, de un inmueble fiscal ubicado en dicha ciudad. (Véase en los Anexos, documento 9). Trece de la Comisión de Asuntos de Gracia, recaídos en los siguientes asuntos: 1) Observaciones del Ejecutivo en segundo trámite constitucional: Meléndez viuda de Méndez, Teresa. 2) Observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional: Arias San Martín, Amelia Bravo Alviña, José Cavada Lawrys viuda de Marín, Hortensia Contreras Figueroa, Lidia, y Rivera viuda de Olmedo, Rosa. 3) Mociones: Campos Villar, Pedro Jara Robles, Alberto Luna Campos, Alfredo Pérez Zambra, Alfredo, y Préndez Mancilla, Manuel. 4) Solicitudes: Novoa Fuentes, José M. y Valdés Aldunate, Gloria. -Quedan para tabla. Mociones. Cuatro de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia, Pablo y Puente- alba, con las que inician igual número de proyectos de ley que benefician, por gracia, a don Filoromo Antonio Vásquez, a don Fernando León Villavicencio y a doña Elena Saavedra Díaz de Veloso y a doña Cristina Riesco Errázuriz, respectivamente. -Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia. PERMISO CONSTITUCIONAL. El Honorable Senador señor Luengo solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días. -Por acuerdo de la Sala se accede a lo solicitado. JORNADA DE EMPLEADOS BANCARIOS. PREFERENCIA. El señor MUSALEM.- Agradeceré a la Mesa tenga a bien recabar el acuerdo de la Sala para tratar en el Orden del Día de esta sesión el proyecto que fija en cinco días a la semana la jornada de los empleados bancarios. El informe fue despachado ayer por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. El señor REYES (Presidente).- Me informa el señor Secretario que se requiere de la unanimidad de los Comités para proceder en la forma solicitada por Su Señoría, y en este momento no están todos presentes en la Sala. El señor MUSALEM.- Ruego a Su Señoría solicitar el acuerdo de ellos en el momento oportuno. El señor REYES (Presidente).- Así se procederá. JURAMENTO O PROMESA DE FUNCIONARIOS DE LA REDACCION DE SESIONES. -Prestan el juramento o promesa de estilo los funcionarios de la Redacción de Sesiones señores Manuel Ocaña Vergara, Hernán Villegas Herrera y Fernando García Huidobro Ortúzar. V.- ORDEN DEL DIA. PRESTAMO A IMPONENTES DE INSTITUCIONES DE PREVISION DE O'HIGGINS El señor FIGUEROA (Secretario).- En el primer lugar del Orden del Día figura el nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre autorización a las instituciones de previsión para otorgar un préstamo especial a sus imponentes de la provincia de O'Higgins. Este proyecto, que la Comisión propone aprobar con las modificaciones que señala en su informe, quedó para segunda discusión. -El proyecto figura en el volumen I de la legislatura 294ª, (mayo a septiembre de 1964), página 433. Los informes aparecen en los Anexos de las sesiones 33º, y 22ª, en 7 de abril y 13 de julio de 1965, documentos Nºs. 4 y 3, páginas 1931 y 1439. -Se rechaza en general el proyecto (13 votos por le negativa, 8 por la afirmativa, una abstención y 2 pareos). ENMIENDAS A LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba las enmiendas introducidas a la Carta de las Naciones Unidas, por la Asamblea General, el 17 de diciembre de 1963. La Comisión, con la abstención de los Honorables señores Castro y Teitelboim, recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos en que viene redactado de la Cámara de Diputados. Suscriben el informe los Honorables señores Juliet, Presidente, Castro, Sepúlveda y Teitelboim. -El proyecto de acuerdo y el informe figuran en los Anexos de las sesiones 17ª y 24ª, en 3 de febrero y 20 de julio de 1965, documento Nº 6, páginas 1038 y 1547. -Se aprueba. CONVENIO DE PROSCRIPCION DE PRUEBAS NUCLEARES. El señor FIGUEROA (Secretario).- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba la adhesión de Chile al Convenio de Proscripción de Pruebas Nucleares, suscrito en Moscú el 5 de agosto de 1963. La Comisión, por unanimidad de sus miembros, los Honorables señores Juliet (Presidente), Castro, Fuentealba, Sepúlveda y Teitelboim, recomienda aprobarlo en los mismos términos en, que lo hizo la Cámara de Diputados. -El proyecto de acuerdo figura en los Anexos de las sesiones 17ª' y 24ª, en 3 de febrero y 20 de julio de 1965, documentos Nºs. o y 7, páginas 1037 y 1550. -Se aprueba. REBAJA A 60 AÑOS DE LA EDAD DE JUBILACION DE OBREROS VARONES. El señor FIGUEROA (Secretario).- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en un proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Jaramillo, que concede el derecho a jubilar a los imponentes varones del Servicio de Seguro Social que cumplan 60 años de edad y tengan 1.040 semanas de imposiciones. La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras Tapia, Rodríguez y Palma, recomiendan, con la abstención de este último, aprobar el proyecto. -El proyecto figura en el volumen de la legislatura 288® (mayo a septiembre de 1961), y el informe en los Anexos de la sesión 24ª, en martes 20 de julio de 1965, documento Nº 8, página 1552. El señor REYES (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor JARAMILLO.- Pocas veces he intervenido con mayor satisfacción en la discusión de un proyecto de ley. Esta iniciativa tuvo origen en una moción presentada, en agosto de 1961, por el Senador que habla, a la consideración de esta Corporación. Estimo de la más absoluta justicia la modificación que este proyecto propone introducir a la ley 10.383. En efecto, saben los Honorables colegas que, en la actualidad, los obreros pueden jubilar a los 65 años de edad y con 860 semanas de imposiciones. Pues bien, en mi concepto, tal régimen es del todo injusto, discriminatorio e incluso inhumano. La Organización Internacional del Trabajo, así como todos los expertos en materias laborales, coinciden en estimar excesiva la edad de 65 años como requisito para jubilar. Al comparar con otros el régimen previsional chileno, necesariamente llegamos a la conclusión de que es absolutamente discriminatorio. Los empleados, cualquiera que sea su calidad jurídica, pueden jubilar con 25 años, 30 ó 35 años de servicios. Una persona que empieza a trabajar a los 20 de edad, en tareas no siempre extraordinariamente pesadas, al cumplir 55, queda en situación de acogerse a jubilación. En cambio, los obreros, que empiezan a trabajar en Chile a los 13, 14 ó 15 años de edad, deben esperar 65 para gozar de ese beneficio; vale decir, lo obtienen después de 50 años de dura labor. Este hecho ha golpeado fuertemente mi espíritu y ha constituido una de las razones fundamentales que me movieron a impulsar esta iniciativa, que he patrocinado desde hace mucho tiempo. La experiencia que recogí durante los cuatro años que actué como Consejero del Servicio de Seguro Social, ha reafirmado mi decisión de promover enmiendas a la legislación vigente. De ahí este proyecto, con el cual procuro, en la medida de mis posibilidades, normalizar una situación que siempre he considerado de abierta injusticia social. Hace una semana, con los votos favorables de mis distinguidos colegas los Honorables señores Víctor Contreras y Aniceto Rodríguez, logramos despachar esta iniciativa en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Lógicamente, nuestro deseo hubiera sido aprobar una disposición más amplia; o sea, otorgar a los obreros el derecho a jubilar a los 60 años de edad y con 800 semanas de imposiciones. Sin embargo, ello habría elevado extraordinariamente el costo del proyecto. Tal circunstancia me llevó a establecer este arbitrio consistente en la doble exigencia de los 60 años de edad y las 1.040 semanas de imposiciones nes. Este último requisito me parece sumamente beneficioso, pues representa un estímulo para que el obrero no interrumpa sus labores. Asimismo, tiene el mérito de obligar a los patrones a cumplir desde el primer momento sus compromisos previsionales. Esto significará, por otra parte, una fuente adicional de financiamiento para el Servicio de Seguro Social. El costo de la iniciativa, con las limitaciones a que he hecho referencia, es del orden de 25 millones de escudos. Se financia con un aumento de las tasas de imposiciones: 1 % en la correspondiente al patrón y 0,5% en la del obrero. En esta forma se cubre el mayor desembolso que esta iniciativa significará para tal Servicio. Es cuanto puedo informar al Senado respecto de esta materia. Anuncio que los Senadores liberales votaremos favorablemente el proyecto. El señor AHUMADA.- El proyecto cuyo autor es el Honorable señor Jaramillo resulta desde todo punto de vista plausible. El promedio de vida del obrero chileno es, a veces, inferior a la edad exigida como requisito para jubilar. Todavía más, este beneficio se otorga, prácticamente, "pre mortem", ya que el trabajador suele fallecer al poco tiempo de obtener su pensión. Considero que debe irse a una revisión total de la previsión en Chile, en especial en este aspecto. En el cuadro que se inserta en el informe de la Comisión puede apreciarse que la edad promedia para impetrar este beneficio fluctúa entre 65 y 60 años. Por ejemplo, los fotograbadores jubilan a los 55 años de edad y también lo hacen los funcionarios de bancos y los dependientes de la Defensa Nacional y de Carabineros. El establecimiento del "etage" de 1.040 semanas de imposiciones no constituye, a mi modo de ver, estímulo alguno para el obrero, ni mucho menos para aumentar su capacidad de trabajo. Tampoco será un medio que sirva para incrementar los promedios de sus pensiones, pues éstas se calculan de manera uniforme sobre la base del salario vital o sueldo base. Por lo contrario, estimo que aumentar el período de afiliación, de 800 a 1.040 semanas, más bien restringirá el otorgamiento del beneficio de que se trata. En tal sentido, no estoy de acuerdo con el informe de la Comisión de Trabajo. A mi modo de ver, debió haberse mantenido el promedio de imposiciones establecido por la ley 10.383. Por ello he formulado indicación para modificar el artículo 1º del proyecto, en el sentido de que podrán gozar de estos beneficios los asegurados con sesenta años de edad, siempre que tengan 800 semanas de imposiciones, de conformidad con lo prescrito por la ley. Ignoro si los cálculos actuariales aconsejan aumentar el promedio de imposiciones; pero hemos comprobado que ello restringe siempre el otorgamiento de los beneficios, ... El señor JARAMILLO LYON.- Evidentemente, señor Senador. El señor AHUMADA.- . . . al extremo de que hemos debido legislar en forma especial para conceder la jubilación a aquellos sectores de asegurados cuyo promedio de imposiciones ha sido inferior al exigido por la ley 10.383. Dejo, pues, formulada la indicación ya referida y anuncio el voto favorable de los Senadores de estas bancas a la moción del Honorable señor Jaramillo. El señor CURTI.- Los Senadores conservadores apoyaremos la iniciativa en debate, que concede el derecho a jubilar a los imponentes varones del Servicio de Seguro Social que cumplan sesenta años de edad y tengan 1.040 semanas de imposiciones. Hemos estimado dificilísimo cumplir la exigencia determinada por la legislación vigente en cuanto a que los obreros deban tener sesenta y cinco años de edad para poder acogerse a jubilación. Ello no se aviene con las condiciones en que el obrero debe desarrollar su trabajo. Consideramos que él llega a esa edad en situación muy precaria, debido al desgaste físico originado por el trabajo violento, por lo cual se ve obligado a ocuparse en labores de vigilancia u otras que requieren menor esfuerzo. Por otro lado, también es injusta la discriminación existente respecto de la jubilación de los obreros frente a la de los empleados. Estos últimos, según el régimen previsional a que estén acogidos, jubilan con treinta o treinta y cinco años de servicios, aun cuando cumplen sus labores en cómodas oficinas, con toda clase de cuidados, calefacción y abrigo. En cambio, los obreros laboran expuestos a las inclemencias del tiempo, al aire libre, en faenas pesadas como las de las minas y de ciertas industrias, todo lo cual termina por agotar prematuramente sus energías. Consideramos que el proyecto corrige, aunque en forma parcial, una grave injusticia, al disminuir en cinco años la edad para jubilar. Ello no constituye una ventaja excepcional, pero significa algún progreso. Respecto del financiamiento, nuestra opinión es también favorable, por cuanto aquél se obtendrá mediante el aumento de 1% de la tasa correspondiente a las imposiciones patronales y al elevar a 1.040 e! mínimo de semanas de imposiciones para impetrar el beneficio de la jubilación. Estas 1.040 semanas de imposiciones representan sólo veinte años de los sesenta de edad que el obrero necesita para obtener pensión de vejez. El nuevo sistema significará, asimismo, el debido cumplimiento de la obligación patronal de hacer las imposiciones en forma oportuna y continuada, y permitirá a los obreros tener sus libretas al día. Por estas razones, los Senadores de estas bancas participamos en forma entusiasta en la aprobación de este proyecto. Pese a no constituir una solución completa del problema previsional, al menos es un paso hacia el perfeccionamiento del sistema vigente, pues se rebaja en cinco años la exigencia de edad para jubilar respecto de un sector de trabajadores que llegan al término de una vida de labor. El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente: El proyecto que discutimos en esta oportunidad, a nuestro juicio, tiene gran importancia y hondo contenido de justicia. Por él se amplía el ámbito de aplicación del artículo 37 de la ley 10.383, que concede jubilación por vejez a los imponentes del Servicio de Seguro Social y está destinado a favorecer de inmediato acerca de 40 mil trabajadores, cifra que aumentará considerablemente de año en año. La jubilación a los sesenta años de edad es una antigua y sentida aspiración de los trabajadores, quienes, en este aspecto como en tantos otros de la vida nacional, son objeto de odiosa discriminación. Mientras los empleados particulares y los trabajadores del sector público pueden jubilar por vejez y por antigüedad o tiempo servido, los obreros, los imponentes del Servicio de Seguro Social, sólo pueden hacerlo por vejez, siempre que tengan sesenta y cinco años de edad, más de 800 semana de imposiciones y determinada densidad de las mismas. Esa evidente discriminación no se remedia con el presente proyecto; pero, sin embargo, significa un paso adelante, ya que reconoce la posibilidad de jubilar con sesenta años de edad y elimina el requisito de la densidad en este aspecto, aun cuando mantiene la exigencia copulativa de contar con 1.040 semanas de imposiciones a lo menos. Nadie puede negar la justicia de la iniciativa en debate, presentada por el Honorable colega señor Jaramillo. La situación de decenas de miles de trabajadores ancianos -que con sus familias deben bordear las 300 mil personas- es desesperada. La inflación y la miseria crecientes que ahogan a la gran mayoría de los chilenos, hieren con más intensidad a quienes por su edad y estado físico precario, en la generalidad de los casos, deben continuar trabajando para sobrevivir. La cesantía y la imposibilidad de encontrar nuevas ocupaciones hacen que miles de obreros y campesinos que han trabajado toda su vida para enriquecer a otros, vivan en la indigencia encubierta, en la miseria más o menos disfrazada o deban depender por completo de la ayuda que les puedan proporcionar sus familiares e incluso, a veces, los vecinos. La protección adecuada contra el riesgo de vejez se encuentra reconocida en innumerables declaraciones de la Oficina Internacional del Trabajo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y debe alcanzar vigencia plena en nuestras leyes. La responsabilidad del Estado también consiste en asegurar una vejez digna a todos nuestros conciudadanos. Por lo demás, éste es el concepto moderno de seguridad social, entendida como la protección dada a los miembros de una sociedad, asegurándoles condiciones de vida, salud y trabajo suficientes frente a los diversos riesgos que amenazan la existencia normal de los individuos. No ha faltado quien afirme que la aprobación de este proyecto significaría aumentar la posibilidad de las jubilaciones prematuras e importaría la acentuación de un grave vicio de nuestro sistema previsional. Tal afirmación es, a nuestro juicio, injusta. La terrible realidad de nuestra salud pública, la estadística abismante de nuestra mortalidad, bastan para refutar tal afirmación. La vida media de la población chilena alcanza sólo a unos cincuenta años: 48 los hombres y 54 las mujeres. En los países escandinavos, el promedio de vida es superior a los 70 años. Por otra parte -y cito textualmente un estudio sobre la salud en Chile-, "cada año fallecen en Chile cerca de 40.000 chilenos que no debieran morir, porque sus enfermedades eran evitables y tratables. Al año 4.000 vidas de hombres y mujeres en plena actividad son segadas por la tuberculosis y cerca de 10.000 personas enferman de tifoidea, enfermedad extirpada en muchos otros países. Este intolerable sacrificio de vidas humanas es soportado en su mayor parte por la clase obrera de Chile. Se calcula que el 77% de la mortalidad infantil ocurre entre los hijos de obreros y campesinos.. Durante el debate del proyecto en la Comisión de Trabajo, tanto el señor Ministro del ramo como el Honorable señor Palma señalaron que, aunque la iniciativa les parece justa, no es conveniente introducir reformas parciales a la seguridad social, sino que es preferible esperar la presentación por el Gobierno de un conjunto orgánico de disposiciones previsionales que reformen profundamente el sistema de seguridad social en nuestro país. No es posible, a nuestro juicio, esperar más tiempo que el Ejecutivo materialice sus promesas en este terreno. Han transcurrido más de ocho meses del Gobierno del señor Frei y hasta la fecha no se ha producido ninguno de los anunciados cambios revolucionarios, profundos y decisivos sobre esta materia. Es necesario impulsar todas las iniciativas que tengan por objeto mejorar la situación de los trabajadores; y si el Gobierno, efectivamente, más adelante encara el problema de la reforma previsional, y lo hace con criterio progresista, en buena hora. Entre tanto, debemos cumplir nuestro deber de parlamentarios populares y legislar en favor del pueblo. Después que el Gobierno presente ese proyecto, si lo presenta, habrá incluso camino adelantado y no tendrá que preocuparse ya sobre esta materia. Acerca del financiamiento del proyecto, queremos decir que, a nuestro modo de ver, no es el mejor. En la Comisión de Trabajo lo aprobamos en el entendido de que si se encontraba uno más adecuado, aceptaríamos este último. Es una de las características de la seguridad social en Chile, la de no desempeñar papel alguno como factor de redistribución de ingresos. Los empresarios transfieren a los consumidores -integrados, en su mayor parte, por trabajadores-, en forma de alzas de precios, el mayor costo de las imposiciones que deben pagar. En último término, pues, el sistema previsional viene a ser financiado por los propios asalariados. Debe tenderse, en la perspectiva de una reforma substancial y progresista del sistema da seguridad social, a un financiamiento que recaiga efectivamente sobre los ingresos de los empresarios, que no pueda ser transferido a sus costos, y que tenga realmente un carácter redistributivo. La disminución de los costos de administración de la seguridad es otro de los factores fundamentales que deben manejarse para una reforma auténtica que beneficie efectivamente a los grandes sectores de asalariados y sus familias. Claro está que, ante situación tan agobiante como la de los trabajadores ancianos, no es posible retardar más una solución, aunque sea parcial. Por eso, aunque consideramos que el financiamiento no es el más adecuado, los Senadores comunistas, en atención a que este problema debe resolverse de inmediato, votaremos en favor del proyecto. El señor JARAMILLO LYON.- Nada me agradaría más en este instante que compartir las expresiones formuladas por el Honorable señor Ahumada. Ojalá el beneficio de la jubilación a los sesenta años pudiera darse a los obreros que contaran con 800 semanas de imposiciones, como es la regla general; pero creo en un adagio popular -por el hecho de serlo no deja de ser efectivo- según el cual lo mejor es enemigo de lo bueno. Este es el caso. Nos encontramos ante el hecho de un pavoroso desfinanciamiento del Servicio de Seguro Social. Según cálculos actuaria- les proporcionados en la Comisión, dicho servicio, al 31 de diciembre último, tenía un déficit de 30 millones de escudos, y se piensa, como es lógico, que a fines de este año aquél ascenderá a 70 millones de escudos. El proyecto en discusión, en los términos planteados por mi Honorable colega, representaría un desembolso de 42 millones de escudos. De allí, a mi juicio, que sea preferible consignar una disposición de tipo restrictivo, pero permitir que el proyecto tenga aplicación práctica y no se convierta en un mero volador de luces. Por otra parte, se nos hacía presente que al término de la Administración pasada el déficit del aporte fiscal al Servicio de Seguro Social ascendía a la suma de 20 millones de escudos. Ya en este instante, después de ocho meses del actual Gobierno, dicho déficit asciende a la monstruosa suma de 31 millones de escudos . Por eso, entonces, pediría al Honorable señor Ahumada que, en homenaje al pronto despacho de esta iniciativa -al parecer ella cuenta con la buena voluntad de todos los sectores aquí representados-, obviáramos el trámite del segundo informe, para despacharlo ahora y enviarlo de inmediato a la Cámara de Diputados . El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Entiendo que 1.040 semanas representan veinte años de imposiciones. El señor JARAMILLO LYON.- Efectivamente, señor Senador. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Como los obreros jubilan a los sesenta años y se supone que empezaron a trabajar a los 15 de edad, tienen 45 años de actividad. El señor JARAMILLO LYON.- Este proyecto, como decía, en los términos despachados por la Comisión, está perfectamente financiado. Quiero hacer presente al Senado que la tasa por concepto del seguro social en Chile es, quizás, la más alta en el mundo, según datos comparativos que tuvimos a la vista en la Comisión. Es así como la tasa de seguridad social en países de desarrollo económico análogo al nuestro, o, tal vez, un poco más elevado, como Argentina, es de 20% ; sin embargo, en Chile es del orden del 50% . Si seguimos discurriendo sobre la base de continuar alzando en forma indefinida este porcentaje para financiar la seguridad social, se producirá en el país un encarecimiento tan monstruoso en los costos, que ello nos dejará fuera del Mercado Común Latinoamericano, hecho éste que debemos tener en vista con relación al propósito de competir en él. El señor AHUMADA.- No es mi ánimo obstruir el proyecto presentado por el Honorable señor Jaramillo, ya que concuerdo con esta iniciativa en todas sus partes y también desde el punto de vista doctrinario . No basta tener el propósito de ampliar el beneficio; es necesario, al mismo tiempo, lograr que su monto constituya, por lo menos, un promedio vital. Así, respecto de la ley 10.383, se da el caso de que los pensionados por vejez, orfandad y viudez reciben pensiones tan pequeñas que han debido ser sucesivamente reajustadas por le- yes especiales. En el proyecto en debate, no advierto disposición alguna tendiente a aumentar el monto de esas pensiones. Precisamente por eso, mi indicación no era tan restrictiva. Por experiencia, sabemos que casi nunca se logra cumplir la exigencia de la ley 10.383 en lo referente al mínimum de 800 semanas de imposiciones y, por ello, gran número de trabajadores no puede acogerse al beneficio de la pensión de vejez, pues sus patrones, en forma fraudulenta, no colocan las imposiciones respectivas. No ha de extrañarnos, entonces, que después de 40 años de trabajo, muchos obreros, especialmente campesinos y domésticos, aparezcan con menos de 500 semanas de imposiciones. Si el proyecto aumenta la exigencia de 800 a 1.040 semanas de imposiciones, yo, sin ser adivino, puedo predecir que, en vez de ampliar los beneficios que se pretende otorgar, se los restringirá. El señor JARAMILLO LYON.- Deseo aclarar el pensamiento del señor Senador. Me permito informar al Senado que el régimen de jubilación a los 65 años de edad se mantiene también incólume con la exigencia de las 800 semanas de imposiciones. Es decir, se trata de otorgar un beneficio para quien quiera jubilar a los 60 años de edad, siempre que tenga 1.040semanas de imposiciones; pero, si no las tiene, conservará su derecho a jubilar con las 800 semanas. El señor AHUMADA.- Mi intención era, precisamente, establecer ese beneficio no con carácter facultativo, a fin de que el patrón esté obligado a cumplir su deber. Si no se logra en forma efectiva el cumplimiento de las obligaciones patronales, dada la insuficiente inspección que sobre estos aspectos hace el Servicio de Seguro Social, no resultarán incrementados los beneficios. Como no es mi ánimo obstruir el proyecto -repito-, retiraré mi indicación, a fin de que la iniciativa en debate se convierta pronto en realidad. El señor CURTI.- Deseo aclarar lo denunciado por el Honorable señor Ahumada en el sentido de que existen muchísimos obreros de edad avanzada que, en la actualidad, no logran reunir 800 semanas de imposiciones. En verdad, esta situación se debe a que inicialmente se deba cabal cumplimiento a la ley que estableció ese mínimo de imposiciones previsionales para jubilar, sea por falta de publicidad, sea por carencia de inspección o por otras circunstancias especiales. Pero en la actualidad todos los obreros tienen sus libretas de seguro con las correspondientes imposiciones. Quienes aducen no contar con el número mínimo de semanas establecido, pese a tener 65 años de edad, están en esa situación porque no se dio cumplimiento a la disposición legal en un comienzo. Hoy día, gracias a los beneficios de la asignación familiar y la gran cantidad de nuevas disposiciones, la situación es completamente distinta. Ya no existe obrero cuyo patrón no le haga las imposiciones del Servicio de Seguro Social. Por eso -repito- me parece que la situación actual es por completo diferente de la de aquellos obreros que han llegado a 65 años sin tener las 800 semanas de imposiciones exigidas por la ley. Si elevamos ese mínimo a 1.040 -es decir, 20 años de imposiciones en 45 de trabajo-, el problema no se presentará nuevamente. El señor MUSALEM.- El Honorable señor Palma me ha solicitado una interrupción. El señor PALMA.- Los Senadores de estas bancas contribuiremos con nuestros votos a la aprobación general del proyecto, del mismo modo que lo hicimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Cuando se discutió esta materia, hicimos salvedad respecto del financiamiento y del número de semanas que se continúan exigiendo para acogerse a jubilación al cumplir 60 años de edad. En verdad, según las informaciones proporcionadas por el Superintendente de Seguridad Social en la Comisión, el financiamiento sobre la base del recargo de las imposiciones propuesto en la iniciativa en debate sería insuficiente. En efecto, no bastaría para atender el problema de las personas que ya en las circunstancias actuales, con un mínimo de 1.040 semanas, podrían acogerse a jubilación. Están en condiciones de jubilar -tal vez el Honorable señor Jaramillo pueda rectificarme, si estuviera equivocado- más de 32 mil personas, pues tienen más de 60 años de edad y un mínimo de 1.040 semanas de imposiciones. Esto, de acuerdo con antecedentes allegados en ese momento, crearía una difícil situación para el Servicio de Seguro Social, que no podría financiarse sólo con recargar en 1% las imposiciones. Por estos motivos, y en la espera de un mejor estudio, nosotros nos abstuvimos en lo tocante al financiamiento y al mínimo de imposiciones para jubilar. Es indudable que, como decía el Honorable señor Curti, una vez desaparecida la situación de personas que aun con 65 años de edad no cuentan con los requisitos para jubilar, o sea, al aplicar la disposición en condiciones distintas, la realidad será completamente diferente. En efecto, como hoy día todos los acogidos a los beneficios del Servicio de Seguro Social cumplen con regularidad sus obligaciones, al llegar éstos a los 60 años de edad no tendrán 1.040 semanas de imposiciones, sino 1.500 o más, y sobrepasarán así el límite establecido en el momento de estudiar el financiamiento del proyecto. De tal manera que, guardando reserva respecto del financiamiento, nosotros concordamos con la idea general del proyecto, pues ella forma parte de uno de nuestros objetivos sociales. Por tal motivo, contribuiremos con nuestros votos a su aprobación, pero en la esperanza de que pueda financiarse de modo que no afecte la situación del Servicio de Seguro Social. El señor MUSALEM.- Tal como expresó el Honorable señor Palma, nosotros votaremos favorablemente la iniciativa, pues ella concuerda con el criterio del Ejecutivo en cuanto a una reforma general de la previsión, en la cual está comprendida precisamente esta idea de dar jubilación a más temprana edad a los obreros varones. Ya en años anteriores presentamos una iniciativa para que la mujer obrera jubilara a los 55 años de edad. Ha sido permanentemente criterio nuestro tratar de subsanar la injusticia en que se encuentran los trabajadores obreros, varones y mujeres, frente a los empleados, que obtienen jubilación a una edad menos avanzada que aquéllos. A propósito de la discusión de este proyecto, el Ejecutivo ha anunciado que tiene redactados otros cuatro sobre los cuales se constituirán las bases de un sistema de seguridad social en el país. Es criterio del Ejecutivo que el régimen de seguridad social constituya, también, un instrumento de distribución de la renta nacional, para que, junto con el sistema tributario y otros mecanismos, permita ir otorgando mejores condiciones de vida a los trabajadores. Resulta, en verdad, una aberración fijar en 65 años la edad para jubilar por vejez, si se tiene presente que en Chile la edad promedio de vida a que alcanzan los obreros es 50 años y que, como aquí se ha dicho, empiezan a trabajar a la edad promedio de 20 años. Tal situación resulta mayormente inadmisible en el caso de las mujeres obreras. En esta iniciativa, como se destacó, no se resuelve el dramático problema de los trabajadores que, no obstante alcanzar en la actualidad más de 65 años de edad, no tienen derecho a una pensión de jubilación, por no cumplir el requisito del mínimo de semanas de trabajo, que en la legislación vigente es inferior al fijado en este proyecto. Los Senadores democratacristianos daremos nuestros votos favorables, sin perjuicio de considerar esta reforma como parte de la reforma general de la seguridad social, porque creemos que el régimen de jubilación es bastante anárquico. Así, por ejemplo, la ley que rebajó a 55 años la jubilación por vejez de la mujer obrera, mantuvo otros requisitos, como el de menor número de semanas de trabajo y estableció una evidente disparidad con los requisitos exigidos para la jubilación de los varones obreros. El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas, señor Presidente, se congratulan de las palabras que acaban de expresar ¡os señores Senadores del partido de Gobierno, porque, en verdad, el proyecto en debate significa la renovación de una iniciativa adoptada por Diputados del Frente de Acción Popular a propósito de la discusión del proyecto sobre reajuste de sueldos, promulgado no hace mucho. En efecto, en esa oportunidad se formalizó la idea de rebajar la edad mínima para gozar de jubilación en el sector de los varones imponentes del Servicio de Seguro Social. La iniciativa a que me estoy refiriendo fue aprobada por el Congreso Nacional, y le tocó en suerte, por así decirlo, al Gobierno de la Democracia Cristiana, impedir por medio del veto que se transformara en ley. De esta manera, las palabras de los Honorables Senadores del partido de Gobierno vienen, ahora, a corregir lo que ha dado motivo, entre los sectores populares, a una de las críticas más acerbas por la conducta social de este Gobierno. Nadie, en efecto, ha podido explicarse cómo, después de reconocer hechos tan decisivos como los recordados en la Sala -por ejemplo, que los obreros alcanzan una vida promedio no superior a 50 años-, se puede mantener esta ficción que tiene mucho de fraude, pues se obliga a los trabajadores a formar un fondo que les financiaría una jubilación ilusoria, toda vez que son muy pocos los que, por las condiciones de vida a que están sometidos, pueden alcanzar esa meta cada vez más remota y dolorosa de los 65 años de edad. Nosotros, los Senadores socialistas, podríamos abundar en la repetición de las consideraciones que espontáneamente han surgido del examen de este proyecto, que obedece sin duda a una justicia que no se puede detener. El señor JARAMILLO LYON.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? El señor CHADWICK.- Quisiera agregar solamente algunas consideraciones puramente complementarias. En primer término, es indispensable esclarecer que este proyecto cabe dentro de las grandes líneas de lo que debe ser una reforma de la previsión social en el país, que habrá de inspirarse necesariamente en la supresión de las diferencias que separan a los obreros -que constituyen mayoría y son los más sacrificados-, de otros grupos que han obtenido leyes especiales de previsión, que les permiten obtener jubilación muchas veces en forma prematura, y aun de otros cuyos privilegios en esta materia escapan a toda explicación razonable. Como el propósito de este proyecto es corregir uno de los vicios más notorios de nuestro régimen de previsión, creemos que cualquiera premura que pongamos en hacerlo regir cuanto antes está justificada de antemano y tiene sobrado fundamento. Quisiera, no obstante, agregar otros razonamientos, como he dicho, de orden complementario. En su oportunidad, a lo largo de todo el país, supieron los obreros -me refiero no sólo a los que laboran en la industria, sino también a los modestos y sufridos campesinos- que el Congreso se había acordado de ellos y les iba a dar un peda- cito siquiera de justicia, atendida la situación en que se encontraban. Hubo, por ello, verdadera emoción en la espera de la promulgación de la ley. Los socialistas alcanzamos a llegar a las reuniones sindicales con la buena nueva; pero, desgraciadamente, ella quedó frustrada, porque el Gobierno vetó la ley. Ahora esperamos, ante las declaraciones tan explícitas y concordantes de los Senadores de la Democracia Cristiana con quienes representamos otros sectores, sobre la necesidad de aprobar este proyecto, que no tendremos la lamentable noticia de que una vez más el Gobierno de la revolución en libertad desmiente los propósitos que invocó como antecedente para llegar al poder. El señor JARAMILLO LYON.- Pido la palabra. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Pido la palabra, señor Presidente. El señor REYES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jaramillo, y, en seguida, el Honorable señor Alessandri. El señor JARAMILLO LYON.- Quiero aprovechar esta oportunidad para sumarme a las congratulaciones expresadas por el Honorable señor Chadwick ante las declaraciones, concordantes con el proyecto en debate, manifestadas por los señores Senadores del partido de Gobierno. No podría dejar de hacerlo, porque, en realidad, se trata de un acontecimiento nuevo que enriquece la información del Senado. En efecto, hablando en nombre del Gobierno, hace una semana, en la Comisión de Trabajo, el señor Superintendente de Seguridad Social nos hizo presente que el Ejecutivo, en esta materia, tiene un orden de prioridad, y nos habló de que los estudios se estaban orientando, en materia de seguridad social, sobre los siguientes problemas: primero, fondo nacional para asignaciones familiares, con el objeto de igualarlas paulatinamente; segundo, seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -sobre este particular, quiero recordar al Honorable Senado que tanto mi Honorable colega señor Allende como el que habla, hemos dedicado, desde hace mucho tiempo, nuestros más caros esfuerzos para hacer realidad esta iniciativa, actualmente paralizada en su trámite en la Cámara de Diputados-; tercero, medicina curativa para los empleados de bajos ingresos; cuarto, mejoramiento del sistema de cobro de imposiciones, para perfeccionar el funcionamiento de los organismos de previsión, y quinto, aplicación de la rebaja de la edad para la jubilación de la mujer en el sector público. Aparece de manifiesto, pues, que dentro de estos planes que estudia actualmente el Gobierno, no se considera en parte alguna rebajar la edad de los obreros para jubilar, en circunstancias de que -quiero recordarlo con absoluta hidalguía- cuando acompañaba al candidato a la Presidencia de la República en su campaña electoral, hoy Excelentísimo señor Frei, no en una, sino en muchas tribunas, me hizo el honor de decir que compartía este proyecto, hoy, desgraciadamente, un tanto abandonado de las principales preocupaciones del Gobierno. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Señor Presidente, haré muy pocas observaciones. Parece muy difícil o imposible que alguien pueda oponerse a un proyecto tan justo como éste. Comprendo perfectamente todas las afirmaciones hechas por los señores Senadores. Creo, no obstante, mi deber hacer las observaciones que estoy formulando, en especial después de algunas palabras que oí al Honorable señor Teitelboim. Señaló el señor Senador que el financiamiento es inconveniente. Estimo, en efecto, que lo es, y yo pregunto, señores Senadores: ¿podemos despachar un proyecto cuyo financiamiento estimamos altamente inconveniente, sin meditarlo ni estudiarlo? Para hacer estas observaciones, me baso en un párrafo del informe que dice: "El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que financiar el proyecto por medio de aumento de imposiciones no era lo más conveniente, ..." y agregó -tome nota el Honorable Senado- "debido a que la carga por la seguridad social está por sobre los límites que puede tolerar la economía del país." El señor AGUIRRE DOOLAN.- Ese caballero es de mentalidad reaccionaria. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Esto lo dice un funcionario distinguido, a quien conozco desde hace mucho y que no pertenece a las filas de los partidos que normalmente se denomina como reaccionario. Pues bien, ¿puede el Honorable Senado, después de esta afirmación, con ánimo ligero, despachar el proyecto en la esperanza de que se mejore en otro trámite? El señor CHADWICK.- ¿Me permite una interrupción? El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Voy a terminar. Yo no lo creo así. A mi juicio si el Senado encuentra justo el proyecto, tiene la obligación de financiarlo en debida forma, mucho más en estos momentos en que, de todos los sectores del Senado y de la Cámara de Diputados, se han levantado voces para decir que al país se lo está recargando con contribuciones excesivas. El mismo Presidente de la República, en su Mensaje, dijo que las contribuciones eran exageradas. ¿Cómo es posible que la Corporación, ligeramente, despache esta iniciativa, cuando un hombre que tiene sensibilidad social, como el Superintendente, ha declarado que en este aspecto se está colmando lo que la economía nacional permite? No sé si se han formulado indicaciones. Entiendo que no. El señor PALMA.- Sí, señor Senador; por lo menos, una. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Dos tienen que hacerse para que el proyecto vuelva a Comisión: no basta una. Si se presentan indicaciones, podremos estudiarlo de nuevo en la Comisión. Si no se presentan, yo, en vista de la gravedad que esto envuelve, y por el propio prestigio del Senado, me abstendría de votar. He dicho. El señor CONTRERAS (don Víctor).-Señor Presidente, los Honorables señores Jaramillo y Rodríguez y el Senador que habla, y con posterioridad el Honorable señor Palma, tuvimos la misión de estudiar el proyecto. Solicitamos un financiamiento tanto al señor Ministro del Trabajo como a la Superintendencia de Seguridad Social, y para ello enviamos oportunamente los antecedentes a este organismo. Se celebraron dos reuniones en la Comisión, con el propósito de no aprobar esta iniciativa en forma ligera; pero no se propuso financiamiento alguno. Después de formular indicación el Honorable señor Jaramillo para financiar el gasto con un aumento en las imposiciones de 1% para los patrones y de 0,5% para los trabajadores, deje constancia, como lo dice la parte final del informe, de que no me gustaba el financiamiento porque significaba gravamen para los asalariados. También dijimos que si se presentaba otro más adecuado, no tendríamos inconveniente en aprobarlo. Pero eso no quiere decir que el proyecto no esté financiado. Se dieron algunas explicaciones en la Comisión. Se dijo, por ejemplo, que el Ejecutivo estudia un proyecto sobre el particular; pero hace mucho tiempo que estamos hablando sobre previsión. Desde hace doce años se encuentra pendiente un proyecto relativo a enfermedades profesionales. Hasta hoy duerme en la Cámara de Diputados. Ahora se nos dice que no debemos despachar éste en forma precipitada y que debemos esperar. Pero desde el año 1925, cuando se dictó la primera ley sobre seguro obrero, hay mucha gente que espera una pensión para poder satisfacer sus necesidades. Según información proporcionada por dicha Superintendencia, hay 37 mil personas mayores de sesenta años. Como seguramente lo ignoran muchos Senadores que no tienen contacto con el pueblo, esta gente, después de los 45 años, y luego de haber sido despedida de su trabajo por cualquier causa, debe esperar veinte años una jubilación. He sido majadero para hacer notar este hecho y he repetido en múltiples ocasiones que nos hemos visto en la obligación de recurrir a las pensiones de gracia para ayudar a muchos trabajadores. Y es deplorable ver a diario, especialmente en el norte, convertidos en lustrabotas a obreros que han entregado toda una vida al servicio de las empresas. En esta condición dramática encontré, en Iquique, a Humberto Planet, que dio gloria al deporte nacional y fue campeón sudamericano. Pedí antecedentes sobre su densidad de imposiciones; pero tiene apenas 800 semanas y, a los 64 años de edad, no puede jubilar. ¿Qué podemos hacer en favor de ese hombre? Simplemente, morirá un día cualquiera, por falta de medios económicos. Hay verdadera discriminación en cuanto a los requisitos exigidos para la jubilación de los obreros. En la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, se puede jubilar a los sesenta años de edad; en la de Empleados Particulares, a los 55 añosde edad las mujeres y a los 65 los hombres, y unas y otros con 35 años de imposiciones, aunque no tengan la edad mínima; los obreros de la Sección Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante jubilan a los 60 años de edad; los imponentes de la Caja Bancaria, a los 55. Pero los obreros, que empiezan a trabajar a los 13, 14 6 15 años, no pueden hacerlo. Yo me pregunto: ¿cómo pueden, entonces, seguir trabajando hasta la edad requerida? ¡Si este problema no admite dilación! ¡No puede discutirse a años plazo! Se nos dice que hay en estudio una reforma de la previsión social; pero aun cuando se presentara hoy mismo, no podría tramitarse por la gran cantidad de proyectos pendientes en el Congreso. ¿No está en discusión el proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda? ¿No se encuentra en el Senado el que legisla sobre las compañías del cobre? ¿No hay otras iniciativas con urgencia? Eso es ofrecer a los trabajadores algo que no podrá cumplirse en corto término. Recalcamos que la fuente de ingresos no es la más conveniente. Que se proponga entonces, otro financiamiento. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Sería muy fácil hacerlo rápidamente, porque todo el Senado estima justo el proyecto, que debe ir, de acuerdo con el Reglamento, a la Comisión de Hacienda, ya que la de Trabajo no es la autorizada para financiarlo. Con el espíritu que existe, sería, pues, muy fácil buscarle financiamiento adecuado. El señor JARAMILLO LYON.- Creo que no, porque la Comisión de Hacienda tendría que darle financiamiento fiscal y aquí estamos razonando sobre la base del aumento de las imposiciones, que es cosa distinta. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Cualquiera que sea el financiamiento, debe pasar a la Comisión de Hacienda. El señor CURTI.- Sólo cuando se trata de imponer tributos. Ahora no existe esa situación. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- No lo dice así el Reglamento. El señor REYES (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Creo que el Senado tiene la obligación de financiar el proyecto. Si el Gobierno no considera acertado el financiamiento, puede proponer otro. En todo caso, ésta me parece una manera de retrasar el despacho de la iniciativa, porque mañana deberá volver a la Comisión de Trabajo y pasado mañana a la de Hacienda, pese a las otras tareas que ésta ya tiene por realizar. El señor JARAMILLO LYON.- Es una manera de hundir el proyecto. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Sí, definitivamente, porque no puede esa Comisión reunirse para discutir este asunto, debido a las materias con urgencia enviadas por el Ejecutivo. En consecuencia, todo esto no significa otra cosa que retardo y que los viejos sigan esperando hasta su muerte por hambre e inanición, dado el régimen de vida que deben soportar. De todas maneras, si vuelve a Comisión, fijémosle un plazo prudente, para demostrar nuestro deseo de despacharlo a la brevedad posible. El señor REYES (Presidente).- Debo informar a Su Señoría que el proyecto que mencionó no tiene urgencia, sino que está sometido a un tratamiento convenido por los Comités. El señor CONTRERAS (don Víctor).- En todo caso, tiene un trato preferente. El señor JARAMILLO LYON-Prácticamente, la Comisión de Hacienda está bloqueada hasta el 15 de septiembre. El señor REYES (Presidente).- Doy esta información para disipar cualquier error. El señor JARAMILLO LYON.- Bastará luego que este proyecto no sea incluido en la Convocatoria, para que sigamos esperando hasta mayo del próximo año. El señor GORMAZ.- Pero si no hay oposición. El señor JARAMILLO LYON.- ¡Ya la habrá...! El señor PALMA,-Como ya lo hemos manifestado, contribuiremos con nuestros votos a la aprobación de este proyecto. Los trámites posteriores que él tenga, debido a las indicaciones que aquí se presenten y a las eventuales disposiciones que tome el Ejecutivo, constituyen un problema derivado del financiamiento. Deseamos que éste sea lo menos inflacionista posible y que no recargue excesivamente los costos de producción, de por sí ya bastante altos. En el curso del debate suscitado en la Comisión de Trabajo, nosotros preguntamos al Superintendente de Seguridad Social acerca de los costos de la seguridad social en Chile, en comparación con los de otros países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Nos preocupa específicamente este aspecto, por cuanto se relaciona con la competencia dentro de esa Asociación. Dicho funcionario nos informó que el costo de la seguridad social chilena llega al 15% del ingreso nacional, mientras que en los demás países de la ALALC fluctúa entre 5% y 10%. Además el señor Superintendente, experto en la materia, hizo notar que, a causa de la difícil organización administrativa y jurídica de nuestro país, dentro de este costo se incluyen rubros que en otros Estados no se consideran incluidos en el seguro social, sino que constituyen beneficios regidos por otras leyes. De manera que no era posible hacer una comparación definitiva, si bien los técnicos tenían la impresión de que nuestros costos en esta materia eran más elevados. Es preciso meditar en este hecho para convencerse de la urgencia de buscar un financiamiento adecuado para resolver la necesidad social de primera importancia y de gran justicia que tiende a satisfacer este proyecto y que fue considerada, por lo demás, con especial preocupación dentro del programa social de todos los partidos que aspiraban llegar al poder hace pocos meses. Como lo manifestó el Honorable señor Jaramillo, hubiésemos querido que este proyecto formara parte de un conjunto de medidas más coherentes, con el propósito de dar a la seguridad social una estructura más orgánica, facilitar sus servicios y, como sugieren los especialistas en la materia, abaratar sus costos. Por eso, en espera de una legislación definitiva sobre el particular, se han elaborado disposiciones relacionadas con la asignación familiar, que, como se sabe, este año aumentó apreciablemente. Asimismo, existe un programa completo para nivelarla en los próximos tres años, lo cual favorecerá a sus actuales beneficiarios, que tienen iguales necesidades en todos los sectores sociales en que se divide la población. En segundo lugar, el Ejecutivo tiene en elaboración en estos momentos un proyecto referente a la seguridad, para modificar el seguro de accidentes del trabajo e incluir en él las enfermedades profesionales, situación que, en particular en las zonas mineras del país, como es sabido, es extraordinariamente delicada y urge resolver. Existe también un estudio, ya puesto en marcha, por medio del cual será cambiado el sistema de cobro de imposiciones, no sólo con el objeto de mejorar el financia- miento en sí, sino con el fin de lograr que, dentro de las condiciones culturales de nuestro pueblo, no sólo quede constancia del pago de las imposiciones en la libreta que posee el propio beneficiado, sino en documentos mucho más estables y permanentes, a fin de que la pérdida de ella, en un momento determinado, no involucre también la de los beneficios o derechos que esas personas han acumulado, a veces, durante años. Por último, dentro de las consideraciones inmediatas, nosotros hemos venido patrocinando idea de rebajar la edad con que puede jubilar la mujer que labora en el sector público. En cuanto al problema ahora planteado, estimo de elemental justicia dar a los trabajadores las condiciones mínimas a que tienen derecho, y que esta iniciativa legal, de alguna manera, les reconoce. En el sector del trabajo, los obreros, son, probablemente, quienes realizan el esfuerzo productivo más importante del país. La mayor parte de los empleados integran los servicios, todos aquellos que la economía califica hoy como tales, mientras que la producción está, básicamente, encomendada a técnicos y obreros. Y éstos realizan un esfuerzo muy grande, sobre todo en un país como el nuestro, donde los servicios, como se ha dicho tantas veces, están muy recargados. Concuerdo con la idea de introducir algunas enmiendas, como lo propuso también el Superintendente de Seguridad Social, a fin de que en lo futuro y en determinada fecha -podría ser el de enero de 1967, como lo señalamos en la indicación que patrocinamos- sean exigibles 1.500 semanas para los efectos de jubilar a los sesenta años, y dejar el plazo que media entre esta fecha y el 1º de enero de 1967 para que todas aquellas personas que hoy tienen sesenta años y no han podido acreditar las 1.560 semanas, que equivalen a 30 años de trabajo, puedan acogerse a los beneficios de la jubilación en las circunstancias actuales, ya que las leyes han regido en las condiciones de todos conocidas. Por lo demás, estas medidas me parecen parte inevitable del programa de progreso social que el Gobierno está desarrollando frente al sector del trabajo, traducido en iniciativas concretas y no en declaraciones. En general, esas medidas son parte de toda la política que la Democracia Cristiana está impulsando. Más de alguno de los señores Senadores habrá tenido en sus manos, en estos últimos días, una publicación hecha por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en junio de 1965, sobre ocupación y desocupación en el gran Santiago. Conviene leer y meditar uno de sus párrafos precisamente ahora, cuando estamos analizando la situación de los trabajadores y preocupándonos, como tantas veces sucede, por el proceso económico del país. El señor JARAMILLO LYON.- ¿Me permite una breve interrupción, Honorable Senador? Quiero advertir a Su Señoría que faltan sólo cinco minutos para el término del Orden del Día. Por eso, deseo pedir que se prorrogue la hora hasta despachar el proyecto y aprobarlo en general, a fin de que no quede pendiente. Me parece que nada ganaremos con discursos largos, si al final no ha de resolverse sobre la iniciativa. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Por nuestra parte, no tenemos inconveniente en prorrogar el Orden del Día, siempre que no sea más allá de las 18. El señor PALMA.- En el estudio en referencia aparece una declaración según la cual dicho Instituto ha elaborado, en este momento, una información regular sobre el mercado del trabajo y los ingresos familiares de los habitantes del gran Santiago, y una comparación deflactada con la situación de los años anteriores. Y los resultados -leo al pie de la letra- "indican un aumento de 17% del ingreso familiar real promedio en los meses transcurridos entre mayo de 1964 y mayo de 1965". Lo anterior significa que la política económica en materia de salarios, asignación familiar y reajustes de sueldos, y, al mismo tiempo, en cuanto a control de la inflación, mediante medidas financieras y de otro orden, ha conducido a un resultado práctico que se traduce en un aumento del ingreso familiar real promedio en una cifra que nunca se había alcanzado en el país en los últimos veinte años. He dado a conocer el dato a que me referí, al analizar el proyecto de ley que en estos momentos nos ocupa, en vista de que algunos señores Senadores se inquietan porque la Democracia Cristiana no ha traído a la consideración del Congreso todas las iniciativas legales que ella está preparando como parte del plan de progreso económico y social que, evidentemente, ya empieza a tener repercusiones concretas en beneficio de los trabajadores del país. El señor REYES (Presidente).- Deseo advertir a los señores Senadores que sólo restan cuatro minutos para el término del Orden del Día. Si le parece a la Sala, se prorrogará la hora a fin de poner término a la discusión y votar en general el proyecto. Hago presente, además, que se han presentado dos indicaciones. Por lo tanto, el proyecto deberá volver a Comisión. El señor FUENTEALBA.- ¿Por qué no votamos de inmediato, señor Presidente? El señor GOMEZ.- Hay acuerdo unánime. El señor LUENGO.- Conozcamos las indicaciones. El señor ALLENDE.- Vetémoslo en general ahora, pero con derecho a fundar el voto. El señor REYES (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordaría. El señor CONTRERAS (don Víctor).- ¿Me permite la palabra, señor Presidente? Tal como lo anunció mi Honorable colega señor Teiltelboim, daré mi voto favorable a la aprobación del proyecto; pero formularé indicación para que vuelva a Comisión y sea discutido en particular en la Sala a más tardar el miércoles próximo. Debo advertir que no comparto ciertas afirmaciones hechas en el sentido de que algunos Senadores se limitan a hacer declaraciones, Precisamente, eso es lo que no queremos: declaraciones. Queremos hechos. Por eso, si en verdad existe consenso en dar jubilación a los obreros a los sesenta años, despachemos el proyecto el miércoles próximo. El señor LUENGO.- ¿Podríamos saber cuáles son las indicaciones formuladas? El señor ALLENDE.- Votémoslo en general primero. El señor JARAMILLO LYON.- Votémoslo en general. El señor REYES (Presidente).- Reglamentariamente, procede hacerlo. Si le parece a la Sala, se votaría en general el proyecto y se recomendaría a la Comisión que lo informe para poderlo votar el miércoles próximo. El señor CHADWICK.- Que se le fije plazo. El señor GOMEZ.- Formulo indicación para tratarlo el martes, señor Presidente. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Por qué no celebramos una sesión especial el lunes? El señor LUENGO.- Entiendo que si ahora se aprueba en general, deberá volver a Comisión. El señor REYES (Presidente).- Exactamente. El señor LUENGO.- Por eso pregunté cuáles son las indicaciones. Porque si una de ellas es la que formuló el Honorable señor Ahumada y retiró posteriormente... El señor REYES (Presidente).- Está claro que no es la mencionada por el señor Senador. Hay solamente dos indicaciones formuladas por el Honorable señor Palma. Repito que ahora se aprobaría en general el proyecto y se pediría a la Comisión informarlo para el miércoles próximo, a fin de votarlo en particular en la Sala en esa oportunidad. Si le parece a la Sala, se daría por aprobado en general el proyecto. El señor ALLENDE.- Deseo fundar mi voto, señor Presidente. El señor REYES (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor ALLENDE.- En el ánimo de que el Senado se pronuncie de inmediato, aceptamos entrar a votar, pero con derecho a fundar el voto. En los breves minutos que el Reglamento fija para hacerlo, quiero decir, ante todo, que me congratulo de la iniciativa patrocinada en esta oportunidad por nuestro Honorable colega el señor Jaramillo. En realidad, como aquí se ha dicho, hace muchos años que hemos venido planteando la situación desmedrada en que se encuentran los trabajadores frente a las leyes de previsión social. Y digo enfáticamente "de previsión social", porque sostengo que en el país no hay seguridad social. Esta es algo más amplio; dice relación a aspectos de contenido fundamentalmente económico, condiciones de vida, sueldo, habitación y trabajo. He oído también, por parte de los Senadores democratacristianos, que el Gobierno tiene ciertas iniciativas referentes a algunos de los aspectos más urgentes de la legislación sobre previsión social. Yo me congratulo de ello. Pero quiero decir que, a mi juicio, sería fundamental considerar integralmente los problemas de la previsión social y de la seguridad social, materias que interesan al país por su repercusión económica y por la posibilidad de suprimir las brutales desigualdades existentes desde hace muchos años. Desde la época en que se entró a modificar la antigua ley 4.054 y se intentó enmendar la 4.055, en este recinto, los Senadores del movimiento popular hemos planteado veinte, treinta o cuarenta veces lo relativo a los distintos estratos sociales en que artificialmente está dividido el país. Basta señalar que esta democracia nuestra, tan exaltada y tan colocada en niveles superiores, aún mantiene un Código del Trabajo arcaico, en el cual se consagra la desigualdad de derechos entre obreros y empleados. Digo lo anterior porque he oído, con cierta inquietud, una frase del Honorable señor Palma que me ha impresionado vivamente. Su Señoría ha sostenido que estas modificaciones satisfarían las condiciones mínimas a que tienen derecho los trabajadores. Yo pienso que ahí está la gran diferencia; no son mínimas. Para nosotros, los asalariados no tienen derecho a condiciones mínimas. Simplemente, tienen derechos, y éstos deben ser iguales para todos. Y esta es la necesidad real: adoptar una concepción respecto de todo el problema de la seguridad social, que comience con la previsión social y se proyecte a la atención médica. Lo sostengo así porque, lamentablemente -no lo digo con ánimo de crítica, pues no se trata de juzgar ahora, cuando fundo mi voto apremiado por el tiempo, las repercusiones económicas del Gobierno del señor Freí ni los avances por él alcanzados-, hemos visto que, en lo referente a salubridad, los planes son relativamente imprecisos. Por eso, en la Comisión respectiva solicitamos al señor Ministro de Salud que nos diera a conocer las grandes líneas de su política sobre esta materia; porque, indiscutiblemente, la previsión social involucra dos aspectos que son esenciales; por una parte, el derecho a la defensa, la protección y el fomento de la salud, y, por la otra, los beneficios de tipo económico. Desconocemos el plan, el pensamiento del Gobierno en torno de la salubridad. De ahí que pensamos estudiar, muy detenida y seriamente, la idea de dar medicina curativa a los empleados, pues creemos que en este aspecto, como en otros de carácter previsional, debe existir un criterio unitario que entregue a los chilenos la posibilidad cierta de atención médica preventiva y curativa. Por otra parte, me ha llamado la atención también que el Honorable colega señor Palma haya dicho que el Gobierno tiene estudiado un proyecto sobre accidentes del trabajo, en el cual se han incorporado las enfermedades profesionales. ¡Ya es majadería! Desde que existe en el Senado esta nueva bancada, abigarrada, numerosa, combatiente y capacitada de la Democracia Cristiana, he hablado diez veces sobre la necesidad imperiosa de que siquiera se apresure el despacho del proyecto que está actualmente en la Cámara de Diputados; que lleva veinticinco años en el Congreso; que ha sido remozado en ese lapso y que, estoy seguro, no puede merecer muchas observaciones. He conversado con el Director de Seguridad Social, mi estimado amigo Carlos Briones, hombre, por lo demás -lo decimos con satisfacción-, vinculado ideológicamente con nuestros puntos de vista, excelente funcionario que ha llegado al cargo que tiene en razón de su especialización. El me ha dicho que las modificaciones que se han insinuado son de muy poca importancia. En la sesión anterior, sostuve que ese proyecto contiene conceptos básicos destinados a incorporar las enfermedades profesionales a los accidentes del trabajo; a hacer del riesgo de accidente del trabajo un riesgo social de cargo del patrón; a entregar a la Caja de Accidentes- del Trabajo la contratación de las primas, por ser un riesgo social, y a incorporar a esa institución como departamento del Servicio de Seguro Social, pues para nosotros el riesgo de accidente es uno de los riesgos de la vida, como son las enfermedades, la invalidez la incapacitación y la muerte. Es decir, constituyen un todo. Por eso, somos contrarios a la discusión parcial, a las iniciativas restringidas. Nos congratulamos de que haya inquietud en todos los sectores y apoyamos la iniciativa anteriormente rechazada en el Congreso Nacional, lamentablemente, con el criterio de postergar hasta las necesidades más esenciales de un país en donde se dice que no hay clases privilegiadas. No creo necesario comentar qué representa para el obrero tener que jubilar a los 65 años. Durante la Administración anterior, hemos debido dictar una ley destinada a rebajar la densidad y el número de semanas de imposiciones para jubilar, porque cientos de obreros no habían podido acogerse a ese beneficio, a pesar de haber trabajado durante muchos años. El control de las imposiciones en los primeros años no ha sido efectivo. De ahí el vacío brutal, que gravita pesadamente sobre miles de asalariados chilenos. Como estimamos de gran interés resolver el problema de la previsión social, esperamos que se abra debate en el Senado sobre esta materia. Recuerdo que durante el Gobierno del señor Alessandri se nombró una comisión presidida por el señor Jorge Prat, la cual entregó un voluminoso estudio sobre esta materia. Ha llegado el momento de que el Congreso Nacional y el Gobierno planteen ante la faz del país, ante la ciudadanía, que exige conocer su situación, cuáles derechos la asistirán en lo futuro en lo relativo a previsión. No podemos aceptar que los estudios sobre previsión social se hagan a espaldas de los interesados. Deseamos un debate público, con responsabilidad, para que nadie en Chile deje de saber lo que representa el aporte social y pueda hacerse una efectiva preservación de la salud y entregar definitivos beneficios económicos. Voto que sí. -Se aprueba en general el proyecto y se envía a la Comisión de Trabajo, en segundo informe. El señor REYES (Presidente).- En cuanto a la observación formulada por el Honorable señor Alessandri, la Mesa estima que el término "contribuciones" es más restrictivo. Por eso, no es necesario el informe de la Comisión de Hacienda. El señor JARAMILLO LYON.- Entonces, no se enviará el proyecto a la Comisión de Hacienda. Esa fue la tesis que yo sostuve, en contra de la opinión del Honorable señor Alessandri. El señor CONTRERAS (don Víctor).- ¿Se fijará plazo a la Comisión? El señor REYES (Presidente).- La Comisión deberá informar en el plazo de una semana, a fin de votar, a más tardar, el miércoles próximo. El señor CONTRERAS (don Víctor).- ¿Se trataría el miércoles de la próxima semana? El señor AGUIRRE DOOLAN.- Siempre que haya informe. El señor LUENGO.- Con informe de Comisión o sin él. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Podemos recomendar a la Comisión que despache el informe antes del miércoles. Tres o cuatro miembros de ella se encuentran en la sala y seguramente tendrán interés en la aprobación del proyecto. El señor JARAMILLO LYON.- ¡No le quepa duda, Honorable colega! NORMAS SOBRE RECONSTRUCCION. VETO. El señor REYES (Presidente).- Solicito el acuerdo de los Comités para tratar de inmediato las observaciones del Ejecutivo al proyecto que establece normas sobre reconstrucción. Se tomaría conocimiento de las observaciones y se procedería a votar. Acordado. En la sesión de ayer, se acordó discutir hoy el conflicto de los obreros portuarios, en presencia del señor Ministro del Interior. Como dicho Secretario de Estado y varios Senadores que tienen interés en el debate se encuentran en la sala, propongo suprimir la hora de Incidentes y destinar el resto de la sesión a tratar esa materia.. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde tratar las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del del 28 de marzo último. -El oficio con los acuerdos de la Cámara de Diputados figura en los Anexos de esta sesión, documento 1, 1623. El señor REYES (Presidente).- En discusión la primera observación. Ofrezco la palabra. El señor FIGUEROA (Secretario).- La primera observación incide en el artículo 10 del proyecto. El Ejecutivo propone eliminar la coma (,) que sigue a la palabra "construcción" y reemplazarla por la conjunción "y", como asimismo, eliminar las palabras "y previsionales". El señor CURTI.- Cualquiera que sea la resolución del Senado, no surtirá efecto. El señor MUSALEM.- La resolución del Senado no tiene importancia, porque la observación ya fue aprobada por la Cámara. El señor ALLENDE.- Tiene importancia, señor Senador. Si el Senado insiste, no hay ley sobre la materia. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Ejecutivo propone una eliminación. En consecuencia, para haber mantenido el acuerdo del Congreso, habría sido necesario que ambas Cámaras hubieran rechazado la observación por mayoría de dos tercios, y la Cámara de Diputados, no sólo no reunió ese quórum, sino que aceptó el veto. Por lo tanto, cualquiera que sea la resolución del Senado, no surtirá efecto. El señor MUSALEM.- Ambas Cámaras habrían necesitado mayoría de dos tercios para insistir. La de Diputados no la tuvo. En consecuencia, aunque el Senado insistiera con ese quórum, su acuerdo no surtiría efecto. El señor REYES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la observación. El señor GOMEZ.- ¿Por qué no votamos sólo aquellas observaciones en que el acuerdo del Senado pueda tener algún efecto? El señor REYES (Presidente).- La Mesa no tiene inconvenientes en adoptar ese criterio. En tal caso, las observaciones respecto de las cuales el acuerdo del Senado no surte efecto, se darían por aprobadas. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Para los efectos de que el Senado cumpla su papel constitucional, convendría que alguien aclarara si la supresión de las palabras "y previsionales" tiene importancia. Es cierto que la resolución del Senado no surtirá efecto, porque la Cámara ya aprobó la observación, pero para que el Senado juegue su papel -repito-, es necesario votar la insistencia. El señor BOSSAY.- Ya no surte efecto la resolución del Senado. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Lo correcto es aprobar la observación o votar por la insistencia. El señor REYES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará la observación y se insistirá. El señor CURTI.- No, señor Presidente. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Que se vote. El señor REYES (Presidente).- En votación. -(Durante la votación). El señor CHADWICK.- Insistiremos en todas las disposiciones aprobadas por el Senado, a menos de dársenos alguna razón que nos haga cambiar de criterio. Deseamos mantenernos leales con nuestro pensamiento anterior. Por estas razones votamos por la insistencia. El señor PALMA.- Voto que no, porque, como dice el informe correspondiente, esta materia ya está reglamentada en una disposición permanente del proyecto. En consecuencia, este precepto es innecesario. -Se acuerda no insistir (11 votos por la insistencia, 11 por la no insistencia y 3 pareos). El señor REYES (Presidente).- Me permito sugerir adoptar idéntica resolución en todos aquellos artículos en que el acuerdo del Senado no surta efecto. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- No, señor Presidente. Votemos cada observación separadamente. El señor JARAMILLO LYON.- En otras observaciones podemos tener criterio diferente. El señor FIGUEROA (Secretario).- La siguiente observación consiste en suprimir el inciso tercero del artículo 16. La Cámara aceptó la supresión. El señor REYES (Presidente).- En votación. -(Durante la votación). El señor CHADWICK.- Nosotros insistiremos, por las razones dadas anteriormente. -Se acuerda no insistir (15 votos por la insistencia, 9 por la no insistencia y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- La tercera observación consiste en suprimir el inciso final del artículo 20. La Cámara de Diputados aprobó el veto. El señor GOMEZ.- No insistamos, con la misma votación. El señor CONTRERAS (don Víctor).- ¿Me permite la palabra, señor Presidente? El señor REYES (Presidente).- ¿Su Señoría desea fundar el voto? El señor CONTRERAS (don Víctor).- Tengo entendido que no hemos limitado el derecho de los oradores al tiempo autorizado para fundar el voto. Hemos dado facilidades para despachar el proyecto, pero no nos hemos sometido a un régimen tan restrictivo. Por eso, estimo que podemos dar nuestra opinión en cada artículo. Por cierto, no usaré demasiado tiempo en mis intervenciones: sólo dos, tres o cinco minutos. Ahora, si los Honorables colegas desean racionarme el tiempo, que así lo manifiesten. El señor GORMAZ.- Cedo mi tiempo al señor Senador. El señor FUENTEALBA.- Hable tranquilo y con calma. El señor CONTRERAS (don Víctor).- En mi opinión, lo menos que puede pedirse al Ministro del Interior es que dé cuenta global de los gastos efectuados con cargo a las erogaciones públicas recibidas con motivo del sismo. El inciso fina!, que el Ejecutivo suprime, dice lo siguiente: "El Ministerio del Interior rendirá cuenta global y por partidas a la Contraloría General de la República de todas las erogaciones distintas de dinero que haya recibido para ayudar a los damnificados o a la zona". Si bien las personas que hacen una erogación tienen confianza en el Ejecutivo, han entregado dichos valores por alguna razón. Por eso, en mi concepto, lo menos que podemos decir a la opinión pública y, en forma particular, a la gente que entrega donaciones, es que la Contraloría General de la República ha analizado la distribución de los dineros y tomado nota de ella. En cambio, el veto del Ejecutivo suprime lisa y llanamente esta última disposición, y se pone en la situación de quien dice: "A mí me entregan los valores, y el Ministro del Interior es dueño de distribuirlos en la forma que crea conveniente". El señor FERRANDO.- ¿Me permite, señor Senador? No se trata de dinero, sino de cosas distintas, como ropas, especies, etcétera. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Aun cuando no sea dinero, me parece lógico que el Ministerio del Interior deba dar cuenta de la forma cómo se hizo la distribución, sin que ello signifique que no tengamos confianza en el Ministro. Las personas que entregan donaciones tienen derecho a que alguien les dé cuenta de la manera en que fueron repartidas. El señor AYLWIN.- Si Su Señoría lee el veto, encontrará la siguiente afirmación: "Dicha labor" -la de repartir las especies- "se cumplió conjuntamente con la entrega de especies adquiridas por el Ministerio o proporcionadas en cualquier otra forma. De esta entrega no se llevó contabilidad que permita rendir una cuenta". Es indudable que de la recepción de zapatos, ropas, frazadas y una serie de especies que se reciben y entregan en circunstancias como ésta, no se puede llevar contabilidad en la forma exigida por la Contraloría General de la República. En ello reside la dificultad práctica para rendir cuenta documentada. Esta es la justificación que da el Gobierno para vetar la disposición. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Estaba con el uso de la palabra, señor Presidente. Las explicaciones del Honorable colega no me convencen. Entiendo que alguien distribuyó las especies. Si no me equivoco, fueron oficiales del Ejército, quienes contaron con personal suficiente como para anotar el nombre de los beneficiados. No me parece que haya sido tarea muy difícil. En 1940, tuve oportunidad de asistir a la población de Tocopilla, que fue afectada por un aluvión. Cada persona a quien entregábamos la ayuda enviada por el Gobierno debía firmar un recibo, y éste también era firmado por el funcionario que repartía las especies. En mi concepto, para dar mayor seriedad a la distribución de la ayuda, en esta oportunidad debió haberse tomado nota de todo lo entregado y del nombre de quienes recibían la ayuda. El señor BOSSAY.- Deseo fundar mi voto, señor Presidente. También lamento que el Ejecutivo haya vetado este inciso. No es una disposición transitoria, sino permanente. Considero un error haber vetado un precepto según el cual se deberá rendir cuenta global y por partidas -no detallada- de las especies donadas. Sin lugar a dudas, las erogaciones distintas de dinero, con motivo de una catástrofe o sismo, como el ocurrido el 28 de marzo, pueden ser extraordinariamente importantes. Pueden ser diez mil planchas de calamina o de cualquier otro material para techo; cañerías, sanitarios, alambres o elementos sumamente valiosos. Si se tratara de una disposición estrictamente transitoria, no habría nada que objetar, pues la ley sería aprobada después de ocurrido el terremoto, y evidente es que el Ejecutivo no podría haber tomado las precauciones del caso. A mi juicio, el Senado debe rechazar el veto del Ejecutivo, aunque sea por el aspecto moral o para establecer su pensamiento. Estoy seguro de que el Gobierno, así como acogió muchas de las indicaciones presentadas en la Sala, en el próximo proyecto incluirá una disposición permanente con relación a este tipo de catástrofes, que obligue a rendir cuenta a la Contraloría, no sólo del dinero, sino también de las especies. No me cabe la menor duda de que ése es el buen principio. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Concuerdo con la afirmación de que en esto hay un aspecto de orden moral. La misma disposición del artículo es bastante liberal, pues entiendo que el proyecto en debate legisla para los casos de sismos o catástrofes que puedan ocurrir en lo futuro; es decir, no se trata sólo de resolver situaciones pretéritas. El artículo 20 establece que el Ministerio del Interior rendirá cuenta de los dineros que distribuya y que hayan sido recibidos, con cargo a erogaciones particulares o al dos por ciento constitucional. A su vez, las personas que reciban dinero de parte de dicho Ministerio, también deberán rendir cuenta a la Contraloría General de la República. El mismo precepto agrega que este último organismo conocerá a conciencia de dichas cuentas; de modo que no exigirá cuenta detallada de las inversiones. En consecuencia, hay una liberalidad muy grande. En seguida, viene lo relativo a las especies. Creo que cualquier funcionario -no se trata del Ministro actual solamente, sino que de él y de los que pueden venir más adelante- deben rendir cuenta de los dineros o especies que reciba para socorrer a los damnificados. Es un principio de moral administrativa. A mi entender, no ha sido muy feliz el veto en esta parte. Rechazaré las observaciones del Ejecutivo, por las razones señaladas. El señor REYES (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor MUSALEM.- Estamos de acuerdo en que una disposición permanente que legisla para lo futuro debe servir para que los Gobiernos estén preparados frente a otras eventualidades e inventaríen todas las especies que se reciban para acudir en ayuda de los damnificados. Sin embargo, debo dejar bien en claro en el Senado que las circunstancias en que debió proceder este Gobierno, así como la rapidez y eficacia con que actuó, de lo cual es testigo todo el país, no permitieron tomar inventario de las especies. Si se hubiera hecho un inventario de todo lo recibido, tanto de dentro del país como de fuera de él, se habría retardado la entrega de las especies, que los damnificados por el terremoto necesitaban en forma urgente. Debimos elegir entre acudir rápidamente en su ayuda o, sencillamente, caer en un procedimiento burocrático y hacer un recuento de las especies para rendir cuenta ante la Contraloría General de la República. Nada más, señor Presidente. -El Senado acuerda insistir (15 votos contra 7 y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, el Ejecutivo propone cambiar la ubicación del artículo 22 y agregarlo a continuación del artículo 3º transitorio, en el párrafo tercero de "Disposiciones transitorias", y sustituir la palabra "deberá" por "podrá". En realidad, son dos observaciones, y ambas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. El señor BOSSAY.- Deploro el cambio de la palabra "deberá" por "podrá". Pero la verdad es que, frente al problema reglamentario creado, más vale que exista ley comprensible antes de no existir nada. En caso de no figurar el término "podrá", el artículo 22 sería prácticamente incomprensible; y si rechazamos el veto, no quedarían las palabras "deberá" ni "podrá", y la disposición para nada serviría. Beneficia mucho más a la zona que la Corporación de la Vivienda pueda reparar, reconstruir o rehabilitar los edificios construidos por ella, que la ley no tenga significación. Por eso, a pesar de estar en desacuerdo con la idea contenida en el veto, la situación reglamentaria no nos permite otra solución que aprobarlo en la misma forma que la Cámara de Diputados. El señor AYLWIN.- Deseo agregar una razón de fondo a lo ya dicho. En verdad, la redacción del artículo 22, que aparece entre las disposiciones de carácter permanente, establece un verdadero seguro, a cargo de la Corporación de la Vivienda, contra toda clase de daños que sufran las propiedades construidas por ella. Piensen los señores Senadores que se trata de una disposición de carácter permanente, no sólo aplicable al último terremoto. ¿ Y qué establece el artículo 22, en la forma aprobada por el Congreso Nacional? "Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella, sea por cuenta propia, por cuenta de otras instituciones o por mandato de terceros, sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratatista". ¿Cuándo deberá reparar, reconstruir o rehabilitar dichas construcciones? Como la disposición es de carácter permanente, deberá hacerlo en cualquier caso, sea con ocasión de un terremoto, sea a causa de incendio o porque los dueños las deterioren. El señor BOSSAY.- Eso es exageración. Este proyecto contiene disposiciones permanentes para los casos de sismos o catástrofes. El señor AYLWIN.- Admitido que el proyecto legisla sólo para los casos de sismos o catástrofes, ello significa que la Corporación de la Vivienda asegura a los adquirentes de viviendas construidas por ella la reparación de las que sean destruidas o deterioradas por cualquier tipo de sismo. Esto implicaría de parte de la CORVI, un seguro de un costo inmenso, cuyo financiamiento, indudablemente, no está considerado dentro del mecanismo de esa institución. Por esto, me parece obvio que este precepto excede la intención del legislador. En consecuencia, debe sustituirse la expresión "deberá" por "podrá" y pasar este artículo a ser una disposición transitoria. El señor CHADWICK.- Las observaciones del Honorable señor Aylwin obligan a meditar acerca del alcance del veto. Es posible comprender y aceptar que ha habido razón para trasladar el artículo 22 del conjunto de disposiciones permanentes al de las transitorias. Pero es incomprensible que el Ejecutivo, después de haber solicitado recursos para reparar, reconstruir o rehabilitar las casas dañadas por el terremoto, nos diga ahora que con ese dinero podrá o no podrá hacer lo que había ofrecido como justificación de estos nuevos impuestos. Es decir, se alteran sustancial- mente las razones o las causas que se tuvieron en cuenta al otorgar al Ejecutivo los recursos financieros que solicitó. Considero falta de seriedad tramitar un proyecto de ley en esta forma, y burlar, por medio de la sustitución de una palabra, el propósito expresado por el Ejecutivo para justificar la petición de nuevos tributos. Estamos de acuerdo en incorporar este artículo a las disposiciones transitorias. pero somos contrarios a la idea de dejar en libertad al Ejecutivo para emplear los dineros que hemos otorgado con un fin específico y claro: reparar, reconstruir o rehabilitar. El señor CURTI.- Quedaríamos sin ley en esa parte, pues el artículo estaría privado de verbo, de acción. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Deseo que el señor Presidente de la Comisión de Hacienda, que tuvo a su cargo el despacho de este proyecto, nos aclare el sentido del artículo 22, que dice: "Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley, la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella . . En fin, no quiero cansar la atención de los Honorables colegas con el resto de la lectura del artículo, pues cada uno tiene su texto a la mano. Me referiré a un caso concreto. En San Felipe, una población entregada dos o tres meses antes del sismo, se derrumbó en casi su totalidad. El señor CURTI.- ¡No había fraguado... ! El señor CONTRERAS (don Víctor).- Los ocupantes de esas viviendas han quedado prácticamente en la calle. Los constructores que recibieron el valor de esas obras han quedado sin castigo y los únicos dañados por el sismo son los ocupantes de la población. El señor CURTI.- ¿Cómo se llama esa población? El señor CONTRERAS (don Víctor).- El Honorable señor Bossay puede informar a Su Señoría a ese respecto. El señor BOSSAY.- Se trata de las poblaciones "Prat" y "Pedro Aguirre Cerda". El señor CONTRERAS (don Víctor).- Los ocupantes de esas poblaciones quedaron prácticamente en la calle. Ahora la CORVI "podrá" reconstruir esas habitaciones. Considero que esto no es justo. Quienes construyeron esas poblaciones incurrieron en grave delito, en estafa, al utilizar materiales de mala calidad, no asísmicos. En consecuencia, esos pobladores se encuentran ahora inermes y tendrán que continuar pagando, a largo plazo, por cierto, las viviendas que ocupan. ¿Quién se las va a reconstruir? Considero que esto merece una explicación del Honorable señor Bossay, quien presidió las Comisiones unidas. El señor BOSSAY.- No tengo ningún inconveniente en complacer a Su Señoría, en la forma más breve posible. Al referirme a este aspecto no he tocado el problema de fondo, respecto del cual participo de las opiniones expresadas por el Honorable señor Víctor Contreras. Incluso, podría argumentar mucho más todavía, ya que son numerosas las poblaciones de las provincias de Valparaíso y Aconcagua y, en especial, la construida por la CORVI en Quillota, en las que, evidentemente los contratistas emplearon materiales de mala calidad. Esto puede apreciarse en las vigas y en las bases de hormigón, las cuales pueden casi deshacerse con la mano. Es indudable que en esas condiciones, tales viviendas no podrían resistir un terremoto, ni siquiera un temblor. Participo de la idea de que la CORVI, con cargo a los recursos que le otorga este proyecto y a sus propios fondos, sin perjuicio de repetir en contra de los respectivos contratistas, repare, reconstruya y rehabilite esas viviendas. Esto es de toda justicia, porque esos modestos pobladores las adquirieron sobre la base de cuotas re- ajustables; de modo que una propiedad de valor de nueve mil escudos, costará, al cabo de 15 ó 20 años, 70 mil escudos. A los adquirentes no les cabe, por cierto, ninguna responsabilidad por la mala calidad de esas viviendas. Espito, en consecuencia, que participo plenamente del espíritu del artículo vetado. La explicación que di denantes fue de carácter reglamentario. De no aprobar lo resuelto por la Cámara, la disposición quedaría en la siguiente forma: "Artículo 22.- Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley, la Corporación de la Vivienda reparar, reconstruir, rehabilitar...", etcétera. O sea, el precepto resultaría trunco y sin ningún sentido. Fui partidario, en todo instante, de dar carácter imperativo a esta norma; pero ante la alternativa de dejar una disposición sin sentido alguno, prefiero aceptar la sustitución propuesta por el veto. Abrigo la esperanza de que los arquitectos e ingenieros y demás integrantes del Consejo de la CORVI tengan la mínima ética de asilarse en este artículo para repetir en contra de los terceros a que haya lugar y proceder a reconstruir o reparar las viviendas dañadas. El señor CONTRERAS (don Víctor).- El veto es una burla. El señor BOSSAY.- Esta es mi opinión desde el punto de vista reglamentario. En el aspecto de fondo, participo plenamente de lo expresado por Su Señoría. El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas estimamos que en esta materia tanto el Ejecutivo como el Congreso deben asumir sus respectivas responsabilidades. Si el Gobierno, mediante el arbitrio de sustituir una palabra, deja una disposición básica sin ninguna aplicación posible, corresponderá a él, y no al Congreso, reparar el mal que con ello causa. No hay duda de que si no se permite a las instituciones mencionadas en el artículo 22, reparar, reconstruir y rehabilitar con cargo a los recursos que otorga este proyecto, las viviendas que han entregado a los sectores populares, se frustraría uno de los principales fines de la legislación en debate. Los Senadores socialistas somos partidarios de que cada uno asuma la responsabilidad que le incumbe: el Ejecutivo, lo es, por de pronto, del daño que causa mediante recursos verbalistas carentes de seriedad. El señor PALMA.- En mi concepto, el Ejecutivo, mediante el veto, se ha querido colocar en el terreno real en que se plantean los problemas. Es evidente que los daños sufridos por cada una de las viviendas afectadas por el sismo, no son del mismo volumen ni de la misma importancia. Habrá, sin duda, reparaciones que "deberá" hacer la CORVI y otras que "podrá" ejecutar. Ello dependerá de la mayor o menor cuantía de los daños, de su mayor o menor importancia, etcétera. Imponer a esa institución la obligación de efectuar tales reparaciones, implicaría crearle un problema extraordinariamente serio en lo que toca a resolver las múltiples peticiones que le formularía todo aquel que se sintiera con derecho para declamar la aplicación de un precepto de esa naturaleza. Por eso, estimamos mucho más lógico, como lo propusimos en oportunidad anterior, dar carácter facultativo a esta disposición. Aquí se han expuesto razones hasta de carácter moral, e incluso se quiere dar lecciones en este orden de cosas. Pero la verdad es que ya el Ejecutivo, con los medios de que dispone, está haciendo lo que le corresponde. En efecto, la CORVI designó una comisión, presidida por el señor Rodrigo Flores, la cual, desde la fecha del terremoto hasta ahora, ha estudiado todas las situaciones producidas y emitido un detallado y extenso informe sobre ellas, el cual consigna conclusiones sobre las respectivas responsabilidades. Esto, porque, como en el caso de Illapel, las hay que afectan directamente a los contratistas; otras, a los arquitectos proyectistas y otras a la propia institución. Por lo tanto, dada la extraordinaria complejidad del problema, lo más lógico es dejar entregado el discernimiento sobre esta materia a un Consejo que se sabe responsable ante el país y las personas beneficiadas. En consecuencia, nosotros aprobaremos el veto en la convicción de que ello no significa rehuir ninguna responsabilidad, sino buscar un camino realista y práctico para que ella pueda ser efectivamente establecida por las autoridades a quienes corresponda hacerlo. El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Considero que cabe responsabilidad al Ejecutivo, pues, como autor del veto, pudo haber hecho alguna ampliación o aclaración en consonancia con el pensamiento sustentado por el Congreso. Pudo, por ejemplo, haber establecido que las edificaciones que hubieran acusado deficiencias, como consecuencia del sismo, deberían ser reparadas por cuenta de la CORVI, sin perjuicio de hacer responsables a quienes las construyeron. Eso no se consideró en el veto. De manera que en la forma en que ha quedado redactado el proyecto después de la resolución adoptada por la Cámara, hace efímero todo lo obrado por el Senado para convertir en obligatoria la reparación de las viviendas dañadas por el terremoto. Votaré por mantener el criterio del Senado. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a! Senado, se acordaría pasar este artículo al conjunto de disposiciones transitorias. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación si se mantiene o no la palabra "deberá". -Durante la votación. El señor CONTRERAS (don Víctor).- Muy importantes han sido las aclaraciones formuladas respecto del artículo 22, pero queda en pie el problema planteado por nosotros. Se anunció la realización de un censo para determinar el número de personas damnificadas y adoptar las medidas pertinentes. No obstante, se ha eludido establecer una disposición imperativa que obligue a la Corporación de la Vivienda a reconstruir las casas entregadas a la población cuando tales viviendas sufrieron daños debido al empleo de materiales inadecuados o de mala calidad por parte de la firmas contratistas. De esa manera, se obligará a muchas personas a emprender las labores de reconstrucción por sus propios medios. Por estas consideraciones, insistiremos en la disposición aprobada por el Congreso, como una manera de demostrar que las enmiendas propuestas por el Gobierno no favorecen a los damnificados: por lo contrario, su aplicación les resultará perjudicial. El señor TEITELBOIM.- Señor Presidente, estimo que el arbitrio empleado por el Gobierno, consistente en cambiar el vocablo "deberá" por "podrá", barrena un concepto esencial de la reconstrucción. El precepto en debate persiguió precisamente encomendar a la Corporación de la Vivienda la reparación, reconstrucción o rehabilitación de aquellas obras ejecutadas directamente por ella o por cuenta de otras entidades. El veto, en cambio, modifica la finalidad del artículo enmendado y entrega a la voluntad o al capricho de esa institución el cumplimiento de un deber. Vale decir, transforma un precepto obligatorio en una simple recomendación, en una posibilidad. Comparto enteramente la opinión expresada por el Honorable señor Chadwick; se ha proporcionado al Gobierno una fuente de recuros para aliviar, en especial a los sectores sociales más modestos, la situación derivada del terremoto de marzo último. Ahora, una vez obtenido el financiamiento, el Ejecutivo, por la vía del veto, reduce al mínimo las obligaciones contenidas en el proyecto aprobado por el Congreso, con lo cual deja -valga la expresión- prácticamente en el aire a los sectores más necesitados. Ello me parece una burla a los damnificados y constituye un procedimiento que no reviste seriedad. Por tal motivo, sumándome a los votos de mis Honorables colegas del Frente de Acción Popular, voto por la insistencia. El señor PRADO.- Señor Presidente, considero que se puede usar y abusar de la palabras. Hemos despachado un proyecto de ley patrocinado por el Ejecutivo muy poco tiempo después de ocurrido el sismo. Con anterioridad a esta iniciativa, envió otra para que las cajas de previsión pudieran otorgar préstamos extraordinarios a sus imponentes. Todo el país conoce el sentido de responsabilidad con que el Gobierno enfrentó el sismo. El propio Ejecutivo formuló una base de financiamiento para este proyecto; y yo diría que no fueron precisamente los Senadores de Oposición que me han precedido en el uso de la palabra, quienes contribuyeron al otorgamiento de mayores recursos. El señor CHADWICK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor PRADO.- El Gobierno está reconstruyendo por intermedio de la CORVI las tres provincias devastadas. Sin embargo, se pretende poner en tela de juicio la intención del Ejecutivo, en cuanto a que no empleará los recursos otorgados por esta ley precisamente en las labores de reconstrucción que emprenderá la COR- VI, a muchos ítem de cuyo presupuesto ingresarán estos dineros. No acierto a comprender los racionamientos de mis Honorables colegas que quieren presentarlo todo negro o todo gris. Votaré a favor del veto por estar seguro de que esos dineros se invertirán en los fines previstos. Y a nadie asiste el derecho de suponer que los recursos de esta ley tendrán otro destino. En este aspecto, se abusa de las palabras al hablar en forma insistente de falta de seriedad, cuando no hay fundamento para hacer tales aseveraciones . Lo único que se ha perseguido mediante el veto es hacer menos rígida e inflexible la ley. No obstante, si en algún momento la institución pública denominada Corporación de la Vivienda -cuyos Vicepresidente Ejecutivo y consejeros son personalmente responsables ante la ley -se aparta de la línea que le corresponde, ello se sabrá, pues sus actos son públicos y podrán traerse al debate en el Senado. Mientras tanto, no podemos negarle los instrumentos legales indispensables. No dictemos disposiciones que equivalen a crear para ella una verdadera cárcel. En determinado momento, la CORVI, por causas plenamente justificadas podría desear no recurrir a tales disposiciones; y de nada valdrían sus razones, porque habríamos aprobado un precepto imperativo. Voto en favor del veto. El señor ALLENDE.- No deja de extrañarme el apasionamiento del Honorable Senador por Valparaíso para refutar las justas afirmaciones de mis colegas Chadwick y Teitelboim. Quiero señalar que los representantes populares, no sólo no han tenido una actitud de incomprensión, sino que han estado bregando por ayudar al Gobierno a que encare la reconstrucción. Debo recordar que con tres meses de antelación al proyecto del Ejecutivo, nosotros propusimos una iniciativa de ley para otorgar amplísimas atribuciones, en materia de expropiación, al ciudadano Presidente de la República. Además, en una amplia intervención, el Honorable señor Chadwick expuso nuestro criterio frente al financiamiento. Dicho señor Senador proporcionó cifras y cálculos -desde luego, con un pensamiento distinto al del Gobierno- concernientes a la obtención de mayores recursos sobre la base de que el más alto esfuerzo tributario recayera en las poderosas compañías cupreras. En el proyecto que menciono, se autorizaba al Jefe del Estado para contratar un empréstito hasta por cien millones de dólares -con sentido diferente del sustentado por el Gobierno- para importar bienes de capital; se señalaba un régimen de intereses y amortizaciones, y se hacía presente que podría emplearse una modalidad que en el fondo equivale al trueque con los países socialistas. Nada más injusto, pues, que colocarnos a nosotros en actitud renuente frente al Ejecutivo con relación a esta catástrofe que, a nuestro modo de ver, es de carácter nacional. Nuestra experiencia ha sido muy dura : fuimos atacados como partido en la forma más violenta, injusta, artera y cobarde por unas frazadas que supuestamente se perdieron durante el terremoto de 1939 ocurrido en Chillán. ¡Sabemos perfectamente cómo la pasión política ciega a muchos! Por eso, no la hemos usado contra este Gobierno. La emplearemos para defender nuestros puntos de vista o cuando el Ejecutivo vulnere derechos de la mayoría de! país. Voto por la insistencia. El señor AYLWIN.- Pido la palabra para fundar mi voto. La afirmación de que el texto que propone el Ejecutivo constituye una burla a la destinación de fondos consignados por esta ley es, sin duda, aventurada y prematura. La experiencia está demostrando que el Gobierno ha estado preocupado, antes de la dictación del texto legal, de reconstruir y reparar en la zona devastada. Cuando haya pasado el tiempo, si se comprueba que el Gobierno no ha reconstruido ni reparado, sólo entonces podrá hablarse de burla. Si, por lo contrario, repara y reconstruye, querrá decir que los intereses del pueblo han sido bien servidos -como están siéndolo- y, entonces, las palabras que hemos oído a nuestros Honorables colegas no pasarán de ser una afirmación aventurada. Voto por la no insistencia. El señor TEILELBOIM.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor REYES (Presidente).- Estamos en votación. Terminada la votación. -Se acuerda no insistir (13 votos contra 1 y 2 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- El Ejecutivo propone suprimir el segundo inciso del artículo 24. En el boletín comparado hay un error, por cuanto se dice que la supresión propuesta se refiere al primer inciso. En realidad, el Ejecutivo propone suprimir el inciso segundo, que figura en la página 25 del impreso, que dice: "Sin embargo, los Ferrocarriles del Estado cederán a título gratuito al personal de obreros de San Felipe, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la línea del ramal de San Felipe a Putaendo, para que construya en ellos un grupo habitacional." La Cámara de Diputados aceptó la supresión de este inciso. El señor REYES (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- ¿Podríamos ser informados sobre las razones que tuvo en vista el Ejecutivo para suprimir este inciso? El señor MUSALEM.- Su Señoría puede imponerse de los fundamentos del veto en la página 5 del impreso correspondiente. El señor PALMA.- Consisten, en el fondo, en que el inciso que se propone suprimir es contrario a la ley 14.999. El señor CHADWICK.- Al parecer, la dirección del debate se está haciendo en forma colectiva, modalidad que no consigna el Reglamento y que vulnera. . , El señor MUSALEM.- No necesitamos lecciones de Su Señoría. El señor CHADWICK.- ... el derecho de los Senadores. En cuanto a lecciones, parece que a veces las necesitan Sus Señorías, aunque no pretendemos darlas. El señor MUSALEM.- Pero el señor Senador las da a cada rato. El señor PALMA.- De ser así, cambiaríamos el profesor. E31 señor CHADWICK.- Estoy en el uso de la palabra y ruego a la Mesa hacer respetar mi derecho. El señor REYES (Presidente).- La Mesa lo está haciendo, señor Senador. El señor GOMEZ.- Ruego a mis Honorables colegas facilitar la labor de la Mesa. .. El señor CHADWICK.- Estamos pronunciándonos sobre un veto en circunstancias excepcionales, sin que haya mediado el trámite de Comisión y sin que se nos haya informado sobre los antecedentes de las observaciones del Ejecutivo. Formulo indicación para que cada vez que se dé cuenta de una disposición observada, se informe sobre las razones tenidas en cuenta para vetarla. El señor REYES (Presidente).- ¿Su Señoría formula indicación para que se de lectura al fundamento del veto? El señor CHADWICK.- Sí, señor Presidente, para ahorrarnos la intervención de algunos profesores graciosos. El señor PALMA.- ¡Su Señoría, como profesor, tiene harto poca gracia! El señor ALLENDE.- ¡Se están sublevando los alumnos! El señor REYES (Presidente).- Se dará lectura al oficio, pero advierto que es muy extenso. El señor FIGUEROA (Secretario).- Dice el fundamento del veto consistente en suprimir el segundo, inciso del artículo 24: "En la Ley Administración de la Empresa, existe actualmente una disposición que autoriza la donación de inmuebles a favor del Fisco, para ser destinados, de preferencia a establecimientos escolares, siempre que ellos, por supresión del ramal de su ubicación, no sean necesarios para los servicios de la Empresa. "Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Nº 14.999 autoriza también a la Empresa para transferir al valor del avalúo fiscal terrenos que no sean necesarios para sus servicios, para la construcción de poblaciones por intermedio de la Corporación de Vivienda, o la edificación de escuelas y cuarteles de Carabineros, debiendo la Corporación dar preferencia en la venta de las casas o departamentos que construya en dichos terrenos, al personal de la Empresa. "Esta misma disposición autoriza también a la Empresa para transferir al valor del avalúo fiscal terrenos a su personal o a organizaciones del personal que acrediten contar con los recursos necesarios para la edificación en ellos de viviendas en forma directa o por intermedio de Asociaciones de Ahorro y Préstamo. "Existiendo una legislación expresa sobre el destino que debe dar la Empresa a los inmuebles de su dominio que no necesite para sus servicios, por supresión del ramal u otras razones, no aparece justificado, ni conveniente, dictar nuevas normas legales sobre la misma materia, más aún si se tiene presente que el legislador ha considerado especialmente como destino de dichos inmuebles, la construcción de escuelas, cuarteles de Carabineros, o habitaciones para el propio personal ferroviario, destino inobjetable, dado el fin social que se persigue. "En consecuencia, no se justificaría ceder a título gratuito un inmueble a los obreros del Ministerio de Obras Públicas si se considera que con motivo de la dictación de la Ley 14.999, se han presentado a la Empresa un sinnúmero de peticiones de compra de inmuebles para el personal ferroviario, la mayor parte de las cuales no será posible atender, pues los terrenos que la Empresa no necesita para sus servicios son limitados, ya que debe considerar al respecto, no sólo su aprovechamiento actual sino las posibilidades futuras de modernización y extensión de los servicios que lógicamente traerán una ampliación de las estaciones y recintos ferroviarios que debe proveerse desde luego. "Toda otra disposición sobre la misma materia perjudicará las legítimas aspiraciones dé los oponentes a inmuebles, beneficiados con la Ley Nº 14.999, y creará a la Empresa inconvenientes de todo orden al tramitar y resolver peticiones que no podrá en definitiva atender". El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación el veto. - (Durante la votación). El señor CHADWICK.- Los Senadores de los partidos populares votaremos a favor de la insistencia, por la razón especial que aconseja dictar una norma de excepción. Se trata de ayudar a obreros damnificados por el terremoto, que no tienen casa y, en consecuencia, merecen ser distinguidos de los demás obreros regidos por las disposiciones generales. Por lo expuesto, vamos a insistir. El señor TEITELBOIM.- Nosotros insistiremos, porque fue éste nuestro pensamiento en la discusión del proyecto y lo fundamentamos en el momento en que se debatió el articulo. Nos parece que no se peca por el hecho de insistir en cuanto a la necesidad de entregar, a la población a que se refiere el precepto, los terrenos fiscales que ocupaba el ramal de San Felipe a Putaendo, a fin de construir allí un grupo habitacional. Respecto de la observación formulada por un Honorable colega en cuanto a esperar los resultados de la aplicación de la política de reconstrucción del Gobierno, tengo antecedentes para estimar preferible que la ley imperativamente establezca una obligación y no un acto de mera voluntad. He recibido diversos reclamos de damnificados en el sentido de que se ha discriminado en la distribución de la ayuda y de las casas de emergencia. Por eso, creo más en el imperio de la ley que en la voluntad de organismos públicos determinados. Voto por la insistencia. El señor NOEMI.- Yo había votado favorablemente esta indicación tomando en cuenta la necesidad de proporcionar esos terrenos a los trabajadores; sin embargo, por las razones dadas por el Ejecutivo, que me parecen de bastante peso, y por mi calidad de miembro disciplinado del Partido Demócrata Cristiano, voto por la no insistencia. El señor PRADO.- Deploro que se haya afirmado que hubo discriminación en la forma de distribuir las casas de emergencia. Igual que todos los parlamentarios de la zona, recorrí el territorio damnificado y pude comprobar que si algo funcionó bien en esas provincias -y diría, en forma neutral-, fue precisamente la distribución de las casas por parte de los organismos de la vivienda. Me atrevería a decir que se ha cargado la mano en otro sentido, esto es, con el fin de evitar que la situación fuera presentada en forma que no concuerda con la realidad. Quisiera que, cuando se hicieran imputaciones de esta naturaleza, se las formulara de manera suficientemente precisa, para que no aparecieran lanzadas al azar. El señor TEITELBOIM.- ¿Me permite? El señor PRADO.- Estoy fundando mi voto. El señor TEITELBOIM.- He recibido reclamos concretos sobre el particular, de los que he dado cuenta a la Sala y constan en oficios enviados por el Senado a petición del que habla. De modo que mis imputaciones son absolutamente precisas y determinadas. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Quiero advertir que se está votando en forma equivocada. El señor Secretario puso en votación si se aprobaba o no el veto. En consecuencia, los que lo aceptan debieron votar afirmativamente. Pero hay Senadores que, no obstante querer votar en esa forma, votaron negativamente. El señor FIGUEROA (Secretario).- Yo he interpretado como negativo los votos de los señores Senadores que votaron afirmativamente al pronunciarse en favor de la insistencia. El señor ALLENDE.- Mucho más confundido estoy ahora. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- El señor Secretario ha interpretado. El señor FIGUEROA (Secretario).- He interpretado: a quienes insistieron, les computé su voto como negativo. El señor SEPULVEDA.- i Interpretó a la perfección...! El señor CURTI.- Estamos como en el cacho. .. ! El señor ALLENDE.- Así parece. El señor REYES (Presidente).- ¿Hay algún señor Senador que, por la forma en que se tomó la votación, ha sido inducido a error? El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Quisiera saber cómo se computó mi voto. El señor FIGUEROA (Secretario).- Su Señoría votó aprobando la observación. Los Honorables señores Chadwick, Víctor Contreras, Teitelboim, Allende y Altamirano votaron en contra de la observación. El señor GOMEZ.- Yo voté igual que el Honorable señor Alessandri, pese a que me estaba pronunciando en contra de la observación. El señor FIGUEROA (Secretario).- ¡Ahí sí que me equivoqué! El señor REYES (Presidente).- Se repite la votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación si se aprueba o no el veto. -Se aprueba la observación (10 votos en favor, 9 en contra y 4 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- En el artículo 28, el Ejecutivo propone agregar una letra, fundado en lo siguiente; "Esta medida es absolutamente indispensable para desarrollar el Mercado Secundario de créditos y, en esa forma, financiar con medios internos el Sistema de Ahorros y Préstamos. Por el contrario, si tal facultad no se confiere a la Caja, se mantendrá inmóvil la riqueza que representan los créditos hipotecarios otorgados por las Asociaciones y se evitará la expansión rápida del Sistema, lo que puede significar un incalculable impacto para el Plan Habitacional del Supremo Gobierno". La Cámara de Diputados aprobó esta letra agregada por el Ejecutivo, que dice asi: "c) Agrégase el siguiente artículo: "Artículo...- La Caja Central de Ahorros y Préstamos podrá emitir, cuando ello sea necesario, a juicio de su Junta Directiva, pagarés y bonos, hasta por el 60% del monto total de los créditos hipotecarios que haya adquirido de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo conforme a este Decreto con Fuerza de Ley. Estos valores se considerarán siempre de primera clase y de fácil realización para todos los efectos legales". El señor REYES (Presidente).- En discusión el veto. Ofrezco la palabra. El señor BOSSAY.- Este artículo nuevo propuesto por el Ejecutivo, con otra redacción, fue rechazado en dos oportunidades por el Senado. Nuestra inquietud respecto de que la Caja Central de Ahorro y Préstamo pudiera emitir "cuando ello sea necesario, a juicio de su Junta Directiva, pagarés y bonos, hasta por el 60% del monto total de los créditos hipotecarios", se refiere a la posibilidad de que esos documentos de crédito sean reajustables. La razón de nuestra inquietud es la eventual competencia en el mercado entre el sector público, expresado por las obligaciones reajustables del Banco del Estado, del Banco Central y de la CORVI, y el sector privado, expresado por estos pagarés que pueda emitir la Caja Central por una suma muy importante, los que, en un mercado restringido de crédito, serían solicitados por este organismo, el cual, pese a cumplir una función muy conveniente, actúa como entidad privada con tuición fiscal. Se trata de un organismo privado que cuenta con créditos norteamericanos para llevar a la práctica sus fines. La duda que ahora nos asalta deriva de lo siguiente: se ha modificado la redacción; se ha dicho, simplemente, "estos valores se considerarán siempre de primera clase y de fácil realización para todos los efectos legales", pero el decreto con fuerza de ley a que se refiere esta disposición hace reajustables todos los tipos de crédito de estos organismos. Por lo tanto, agregada esta disposición en la letra c) del artículo que, a su vez, se agregaría en aquel decreto con fuerza de ley, pasaría a formar parte de un cuerpo legal en que todo es reajustable. No me siento en estos instantes con los antecedentes necesarios para afirmar hasta dónde es conveniente o inconveniente este veto, pero sí puedo afirmar que es perjudicial legislar a la carrera sobre materias de esta naturaleza. Este asunto, con la redacción propuesta, debió ser estudiado por la Comisión. No sabemos hasta dónde deberíamos haber estudiado el decreto con fuerza de ley, cuál es el efecto que producirá, en cuál mercado actuará esta reajustabilidad. En este momento nos encontramos abocados a decir sí o no, sin poder apreciar debidamente cuáles serán las consecuencias y si éstas serán contrarias al interés general. En unos meses más se nos acusará en la prensa en el sentido de que legislamos en forma apresurada y no estudiamos profundamente los diversos proyectos de ley. En verdad, es el sistema de introducir disposiciones complejas y de extraordinarias consecuencias por la vía del veto aditivo lo que nos ha llevado a esa situación. Por esto, a pesar de la redacción con que se ha presentado el precepto en debate, me inclino más a rechazar el veto y a insistir en lo aprobado por el Congreso. El señor CHADWICK.- Se halla pendiente de la Comisión de Obras Públicas del Senado un proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en el cual se legisla sobre la Caja Central de Ahorro y Préstamo como organismo autónomo y se consignan preceptos que reglamentan su sistema crediticio. Me parece abiertamente irregular, por la vía del veto aditivo y en forma tan sorpresiva, traer al Senado una materia que necesariamente debe ser examinada en el conjunto de la política que rige todo el sistema de crédito del sector público. Más aún; debo recordar que el señor Ministro de Obras Públicas nos ha anticipado algunos criterios que, más tarde, podrán utilizarse para establecer un sistema de reajuste que considere el ingreso de los deudores por grupos familiares, así como otros aspectos que permitan hacer desaparecer, aunque sea en parte, las fundadas críticas que hoy se mantienen al rígido sistema del reajuste que toma en cuenta un solo factor. Me parece que si este proyecto ya pende de la consideración del Senado; sí se está estudiando sistemáticamente la materia, y si, finalmente, habrá de enviarse a la Comisión de Hacienda para que finalice sus observaciones con acopio de antecedentes, es sin duda prematuro e in- aconsejable elegir este camino de irrumpir en un sistema y provocando contradicciones evidentes con las medidas que se anticipan respecto del crédito por medio del Banco del Estado y del Banco Central. Los Senadores socialistas no hemos tenido oportunidad de estudiar el alcance de esta disposición, relacionada de modo indirecto con el proyecto de reconstrucción. Por ahora, nos parece que debe ser rechazada la indicación que, por la vía del veto aditivo, se nos presenta. El señor PALMA.- Señor Presidente, sin duda alguna todo el problema habitacional y todos los planes del Gobierno se componen, en ¡a práctica, de des procedimientos. Uno de ellos es el que dice relación al funcionamiento del Ministerio de la Vivienda, organismo que trabajará en el sentido de coordinar todas las medidas, disposiciones y entidades que sobre esta materia actúan en el país, para lograr de este ordenamiento mayor efectividad que la permitida por la situación vigente. Creemos, no obstante, que, en espera de una legislación futura, no podemos detener la solución de problemas inmediatos y en extremo urgentes. Por lo tanto, todas las decisiones que podamos adoptar para mejorar la situación vigente en esta materia tienen ese carácter y es conveniente tomarlas, por cuanto son de gran sentido y alcance social. Nos parece, por eso, necesario robustecer la gestión de la Caja Central de Ahorro y Préstamo y de todas las instituciones ligadas a las leyes que dicen relación a ella, dada la importancia del papel que deberá desempeñar en la reconstrucción de la zona devastada. Debo declarar, para satisfacer la curiosidad del Honorable señor Bossay, que, sin duda alguna, las proposiciones aquí formuladas, para facilitar a la Caja Central de Ahorros y Préstamos la posibilidad de otorgar pagarés y bonos, deben entenderse dentro de las mismas disposiciones legales y reglamentarias a que están afectas las instituciones que actualmente gozan de esas franquicias. Por lo tanto, en este caso tendrán también el carácter de reajustables. Por lo demás, los créditos de esta institución sobre los cuales se emitirán los pagarés, son a su vez reajusta- bles; de manera que el juego económico funciona en forma relativamente normal. ¿Por qué el Ejecutivo ha estimado necesario agregar como veto aditivo este artículo? Porque las disposiciones aprobadas no ayudaban a resolver el problema urgente e inmediato de la Caja Central de Ahorro y Préstamo en los momentos actuales. En efecto, dentro de los convenios que esta institución tiene con los organismos internacionales que la ayudan a financiarse, existe la obligación de colocar en el mercado el mayor número de créditos hipotecarios, con el objeto de recuperar de éste fondos que, en otra forma, la Caja tendría que mantener empozados durante largo tiempo. Actualmente, la Caja Central de Ahorro y Préstamo puede legalmente hacer transferencia completa del crédito hipotecario que tenga sobre una propiedad, que a su vez puede tener deudas con alguna de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. De tal manera que un crédito por 100.000, 50.000 ó 20.000 escudos sobre determinada propiedad puede ser transferido íntegramente a un interesado en comprarlo, por un monto determinado en la ley que es, me parece, del orden del 60 por ciento del valor de ese crédito. Pero -repito- debe ser una transferencia total. La disposición ahora en estudio tiene por objeto facilitar la transferencia de estos créditos sin ligarlos a una operación determinada. Se trata de reemplazarlos por pagarés y bonos, que tendrían el respaldo hipotecario del respectivo crédito, del cual serían una fracción. De esta manera se facilita la colocación del crédito en el mercado secundario, que, según los estudios realizados en nuestro país, parece ser sumamente importante. Si nos atenemos a las cifras proporcionadas por la Caja Central de Ahorro y Préstamo en una minuta que seguramente tienen a mano los señores Senadores, esta institución, cumpliendo con los convenios internacionales, puede utilizar un saldo pendiente de crédito que se le ha otorgado por más de seis millones de dólares. Para ello le es absolutamente necesario vender créditos hipotecarios por una cantidad cercana a doce millones de escudos y, de acuerdo con la legislación actual, para conseguirlo no tendría otra manera que buscar la transferencia completa de los créditos, lo cual, por ser muy difícil en la realidad, hace inoperante la posibilidad de usar el crédito externo. El fraccionamiento del crédito por medio de los bonos y pagarés tiene además la ventaja de que pueden ser adquiridos por modestos ahorrantes, quienes, a su turno, podrían utilizarlos en sus operaciones de crédito. Así resulta también estimulado el espíritu de ahorro de los sectores modestos de la población, pues se les abren posibilidades de llegar a ser propietarios. Por las razones expuestas, nos parece oportuno y razonable agregar esta disposición, que agiliza el funcionamiento de la Caja Central de Ahorro y Préstamo, y le resuelve un problema económico importante. He concedido una interrupción al Honorable señor Aylwin. El señor AYLWIN.- Con relación a la sugerencia del Honorable señor Chadwick, en el sentido de que esta proposición debería quedar pendiente para considerarla en el debate sobre el Ministerio de la Vivienda que oportunamente se promoverá, quiero agregar algunas observaciones. La Caja Central de Ahorro y Préstamo tiene un plazo, qué vence el 31 de diciembre próximo, para girar el saldo de seis millones de dólares del crédito que se le ha ofrecido. Para ello, como se sabe, debe tener previamente colocados los créditos hipotecarios por las cantidades a que está obligada según los convenios internacionales. En el último tiempo, se ha logrado colocar crédito por nueve millones de escudos, más o menos, y en lo que resta del año deberán colocarse once millones, para poder girar sobre el saldo de seis millones de dólares. De aquí la importancia que para la ejecución del plan habitacional tiene la aprobación de este artículo propuesto en el veto aditivo. El señor REYES (Presidente).- Ofrezco la palabra. . El señor CHADWICK.- Pido la palabra, señor Presidente. Resulta inevitable señalar lo contradictorio de los dos criterios manifestados en la discusión final de este proyecto sobre reconstrucción. Cuando se trató de ir en auxilio de los campesinos del valle del Choapa, en situación extraordinariamente aflictiva, porque han perdido la asignación familiar que les servía de ayuda principalísima para el sustento de sus vidas, el Ejecutivo estimó que debía esperarse una legislación todavía no concebida, ni mucho menos presentada a ninguna de las ramas del Congreso. Ahora, señor Presidente, cuando hay un proyecto de ley en segundo trámite constitucional -vale decir, ya aprobado por la Cámara de Diputados- que trata precisamente de estas materias y que ha tenido aun urgencia para su despacho; "que está examinado ya por la Comisión de Obras Públicas de preferencia, por habernos dado nosotros tiempo para sesionar en horas especiales, ¿qué justificación tiene que se nos venga a arrancar, por el medio sorpresivo del veto aditivo, una disposición que puede tener las explicaciones que se han dado en la Sala, pero que en todo caso requiere un examen más profundo? Estamos por legislar de manera responsable, con acopio de todos los antecedentes relativos a la materia; y no podemos renunciar a este principio so pretexto de que las razones que se nos dan sumaria- mente, sin que tengamos siquiera la posibilidad de meditarlas, harían procedente este veto. Si en el Senado está pendiente un proyecto de ley relativo a este mismo asunto y que aborda el problema en su aspecto global, me parece inaceptable que se nos venga a introducir esta idea, cuyo alcance, en las actuales circunstancias, ni siquiera podemos analizar. El señor FERRANDO.- No es tan sorpresiva la medida, puesto que estaba en el proyecto primitivo. El señor BOSSAY.- No, señor Senador. Fue una indicación del Ejecutivo, en el segundo trámite constitucional. Para la historia de la ley, quiero dejar establecido que ésta es una típica modificación de la línea sustentada por el Gobierno frente a una materia determinada. El Ejecutivo ha planteado, por lo menos en discursos -todavía no llega el proyecto respectivo-, su intención de poner término a las excepciones tributarias. Sin embargo, lo que propone es como echar bencina del más alto octanaje al régimen de franquicias. Estos bonos y pagarés reajustables, dentro de la hipoteca misma, gozan de 7 % de interés, son reajustables cada seis meses y están al margen de todo tributo, a menos que los afecte la norma de que la liberación no se extiende al pago del impuesto global complementario. El señor MUSALEM.- No quedan exentos de ese impuesto. El señor BOSSAY.- Si no lo pagaran, significaría eximir la "pequeña" suma de 12 mil millones de pesos. ¿Qué se está buscando? La cantidad de 12 mil millones de pesos, para poder obtener los 6 millones de dólares que constituyen el saldo de un crédito por 9 millones de dólares. En otras palabras, de esta disposición se deriva una serie de problemas. Posiblemente no pueden conseguir el resto de ese préstamo, por no haber colocado la cantidad de hipotecas que los norteamericanos exigen para entregarlo antes de fin de año, en atención a que, dentro del acuerdo, es necesario efectuar cierta colocación. Si las hipotecas no se han colocado, no es por este problema. En realidad, éste es un subterfugio. La colocación de las hipotecas en pedacitos, para captar el ahorro del sector privado y llevarlo a este otro terreno, no ha sido posible porque el sistema mismo es gravoso y no corresponde a la propaganda que las organizaciones interesadas realizan. ¡Si nosotros leemos los enormes avisos que ellas hacen publicar en la prensa! Sin embargo, los parlamentarios sabemos, por las consultas que nos hace la gente respecto del plan habitacional, que hay miles y miles de chilenos ilusionados de que, por el hecho de abrir una cuenta de ahorro en alguna de las asociaciones creadas para estos efectos, podrán tener fácilmente la posibilidad de comprar una casa. La verdad es totalmente distinta. Ahora último, se ha inventado que, para poder usufructuar de los beneficios del artículo 47 del estatuto de la Caja de Empleados Públicos, es necesario depositar el ahorro previo antes de una fecha determinada en alguna de estas organizaciones. Además, para atraer la confianza en el sistema, se ha ideado una combinación entre ellas y los bancos particulares, con préstamos a quince meses para enterar el ahorro previo. Luego, los interesados quedan debiendo a 15 ó 20 años -depende del monto del préstamo- una cantidad inicial de 19 millones de pesos, que va convirtiéndose año tras año en 25, 30, 40, 60 ó 70 millones. Se puede dar toda clase de explicaciones respecto del poder de compra y respecto de que, en una época posterior, con la suma reajustada se compraría exactamente lo mismo que se puede comprar ahora. Pero nadie explica que, al término de la deuda, la casa es vieja, está destruida y vale mucho menos. La deuda es lo único que se reajusta; la casa se reajusta al revés y al final no tiene el mismo valor. Con un criterio de empresa constructora, se podría sostener que no es así, que la casa, mientras más vieja, es más firme, mejor y cuesta más. En la realidad, no ocurre eso. Quizás sucedería con las antiguas casas de concreto o de alta resistencia; pero no en las casas CORVI y en las de este otro tipo. Se podrían citar muchísimos ejemplos. Por otra parte, se advierte inquietud en la industria, en el productor y en el agricultor, porque no hay crédito suficiente, porque no es rápido el descuento de los documentos de crédito, porque no hay seguridad para sembrar 20 ó 30 hectáreas más, o comprar animales, o emprender programas de aumento de la producción industrial. Sin embargo, el Banco Central y este nuevo organismo buscan toda clase de medios de congelación, el modo de llevar los recursos que podrían ir a la producción, hacia el sistema congelatorio de colocar el dinero a un interés seguro y con reajustes semestrales, pero con las consecuencias que estoy indicando. Aun en el caso de que los defensores de esta proposición tuvieran la razón, creo que ésta es una norma que, para bien del país, debe ser estudiada minuciosamente durante muchas horas y días y con audiencia de los organismos técnicos, como el Banco de! Estado, el Banco Central y otros, para saber en qué puede afectar al desarrollo de nuestra economía. El problema ha surgido porque el Consejo de la Caja Central de Ahorro y Préstamo se demoró en prestar y no dio celeridad a sus operaciones, no sólo en este Gobierno, sino desde hace dos o tres años. Ahora, cuando faltan cinco meses para el término del año, se ve afligido porque va a perder 6 millones de dólares. Y la única salvación consiste en aprobar esta disposición, en romper la estructura que tenía el decreto con fuerza de ley y en posibilitar que, violentamente, se tomen 12 mil millones de pesos, en estos cinco meses, para llevarlos a este sector, en circunstancias de que no hay dinero en el país. Nuestra responsabilidad es sólo indirecta; son otros los gobernantes. Si asumen con mucho agrado y alegría esta responsabilidad, que lo hagan. La historia de Chile no termina ahora. Nos encontraremos de nuevo en seis meses o en un año más. Entonces comprobaremos quiénes tenían razón. Me parece perjudicial la restricción del dinero y que él no se use en un medio productivo que no sea tan lento como el ha- bitacional, que no se exprese en forma tan escasa, tan pequeña, en el índice de nuestro desarrollo económico. No es éste el sistema adecuado. Debió el Consejo haber actuado de otra manera, con oportunidad, en los últimos años de! Gobierno anterior y este mismo año, y haber dado facilidades para colocar este dinero. Si lo hubiera hecho así, no se encontraría en el apuro en que se encuentra ahora y no nos habría traído esta indicación para salir de él. La única posición nuestra debe ser de rechazo de este artículo o, en el peor de los casos, de estudiarlo calmadamente con posterioridad y oyendo a los expertos, para que nos den respuesta a gran cantidad de interrogantes que nos asaltan en este momento. El señor PALMA.- En el debate ha habido bastantes aclaraciones en orden a que esta indicación obedece a una serie de ideas ya largamente discutidas antes y que ahora sólo se concretan en una medida que el Ejecutivo ha estudiado en detalle, con la asesoría de sus técnicos, para facilitar parte del programa de desarrollo habitacional del país. En segundo lugar, también ha quedado en claro que, a pesar de sus defectos, el sistema de reajuste deberá mantenerse en forma estable en el futuro. No obstante, como ha dicho aquí uno de los señores Senadores, nosotros somos los primeros en iniciar la búsqueda de las correcciones que es preciso introducir en él, para adecuarlo más a la realidad económica y social del país. Para este efecto, ya en el proyecto relativo a la Corporación de la Vivienda, hay disposiciones que seguramente se generalizarán y servirán para rectificar todas las normas legales que inciden sobre esta misma materia. Por último, creo que esta disposición ha sido introducida por el Gobierno con claro conocimiento de las posibilidades del mercado, ya que será él quien deberá aplicarla. Por consiguiente, pondrá en circulación los valores pertinentes en la cantidad adecuada y en la oportunidad debida, de modo que no compitan con inversiones que, evidentemente, dirigidas hacia sectores más productivos, pueden en este instante ser más útiles para el país. Pero no hay duda alguna -lo sabemos por experiencia- que uno de los grandes factores de estímulo de la producción nacional, en todo el mundo, es la construcción. Por ejemplo, el año pasado Francia construyó cerca de 800 mil habitaciones. Basta pensar en lo que esto significa en un país ya en pleno desarrollo, para comprender la importancia que tiene la construcción como estímulo para el resto de los factores productivos. Me parece, pues, que son muchas las razones que justifican la aprobación de esta norma. El señor ALTAMIRANO.- Nosotros concordamos con lo expresado aquí por el Honorable señor Bossay y consideramos que esta indicación, propuesta en un veto aditivo, es una demostración más de las graves contradicciones en que a cada momento incurre la Democracia ' Cristiana con relación a lo que dijo hace pocos días y a lo que defendió y atacó en el pasado. Hace pocos días, el señor Ministro de Hacienda, en la Comisión del ramo, estuvo de acuerdo con nosotros en que no es posible continuar fomentando la proliferación de los múltiples sistemas de reajuste ya existentes y en que es menester buscar un sistema único, ceñido a un patrón debidamente estudiado, para proceder a la reajustabilidad. Pues bien, luego de esta declaración del Ministro de Hacienda, se propone, por vía incidental y valiéndose -utilizaré el mismo término del Honorable señor Bossay- de un subterfugio, una indicación de enorme trascendencia. Y no sólo hay contradicción con lo ya afirmado por el Ministro de Hacienda, sino también con una actitud asumida en el pasado por la Democracia Cristiana. El sistema de reajustabilidad fue creado con la oposición nuestra en la pasada Administración, del señor Alessandri. Lo atacó junto con nosotros la Democracia Cristiana, y más de una indicación propuso para derogarlo. Pues bien, desde que ella llegó al Gobierno, se ha lanzado con furia sin igual a establecer sistemas reajustables. En este proyecto de reconstrucción, nos ha propuesto que el Fisco y la Tesorería emitan obligaciones reajustables; que el Banco Central ponga en circulación bonos y pagarés reajustables; que el Banco del Estado también pueda hacerlo, y en este momento acaba de aprobar la Cámara de Diputados un sistema de reajustabilidad para los depósitos de ahorro. En este instante, por vía incidental -vuelvo a decirlo-, se nos propone que la Caja Central de Ahorro y Préstamo emita obligaciones reajustables. De tal manera que el Fisco, la CORVI, las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la Corporación de Fomento, el Banco Central, la Caja Central de Ahorro y Préstamo y el Banco del Estado podrán emitir obligaciones reajustables. La capacidad de ahorro del país es una; de manera que si vamos a permitir a algunos organismos emitir este tipo de obligaciones, simplemente restaremos al país la posibilidad de encauzar este ahorro mediante otros mecanismos, otras instituciones o para otras actividades. Nosotros hemos sostenido, desde hace tiempo, que debe irse a la instauración de un sistema único; y el Gobierno debe plantear cuál es su criterio sobre la materia. A ello se comprometió el Ministro de Hacienda. No obstante, ahora se propone esta disposición que, como expresó el Honorable señor Bossay, involucra muchos problemas que es necesario analizar. A nuestro modo de ver, como también del propio Ministro de Obras Públicas, la conducción y comportamiento que la Caja Central de Ahorro y Préstamo tuvo en el Gobierno anterior fue francamente deplorable. En todo caso, no es éste el momento de entrar a hacer la crítica de todo este sistema, y nos limitamos a este enunciado, para ampliarlo cuando corresponda hacer el estudio completo. Como ha dicho el Honorable señor Chadwick, se está estudiando precisamente ese problema en la Comisión de Obras Públicas, a raíz de haber propuesto el Ejecutivo la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Pues bien, el asunto en debate se nos ha presentado sin ningún estudio previo, porque bien sabe le Mesa del Senado que, por aquiescencia nuestra, se están debatiendo, en forma rápida, los vetos del Gobierno. Nosotros no estamos en condiciones de hacer un análisis exhaustivo de ellos. El problema es serio, es grave y debe ser examinado cuando se discuta el proyecto del Ejecutivo, y que tiene concordancia con sus tan "cacareados" planes. Por desgracia, cada vez que se hace el estudio, resulta que no existe un plan, sino sólo medidas aisladas e improvisadas. El Honorable señor Palma argumentó en el sentido de no dejar para mañana lo que podemos despachar ahora; y mencionó que el Ejecutivo ha estudiado este proyecto. Debo recordar al señor Senador que no se trata de que sólo el Gobierno estudie los proyectos de ley, porque en ese caso deberíamos suprimir o cerrar el Congreso. Se trata de que lo estudien el Ejecutivo y el Parlamento. Nosotros no lo hemos estudiado. Ya en la Comisión, prácticamente, manifestamos nuestra oposición a una idea similar propuesta por el Gobierno. Además, a cada momento escuchamos a la Democracia Cristiana proponer la postergación de indicaciones extraordinariamente fundadas, que favorecen en especial a la clase trabajadora, en consideración a que el Ejecutivo estaría estudiando esas indicaciones. Pues bien, ahora los Senadores de Gobierno no quieren que nos valgamos de los argumentos que ellos repiten a cada instante. Por eso, deseamos que este asunto se analice en la Comisión de Obras Públicas, donde se está estudiando el proyecto a que me referí. Por las razones expuestas, nos opondremos al veto aditivo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. - (Durante la votación). El señor PRADO.- Pido la palabra, señor Presidente. Votaré por la aprobación de este veto aditivo del Gobierno, pues, en realidad, y por más que he reflexionado sobre algunas de las consideraciones formuladas en la Sala, opino que al final subsisten ciertas fundamentaciones que lo justifican plenamente. Guando, si no me equivoco, en el según-do informe de las Comisiones unidas, se propuso consignar un precepto parecido, me interesé en esta materia. Pregunté de qué se trataba y llegué a la conclusión de que siguen siendo ciertas algunas verdades relacionadas con lo que todo el país espera que se haga en el plazo de seis años y respecto de lo cual muchos colegas Senadores, seguramente, tendrán buen cuidado de cobrarnos la palabra cuando transcurra el período del Gobierno actual. En síntesis, se trata de que deben construirse 360 mil casas. En seguida, parece no caber la menor duda, a juzgar por las explicaciones dadas por el Ministro de Obras Públicas, de que no existe sistema posible para financiar un plan rea! y práctico capaz de prescindir, como lo demuestra la experiencia universal de países en estado de desarrollo similar al nuestro, de cierto ahorro, de cierta sustracción del empleo del dinero en la satisfacción de otra clase de necesidades, a fin de canalizarlo hacia la construcción. No recuerdo la suma exacta requerida para levantar 360 mil casas -la escuchamos al señor Ministro hace algunos días-, Pero, en todo caso, el ahorro previo es fundamental. Y se da otra razón: los organismos públicos que, de una u otra manera, colaboran con el país, principalmente con la Caja Central de Ahorro y Préstamo, quieren que esto se haga, y una de las maneras de lograrlo consiste en la colocación de las obligaciones en la forma como viene propuesto en el precepto en debate. Yo no quiero afirmar -hago la salvedad- que esté absolutamente satisfecho con la forma como han funcionado hasta la fecha los sistemas de ahorro y préstamo por intermedio de las asociaciones respectivas. Lo estoy mucho más con las explicaciones que he escuchado en dichas asociaciones, pues me he dado cuenta de que uno de los males fundamentales, uno de los defectos graves que está ocurriendo con el problema de la construcción de viviendas en Chile, es el encarecimiento enorme y absurdo; el hecho de que, entre productor y consumidor, existe una empresa constructora que, en el momento actual, carece de justificación, sobre todo si se piensa en qué medida la participación de ella repercute en el valor de una casa. Por eso, he recibido con satisfacción esas explicaciones, pues ellas me han permitido comprobar que la Caja Central de Ahorro y Préstamo, junto con pretender dar mayor auge al sistema de ahorro y préstamo, impondrá, en el régimen de construcciones, determinados cánones, determinadas exigencias que obligarán, por así decirlo, a las empresas particulares constructoras que deseen utilizar este sistema, a construir las casas que al país interesa que se construyan. Esto es fundamental. Por eso, me parece que el precepto en debate tiene justificación si la idea propuesta permite encontrar una base de financiamiento para ese sistema de ahorro y préstamo o una base de perfeccionamiento, como la que se me explicaba el otro día, que evite que ocurra lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de reajuste de los depósitos que se entregan a las asociaciones respectivas, que operan a través de dos períodos anuales, que no se están haciendo ni al día ni al mes, ni siguen la regla de los intereses que se calculan día a día. Suele así ocurrir algo que yo lo estimo injusto. Algunas personas mantienen depositada cierta cantidad de dinero por determinado tiempo. Si retiran sus ahorros antes de la fecha en que se hacen las liquidaciones; si, por alguna razón, aunque sea pocos días antes de esa fecha, retiran, su dinero para destinarlo a otras necesidades, obtienen reajustes mínimos o muy inferiores a los que les habrían correspondido al haber esperado algunos días más. Se me dijo, por ejemplo, que falta disponibilidad monetaria para eso y que es posible lograr un perfeccionamiento del sistema. Por las razones expuestas, votaré favorablemente la observación, pues ella permitirá que estos organismos, que serán modificados en lo que interesa, dispongan del financiamiento necesario para concurrir al plan extraordinario y acelerado para construir 360 mil casas, plan que este Gobierno se ha propuesto realizar en el plazo de seis años. El señor ALTAMIRANO.- Señor Presidente, a propósito de algunas de las palabras expresadas por el Honorable señor Prado, queremos insistir en que nuestra oposición fundamental a esta iniciativa se debe a que el Gobierno no ha exhibido una política coherente respecto de los sistemas reajustables. Con razón, el señor Senador ha dicho que ésta es una forma de dar mayor auge a los ahorros y préstamos. Pero ya lo hemos afirmado; la capacidad de ahorro de un país es una y determinada. De acuerdo con el Plan Decenal, nosotros no hemos cumplido las metas y niveles allí fijados. De manera que si se pretende fomentar el ahorro por intermedio de la Caja Central de Ahorro y Préstamo, esa medida resulta incompatible con el deber del Estado de emitir obligaciones también reajustables. Porque, como el ahorro es uno, o se orienta al problema habitacional o se dirige a financiar al fisco. Igualmente, si el Gobierno se propone estimular especialmente los depósitos del Banco del Estado -iniciativa con la cual en principio estaríamos de acuerdo-, no puede desconocer que el fomento de dichos depósitos acarrearía una serie de repercusiones en el plano económico y financiero. Para entonces, el Gobierno deberá proponer un plan concreto general. ¿Qué ahorro desea fomentar? ¿Hacia dónde quiere encauzar este ahorro? ¿Qué tipo de iniciativas quiere estimular? Pero lo que no puede hacer es proponer una serie de indicaciones que no guardan relación ni organicidad entre ellas. Pero eso -volvemos a insistir-, votaremos en contra. No porque en sí nos parezca mal la medida, pues no la hemos estudiado a fondo, sino porque ella no obedece a ningún plan coherente y se contradice con la conducta adoptada por la Democracia Cristiana cuando en el pasado criticó el sistema de reajustabilidad impuesto por el señor Alessandri y con lo que nos afirmaba el Ministro de Hacienda, en el sentido de que propondría un plan coherente destinado a instaurar un sistema único de reajustabilidad, que pueda ser perfectamente explicado. Nada más. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 11 votos por la afirmativa, 11 por la negativa y 2 pareos. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Corresponde repetir la votación. -Se aprueba la observación (11 votos contra 9 y 2 pareos). El señor CHADWICK.- ¿Me permite la palabra, señor Presidente? Ruego a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala a fin de suspender esta sesión para continuarla mañana, de 16 a 21 horas. El señor FUENTEALBA.- ¿De qué se trata, señor Senador? ¿De levantar la sesión o de suspender la discusión del proyecto ? El señor CHADWICK.- De continuar la discusión del proyecto en una sesión que se celebraría mañana, y escuchar, en seguida, al señor Ministro del Interior, quien se referirá al conflicto portuario de Valparaíso. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Reglamentariamente, no se podría suspender esta sesión en la forma como lo propone Su Señoría. En cambio, se podría citar para mañana, de 16 a 21 horas para terminar la discusión del veto y escuchar, en seguida, al señor Ministro del Interior, El señor CHADWICK.- Formulo indicación en ese sentido, señor Presidente. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se acordaría. El señor CASTRO.- No hay acuerdo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Corresponde votar. El señor GOMEZ.- Que no haya debate. Limitémonos a votar. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se votará la indicación. El señor ALESSANDRI (don Fernando)--¿Qué objeto tiene la indicación? El señor FIGUEROA.- Es para celebrar una sesión especial en el día de mañana, a fin de continuar debatiendo el proyecto. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se citará a una sesión especial. No se suspendería ésta. El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Tengo mis dudas, desde el punto de vista reglamentario. Entiendo que el Presidente del Senado tiene facultades para convocar a una sesión especial, pero no se puede votar una indicación destinada a suspender esta sesión. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Efectivamente, señor Senador. La Mesa no tiene facultades para suspender esta sesión. Por otra parte, se había propuesto prorrogar la hora, pero el Honorable señor Castro se opuso. El señor GOMEZ.- Hay acuerdo para levantar la sesión, señor Presidente. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Por lo demás, son las 19.50, y la sesión termina a las ocho. El señor CASTRO.- ¿Por qué no la prorrogamos hasta las nueve? El señor GOMEZ.- No hay acuerdo. El señor ALTAMIRANO.- Nosotros llegamos a las cuatro, señor Senador. El señor GARCIA (Vicepresidente).- No hay acuerdo. Como quedan diez minutos, podemos continuar votando. El señor ALLENDE.- Continuemos hasta las ocho, pero aclaremos qué haremos mañana. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Es facultad del Presidente citar a sesión para mañana, señor Senador. El señor ALLENDE.- Si el señor Presidente ejercerá su facultad de acuerdo con la opinión de la mayoría de los Comités, quedaremos convencidos de que mañana habrá sesión de cuatro a nueve. El señor GARCIA (Vicepresidente).- El Presidente manifestó hace algunos momentos que así lo haría; de modo que no pueden caber dudas a Su Señoría. El señor ALLENDE.- Muchas gracias. El señor FIGUEROA (Secretario).- La siguiente observación incide en el artículo 31 del proyecto. El Ejecutivo propone suprimir, en el inciso 4º, la siguiente frase: "con voto dirimente." El señor GARCIA (Vicepresidente).- En discusión la observación. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Se acordó que se darían a conocer los fundamentos del veto. El señor FIGUEROA (Secretario).- Dice, al respecto, el Ejecutivo: "Las modificaciones contempladas en las letras a) y c) se efectúan en atención a que el Tribunal Especial de Alzada debe conocer en forma exclusivamente técnica y legal los reclamos de avalúos, por lo que debe necesariamente estar formado por personas que posean conocimientos de ese carácter sobre las materias que se someterán a su conocimiento. En lo que respecta a la letra a) al quedar integrado dicho Tribunal por un número impar de miembros, no será necesario dar el carácter de decisorio al voto de ninguno de sus miembros, por lo que se ha eliminado la expresión respectiva." El señor CHADWICK.- La disposición aprobada por el Honorable Senado tiene por objeto prever el caso de la integración por un miembro menos de lo que está dispuesto, es decir, cuando pueda producirse empate. Puede darse esa eventualidad; por eso, se ha previsto también el voto dirimente. Es una norma de buen orden y no se ve por qué va a desaparecer. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. -(Durante la votación). El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Me abstengo, por no entender la materia. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 9 por la negativa, 3 abstenciones y un pareo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Corresponde repetir la votación. En votación. -(Durante la votación). El señor ALESSANDRI (don Fernando).- Voto que sí. Entiendo que quedará un tribunal con tres miembros. Entonces sería innecesario que hubiere un dirimente. El señor CHADWICK.- Es al revés, señor Senador. -Se aprueba la observación (11 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y un pareo). El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda observación del Ejecutivo en el artículo 31 consiste en suprimir la frase "por un representante de la Central Unica de Trabajadores". El señor GARCIA (Vicepresidente).- En discusión la observación. Ofrezco la palabra. El señor CHADWICK.- Los Senadores socialistas propusieron al Senado, por intermedio de la Comisión, incorporar un representante de la Central Unica de Trabajadores al Tribunal Especial de Alzada, con el objeto de que fuera oído el sector popular, propósito de vital importancia para su propio desenvolvimiento. Hemos tenido ocasión de denunciar en el Senado las graves irregularidades cometidas en el reavalúo o retasación de los bienes raíces, relativas no sólo a casos de exageración del avalúo, sino también a otros en que ostensiblemente se ha dado una estimación para fines de contribución de haberes, que no resisten ningún examen, pues están por debajo, en algunos casos -repito-, de la renta percibida por los propietarios por concepto de arrendamiento. Es indispensable que los sectores populares estén presentes cuando se revisen esas tasaciones, cuando opinen los técnicos y los magistrados, porque se debe reconocer que el pueblo tiene un lugar, ya que su destino depende, en buena medida, de los recursos financieros que el Estado pueda reunir y de la justicia con que se proceda. Eliminar al representante de los trabajadores es mantener una política de puertas cerradas, de trámites ocultos, de cosa misteriosa, que no trascienda a los sectores más afectados por las decisiones que se adopten. Por las consideraciones expuestas, los Senadores socialistas votaremos por el rechazo del veto del Ejecutivo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Ha llegado la hora. En consecuencia, queda pendiente la discusión del proyecto. El señor PALMA.- Pero estamos en votación. El señor GARCIA (Vicepresidente).- No estamos en votación, señor Senador. Queda pendiente la discusión. El señor CASTRO.- Votemos este artículo. El señor GOMEZ.- No hay acuerdo. El señor GARCIA (Vicepresidente).- Se levanta la sesión. -Se levantó a las 20. Dr. René Vuskovic Bravo, Jefe de la Redacción. ANEXOS ACTAS APROBADAS LEGISLATURA ORDINARIA SESION 17ª, EN 7 DE JULIO DE 1965 Ordinaria Parte Pública Presidencia del señor García (don José). Asisten los Senadores: señora Campusano, y señores Aguirre, Ahumada, Alessandri (don Fernando), Altamirano, Allende, Ampuero, Aylwin, Barros, Bossay, Bulnes, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Curti, Chadwick, Durán, Enríquez, Ferrando, Foncea, Fuentealba, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Jaramillo, Juliet, Luengo, Maurás, Miranda, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Rodríguez, Reyes, Tarud, Teitelboim y Ven Mühlenbrock. Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pela- gio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente. No hay aprobación de actas. CUENTA Se da cuenta de los siguientes asuntos: Mensajes Dos de S. E. el Vicepresidente de la República; Con el primero, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre encasillamiento en las Plantas de la Dirección General de Obras Públicas a las personas que señala, del Ministerio de Obras Públicas. -Se califica de "simple" la urgencia. Con el segundo, solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el ascenso a Coronel de Aviación del Comandante de Grupo señor Mario Jenaro Bórquez Montero. -Pasa a la Comisión de Defensa Nacional. Oficios Ocho de los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social, con los quedan respuesta a peticiones formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Ahumada, Bossay, Campusano, Contreras Labar- ca, Contreras Tapia, Enríquez, Jaramillo, Tarud y Teitelboim. -Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes Uno de la Comisión de Asuntos de Gracia y otro de la Comisión Re- visora de Peticiones, recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que asciende, por gracia, al grado de General de División al Mayor señor Ricardo Orellana Oíate, último sobreviviente de la Guerra del Pacífico. -Quedan para tabla. Mociones Una de los Honorables Senadores señores Ahumada, Barros y Du- rán, con la que inician un proyecto de ley que modifica el D.F.L. 286, de 1960, que fija la Ley Orgánica del Servicio Médico Nacional de Empleados. -Pasa a la Comisión de Salud Pública. Una del H. Senador señor Maurás, con la que inicia un proyecto de ley que beneficia, por gracia, a doña Adriana Sagués Olivares. -Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia. Presentaciones Una de doña María Adriana López Aguiar, en que solicita amnistía por el delito que indica. -Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Trece de las personas que se señalan, en que solicitan la concesión, por gracia, de diversos beneficios: Barriga Badilla, Víctor Barrios viuda de Pinochet, Alba Braña Portales, Aurelia María Estela Cordero Hurtado, Abel Díaz Tagle, Víctor Duhart Dorhatz viuda de del Solar, Natalia Gluschenko Cholodenko, María Godoy Bravo, Isidoro Gómez Pérez, Tomasa Palacios Concha, Blanca Ramírez Barrera, Juan Esteban Valenzuela Köster, Graciela, y Vila Silva, Irene. -Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia. A indicación del señor Jaramillo, unánimemente se acuerda tratar en esta sesión el proyecto de ley C[ue beneficia al Mayor de Ejército señor Ricardo Orellana, veterano de la Guerra del Pacífico. ORDEN DEL DIA Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización recaído en el Mensaje del Ejecutivo sobre transferencia de un predio fiscal a la Congregación del Buen Pastor. La Comisión recomienda la aprobación del siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para transferir gratuitamente a la Congregación del Buen Pastor, el dominio de una parte del terreno fiscal ubicado en la Avenida Vicuña Mackenna Nº 5043, de la Comuna de San Miguel del departamento de Santiago, según los siguientes deslindes particulares; al Norte, en 100 mts. con Camino Vecinal; al Sur y al Oriente en 100 mts. con resto de la propiedad fiscal; y al Poniente, en igual medida, con propiedad de don Ricardo Kunschel. Los deslindes generales del terreno de que es parte el retazo antes individualizado, son los siguientes, según su título inscrito a favor del Fisco a fojas 447 Nº 720 del Registro de Propiedades del año 1961 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y que fue adquirido según escritura otorgada ante el Notario de Santiago don Luis Azócar Alvarez, de fecha 20 de marzo del mismo año: al Norte, en 203 mts. con calle Arturo Prat, antes Camino Vecinal, y en 47 mts. con don Ricardo Kunschel; al Sur, en 251 mts. con Mitjans y Cía.; al Oriente, en 403 mts. con Avenida Vicuña Mackenna; y al Poniente, en 235 mts. con Chacra Santa Virginia y en 194 mts. con propiedad de don Ricardo Kunschel." A petición del señor Chadwick, en nombre del Comité Socialista, se deja para segunda discusión. En primera discusión, ningún señor Senador usa de la palabra. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el Mensaje del Ejecutivo que propone designar a los señores Carlos Massad Abud y Jorge Marshall Silva, como Gobernadores en propiedad y suplente, respectivamente, ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en representación de Chile. La Comisión recomienda conceder el acuerdo solicitado por el Mensaje.En discusión general y particular, a la vez, usan de la palabra los señores Aguirre y Von Mühlenbrock. Cerrado el debate y puesta en votación la proposición del informe, tácitamente se aprueba, con la abstención de los Senadores comunistas presentes. Queda terminada la discusión de este asunto. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, sobre franquicias tributarias a revista del Colegio de Contadores de Chile. La Comisión recomienda rechazar en general esta iniciativa de ley. En discusión general y particular, a la vez, esta proposición, usan de la palabra los señores Foncea y Von Mühlenbrock. A indicación del señor Foncea, tácitamente aprobada por la Sala, se acuerda volver a Comisión este asunto, para nuevo informe. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que libera de gravámenes a ios bienes legados por doña Sara Luisa Alarcón al Club Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos, de Valparaíso. La Comisión recomienda aprobar la iniciativa de ley del epígrafe, con la sola modificación de eliminar el inciso tercero de su artículo único. Con la enmienda anotada, el proyecto queda como sigue: Proyecto de ley: "Artículo único.- Libérase del pago de impuestos de herencia y toda otra clase de gravámenes a los bienes muebles e inmuebles, legados por doña Sara Luisa Alarcón García a la institución denominada '"Club Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos de Valparaíso", por testamento válidamente extendido, y los cuales consisten en un bien raíz ubicado en Valparaíso, Cerro Playa Ancha, calle Argomedo Nº 250, rol 312/11, con un avalúo vigente de 888, más todos los bienes muebles que guarnecían su domicilio a su fallecimiento, y los que tenía en su propiedad de calle Doce de Febrero N° 75 de la comuna de Limache. Los bienes en referencia, según disposición testamentaria de la causante, deberán destinarse exclusivamente a la construcción de un mausoleo social para la institución. En discusión general y particular, a la vez, esta proposición, usan de la palabra los señores González Madariaga y Chadwick. Este último señor Senador formula indicación, que es aprobada, para volver a Comisión este asunto, para nuevo informe. Informe de la Comisión de Policía Interior recaído en las cuentas de Tesorería del Senado, correspondientes a los años 1963 y 1964. La Comisión, en virtud de las razones que expresa en su informe, recomienda la aprobación del siguiente Proyecto de acuerdo: "Artículo único.- Apruébanse las rendiciones de cuentas de entradas y gastos por los años 1963 y 1964 presentadas por la Tesorería del Senado". En discusión esta iniciativa, usan de la palabra los señores González Madariaga, García (Presidente) y Alessandri (don Femando). A indicación de la Mesa, se produce asentimiento unánime para dejar este asunto en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión ordinaria próxima para su aprobación. Asimismo, se acuerda publicar "in extenso" las cuentas a que se ha hecho referencia, en el Diario de Sesiones respectivo. De conformidad al acuerdo adoptado al iniciarse la sesión, se constituye la Sala en sesión secreta, para considerar el proyecto de ley que beneficia al Mayor de Ejército, veterano de la Guerra de 1879, don Ricardo Orellana. De esta parte de la sesión, se deja constancia en acta por separado. Reanudada la sesión pública, se inicia el TIEMPO DE VOTACIONES Indicación del señor Barros para publicar "in extenso" el discurso pronunciado en sesión pasada por el señor Gómez, relativo a la Línea Aérea Nacional. En votación, fundan sus votos los señores Foncea, Rodríguez, Prado, Aylwin, Gómez, Enríquez, Von Mühlenbrock, Jaramillo y Curti. Terminada la votación, resulta aprobada por 25 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Indicación del señor Teitelboim para publicar "in extenso" el discurso pronunciado en sesión de ayer, por el señor Contreras Tapia. Puesta en votación, tácitamente se da por aprobada. Se suspende la sesión. Continúa la sesión. INCIDENTES Usa de la palabra el señor Gormaz, quien formula diversas observaciones acerca del alza experimentada por los medicamentos, y solicita se oficie, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, transcribiéndole el texto de su intervención. El señor Presidente anuncia el envío del oficio solicitado, de conformidad al Reglamento. A continuación, se da cuenta de que los señores Senadores que se indican, han solicitado se dirijan, en sus nombres, los siguientes oficios: Del señor Pablo, al señor Ministro del Interior, sobre servicio telefónico para la localidad de Ninhue, en Concepción; y Del señor Contreras Tapia, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, acerca de suministro de cobre a FAMAE". El señor Presidente expresa que se enviarán los oficios pedidos de conformidad al Reglamento. Usan de la palabra, en seguida, los señores Prado, Teitelboim, Contreras Tapia y Allende, quienes se refieren al conflicto de obreros portuarios en Valparaíso. Acerca de problema de carácter regional que afectan a las provin-das de Arauco y Ñuble, hace referencia el señor Aguirre, en tiempo cedido por el Comité Liberal. Finalmente y en tiempo del Comité Comunista, interviene el señor Altamirano, quien formula diversas críticas a determinada actuación de la Corte Suprema. Se levanta la sesión. LEGISLATURA ORDINARIA SESION 18ª, EN 8 DE JULIO DE 1965 Especial (De 11 a 13,30 horas) Presidencia del señor Reyes (don Tomás). Asisten los Senadores: señora Campusano y señores Aguirre, Ahumada, Alessandri (don Fernando), Altamirano, Allende, Aylwin, Barros, Bossay, Bulnes, Castro, Contreras Labarca, Contreras, Tapia, Curtí, Chad- wick, Durán, Ferrando, Fuentealba, García, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Jaramillo, Luengo, Miranda, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Prado, Rodríguez y Von Mühlenbrock. Concurre, además, el señor Ministro de Hacienda, don Sergio Molina. Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pela- gio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente. No hay aprobación de actas. CUENTA Se da cuenta de los siguientes asuntos: Informe Segundo informe de las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo del día 28 de marzo de 1965. -Queda para tabla. Moción Una del H. Senador señor Alessandri, con la que inicia un proyecto de ley que aumenta, por gracia, la pensión de que disfrutan doña Manuela y doña María Olivos Prado. -Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia. Recién iniciada la sesión, ésta se suspende, hasta que lleguen a poder de los señores Senadores los ejemplares a roneo del segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas, que corresponde tratar en esta sesión. Reanudada la sesión, se considera el ORDEN DEL DIA Segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Obras Públicas, unidas, recaído en el proyecto de ley de reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 28 de marzo del año en curso. Se inicia la discusión particular del proyecto del rubro. De acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento, se dan por aprobados automáticamente los artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión general, ni de modificaciones en este segundo informe. En este grupo se encuentran los siguientes: Disposiciones permanentes: 1º, 4º, 7º, 8º, 9º 10 al 15 inclusive, 17 (pasa a ser 18), 18 (pasa a ser 17), 19, 20, 22, 26, 29, 30, 32, 33. Disposiciones transitorias: 2, 4, 5, 8, 10 a 12 inclusive (pasa a ser 11 a 13), 16 (17), 17 a 20 (18 a 21), 22 a 28 (23 a 29), 32 (33), 34 a 43 (36 a 45), 45 (47), 47 (49), 56 (65), 57 a 64 (67) a 74), 69 y 70 (75 y 76), 71 (63), 72 y 73 (77 y 78), 74 y 75 (79 y 80). Seguidamente, se consideran las enmiendas propuestas en el informe de las Comisiones: Artículo 2º a) En el inciso primero agregar la siguiente frase final: "También se considerarán damnificados los que por la misma causa hayan perdido su ocupación o empleo, sea por destrucción total o parcial de la empresa u oficina o por la paralización de sus habituales faenas o trabajos". En discusión esta enmienda, usan de la palabra los señores Contreras Labarca y Von Mühlenbrock. Cerrado el debate y puesta en votación, tácitamente se aprueba. b) Consultar el siguiente inciso tercero, nuevo: "Los damnificados que perciban una remuneración inferior a uno y medio sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago, tendrán derecho a ser trasladados a una zona en que exista demanda de mano de obra. Gozarán asimismo preferentemente del derecho a matrícula en establecimientos educacionales". En discusión, usan de la palabra los señores Chadwick, Palma y Ferrando. Cerrado el debate y terminada la votación, resulta tácitamente aprobada. De conformidad al artículo 106 del Reglamento, se da también por aprobado sin debate el artículo 3º". Artículo 5º Agregar, en el inciso segundo, después de las palabras "o tenga representación,", las siguientes "a las Municipalidades". Artículo 6º Substituir el inciso tercero por el siguiente; "El Ministerio de Hacienda acreditará y calificará el carácter de la donación y su destino, y emitirá un certificado en que consten tales hechos, el que deberá ser exigido por la Aduana." Artículo 16 Consultar el siguiente inciso tercero, nuevo: "Los abogados que ejerzan en la zona referida en los artículos 1º y 2º transitorios y que se encuentren en mora en el pago de las imposiciones que como tales deben hacer en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, podrán pagar la deuda que tengan por tal concepto al 30 de junio de 1965, en la forma prevista en los artículos 17, letras a), b), c) y d) y 18 de la ley 15.021, de 16 de noviembre de 1962. Los deudores morosos para acogerse a esta franquicia dispondrán del término de 90 días contado desde la publicación de esta ley". En discusión estas modificaciones, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se dan por aprobados.Acto seguido, las Comisiones proponen consultar el artículo 17 como 18 y vice versa, sin modificaciones. De acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento, se aprueba sin debate el artículo 21. Artículo 23. Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo; "Sin embargo, los Ferrocarriles del Estado cederán a título gratuito al personal de obreros de San Felipe, dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la línea del ramal de San Felipe a Putaendo, para que construyan en ellos un grupo habitacional." En discusión, usa de la palabra el señor Chadwick, y tácitamente se da por aprobado. De conformidad al artículo 106 del Reglamento, se aprueba sin debate el artículo 25. Artículo 27. En el inciso primero, agregar la siguiente frase final, en punto seguido: "Facúltasele, asimismo, para condonar en los mismos casos y en igual forma las multas originadas por incumplimiento de los plazos.". En discusión, usa de la palabra el señor Palma. Cerrado el debate y puesta en votación esta enmienda, funda su voto el señor Luengo. Terminada, resulta aprobada por 17 votos a favor, 6 en contra y 1 pareo que corresponde al señor Fuentealba. De conformidad al artículo 106 del Reglamento, se aprueban sin debate los artículos 28 y 31. A continuación, las Comisiones proponen agregar con los Nºs. 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, los siguientes artículos, nuevos: "Artículo 34.- El Presidente de la República en el decreto supremo referido en el artículo 1º de esta ley podrá establecer por un lapso no superior a 30 días, por intermedio de las entidades públicas que señale, el estanco de todos los materiales de construcción, herramientas, alimentos y vestuario existentes en la zona afectada." En discusión este artículo, usan de la palabra los señores Contreras Labarca, Prado, Alessandri (don Fernando), Von Mühlenbrock, Bossay, Chadwick y Luengo. Cerrado el debate se pone en votación el articulo, con excepción de la palabra "todo", y tácitamente se da por aprobado. Acto seguido, se pone en votación la expresión "todo", y unánimemente se rechaza. "Articulo 35.- Recárgase, a partir del 1º de julio de 1966, en un 20% el impuesto a la renta que deben pagar las Sociedades Anónimas que a esa fecha contemplen en sus estatutos sistemas de renovación parcial de sus directorios o Consejos.". En discusión, usan de la palabra los señores Alessandri (don Fernando), Contreras Labarca, Bossay, Ministro de Hacienda, Von Mühlenbrock, Prado y Altamirano. Cerrado el debate, tácitamente se da por aprobado este artículo, con la sola abstención del señor Alessandri (don Fernando). "Artículo 36.- Agrégase como letra i) del 21 del artículo 1º de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, cuyo texto se fijó por el artículo 96 de la ley Nº 16.250, de 21 de abril de 1965, lo siguiente: "Los documentos relativos a las operaciones y actos o contratos que el Banco del Estado de Chile celebre con sus imponentes de ahorro en conformidad a lo dispuesto en los artículos 33 a 42 de su Ley Orgánica, y a las operaciones y actos o contratos de fomento agrícola o industrial que ejecute o celebre, en conformidad a las disposiciones de los artículos 44, 45 y 53 del mismo texto legal." "Artículo 37.- Facúltase a la Corporación de la Vivienda para abonar a las deudas de sus adquirentes de viviendas ubicadas en las localidades de Nueva Toltén, Puerto Saavedra y Queule, las cantidades que recibió como donación en los años 1960 y 1961, con ocasión de los sismos de 1960. La cuantía del abono a cada deudor se determinará considerando la capacidad económica del beneficiado y el porcentaje de sus bienes que hubiera perdido con ocasión de los sismos, pudiendo llegar a ser total en el caso de aquellos que sufrieron la pérdida de todos sus bienes. El Presidente de la República dentro del plazo de 90 días determinará, previo informe de la Corporación de la Vivienda, las sumas que esta institución recibió como donaciones en los años 1960 y 1961." "Artículo 38.- El Presidente de la República dentro del plazo de 60 días dictará las normas que procedan a fin de que todas las instituciones de previsión uniformen los precios de venta de casas y viviendas a sus imponentes." "Artículo 39.- Las instituciones de previsión deberán dar cumplimiento, en los departamentos de Illapel y Combarbalá de la provincia de Coquimbo, a la totalidad del préstamo establecido en la ley 14.813, de 29 de diciembre de 1961. Las Cajas de Previsión que no cuenten con recursos propios, lo harána través del Banco Central en conformidad al artículo 4º de la mencionada ley. Los Consejos de las Cajas de Previsión, tomarán medidas para cumplir esta obligación dentro de 60 días, a contar de la publicación de la presente ley." En discusión estos artículos, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se dan por aprobados. "Artículo 40.- Los ex inquilinos, medieros y obreros agrícolas que trabajen en los fundos ubicados en los departamentos de Illapel y Com- barbalá que hayan sido adquiridos o parcelados por la Corporación de la Reforma Agraria efectuarán una imposición al Servicio de Seguro Social de un 12% sobre el monto del salario mínimo legal para acogerse a los beneficios de la asignación familiar establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley 245 de 1953 y de la ley 10.383. El Estado efectuará un aporte del 22% para el financiamiento de este beneficio en condiciones que sean análogas al actual sistema de asignación familiar para los obreros agrícolas." En discusión, usan de la palabra los señores Ministro de Hacienda, Bossay, Miranda, Palma, Chadwick, Von Mühlenbrock, Pablo, y la señora Campusano. Cerrado el debate y terminada la votación, tácitamente se da por aprobado con los votos en contrario de los señores Alessandri (don Fernando) y Pablo. Seguidamente, las Comisiones proponen reponer como artículo 41, el Nº 87 del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, que dice: Artículo 87.- Decláranse de utilidad pública y autorízase su expropiación a favor de la Corporación de la Vivienda, conforme al procedimiento vigente para las expropiaciones para obras públicas, los siguientes inmuebles situados en la comuna de Valparaíso; A) Rol: 40-2; propietario Angel Demaría Antillo; ubicación, calle O'Higgins Nºs. 1219 a 1239; inscripción fojas 3.025 vuelta Nº 3.824 del Registro de Propiedad del año 1941; deslindes, al norte, con callejón medianero que la separa del resto de la propiedad de don Juan Cortés B., hoy de don Francisco Consiglieri; al sur, con calle O'Higgins; al oriente, con callejón medianero de por medio con propiedad de don Guillermo Buhler; al poniente, con propiedad de doña Amalia Brown de Brunet. La propiedad tiene 29 metros de frente a la calle O'Higgins y una superficie aproximada de 670 metros cuadrados. B) Rol; 40-3; propietario Guillermo Buhler Kircher y otros; ubicación, calle O'Higgins N°s. 1239 al 1261 y por calle Blanco Nºs. 1242 al 1250; inscripción, fojas 1783 N° 1955, del año 1962; deslindes, al norte, en 15,11 metros con calle Blanco; al sur, 14.04 metros con calle O'Higgins; al oriente, 24,25 metros con resto propiedad vendida a doña Dora H. vda. de H.; al poniente, 24,25 metros con propiedad de don Juan Cortés B. C) Rol; 40-4; Propietario Sociedad Oppenheim y Cía. Ltda.; ubicación, calle O'Higgins N°s. 1253 al 1261 y por calle Blanco Nºs. 1252 al 1258; inscripción, fojas 2974 vuelta 2538, de 1960; deslindes, al norte, 14,65 metros con calle Blanco; al sur, 13,52 metros con calle O'Higgins; al oriente, en 24,25 metros con propiedad de la Caja Nacional de Empleados Públicos; al poniente, 25,25 metros, con resto de la propiedad de don Juan F. Cortés B. hoy de don Guillermo Hucher. D) Rol: 40-5; propietario Margarita Dezerega de Consiglieri; ubicación, calle Blanco Nºs. 1218 al 1238; inscripción fojas 665 Nº 712 de 1943; deslindes, al norte, con calle Blanco, al sur, con callejón medianero con propiedad de los señores Cortés Brown; al oriente, con callejón medianero, con propiedad que fue de la señora Brown, hoy Guillermo Buhler; al poniente, con propiedad de doña Amalia Brown de Brunet. En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobado. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, se da por aprobado sin debate el artículo 1º. Artículo 2º Redactarlo en los términos siguientes; "Artículo 2º-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 5º, permanente y 6º 7º, 8º, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 40 y 43 transitorios de esta ley, se declara también zona afectada por el sismo, las demás comunas de la provincia de Santiago." En discusión, usan de la palabra la señora Campusano y el señor Prado. Cerrado el debate y terminada la votación, tácitamente se da por aprobado. De conformidad al artículo 106 del Reglamento, se aprueba sin debate el artículo 3°. Artículo 6° Redactar el inciso segundo en los siguientes términos; "Ratifícanse las medidas que, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, hayan adoptado las instituciones señaladas en el inciso precedente en relación a la zona indicada en los artículos 1º y 2º transitorios y con prescindencia de las disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con los trámites de propuestas o subastas públicas destinadas a. atender las necesidades a que se refiere el inciso anterior, siempre que hayan sido adoptadas con anterioridad al 6 de julio de 1965." En discusión esta enmienda, usan de la palabra los señores Contreras Labarca y Prado. Cerrado el debate y sometida a votación, resulta aprobado por 14 votos por la afirmativa, 6 por la negativa y 2 pareos que corresponden a los señores Fuentealba y Rodríguez. Consultar el siguiente inciso tercero, nuevo: "La omisión del trámite de propuesta pública, en los casos previstos en esta ley, deberá contar, cuando ello corresponda, con la aprobación previa del Consejo de la respectiva repartición." En discusión esta otra enmienda, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobada. Artículo 7° Consultar el siguiente inciso segundo, nuevo: "El Servicio Nacional de Salud podrá exigir que las viviendas que construya la Corporación de la Vivienda en los sitios que le entregue de acuerdo al inciso anterior, se destinen preferentemente a ser ocupados por sus propios imponentes." El inciso segundo pasa a ser tercero, substituyéndose la fecha "30 de junio" por "6 de julio". En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba. A continuación, las Comisiones proponen consultar el siguiente artículo 9°, nuevo; "Artículo 9º-Los bienes corporales que el Ministerio del Interior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, haya puesto o ponga a disposición de la Empresa de Comercio Agrícola, podrán ser distribuidos por ésta en especies, o substituyéndolos por otros bienes corporales de valor equivalente." En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobado. Artículo 9º Pasa a ser artículo 10. En el inciso tercero, agregar al final en punto seguido, lo siguiente: "La apreciación en conciencia sólo podrá aplicarse en el examen de cuentas que se refieran a medidas, inversiones o gastos realizados con anterioridad al 6 de julio de 1965." En discusión esta enmienda ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobada. Según lo prescrito en el artículo 106 del Reglamento, se dan por aprobados automáticamente los artículos 13 y 14, que pasan a ser 14 y 15, respectivamente. Artículo 15 Pasa a ser artículo 16, reemplazado por el siguiente: "Artículo 16.- Las casas de emergencia y los materiales para construirlas que las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado hayan entregado a los damnificados, se entenderán cedidos a título gratuito a sus actuales ocupantes y sin relación al dominio del inmueble en que se hayan edificado las casas u ocupado los materiales. Sin embargo, los beneficiados que posteriormente obtuvieren viviendas de la Corporación de la Vivienda o de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social deberán transferir gratuitamente a estas instituciones las casas de emergencia que hubieren recibido de conformidad a este artículo." En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba. Artículo 21 Ha pasado a ser artículo 22. Agregar ai inciso primero la siguiente frase final, en punto seguido: "Las cuotas o dividendos de estos préstamos no serán reajustables." Artículo 24 Pasa a ser artículo 25. En el inciso primero, agregar, reemplazando el punto con que termina por una coma, ¡o siguiente: "limitado al monto del préstamo o del saldo de precio adeudados." En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se dan por aprobadas. De acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del Reglamento, se da por aprobado sin debate el artículo 29, que pasa a ser 30. Artículo 30 Pasa a ser 31. Sustituir las palabras "dos años," por "un año,". En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba. De acuerdo al artículo 106 del Reglamento, se da por aprobado el artículo 33, que pasa a ser 35. Acto seguido, las Comisiones recomiendan agregar con el 34, el siguiente, nuevo: "Artículo 34.- Prorrógase en 90 días, contados desde el 1º de julio de 1965, el plazo dentro del cual la Corporación de la Vivienda deberá fijar y publicar en el Diario Oficial el valor oficial de la "unidad reajus- table" que regirá para el período comprendido entre el 1° del mes siguiente a su publicación y el 30 de junio de 1966." En discusión este artículo, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobado. Artículo 38 Ha pasado a ser artículo 40. En el inciso primero, substituir la fecha "25 de agosto" las dos veces que figura, por "21 de agosto". En el inciso segundo, substituir "25 de agosto de 1965," por "21 de agosto de 1964.". Artículo 44 Pasa a ser artículo 46. Consultar como inciso segundo, el siguiente, nuevo: "Los planes de desarrollo económico para los departamentos de Illa- pel y Combarbalá de la provincia de Coquimbo incluirán las bases para efectuar una reforma agraria integral de esa zona y la promoción de sus actividades mineras." Los incisos segundo y tercero han pasado a ser tercero y cuarto, respectivamente, sin modificaciones. Artículo 46 Pasa a ser artículo 48. En el inciso tercero, suprimir el artículo "La" que figura antes de "Ligua", e intercalar entre las palabras "Ligua," y "Petorca", esta otra: "Putaendo,". Artículo 47 Pasa a ser artículo 49. Reemplazar la referencia al artículo 45 transitorio por otra al 47 transitorio. Artículo 48 Ha pasado a ser artículo 50. Substituir, en el encabezamiento y en el inciso segundo, la cita al artículo 45 transitorio por otras al artículo 47 transitorio. En discusión estas enmiendas, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se dan por aprobadas. Artículo 49 Pasa a ser artículo 51. Reemplazar la letra c) por la siguiente; "c) Sustituyese, en el inciso final, la frase "se le deducirán las sumas que deba pagar el contribuyente en el mismo año tributario" por "se le deducirá el 50% de la suma que debe pagar efectivamente el contribuyente en el año tributario respectivo.". En discusión esta modificación, usa de la palabra el señor Contreras Labarca. Queda pendiente la discusión de este artículo. Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión. Anexo: DOCUMENTOS. 1 OBSERVACAONES, EN SEGUNDO TRÁMITE, AL PROYECTO SOBRE NORMAS PARA LA RECONSTRUCCION. Santiago, 20 de julio de 1985. La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por Su Excelencia el Vicepresidente de la República al proyecto de ley que consulta normas para el caso de calamidades públicas y sobre reconstrucción de la zona devastada por el sismo de fecha 28 de marzo último, con excepción de las siguientes, acerca de las cuales ha adoptado los acuerdos que a continuación se indican: Artículo 42 Ha rechazado la que tiene por objeto suprimir este artículo, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo. Artículo 83, transitorio Ha desechado la que consiste en eliminar este artículo, y ha insistido en la aprobación de la disposición primitiva. Me permito hacer presente a Vuestra Excelencia que en la resolución que aprueba las observaciones del Ejecutivo al proyecto antes individualizado, se incluye expresamente la que consulta el oficio complementario Nº 853, de fecha de hoy, que se acompaña entre los antecedentes respectivos, por la cual se delimita la observación original al artículo 24 permanente, que solamente queda constreñida a la supresión del inciso segundo de dicho artículo, la cual ha sido aprobada. Lo que tengo a honra poner en conocimiento de Vuestra Excelencia. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.) ; Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez. 2 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO SOBRE AMNISTIA PARA PERSONAS PROCESADAS O CONDENADAS POR INFRACCION A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. Honorable Senado: La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha considerado las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que concede amnistía a todas las personas que hayan sido condenadas o se encuentren actualmente procesadas por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. El proyecto aprobado por el Congreso Nacional tuvo su origen en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, de fecha 10 de diciembre de 1964, en el cual, como lo recuerda el veto, se dejó expresa constancia que para el integral cumplimiento de la política de desarrollo económico, social, cultural y educacional, era conveniente un efectivo proceso de pacificación de los espíritus y un propicio ambiente de concordia nacional. Con tal finalidad, se propuso evitar la aplicación de sanciones a quienes hubieren infringido normas de derecho positivo de naturaleza esencialmente política, criterio que la unanimidad de esta Comisión y después el Senado compartió ampliamente. Sin embargo, en sus observaciones a la iniciativa el veto señala que can posterioridad al envío al Congreso de dicho Mensaje de amnistía, "se han producido dos actos de terrorismo que han causado justa alarma pública, porque traspasando los marcos simplemente políticos, constituyen hechos graves que atentan contra los bienes y las personas.". Se refiere el Ejecutivo a la explosión ocurrida en La Cisterna el de enero de este año, que originó la muerte de dos personas y produjo graves lesiones a otras, al atentado contra la Embajada del Brasil que causó daños al edificio en que está la sede de dicha representación diplomática. Expresa el oficio de observaciones; "El Gobierno está firmemente resuelto a reprimir con la mayor energía estos actos de terrorismo político y tiene confianza en que todos los sectores representados en el Congreso Nacional participen de su propósito, puesto que se trata de actos repudiables que son enteramente extraños a las normas en que siempre se ha desenvuelto la democracia chilena." Termina el Ejecutivo proponiendo la agregación de un inciso nuevo al artículo 1º del proyecto, con el objeto de marginar del beneficio de la amnistía a los implicados en dichos sucesos. El inciso que se agrega es del tenor siguiente; "Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los actuales procesados, a los que en el futuro lo sean y a los que resulten condenados como autores, cómplices o encubridores con motivo de los hechos que han dado origen a los procesos que actualmente se siguen ante Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo los números 1-65 y 7-65, contra Raúl Zamora, Hilario Ampuero, Diego Moraga y otros, y por daños por explosión a la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, respectivamente." La mayoría de los miembros presentes de vuestra Comisión, formada por los Honorables Senadores señores Alessandri y Aylwin, compartió el criterio del Ejecutivo dada la gravedad y trascendencia que tuvieron los hechos delictuosos de que se trata y os propone, en consecuencia, aprobar la observación. El Honorable Senador señor Chadwick, en voto de minoría, manifestó ser partidario de otorgar el beneficio con carácter amplio sin limitaciones. Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Alessandri (Presidente accidental), Aylwin y Chadwick. (Fdo.) ; Rafael Eyzaguirre E., Secretario. 3 NUEVO INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO SOBRE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS PARA BIENES DONADOS A LA ASOCIACION PROVINCIAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y MONTEPIOS, DE VALPARAISO. Honorable Senado: Al fallecimiento de doña Sara Luisa Alarcón, el Club Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos de Valparaíso heredó la casa habitación de aquélla con todos los muebles que la guarnecían, con la condición de destinar el producto que de la venta de estos bienes se obtuviere, a la construcción de un mausoleo social para la institución. El proyecto de ley en informe contempla dos tipos de beneficios. En primer lugar, libera del pago de impuesto de herencia y toda otra clase de gravámenes a los bienes muebles e inmuebles legados y, además, libera al inmueble, mientras pertenezca al Club Social referido, de toda clase de impuestos fiscales sobre los bienes raíces. En nuestro anterior informe, os hicimos presente que la Comisión de Hacienda había estimado aceptable liberar del pago del impuesto de herencia a los bienes indicados, pero rechazó las otras franquicias contenidas en el proyecto. Por una inadvertencia, se omitió suprimir en el inciso primero, la liberación de toda otra clase de gravámenes, con lo cual el informe se contradecía con el texto del proyecto. Este hecho lo hizo notar en el Honorable Senado el Senador Chadwick y para subsanarlo so pidió un nuevo informe a esta, Comisión, la que os propone en esta oportunidad mantener las modificaciones que os sugirió en su primer informe y, además, rechazar las palabras "y toda otra clase de gravámenes", contenidas en el inciso primero de este proyecto. Sala de la Comisión, a 21 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Palma y Altamirano. (Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario. 4 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA ELEMENTOS AUDIOVISUALES DESTINADOS A LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Honorable Senado: La ley Nº 11.519 libera a diversas Universidades del pago de los derechos, impuestos y tasas que se perciben por las Aduanas, y que afecten a los aparatos, maquinarias, útiles de laboratorio, textos de estudio y, en general, a todo el material y elementos que sea necesario importar para el desarrollo exclusivo de las actividades docentes y de investigación científica y técnica de estas Universidades. Esta ley agrega que en caso de enajenarse a cualquier titulo las especies importadas antes del plazo de diez años, deberán integrarse en arcas fiscales los derechos o impuestos de cuyo pago se liberó. El proyecto en informe faculta a la Universidad de Chile para internar al país todos los equipos necesarios para renovar, mantener y ampliar los servicios de televisión de dicha Universidad. Además, se dispone expresamente, a fin de evitar restricciones que puedan establecer lo contrario, que estos equipos podrán adquirirse con créditos pagaderos en el plazo máximo de cinco años. El artículo, en los términos en que se encuentra redactado, no expresa lo que con este proyecto de ley se desea. En efecto, la Universidad de Chile, como entidad autónoma que es, está facultada para efectuar las importaciones que estime conveniente y éstas, de conformidad a la ley 11.519, están liberadas de derechos de aduana y otros. De modo que para efectuar la importación de equipos audiovisuales no se precisa de ley. En cambio, si es necesaria la dictación de una disposición legal para autorizar la importación al país de los mencionados equipos y elementos, pues éstos se encuentran incluidos en las listas de mercaderías de importación prohibida establecidas por el Banco Central. Por esto, os proponemos substituir la redacción del artículo único, que pasa a ser artículo 1°. La Comisión, a insinuación del Honorable Senador señor Palma, deja expresa constancia que el proyecto en informe no autoriza la importación de receptores de televisión que puedan ser vendidos al público, aun cuando se enteraren en arcas fiscales los impuestos correspondientes de conformidad a la ley Nº 11.519. Como artículo 2º se aprobó, con la abstención del Honorable Senador señor Altamirano, una indicación formulada por el Honorable Senador señor Gómez, que incluye entre las Universidades referidas en la ley 11.519, antes analizada, a la Universidad del Norte. También se agregó a la Universidad Austral, a indicación de los señores Palma y Sepúlveda. Se estimó de justicia incluir a estos dos planteles universitarios, puesto que la ley Nº 11.519 comprende a todos los demás. En virtud de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión os propone aprobar el proyecto de ley remitido por la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones: Artículo único. Pasa a ser artículo 1°, redactado en los términos que se indican a continuación: "Artículo 1º-Autorízase la importación al país, de todos los equipos, materiales y elementos que la Universidad de Chile importe de acuerdo a la ley 11.519,. de 29 de abril de 1954, para renovar, mantener y ampliar sus servicios audiovisuales. Estos equipos, materiales y elementos podrá adquirirlos en el extranjero, al contado o con créditos que contrate para estos efectos, pagaderos hasta en un plazo de cinco años." Consultar como artículo 2º, nuevo, el siguiente: "Artículo 2º-Agréganse en el inciso primero del artículo único de la ley Nº 11.519, de 29 de abril de 1954, a continuación de "Universidad Técnica del Estado", precedidas de una coma (,), las siguientes palabras: "Universidad del Norte, Universidad Austral". Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Palma y Altamirano. (Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario. 5 INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE DONACION DE PREDIO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, UBICADO EN CURANILAHUE. Honorable Senado; Vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, iniciado en una moción, que autoriza al Servicio Nacional de Salud para transferir gratuitamente al Ministerio de Educación Pública un predio de su propiedad ubicado en la comuna de Curanilahue, departamento de Arauco, con el objeto de que se construya una Escuela Agrícola. En el estudio que realizamos de esta iniciativa se oyó al abogado señor Abraham Abusleme, Jefe de Convenciones Patrimoniales del Servicio Nacional de Salud. La Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción poseía en la comuna de Curanilahue un predio agrícola denominado fundo "Tron- gol Bajo". En 1938, dicho predio fue parcelado y su propietario se reservó una superficie de terreno de aproximadamente 50 hectáreas, individualizadas como parcela Nº 22, con el objeto de construir en él una Escuela Agrícola. Este propósito no se ha hecho realidad hasta la fecha, principalmente porque no es una tarea propia de las Juntas de Beneficencia ni de! Servicio Nacional de Salud efectuar obras de esta naturaleza. Por esta razón nos parece plausible los móviles que inspiran el proyecto de ley en informe, que permitirá satisfacer una necesidad apremiante de una zona que, siendo eminentemente agrícola y de gran porvenir en el área industrial de Concepción y Arauco, carece del personal técnico que debe asesorar a los pequeños agricultores. Atendiendo a estas consideraciones y a otros antecedentes que nos fueron proporcionados, aprobamos en general esta iniciativa, reemplazando en la discusión particular los dos artículos de que consta, por sendas disposiciones que, aunque mantienen la idea matriz, corrigen conceptos equivocados y salvan omisiones que de mantenerse, la harían inoperante . En efecto, en el artículo 1º que os proponemos se establece que la transferencia gratuita que se autoriza debe hacerse al Fisco, en lugar del Ministerio de Educación Pública, por cuanto aquél es el Estado considerado como sujeto de derechos patrimoniales. Del mismo modo en este precepto reparamos un error de ordinaria ocurrencia, cual es creer que al regir la ley Nº 10.383, que creó el Servicio Nacional de Salud, desaparecieron la Junta Central de Beneficencia y las Juntas Locales. Por el contrario, ellas mantienen su personalidad jurídica de acuerdo con el artículo 67 de la citada ley Nº 10.383 y siguen como dueñas de los bienes que antes de dictarse ese texto legal les pertenecían. En consecuencia, tuvimos que sustituir la referencia que el artículo de la Cámara de origen hace al Servicio Nacional de Salud, como ceden- te del dominio del inmueble en cuestión, por la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción y agregamos la de la Junta Central, por cuanto el artículo 67 del Reglamento Orgánico de tales Juntas exige en estos casos la ratificación de esta última. En seguida, en el artículo 2° que os recomendamos en sustitución del que lleva el mismo número, por indicación del H. Senador señor Enríquez, se dispone que los fondos necesarios para la construcción de la Escuela Agrícola de que se trata se pondrán a disposición de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, en vez del Ministerio de Educación Pública. De esta manera, se mantiene el principio de unidad que consigna el artículo 7º de la ley Nº 15.676, que establece que todas las obras del Plan Nacional de Edificios Escolares, cuya elaboración consulta dicha ley, se harán por intermedio de la mencionada sociedad. Para dar cumplimiento al artículo 38 del Reglamento del Senado, este proyecto debe pasar a la H. Comisión de Hacienda. Con el mérito de lo expuesto, vuestra Comisión de Educación Pública tiene el honor de recomendaros que aprobéis la iniciativa legal materia de este informe, con las siguientes modificaciones; Artículo 1º Sustituirlo por el que se indica a continuación : "Artículo 1º - Autorízase a la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción y a la Junta Central de Beneficencia, para transferir gratuitamente al Fisco un predio, de una superficie aproximada de 50 hectáreas, que corresponde a la parcela Nº 22 del fundo "Trongol Bajo", comuna de Curanilahue, departamento de Arauco. Este predio formaba parte de otro de mayor extensión, inscrito a nombre de la Junta de Beneficencia y Asistencia Social de Concepción, a fojas 215, Nº 103 y a fojas 85, Nº 80 del Registro de Propiedad de 1941 de los Conservadores de Bienes Raíces de Arauco y Lebu, respectivamente. Los deslindes especiales son los siguientes; Norte, terrenos de Quintiliano Silva V.; Sur, terrenos de la Sucesión González del Solar; Este, terrenos de Sinforiano Villegas, y Oeste, terrenos de Miguel Salinas." Artículo 2º Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 2º - El Ministerio de Educación Pública, con cargo al rendimiento de la ley Nº 11.766. durante los años 1966 y 1967, podrá poner a disposición de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, las sumas necesarias para que ésta construya, por cuenta del Fisco, una Escuela Agrícola en el predio cuya transferencia se autoriza en el artículo 1º." Sala de la Comisión, a 23 de junio de 1965. Aprobado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senado- res señores Ferrando (Presidente Accidental), Enríquez y Sepúlveda. (Fdo.) ; Raúl Charlin Vicuña, Secretario. 6 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE DONACION DE PREDIO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, UBICADO EN CURANILAIIUE. Honorable Senado: Esta iniciativa de ley se encuentra debidamente explicada en el informe de la Comisión de Educación Pública. De conformidad a! articulo 38 del Reglamento, la Comisión de Hacienda sólo se ocupó del artículo 2º que dispone que el Ministerio de Educación, con cargo al rendimiento de la ley Nº 11.766, Ley Herrera, durante los años 1966 y 1967 podrá poner a disposición de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, las sumas necesarias para que ésta construya por cuenta del Fisco, una Escuela Agrícola en el predio de que trata este proyecto. En atención a que la disposición está redactada en términos facultativos y a que el Ministerio de Educación no ha opuesto reparos a este proyecto en informe, os proponemos aprobar el proyecto de ley contenido en el informe de la Comisión de Educación Pública, sin modificaciones. Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Sepúlveda (Presídante), Palma y Altamirano. (Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE FACILIDADES A EMPLEADAS PARTICULARES PARA AMAMANTAR A SUS HIJOS EN HORAS DE TRABAJO. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que otorga facilidades a las empleadas particulares para amamantar a sus hijos durante las horas de trabajo. A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Musalem, el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones; el Director del Servicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra, y el Director del Trabajo, don Fernando Onfray. La legislación vigente da derecho a las madres obreras para disponer, con el objeto de amamantar a sus hijos, de dos porciones de tiempo queen conjunto no pueden exceder de una hora al día, durante su horario de trabajo, las que se consideran como efectivamente trabajadas para los efectos del pago del salario. Este derecho es irrenunciable. Sin embargo, el Código del Trabajo no establece igual beneficio para las madres empleadas particulares y el proyecto en informe repara dicha omisión. Esta iniciativa se fundamenta en que no existe razón alguna para distinguir entre ambas clase de trabajadoras en esta materia y en que la situación actual infringe convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por nuestro país, hecho que ha dado lugar a observaciones por parte de dicho Organismo y de su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios. El proyecto sustituye el artículo 162 del Código del Trabajo, que está derogado tácitamente, por otro que estatuye el beneficio mencionado. En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, tiene el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto en informe en ios mismos términos en que viene formulado. Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental) ; Contreras Tapia, Palma y Rodríguez. (Fdo.) : Iván Auger- Labarca, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE JORNADA DE EMPLEADOS BANCARIOS. Honorable Senado; Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, remitido por la Honorable Cámara de Diputados, que establece que las instituciones bancarias trabajarán de lunes a . viernes de cada semana, en jornada única, en todo el país. A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Musalem, el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, y el Director del Trabajo, señor Fernando Onfray. Según la legislación vigente, corresponde al Superintendente de Bancos fijar, por resolución que se publica en el Diario Oficial, el horario para la atención del público de todos los organismos bancarios, debiendo ser uniforme para todas las oficinas de una misma localidad. El proyecto dispone que sin perjuicio de la mencionada facultad del Superintendente de Bancos, las instituciones bancarias trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única bancaria en todas las provincias del país. La iniciativa de ley en informe se fundamenta en que la jornada de 5 días beneficia tanto a los trabajadores, porque pueden disponer de undía hábil en cada semana, como a los empresarios, debido a que no incurren en los gastos que implica la apertura de una empresa por sólo media jornada. Por otra parte, éstos últimos no experimentan perjuicio, ya que las horas de trabajo son las mismas, aunque distribuidas de una manera más racional. Por las consideraciones anteriores, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el proyecto. En seguida, el Honorable Senador señor Jaramillo presentó una indicación para incluir a la Superintendencia de Bancos entre las instituciones a las que se les aplicará el nuevo horario de trabajo. Vuestra Comisión, por idénticos motivos a los ya expuestos respecto de los Bancos, aprobó la indicación. En atención a las razones expuestas, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto en informe, con la siguiente modificación: Artículo 1º Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 1º-Introdúcense las siguientes modificaciones al D. F. L. Nº 252, de 1960 : a) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 4º: "El Superintendente determinará el horario de trabajo del Servicio, en jornada única y distribuido entre los días lunes y viernes de cada semana, ambos inclusive. La resolución respectiva deberá ser publicada en el Diario Oficial." b) Intercálase en el artículo 32 el siguiente inciso segundo: "Las instituciones bancarias a que se refiere el inciso anterior, trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única bancaria en todas las provincias del país, sin perjuicio de las facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario de dichas instituciones."." Sala de la Comisión, a 20 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental) ; Contreras Tapia, Palma y Rodríguez. (Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario. 9 INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE TRANSFERENCIA DE INMUEBLE FISCAL AL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO RESERVISTAS DE CHILE, DE TALCA. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización, tiene el honor deinformaros acerca de un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, iniciado en una moción, que autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente al Centro Social y Deportivo Reservistas de Chile, de Talca, un inmueble fiscal ubicado en esa ciudad. Se trata de un predio de una superficie aproximada de 422,60 metros cuadrados, ubicado en la calle 4 Norte Nº 1189, de la ciudad en referencia, que el Fisco adquirió como heredero ab intestato del señor José Domingo González. Como es usual en los casos en que vuestra Comisión estudia iniciativas sobre transferencia de bienes fiscales, requerimos el parecer de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización. Esta Repartición, en oficio Nº 4.246, de 2 de julio en curso, nos dio a conocer su opinión contraria a esta transferencia, en razón de que el predio a que ella se refiere, fue destinado al Ministerio de Defensa Nacional para la Dirección de Deportes del Estado, por decreto supremo Nº 213, expedido por aquel Ministerio, de fecha 12 de marzo de 1964, y en él está funcionando actualmente el Consejo de Deportes de laica. En estas circunstancias, vuestra Comisión, sin dejar de reconocer la labor que desarrolla el Centro Social y Deportivo Reservistas de Chile, coincidió con las razones viadas en el oficio aludido, en orden a que no es justo privar de un bien que ocupa un organismo que atiende a todos los deportistas organizados para favorecer a un solo grupo social y deportivo. Con el mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Agricultura y Colonización acordó rechazar en general la iniciativa de ley objeto de este informe y tiene el honor de recomendaros que adoptéis igual pronunciamiento. Sala de la Comisión, a 7 de julio de 1965. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia, de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan (Presidente accidental) ; Cam~ pusano, Noemi y Tarud. (Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña. Secretario.